Senado - Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación - 15 de septiembre de 2025

La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado en formato comité. Bienvenidos y pueden tomar asiento. No sé si hay más invitados. Sí, hay más invitados. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa los invitados? ¿No se da cuenta, Presidenta? Sí. Demos lectura a la cuenta, por favor. Gracias, Presidente. Primero, informar a la Comisión de excusas de asistir del Ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, señor Aldo Bayo. Pero en su representación asiste el subsecretario... Sí, que está presente. Gracias, señor Cristian Cueva y la señora Mariela Muñoz también. Corresponde informar de dos nuevos proyectos de ley, ambos iniciados en mociones del senador señor Pichagüay. Con el primero inicia un proyecto de ley. proyecto de ley que dispone de la exigencia que indica para que los generadores de contenido de inteligencia artificial y sanciones a su cumplimiento. Y el segundo, establece medidas de prevención de los efectos nocivos del uso excesivo de pantallas digitales de niños, niñas y adolescentes. Hay varios oficios, Presidenta, el primero de la Comisión de Régimen Interior del Senado, por lo que se refiere a otros oficios enviados por la Comisión respecto de distintos matices a todos los cuales dio curso. También respuesta del gobernador regional de Aysén, de Coquimbo y de Valparaíso respecto de información sobre el concurso Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo de la Ministra de Salud. Detalle e información relativa a la Glosa número 16 de Ciberseguridad y a la directora de Presupuestos, señora Javier Martínez, también informa sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bienvenido, senador Durresti. ¿Está pidiendo la palabra? Sí. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los invitados. Sería bueno para no tener que pedirlo en la mixta de presupuestos que nos informe el ministerio, la NIT y todos los organismos respecto de los listados de licencias médicas. Sería importante que nos hagan llegar esa... ¿Cuánta... cuánta... Licencia, sumario... O sea, todo el proceso. ¿Cuántas personas están identificadas en el primer informe? ¿Cuánto está en el segundo? ¿Y cuál es el estado...?

de los sumarios que se han instruido respecto, recordando que está acá la ministra subrogante de Hacienda, que se dio una instrucción expresa respecto a la celeridad de los informes, o sea, de los sumarios, y que el tiempo no corra en favor, digamos, no termine siendo una suerte de... que quede nada finalmente. De impunidad, digamos, que el paso del tiempo termine siendo un blanco y un negro. Al menos nosotros en la primera subcomisión mixta estamos pidiendo a todos los servicios que nos hagan el detalle con las reservas que corresponden de los sumarios, pero con claridad creo que es lo mínimo para enfrentar una discusión legislativa y para enfrentar una discusión presupuestaria en lo que viene. ¿Cuánto? ¿Cómo? Y, sobre todo, en esta segunda, y también los de los casinos, que ya es una variable adicional, digamos, de los que iban a los casinos. Ok. Dado que tenemos cuero, vamos a abrir la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado. Tomamos entonces el acuerdo solicitado por el senador de Urresti. Yo también quiero solicitar a los señores senadores un nuevo plazo de indicaciones para el proyecto de ley de transferencia tecnológica. Estamos solicitando un nuevo plazo hasta el día 26 de septiembre. Queremos llegar ahí con cierto acuerdo también con el Ministerio de Ciencia y para que lo podamos solicitar en sala el día de hoy. ¿Hay acuerdo? Vamos a iniciar entonces con el primer punto de la tabla del día de hoy. Vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado por el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos y modifica los cuerpos legales que indica, con urgencia simple, boletín 17.590-05. A este punto, invitados del Ministerio de Hacienda: la ministra subrogante, señora Heidi Werner; la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández; el coordinador de modernización, señor Rodrigo Lavanderos; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, señor José Inostrosa; la asesora de la Secretaría de Gobierno Digital, señora Zabka Zubik. Y también le damos la bienvenida al subsecretario Cristian Cuevas, quien nos va a acompañar en el segundo punto de la tabla, junto a su asesora, Mariela Núñez. Le voy a ofrecer la palabra, senador Chabuán. Sí, no, Presidenta, simplemente para señalar que hay que dar cuenta en la sala del primer proyecto en discusión. Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, doy cuenta y subo. No hay problema. Sí, hay que votar. Sí, vamos a suspender el crono cinco minutitos. Gracias, senador. Le voy a ofrecer entonces la palabra para que se refiera al proyecto a la señora ministra Heidi Bernal. Tiene la palabra, ministra. Bueno, Presidenta, por su intermedio saludarla a usted y a los senadores presentes. Este es un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, que fue producto de un acuerdo importante tanto con actores del Congreso, del sector privado, académico y también del Gobierno, por supuesto. Entonces, voy a dar algunos antecedentes, el contenido del proyecto y su informe financiero, que, como lo vamos a ver a continuación y ustedes ya lo tienen, es de estos proyectos que es pura ganancia en eficiencia del Estado. Su informe financiero también da cuenta de eso, porque es un informe financiero que no eroga gastos como sí lo hacen otros proyectos de ley, por supuesto, con razones bastante fundadas. En términos de transformación digital del Estado no estamos partiendo de cero, creo que esto también es importante. Estos son esfuerzos que trascienden a un único gobierno y que van pasando esta aposta de la transformación digital, ¿vale? Hay un instructivo presidencial número uno de transformación digital en 2019. A continuación está la ley 21.180 de transformación digital del Estado, la ley 21.663 del marco de ciberseguridad, que es del año 2023, la 21.658 que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda y adecúa a otros cuerpos legales, que nos parece importante también mencionar, porque en este proyecto de ley la gobernanza y todo su accionar se radica importantemente en la Secretaría de Gobierno Digital. Y la ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

que por supuesto este proyecto de ley no viene en ningún caso a modificar nada de eso, simplemente que estos son aspectos importantes que generan un sustento que nos permite avanzar con este proyecto de ley. En el caso de la Secretaría de Gobierno Digital, a contar del 1º de marzo del 2024, se crea esta secretaría como parte del Ministerio de Hacienda. Tiene como dentro de sus funciones proponer al ministro o ministra de Hacienda la estrategia de gobierno digital y coordinar su implementación, velando por mantener un enfoque integrado de gobierno, coordinar, asesorar y apoyar interseccionalmente en el uso de tecnologías digitales, datos e información para mejorar la gestión de los órganos del Estado y la entrega del servicio, y desarrollar y operar plataformas y servicios compartidos y, a lo menos, de interoperabilidad e identidad digital. Entonces, yo diría que en particular este proyecto de ley permite generar importantes sinergias con el coordinar y asesorar intersectorialmente en el uso de tecnologías digitales y, por supuesto, en el tener plataformas que permitan esta interoperabilidad. Pero no basta con tener la tecnología, hay que también generar las normas adecuadas para que podamos sobrellevar las distintas dificultades que a veces existen en los distintos órganos públicos a la hora de compartir la información. Entonces, ¿por qué necesitamos legislar? Es porque había en cuenta estos nuevos marcos normativos e institucionalidad, como es el caso de la misma Secretaría de Gobierno Digital, pero también la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la futura Agencia de Protección de Datos Personales, que han ido incorporando nuevos estándares y condiciones para interoperar datos al interior del Estado. Eso es como un piso que hoy día tenemos, pero al mismo tiempo tenemos descoordinación, fragmentación y exceso de burocracia en la interoperabilidad de datos del Estado, que normalmente, aun cuando existen habilitantes legales en todos los servicios públicos en particular, existen también distintas burocracias que hacen que, aun cuando ambos servicios públicos puedan tener la facultad, dadas sus funciones, de poder interoperar, eso no ocurra tan rápidamente. Y, por tanto, se necesita tener un sistema más integral que aborde sistemáticamente el establecer las reglas y estándares técnicos cada vez que hay una nueva propuesta sectorial. Chile en general ha actualizado la normativa de datos personales, por supuesto, acá después de también una larga discusión se logra avanzar. Tenemos la ley marco de ciberseguridad, hemos adecuado estándares regulatorios en base a exigencias internacionales en estos dos casos, datos personales y ciberseguridad. Por tanto, tenemos bases sólidas para proteger estos datos, para garantizar la seguridad de la información, pero no para intercambiar y compartir. Más allá de que se señala que parte de todo lo que tiene que ver con interoperabilidad y el desarrollo de plataformas es una función de la Secretaría de Gobierno Digital, siguen existiendo temas en relación a cuán difícil es ponerse de acuerdo en cómo uno interopera los datos. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de ley es, por un lado, facilitar a los órganos públicos incorporar los estándares para poder cumplir con los requerimientos legales y, por otro, facilitar el intercambio de datos sobre una sólida base de seguridad y protección que el país antes no contaba. ¿Por qué? Porque tenemos soluciones que de alguna forma son parciales. Lo que es la ley de transformación digital solo aplica a los órganos de la administración en un contexto de procedimiento administrativo que excluye a otros poderes del Estado y órganos autónomos. La rectoría técnica que tiene la Secretaría de Gobierno Digital no tiene alcance para otros poderes del Estado o instituciones con autonomías constitucionales y la nueva regulación sobre datos personales deja fuera a los datos no personales, que son todo el conjunto de información que se levanta a propósito de muchas funciones del Estado. Y a propósito de la fragmentación que yo decía que tenemos que hacernos cargo, no existen reglas o estándares técnicos comunes para intercambiar datos en el Estado, como sí sucede en el uso de las plataformas digitales.

