En nombre de Dios de la Paz, abrimos la sesión.
Secretario.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la cuenta se han recibido cinco mensajes de su excelencia el presidente de la República. Con el primero, hace presente la urgencia calificando la discusión inmediata respecto al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Con el segundo, retira y hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata en relación con el proyecto de ley que modifica la ley...
Número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Boletín 15.940-25 y 15.984-06. Con el tercero, hace presente la urgencia calificándola de suma respecto al proyecto de ley que establece una bonificación por retiro anticipado a los funcionarios pertenecientes a la planta 2 de suboficiales y gendarmes de Gendarmería de Chile. Boletín 17.642-05. Con los dos últimos, retira y hace presente la urgencia en relación a las iniciativas legales que indica. Uno, la que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Boletín 16.846-13. Y el proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica, correspondiente al boletín 17.003-11.
Se toma conocimiento de los retiros de las calificaciones y se manda a agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios del Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante el cual remite sentencia dictada en el proceso rol 16.644-25 CPR sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, correspondiente a boletín 12.092-07. Se toma conocimiento.
También del Excelentísimo Tribunal Constitucional comunica resoluciones dictadas en los procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales que indica. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento.
También el Excelentísimo Tribunal Constitucional remite copias de sentencias pronunciadas y los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los preceptos legales que señala. Se manda a archivar los documentos.
También se han recibido 25 comunicaciones y oficios que responden a igual cantidad de consultas efectuadas por las señoras y señores senadores. Se toma conocimiento que han quedado a disposición de sus señorías.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recae en el proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede la nacionalidad por gracia al ciudadano de origen nicaragüense, señor Félix Madariaga Blandón. Boletín 17.651-17. Queda para tabla.
Mociones de los honorables senadores señor Keitel y senadoras señoras Carvajal y Sepúlveda, y senador señor Saavedra, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aumentar el plazo del fuero laboral en el caso del fallecimiento de un hijo o del cónyuge o conviviente civil de un trabajador. Correspondiente a boletín 17.833-13. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los honorables senadores señora Evans Berger y señor Sangüesa, con el que inician un proyecto de ley que regula los aspectos que indica del funcionamiento de las escuelas especiales de lenguaje. Correspondiente a boletín 17.834-04. Pasa a la Comisión de Educación.
De los honorables senadores señor Velázquez y senadora señora Sepúlveda, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley del tránsito en materia de decomiso de mercaderías y de subasta de vehículos retirados de circulación. Pasa a la Comisión de Gobierno, Centración, Regenciación y, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Casa Fundamental, se manda a poner en conocimiento a la Excelentísima Corte Suprema.
Comunicación del honorable senador señor Provence, representante del Comité de Partido de Renovación Nacional e Independientes, por la que informa que, a contar del día 1 de octubre del presente año, los honorables senadores señores Francisco Chaguán Chaguán y José García Ruminot asumirán como jefe y subjefe, respectivamente, del mencionado comité. Se toma conocimiento.
Todo, señor presidente. No hay acuerdo de comité porque fueron leídos las veces pasadas, así que vamos a la tabla. Secretario. Vamos a aprovechar de saludar a un grupo, cinco personas invitadas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que están en la galería. Bienvenidos. El senador Saavedra, por reglamento.
Senador Saavedra, no precisamente por reglamento, pero informar a usted que la Comisión de Trabajo de Desarrollo de hoy día en la mañana acordó en la sesión que se amplíe el plazo para las indicaciones sobre el proyecto de ley que... trata el derecho a la sala cuna, correspondiente al boletín 14.782-13, hasta las 12 horas del día viernes 3 de octubre del presente año. En la Secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. ¿Habría acuerdo a la petición del senador Saavedra? Aprobado. Gracias.
