Mixta - Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos (Presupuesto) - 7 de octubre de 2025

Corresponde, a continuación, que la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos se aboque al estudio de la Partida 03, correspondiente al Poder Judicial. Saludamos al excelentísimo Presidente de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco; a la ministra de la Corte Suprema, señora Gloria Ana Chevesich; al subdirector de Comunicaciones del Poder Judicial, señor Julio Mundaca; a los representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Academia Judicial; y, en representación de la Dirección de Presupuestos, a doña Mabel Barrales. Presidente, antes de darle la palabra, una pequeña declaración de principios respecto del presupuesto. En esta y en varias subcomisiones estamos, en esta instancia, escuchando los planteamientos y formulando consultas. Las votaciones las estamos postergando a la espera de un análisis global que estamos realizando sobre la estimación de los ingresos, discusión muy pertinente que ha estado en la base de desencuentros respecto de la ejecución y de si corresponde aumentar los gastos. Lo señalo porque el hecho de que no se vaya aprobando no significa desacuerdo: estamos esperando, básicamente, el informe del Consejo Fiscal Autónomo para verificar si la estimación de ingresos se condice con los gastos propuestos. Si no fuera así, es complejo. Si uno no tiene claros —más que claros, convencidos— los ingresos, es más difícil adscribirles gastos, porque, de otro modo, se produce un desvío de la meta. Esa es, en lo esencial, nuestra declaración de principios inicial. Dicho lo cual, ofrezco la palabra al Presidente de la Corte Suprema para que exponga lo que estime pertinente sobre el presupuesto del Poder Judicial. Sí, buenas tardes. En nombre del Poder Judicial, quiero agradecer a los integrantes de la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, y en especial a su Presidente, señor Coloma, por esta invitación con el objetivo de abocarnos al estudio de la Partida 03 correspondiente al Poder Judicial, contenida en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026. Me acompaña la señora ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien también integra el Consejo Superior de la Corporación Administrativa; la directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señora Andreina Olmo; y el subdirector de Comunicaciones, señor Julio Mundaca. Se encuentran presentes, asimismo, jefaturas de las instituciones responsables de la ejecución presupuestaria y de las iniciativas en desarrollo, quienes podrán responder a preguntas específicas. Saludo especialmente a nuestra sectorialista, señora Mabel Barrales Villegas, jefa del sector de Ministerios Políticos y Poderes Autónomos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a quien agradezco su permanente apoyo y orientación en materia de administración presupuestaria. Previo a la revisión de las cifras, deseo destacar que los recursos presupuestarios asignados son de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de calidad, oportuna, transparente y de pleno acceso, constituyendo el medio para materializar nuestros objetivos estratégicos, que no son otros que la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en materia de justicia. Conforme a lo anterior, estimo conveniente entrar en materia y, para ello, dejo con ustedes a la directora suplente de la Corporación Administrativa, señora Andreina Olmo, quien informará sobre la situación actual y las necesidades adicionales requeridas por la Corporación y el Poder Judicial. Muchas gracias, Presidente. Señora Directora, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Buenas tardes.