la Secretaría de Gobierno Digital. A nivel legal, las diversas leyes regulan el intercambio de datos a nivel sectorial, como son las normas habilitantes o normas legales, pero no existe un marco sistémico integral a nivel administrativo. Se han dictado distintos reglamentos para intercambiar datos con una mirada centrada en los servicios en particular y no de sectores en general. Y a nivel institucional, los órganos públicos deben recurrir a convenios y aquí viene quizás la parte más importante de este proyecto de ley, convenios que muchas veces implican una alta carga administrativa, aquí pusieron burocrática, en parte sí también, y que además cada año se autorizan esos convenios anualmente, muchas veces hay que volver a hacerlo y cuando ya termina todo su trámite, estamos en la mitad de año a la hora de intercambiar, cuando... los órganos públicos ya tienen esta facultad de intercambiar la información para sus propios fines. Entonces, estamos generando islas normativas que hacen imposible la interoperabilidad más sistémica, con diversidad de estándares en términos de gobernanza de datos, y ciberseguridad y protección de datos personales. Muchas veces también ocurre que los órganos públicos no se sienten obligados a compartir datos, sean estos personales o no. No estamos aquí, insisto, en ningún caso no resguardando el adecuado uso de los datos personales y, por supuesto, de los sensibles. Porque normalmente los habilitantes legales no obligan, sino que sugieren o recomiendan o se podrá, y en el podrá, que no es lo mismo que deberá, se generan un conjunto de interpretaciones jurídicas a la hora de comunicar los datos entre entidades. En algunos casos, ley y reglamento efectivamente obligan a intercambiar datos e incluso hasta interoperar, pero no están las reglas técnicas claras, los estándares y la carretera, como le llamamos nosotros. Tenemos carretera para los autos, también necesitamos tener esta carretera donde uno se conecta y de esa forma interopera en base a ciertos estándares, sin necesidad de convenio, porque se entiende que si yo me conecto a esta carretera, cumplo con esos estándares. Entonces, Lo que hoy día ocurre es que cuando las entidades deben interoperar, no cuentan con los estándares y directrices técnicas para hacerlo más eficiente, eficaz y seguro, se recurren a estos convenios de intercambio de datos de poca o nula estandarización y muchas veces de largo tiempo de tramitación. Bueno, este diagnóstico no es solo un diagnóstico que tengamos al interior del gobierno, ni tampoco solo al interior de la Secretaría de Gobierno Digital, ni solo del Ministerio de Hacienda. En realidad es un... un diagnóstico bastante transversal y compartido. Y por lo mismo, el 12 de diciembre del 2023, el gobierno se comprometió a coordinar una mesa público-privada para proponer medidas legislativas y administrativas sobre gestión y gobernanza de datos. Y el 22 de enero del 2024 se inició este trabajo con la participación de la... Bueno, en ese momento la ministra de Ciencia, en ese momento el ministro de Sección... Express, en ese momento Ministro Interior, han ido cambiando las autoridades, pero en general el consenso de que esto es importante no ha cambiado. Estaba yo presente también desde el Ministerio de Hacienda, estaba la senadora Orden, el senador Piuch, el senador Coloma en su calidad de presidente del Senado en ese momento. Y desde abril-agosto del 2024 se sesionó en una mesa público-privada con amplia participación de la industria también, esto no es solo un tema ejecutivo congresos sino que también participó el sector privado, la academia y contamos también con una asesoría internacional tanto del BID como de la OECD. Con todo esto en sumo se elaboró el proyecto ley que se presenta hoy día que recoge las recomendaciones de esta instancia y también la experiencia porque también miramos lo que ocurre en otros países en particular España, Estonia. Francia, México, Perú, Corea, Japón, Colombia, entre otros. Con eso tenemos el proyecto ley que hoy día comenzaremos a discutir, que lo que busca es facilitar que los órganos del Estado y las entidades privadas, cuando corresponda, gestionen y compartan sus datos e información a lo largo de todo el ciclo día. El proyecto ley no tiene por objeto interferir. en la autonomía o independencia constitucional de los órganos que gozan de esta calidad, crear nuevos habilitantes legales para intercambiar datos, no es eso lo que estamos haciendo, dichas leyes están en las propias leyes orgánicas, sectoriales y en general tratándose de...

