En sala se aprobó el proyecto que dispone la inscripción provisoria de los vehículos.
Buenos días, diputadas y diputados. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Salud.
Muy buenas tardes a todos, a todas, colegas, diputados, invitados y participantes del Ministerio de Salud, director de FONASA y el equipo técnico que acompaña. Y bueno, cuando llegue la salud, quiero contarles algunas cosas. Hoy día tenemos una tarde muy interesante porque van a exponer y van a contarnos sus puntos de vista tres personas importantes. Tenemos el caso de la economista de la salud, la señora Daniela Azúz, que está en Italia, y por lo tanto, con las seis horas de diferencia que tenemos, ella va a participar por Zoom, pero allá ya son como las once de la noche. Entonces, voy a subirla al primer lugar para que ella presente primero y así no tenga que exponer a la una de la mañana.
Otra buena noticia es que voy a postergar los varios hasta el final de la sesión. Si queda tiempo, asumimos los varios y escuchamos, pero la verdad es que tenemos que tratar de poder tener la mejor de las participaciones de los invitados y, según la hora en que terminemos, abrimos el espacio que quede para varios. Porque el ideal es que después de las últimas audiencias, que son estas, podamos votar en general el proyecto y determinar el plazo para indicaciones.
Así es que vamos a comunicar con la señora Daniela, que está en Italia. Ah, de veras, ya se me había olvidado ser presidente. Hay que leer la cuenta primero, así que después vamos a marchar. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a los invitados, señora Ministra, invitados, integrantes de la Comisión.
Rápida lectura de la cuenta.
Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica; un oficio del Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia con carácter suma para el despacho del proyecto que modifica el código sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico; un oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica; así como un oficio por el cual se hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, para modificar la distribución del fondo y lograr una mayor disponibilidad de recursos en beneficio de los pacientes. Boletín N° 15047, refundido con el boletín 17567-11, que es el que nos convoca hoy; el ingreso de un proyecto iniciado en moción de la diputada señora Gasmuri, que modifica el código sanitario para regular la autoprescripción de productos farmacéuticos controlados y las indicaciones clínicas, asignada con el boletín 17.807-11; un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica a esta Comisión el acuerdo de la Sala para remitir a la Comisión de Pesca, Agricultura e Intereses Marítimos, con posterioridad a su despacho por esta Comisión, el proyecto de ley que modifica el código sanitario en materia de rotulación y etiquetado del recurso jurel, correspondiente al boletín 17.800; un oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta Comisión para informar sobre la situación actual de la lista de espera en el sistema de salud en los términos que se le requirió; y un oficio también de la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta Comisión.
Informa sobre la fecha estimada de entrega de los recursos destinados a financiar los incentivos al retiro de los funcionarios de la atención primaria de salud. Me saltamos todo lo relativo al cumplimiento de la ley de presupuesto. Luego, oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se remite un informe en cumplimiento… Perdón, me salté, este era de la ley de presupuesto.
Paso al oficio del alcalde de la Municipalidad de Quellón, mediante el cual manifiesta su preocupación por la carencia de especialistas en la provincia de Chiloé y la dificultad para acceder a una atención médica adecuada, por lo cual solicita gestionar los mecanismos necesarios para resolver la falta de especialistas de gastroenterología infantil y fortalecer la salud en esa provincia con el objeto de brindar a los niños una atención integral.
La verdad es que este oficio lo derivaremos a quien corresponda porque esta comisión no puede atender ese requerimiento.
Una solicitud de la diputada María Luisa Cordero a fin de que se otorgue por parte de esta comisión una audiencia para que puedan exponer en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre aborto y se disponga un plazo de una o dos semanas para que las y los diputados integrantes de la comisión puedan remitir a la secretaría los nombres y correos electrónicos de las personas o instituciones que consideren relevantes para enriquecer el debate legislativo. Eso efectivamente se va a hacer así cuando se cite para iniciar el proyecto en cuestión.
Una solicitud de la diputada Carolina Tello a fin de invitar a esta comisión a los representantes de los trabajadores del Hospital San Pablo de Coquimbo, así como a la dirección del establecimiento y del servicio de salud correspondiente, con el fin de abrir un espacio de diálogo y buscar alternativas que permitan la mantención íntegra del jardín infantil de ese recinto. Espacio con más de 50 años de trayectoria que hoy enfrenta un cierre progresivo que amenaza la equidad de género, la conciliación laboral y familiar y los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores de la salud.
