Queda reglamentariamente aprobada el acta de la sesión 120. Se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta.
Buenas tardes. Siguientes documentos:
Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Plasencia, Bello, Bravo, doña Ana María, Castillo, González, doña Marta, Mix y Serrano, y de los diputados Barrera, Barría y Cuello, que modifica la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, para encomendar a este organismo la dictación de normas generales sobre la incorporación de advertencias previas y difusión de canales de denuncia durante la transmisión televisiva de contenidos relacionados con situaciones de violencia de género. Boletín 17.855-34.
Un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica a la comisión el acuerdo de la Sala en orden a remitir a la Comisión de Familia, con posterioridad a su despacho, el ya mencionado proyecto de ley.
Un oficio del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el número de partos de mujeres extranjeras en situación migratoria irregular. Al respecto, indica que la materia consultada corresponde a competencias propias del Ministerio de Salud.
Un correo electrónico del Observatorio Legislativo Feminista, MIRA, mediante el cual informa su lanzamiento como una iniciativa autónoma, interseccional y colectiva, con el propósito de monitorear, analizar e incidir en el proceso legislativo chileno, con especial foco en proyectos de ley relacionados con género, infancia y derechos humanos. El objetivo es contribuir a una legislación más justa, inclusiva y acorde a los principios feministas y de derechos. Desde MIRA se desarrollan contenidos informativos y accesibles para fortalecer la participación ciudadana y aportar herramientas de seguimiento legislativo desde una mirada crítica y transformadora.
Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión y remite el informe del proyecto de ley sobre violencia gineco-obstétrica, Ley Adriana, actualización del contenido y estado de tramitación, de autoría de la asesora del Área de Políticas Sociales, doña Pamela Cifuentes.
Un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual envía, para conocimiento de la comisión, el informe del estudio Canasta de Crianza, su costo económico en Chile, encargado por este ministerio y desarrollado por UNICEF. El análisis busca cuantificar los costos de crianza de niños y niñas.
Se informa sobre el levantamiento de información a través de la elaboración de una canasta de crianza, junto con proporcionar antecedentes para la formulación de políticas de equidad. En este sentido, se espera que sea útil para el trabajo desarrollado por la Comisión.
Un oficio del Ministerio de Salud da respuesta a un requerimiento de esta Comisión en relación con la cantidad de niñas, niños y adolescentes vacunados contra el virus del papiloma humano en los últimos tres años y el tipo de vacuna aplicada. Informa que, entre las estrategias implementadas por el Programa Nacional de Inmunizaciones para la protección de la salud de la población, se encuentra la vacunación dentro de establecimientos educacionales para prevenir enfermedades inmunoprevenibles. Remite la tabla de niños y niñas vacunados entre los años 2022 y 2024 con la vacuna contra el VPH nonavalente Gardasil 9, que protege contra nueve serotipos.
Un correo electrónico de FONASA excusa la inasistencia de su director, quien por compromisos previamente adquiridos se encuentra imposibilitado de asistir personalmente. En su representación asisten don Matías Goyenechea Hidalgo, jefe de la División de Proyectos Estratégicos; doña Isabel Cholaki Rojas, abogada; y doña Bárbara Bustos, jefa de la División de Fiscalización y Contraloría.
Un correo electrónico de la abogada Laura Bartolotti, de Corporación Humanas, remite una carta solicitando una audiencia a esta Comisión para recibir a legisladoras y autoridades mexicanas, a fin de compartir la experiencia legislativa de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco de la visita de autoridades mexicanas entre el 14 y el 15 de octubre al Congreso Nacional en Valparaíso. Esta solicitud se funda en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, número 14, de la Constitución, y en el reconocimiento de los grupos intermedios y de su autonomía para la defensa de fines específicos, como la protección de los derechos de mujeres y niñas.
Un oficio del Ministerio de Salud excusa la inasistencia del ministro de Salud subrogante a la sesión de la Comisión, debido a un conflicto de horario con una reunión previamente agendada. Asiste la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, doña María Soledad Martínez Gutiérrez.
Una comunicación de las diputadas Flor Baeza y Ana María Gasmuri informa que han acordado parearse durante la sesión del día de hoy.