Entonces, vamos a exponer el proyecto de presupuesto de la Partida 03 del Poder Judicial, estructurado en torno a la planificación estratégica y a los nudos críticos que se necesitan abordar para el período 2026. Luego presentaremos una mirada general del proyecto de presupuesto; el presupuesto particular de la Academia Judicial; y, posteriormente, volveremos al presupuesto del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. En el punto 5 se mencionarán proyectos de ley que están teniendo un fuerte impacto presupuestario, que no vienen con informe financiero particular y, por lo tanto, no están incorporados en la formulación presupuestaria presentada por el Poder Judicial. Finalmente, las conclusiones respecto del presupuesto. El primer punto dice relación con la planificación estratégica. Los ejes vigentes corresponden al período 2021-2025; la planificación está actualmente en actualización y, probablemente durante este mes, contaremos con nuevos ejes estratégicos. Como señalé, la formulación presupuestaria se hizo sobre estos ejes y tendrá algunos ajustes conforme a la nueva planificación, a partir del próximo año. Respecto de los nudos críticos, como ha planteado en ocasiones anteriores el Poder Judicial, existe una mayor complejidad de los delitos, lo que afecta la tramitación en los tribunales; los juicios son más largos y, producto de modificaciones legales, el stock de causas ha ido creciendo por las nuevas exigencias de tramitación. Hay un aumento sostenido del ingreso de causas, principalmente en los juzgados de familia y del trabajo. El aumento de la población impacta en la demanda por justicia. También inciden leyes promulgadas sin financiamiento: en años anteriores vimos el efecto de la ley de pensión de alimentos. Un segundo, directora. Voy a formalizar la sesión, si se permite. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Siga nomás. En años anteriores habíamos tenido efectos principalmente en el ámbito de familia, como la ley de pensión de alimentos y el monitoreo telemático; este año están afectando más al área penal, como la Fiscalía Supraterritorial y la Reforma Penal Adolescente. Existen, además, crecientes restricciones presupuestarias por la situación económica del país y una falta de actualización en la planta de jueces que, por todos los factores anteriores, hace cada vez más urgente actualizar la planta de los tribunales en las distintas judicaturas. En esta lámina se muestra una comparación entre cómo han crecido los ingresos —en color más destacado— y los stocks, en la parte superior. Como se puede observar, la única materia que presenta una baja en el ingreso es la civil. Para entender el cuadro: de la línea hacia arriba, lo que está en gris corresponde al stock, es decir, la acumulación de causas en los tribunales; hacia abajo se muestra el ingreso de causas, que se va sumando al stock. ¿Están sumando en el millón 214? ¿Cuál es…? En civil. Ah, en civil están… Claro, claro.

En definitiva, las causas se van acumulando producto de la sobrecarga, especialmente en los juzgados civiles, por aquellas que se dejaron de tramitar durante la pandemia. Siguen ingresando nuevas causas y el tribunal no logra terminar, al menos, tantas como ingresan; por lo tanto, se acumulan. Senadora Ebensperger: Gracias, Presidente. Pero no entiendo: a ver, en agosto de 2025, ¿cuántas causas civiles hay? ¿1.214.000? O sea, ¿1.214.000 o 1.800.000 y fracción? ¿Le sumo o no las 656 mil? Presidente: Él es el Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional que ve las estadísticas de ingresos y stock. Permiso. Mario Lara, siéntese, siéntese. Mario Lara: Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, trataré de responder a la pregunta de la senadora. El gráfico es con cortes anuales y pretende mostrar qué sucedía a igual fecha en el período anterior, y en los anteriores, en una evolución de distintos años. Lo que vemos aquí es el ingreso del último año móvil; por esa razón, cuando usted compara ingresos y stock, no cuadra con la cifra de inventario al final del período siguiente, porque resta más de la mitad del año por contabilizar. Considerando la fecha de esta presentación, estimamos pertinente mostrarlo a iguales períodos en años anteriores, para dar cuenta de las diferencias que se generan, aun dejando de lado los efectos estacionales. Por eso se muestra el ingreso de causas a esa determinada fecha —sin perjuicio de que restan meses por generar ingresos— y, luego, el inventario de causas a esa misma fecha, para apreciar el efecto de la tramitación que, en materia civil, se vio particularmente afectada, como señalaba la Directora, no solo por las causas rezagadas de la crisis del COVID, sino también porque es una competencia en la que rige el principio dispositivo y es el impulso procesal de las partes el que mueve la tramitación. Senadora Ebensperger: Mi pregunta es mucho más sencilla. En el 1.214.000 de agosto de 2025, ¿están incluidas las 656 mil, o a ese millón y tanto hay que sumarle las 656 mil? Nada más que eso. —2014, senadora. —Perdón, 2025. Está preguntando por la última columna de los civiles. Mario Lara: A la fecha de agosto, que es la de este informe, las 656.000 causas ingresadas a esa fecha están consideradas dentro de las 1.214.000 causas. Es la misma lectura para todos los gráficos. —Entiendo eso. Entonces, en los otros casos, cuando el inventario es menor al número de ingresos, ¿es porque hay causas terminadas entre medio, me imagino? Mario Lara: Claro, siempre hay causas terminadas. Eso da cuenta de que el tribunal tuvo la capacidad de terminar más causas de las que ingresaron en el período anual inmediatamente anterior. Es decir, por ejemplo, en 2024 ingresaron 1.220.000 causas y el stock era 1.220.000; o sea, se renovó todo o se mantuvo lo mismo: se resolvió un número equivalente de causas. Hay distintas situaciones: pueden producirse acumulaciones de causas o retiros de demanda, situaciones que hacen que una causa que efectivamente ingresó luego no se encuentre dentro del inventario de causas en tramitación. Sigamos. Con el mismo gráfico, en materia civil ha disminuido la cantidad de ingresos y, por lo tanto, es más factible que el stock se mantenga o que el tribunal logre ir poniéndose al día. Pero hay otras jurisdicciones, como ocurre con familia, donde el stock ha ido aumentando porque el ingreso de causas es mayor. Finalmente, eso va generando un aumento de la carga administrativa de los tribunales que tienen esas causas en stock y que no pueden terminar y, por lo tanto, eso afecta.