personal en la ley 19.628 y en la nueva institucionalidad que se crea, y tampoco crear nueva obligación a las entidades privadas. Quizás el cuadro que lo que busca este cuadro es un poco comparar a qué nos referimos, porque muchas veces cuando uno habla de un sistema nacional de gestión de datos, cree que efectivamente va a intervenir ya sea en el tratamiento de los datos personales o en temas de ciberseguridad o en las mismas leyes que cada una de las instituciones tiene para efectos de ser habilitantes para compartir datos para su propia función. No eso es lo que estamos haciendo. Esto más bien es un habilitante para que en esos lugares, esas instituciones que tienen ya por ley el mandato de interoperabilidad, más bien de compartir información, que eso se haga con altos niveles de estándares que permitan cumplir con ciberseguridad, con datos personales, etc. Entonces, hoy día, situación sin proyecto ley, inexistencia de reglas para compartir datos entre diversos poderes del Estado. Aquí no estamos, insisto, hablando del habilitante legal que a mí me faculta, no sé, Tesorería General de la República, Conaduana y Servicio de Impuesto Interno, que efectivamente tienen que compartir datos, si no, no podrían hacer adecuadamente su función. De partida, la cobranza o cualquier cosa hace la TGR, no la puede hacer sin los datos de impuesto interno. Aquí lo que estamos diciendo es más bien cómo se comparten esos datos. Entonces, un sistema que incluye a todos los poderes del Estado y con órganos autónomos que se suman voluntariamente, donde ante la fragmentación y descoordinación de los datos, lo que hacemos es que hay una autoridad técnica, que es la SGD, que dice cuáles son las directrices y estándares que deben ser cumplidos para efectos de compartir esa información desde un punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque hay debilidad de las obligaciones de compartir datos, entonces generamos una obligación clara de entregar datos a los órganos públicos para el cumplimiento de sus funciones legales, ya no a través de estos convenios que normalmente son tediosos, que además no necesariamente cumplen con los estándares que aseguren ciberseguridad y otras formas a la hora de compartir datos. Me refiero a que podrían ser simplemente un correo electrónico con una planilla Excel. La habilitante legal está, pero eso no tiene ninguna... Quiero dar un ejemplo así muy burdo, pero que puede ocurrir aún hoy día. Entonces, en vez de eso, lo que hacemos son servicios de interoperabilidad que son públicos y que cada uno tiene términos y condiciones que operan por el solo ministerio de la ley, esta carretera de la cual yo hablaba, que uno se conecta, y proveedores del Estado que no entregan todos los datos a los órganos contratantes, esto también es bien importante, y para eso se deberán entregar todos los datos y metadatos, fomentando también una mayor competencia y transparencia. Después, lo que viene a continuación es el detalle de cada uno de los artículos que componen este proyecto ley. Es un proyecto ley relativamente corto, comparativamente con los que nos ha tocado ver ustedes en cada una de las distintas comisiones. En los artículos primero y segundo se aclara que las funciones y competencias de todo órgano del Estado comprenden también la de gestionar los datos e información requeridas para ejercer dichas funciones y competencias. Establece que la ley tiene carácter supletorio respecto de otras leyes especiales, y establece que lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio que las leyes generales sobre ciberseguridad y protección de datos personales. En los artículos 3 y 4 se crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, marco de gobernanza para compartir e integrar datos durante todo su ciclo de vida. El sistema estará integrado por los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Podrán sumarse voluntariamente los órganos autónomos constitucionales y las entidades privadas, que para estos efectos también comprende a las universidades y a las empresas públicas. El artículo quinto sobre deberes generales del sistema, los integrantes del sistema deberán adoptar estándares y directrices técnicas que establece la Secretaría de Gobierno Digital, compartir datos e información con los órganos públicos que se lo requieran para el ejercicio de sus funciones, interoperar, salvo que se trate de datos contenidos en documentos de soporte papel que no puedan ser digitalizados. Y esto es muy en línea también con la ley de transformación digital, donde cada vez deberíamos tener menos papeles en PDF, ¿no es cierto?, y más documentos que en realidad se firman electrónicos, etc. Entonces, es consistente con eso el tener más documentos e información digitalizada. Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos. Gestionar sus datos de manera coordinada. Publicar sus servicios de interoperabilidad en un catálogo público que no aplica a privados que integren el sistema y publicar sus dominios de información relevante.