Bien. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Iniciativa correspondiente a la ley 15.338-17. El ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificando la discusión inmediata. El objetivo de este proyecto de ley es crear la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada a las víctimas de la dictadura cívico-militar correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para cumplir este objetivo, se crea un registro público y gratuito a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. La inclusión en dicho registro, en caso alguno, podrá generar compensaciones económicas.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía hace presente que, en sesión de 15 de abril de 2025, la Sala autorizó a dicha instancia discutir la iniciativa en general y en particular y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que sea considerada del mismo modo por la Sala. La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados. Por mayoría de votos, pronunciándose a favor los honorables senadores, señora Campillay y señor Chaguán. En tanto, se obtuvo el honorable senador, señor Edwards.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia. Esto es, respecto a los artículos 2, 4, 5, 6, inciso primero, segundo y tercero, 7, permanentes, y acerca del artículo segundo transitorio de la iniciativa legal, en los términos en que fueron aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, como reglamentariamente corresponde. Asimismo, consigna que sancionó las mencionadas normas de su competencia sin modificaciones por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores, senadora señora Rincón y senadores señores Galilea, Insulza, Lagos y Macaya.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 24 y siguientes de la Comisión de Derecho Humano Nacional. nacionalidades y ciudadanía, y en las páginas 15 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda.
Cabe hacer presente a sus señorías que se han solicitado votaciones separadas.
En primer lugar, por el senador señor Edwards, solicita la votación separada en el artículo 1, inciso segundo. El artículo 1 letra F y el artículo 3 inciso segundo, el artículo 1 letra G y artículo 3 inciso tercero, cuarto y quinto y el artículo 2 transitorio en su segunda frase.
En tanto, también ha solicitado votación separada el senador señor García Ruminot para votar separadamente la letra G del inciso tercero del artículo primero. Para votar separadamente dentro del inciso primero del artículo tercero, la expresión siguiente, comillas, los literales A a G del inciso tercero, cierre comillas. Para votar separadamente el inciso tercero del artículo tercero y para votar separadamente el inciso cuarto del artículo tercero.
Tiene la palabra el informe, senador Chaguán.
Señor Presidente, honorables alas, tengo el honor de informar el proyecto de ley que introduce la calificación jurídica ausente por desaparición forzada y crea un registro especial en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables diputados y diputadas, señores y señoras Acevedo, Castillo, Gertz, Usante, Gallado, Ñanco, Pizarro y los señores Hitch, Naranjo y Unduraga. Cabe señalar que si bien el proyecto consta de ocho artículos permanentes y dos disposiciones transitorias, La Sala del Senado autorizó a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para discutirlo en general y en particular a la vez, instancia que lo probó por mayoría, con los votos de los honorables senadores, señora Campillay y el que suscribe, y la abstención del honorable senador, señor Edwards, y acordó proponer al señor presidente que sea considerado del mismo modo en La Sala del Senado. El proyecto tiene como objetivo crear la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada a las víctimas de la dictadura cívico-militar correspondiente al periodo correspondido entre el 11 de septiembre del año 73 y el 10 de marzo del año 1990. Para cumplir ese objetivo, se crea un registro público gratuito a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. La inclusión de dicho registro, en caso alguno, podrá generar compensaciones económicas. En esta línea, destacar que las fuentes para el ingreso del mencionado registro provienen, fundamentalmente, de las cuatro comisiones de verdad establecidas en el país en el contexto de la justicia transicional, de las sentencias judiciales definitivas dictadas por los tribunales competentes, además de una tercera vía de carácter administrativo derivado del trabajo desarrollado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Dicho registro será electrónico, público y de acceso gratuito. La comisión dedicó cuatro sesiones al estudio de esta iniciativa legal y contó con la participación por parte del Ejecutivo del Ministro de Justicia, señor Jaime Gajardo, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, quienes manifestaron que la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada se fundamenta principalmente en los deberes estatales para investigar, sancionar, reparar y establecer garantías expectativas de no repetición, constituyendo, por tanto, un reconocimiento de carácter jurídico orientado hacia la reparación simbólica destinada a las víctimas de desaparición forzada ocurridos durante dicho periodo. De mismo modo, manifestaron su opinión y valoraron el proyecto de la Honorable Diputada señora Lorena Fríes y la Presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Aparecidos, el Profesor de Derecho de la Universidad de Chile, señor Pietro Esferraza y la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, resaltar que la presente iniciativa recibió un amplio respaldo por parte de autoridades, agrupaciones de familiares y especialistas de derechos humanos al ser considerado una deuda histórica pendiente. Se destaca de manera significativa que la propuesta se ajusta a los estándares internacionales y que no genera gastos adicionales relevantes ni contempla nuevos beneficios económicos. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias.