Un correo electrónico del Ministerio de Salud excusa la inasistencia de su subsecretario subrogante, don Fernando Reyes Roldán, quien hoy no podrá participar en la sesión por motivos de agenda. Señala que remitirá el oficio de excusa apenas se encuentre totalmente tramitado.
Finalmente, una comunicación de la bancada de la UDI informa el reemplazo, en esta sesión, de la diputada Romero por el diputado Eugenio Cornejo.
Eso es todo, Presidenta.
Muchas gracias, secretaria.
Palabras sobre la Cuenta.
Diputado Olivera.
Diputada Mix.
Sí, Presidenta. Sobre la respuesta que envía la Dirección de Migraciones respecto de los partos, pedir que —si no se ha hecho— se remita al Ministerio de Salud, porque lo que señalan es que le corresponde al Minsal dar respuesta a esa pregunta. Gracias.
Perfecto. ¿Lo remitimos al Ministerio de Salud?
Acordado.
Diputada Mix.
Gracias, Presidenta. Primero, saludar a quienes nos acompañan hoy día, a la ministra, y pedir al Secretario General que ya nos ponga computadores en esta sala. No puede ser que nos dejen siempre para el final. Todas las otras salas tienen computador y esta no. Lo digo porque tenemos que andar pidiendo la impresora para poder acceder a los documentos; ustedes saben que yo no escucho bien, entonces tengo que mirarlos. Súper inclusivo, además… No, no pasa nada; es otra cosa.
Segundo, porque, por ejemplo, dentro de la Cuenta está el estado de la Ley Adriana en tramitación en el Senado y no le puedo pinchar el numerito para saber en qué situación está, cómo quedó. Evidentemente, quienes estamos aquí —seguramente quien representa la corporación OVO lo sabe muy bien— hemos tenido esta preocupación, al igual que la ministra, que la apoyó en el Senado, en la Comisión de Mujeres. Por eso me siento como media excluida de la posibilidad de mirar los oficios y las respuestas, y me parece que nos obliga a hacer un trámite adicional: ir a pedir, ir a buscar las respuestas. Quería dejar constancia de eso, porque acá hay temas que hemos solicitado y que nos interesan, pero también son antecedentes para la propia conversación, y así perdemos la posibilidad de debatir.
Compartir aquellas respuestas que vienen en la Cuenta. Entonces, a mí me parece que no puede ser que de nuevo nos dejen al final. Eso nada más, Presidenta.
Muy bien. Enviamos entonces la comunicación para solicitar que se incorpore la tecnología de esta comisión. Acordado.
Y en la Cuenta viene una solicitud de audiencia enviada por Corporación Humanas, en virtud de que asistirán a nuestro país, incluso acá mismo, al Congreso Nacional en Valparaíso, un grupo de legisladoras y autoridades mexicanas que, en el marco de su visita, harán además una exposición en la Comisión de Salud sobre derechos sexuales y reproductivos y cómo garantizar la protección de estos derechos. Ellas solicitan que esta comisión también pueda recibirlas. A mí me parece pertinente. Tenemos un intercambio con pares mexicanas que creo que pueden aportar a nuestro debate. Si les parece, para el miércoles 15 de octubre las podamos recibir en audiencia. ¿Les parece? Perfecto. Acordado.
¿Más palabras sobre la Cuenta? Sí, diputada Mix.
A ver, no es de la Cuenta, pero creo que es pertinente; quizás podría ser un punto de Varios. Conocimos todos a Constanza Ojeda, una de las integrantes del movimiento Triple Negativo, Siempre Positiva, quien falleció hace un par de días. Quería pedir, a nombre de la organización —que hoy no puede acompañarnos, porque están muy afectadas—, que guardáramos un minuto de silencio por Constanza.
Sí, antes de seguir la discusión. ¿Les parece un minuto de silencio? Perfecto. Acordado. Les pido ponerse de pie para el minuto de silencio.
Muchas gracias. Sin duda les enviamos las condolencias a su familia y a sus seres queridos, sobre todo porque es un tema que a nosotras en esta comisión nos interesa muchísimo como política pública. Exactamente, usted lo ha dicho, diputada Mix.
