En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de hoy. El acta de la sesión 180 queda reglamentariamente aprobada. La señora Secretaria va a dar lectura a la Cuenta. Gracias, Presidenta.
Se han recibido los siguientes documentos:
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública.
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica y prorroga la vigencia de la Ley 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
- Comunicación del Jefe del Comité Mixto Radical-Liberal, por la que informa que el diputado Luis Malla será reemplazado en esta sesión por la diputada Viviana Delgado.
- Comunicación del Jefe del Comité del Partido Republicano, por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado por el diputado Cristian Araya.
- Comunicación suscrita por el diputado Sergio Bobadilla y la diputada Emilia Schneider, mediante la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión.
- Ordinario N° 6.574 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual, conforme a lo señalado en la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2025, se remiten los archivos con la información sobre las glosas.
- Oficio N° 498 de la Directora de la ANID, mediante el cual, según lo indicado en la Glosa Presupuestaria 19 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2025, informa sobre los lineamientos y criterios para la asignación de becas de postgrado, sobre planes o proyecciones de desarrollo o empleabilidad de los profesionales becados y sobre la tasa de retorno a nuestro país de los becarios.
- Oficio Ordinario N° 927 de la Secretaría General de la JUNAEB, mediante el cual remite el enlace de los informes establecidos en el artículo 14 de la Ley de Presupuestos y en la Glosa 07, Programa 01, y Glosa 12, Programa 03, de la Partida 09, Capítulo 09, de la JUNAEB.
- Correo electrónico de la diputada Mónica Arce, por medio del cual acompaña la Circular N° 30 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, referente a la sobredotación de los establecimientos educacionales pertenecientes a la educación pública, para ser revisada en sesión y dar cuenta de estos hechos.
- Correo electrónico de la diputada Elia Molina, a través del cual solicita tomar conocimiento del correo del señor Carlos León, que adjunta, con la finalidad de realizar consulta al Ministerio de Educación y obtener una posible solución al planteamiento que realiza respecto de la situación de su hijo, que actualmente cursa kínder y enfrenta una barrera normativa para ingresar a primero básico que podría frenar injustamente su desarrollo académico.
- Correo electrónico de la diputada Elia Molina, a través del cual solicita dar lectura al correo que adjunta del directorio de la Federación Chilena de Géneros de Chile, a fin de tomar conocimiento de lo que plantea.
- Correo electrónico de la diputada Giovanna Ahumada, a través del cual solicita oficiar al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría respecto de denuncias que recibió acerca del libro de lectura “Las ventajas de ser invisible”, el que en su página 42 alude directamente a una escena de violación. Sostiene que dicho texto al parecer correspondería a una lectura complementaria de un liceo de la comuna de La Granja. Menciona que, con esta, ya son tres las denuncias que ha realizado y requerido a esta comisión. Solicita saber cuáles han sido las acciones realizadas respecto de las otras denuncias y citar al Superintendente de Educación a dar explicaciones al respecto, dado que estos libros están en los planes lectores de los alumnos.
- Correo electrónico del jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica del Colegio Los Pinos de San Bernardo, profesor Matías Reyes, por medio del cual señala que ese establecimiento se encuentra hace meses con diversas situaciones irregulares relativas al uso de las subvenciones, lo que ha significado embargos, corte de suministros básicos, no pago de remuneraciones ni cotizaciones previsionales. Indica que hoy el establecimiento enfrenta el embargo de sus subvenciones por un total superior a 190 millones de pesos, lo que implicaría que los funcionarios no percibirían el pago de su remuneración, para algunos por tercer mes. Se ve en la necesidad de poner en conocimiento la máxima gravedad de estos hechos, toda vez que comprometen el futuro educativo de más de 300 niños y niñas de la comuna de San Bernardo, y respecto de los cuales la autoridad educacional, la Dirección Provincial Sur, no ha dado una adecuada respuesta. Adjunta documentos que sustentan y contextualizan lo señalado.
y solicita a la comisión colaborar con la comunidad que hoy sufre por no saber cuál será el destino de sus hijos. Finalmente, se da cuenta de un correo electrónico de la señora Paulina Alvarado, quien expone que ha consultado a las autoridades de educación sobre la posibilidad de acogerse al artículo 44 del Estatuto Docente, que permite la permuta entre docentes de organismos públicos, considerando que ambas partes se encuentren de acuerdo y que ambos docentes tengan similares condiciones laborales y de responsabilidad. La respuesta que ha recibido hasta ahora ha sido negativa y se sustenta en que, si bien el artículo 44 lo permite, no existe un reglamento u otra orientación legal que normalice este acto. Ante la situación, consulta si la comisión tiene considerado facilitar este acto de permuta. Eso es la cuenta, presidenta.