La carga de trabajo en los juzgados de familia ha aumentado de manera importante, al igual que la cantidad de escritos; lo mismo ocurre en materia laboral, producto de una tramitación más prolongada. Entrando al presupuesto, como aspecto general, éste viene con un inflactor de 3,1%, a excepción del Subtítulo 21, que no lo incorpora. Ello es especialmente relevante para el presupuesto del Poder Judicial por el peso que tiene el gasto en personal en el total. En consecuencia, el no contar con ese 3,1% implica aproximadamente 18.000 millones menos respecto de lo que se habría considerado en años anteriores, cuando el inflactor se aplicaba a todos los subtítulos. Como factor positivo, destaco que la base de cálculo utilizada para el marco presupuestario no incluyó la rebaja inicial aplicada durante 2025; por lo tanto, se partió desde la Ley de Presupuestos original, con los recursos otorgados al Poder Judicial. Desde el punto de vista de los ingresos, se recuperó la estructura normal de financiamiento: para este año se había considerado una participación importante del saldo inicial de caja, lo que se regulariza para el próximo año, volviendo a un porcentaje marginal más similar al de años anteriores. En esa línea, el saldo inicial de caja considerado asciende a 1.000 millones, mientras que este año se habían contemplado 17.000 millones por esa vía, meta difícil de alcanzar. En el Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social, se consigna un monto muy menor, sólo para abrir la línea de gasto, pues actualmente el Poder Judicial está negociando con la DIPRES la prórroga del incentivo al retiro. Aún no hay un monto definido para el próximo año. Otro punto positivo es el aumento importante en el Subtítulo 29 para la renovación de maquinarias y equipos, principalmente en el área informática, donde existía una gran necesidad de reposición. Sin embargo, en ese mismo subtítulo se evidencia la ausencia de recursos para el recambio de vehículos, materia que no ha sido abordada en los últimos años y que está generando problemas operacionales. Considerando la Partida 03 en su conjunto, el presupuesto asciende a 761.000 millones. El 95% del financiamiento proviene de aporte fiscal. En materia de gasto, un 78% corresponde a gasto en personal y un 13% a bienes y servicios. Por capítulos, la distribución es: 75% para el capítulo del Poder Judicial (que considera sólo gasto en personal), 24% para la Corporación Administrativa —donde se concentran el gasto de operación y de inversión— y 0,6% para la Academia Judicial. En montos, la Partida 03 contempla 756.000 millones para el Poder Judicial y la Corporación Administrativa en conjunto, y 4.900 millones para la Academia Judicial. A nivel programático, destaca el crecimiento del Subtítulo 29 en máquinas y equipos y equipos informáticos, con un aumento del 40%. Respecto de la distribución por subtítulos, ésta se encuentra expuesta en el material de apoyo y se detallará en la presentación.