Bien. Entonces pasamos a la tabla: a discutir y votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Alejandra Plasencia, Ana María Bravo, Marta González, Emilia Nuyado, Daniela Serrano y Gael Yeomans, y de los diputados Boris Barrera, Felipe Camaño y Luis Cuello, que modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, Boletín 61-15, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.
Bien, diputadas. Sí, por favor.
Gracias, Presidenta. Me llegó un documento del Consejo Superior del Transporte —no sé si a todas les habrá llegado—. Quisiera leerlo antes de pasar a la votación, porque me lo enviaron directamente al correo institucional y también se vincula con las indicaciones que están presentadas. Entonces, no sé si me permite leerlo antes de que podamos…
Sí, creo que es parte de lo que tenemos que debatir, así que, por favor, proceda.
Gracias. “Diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Cámara…”
Diputadas y diputados, el Consejo Superior de Transporte, conformado por CNTC, AGTICHIP, ABI y CITRAT —este último, representante de los trabajadores del sector de transporte de carga del mundo, ITF—, en Chile representa el mayor conglomerado de personas dedicadas al transporte de carga y pasajeros del país, más de 100.000 colaboradores de Arica a Punta Arenas. Con la voluntad de unir al país y de asegurar el sustento de sus familias, participa activamente en mesas de diálogo social, donde impulsamos la incorporación de la mujer en el sector, capacitando a empresarios y dirigentes, además de solicitar al Estado la infraestructura necesaria. Por su intermedio, solicitamos audiencia a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para transmitir nuestra impresión del proyecto de ley Boletín 7004-11-15, que regula la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El gremio apoya y valora el principio fundamental de la ley: asegurar el bienestar y sustento de niños, niñas y adolescentes. No pretendemos bajo ninguna circunstancia justificar el incumplimiento de las obligaciones familiares. Sin embargo, la suspensión de la licencia de conducir para un trabajador del transporte no es una sanción más; es la anulación de su única herramienta de trabajo y, por ende, de su capacidad para generar ingresos. Por lo anterior, respaldamos la moción del diputado Cristian Araya, dado que al suspender la licencia a un conductor profesional se crea un círculo vicioso con consecuencias devastadoras: imposibilidad de trabajar —el conductor queda inmediatamente cesante, sin posibilidad legal de ejercer su oficio—; cese de ingresos —al no poder trabajar, deja de percibir cualquier tipo de renta—; aumento de la deuda —sin ingresos, la capacidad de pagar la pensión adeudada y las futuras se vuelve nula, agravando el problema original—; y precarización familiar —finalmente, quien más sufre es el propio niño o niña, pues al cortarse la fuente de ingresos la pensión se ve comprometida por una medida administrativa—. José Sandoval, Sergio Pérez, Juan Monasterio y Eduardo Quiroz.
Presidenta, solo cumplo con la obligación de leer este documento. Yo les comuniqué a ellos, y les transmití, que hoy día están un poco errados con la información que entregan, porque efectivamente la ley los respalda y pueden acercarse a un tribunal para señalar que su fuente laboral es esta. Por lo tanto, aclaré cualquier duda y situación, pero cumplo con la obligación de leerla porque así me lo solicitaron. Por eso quería informarlo.
—Está bien, muchas gracias, diputada. Creo que, por transparencia y para clarificar algunas cosas dentro del debate, evidentemente algunas personas, por razones distintas, por lo que pude escuchar de las argumentaciones, expresaron equivocadamente algunas ideas respecto de los efectos de este proyecto de ley. Lo que se busca es ajustar para garantizar que el apremio sea efectivo y cumplir con el objetivo, que es que la pensión se pague. Ministra, nos ha solicitado la palabra. Aprovecho de darle la bienvenida públicamente: la ministra Antonia Orellana, por favor.
—Buenas tardes, presidenta. Saludo por su intermedio a la Comisión. Aprovecho de saludar la aprobación unánime del proyecto de reforma del subsidio laboral en la Sala. Y, a propósito de la inquietud que legítimamente representa la asociación, nos ponemos a disposición del Ministerio para que el equipo encargado de la implementación de la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos pueda sostener una audiencia con la agrupación, de forma de acoger sus inquietudes y que, como asociación, puedan conocer cuáles son las instancias previas a la cancelación de la licencia, para que puedan responder oportunamente cuando exista la solicitud de ingreso al Registro de Deudores.