Muchísimas gracias, secretaria. Antes de dar la palabra respecto de la Cuenta, quiero enviar un afectuoso saludo, en nombre de esta Comisión de Educación, a todas y todos los asistentes de la educación de nuestro país, entendiendo que son un pilar fundamental para sostener el sistema y para brindar servicio a nuestros hijos y a las y los estudiantes de Chile. Quería comenzar esta sesión señalando que hoy es su día; espero que lo hayan disfrutado y que, desde este espacio, podamos colaborar en la lucha por la homologación de sus derechos. Por lo menos, de mi parte, absoluta disposición. Palabras sobre la Cuenta. Diputada Ahumada.
Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, también al ministro, quien se encuentra aquí, y agradecer su buena disposición, su pronta respuesta, incluso en la informalidad; se agradece. Bueno, estoy nuevamente en la comisión, ahora por otro libro: “Las ventajas de ser invisible”, respecto del cual se nos denunció su presencia en un liceo de la comuna de La Granja. No quise hacerlo público, pero puedo hacer llegar la información. Creo que es importante tener respuesta. Sé que, tal como lo conversamos en esta comisión, se solicitó un oficio a la Superintendencia de Educación; también estaba el ministro y, en ese minuto, él señaló que no era un texto de lectura complementaria. Sin embargo, no puedo seguir esperando más denuncias; ya es como el tercer libro que recibo. Necesitamos una respuesta más clara y concreta. Por eso solicito que se cite a la Superintendencia de Educación para abordar este tema: ver qué se está haciendo, cómo se está fiscalizando y si se tiene conocimiento de los textos denunciados u otros; conocer también las denuncias que se han recibido y cuáles serán las acciones. No podemos seguir esperando a que cada vez yo, o cualquier otro diputado, reciba denuncias de este tipo, que además corresponden a textos que hablan de sexualidad explícita, incluso de delitos; este en particular aborda una violación. Eso, presidenta.
Diputada, usted solicita no un oficio para obtener una respuesta de parte de la Superintendencia, sino una sesión. Voy a recabar el acuerdo. Solo quiero transparentar que tenemos un listado importante de sesiones especiales pendientes y, por lo tanto, quizás va a demorar un poco más de lo que usted quisiera, diputada. Solicito el acuerdo, entonces, para la solicitud de la diputada Ahumada. ¿Habría acuerdo? Acordado, comisión.
¿Alguna otra palabra respecto de la Cuenta? ¿No? No.
Entrando en la Tabla, esta sesión tiene por objeto continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley, de origen en mensaje, que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Vamos a escuchar a los siguientes invitados, a quienes se les otorgará un tiempo de exposición de diez minutos por organización. Primero, vamos a recibir a la presidenta de la federación.
Señora Presidenta, se encuentran presentes representantes de la organización de asistentes de la educación pública, AFM: la señora Jasna Sánchez, acompañada por el secretario general, señor Manuel Valenzuela Albornoz. Los invitamos a pasar y a sentarse. Bienvenidos a esta sesión y a esta comisión. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo a todas y todos los presentes: ministros, diputadas, diputados, asesores y, muy especialmente, a las y los asistentes de la educación. Por su intermedio, Presidenta, queremos saludar a nuestras y nuestros compañeros asistentes de la educación, quienes hoy celebramos una fecha importante para nuestro sector. Enviamos un abrazo cariñoso a nuestras organizaciones afiliadas a lo largo del país y reiteramos que, como federación, estamos siempre al pie del cañón.
Deseamos destacar algunos aspectos del proyecto de ley que valoramos y que recogen conversaciones sostenidas con el Ejecutivo, así como la realidad de los territorios y de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, cuestión que para nosotros es fundamental.