A ver, informe de Hacienda, ¿hay alguien de Hacienda? No hay nadie de Hacienda. Sí, usted puede dar el informe. Senador Galidea tiene la palabra.
Gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Hacienda doy cuenta del informe recaído en el proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Se trata de una iniciativa que establece un mecanismo de reconocimiento jurídico y de memoria institucional. El Estado, a través de esta ley, reconoce formalmente la calidad de persona ausente por desaparición forzada en hechos ocurridos en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90. Conviene recordar que este proyecto fue conocido y debatido previamente por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, instancia en la cual se analizaron los fundamentos de fondo vinculados al reconocimiento jurídico de la desaparición forzada y a la creación del registro respectivo. A la Comisión de Hacienda le correspondió intervenir en esta tramitación sobre todas aquellas disposiciones que generen impacto presupuestario o que sean de naturaleza financiera. Es importante dejar constancia de que el proyecto no contiene normas de cura en especial ni requirió consulta a la excelentísima Corte Suprema, lo cual permitió concentrar el trabajo de la Comisión en los aspectos de gasto fiscal, administración del registro y reglas de financiamiento. Asimismo, corresponde destacar que el análisis de la Comisión de Hacienda contó con la participación de las principales autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, además de asesores parlamentarios y representantes de la sociedad civil. El objetivo de la iniciativa es establecer la calidad de persona ausente por desaparición forzada.
Este reconocimiento tiene un carácter estrictamente jurídico y simbólico, ya que no genera compensaciones económicas ni modifica los estados civiles actualmente vigentes en la ley. Para cumplir con este objetivo, el proyecto crea un registro electrónico, público y gratuito a cargo del Servicio del Registro Civil de Identificación, en el cual se inscribirán las personas calificadas bajo esta condición. La información para dicho registro provendrá de informes oficiales ya existentes, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Visión Política y Tortura, entre otros, así como de sentencias judiciales firmes y de un mecanismo estandarizado, supervisado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La Comisión de Hacienda se pronunció sobre los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 permanentes, así como el artículo segundo transitorio. Por los mismos artículos tratados, recibió y analizó el informe financiero número 119 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda con fecha 7 de mayo del 2024.
Dicho informe establece que el proyecto genera un impacto fiscal acotado, concentrado en el servicio de registro civil e identificación. Los gastos se derivan principalmente de dos factores. Uno, la recuperación de antecedentes necesarios para la conformación de la nómina. Y dos, el incremento permanente de dotación en una persona destinada a la administración dinámica del registro, a su actualización periódica y a la respuesta de requerimientos interinstitucionales.
Conforme a las estimaciones de la DIPRES, el costo asciende a 181.943.000 pesos en el primer año de vigencia, 11.959.000 pesos en régimen a partir de los años siguientes. Para su financiamiento se dispuso que el primer año los recursos provendrán del presupuesto vigente del Ministerio de Justicia, con posibilidad de ser suplementado si fuera necesario por el Tesoro Público. A contar de los años posteriores, los gastos se cubrirán con cargo de las respectivas leyes de presupuesto del sector público.
En consecuencia, la Comisión dejó constancia de que este proyecto, aun cuando irroga gastos, no compromete recursos significativos ni permanentes que alteren la sostenibilidad fiscal, resultando plenamente financiable en el marco presupuestario vigente.
Tras el análisis de los antecedentes financieros y normativos, la Comisión de Hacienda procedió a votar las disposiciones de su competencia. Todas ellas, artículo 2.4, 5.6, 7 y el segundo transitorio, fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda al Senado aprobar el proyecto en los mismos términos que fue despachado.
Sin otro tema que tratar. Gracias. Dos cosas. Ese fue el informe. Muchas gracias, Presidente. Espero que se haya comprendido a cabalidad todo lo informado por la Comisión de Hacienda del Senado. Hace mucho tiempo que no escuchábamos un informe tan claro, gracias.
