Cámara de Diputados - Familia - 29 de septiembre de 2025

En esta sesión de la Comisión de Familia, del lunes 29 de septiembre, el acta de la sesión 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 106 se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados. El secretario dará lectura a la Cuenta. Buenas tardes, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para el día de hoy: 1) Invitación del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales (CIBES), de la plataforma Observa: El Derecho a Vivir en Familia, y de la Universidad Alberto Hurtado, a la presentación en Chile del libro “Protección social a la infancia en Chile: propuesta para transformar una larga crisis en una oportunidad de mejora efectiva”, obra de académicos, investigadores y expertos de España y Chile. Intervendrán el señor Anuar Quesille Vera, Defensor de la Niñez de Chile, y el señor René Solís Obando, director de la obra. Esta actividad se efectuará el viernes 10 de octubre del presente año, a las 11:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, en la comuna de Santiago. 2) Solicitud de los representantes de la Asociación de Nuevas Familias Chile, señora Nicole Morandé, mediante la cual requiere entregar antecedentes relevantes para la discusión de los distintos proyectos que se encuentran en el Congreso Nacional respecto de la gestación subrogada. 3) Solicitud de la Secretaría General de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADA), señora Carmen Velásquez, para exponer ante la Comisión sobre la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas. Asimismo, se recibió la solicitud de la diputada señora Carolina Tello para que esta Comisión invite a la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, en concordancia con la petición antes mencionada. 4) Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la argumentación a favor de la abolición de la esclavitud de africanos en Chile. 5) Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la legislación de infancia, 1989-2025, que contiene tratados internacionales y legislación nacional. 6) Invitación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Serna, a participar de la ceremonia de inauguración del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad, Computación Cuántica y su Impacto en el Ecosistema Digital. Esta actividad se llevará a efecto el miércoles 8 de octubre del presente año, a las 8:45 horas, en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales. Finalmente, en materia de reemplazos: se informa que uno quedó sin efecto por encontrarse presente el diputado titular. Dicho reemplazo era del diputado señor Miguel Ángel Calisto por el diputado señor Jorge Saffirio. Asimismo, se registra el reemplazo de la diputada señora Yovana Ahumada por la diputada señora Francesca Muñoz. Eso sería, presidente.

Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. ¿Nadie? Entonces, entraremos de lleno al tema de fondo de esta comisión, para lo cual damos la bienvenida a todas y todos nuestros invitados. Esta comisión, hace un tiempo, se propuso la tarea de recibir a distintos actores en materia de niñez. Hemos escuchado, por cierto, a la Defensoría, la Subsecretaría y el Servicio de Protección; y fuimos ampliando la convocatoria a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio Nacional de Migraciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, y a sindicatos de los servicios de protección y de las OCAS. Creo que, por sugerencia del director del Servicio de Protección Especializada, se nos planteó el trabajo que se estaba realizando en particular con ustedes, quienes, no como miembros de una comisión formal, sino atendiendo a un llamado, concurrieron a entregar ciertas visiones respecto, especialmente, de las familias de acogida —cambio que se está impulsando con urgencia— y también sobre la prevención respecto de adolescentes o preadolescentes inimputables, tema que hoy cobra especial relevancia porque a muchos de ellos se les está utilizando como escudo por parte del crimen organizado. No solo queremos evitarlo, sino que contrarrestarlo. Por ello, partiremos con la prevención respecto de inimputables. Nos acompañan Gail McLean, de la Fundación Paz Ciudadana, y Carolina Báez, consultora internacional en temas de justicia y prevención de la violencia, quienes representan a un grupo amplio que participó en instancias de conversación con el Servicio de Protección sobre este asunto. Tendrán un espacio de exposición breve; la idea es que este bloque dure cerca de media hora, para luego continuar con familias de acogida y, eventualmente, abrir un breve espacio común, porque seguramente hay temas que se entrelazan. Tiene la palabra. ¿Cómo? Sí, toda suya. Por favor, el micrófono. Partimos con la señora McLean; luego intervendrá la señora Báez. Honorable comisión, muchas gracias por esta invitación. El objetivo de nuestra presencia es dar cuenta del trabajo realizado por un grupo especializado para el diseño de un programa cuyo propósito central es prevenir la reincidencia de jóvenes menores de 14 años en conflicto con la ley penal. Este trabajo fue desarrollado por académicos de distintas instituciones del país, con trayectoria previa en niñez y adolescencia, y con un enfoque que quisiéramos destacar por ser eminentemente preventivo. Uno de los principales consensos alcanzados entre los distintos actores —con la participación, además, de investigadores internacionales, como Sara Valdebenito, de la Universidad de Cambridge, especialista en el análisis de factores de riesgo de ingreso a trayectorias delictivas— es que el sistema de justicia penal resulta altamente iatrogénico para abordar y trabajar con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Por lo tanto, las políticas públicas efectivas para interrumpir estas trayectorias delictivas y de vida problemática deben provenir, principalmente, del fortalecimiento de plataformas como educación, salud y dispositivos comunitarios en barrios particularmente vulnerables. Ese fue uno de los acuerdos centrales de la mesa de trabajo y lo que guió el desarrollo de nuestra propuesta.