La derivación a través del sistema de ley de lobby de un requerimiento de la diputada Lorena Fries sobre solicitud de apoyo de la fundación Padece en la gestión ante la tramitación de la ley Ricarte Soto y en la ejecución del quinto decreto de evaluación. Y solicitar al Ministerio de Salud, mediante oficio que se sirva pronunciar respecto de la solicitud por ley de transparencia sobre el acto administrativo fundante de exclusión de tecnologías en el proceso del quinto decreto de la ley número 20.850. Lo derivaremos igualmente, Presidenta.
Solicitud de audiencia de la Fundación Jocelyn Fernández Cuevas para exponer la realidad de los pacientes Wilson en Chile de generación hepatolenticular progresiva y respecto a las modificaciones y observaciones a la ley Ricard Tessot.
Una solicitud de audiencia de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos para presentar su opinión sobre la crisis que afecta al Instituto de Salud Pública, entre otros, tras el ciberataque que sufrió el 27 de junio pasado, cuyas consecuencias están impactando la salud pública a las personas y a la industria farmacéutica. Considerando que está en trámite legislativo el proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y amplía las atribuciones a diversos organismos de dicho sector, entre ellos el ya mencionado Instituto de Salud Pública.
Carta pública de un grupo de profesionales enfocados en diversidades, mediante la cual expresan su más profundo rechazo, dolor e indignación a los hechos recientemente denunciados en el Hospital Base San José de Osorno, donde un trabajador que sufre del espectro autista fue víctima de actos de violencia, tortura y vejación por parte de funcionarios de dicha institución.
La copia de un correo de FENATS, octava región, al señor subsecretario de redes asistenciales, mediante el cual le remite cronograma de gestiones y comunicaciones fallidas respecto a la solicitud de entrevista por el tema del concurso interno Pabellón Hospital Lota.
Correo de la Fundación Doctor Avis. Avicen, perdón, mediante los cuales denuncian casos de acoso y maltrato hacia los estudiantes del área de la salud de pregrado y progrado.
Y finalmente, la solicitud de audiencia de Ginecólogas Chile Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género y Médicas Feministas de Chile, con el objetivo de aportar al debate legislativo sobre el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica.
Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario.
Bueno, vamos a ver. ¿Alguien solamente va a abrir comentarios sobre la cuenta? ¿Alguien tiene comentarios sobre la cuenta? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a entrar.
con la orden del día y vamos a darle, vamos a ver si queda tiempo a verla. Entonces, la idea es concluir el debate hoy día en general y someter luego a votación este proyecto, de manera que se va a dar un plazo, probablemente hasta que volvamos de la digital, para indicaciones. Y esto es muy importante para poder sacar esta ley tan importante de diagnóstico y tratamiento de alto costo.
Y en ese contexto vamos a escuchar en primer lugar a la economista de la salud, a la señora Daniela Azud, que ella está en Italia, por lo tanto va a participar por Zoom. Adelante, señora Daniela.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo cordialmente a la Presidenta, ¿no es cierto?, a los diputados y diputadas y a todos los asistentes. Yo preparé una pequeña presentación breve para hablar sobre la materia. Voy a ver si puedo compartir para guiar la conversación y ustedes me confirman si se ve, la verdad. Lo voy a poner en pantalla completa.
¿Ahí se ve mejor? Sí, perfecto. Bueno. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Yo actualmente soy académica y consultora. Trabajé en DIPRES desde el año 2008, en verdad, al 2021, y fui la responsable técnica de la ley Ricardo Soto desde su inicio legislativo hasta el año 2021, encargada de los informes de sustentabilidad financiera. Actualmente, por supuesto, ya no trabajo en gobierno. Mi foco de análisis tiene que ver con las normas relacionadas con la sustentabilidad financiera, la transparencia de roles de las instituciones y, en esta oportunidad, por motivos obviamente del tiempo, no abordaré los cambios sugeridos a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.