—Muchas gracias, ministra. Eso es muy bueno, porque al final lo que se requiere es que las personas puedan acceder a la información, que tengan acceso también a resolver dudas y, como asociación gremial, es muy bueno que tengan esa posibilidad de capacitación permanente, etcétera. Bien, ¿qué les parece? Si leyeron las indicaciones, si tenemos algún comentario al respecto, procedemos a la lectura y a la votación; y si hay alguna opinión al respecto, también se puede hacer presente antes de votar las indicaciones. ¿Les parece? Ya. Secretaria, si puede leer las indicaciones.
—La primera indicación presentada es al numeral 2 del artículo único, respecto del inciso segundo, que se propone modificar en virtud de ese numeral.
La indicación promueve un texto aprobado en primer trámite y propone reemplazar el inciso segundo por el siguiente: Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 7 del inciso primero del artículo 13, y sin perjuicio de la consulta obligatoria que debe realizar el funcionario municipal al momento de expedir licencias de conducir, el Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal efectuará, además, una revisión semestral aleatoria del Registro Nacional de Deudores de Pensiones entre todas las personas mayores de edad domiciliadas en la comuna, para verificar que quienes tengan inscripción vigente no cuenten con licencia de conducir vigente emitida por el respectivo municipio.
Bien, esa es la indicación. No tenemos al diputado que la presenta en la sesión para que la explique. ¿Les parece si la sometemos a votación? Diputada Chiara Barchiesi, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra.
Buenas tardes a todas. Hay algunos aspectos a mejorar en la indicación. Es de mi bancada, por eso me tomo la atribución de presentar otra indicación similar, con más detalles que la especifican. Naturalmente hay que votar esta también. Se la voy a entregar a la abogada presidenta de la comisión. Muchas gracias.
Entonces, votamos la indicación y luego vemos la de la diputada Barchiesi. Primero revisemos su pertinencia. ¿Podemos votar? Esta es una indicación sustitutiva del inciso segundo que lo reemplaza por tres incisos; en el fondo, es reemplazar el inciso segundo y agregar dos más. Se propone separarla para hacerla más manejable. ¿Lo tiene para enviarlo por correo o por WhatsApp?
Secretaría: Para ordenar la votación, en la página 5 del comparado está la indicación; ahí comienza. Básicamente, plantea agregar una revisión aleatoria semestral. Eso es el sentido de la indicación que viene desde la Sala.
Sí, Ministra.
Presidenta, respecto de la indicación, y solo para que conste en la historia de la ley, hay que recordar que la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, establece que solamente el personal debidamente enrolado en el Registro de Deudores podrá acceder a él. Esto, con miras a salvaguardar su privacidad, cuestión que aquí no queda especificada en cuanto a quién tiene acceso, porque se señala “el Departamento”, que es una unidad. Como ha funcionado hasta ahora, tal como se fijó en el reglamento administrativo, es la entidad la que va enrolando, con una clave debidamente administrada por el Registro Civil, lo que deja trazabilidad del acceso para resguardar la privacidad del registro, de los antecedentes disponibles y, en particular, de los datos de niños, niñas y adolescentes. Lo dejo solo para constancia, porque nos parece que la privacidad del Registro de Deudores es un elemento fundamental a resguardar.
Eso es muy cierto; es una muy buena acotación, Ministra. Vamos a ver cómo procedemos de acuerdo a lo que nos indique la Secretaría. Demos un segundo. Sí, diputada Barchiesi.
Presidenta, lo que dice la Ministra ya está incorporado en el proyecto original. Mi objetivo es cambiar de mensual a semestral, pero podemos mejorar la redacción de la indicación si es necesario. Agradezco que hayan leído la carta que enviaron los transportistas; era importante poder tenerlos presentes, al menos a la distancia, a través de esa carta. Hace un par de meses presenté un proyecto de ley para mejorar el sistema de cobranza de la ley “Papito Corazón”, porque efectivamente ha habido muchos padres que, de forma irresponsable, han encontrado resquicios legales para no cumplir con sus deberes de padre. Por lo mismo, me gustaría pedirle a la Presidenta que próximamente podamos ver ese proyecto de ley en la Comisión.