La división de las líneas de investigación, análisis e insumos que nos solicitó generar el Servicio de Protección Especializada de la Niñez tuvo por objetivo contar con aportes de este grupo de académicos, para que posteriormente su equipo de diseño programático elaborara una oferta preventiva, ojalá basada en evidencia, sobre la base de la información que le proporcionábamos. Separamos el trabajo según los principales factores de riesgo que señala la literatura sobre trayectorias vitales en niñas, niños y adolescentes, que operan como propulsores de vidas problemáticas. Entre estas vidas y conductas múltiples problemáticas se encuentra la comisión de delitos. Los grupos se organizaron principalmente para abordar factores de riesgo comunitarios: cómo los barrios, sus vulnerabilidades y los riesgos presentes en esos espacios pueden gatillar y propulsar ingresos a trayectorias delictivas. Lo mismo respecto del sistema escolar, especialmente considerando el escenario chileno pospandemia, donde enfrentamos un problema relevante de exclusión escolar y ausentismo grave. Fue, por tanto, foco de atención especializada cómo fortalecer el trabajo y los sistemas de alerta temprana para recuperar a esos jóvenes que estamos perdiendo y que presentan inasistencia grave en el sistema escolar, entendiendo que los colegios, particularmente en barrios vulnerables, desempeñan un rol protector fundamental. El foco no solo fue identificar los factores de riesgo relevantes en el ingreso a trayectorias delictivas, sino también los factores protectores presentes en nuestros municipios, establecimientos escolares y en el sistema de salud, que podemos potenciar para interrumpir estas trayectorias de vida problemáticas. Hubo asimismo un foco especial y un análisis más profundo para comprender los factores de riesgo y los escenarios complejos que están enfrentando niñas, niños y adolescentes, que hoy pueden estar operando como propulsores de vidas problemáticas. También nos centramos en factores familiares. Hoy, según información de la Subsecretaría de la Niñez, enfrentamos un problema relevante de muertes tempranas y violencia letal que afecta particularmente a niñas y niños. Identificamos dos grupos en que los aumentos de los últimos años han sido especialmente relevantes: uno de 0 a 5 años, donde ha habido un aumento, y otro de adolescentes que están involucrados, ya sea como víctimas o como infractores, y que mueren en estos hechos de violencia. Por lo tanto, también pusimos un foco relevante en identificar los espacios de apoyo a las familias que concentran factores de riesgo, para poder abordarlos. Estos insumos fueron entregados hace un par de meses al equipo, por parte de las distintas instituciones, mediante minutas que identifican cuáles son y cómo operan los factores de riesgo, así como la evidencia existente en la experiencia comparada sobre programas efectivos que cuentan con evaluaciones de impacto robustas para disminuir estas trayectorias de vida problemáticas en cada uno de estos subgrupos de trabajo. A partir de estos insumos, el equipo del Servicio de Protección Especializada está elaborando una propuesta de trabajo. Reiteraría y destacaría que uno de los principales consensos entre los participantes fue la necesidad de fortalecer principalmente plataformas de educación, salud y comunitarias que sean eminentemente preventivas. Hubo un consenso amplio respecto de los efectos iatrogénicos que tiene el sistema de justicia penal para enfrentar esta problemática; por ello, el sistema de justicia penal no fue objeto de recomendaciones para estos efectos. Y un tercer punto: no solo necesitábamos interrumpir y disminuir la reincidencia de jóvenes que ya están en conflicto con la ley penal, sino que el sistema debe ser mucho más ambicioso y avanzar a su...