Respecto de algunos déficits o faltas de presupuesto en relación con lo solicitado, creemos que lo más importante para resolver esas situaciones es avanzar con el convenio de desempeño que se ha firmado en años anteriores con el Ministerio de Hacienda y que permite ciertos niveles de flexibilidad presupuestaria para cubrir gastos, sobre todo en el subtítulo 22, donde tenemos el mayor déficit proyectado. Estamos a la espera de que se tramite el convenio de desempeño que se firmará este año y esperamos que tenga vigencia por dos o tres años, a fin de permitir esa flexibilidad. Las siguientes láminas refieren al presupuesto de la Academia Judicial. Presidente, si me permite, cedo la palabra al director de la Academia. Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, haré una exposición breve del presupuesto de la Academia Judicial, que representa el 0,6% del presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto de este año para la Academia Judicial presenta una pequeña disminución, de 2,2%. Sin embargo, esto debe contextualizarse en que el año pasado hubo un aumento del 10%; por tanto, en términos absolutos, pesos más, pesos menos, es aproximadamente lo que solicitamos. En la lámina siguiente, explicaré brevemente dónde están los cambios respecto del año anterior. En la ejecución de este año, el programa de formación —mediante el cual entregamos al Poder Judicial a los futuros integrantes del escalafón primario: los seleccionamos y los formamos— concluyó tres programas de formación; además, iniciamos la ejecución de otros dos y la selección de uno adicional. Fue un año muy intenso, y el aumento presupuestario del año pasado se concentró básicamente en incrementar la “producción” de formación. El próximo año, igualmente concluiremos tres programas, pero en la ejecución iniciaremos la selección de solo dos más. Si comparamos los meses efectivos de clase: este año sumamos 28 meses efectivos entre los distintos programas; el próximo año serán 23. Eso explica que, en definitiva, haya una disminución del 20% del presupuesto en este rubro. Con todo, terminaremos formando la misma cantidad de jueces que este año: 72, según lo programado con los tres programas considerados. Presidente: Deme un segundo, señora Densperger. Para mantener la línea de la exposición, le pido formular sus preguntas al final; esto nos permite avanzar más rápido. —Muy bien, sí. Quisiera, si el director me puede explicar, estos 72 jueces que hicieron el curso este año: ¿cuánto duran? ¿Cuántas horas duran los cursos? Tenemos dos programas. Un programa regular, que es el grueso, para personas recién egresadas, con pocos años de experiencia; ese programa dura 11 meses y fracción. Y, desde hace un tiempo, tenemos un programa especial, orientado a reclutar abogados con más experiencia y, por tanto, con una brecha menor; en consecuencia, podemos hacer un programa más breve, que dura 6 meses. —¿Y cuánto vale cada curso? ¿Por alumno en cada uno de ellos? Cada curso... —Y, finalmente, para no interrumpir más: como Academia, ¿no han pensado en convenios con universidades para, de alguna manera, mejorar, abaratar o aumentar el número de personas capacitadas? El programa de formación es el más estratégico de la Academia Judicial, donde debemos asegurar que todos nuestros alumnos reciban visiones lo más plurales posibles. Efectivamente, se ha planteado la idea de licitar el programa de formación a una universidad; sin embargo, a nosotros y al Consejo Directivo de la Academia no nos ha parecido conveniente, porque sería muy complejo que hubiese un grupo de jueces formados por la Universidad de Chile, otro por la Católica, y así sucesivamente, con perspectivas distintas. La gracia del programa de formación es su carácter integrador: seleccionamos docentes —siempre externos, no contamos con una planta docente propia— de la manera más plural y heterogénea posible, para asegurar que todos los alumnos transiten por todas las visiones correspondientes. Es un programa al que se le ha dedicado muchísimo esfuerzo en su diseño, no es un programa...