Por otro lado, en términos generales, quería manifestar mi opinión sobre este proyecto. Creo que entramos en un círculo vicioso, porque hoy día estamos en una crisis económica y hay mucha gente desempleada. A mi parecer, este proyecto de ley, más que mejorar el sistema de cobranza, va a incrementar el problema. Considerando que hay 132.000 personas que, a la fecha, trabajan en aplicaciones de transporte de personas, y si sumamos transportistas de locomoción pública, transportistas de carga, etcétera, insisto: en vez de mejorar el problema, se va a incrementar aún más. Tengo dudas con el proyecto. Pero, habiéndose leído la carta, creo que podemos seguir avanzando; quería mencionarlo. Gracias.
Gracias, diputada Barchiesi. La Secretaría tiene una propuesta. Frente a la presentación de una indicación, la de la diputada Barchiesi, en su primera parte, es igual a la del diputado Araya, que propone reemplazar el inciso segundo del numeral 2. Entonces, le propongo dejarla como está, votando la del diputado Araya, y que la suya agregue incisos, que serían el segundo y el tercero del numeral 2. Tienen que firmarla.
Bien, vamos a proceder a la votación. Procedamos, Secretaría. Entonces, votación de la indicación del diputado Araya, indicación N° 1. Diputada Barchiesi: A favor.
Un voto a favor y siete en contra. Se rechaza.
Se da cuenta de la indicación del diputado Araya. Corresponde votar la indicación de la diputada Barchesi, que agrega los siguientes incisos tercero y cuarto: “En caso alguno, esta revisión aleatoria podrá ser inferior al 20% de los domiciliados en la comuna con licencia vigente. Si en el cotejo se acreditara que un vecino de la comuna cuenta con licencia de conducir vigente estando inscrito en el registro de deudores de pensiones, se deberá acreditar además que no se encuentre dentro de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia”.
Se toma votación:
—Diputada Barchesi: A favor.
—Diputada Bello.
—Diputada Bravo.
—Diputada González: En contra.
—Diputada Mix: En contra.
—Diputada Morales: En contra.
—Diputada Olivera: En contra, porque votamos en contra recién la indicación que hablaba de lo aleatorio. Entonces, ahora habla de un porcentaje de aleatorio; por lo tanto, en contra.
—Presidenta: En contra.
Con la misma votación, se rechaza.
Resta una indicación para proceder con la última parte de la votación del proyecto. La indicación está en la página 6; es del diputado Cristian Araya y propone agregar al inciso primero del artículo 20 bis, propuesto en el numeral 3 del artículo único, la siguiente oración final: “No se procederá a esta cancelación cuando el deudor se encuentre dentro de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia”.
—Presidenta: Muchas gracias. Solo señalar que esto es una reiteración de la excepcionalidad; por lo tanto, creo que no tiene mucho sentido. ¿Qué dice la Secretaría?
—Secretaría: Por la misma votación, se rechaza.
—Presidenta: ¿Diputada Barchesi? ¿Sí? ¿Las demás mantienen su votación? Perfecto. Rechazada.
Resultado: una afirmativa y siete en contra. No habiendo más indicaciones, se despacha a la Sala sin modificaciones el proyecto.
—Presidenta: ¿Quién puede ser la diputada informante?
—Intervención: Ah, yo soy la autora. ¿Puedo ser yo, si quieren?
—Presidenta: De acuerdo. Por aclamación, la diputada Alejandra Placencia.
Bien. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla: analizar las denuncias relacionadas con el uso del bono PAD Parto, el aumento de derivaciones de mujeres a cesáreas innecesarias y otras prácticas que podrían constituir violencia gineco-obstétrica; el gasto que efectúa el Estado en la atención de partos en general y, particularmente, en el caso de las cesáreas; así como la información existente sobre médicos que, pese a tener licencia médica para ausentarse de sus funciones en el servicio público, permanecían trabajando en el sector privado.