A ver, dos cosas. Como esto se está discutiendo en particular y en general y hay votación separada, yo solicito autorización para abrir la votación en las normas generales. Después vienen las votaciones separadas. solamente abrir para... avanzar en lo que es general.
¿Qué? A ver, y lo otro es que Don Pepe García me va a reemplazar por 10 minutos. Senador José Manuel Vélez, es sólo la votación en general y después vienen todas las votaciones en particular una a una. ¿Habría acuerdo? Sí, sí, son distintos. Tiene la palabra el senador Vélez.
Yo lo quisiera pedir, dado que yo quiero explicar las votaciones en separado que he pedido y el problema es la cantidad de tiempo que me va a dar, por lo menos para la intervención inicial. No es que me oponga que salga la votación, pero le pediría que fuera después de mi intervención para poder explicar todas las votaciones separadas.
Es que lo que pasa es que usted puede, cada vez que vayamos a votar, va a tener la palabra para explicar cada indicación. No hay problema. ¿Le parece? ¿Le parece?
Entonces se autoriza a abrir... A el senador Chaguán. Senador, tiene la palabra.
Presidente, a mí me parece razonable que las normas que no han sido objeto de solicitud de votación separada efectivamente podamos hacer una primera votación donde el resto del texto sea aprobado, me parece, o sometido a votación a la sala. Por tanto, yo pido, reafirmo lo que usted ha planteado desde el punto de vista de que debiéramos solicitar aprobación en general de todas las normas que nos han sido objeto de solicitud de indicación separada. Y la idea, senador, es que cada vez que hay una indicación usted tiene tiempo para explicar cada una de las indicaciones para que la gente la entienda.
Senadora Pascual.
Sí, gracias, presidente. Solo ratificar que supongo que al abrir la votación tendremos tiempo todos los senadores y senadoras de una intervención. Por supuesto, senador. Eso para que quede con más calma también el senador Edwards. Por supuesto.
Entonces abrimos la votación. Y el senador García me reemplaza por diez minutos. En votación, conforme a lo que ha acordado la sala, en esta primera votación se aprueban en general todas las normas del proyecto y también quedarán aprobadas en particular todas aquellas normas respecto de las cuales no se ha solicitado votación separada y ya se hizo mención a las normas que se solicitó votación separada por parte del senador señor Edwards y por parte del senador señor García. Está abierta la votación. Muchas gracias, señor secretario.
Se encuentran inscritos para intervenir los senadores Fidel Espinosa y Rojo Edwards. De momento está abierta la inscripción, pero solo ellos dos se han inscrito. También el senador Matías Walker, también el senador Gastón Saavedra.
Entonces, senadora Claudia Pascual, ¿habría acuerdo de la sala para que ingrese el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia? Don Nicolás Facuse, ¿habría acuerdo? Acordado.
Entonces, se han inscrito hasta el momento senadores Fidel Espinosa, senador Rojo Edward, senador Matías Walker, senador Gastón Saavedra, senadora Claudia Pascual, senador José Miguel Insulza. Senador Fidel Espinosa tiene la palabra por cinco minutos.