En primer lugar, valoramos la precisión respecto de la creación de oficinas locales de los Servicios Locales de Educación Pública, considerando la extensa distribución geográfica de algunos territorios, donde resultaba inviable que una sola oficina atendiera un conjunto amplio de comunas. Si bien este punto estaba contemplado en la ley, estimamos muy relevante su explicitación y la urgencia de su implementación. En esa misma línea, proponemos aprovechar la infraestructura existente de los Departamentos de Educación y considerar la experiencia de sus trabajadores y trabajadoras que, en los procesos de postulación, suelen quedar fuera del Servicio Local. Ello contribuiría a disminuir la tasa de despidos asociada a la creación de estos servicios y a resguardar capacidades instaladas.
Asimismo, quisiéramos formular sugerencias en materias que, aun valorando, creemos pueden mejorarse:
- En el artículo 11, referido a la conferencia de directores, se establece que podrán invitar a representantes de los trabajadores de la educación (docentes), pero no se menciona explícitamente a las y los asistentes de la educación. Solicitamos que su participación quede expresamente consignada.
- En el artículo 18, celebramos el fortalecimiento del apoyo técnico-pedagógico de los servicios locales a los establecimientos, a través de la DEPRO.
- En el artículo 19, también destacamos la asesoría.
La habilitación técnica para la elaboración de programas de estudios propios y la contratación directa de obras de infraestructura nos parece sumamente relevante. Asimismo, es importante señalar en el numeral 1 que deben ser consideradas las y los asistentes de la educación en el desarrollo profesional y en el trabajo colaborativo permanente. Ocurre que, normalmente, la ley solo hace mención a las y los docentes, y lo cierto es que la labor de las y los asistentes de la educación tiene incidencia directa en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, estamos sugiriendo incorporar un nuevo numeral 15 al artículo 19, que establezca el desarrollo de iniciativas de apoyo y contención a las y los trabajadores de la educación, implementando de manera permanente jornadas de autocuidado y atención profesional. Ello no está contemplado en el proyecto.
En el artículo 23, relativo a la cesación en el cargo del director ejecutivo, estimamos que debe considerarse expresamente el incumplimiento de deberes cuando, por ejemplo, el director ejecutivo, de manera reiterada, al recibir antecedentes de situaciones administrativas graves y delictivas, no aplica medidas de investigación, sanción y prevención. Hemos constatado problemas en algunos Servicios Locales, particularmente en Barrancas, donde hemos presentado acusaciones ante la Dirección de Educación Pública. Esta se comprometió a levantar mesas de trabajo y resolver los problemas; sin embargo, estos persisten. Nos preocupa que algunas direcciones hagan vista gorda ante denuncias recogidas desde las y los trabajadores de nuestros Servicios Locales, referidas a materias sumamente delicadas, como alimentación escolar, liquidaciones de sueldo e, incluso, la mantención o generación de condiciones para personas que han sido acusadas en procesos administrativos por acoso sexual. Esto lo hemos planteado reiteradamente, al menos, ante la Subsecretaría de Educación.
Sostenemos que, independientemente de que el nombramiento de las direcciones de los Servicios Locales de Educación sea por la Alta Dirección Pública, existe una historia laboral detrás de cada persona que debe ser investigada. Conocimos, por ejemplo, el caso de un director de escuela del Servicio Local de Coquimbo que fue retirado con Carabineros de la comuna de Mostazal y hoy se desempeña como director en Coquimbo; y el caso de un director de establecimiento del Servicio Local Los Libertadores que estuvo sometido a acusaciones graves en la comuna de Paine y, sin embargo, hoy ejerce como director en Magallanes. Cuando se nombró a un subdirector de un Servicio Local, este también presentaba un prontuario. Preocupa que no exista pesquisa suficiente. Se entiende que la Dirección de Educación Pública opera como un filtro; sin embargo, hay historias laborales que se ocultan cuando se permite la renuncia, evitando así la tramitación de procesos administrativos. En esos casos no se aplica sanción y, por lo tanto, la persona puede volver a trabajar, quedando solo inhabilitada por cinco años para desempeñarse en el Servicio.