Estas obligaciones solo aplican respecto de la información que las leyes le habilitan compartir. Volvemos a insistir, no vamos a compartir nada que no haya un habilitante legal que permita hacer esta interoperabilidad o este compartir datos. La autoría técnica del sistema está señalada en el artículo 6º, que se fortalece la autoría técnica en la Secretaría de Gobierno Digital, en que a cargo establecer los estándares y directrices técnicas del sistema. Recordar que la Secretaría de Gobierno Digital ya es hoy día la entidad a cargo de fijar estándares y directrices técnicas en lo que tiene que ver con transformación digital o lo que se conoce como la ley cero papel. Estos estándares y directrices técnicas se refieren a aspectos como la calidad, interoperabilidad, integración, arquitectura, almacenamiento, preservación, procesamiento, reutilización y análisis de datos e información. Esto debe ser elaborado colaborativamente considerando la opinión del Congreso, el Poder Judicial y los órganos autónomos, reglas de gradualidad, los estándares de uso frecuente y emitidos por órganos internacionales, reglas que emitan la futura Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Ciberseguridad y el Consejo para la Transparencia. Respecto a los datos sectoriales, el artículo 7 de este proyecto de ley autoriza expresamente a los ministerios a crear un espacio de datos sectoriales, determinar sus integrantes y establecer reglas de funcionamiento, reduciendo la burocracia para intercambiar datos dentro de un mismo sector. ¿Qué son estos espacios? Son ecosistemas en los cuales se comparten datos e información de manera interoperable bajo reglas de funcionamiento comunes que establecen a lo menos quién accede a estos datos y en qué condiciones. Aquí, por el ejemplo que yo daba de Impuesto Interno a Aduana TGR, vendría a ser un espacio de datos sectoriales. También hay harta experiencia en el Ministerio del Trabajo a propósito de la Superintendencia de Previsión Social, pensiones. De alguna forma son espacios que hoy día existen, pero con mucha burocracia, con muchos convenios, y que hoy día de esta forma podría hacerse de modo más ágil. La regla de funcionamiento era incluir planes de implementación y ser coherente con los estándares del sistema. En términos de infraestructura de datos, de integrada de datos, el artículo 8 habilita expresamente a los órganos públicos a operar y desarrollar plataformas de integración de datos. Esto se refiere a un conjunto de herramientas, tecnologías y procesos para cruzar, vincular y gestionar datos e información proveniente de múltiples fuentes y organizaciones. Hoy día lo que maneja la Secretaría de Gobierno Digital es lo que se conoce como la PICE 2, que en realidad es esta carretera. Y esta carretera es lo que hoy día, de alguna forma, también se deja expresamente nombrado como una infraestructura. Y como ya lo dije, la idea es facilitar el ejercicio de diseño, implementación y evaluación de políticas también a propósito de investigación científica, colaboración público-privado y no solo la interoperabilidad. El artículo 9 propone eliminar la necesidad de celebrar convenios para intercambiar datos e información. ¿Cuándo eso ocurre? Cuando los órganos proveedores de los datos deberán publicar los términos y condiciones del uso de los servicios de interoperabilidad, los que serán obligatorios para todas las instituciones que consuman esos datos. Esto es una aplicación automática en el entendido que usa esta carretera que permite la interoperabilidad. Se mejora radicalmente, por tanto, la eficiencia del sistema, sin disminuir la protección jurídica ni el control requerido a los responsables de los datos. También el artículo 10 establece los deberes de entidades privadas que, en virtud de esta norma legal o administrativa, en el caso que ya tengan la obligación de compartir o interoperar datos con un organismo del Estado, deberán hacerlo de conformidad con los estándares y directrices técnicas. Claro, por ejemplo, nuevamente una superintendencia de pensiones, las AFP tienen una obligación hacia ellos de compartir datos. Lo mismo la CMF respecto del sistema financiero. Aquí lo único que estamos diciendo es que esa forma de compartir y esa interoperabilidad tiene que cumplir con estos estándares y directrices técnicas. Los proveedores tecnológicos del Estado siempre deberán entregar al órgano contratante los datos y la información que generaron con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo metadatos, esquemas y toda información requerida. También hay una serie de artículos que son más bien adecuatorios de leyes para efectos de, por ejemplo, fortalecer el dominio digital único o casilla única, eliminando el correo electrónico como mecanismo de notificación. Esto también tiene que ver con ciberseguridad.