Muchas gracias, presidente. Referirme a este proyecto con la sensibilidad que amerita obviamente un tema de enorme relevancia para nuestro país. Qué lástima que después de tantos años que hemos recuperado la democracia, estemos recién aprobando, apoyando un proyecto de esta característica. Las personas ausentes por desaparición forzada son aquellas, Presidente, cuya ubicación y suerte no son conocidas después de que fueron privadas de libertad por agentes del Estado o grupos actuando... en contra de ella, y cuyo caso es reconocido oficialmente. En Chile, esta figura se utiliza para honrar la memoria de las víctimas durante la dictadura. Por lo tanto, lo primero que a mí me gustaría señalar, como hijo de víctima de violación de los derechos humanos, que hoy día es un día importante para el país, porque nos reunimos con un sentimiento profundo en el corazón, que es justamente la memoria viva de aquellos hombres y mujeres que fueron arrancados de sus hogares, de sus sueños, de sus afectos. Personas que no desaparecieron por azar, sino porque creían en un Chile más justo, más humano y más digno para todos. Los detenidos desaparecidos no son sólo nombres en una lista, presidente, ni fotografías en blanco y negro colgadas en una muralla. Son padres, madres, hijos, hijas, trabajadores, estudiantes, campesinos. Eran seres humanos con ilusiones, con risas y con abrazos que la dictadura nos arrebató. El dolor de su ausencia nos recuerda que el silencio y la impunidad nunca pueden ser el camino de un país que se quiere llamar democrático. Mientras haya una madre que no sabe dónde está su hijo, mientras haya un hermano que sigue preguntando por su hermana, mientras existan tumbas que jamás han sido encontradas, la herida sigue abierta. Por eso, presidente, hablar de los detenidos de Zapatizos no es mirar al pasado. Es mirar al presente y al futuro, porque un Chile que olvida es un Chile que corre el riesgo de repetir la historia más oscura. Recordar es resistir, recordar es hacer justicia, recordar es construir un país donde nunca más alguien sea perseguido por pensar distinto. Por eso, este proyecto de ley es muy importante, porque este proyecto de ley introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Algo que, repito, debimos haber hecho hace muchos años atrás y hubiera evitado tanto dolor, tanto dolor de familias que aún siguen con la esperanza de buscar a sus seres queridos. Hablar de detenidos desaparecidos no significa solamente dar un discurso desde la presidencia o de donde sea para decir que se va a crear tal institución para encontrarlos y después prácticamente no se hace nada. Hablar de detenidos desaparecidos es respetar su memoria. Por eso hoy día no solamente lloramos su ausencia, sino que también levantamos sus banderas. Y nos comprometemos, por cierto, señor ministro, por su intermedio, presidente, nos comprometemos a seguir buscando la verdad.
a exigir justicia sin claudicar, a mantener viva su memoria en cada generación, porque esas personas detenidas y detenidos desaparecidos están y siguen vivos en la lucha por los derechos humanos, en la esperanza de un Chile solidario, el clamor de millones que dicen con fuerza nunca más.
Por eso, encuentro inexplicable, doloroso, increíble, que colegas nuestros... A pesar del dolor, hoy día estén presentando proyectos de ley para dejar libre a los criminales que están en Punta Peuco o que están en prisión por los crímenes atroces que cometieron. Porque no son los viejitos que algunos no quieren hacer pasar, son criminales de lesa humanidad que violaron mujeres con animales, que degollaron personas, que las lanzaron al mar con rieles.
Presentar proyectos de ley para dejar libre a esos criminales es un dolor, no solamente para quienes fuimos víctimas, es un dolor para Chile y su democracia.
Jamás este Parlamento podría permitir que esos criminales, por más años que tengan, puedan salir a las calles a gozar de la impunidad, porque ni arrepentimiento han tenido. Han seguido ocultando los feroces crímenes que cometieron.
Por eso, estimado colega Chaguán... Ojalá, y se lo digo por su intermedio, presidente, retire esa iniciativa que ustedes han puesto como condicionamiento para verla las próximas semanas para poder votar este proyecto.
Con los derechos humanos no se chantajea, no se juega. He dicho, presidente.
Muchas gracias, senador Espinosa.
Está inscrito el senador Chaguán. Usted ha sido aludido, senador Chaguán, puede hacer uso de la palabra ahora o en el momento. Ahora, tiene la palabra.
Señor presidente, este es un proyecto que estamos votando en el día de hoy que yo estoy apoyando. Creo, sin lugar a dudas, que es necesario justamente establecer la calidad jurídica de ausente. No es efectivo, además, como señala el senador Espinosa, que yo haya puesto como condición una votación en sala para un proyecto distinto.
Quiero decirle que si revisa mi votación es en la Comisión de Derechos Humanos, proyecto además que quiero decirle al senador por su intermedio, que me está enseñando el uso de la palabra, que lo provoqué para que los efectos de ponerlo en discusión en la Comisión de Derechos Humanos. Este que está debatiéndose en el día de hoy. Que hemos apoyado, ahí voy, que hemos apoyado cada una de las acciones del plan de búsqueda.