Respecto del artículo 24, sobre los procedimientos de remoción del director ejecutivo, nos parece adecuado y coherente con lo señalado. Valoramos que el financiamiento de los Servicios Locales de Educación se incorpore al debate del proyecto. Asimismo, la incorporación del artículo 27 bis, que crea el Fondo para la Infraestructura Escolar, nos parece plenamente acertada.
En cuanto a los artículos 47 y 50, valoramos la actualización que sustituye la referencia a los asistentes de la educación de la Ley 19.464 por la Ley 21.109. Cuando se promulgó la primera no existía el estatuto; hoy sí, por lo que la actualización de lenguaje era necesaria.
Finalmente, sobre el traspaso, estimamos positivo ampliar el plazo de un año a dos desde la fecha de implementación. Ello ha permitido a los Servicios Locales contar con más tiempo para su puesta en marcha y evitar, en alguna medida, errores que se produjeron con plazos más estrechos. En síntesis, la medida se justifica y era necesaria.
Dos cosas: cuando una comuna solicita una postergación, tendrá la posibilidad de traspasarse hasta antes de 2035. Esto nos parece muy preocupante. Sabemos que los requisitos para solicitar una postergación son exigentes, pero hay comunas que podrían hacer todos los esfuerzos para estar bien y aun así pedirla por razones políticas: algunos no creen en la educación pública y otros sí. Nos parece complejo que se dilate tanto la instalación del sistema de educación pública hasta 2035. Además, nos afecta como asistentes de la educación, porque este traspaso va de la mano con la aplicación de un estatuto que contiene disposiciones económicas que mejoran nuestras condiciones, particularmente para quienes están en los departamentos de educación, cuyos sostenedores, pudiendo mejorar las condiciones laborales, no lo hacen. En definitiva, dependemos de este traspaso para poder mejorar las condiciones laborales.
Otro punto que nos preocupa es que el proyecto, y esto no estaba en la norma, propone ampliar a un año la oponibilidad de los beneficios logrados antes del traspaso. Hoy día son seis meses. Se legisló recientemente que, si el sostenedor quería negociar dentro de esos seis meses, debía hacerse cargo de todos los costos, lo que nos parece bien. Pero ampliar ese plazo a un año es complejo, especialmente para quienes negocian colectivamente y también para quienes no negocian colectivamente. Además, esto viene de la mano con que el convenio de traspaso, que era de carácter voluntario, hoy adquiriría carácter obligatorio. ¿Qué ha ocurrido? Cuando queremos negociar con algún municipio fuera de los seis meses que establece la norma vigente, nos dicen que no podemos porque firmaron el convenio. Uno señala que aún estamos fuera del plazo y podríamos hacerlo, pero el sostenedor dice que no por decisión del alcalde, y no hay aumentos mínimos ni de remuneraciones ni de condiciones laborales. Si el convenio pasa a ser obligatorio, perdemos cualquier posibilidad de negociar y mejorar las condiciones previas al traspaso. Y si hoy, de seis meses, se amplía a un año, es peor: no tenemos margen para mejorar las condiciones laborales.
También nos preocupa lo relativo al bono compensatorio para quienes no son traspasados. Hoy existe un bono compensatorio establecido por la norma, pero aquí se señala claramente que para aquellos asistentes de la educación cuyo traspaso se retrase por una postergación solicitada por el sostenedor no habría tal bono, al margen del plazo de seis meses que hoy establece la norma. Esto es preocupante, porque otorga la posibilidad de mejorar condiciones a algunos asistentes de la educación y a otros no.
Asimismo, lamentamos que en el Senado se haya caído la representación de los asistentes de la educación en la comisión técnica. Esto ha sido un problema complejo, porque la comisión técnica tiene una relevancia tal que de su información depende lo que viene después, al momento del traspaso. Hemos visto una suerte de tirarse la pelota entre la Dirección de Educación Pública y los municipios respecto de quién es el representante de los asistentes de la educación. Solicitamos —y se agradece que el Ejecutivo estuvo de acuerdo— que fueran los dirigentes de las organizaciones de asistentes de la educación de cada territorio quienes integraran esta instancia. También se acordó que no fuera solo un representante, sino dos. Pero, en definitiva, debe ser un dirigente, en su carácter de representante legal de la organización, quien tenga la competencia para realizar este trabajo minucioso y de suma relevancia para el proceso de traspaso, que va a determinar cómo vamos a seguir de ahí en adelante.