Es muy importante destacar que esta ley ha sido un hito para Chile. Es una ley en verdad referente a nivel mundial que actualmente ha permitido beneficiar a 71.550 pacientes. Principalmente se ha enfocado el gasto en tratamientos asociados a artritis, esterosis múltiple y cáncer de mama, que es lo que se muestra a continuación. Y esto también es importante destacarlo porque son problemas de salud que están en GES actualmente en el sistema de garantías específicas de salud y las segundas y terceras líneas, en teoría, están en la ley Ricardo Soto, pero ya se empiezan a entender un poco como el estándar de cuidado. Y por eso también están presionando la sustentabilidad financiera del fondo.
Como digo, es una ley muy importante y que se da la oportunidad de a 10 años de su promulgación, ¿no es cierto?, analizarla y perfeccionarla, y por lo tanto es una hermosa oportunidad, ¿no es cierto?, para mejorar un sistema que ya es bueno.
En términos de la sustentabilidad, el proyecto de ley indica un aumento del aporte fiscal de 100.000 millones de pesos que existían anuales a 185.000 millones de pesos. Y acá yo extraje la información desde Senabás, de todos los ambientes públicos, porque nuevamente esta ley, a diferencia de muchas otras, cuenta con alta información pública en Senabás, en FONASA, en la Superintendencia de Salud, desde la misma IPRES, lo cual también lo hace única. Y el gasto esperado para... este fue el reporte que yo extraje del gasto efectuado y compras entregadas en 2024, son 193.000 millones de pesos. Por lo tanto, este aporte fiscal del aumento a 185.000 millones, a priori no alcanzaría para mantener la sustentabilidad del fondo.
Es importante mencionar que la última proyección del fondo, del completo, es del año 2021 cuando se emitió un oficio desde la Dirección de Presupuestos al Ministerio de Salud para iniciar el proceso del quinto decreto de esa época. Y hay que también revisar lo que se está haciendo en el actual proceso de la ley Ricardo Soto. Acá algunas cifras que son todas públicas. Estos son los datos del mismo oficio del año 2021, en el cual se indicaba que no existía mayor espacio financiero para incluir tecnologías que implicaran mayor costo fiscal y ya el gasto esperado hacia 2028-2029, que es lo que tengo remarcado, iba a ser superior a los 182.191.000 millones de pesos. Hay obviamente una diferencia entre lo que es gasto efectivo y gasto devengado, que sería nuestro...
Compromiso. Por lo tanto, el compromiso es, en teoría, superior a los 200.000 millones de pesos. Puede señalar que no existe públicamente un análisis financiero actualizado de la totalidad del fondo. Se ha mostrado en el último reporte de sustentabilidad, que fue el del año pasado, en la modificación del cuarto decreto. El informe realizado por la Dirección de Presupuestos solamente abordó las tecnologías evaluadas con impacto fiscal neutro y, por lo tanto, es problema de salud, que son esplenocin múltiple y artritis reumatoide. Pero no se realizó un análisis completo de la base del gasto.
Además, recientemente está en proceso la evaluación de tecnologías sanitarias para un quinto decreto y acá se indica disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Salud, aun cuando el emisor de la información de disponibilidad financiera es el Ministerio de Hacienda porque lo indica tanto la ley como los reglamentos de la evaluación de tecnología sanitaria. Se indica que existiría una disponibilidad de recursos porque se está utilizando Niversimab como estrategia en vez de la profilaxis por virus respiratorio y social que está incluida en la ley de Ricardo Soto, pero no se indican los montos.
No obstante, lo anterior, nuevamente, no existe una visión completa y actualizada más allá del año 2021 respecto a la sustentabilidad completa del fondo de la ley de Ricardo Soto. Así que eso también es importante destacarlo para poder avanzar con propiedad en lo que significa definir los montos a cubrir.
Destacar que el inicio de la ley con los 100.000 millones de pesos, todos los diseñadores del proyecto de ley se sabía que eso tenía un límite, se analizó en el cuarto decreto, por lo tanto se avisó formalmente en el año 2021 para el quinto decreto de la realidad y esto también era con la siguiente propósito, de evaluar efectivamente si ese es el camino para abordar los problemas de salud con alto costo. Al parecer sí, es una ley muy querida y que ha tenido resultados.