No es un posgrado en derecho; es un curso pensado para formar las destrezas y habilidades de un juez. Tiene una fase lectiva relativamente breve, una fase importante de simulaciones muy activa y una fase muy relevante de pasantías en tribunales, que realizan todos. Creemos que es nuestro orgullo institucional y que funciona razonablemente bien. De hecho, si uno observa toda la discusión de los últimos tiempos, con cuestionamientos a veces bastante severos a los procesos de nombramientos judiciales, suele dejarse fuera a la Academia Judicial. Nosotros tenemos un sistema de selección transparente, competitivo y objetivo, y con alumnos bien formados. Los problemas que ha habido no son de la Academia; es más, el proyecto que está hoy en tramitación en su comisión, en alguna medida, toma a la Academia Judicial como un modelo posible. Creo que mañana tendremos que discutir sobre eso mismo. Quisiera dar un par de cifras para contextualizar. A fines de este año habrá 163 egresados de la Academia Judicial sin cargo titular. Esos 163, en este momento, básicamente realizan suplencias en el Poder Judicial a la espera de obtener un cargo titular. El próximo año ingresarán otros 72. En los dos últimos años, el promedio de nombramientos por recambio natural ha sido de 39 jueces anuales. Además, hay un proyecto de nuevos jueces laborales presentado por el Ejecutivo, y pensamos que en 2026 debería producirse el primer nombramiento de los 13 primeros. Si uno suma y resta esas cifras, a fines de 2026 habría 179 egresados sin titularidad; y para 2027, proyectamos una situación similar, en torno a 176. Es decir, estamos en una cantidad razonable. Tampoco podemos generar más egresados: si bien el Poder Judicial siempre necesita más para suplencia, mientras más egresados haya en suplencia, más se demoran en adquirir titularidad y menos atractivo resulta ingresar a la Academia Judicial. Y el cargo de suplencia es precario, porque no asegura trabajo; de hecho, cuando hay restricciones presupuestarias pueden recortarse las suplencias. Por eso nos parece que la cifra a la cual estamos llegando —y que, de hecho, conversamos en su momento con la Corporación Administrativa— satisface razonablemente las necesidades del Poder Judicial, y este ajuste presupuestario, que puede parecer significativo, no debiera afectar ni el funcionamiento de la Academia ni las necesidades del Poder Judicial. En la lámina anterior damos cuenta de lo que sucede con el programa de perfeccionamiento, que es la capacitación continua que impartimos no solo a los miembros del escalafón primario, sino a todos los integrantes del Poder Judicial; nuestros destinatarios son 11.000 personas. Este programa aumenta su presupuesto y ello significa que vamos a hacer más cursos. Buena parte de nuestra oferta hoy es en línea, pero también mantenemos una cifra significativa de cursos presenciales. Creceremos en cobertura por el aumento de destinatarios en el Poder Judicial, por nuevas legislaciones —especialmente en materia de familia; ha sido intensa la dictación de nuevas leyes y, a modo de ejemplo, una nueva ley de adopción tendrá un impacto importante— y por las capacitaciones obligatorias que estamos impartiendo. Finalmente, en los otros rubros de nuestro presupuesto: en habilitación —los cursos para formar a los futuros ministros o ministras de Cortes de Apelaciones o fiscales judiciales— mantendremos la ejecución actual, con un curso al año, que es suficiente. El programa de perfeccionamiento extraordinario —básicamente las actividades de extensión que realizamos, incluso abiertas hacia la comunidad legal completa— mantendrá el mismo volumen. Y, en los gastos más bien institucionales, personal se mantiene igual; bienes y servicios, igualmente.

En fin, esa es sucintamente la explicación, señor Presidente, del presupuesto de la Academia Judicial. Muchas gracias. Yo tengo una sola consulta. Algo lo explicó, pero, en el fondo, aquí lo que están haciendo ustedes es disminuyendo dentro de la asignación de recursos. Otra discusión es el -0,8: si debíamos haberlo calculado sobre el presupuesto real o el presupuesto original. Pero eso tiene más que ver con parámetros generales. Yo veo que aquí disminuyeron los recursos para formación y los aumentaron casi en la misma proporción para perfeccionamiento. Ese es el eje diferenciador del presupuesto, ¿cierto? Así es, señor Presidente. Senador Núñez: Presidente, yo en esta Subcomisión me estoy estrenando; no tenía la experiencia de participar en esta discusión, así que saludo a quienes nos acompañan. Solo quería destacar lo que señaló el director de la Academia Judicial, que me parece muy relevante: la necesidad de asegurar la pluralidad en la formación de los futuros jueces. Pluralidad en todo sentido, político, ideológico, cultural, desde la dimensión que se quiera. Creo que es uno de los valores clave para confiar en la justicia. Ahí está la solidez institucional del país. Pueden fallar muchas instituciones, pero si falla el Poder Judicial, la situación es mucho más compleja. Lo digo autocríticamente, porque el Parlamento no está bien evaluado por la ciudadanía; nosotros debemos hacer mejor la pega. En ese contexto, tener jueces imparciales, con una mirada pluralista, que no se inclinen hacia una u otra tendencia, es fundamental. Felicitarlos porque se plantean ese objetivo como Academia: que sean