Es importante señalarlo. Los otros puntos que estimamos faltan dicen relación, primero, con la aplicación universal de los artículos sobre condiciones laborales del estatuto que no irrogan gasto —sobre lo cual la Presidenta profundizará—, y segundo, con el funcionamiento efectivo del Consejo de Asistentes de la Educación en cada establecimiento educacional y su comunidad. Este último asunto, que Manuel ha mencionado, es de suma relevancia para nosotros. Considerando la prórroga, que para nosotros está llena de incertidumbre respecto del traspaso, creemos que, al menos, quienes aún no hemos sido traspasados debiéramos gozar de los artículos del estatuto que no irrogan gasto, vinculados a condiciones laborales y respeto de funciones. Resulta llamativo que estos artículos sí se apliquen a los compañeros asistentes de la educación de colegios particulares subvencionados, mientras que quienes no hemos sido traspasados debemos seguir esperando, sin claridad de plazo. Conocemos el territorio y la necesidad de contar con cuestiones básicas que no debieran requerir norma alguna, pero que, ante la ausencia de criterios de buen trato en muchas de nuestras comunas, se hacen indispensables: por ejemplo, disponer de un espacio para la colación y de servicios higiénicos adecuados. Muchos compañeros no tienen dónde almorzar ni espacios mínimos para comer. Sostenemos, además, que la escuela debe democratizarse y contar con espacios comunes para trabajadores y trabajadoras de la educación; no necesariamente exclusivos para docentes ni exclusivos para nosotros. Sabemos de establecimientos y directivos que han impulsado cambios valiosos —incluso en aspectos básicos— donde ya no existe el rótulo “sala de profesores” o “baño de profesores” como espacios excluyentes. Queremos enfatizar la necesidad de asegurar, mediante la implementación de la norma, de manera transversal, estos mínimos para todos los asistentes que no hemos sido traspasados.
Por otra parte, y para finalizar, venimos dialogando hace tiempo con el Ejecutivo sobre la necesidad de contar con un espacio formal para el intercambio y la información. Al interior de las escuelas, los asistentes de la educación no contamos con instancias de diálogo; muchos compañeros son segregados y no participan ni siquiera en asuntos muy básicos de la vida escolar, lo que obviamente profundiza la segregación. Creemos que ello obedece, en gran medida, a la falta de un espacio propio. Por eso hemos solicitado, reiteradamente, al señor Ministro la creación de nuestro Consejo de Asistentes de la Educación. Insistimos en que esto debe normarse. Todos los estamentos de la comunidad educativa disponen de espacios —el Consejo de Profesores, el Consejo de Educadoras de Párvulos, en fin—; por tanto, pedimos dar el mismo reconocimiento a los asistentes de la educación. Entendiendo, además, que se trata de materias que no irrogan gasto y que consideramos plenamente razonables. Por su intermedio, Presidenta, solicitamos legislar con prontitud respecto de esta norma. La estamos esperando hace tiempo y la consideramos muy necesaria.
Expositor: Que se legisle con rapidez y que podamos avanzar para que este proyecto de ley vea la luz prontamente. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta: Se abre la palabra para consultas. Diputada Delgado.
Diputada Delgado: Gracias, Presidenta. Tengo una duda. Cuando señalan que no cuentan con espacios de comunicación suficientes para tener llegada, ¿no tienen un COSOC, conforme a la Ley N° 20.500 sobre Participación Ciudadana, en donde el Consejo de la Sociedad Civil debiera reunirse con el Ministerio cuatro veces al año? Eso se define en dichas instancias. Como asistentes de la educación, ¿ustedes podrían constituirlo a nivel país? Porque está permitido por ley. Entonces, mi duda es sobre el COSOC, Presidenta: ¿no existe?
Presidenta: Excelente pregunta, diputada Viviana. Daremos espacio para responder. Tiene la palabra el diputado Barrios.