Ciberseguridad, nosotros, de todo lo que hemos visto de ataques de ciberseguridad, los correos electrónicos son un canal muy fácil. Entonces, por lo mismo, este domicilio digital único en vez de un correo electrónico, que además si te lo hackean, después la gente pierde control, no sabe lo que está pasando. En cambio, esto asegura un estándar mayor y se vincula también con algo que hemos, por su intermedio, Presidenta, conversado largamente con el senador Pius, que es la digital. No tiene una identidad, pero también tiene un lugar donde está. Tramitación de judicial electrónica y la ley de violencia con las mujeres, donde también se reemplazan los convenios de interoperabilidad a propósito de lo mismo. Y por último está el informe financiero, pero ya lo dije, en realidad es un proyecto ley muy eficiente, que genera eficiencia y que no eroga gasto, porque en la práctica esa plataforma existe y lo que estamos haciendo es que la gente se sienta en la calle. Es más bien un habilitante legal para que además se use de mejor forma a la hora de interoperar. Eso es, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, Ministra. Sí, Presidenta, saludar a la Ministra Sorgante, a todos los invitados. No quiero ser descortés, pero tenemos que intervenir en la sala. Un proyecto muy importante. También tengo que intervenir como el Senador Chaguán. Entonces, difícil poder participar en lo que resta de este punto y menos en el otro. Pido disculpas a los invitados. Y solo como un elemento a lo que ha expuesto la ministra, sería bueno que nos compartieran ese resumen. Y solo un par de preguntas, Heidi, en lo que respecta. ¿Cómo operan las declaraciones de interés y patrimonio? A usted le consta que hemos dado pelea en muchas leyes por separado, que las declaraciones de interés y patrimonio, siendo una constante, un estándar para todos, no... no son cruzadas las informaciones. Yo creo que este es el momento precisamente para tener a todo el arco de personas sujetas a declaración de interés y patrimonio cruzar esa información, de manera tal de tener un sistema interoperativo que arroje en tiempo y forma las contradicciones, el aumento de patrimonio, los conflictos de interés. Y eso, lo he hecho de menos porque no está considerado. Por último, cuando dice que los órganos autónomos van a ser voluntarios, ¿por qué establecerlo a las universidades? ¿Por qué excluir algunas entidades que son públicas? No sé si están ahí consideradas también las universidades, ¿por qué están excluidas? Creo que donde hay fondos públicos, creo que tenemos que tenerlos incorporados. ¿Cuáles son las instituciones obligadas? Digamos el otro espejo. Yo creo que la mayor cantidad de instituciones que tengan ya la obligación poder hacerla. Pero principalmente esas dos preguntas. ¿Cómo operan las declaraciones de intereses y patrimonio para que sean interoperativas? Y particularmente si hay algún sesgo o alguna característica especial respecto de las policías. Hemos visto que opera de manera muy estanco. Lo que hace Carabinero, lo que hace PDI, lo que hace la Policía Marítima, lo que hace Gendarmería y en el sistema judicial, en el sistema del Ministerio Público, operan de manera bien fragmentada. Disculpa que no voy a poder escuchar la respuesta, pero si pueden entregarse posteriormente para intervenir en la... Voy a votar. Está abierta la votación (entre paréntesis). Gracias. Tenemos varios puntos y habíamos informado que íbamos a estar paralelos a la sala. Yo le propongo que las hagamos porque tenemos un segundo punto. Entonces, recojamos las preguntas y le damos la palabra y cerramos con la ministra. Yo a referir, probablemente, la ministra tiene que contestar mi intervención. Quería hacerla solo, bien que la ministra. Ah, ok. Yo tengo un par de preguntas porque a mí, o sea, me parece raro que no involucre presupuesto. Yo entiendo que es gobernanza de datos, pero es bien dantesco el cambio que yo creo que es necesario, que es urgente. También quiero solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que nos haga un informe y una presentación sobre otros sistemas nacionales de gestión de datos. Se mencionan algunos países como Estonia, Corea del Sur, entre otros, y para conocer efectivamente cómo se aborda este tema. Nosotros ya tenemos legislaciones y cosas tan simples como la interoperabilidad de las licencias médicas, que está legislado en ley y en letra muerta porque no están las condiciones. Entonces, quiero preguntar si este...