buenos jueces, imparciales, ante todo. Presidente: Sigamos. Mire, yo creo que el tema es bien relevante, porque en Chile existen universidades privadas, lo que es válido. Algunas tienen carácter confesional, otras adscriben a determinadas formaciones políticas o ideológicas. Entonces surge la legítima inquietud de si una universidad privada puede entregar el mismo pluralismo que otras, ya sean tradicionales, públicas o estatales. Es un debate muy pertinente; por eso me pareció correcta la alusión a cómo aseguran ustedes la pluralidad. Podemos discutir cuál es la más idónea o no, pero, como sabemos que hay universidades que son confesionales, no es irrelevante el tema. Senadora: Presidente, yo hice la consulta sobre las universidades porque me parece que podría funcionar mucho mejor y eso no las va a volver más o menos plurales, porque el director lo dijo muy claro: ellos tienen claramente definido el programa de formación y de perfeccionamiento; no es que van a licitar cualquier cosa, van a licitar lo que necesiten. Obviamente, a lo mejor no es entregar todo, pero sí se podría avanzar. Porque también se dijo: tenemos más o menos satisfecha la demanda del Poder Judicial; más o menos satisfecha, no satisfecha. Y, a lo mejor, con estos convenios que podrían indagarse —que no tienen por qué poner en riesgo la pluralidad si se hacen en conjunto—, y dado que el curso que ustedes quieren licitar está, como usted lo señaló, expresamente detallado, se puede mejorar. Gracias, Presidente. Es como hacer las cosas más eficientemente. Está bien. Presidente, sigamos entonces con el capítulo que corresponde ahora. La partida del Poder Judicial y la Corporación Administrativa, ¿eso va? Sí. Vamos a ver ahora en detalle el presupuesto del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. Acá está el resumen de la información que revisaremos en detalle. La siguiente lámina presenta cada una de las partidas. Y en esta lámina se destaca el comparado entre lo que se entregó en el marco comunicado y el presupuesto total para operar.

...judicial y lo que considera el proyecto de ley que estamos ahora revisando. En la última columna están las diferencias. En términos globales, el monto asignado representa el 93% de las solicitudes que hizo el Poder Judicial para operar durante 2026. Las principales diferencias porcentuales se generan en el subtítulo 22, Bienes y Servicios, donde hay una brecha de poco más del 8,7% entre lo solicitado para operar y lo efectivamente otorgado. Más adelante veremos el detalle de los efectos que ello tiene para la operación del Poder Judicial. La otra diferencia está en el subtítulo 23, pero ya expliqué que obedece a la tramitación de la prórroga del incentivo al retiro. En cuanto a los incrementos, el mayor se observa en el subtítulo 29, ítem 06, referido a equipos informáticos. Entrando a cada subtítulo con mayor detalle: en el subtítulo 21 se entregó el 97,9% de lo solicitado. En el cuadro que está abajo se muestran los proyectos priorizados por el Poder Judicial y los que efectivamente se financiaron. El proyecto de internalización de los desarrollos informáticos solicitaba 3.000 millones y no se asignan. Se trata de una transferencia de recursos desde el subtítulo 22, producto de la internalización de esos desarrolladores. Por ello, es importante pedir a la Dirección de Presupuestos que revise esta situación. Otros proyectos no financiados: la Secretaría Técnica de la Infancia y la Adolescencia, que se ha solicitado reiteradamente para crear en la Corte Suprema una Secretaría Técnica especializada, no se financia para el próximo año. También se habían pedido apoyos para la implementación de la Ley de Compras, que entró en vigencia en diciembre del año pasado y desde entonces es obligatoria para el Poder Judicial, generando sobrecargas. De lo solicitado, se entregaron poco menos de 150 millones, lo que ayuda a enfrentar esa mayor carga de trabajo. Respecto del apoyo para juzgados de familia, producto de la Ley de Pensiones de Alimentos, se entregó el equivalente a seis meses de los apoyos requeridos, lo que, al parecer, podremos financiar de esa manera. En el fortalecimiento de la Contraloría, proyecto muy importante para el Consejo Superior de la Corporación, se pedían 150 millones para dotar de abogados para el apoyo de control legal y ello no fue financiado. Respecto del gasto vegetativo, sí se están entregando todos los montos requeridos por aumento de la Asignación de Antigüedad y de la Asignación Profesional. Nos preocupa, asimismo, el último punto no financiado: 4.000 millones que derivan del aumento de la tasa con cargo a la cotización del empleador, parte de la reforma previsional. Aquí está el detalle de esas dos líneas de gasto que generan mayor preocupación. Respecto de la cotización adicional del empleador, el Poder Judicial es una institución de más de 14.000 funcionarios y, por lo tanto, el incremento de la tasa del 1% que considera la reforma, de manera gradual desde agosto de este año y con un 1% adicional en agosto del próximo, genera un aumento importante del gasto en personal. Eso se estima en 4.300 millones que no están siendo financiados; por tanto, es parte de lo que debemos cubrir durante la ejecución de 2026, por tratarse de una obligación legal que no se puede dejar de pagar. ¿Hay algún convenio con Hacienda? Porque en alguna institución...