Diputado Barrios: Con su venia, Presidenta, saludo y agradezco a los expositores. Señalar que los asistentes de la educación tienen una gran importancia en las comunidades educativas; colaboran en múltiples ámbitos, en tareas que a los profesores a veces se nos escapan, y están siempre disponibles, por ejemplo, durante los recreos, en fin. En la misma línea de lo planteado por la diputada, entiendo que hay participación en los consejos escolares. Claro está que cada comunidad educativa tiene su forma y estilo, relacionados con su PEI, etcétera; pero, en principio, entiendo que sí hay participación en los consejos escolares. Sé que usted habló de los COSOC; yo me refiero a la participación al interior de las comunidades, en la definición de lo que debe existir, por ejemplo, protocolos de convivencia, cultura del buen trato, protocolos frente al abuso y todas las materias que se abordan en las comunidades escolares, lo que es distinto a la Ley N° 20.500, que se refiere a la participación de las organizaciones de la sociedad civil y a la participación ciudadana. Mi pregunta es esa, porque también he sido testigo, en ocasiones, de la falta de empatía hacia los asistentes de la educación por parte de mi propio gremio; quiero ser autocrítico. En esta comisión hemos conversado que educar lo hacemos todos: aquel viejo concepto de que solo educábamos los profesores es ya algo añejo desde el punto de vista de la ciencia. No me extiendo más: bajo ese predicamento, la pregunta es si no existe una participación regular en los consejos escolares. Eso. Gracias, Presidenta.
Presidenta: Muchas gracias, diputado Pablo. Tiene la palabra Manuel.
Manuel (expositor): Cuando hablamos de no contar con espacios de diálogo permanentes, nos referimos a cuestiones que van más allá de los mecanismos de participación a nivel comunal. Hablamos de lo que ocurre al interior de cada unidad educativa. En estricto rigor, las comunidades educativas son diversas: en una misma comuna puede haber muchas realidades entre distintas escuelas, porque, finalmente, mucho depende del director. Hay escuelas donde los asistentes de la educación participan activamente, incluso en consejos de profesores —a veces llamados consejos generales—; pero, lamentablemente, en otras escuelas de esas mismas comunas aquello no existe. Conocemos realidades muy tristes en las que los asistentes de la educación no solo carecen de espacios para dialogar, sino que ni siquiera cuentan con espacios informativos respecto de las cuestiones domésticas del día a día. Y, bajo la lógica que usted planteaba, diputada, esa misma lógica debiera aplicarse también aquí.
Porque ellos también tienen espacio en los consejos de la sociedad civil, entre otros. Pero ¿por qué nosotros no podemos contar con un espacio para dialogar y participar activamente? Y no me refiero solo a los profesionales asistentes de la educación; por lo general, cuando existen espacios dentro de la escuela, no se incluye, por ejemplo, a los auxiliares de servicio. Los auxiliares de servicio son parte de la comunidad, son asistentes de la educación y cumplen un rol fundamental dentro de la unidad educativa, más allá de la función específica que desempeñan. Eso no puede ocurrir; no puede haber categorías dentro de las mismas escuelas. Crear este espacio nos daría igualdad al interior de la comunidad educativa.
Y, respecto de lo señalado por el diputado en relación a los consejos escolares, es importante señalar que los representantes suelen ser elegidos a dedo por los directores. Generalmente, quien participa en el consejo escolar es la persona de confianza del director, no elegida por sus pares. Además, los consejos escolares presentan una gran debilidad: por lo general no funcionan bien o no tienen un trabajo permanente. He sido testigo —voy frecuentemente a escuelas de mi comuna— de que el encargado comunal de los consejos escolares busca firmas para dejar constancia de que el consejo sesionó, cuando en realidad nunca sesionó. Esto lo vemos a nivel país. Por lo tanto, tampoco existe una participación real y democrática en nuestros consejos escolares.
Solo reiterar, Presidenta, la urgencia de esta modificación normativa. Desde 2017, perdón, está vigente esta ley, y todos conocemos la situación de muchos Servicios Locales de Educación Pública en materias de participación y gobernanza. Si este proyecto recoge aquello, y ya tuvo un gran avance en el Senado, creemos importante que la discusión sea lo más rápida posible para empezar a resolver estas situaciones hacia adelante. Es muy importante considerarlo.