Se propone un sistema de alerta temprana que permita identificar a niños que concentren factores de riesgo, de modo que, desde estas plataformas, sean abordados tempranamente y así evitar no solo la reincidencia, sino también que se cometan las primeras infracciones. Deseo destacar el consenso que existió en esta mesa de trabajo respecto de qué plataformas hay que fortalecer y qué tipo de políticas públicas deben impulsarse para abordar el problema, así como las estrategias que deben implementarse para enfrentar de manera efectiva el contacto de estos jóvenes con el sistema de justicia penal. El segundo elemento es la necesidad de no solo generar un programa que prevenga la reincidencia —prevención secundaria, es decir, trabajo con jóvenes que ya han entrado en conflicto con la ley penal—, sino avanzar hacia un sistema de alerta temprana que nos permita identificar a familias y jóvenes que eventualmente concentren factores de riesgo y que, en ausencia de factores protectores, hagan prever su posible ingreso en conflicto con la ley penal. La literatura es contundente: se trata de un grupo de jóvenes y familias generalmente muy abordable por la política pública, y es desplegando oferta programática desde salud y desde educación donde se pueden generar los impactos más relevantes en prevención. La violencia y el delito son fenómenos altamente complejos, pero es posible evitarlos. La literatura criminológica y la experiencia comparada muestran que una parte importante de los programas realmente efectivos para prevenir la violencia y el delito se implementan desde plataformas de carácter comunitario. El tercer elemento: el producto final será entregado dentro de los próximos meses por el servicio y nuevamente presentado a este grupo de trabajo para continuar la última etapa de observaciones. Prosigue posteriormente la señora Carolina Báez y, luego, don Arturo Celedón. Se abre la ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta respecto de lo expuesto desde el punto de vista de la Fundación MacLean, de Justicia y Prevención, y de la Fundación Paz Ciudadana? Yo solo quisiera acotar: en ese resumen que harán llegar, me parece muy interesante conocer cuáles son los factores protectores y cuál es, finalmente, la secuencia que ustedes tienen para observar esos factores protectores. Absolutamente, diputado. Podemos compartir la minuta que se hizo llegar en su oportunidad a la mesa de trabajo, la cual contiene un apartado del marco teórico —los insumos teóricos para avanzar en el desarrollo de esta política pública—, un levantamiento de los factores de riesgo identificados en los estudios longitudinales de la experiencia comparada y, luego, una propuesta de la oferta programática que requiere ser desarrollada para abordar de manera efectiva estos factores de riesgo. Sí, diputada. Solo no quisiera dejar pasar la oportunidad de saludarles y de reconocer el trabajo que llevan adelante. Esto me remonta a un proyecto que discutimos hace poco relativo a rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente. Yo lo siento mucho,

Puesto que lo expresé en su momento en una intervención, queda claro con la exposición de ustedes. Yo conozco su trabajo de antes; por eso no alcancé a escucharla completa, pero entiendo lo relativo a los factores de riesgo y a las medidas que el Estado debería implementar para prevenir el delito en la adolescencia e incluso en la niñez. En ese sentido, diré algo evidente: la falta de oportunidades termina generando un contexto en el cual los jóvenes están más expuestos a cometer delitos. Es relevante que, como legisladores, tengamos muy presentes cuáles son esos factores para seguir trabajando en la legislación y, por cierto, desde el gobierno que esté, en disminuir las brechas sociales. Veía el otro día una cifra importante —lo abordamos en una sesión—: la relación entre los jóvenes que pasaron por centros de cuidado del Estado y que hoy se encuentran reclusos alcanza un 48%. Es brutal. De ahí proviene esto que se conversa tanto en la sociedad, que la cárcel es para los pobres, entre otras cosas. Es aún más trágico cuando constatamos que el resultado de una sociedad con falta de oportunidades se traduce en que niños y niñas, que quizá tienen las mismas capacidades que quienes viven en barrios más acomodados y con mejores oportunidades —bien por esos niños que las tienen—, no cuenten con condiciones básicas garantizadas para que sus familias puedan criarlos y para que ellos puedan desenvolverse y desarrollarse con todas sus capacidades. Valoro la invitación a esta discusión, presidente, porque es importante poner todo en contexto. No podemos hablar en una mesa aislada de lo que ha fallado el Estado respecto de la vulneración de derechos sin vincularlo con un tema