Pero nada más quiero señalar que cuando uno defiende estándares en materia de derechos humanos es respecto de todos. Es respecto de todos.
Es por eso que hemos puesto también en votación otro proyecto que es en relación con un instrumento alternativo que está en nuestra Comisión de Derechos Humanos para su discusión en general y en particular.
Porque nosotros creemos sin lugar a dudas que conforman los estándares internacionales las personas mayores y también aquellas personas con enfermedades graves y que estén en condición terminal también tienen derecho a no una suspensión de pena, a un cumplimiento alternativo de la pena.
Y es por eso que en esa circunstancia es que yo voy a apoyar este proyecto, porque creemos que Chile tiene que empezar a cerrar las heridas. Y cerrar las heridas implica efectivamente la necesidad de establecer la declaración jurídica de personas ausentes para aquellas personas que sufrieron desapariciones forzadas.
Es por eso que yo voy a apoyar este proyecto, tal como lo puse en discusión en la Comisión de Derechos Humanos. Y creemos que va en la dirección correcta.
Y ciertamente también le hemos pedido al Ministro de Justicia, por su intermedio, señor Presidente, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, efectivamente, una sustantiva agenda en materia de derechos fundamentales.
Y es por eso que hemos apoyado todas y cada una de las medidas del Plan Nacional de Búsqueda.
He dicho, señor Presidente, y yo vuelvo a insistir, yo voy a votar favorablemente este proyecto.
Muchas gracias, senador Francisco Chaguán.
Gracias, presidente. Yo voy a ir al detalle del proyecto, presidente. Y he pedido votación separada del segundo párrafo del primer artículo, porque el mismo sufrimiento que describe uno de los senadores que me antecedió, también lo pueden tener personas que sufren de un familiar que está en la cárcel.
ausente por desaparición forzada, pero que haya sido desde el 11 de marzo de 1990 hasta ahora, antes del 11 de septiembre de 1973. Este proyecto hace algo bastante curioso, que es que el registro solamente permite que estén personas solamente... en ese periodo dejando afuera al resto. Pero además, no permite que las personas que hayan sido desaparecidas forzadamente por alguien que no sea el Estado, también lo integre. Entonces yo me pregunto, ¿qué acaso esas personas, esos familiares, tampoco tienen sentimiento y han sufrido? Sufrido, ¿por qué dejarlos afuera? Y por eso he pedido votación separada del artículo que acota esto dejando a todas esas personas, esas familias fuera.
La segunda votación separada que he pedido, presidente, es porque en el artículo uno, letra F, se le permite a la subsecretaría de derechos humanos algo que es bastante curioso, y es que habiendo una sentencia judicial afirme, la subsecretaría saque a la persona o no la considere para el registro. Entonces, la pregunta es si ya tenemos una verdad judicial y le vamos a pedir al senador Kuzanovic que quizás pueda dejar de hablar por teléfono porque está hablando un poco fuerte. Presidente, la subsecretaría vaya y diga: “sabe que hay una sentencia afirme, pero esa persona vamos a decidir nosotros si va al registro o no”. Esa es la segunda votación separada, creo que hay que sacarlo y no afecta en nada al proyecto.
La tercera votación separada es algo que creo que es lo más grave del proyecto, y es que le permite a la subsecretaría, con una decisión política o administrativa, incorporar personas al registro. Y yo me pregunto, bueno, si parte el registro con las comisiones que todos conocemos, RETI, etcétera, ¿por qué la subsecretaría, mediante un acto político, va a poder incorporar personas al registro? Esto es realmente insólito y por eso yo he pedido que por lo menos la letra G, que creo que es lo más grave de este proyecto, sea retirada.