Volviendo a las modificaciones de la ley, en el artículo 9, que tiene que ver con materias financieras, se habla de la inclusión del Ministerio de Salud en la elaboración de los informes de sustentabilidad, cambiar el margen de sustentabilidad del 80 al 90%, realización de informes de neutralidad fiscal cuando se incluyan tecnologías que no tienen impacto, en teoría no tienen impacto financiero, y que surta información, hay un cambio en el guarismo en el fondo de quiénes son los responsables de la información desde MinSAL hacia Hacienda, incluyendo al Ministerio de Salud, al Fondo Nacional de Salud y CENABAS.
Algunas materias acá a destacar. Es importante mantener la separación de funciones entre Hacienda y el Ministerio de Salud por un tema de contrapesos.
El que decide una tecnología y quiere evaluar una tecnología no debiese ser a la vez el que evalúa financieramente la tecnología para tomar una decisión. ¿Por qué tiene este motivo? ¿O por qué esta Hacienda? ¿O en su momento fue Hacienda? Porque no existía una agencia de evaluación de tecnología sanitaria independiente y, por lo tanto, se necesitaban los contrapesos. Por lo tanto, sería mejor mantenerlo donde está hoy día si es que no existe un cambio en esa materia.
Ahora bien, como he destacado, no ha existido una evaluación completa del fondo, aun cuando debiese haber existido, sobre todo cuando estamos hablando de esta modificación legal. Por lo tanto, también quizás hay que generar mayor control de la calidad y suficiencia de los análisis o quizás externalizar algunas materias.
Se requiere justificar este cambio del porcentaje de la sustentabilidad del 80 al 90%, esto más bien porque no es tanto jadizo. Al incluir las tecnologías sanitarias de baja conocimiento y frecuencia, la verdad lo que se da es que tú tienes una falta de información de registros locales, lo cual te hace muy inciertas las estimaciones. Al eliminar las barreras de acceso, empieza una progresión al principio lenta de pacientes, pero luego bastante acelerada, es lo que uno veía al hacer la evaluación por tauna de las tecnologías en el tiempo. Y en la medida que se genera mayor conocimiento clínico, se genera una facilidad del acceso. Por lo tanto, también se requeriría justificar de mejor forma el por qué hoy día tendríamos menos incendios.
Certidumbre sobre las estimaciones. Y acá también en determinados de las sugerencias, evaluar efectivamente las responsabilidades de la ley de Cartesoto en Minsal, porque actualmente existe y a nuestro juicio el responsable principal debiese ser el Fondo Nacional de Salud, justo porque es una ley con protección financiera, sumado al anterior quien tiene el registro de la información completa de la ley de Cartesoto. Y por lo tanto, cuando se incluyen más actores como voceros, se fracciona la información. Quizás es mejor simplemente que FUNASA sea el agregador de información y se mantenga un conducto ordenado. Esto solamente por fines de responsabilidades y de mayor completitud de la información.
Respecto a otras modificaciones del artículo 9 y 10 que dicen relación con el precio máximo industrial, indica que será publicado por la Subsecretaría de Salud Pública previo a la dictación de los nuevos decretos y que la Subsecretaría analizará las variaciones de precios, efectividad y seguridad e informará anualmente a la EPS. Aquí algunas sugerencias respecto a esta materia. Es que se requiere establecer una normativa y criterios del precio máximo. Se comprende una fijación cada tres años acorde con los decretos para dar estabilidad y seguridad financiera al fisco.
Ahora bien, solamente establecer el precio máximo industrial no es suficiente porque no existen en la práctica sanciones efectivas a aquellos que no cumplan la industria con este precio máximo o incluso con las variaciones del IPC permitidas como máximo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de los monoprovedores y por lo tanto el simplemente contraer el contrato y salir a comprar al exterior no es trivial.
Y por eso quizás una solución o una sugerencia es que además del observatorio de precios que tiene Senabás, que también hay que destacar que es único y surgió en parte por la ley de Cartesoto, es que se incluyan indicadores de desempeño de los proveedores y sanciones para las próximas inclusiones de tecnología cuando el titular no haya cumplido. Esto en el fondo es crear una amenaza más fríble para efectivamente cumplir con estos alzas de precios y para mantener la estabilidad financiera del sistema.