La secretaría ya informó las excusas, pero dejaremos constancia de las y los presentes: por la Fundación OVO Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica, asiste don Gonzalo Leiva, matrón y director de OVO; bienvenida la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo. La ministra de Salud se excusó; en su representación asiste la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, doña María Soledad Martínez Gutiérrez. La subsecretaria y el subsecretario también se excusaron. El director de FONASA se excusó y, en su representación, asisten don Matías Goyenechea Hidalgo, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico, y doña Isabel Cholaki Rojas, abogada de la misma división.
¿Estamos todas y todos presentes? Bien, para efectos de tomar acuerdos.
Para ordenar el debate, ofreceremos primero la palabra a la ministra… No; dado que se encuentra presente la Fundación OVO Chile, le daremos la palabra en esta oportunidad. Tendrán 15 minutos para su exposición, para luego complementar con las demás intervenciones. Muchas gracias.
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a las diputadas y a las personas convocadas a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Desde la Fundación OVO Chile agradecemos la invitación para abordar este tema que ha motivado nuestro trabajo durante los últimos once años. Mi nombre es Gonzalo Leiva; soy matrón, padre, director e investigador de la Fundación OVO Chile y subdirector en un hospital público de alta complejidad en la Región Metropolitana.
Hoy vengo a hablar de la cesárea y del bono Pago Asociado a Diagnóstico, conocido como bono PAD, el famoso bono PAD. Este bono consiste en un paquete de procedimientos médicos y quirúrgicos que permite a las y los usuarios acceder a ellos pagando un precio fijo y conocido de antemano. En particular, me referiré al PAD Parto, que es el que nos convoca y que, al igual que otros PAD, puede utilizarse en establecimientos privados de salud con convenio FONASA, en la Modalidad de Libre Elección.
El PAD Parto cubre exclusivamente partos de bajo riesgo, sobre las 37 semanas de edad gestacional, con un costo estándar este año de 1.407.000 pesos, del cual FONASA financia el 75% y la mujer el 25%. Este monto es independiente de si se trata de un parto vaginal o de una cesárea.
¿Por qué hablar del PAD y de la cesárea en esta comisión? Porque efectivamente podría configurarse una forma de violencia obstétrica en su nivel más alto. Habitualmente, cuando hablamos de violencia gineco-obstétrica nos referimos a la relación del equipo de salud con la mujer, a lo que ocurre dentro del box de parto o en la sala de atención; pero aquí estamos hablando de algo a nivel político-normativo.
También porque la cesárea es la cirugía más frecuente en Chile y, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda tasas entre un 10% y un 15%, en nuestro país hoy estamos en torno al 60%. Este tema aparece, al menos una vez al año, en la prensa.
En algún momento fue un buen negocio y probablemente incentivó a clínicas a abrir más camas en las unidades de obstetricia, porque pasamos de que en 2003 el 10% de los nacimientos se realizara a través del Bono PAD a que, cinco años después, el 45% de las mujeres afiliadas a FONASA en los grupos B, C y D utilizara esa modalidad. Es decir, aumentó un 35% en apenas cinco años. Estamos hablando de miles de nacimientos que pasaron de la atención institucional a la modalidad de libre elección.
Entre 2003 y 2005, los Bonos PAD representaron una cuarta parte del total de nacimientos del país. Sin embargo, ese 25% fue responsable del 52% de las cesáreas a nivel nacional. Hoy podemos afirmar que las mujeres que compran el Bono PAD —que, repito, son sanas— tienen 2,5 veces más probabilidades de terminar en cesárea que en el sector público. Así, como sistema de salud chileno, hemos aportado un nuevo dato a la evidencia científica. En la literatura biomédica se aludía a los “factores no médicos” sin desarrollar el punto; en Chile entregamos el argumento para desarrollarlo: uno de esos factores que aumenta las cesáreas es el Bono PAD. 2,5 veces más riesgo, mayor incluso que numerosos factores biomédicos que hoy se invocan para explicar las cesáreas. Probablemente, hoy comprar el Bono PAD constituye un mayor riesgo de cesárea que el antecedente de una cesárea previa. En otras palabras, en FONASA atenderse bajo la modalidad PAD se ha transformado en un factor de riesgo para cesárea, en un país que lleva más de tres décadas alertando sobre esta problemática.