Y por último, el informe financiero, presidente, dice que efectivamente los gastos son menores, alrededor de 180 millones de pesos, si le entendí bien al senador Galilea que habló por Hacienda. Pero dentro del artículo transitorio se le permite que los recursos vengan no solamente del Ministerio de Justicia, sino que del Tesoro también. Bueno, si son 180 millones de pesos efectivamente, y se va a cumplir con estos informes financieros, porque muchas veces no se cumple, no veo la razón de que, si estamos en un problema de deuda y sobre gasto del Estado, se le permita no solamente utilizar platas desde el Ministerio de Justicia, sino que se abra de manera abierta al Tesoro Público. Entonces, presidente, acá hay que separar. Si realmente los senadores, en particular el senador que me antecedió, muestran el sufrimiento que tienen las familias respecto a este tipo de casos, yo le pregunto por qué lo acota y deja fuera a otras familias que han sufrido otras situaciones a manos del crimen organizado o que haya sufrido la situación después del 11 de marzo de 1990 o antes del 11 de septiembre de 1973. La verdad que no hace sentido.
Y por último, para que algo como esto nunca se politice, es clave que no se le permita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante una resolución administrativa slash política, incorporar personas simplemente porque bajo su criterio lo están haciendo. Entonces yo invito a los senadores a que por lo menos en las cuatro votaciones separadas se puedan considerar estos argumentos para efecto de la votación que buenamente puedan decidir en lo que les corresponde. He dicho, presidente.
Muchas gracias, senador Rojo Bedos.
Senador Don Matías Walker tiene la palabra. Luego el senador Saavedra.
Muchas gracias, presidente. Voy a votar favorablemente e íntegramente este proyecto. Tal como dijo el ministro Jaime Gajardo, acá presente, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aunque resulte impresionante, aún en nuestros días... Cada vez que un familiar de una persona detenida, desaparecida, va al registro civil a obtener cualquier certificado de dicho familiar desaparecido. Como la persona no está declarada muerta o no se ha realizado el trámite para dicha declaración, porque son detenidos desaparecidos, lo que ocurre, paradojalmente... es que tiene un certificado que dice que ese familiar está vivo. Esta persona figura ya sea en el informe de la Convención de Verdad y Reconciliación, el informe RETIC que se generó a instancias del presidente Patricio Elwin.
o en el informe de la Comisión Ballot o en una sentencia judicial en una oficina de personas declaradas víctimas de desaparición forzada. Y sin embargo, Presidente, el certificado que entrega el Servicio de Registro Civil señala que la persona se encuentra viva. Ustedes comprenderán, estimados colegas, que para cualquiera de nosotros, poniéndonos en el lugar de ese familiar, con todo el dolor que las violaciones a los derechos humanos le generaron a esa familia, se genera una situación de victimización secundaria, un dolor adicional. Pareciera una burla que el Estado le diga que ese familiar sigue vivo.
Lo que hará el registro de personas ausentes por desaparición forzada será registrar a todas las personas que están en la nómina de la Comisión RETI o en la nómina de la Comisión VALID o por una sentencia firme ejecutaría de los tribunales de justicia declaradas víctimas de desaparición forzada. Y esto permitirá al Servicio de Registro Civil establecer un certificado de que esas personas están en el registro de ausentes. Ese es el único propósito de este proyecto, presidente. Es de toda lógica.
Este proyecto se debió haber aprobado probablemente hace 20 años atrás, se debió haber aprobado después del informe RETI. Estamos llegando tarde con este proyecto. Pero es un proyecto necesario porque se requiere dar certeza jurídica respecto de este Estado. Y por eso es tan importante generar en la ley esta calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada a las víctimas de la dictadura.
¿Por qué, por su intermedio, se preguntaba el senador Rojo Edwards? Solamente entre los comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Yo me atrevo a dar una respuesta, presidente. Porque hay una verdad de Estado que estableció en forma clara y nítida el informe RETI, la Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue una comisión transversal. Yo quiero recordar que en esa comisión estaban estimados y prestigiosos historiadores, como Vial, por ejemplo; estaba José Luis Sea, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica; personas más bien de centro-derecha, al igual que Gonzalo Vial, el historiador; estaba Bulne, el ex senador; había gente de centro-derecha. Fue una comisión de Estado que estableció esta verdad histórica, y este proyecto que genera la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada es consecuencia de esta verdad histórica, y por eso el proyecto tiene que ser aprobado íntegramente como salió de la comisión. Gracias, presidente, voto a favor.
Muchas gracias, senador Matías Walker. Senador don Gastón Saavedra tiene la palabra, luego la senadora Claudia Pascual.