tan contingente como la crisis de seguridad. Muchas veces se habla de niños y jóvenes como si fueran demonios, como si hubieran nacido con un “gen delictivo”, cuando lo cierto es que las condiciones sociales marcan la diferencia. Si no trabajamos en paralelo en la reinserción y en la disminución de las brechas, es imposible terminar con la vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia y, a largo plazo, con los resultados que todos conocemos: terminar cometiendo delitos y quedando condenados para siempre a la cárcel. Quiero terminar con un caso emblemático: el mal llamado “Cisarro”, un niño que empezó a delinquir a los ocho años y que, tengo entendido, siguió privado de libertad. ¿De qué forma le fallamos? Después es muy fácil hablar de delincuencia, pero no siempre somos capaces de trabajar para disminuir esa brecha y esa falta de oportunidades. Valoro mucho el trabajo que hacen al hacerse presentes aquí, porque no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Hay que darse el trabajo de abordarlos integralmente. Muchas gracias. Gracias, diputada. También, tomando en consideración que en conversaciones anteriores de esta comisión se han logrado ciertos acuerdos respecto de lo que viene en la discusión de la Ley de Presupuestos —si mal no recuerdan los diputados y diputadas presentes—, al menos en el ámbito de los ex participantes del SENAME, hoy Servicio Mejor Niñez, ha habido peticiones concretas. Y tiene que ver con esto: con los ámbitos de prevención. Hay una seria discusión en nuestra patria acerca de la delincuencia y su abordaje, y la prevención, al igual que la lucha frontal contra la delincuencia, es un ámbito insustituible. Le damos las gracias. Pasamos entonces a la consultora internacional en temas de justicia y prevención de la violencia, la señora Carolina Báez. ¿Está presente, verdad? —Sí. —Gracias. ¿Aló, me escuchan? —Sí, le escuchamos. —Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Trataré de complementar lo que dijo Gail, más que repetir. Somos parte de la misma comisión y preparamos un pequeño resumen de algunos hallazgos y temas que se conversaron en esta instancia, que también, obviamente, resumió muy bien Gail. Respecto del diagnóstico, no voy a mencionar los datos estadísticos. Estamos hablando del diagnóstico de adolescentes menores de 14 años que se han encontrado…

En situaciones de transgresión a la norma que han llegado al Servicio de Protección Especializada, o que se han detectado dentro de este, cabe mencionar en primer lugar que realizar ese diagnóstico hoy es bastante difícil, porque la mayoría de los casos ingresa por tribunales vía medida de protección. Ello es adecuado en la medida en que estos niños y adolescentes han sido vulnerados en sus derechos por distintas razones: han sido víctimas de maltrato, abusos, etcétera, y por esa causa ingresan al servicio. Dentro del mismo servicio se detecta, además, que presentan otro tipo de conductas que, en muchos casos, son consecuencia de estas historias de vulneración y de factores de riesgo asociados. Es importante destacar que un porcentaje significativo de los adolescentes detectados en el diagnóstico previo realizado por el servicio presentaba indicadores, o una condición de ingreso, de abuso sexual. No es menor, porque en la comprensión colectiva suele establecerse una segregación entre infractor y vulnerado, o entre niño y adolescente víctima y niño y adolescente agresor. Lo que encontramos en la realidad es que la mayoría, especialmente a edades muy tempranas —como en los menores de 14 años—, acumula múltiples situaciones de victimización. Por lo tanto, no podemos centrarnos únicamente en la trayectoria delictiva; debemos también evaluar y valorar las necesidades que presentan en el ámbito de la protección. De acuerdo con cifras recientes entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, las tasas de adolescentes menores de 18 años que transgreden la norma se han mantenido relativamente estables entre 2023 y 2024. Sin embargo, al revisar estas estadísticas se observa que la proporción de menores de 14 años, en comparación con los mayores de esa edad, es muy baja. Esto es relevante por varias razones. Primero, contribuye a desestigmatizar la idea de un alto involucramiento de menores de 14 años en el delito. Si bien es una población que debe ser abordada, su magnitud es acotada y, como señaló Gail, muy abordable desde la política pública. Una inversión preventiva a esta edad podría ahorrar importantes costos de recursos públicos en los años siguientes, dado que los costos de la política preventiva en estas etapas son mucho más bajos que los de la respuesta penal cuando esos jóvenes van creciendo. En el diagnóstico de la población identificamos, además de experiencias