Esto va con cargo al presupuesto del Poder Judicial. En el caso de la internalización de los sistemas informáticos, que es el otro proyecto que nos genera preocupación, el costo es equivalente a 3.000 millones. Hasta septiembre de este año, estos desarrollos estaban externalizados a una empresa que prestaba el servicio de desarrollo informático de la gran mayoría de los sistemas del Poder Judicial: sistemas de tramitación de la Corte Suprema, de juzgados civiles, de familia, laborales, la Oficina Judicial Virtual, entre otros. Al terminar el contrato y efectuarse una nueva licitación, las ofertas incrementaron sus costos entre un 46% y un 65% respecto de lo que se estaba pagando. Por lo tanto, se optó por internalizar esos servicios mediante la contratación de desarrolladores y, para ello, se solicitó el traspaso de los recursos asignados en el subtítulo 22 al subtítulo 21. Esto no está reflejado para 2026, como aquí se indica. Es un tema que debemos resolver, porque ya tenemos contratada gran parte del personal; el proyecto partía este año y ya no contamos con contrato vigente con la empresa desarrolladora. — ¿Desarrollar sistemas para qué efecto? ¿Sistemas internos? Son sistemas de tramitación judicial: todo lo que utilizan los tribunales para tramitar las causas y la Oficina Judicial Virtual, donde se ingresan las causas y se realiza el trabajo con los abogados que ahí tramitan. Son sistemas muy importantes, y aquí se muestra la cantidad de usuarios que tienen: 13.200 usuarios internos —jueces, funcionarios y consejeros técnicos—, y la Oficina Judicial Virtual recibe del orden de 4.900.000 accesos. Por lo tanto, son de gran relevancia para el funcionamiento del Poder Judicial y para los usuarios que tramitan sus causas a través de estos sistemas. La Oficina Judicial Virtual ha recibido más de 12 millones de escritos durante este año y 1.700.000 causas. No son sistemas administrativos de la Corporación. En el subtítulo 21 tenemos también un proyecto extrapresupuestario, financiado con fondos del Tesoro Público, denominado “causas rezagadas”. Inicialmente tenía el apellido “del COVID”, producto de las leyes dictadas por la pandemia. Pero, como ya ha transcurrido un tiempo y no se ha logrado resolver el problema de las causas rezagadas —por el aumento de ingresos y la mayor complejidad de los asuntos—, el Ministerio de Hacienda ha mantenido este proyecto para el año 2026, con un monto similar al de este año, equivalente a 17.900 millones. — ¿Para que una causa sea declarada rezagada, cuánto tiempo necesita estar en tramitación? Presidente, muchas gracias. Respecto de las Cortes de Apelaciones, el Código Orgánico de Tribunales establece un indicador: cuando la relación entre ingresos y términos de causas supera el 100, se entiende que la sala se encuentra rezagada. Ese umbral permite, en ocasiones, autorizar apoyos extraordinarios a las Cortes de Apelaciones. En el caso de los tribunales de primera instancia, esa relación no existe. Sí hay tiempos promedios de tramitación: por ejemplo, cuando se inició la reforma laboral en nuestro país, la duración promedio de un juicio era cercana a 90 días; hoy los plazos de agendamiento de los tribunales laborales están cercanos a un año, lo que da cuenta de la carga de trabajo que esos tribunales tienen.