Gracias, presidente, este es un proyecto que busca reconocer jurídicamente las víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura en Chile, estableciendo la categoría legal de ausente por desaparición forzada. Cincuenta años después, la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada se fundamenta principalmente en los deberes estatales de investigar, sancionar, reparar y establecer garantías efectivas de no repetición. Por tanto, es un reconocimiento de carácter jurídico orientado hacia una reparación simbólica destinada a las víctimas de desaparición forzada ocurrido durante el periodo dictatorial. Mediante la creación del registro especial en el Registro Civil, el Estado reconocerá formalmente esta calidad jurídica. Y, como se aprecia en el texto del proyecto, las fuentes para el ingreso del mencionado registro provienen fundamentalmente de las cuatro comisiones de verdad establecidas en el país en el contexto de la justicia.
transicional de las sentencias judiciales definitivas dictadas por los tribunales competentes, además de una tercera vía de carácter administrativo derivada del trabajo desarrollado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia. Este es un aporte en el que nunca más tenga verdadero sentido, asegurando que jamás se repitan en Chile las situaciones que alguien pueda decidir secuestrar a una persona para luego mantenerla desaparecida y sin que nadie conozca su paradero.
Por ello, el concepto de ausencia por desaparición forzada es el lenguaje apropiado para referirse a cada víctima. Más allá del pensamiento de cada uno de los integrantes de este poder del Estado, más allá de nuestras posiciones, debemos reforzar que nunca más puede tolerarse la desaparición forzada o la pérdida de un familiar en estas circunstancias.
Por ello, la importancia de reconocer a estas personas, hombres, mujeres, niños, que tuvieron una vida, una historia y una familia cuyo destino se desconoce luego de la acción de agentes del Estado desde el año 1973 hasta 1990. Y así se construye un país más unido, tolerante, decente, para quienes creen en nuestra sociedad que debe ser más justa y libre.
Esta iniciativa es una forma mínima de reparación para los familiares, especialmente para aquellos que avanzan en edad y siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, y así satisfacer una demanda histórica de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
El nunca más a un golpe de Estado, el nunca más a una dictadura, el nunca más al terrorismo de Estado, el nunca más al negocianismo que aparece y aflora con tanta fuerza en estos días.
Debe hacernos pensar profundamente y, cuando buscamos con otro tipo de proyectos, como el que veremos, lo único que estamos haciendo es derribando un acuerdo mundial que tiene que ver con que los crímenes de lesa humanidad son imprescindibles y las penas que están aplicadas se tienen que cumplir donde corresponde, porque eso sería la burla más grande que este Congreso haría si es aprobado ese proyecto que mencionaba mi colega y compañero Fidel Espinosa.
El nunca más y nunca más el negacionismo nos debe llevar, reitero, a la más profunda reflexión como legisladores, como personas que representamos el bien común, como personas que aspiramos a que la sociedad y los derechos de las personas siempre sean respetables. Y cuando hablo de una sociedad tolerante es que respeta el pensamiento del otro y no le conculca la vida por pensar distinto.
Finalmente, no decimos dónde están porque queremos seguir manteniendo el castigo a aquellos que en algún minuto tuvieron que pagar con su vida y hasta el día de hoy no están, no aparecen y se mantiene el silencio cómplice de algunos para mantener esta situación que es intolerable a una sociedad que busca el encuentro entre los chilenos y que quiere ser cada día más democrática.
He dicho, presidente, votaré a favor.
Gracias, tiene la palabra la senadora Pascual.
Gracias, presidente. Saludar al ministro y a la ministra y al subsecretario que están presentes y a los familiares, a representantes de la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos que también nos acompañan en tribuna. A la diputada Lorena Pizarro, que también está acá, familiar de detenidos desaparecidos, y a Matías Ramírez, también diputado.
Quisiera, en primer lugar, decir que este proyecto de ley viene a responder a una deuda histórica que tiene el Estado de Chile, el Estado de Chile, hacia las víctimas y familiares de personas desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de septiembre de 1990.
Estas personas están acreditadas en informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en informes de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura entre los años 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.
Digo esto, presidente, porque obviamente esta...