Cada PAD cuesta lo mismo, sea cesárea o parto vaginal: más de 1.400.000 pesos. Pero la cesárea exige mucho más: pabellón, anestesista, neonatólogo, dos matronas. La lógica del tiempo y del dinero hace que los médicos prefieran la cesárea. Estos son extractos de un estudio que realizamos entre 2004 y 2008, financiado por el Fondo Nacional de Investigación en Salud, en el que entrevistamos a obstetras del sistema público y privado. Un obstetra nos decía: “En el PAD es difícil pedirle a un médico que espere ocho horas por un parto vaginal y gane 200.000 pesos, si puede ganar mucho más en menos de una hora con una cesárea”. Muy honesto; eso lo sabíamos, solo que un médico lo expresó. Otro lo planteaba así: “El trabajo de parto fisiológico, que puede comenzar a cualquier hora, interrumpe la consulta y eso es un daño económico importante”. Imagínense: que una mujer inicie el trabajo de parto cuando su cuerpo lo determina hoy es visto por los equipos clínicos como un daño económico.
Esa última frase inspiró el capítulo que publicamos en 2023 junto con la antropóloga médica chilena Michelle Sadler, titulado “El parto fisiológico implica un daño económico: incentivos financieros para la realización de cesáreas en Chile”, parte de un libro editado en Estados Unidos por Robbie Davis Floyd, la antropóloga médica viva más influyente en el estudio del nacimiento humano. Esa frase ha dado la vuelta al mundo: que en Chile una mujer comience su trabajo de parto a la hora que sea puede constituir un daño económico.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Más gasto público, porque se paga el mismo monto fijo, pero con costos ocultos: complicaciones, más días de hospitalización, futuras cirugías. Esta es la cifra que, sobre todo a quienes trabajamos o hemos trabajado en el sector público, nos golpea. Sabemos que un hospital de alta complejidad funciona, para que nos hagamos una idea, con un presupuesto del orden de 150.000 millones. Entre 2019 y 2023, el Bono PAD financió más de 237.000 partos, con un gasto acumulado superior a 281.000 millones de pesos. En ese periodo, el número de prestaciones disminuyó, pero el costo promedio del parto subió año a año.
Aquí viene la parte que a quienes trabajamos en el sistema público nos da ganas de llorar: hoy los hospitales reciben por una cesárea un pago de 371.000 pesos y por un parto vaginal, 271.000 pesos. El Bono PAD vale 1.400.000; el 75% se lo entrega el asegurador FONASA a la institución con convenio, cualquiera sea, con independencia de la tasa de cesáreas que tenga. Los hospitales públicos, que hacemos el esfuerzo y tenemos mejores tasas que el sector privado, recibimos por una cesárea 371.000 pesos y por un parto vaginal 271.000 pesos: una cuarta o quinta parte de lo que se paga por la modalidad de libre elección. ¿Por qué a los hospitales se les paga apenas un 26% de lo que se paga a través de la modalidad de libre elección? Aquí mismo, en el Congreso, planteamos durante la discusión de la Ley Adriana que recursos hay, pero no están en los hospitales; están en las arcas de los seguros públicos y privados. Se transfieren cifras ridículas al sector privado, y ni siquiera para obtener prestaciones de salud de calidad, oportunas y basadas en evidencia.
Pagamos caro el funcionamiento de un sistema privado mediocre, que no tiene interés en mejorar los estándares de los servicios que se entregan a las mujeres y que solo se preocupa por el balance final. Si desglosamos ese balance final, también se busca optimizar y tener todos sus pabellones ocupados las 24 horas del día, y que, ojalá, entre y salga una mujer de un pabellón a otro.
Sobre la base de lo anterior, como fundación reactivamos este año la discusión sobre la tasa de cesáreas, poniendo el foco particularmente en el PAD, porque de las clínicas privadas, en verdad, no esperamos nada. Las clínicas privadas hace décadas en Chile tienen las tasas de cesáreas que quieren y no hay autoridad sanitaria que pueda ponerles coto. Pero lo que aquí está en juego es que esto se está haciendo con recursos públicos. Con recursos públicos estamos financiando cesáreas. Y por eso hemos reactivado el tema: solo este año hemos recibido denuncias de mujeres que se atendieron bajo la modalidad PAD.