de victimización y vulneración, problemáticas de salud mental no tratadas, consumo problemático de sustancias, exclusión escolar temprana, y déficits en habilidades socioemocionales y de regulación emocional derivados de esas mismas experiencias. Asimismo, constatamos dificultades para asegurar apoyo familiar o de referentes adultos, puesto que éstos muchas veces carecen de competencias suficientes para contenerlos. Desde una perspectiva evolutiva, es indiscutible que un adolescente de 14 años, o menor, requiere del apoyo de un adulto significativo; por ende, las respuestas y políticas deben considerar la activación de mayores recursos en personas adultas —familia nuclear o extensa— que acompañen los procesos de intervención. Finalmente, y aunque no lo abordamos en profundidad, hoy resulta especialmente relevante el reclutamiento de adolescentes a temprana edad por parte del crimen organizado, en distintos niveles de complejidad. En el país se observan diversas formas de reclutamiento: a través de redes sociales, en la misma comunidad y, en no pocos casos, donde el crimen organizado ofrece respuestas en el territorio ante la ausencia de recursos e instituciones activas en esos espacios.

...comunitarios más vulnerables, o en los cuales incluso no ingresan muchos actores institucionales por temor al nivel de delito que existe en la comunidad. Algunas conclusiones relevantes sobre el concepto de trayectoria temprana de transgresión a la norma: hablamos de políticas de prevención, pero también de interrumpir trayectorias tempranas de transgresión en adolescentes, entendiendo que no todas las trayectorias son iguales. Que un adolescente, menor o mayor de 14 años, cometa una transgresión a la norma no implica la misma gravedad ni que vaya a persistir en esa conducta hasta la adultez. Las trayectorias son diversas y, por eso, como decía Gail, es muy importante establecer evaluaciones que permitan diferenciar el nivel de riesgo de esas trayectorias y dar una respuesta adecuada. La naturaleza y la intensidad de la respuesta deben depender del nivel de riesgo, y para ello existen procedimientos y metodologías. Chile es, de hecho, uno de los países de la región que cuenta con numerosos estudios e instrumentos que pueden sustentar este tipo de políticas. Otro tema importante: el inicio temprano sí es un factor que puede predecir mayor riesgo de persistencia en los adolescentes. Por lo tanto, si bien no se trata de estigmatizar a los menores de 14 años que cometen una transgresión, sí es fundamental contar con una respuesta preventiva especializada que atienda estas necesidades y que pueda detener tempranamente posibles trayectorias de mayor riesgo hacia la adultez, porque quienes inician temprano son más vulnerables a mantener la conducta por ese solo hecho. De una fuente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con base en datos policiales, se desprende que, entre los jóvenes con trayectorias graves —que pueden culminar en homicidio o en que ellos mismos sean víctimas de homicidio—, hoy las trayectorias se muestran más cortas e intensas que antes. Es decir, hay una evolución más rápida, lo que exige respuestas oportunas. Asimismo, cuando estas trayectorias se inician más tempranamente, aumenta el riesgo de involucramiento en situaciones de mayor violencia. Y, como señalaba muy bien Gail, han aumentado recientemente las cifras de muertes de niños, niñas y adolescentes, incluidas aquellas ocurridas en contextos de participación en actividades delictuales. Por lo tanto, el riesgo no es solo desde ellos hacia los demás; estos adolescentes también enfrentan un alto riesgo vital al involucrarse en este tipo de actividades. ¿Qué recomendaciones consideramos relevantes para la intervención? Gail mencionó varias. En primer lugar, coincidimos en que la respuesta del sistema de justicia penal para menores de 14 años no muestra evidencia científica de efectos preventivos. Por otro lado, la privación de libertad, si bien durante ese periodo impide la comisión de delitos en el exterior, a mediano y largo plazo incrementa el riesgo delictual: las personas privadas de libertad tienden a mantener o aumentar la conducta delictiva, conforme a la evidencia nacional e internacional. En consecuencia, se requiere evaluación de riesgo e intervención diferenciada. Por ejemplo, cuando niños, niñas y adolescentes presentan, según la evaluación de factores de riesgo, un bajo riesgo, si los incorporamos a una intervención especializada para adolescentes con trayectorias delictuales, podemos aumentar su riesgo por contaminación criminógena con otros jóvenes, por el estigma social, por retirarlos de sus actividades evolutivas normales y por fomentar en ellos una identidad en un rol delictivo o transgresor.