El proyecto de ley también apunta a dar viabilidad a cosas que ya están ocurriendo. Yo recuerdo hace muchos años trabajé en la Subsecretaría de Prevención del Delito y la idea de un banco único de datos, creo que se llama el BUD, pero claro, ahí fue imposible que las policías intercambien información con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, yo entiendo que este proyecto de ley viene a obligar a eso y por eso se eliminan los convenios. Tengo esas dos preguntas. Y sobre todo el tema del financiamiento, yo lo encuentro... Y lo otro, cómo se operativiza esto a nivel de municipios y gobiernos regionales. Y ahí es donde, por eso insisto en el presupuesto, me parece raro que no tengamos que invertir para viabilizar un sistema nacional de datos en Chile, a lo menos con la capacitación, supongo, de personal en esta materia. Y ya pensando en un umbral más allá, si va a beneficiar a las personas en ciertos trámites que se tornen menos burocráticos, licencias médicas, por ejemplo. Creo que ese es un tema de los alimentos, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. O sea, el tema de gendarmería, cuando liberan a un reo por error, y son errores bien grandes. Entonces, quiero ver si ese tipo de... o beneficios se van a poder observar a partir de este proyecto de ley o quizás está contemplado en otro. Gracias, Ministra. Tiene la palabra y luego el Senador Pío. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradezco las preguntas y también aprovecho de pedir disculpas porque también tengo que estar en la Comisión de Seguridad de la Cámara en un minuto. Entonces, si le parece, Presidenta, por lo mismo está Rodrigo Lavandero, que es el Coordinador de Modernización del Estado, y José Inostrosa, que es el jefe de la Secretaría de Gobierno Digital, que pueden continuar, pero a mí me gustaría abordar algunos temas más generales. Efectivamente, este proyecto de ley, a propósito de las declaraciones de interés de patrimonio, hoy día ocurre que la Contraloría hace cruces de datos con información de impuesto interno, por ejemplo. Y de hecho, a más de una persona le ha tocado que le llegue a un correo de la Contraloría diciendo que tiene que rectificar su declaración de interés y patrimonio porque, no sé, el valor de la vivienda no corresponde a propósito del cruce con el avalúo fiscal u otras materias. Esto, de todas maneras, lo va a ayudar mucho más porque, efectivamente, la Contraloría podría sumarse de manera voluntaria, como es autónoma, a esta carretera y no tener que generar convenios de interoperabilidad ni plataformas distintas, etc. Y de las cosas de por qué ciertas coberturas. Nosotros consideramos que en el caso de las universidades y empresas públicas, por el tipo de datos que interoperan, en realidad, si uno quisiera incluir a las universidades, tendría que incluirlas a todas, en estricto rigor, porque las universidades tienen un deber de informar a la Superintendencia de Educación Superior, independiente de si son públicas, privadas, etc., porque al final del día, por ejemplo, gratuidad a todas las que aplican no tiene mucho que ver con ser estatal o no estatal. Entonces, es parte del debate que podemos ir teniéndolo en esta, pero la primera mirada que vimos fue, en realidad, no tiene que ver con ser universidad pública o privada, tiene que ver con el hecho de ser universidad, y muchas veces ellas tienen su propio mecanismo de interoperabilidad, de hecho, muchas veces las plataformas que nosotros ocupamos, muchas cosas, nacieron previamente en la universidad. Pero eso fue un poco lo que se discutió en su momento cuando lo estuvimos viendo. Entonces, por eso es que se acotó las instituciones obligadas al gobierno central, a los gobiernos regionales, a los municipios, en la misma línea del alcance de la ley de transformación digital, diría yo. Y en esa línea, por supuesto, también se incorporaron los datos de los carabineros, policía, PDI, que es lo que usted menciona. Nosotros, en todo lo que tiene que ver con capacidad de interoperar en el sistema salud, a propósito también de su pregunta, esto lo ayudaría importantemente, pero cuando entramos al dato sensible, ahí va a operar, de alguna forma la ley de datos personales es la que me dice con quién puedo interoperar, o sea, con quién puedo compartir información. Pero si tengo la habilitante legal, esto va a ayudar a que haya menos idas y venidas, por ejemplo, todos los servicios de salud interoperando con FONASA, debería ser un canal de hacerlo mucho más rápido en vez de FONASA tener convenios con cada uno de los servicios de salud. Eso yo diría en general.