La efectividad, yo por mi parte, fue un tema que se levantó en su momento, deseable de medir efectividad de los tratamientos en la ley de Cartesota para así tomar decisiones. Esto requiere ser incluido en el registro de FONASA, lo que a priori en el pasado se podría haber hecho, pero se requieren recursos probablemente para ampliar la plataforma.
Y también cuando se habla de efectividad, que Subsecretaría de Salud Pública analizaría la efectividad, implica que existe antes, en la inclusión en el decreto, una propuesta de valor de efectividad de la tecnología, la cual tendría que ser definida, por lo tanto, en el decreto, y eso no está considerado en el proyecto actual. Entonces, eso también es importante, porque de lo contrario, ¿qué haría? Va a ser a normas técnicas. O al menos genera un espacio, ¿no es cierto?, de definiciones internas posteriores.
Respecto a la seguridad, el encargado de la seguridad de los medicamentos es el ISP y por lo tanto quizás lo más conveniente es que el ISP reporte a este sistema que tiene con ASA, ¿no es cierto?, el registro completo de forma que interopere y se tenga una visión completa, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con el fondo y con sus tratamientos.
Como decía… El monitoreo actualmente radica con ASA, se tiene información casi día a día, mi conocimiento es del pasado, quizás eso cambió, espero que no, y era información que se registraba y se tenía a disposición todos los meses.
Respecto a los acuerdos de riesgo compartido, se ha hablado mucho de esta materia en el último tiempo y que se da este cambio en la ley para que Senabas pueda cumplir mejor este rol de generar estos acuerdos y que se permitan ciertas normas de confidencialidad, que son todas deseables, más allá de lo que hay establecido, esto a mi juicio no va a ser suficiente para poder efectivamente implementar los acuerdos de riesgo compartido, que tienen dos naturalezas, de financiamiento o de precio en el fondo. O basados en resultados de efectividad, de que se cumpla la propuesta de valor. El acuerdo de riesgo compartido es complejo de implementar, se requieren mesas de negocio,
una institucionalidad con roles claros desde el seguro, que debiese ser por su rol financiador, ¿no es cierto?, el principal encargado de esta materia, a mi juicio, a nombre personal. Y por lo tanto, no sería suficiente, está bien que se incluya para Cenabás toda esta mayor potestad y que se permita esta confidencialidad de precios, pero no va a ser suficiente para poder implementarlo.
Los acuerdos de riesgo compartido tienen costos de implementación altos también, dependiendo obviamente de su naturaleza, los cuales también debiesen ser de cargo del fondo, porque de lo contrario van a ser de cargo del presupuesto fiscal, probablemente del FONASA o del propio Minsal.
Acá es importante también definir en los acuerdos de riesgo compartido qué va a pasar cuando se resuelva la incertidumbre por la cual surgieron. Porque eso puede implicar una vuelta al precio completo o a cambios en la cobertura o una ampliación de cobertura.
Entonces, ese tipo de particularidades en verdad requieren una propia institucionalidad que no estaba definida en el proyecto original, porque estamos hablando de hace 10 años atrás, en lo cual todos, me incluyo que participé, no teníamos los conocimientos tan detallados sobre esta materia.
Por lo tanto, también la invitación es acá darle una vuelta en términos de qué materias se podrían considerar en la ley y qué otras tienen que tener una bajada reglamentaria para hacerlo efectivamente operativo, porque sí es necesario para cuando estamos hablando de tecnologías de alta incertidumbre y de alto costo.
Por último, no me acuerdo si es lo último, pero en el artículo 11 que se habla del traspaso de tecnologías al JES, cuando bajan su costo anual, cuando ya no cumplen con el umbral. La verdad, este es un tema que se habló en muchas oportunidades en su momento de traspasar tecnologías como las asociadas a artritis, esferosis múltiple y cáncer de mama.
¿Por qué? Porque eran de alto impacto financiero, con muchos pacientes o de alta frecuencia, y que hoy en día se entiende casi el estándar de cuidado o pasa muy rápido desde las primeras líneas que están en GES hacia la ley Ricardo Soto. Por lo tanto, lo que se hace en esta modificación legal va en el camino de formalizarlo y explicitarlo de mejor manera.