Carolina: Es un período de la vida que es bastante crucial. La respuesta tiene que ser integral, intersectorial y, como les mencioné anteriormente, lo que funciona más son aquellos programas que están instalados en la comunidad. ¿Nos vamos a encontrar con adolescentes con este tipo de conductas en residencias también? Sí, los vamos a encontrar. ¿Requiere que esos equipos de residencias tengan habilidades, herramientas y una metodología específica para trabajar con ellos? Sí, lo requiere. Pero lo que es importante considerar profundamente es que generar residencias específicas como respuesta a la transgresión a la norma en adolescentes no ha demostrado que funcione en ninguna parte, especialmente como primera respuesta. Finalmente, el tema del uso de prácticas basadas en evidencia. ¿En qué nos aportan principalmente las prácticas basadas en evidencia? Nos ayudan a identificar qué funciona y qué no funciona. Lo que logramos hacer con este equipo de asesores fue sistematizar aquellas prácticas que van a ser más efectivas para abordar factores de riesgo a nivel individual, familiar, escolar y comunitario. Las prácticas más efectivas se caracterizan por ser estructuradas, estar manualizadas y, además, ser modelos que, desde su diseño, son evaluables. La idea principal es transmitir que, para que un programa sea efectivo, tiene que evaluarse. Debe ser una política pública diseñada con un marco lógico claro que aborde estos factores que revisamos, que lo haga con metodologías probadas por la evidencia y que, además, cuente con métodos de monitoreo y de evaluación de esa política. Para eso es central, obviamente, planificar bien, presupuestariamente, qué se necesita, cuánto se necesita y cuáles son las condiciones más idóneas para implementar este tipo de programas y políticas, que nos han demostrado que funcionan bastante bien. Tenemos buenas experiencias en Chile de programas basados en evidencia, pero deben implementarse con rigurosidad y con sistemas de evaluación adecuados. Aquí voy a quedar para no extenderme demasiado. Muchas gracias. El Presidente: Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien desea formular preguntas sobre este tema? Luego pasaremos a otro punto. Un diputado: Gracias, presidente. Valoro su exposición; creo que de a poco vamos todos aprendiendo un poquito más. Quería preguntar: usted dijo que funcionaban mejor los programas comunitarios. ¿Qué tipo de programas son? ¿Son intervenciones, talleres? Pregunto desde la mediana ignorancia. Carolina: Muchas gracias por la pregunta. Programas comunitarios se refiere a programas en la comunidad, más que en residencias o en centros privativos de libertad. Todo lo que se instala en la comunidad y fortalece a aquellas comunidades más vulnerables es más efectivo, porque se trabaja donde el adolescente debe insertarse. No existe la posibilidad de sacar a cada joven de su barrio vulnerable y ponerlo en otro lugar; entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en esos barrios, con esos recursos, activando más recursos y generando una respuesta en ese lugar. ¿Y qué tipo de actividades? Hay programas basados en la intervención grupal; por ejemplo, programas escolares, como decía Gail, que también pueden ser grupales o incluso individuales. Hay programas familiares; por ejemplo, el Programa Lazos, que trabaja yendo a la comunidad a asistir a las familias, porque está ampliamente comprobado que la accesibilidad de la intervención es crucial para que funcione. Y también hay otras iniciativas basadas en la comunidad, como la detección de casos de adolescentes o jóvenes que llegan heridos por riñas o por situaciones violentas a los hospitales, donde existe la posibilidad de detectar tempranamente un caso e iniciar una respuesta de intervención en ese mismo espacio comunitario para poder vincularlos de inmediato a la intervención.