Hay un punto que se nos ha olvidado: hace muy pocos días estuvimos en una reunión con la Dirección de Educación Pública respecto de lo que está ocurriendo con los derechos adquiridos por años de trabajo y con la serie de interpretaciones que la Contraloría está emitiendo, a solicitud de cada uno de los servicios locales, sobre esos derechos. Esto significa que vamos a estar por mucho más tiempo esperando una resolución unificada, y creemos que la Dirección de Educación Pública debe hacerse cargo. Venimos planteando este tema desde 2018, 2019, y a la fecha van más de 14 dictámenes de la Contraloría respecto de derechos adquiridos; sin embargo, siguen existiendo interpretaciones, aun habiendo fallos de la Corte Suprema. Cada servicio local, finalmente, dice: “vamos a preguntar por esto”; uno les consulta por qué no pagan un beneficio y responden: “haremos una consulta a la Contraloría”, y eso implica meses de espera. Todo se demora.
Nos dimos cuenta, por ejemplo —disculpen que me extienda, pero es muy importante—, de que cuando en la comisión técnica se deben señalar los beneficios que tienen los asistentes de la educación previo al traspaso, la planilla existente no los registra adecuadamente: no aparecen en la columna de beneficios, por ejemplo, ni en la de funciones u otros ítems. Y tampoco se puede modificar fácilmente; hay que esperar meses. Es un tema tan engorroso que, cuando llegue el momento del traspaso, no estará la información para efectuar los pagos: no estarán las platas, porque esos beneficios no fueron informados. Es compleja la tramitación, y creemos que la Dirección de Educación Pública debe pronunciarse al respecto. No creemos que cada Servicio Local de Educación Pública deba tener la facultad de interpretar materias que ya han sido interpretadas.
Queríamos poner énfasis en esto, Presidenta, porque está generando bastante conflicto y lo único que hará es que los compañeros tengan que judicializar la situación, lo que evidentemente significa más tiempo y costo para los asistentes de la educación. Es un proceso largo. Finalmente, en vez de ocuparnos de cómo aportar al sistema educativo para que la calidad de la educación mejore, tenemos que estar preocupados de este tipo de temas que debiesen haber sido resueltos oportunamente.
…como usted lo dice, un acto de autoridad, de respeto y reconocimiento de todos los derechos adquiridos. Eso, Presidenta, muy amable, gracias.
Muchas gracias a Yasna, muchas gracias a la Presidenta y a Manuel. La diputada Delgado.
Sí, Presidenta. Lo que pasa es que yo vengo a reemplazar a un diputado que tuvo problemas médicos y sentí la obligación de que esta comisión no quedara sin su presencia, porque iba a recibir a la delegación. Pero veo que no hay diputados escuchando a los expositores y, la verdad, me da vergüenza ajena. Les pido disculpas a nombre de los otros diputados porque de verdad estoy asombrada. Yo creo que, si ustedes quieren dejar una queja formal, están en todo su derecho, porque no corresponde. Me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque yo también fui dirigenta, y lo mínimo cuando iba al Congreso, porque quería modificar leyes, era ser escuchada por los diputados que elegimos para representarnos y velar por las necesidades de la gente.
Estoy impactada, porque si yo me voy, que no soy parte de esta comisión, la Presidenta queda sola. Y eso, de verdad, secretaria, me gustaría que me lo explique, porque nunca había estado en una comisión en donde no quedara nadie, menos los titulares de la comisión. Cuando yo soy titular de mi comisión es porque me interesa el tema del que estoy hablando y no lo dejo solo en un discurso para pararme en el hemiciclo abajo y sacarme la foto.
Disculpen; de verdad siento vergüenza, no sé qué decirles. Como le señalé a la diputada, tengo otro compromiso y debo irme a las seis, porque asumí a última hora este reemplazo; jamás pensé que no iba a haber nadie. Con todo, me voy a quedar y voy a suspender lo que debo hacer, pero encuentro injusto que no estén los diputados de esta comisión. Qué bueno que llegó, diputado, porque yo me tenía que ir y la Presidenta iba a quedar sola. Gracias por darme este espacio, pero no me podía quedar callada. Disculpen.