Ahora bien, ya existe en la ley esta posibilidad. Por lo tanto, si es necesario, se podría, a mi juicio, hacer, manteniendo, por supuesto, a los pacientes que están en los sistemas de CAPEDEN y DIPECA bajo la ley de la ley Ricardo Soto.
Acá hay que considerar varios escenarios para los traspasos en GES, que son escenarios a contemplar y que debiesen estar probablemente enunciados en un cuerpo legal, que tienen que ver con evaluar la tecnología en sí mismo o el problema de salud en su conjunto.
Y también abordar sinergias e integralidad entre GES, la ley de Cartesoto y DAC. DAC se creó en el 2021-2022 por ahí y por lo tanto la ley de Cartesoto no lo contemplaba como alternativa, pero actualmente está todo o gran parte de lo oncológico de alto costo en este subsistema creado por Glossa de la ley de presupuesto. Por lo tanto, hay una materia también a abordar de cómo se integran los tres sistemas y se empieza a generar una mayor claridad de qué va en cada uno de ellos.
Algunas materias pendientes y para finalizar mi exposición es principalmente la sustentabilidad. Y en el fondo, aumentar los recursos a 185 mil millones de pesos a priori sin mayor información, y yo no he realizado obviamente los cálculos del fondo, podría no ser suficiente. Podría no ser suficiente porque en el fondo estaríamos cubriendo lo que ya está vigente sin permitir mayor inclusión de nuevas tecnologías. Quizás hay que evaluar gatillos o reglas, los cuales se ocupan para otros tipos de beneficios sociales que tienen que ver con el crecimiento económico o una proporcionalidad en base al presupuesto del Ministerio de Salud, incentivar donaciones y también generar mayor eficiencia del gasto y generar los espacios fiscales que tienen que ver con ir traspasando problemas de salud o terapias que han sido más usadas y ya se entienden de estándar de cuidado a lo que es el GES.
Algunas otras sugerencias que tienen que ver también con la sustentabilidad es formalizar la existencia de los comités clínicos centrales. En su momento existían para mayor control. Estos fueron eliminados, si no me acuerdo, creo que el año pasado. Pero debiesen ser formales y remunerados. Acá los profesionales generan efectivamente un control hacia los otros clínicos.
mayor control financiero a la vez. Algunas posibilidades de evaluar son liberar quizás del deducible a las ISAPRES en el sistema de la ley de Cartesoto. Actualmente los reintegros o hasta el 2021 no sucedían o no eran traspasados al fondo. Mejorar el mecanismo de selección de las tecnologías sanitarias a evaluar. Eso es material más bien del reglamento que de la ley, pero se podría quizás renunciar. Mismo lo que citaron acá en la cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué estos tratamientos van a ser evaluados y por qué estos no? Eso no está tan claro en la normatividad vigente. Respecto a una norma de los ensayos clínicos en la ley Ricard de Soto, la verdad es que ha limitado el desarrollo de ensayos clínicos a problemas de salud crónicos, lo que ha favorecido los oncológicos en desmedro de los otros. Y esto tiene que ver porque se... exige la mantención de las terapias post término del estudio. Resguardar también conflictos de interés hoy en día desde las contrataciones que hace el Ministerio de Salud a los que vienen del sector privado y industria en materia de decisiones de la ley de Cartesoto y GES y evaluar efectivamente o mejor clarificar los roles del MinSAL sobre la ley de Cartesoto. Existen múltiples actores y algunas superficiones que negocian. Acá actualmente el que propone a su vez evalúa y al parecer negocia y a la vez controla. Hoy día es más necesario que nunca avanzar hacia una agencia de evaluación independiente para poder esclarecer cada uno de los roles del Estado en esta materia. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias por la instancia y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Tarde en la noche. Habitualmente dejamos todas las preguntas para el final, pero como supongo que usted va a ir a reposar, a descansar, quisiera abrir una, si hay preguntas de parte de los miembros de la comisión.
Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera que Doña Daniela pudiera ahondar en la suficiencia respecto al fondo. Se ha planteado en la comisión, por expositores previos, que se va a intentar hacer más eficiente el fondo, el gasto, y por tanto se va a disponibilizar de los 165 mil millones de pesos, y poco más, que es lo que se gasta en tratamientos de alto costo para incorporar un tratamiento y que sobre eso se agregarían los 20 mil millones. Entonces, mi pregunta es cuán viable ve ella la posibilidad de hacer más eficiente el fondo y con ello disponibilizar recursos que actualmente se están gastando y, por tanto, cómo ella mira en ese sentido la posibilidad de que con tanto el aumento efectivo de 20.000 millones como esta mayor eficiencia, se puedan eventualmente incorporar nuevas tecnologías. Muchas gracias, Presidenta.
Ministra, vamos a juntar las preguntas para que usted las responda. Muchas gracias, Presidenta.
Por su intermedio, saludar a los honorables diputados. Más que una pregunta, comentar de que nosotros ya hemos establecido acuerdos de riesgo compartido, que hemos estado trabajando en esa institucionalidad, que logramos el primer acuerdo con el medicamento Sorgesma, que hemos hecho acuerdos para Tricafta, y también hoy día estábamos anunciando que llegamos a acuerdos para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Entonces, sí se ha podido implementar esos acuerdos en esta administración, y para eso se ha trabajado en una institucionalidad dentro del Ministerio de Salud con buenos resultados, solamente eso. Gracias.
Una observación o pregunta, ¿no? Adelante si usted quiere hacer algún comentario de respuesta a lo que aquí se ha planteado.
Perfecto, por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Respecto a la pregunta de la suficiencia del fondo, fórmula para hacerlo más eficiente hay varias vías como en el fondo de acotar el gasto, por una parte es traspasando
como uno dice, algunos problemas de salud y terapias en el fondo que son de altísimo costo hacia el GES y que se mantengan ahí, como artritis, esclerosis múltiple y cáncer de mama. Por otra, se podría renegociar con los proveedores, ¿no es cierto?, en vista de que ya son tecnologías en algunos casos que tienen más de 10 años en el sistema. Pero así todo, esa eficiencia, bueno... como decían, se liberaron recursos, ¿no es cierto?, por el uso de Niversimab, lo cual también tendría que ser considerado, ¿no es cierto?, dentro de los ajustes, pero también hay que considerar que existe mayor uso, y por eso es importante y destaco que se requiere una mirada actualizada de la sustentabilidad del fondo, porque se sigue trabajando una mirada del año 2021.
En los últimos datos que yo vi, incluso de cáncer de mama, la proyección de demanda que al menos en ese momento había manejado me quedé corto. Y eso se debe a que efectivamente muchos están pasando más rápido desde GES a los sistemas de ley de regate Soto. Por lo tanto, más allá de si eso es suficiente o no, hay algunos aspectos que se pueden mejorar, por supuesto que se puede eficientar el gasto, siempre hay alguna oportunidad en esa materia, pero también uno requiere, dado el cambio legal, a mi juicio, un mecanismo que no nos obligue a esta discusión cada tres años o cuatro años de generar una inyección adicional de recursos, porque es muy difícil legislar. Y por lo tanto, si uno cree que esto es el camino correcto, uno podría generar una norma un poquito más permanente de financiamiento.
No sé si con eso contesto de mejor forma la pregunta del diputado. No sé, ahí doy el pase, perdón. Muchas gracias. Creo que está satisfecho con su respuesta. Le damos muchas gracias por su excelente presentación. Y bueno, si usted quiere quedar conectada, ningún problema, pero la liberamos para que no atrase. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.
Bueno, continuando con las audiencias. Chao, Andina. Chao, Andina. Vamos a continuar con el director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, el señor Camilo C. Pedraza, que participa junto a la señora Nancy Dawson-Roveco y al señor Matías Goyenechea Hidalgo. No sé qué es. Aquí no tengo que ver con la... con la... con la... con la... ¿Ah? Concibe, sí, también. Gracias.
Sí, buenas tardes, diputados y diputadas, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, la verdad que en principio es un agrado exponer sobre esta ley y su modificación. Hay que recordar también que estamos a 10 años de su implementación y que el 20 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de su creador, don Ricardo Pesota. Hacer memoria, también nos tocó participar en algunos, en mi caso desde la academia en ese momento, en la generación de, por ejemplo, los umbrales de gastos. Cooperamos y debo decir con el doctor Jorge Jiménez de la Universidad Católica con el mismo Ricardo Soto en los aspectos técnicos que se nos requieren