En esto hay un consenso de las sociedades científicas —todas, incluso aquellas con las que tenemos diferencias—: las mujeres que están comprando PAD en algunas clínicas, si no comienzan su trabajo de parto, pasan directamente a una cesárea. Eso no ocurre en ningún sistema de salud desarrollado. Una mujer que no inicia trabajo de parto debe tener, si lo desea, la alternativa de una inducción ofrecida por el sistema de salud, sea público o privado. Sin embargo, lo que está ocurriendo en muchas clínicas de regiones y de la Región Metropolitana —y son las denuncias que hemos recogido— es que, si no comienzan el trabajo de parto a las 40 o 41 semanas, son llevadas directamente a cesáreas sin opción de inducción. ¿Qué recomendación obstétrica es esa? Aclaro: no es clínica. No van a encontrar un médico ni una matrona que pueda justificar públicamente eso, porque no es una decisión clínica; es una decisión económica.
Hemos recibido innumerables denuncias, tanto de regiones como de la Región Metropolitana, sobre prácticas médicas y de clínicas privadas que activamente desincentivan el parto vaginal. Se trata de presiones explícitas o veladas, información incompleta o sesgada, y decisiones orientadas a inducir a las mujeres hacia la cesárea, incluso en embarazos de bajo riesgo. Estas denuncias revelan cómo el modelo de atención no solo está condicionado por incentivos financieros, sino también por dinámicas de poder y desinformación que vulneran la autonomía de las mujeres.
Y con esto cierro. Estas cesáreas innecesarias no solo impactan hoy en términos económicos —en lo que he puesto el foco durante toda esta presentación—, sino que hipotecan la salud reproductiva del futuro. No me detendré mucho en esto; ya lo abordamos extensamente en la discusión de la Ley Adriana, pero sí debo recordar, muy brevemente, que con casi un 70% de nacimientos por cesárea, y en clínicas regionales que alcanzan el 95%, se incrementan los riesgos de urgencias obstétricas en la población. Hay mayor riesgo de roturas uterinas, de acretismo placentario y de patologías asociadas al sistema inmune durante la primera infancia en niños, niñas y adolescentes. Es decir, aquí no hay solo un tema económico; por eso ninguna sociedad científica deja de recomendar que los Estados hagan el esfuerzo para que, ojalá, una alta proporción de sus habitantes nazcan por parto vaginal. Cuando eso no ocurre, aumentan las alergias, aumenta el asma y aumentan las patologías asociadas al sistema inmune durante la primera infancia y la adolescencia.
Afortunadamente, estos casos graves no son tan frecuentes. Tenemos una buena medicina en Chile y se logra sacar adelante a estas mujeres. Tenemos bajas tasas de mortalidad materna. Estos riesgos los recordamos solo cuando ocurren, cuando le suceden a alguien cercano a nosotros, como fue el caso de una colega de quienes están aquí, la diputada Camila Flores, que vivió una complicación infrecuente —una perforación intestinal— asociada a la cesárea, no al parto vaginal. Entonces recordamos que la cesárea conlleva más riesgo que un parto vaginal. Por fortuna, ella evolucionó bien y, por fortuna —insisto—, estas urgencias obstétricas son infrecuentes en nuestro país. Pero lo que quiero señalar es que, cuando hagamos análisis epidemiológicos de la presencia de urgencias como esta y veamos que la curva va en alza, ya sabemos dónde está la respuesta: en el aumento de la cesárea.
Cierro con esto. El PAD, que fue diseñado para mejorar el acceso, terminó siendo un incentivo perverso que promueve cesáreas innecesarias, con altos costos para el Estado y para la salud de las mujeres y de los recién nacidos. Aquí lo que está en juego, insisto, no es solo un ahorro económico: es también la ética del cuidado. No podemos permitir que un sistema de financiamiento público siga pagando por intervenciones innecesarias que dañan la salud y aumentan el gasto. Es urgente, ético y fundamental, Presidenta, auditar de manera efectiva al sector privado y rediseñar el bono PAD para alinear los incentivos con la evidencia científica y con los derechos de las mujeres. Muchas gracias.