Y creo que Rodrigo Lavandero, por su intermedio, Presidenta, puede responder mejor que yo, incluso las preguntas en relación a los beneficios de las personas, etc. Y a propósito del informe que usted solicita al Congreso, lo que podemos hacer es compartir los propios análisis que tiene la Secretaría de Gobierno Digital con las experiencias internacionales. Y quizás sobre eso trabajar la biblioteca al Congreso para que no, a propósito de no duplicar esfuerzos, tampoco lo hagamos en este caso. Muchas gracias y le pido las disculpas. Disculpa nuevamente. Gracias, Ministra. Vamos a dar la palabra entonces al señor Lavandero. Senador Pío, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer a la Ministra su arrogante. Solo quería escucharla a ella porque sé que tiene que partir a la Cámara de Diputados y por eso seguir ahora la discusión un poco más técnica. ¿Por qué quería escuchar a la ministra subrogante? Porque si hay un activo valioso que tiene el Estado de Chile son los datos. De hecho, las empresas más valiosas del mundo son los datos. Y aquí, en el Estado de Chile, no le damos la importancia a los datos. O sea, no solo el valor económico, lo que representa, y por eso es bueno que estén en Hacienda, tienen que estar igual como están los dólares, los pesos o cualquier otra moneda. O sea, este es el activo más importante porque permiten soluciones a las personas de forma efectiva, rápida. Y aquí viene quizás el primer punto, Presidenta. Es decir, yo no tengo problema con que en forma modesta se haya presentado el Sistema Nacional de Gestión de Datos. Muy modesto, sin presupuesto, como dijeron. O sea, llama mucho la atención de que algo es tan importante, los datos lo más valioso que tienen todas las organizaciones, no leemos la importancia que tiene. O sea, de ahí partimos mal. Y partimos mal porque no hay gobernanza. La gobernanza es quién está a cargo, quién manda. En países que han ido realizando estos mismos procesos, se citó el caso español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió en su momento darle gobernanza con una subsecretaría de transformación digital e inteligencia artificial. Y una subsecretaría que además tiene el control de todos los recursos de los subtítulos de tecnología e información. Porque efectivamente no es que no tenga plazo el proyecto. El país, el Estado, tiene muchísimos recursos que en estos momentos se administran no sabemos cómo. Porque tampoco hay datos como para poder cruzarlo a tiempo. Entonces aquí hay que tomar decisiones. Si nos vamos a quedar solamente con el título del Sistema Nacional de Gestión de Datos, o si creemos que puede haber espacio para hacer una discusión más profunda de una gobernanza de verdad. Dejar instalado algo. Que no tiene tanto costo por lo demás. Porque aquí lo que se busca es la autoridad. Y los recursos, tal como lo dije, son los recursos que actualmente tiene el Estado. ¿Qué deberán dar? Y esa es la primera pregunta que me gustaría que, ojalá, Hacienda la tenga para esta ley de presupuesto. ¿Cuántos miles de millones de dólares significan todos los recursos de tecnologías de información que maneja el Estado de Chile? De todos. Incluye a las empresas autónomas del Estado. De todos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la cifra sobre la cual se basan estos datos? Solo para entender más o menos de qué cifra, de qué valor estamos hablando. O sea, no solo compararnos con otros sistemas, sino que bajar en la realidad. Quería escuchar lo que señaló la ministra de las declaraciones de interés y patrimonio, porque la declaración de interés y patrimonio es el mejor ejemplo de la falla del sistema. ¿Y por qué? Fíjese que los datos que tiene el Estado de uno, de cualquier persona, el Estado no tiene que pedírselo a la persona, no tiene que pedirle al Estado. La tasación fiscal del inmueble, tasación que hace el Servicio de Impuesto Interno y que cambia, además vertiginosamente, estamos cambiándola prácticamente todos los años. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema de fondo, porque ¿cuántos años llevamos con la declaración cometiendo el mismo error? Y con gente capaz, muy buena, se ha intervenido muchas veces, se ha dicho, el Estado es incapaz de usar los datos que ya tiene. Si uno hace una declaración del SAG, chuta, hasta el género tengo que estarlo informando cada vez que estoy diciendo que ese es un tema, que es no menor, que es sensible y que lo tiene el Registro Civil dentro de la base de datos. Pero cada persona tiene que estar permanentemente en la declaración del SAG poniéndolo. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Vamos a adherir al principio once only? ¿Los datos se entregan una sola vez? Y el Estado después no le pide nunca más el dato, a lo más le pedirá a la persona que lo revise, para que así la declaración de intereses y patrimonio, que fue con lo que se partió la primera pregunta, ya venga todo eso listo. Y si alguna persona tiene una observación, oiga, Estado está equivocado, pues se puede equivocar, bueno, lo advierta, pero no está...