Gracias, Presidenta. Solo para reiterar lo que le señalé: hoy tenía una comisión paralela, la de Seguridad Ciudadana, en la que teníamos votación. Las votaciones son una parte muy importante del trabajo legislativo en las comisiones y, por lo tanto, tenía prioridad estar allá. Como terminamos recién, me reincorporé de nuevo a esta comisión. Gracias.
Yo entiendo las razones que usted comenta, diputado Rey. Me ha tocado también estar en una o dos comisiones al mismo tiempo, ya sea reemplazando o porque mis propias comisiones lamentablemente chocan en el mismo horario; se entiende. También lo señalaba la diputada Delgado: efectivamente ella viene a reemplazar a otro compañero. Le encuentro toda la razón, diputada. Yo no puedo hablar por los demás integrantes…
Presidenta: Desde esta comisión, absolutamente, es vergonzoso que, efectivamente, diputada, si usted se levanta y se va, yo quedo sola en esta comisión con los invitados. Entiendo que algunos tendrán cosas que hacer; no quiero acusar a nadie, solo que se nota mucho la diferencia en época de campaña. Lo que sí tenemos como instrumento es que, cuando no podemos asistir, podemos solicitar reemplazo, como lo hizo en este caso el diputado Maya por intermedio de la diputada Delgado. Solo dejar el mensaje de que quienes no puedan participar de esta comisión busquen el reemplazo necesario para que las sesiones se lleven a cabo.
Si bien esta es una sesión especial, lo es justamente por la carga de trabajo que tenemos: debemos despachar muchos proyectos. Este proyecto en particular es uno de los más importantes porque va a marcar la educación pública de aquí a los próximos diez años, y es una política pública que viene desde hace diez años; es un momento histórico, cúlmine también de un proceso de transición que ha sido, por lo demás, complejo. Creo que Chile espera que lo hagamos de manera adecuada y seria. Por lo mismo, hay muchas audiencias pendientes para este proyecto, porque muchas asociaciones, dirigencias y trabajadores quieren venir a comentar las aprensiones que tienen con el traspaso y las problemáticas que ya enfrentan quienes han entrado en funcionamiento.
Insisto: no me puedo hacer cargo de los demás integrantes de la comisión, pero es preocupante que, siendo un proyecto tan complejo e importante, no exista el interés necesario por parte del Estado. Me sumo a las palabras de la diputada Delgado: es una vergüenza. Pero vamos a seguir con las audiencias. Ministro, me pidió la palabra; cuando se habilite el micrófono.
Ministro: Es que cometí un error al bajar el micrófono; disculpe. Presidenta, si bien es cierto, mi representación es la del Ejecutivo, no la del Legislativo, debo señalar que en las últimas sesiones hemos estado presentes en todas, y en las tres más recientes, en particular, hemos tenido la misma circunstancia: una concurrencia baja. Y lo que me surge como inquietud es que, al mismo tiempo que en esta fase de audiencias se supone que se escuchan distintas opiniones y se nutre el debate, se nos plantea al Ejecutivo el requerimiento de avanzar con la implementación de este proyecto, que es necesario escuchar. Me parece que hay un problema de consistencia entre el requerimiento de darnos más tiempo para escuchar y no estar presentes para escuchar. Hay una contradicción fundamental en ambas cosas.
Quisiera insistir, Presidenta, en que ojalá podamos avanzar lo más rápido posible con este proyecto, haciéndonos cargo, obviamente, de la discusión en particular de cada uno de los temas que han ido surgiendo en estas audiencias. Algunas han sido muy buenas; todas han hecho un gran aporte en distintas materias. También, gracias a las observaciones, se han planteado temas que no necesariamente son materias de esta ley, sino que obedecen a otras cuestiones que también tienen su propio espacio para procesarse.
Sobre todo, me interesa relevar, sin ánimo de generar polémica, que si, finalmente, ya sea en sesiones regulares o extraordinarias, la concurrencia es baja, a uno le gustaría que se avanzara entonces más rápido en esto. Sé que la libertad es libre y no le corresponde al Ejecutivo definir aquello, pero me siento obligado a decirlo, Presidenta.