¿TV Senado? ¿Nos dan un minuto, por favor, para comenzar? Pantalla azul, por favor. Muchas gracias. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Secretario, dé cuenta, por favor.
Gracias, señor Presidente. Corresponde informar a la Subcomisión de los siguientes asuntos. En primer lugar, un oficio de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, mediante el cual se transmite su preocupación por el incumplimiento de las normas de la Ley de Presupuestos vigente para el año 2025, en relación con el aumento de la dotación de personal de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y, en segundo término, minutas preparadas por la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, que remiten documentos que dan cuenta, primero, del informe de seguimiento de los compromisos de información asociados al Ministerio del Interior y, además, de la ficha presupuestaria del Ministerio del Interior. Eso es todo, señor Presidente.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar, igual que ayer, como se acordó, con la revisión de todo el trabajo realizado por el Ministerio, considerando las condiciones especiales de que, en este caso, no se trata del mismo Ministerio para el cual se aprobó el presupuesto anterior; no obstante, corresponde hacerlo en primer término. Luego procederemos a la revisión del presupuesto del año 2026. Con este objeto, ofrezco la palabra, en primer lugar, al señor Ministro del Interior, don Álvaro Elizalde.
Muchas gracias, Presidente. Haremos una breve introducción respecto del presupuesto del Ministerio del Interior. Antes, me gustaría compartir algunas consideraciones generales. El Gobierno del Presidente Boric ha hecho un esfuerzo durante todos estos años para avanzar en convergencia fiscal. Efectivamente, con motivo de la pandemia —esto no es una crítica política, es una descripción—.
Se había producido un descalce entre ingresos y gastos de precisamente el 11% y, por tanto, se tuvieron que tomar medidas durante los primeros años con el objeto de garantizar coherencia y congruencia entre los ingresos y los gastos. Este es un principio básico de la política fiscal chilena: al igual que en el presupuesto de una familia, no hay que gastar más de lo que ingresa. En el caso del presupuesto del Estado, si se gasta por sobre los ingresos, se incrementa el endeudamiento, con las consecuencias que ello conlleva para las futuras generaciones, como lo hemos visto en otros países de América Latina.
En ese contexto concluye el gobierno del Presidente Boric y, de aprobarse el presupuesto presentado, vamos a tener en este período el menor endeudamiento de los últimos cuatro gobiernos, es decir, los tres anteriores más el actual. Esperamos que el próximo gobierno pueda establecer el equilibrio definitivo, reduciendo el déficit de 1,1 a 0, teniendo cuatro años para hacerlo. Se ha hecho, por tanto, un esfuerzo muy importante.
¿Por qué señalo esto? Porque para el Gobierno la responsabilidad fiscal y el gasto social van de la mano. La responsabilidad fiscal nos permite sostener en el tiempo beneficios sociales y políticas de protección a las personas que sean financiables de manera estable. Digo esto porque haremos referencia tanto a algunos aumentos como a ciertos recortes respecto del presupuesto del año anterior, lo que obedece precisamente a ese marco de responsabilidad fiscal, que además fue uno de los temas planteados por sectores de la oposición en la discusión presupuestaria del año pasado. De ahí surgió el protocolo que se firmó en la mixta final —como saben, la discusión del presupuesto tiene varias mixtas— y que se tradujo en los recortes aplicados por la Dirección de Presupuestos en el mes de enero.
Veamos, en primer lugar, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior. La semana pasada un vespertino publicó que el Ministerio del Interior tenía una de las peores ejecuciones del Gobierno, entregando una cifra cercana al 30%. Esa información es inexacta, porque quien la publicó no consultó al Ministerio del Interior y utilizó el presupuesto inicial y no el vigente. ¿Cuál es la diferencia? Primero, hubo un recorte en enero, aunque menor. La diferencia principal es que el 1 de abril comenzó a funcionar el Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, un presupuesto que era del orden de 3,4 billones se redujo a 1,4 billones, y esa diferencia es sustantiva.
Actualmente, en términos de porcentaje de ejecución a agosto, estamos en 81%. El año pasado, a la misma fecha, teníamos devengado el 62%. Aquí se produce además otra distorsión: hasta el primer trimestre de este año, todo lo relativo al Ministerio de Seguridad Pública estaba dentro del Ministerio del Interior, lo que naturalmente tuvo un peso mayor en el gasto de ese período y hace que la cifra se vea más alta.
En resumen, la información del vespertino fue inexacta porque calculó el porcentaje de ejecución sobre el presupuesto original del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin considerar la separación del 1 de abril. Hecha esa separación, la ejecución es del 81%. Con todo, este nivel se ubica sobre el porcentaje que teníamos el año pasado y dentro de rangos más que razonables, en línea con los buenos años de ejecución que ha tenido el Ministerio del Interior. Esa es la cifra que ustedes pueden ver ahí. No sé si alcanzan a verla.
…tan pequeña, la verdad, pero se va a entregar, por tanto, una información desde allá sobre ese punto. Vamos a pasar a la lámina siguiente. Aquí tenemos la evolución de la partida en los últimos años y también una disminución del 12,6%, pero voy a explicar cómo se desglosa esta disminución.
Esto es relevante porque ustedes ven en la barra azul la evolución de la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En 2022 se produce una primera disminución, que corresponde a la franja celeste —o azul con líneas—, asociada a recursos que eran parte de la partida del Ministerio del Interior y que pasan a la partida de los Gobiernos Regionales, cuando se creó dicha partida. Por tanto, esa disminución no corresponde a una baja global del gasto, sino a una reubicación en una partida distinta. Luego se observa la evolución con el aumento y, finalmente, una nueva franja al final —una nueva columna— que da cuenta de la creación del Ministerio de Seguridad. Por eso aparece la cifra de 754 mil millones de pesos; perdón, aproximadamente 750 o poco más millones de dólares, que es la que se ve en la franja azul. Esto es para explicar, porque es parte importante de las cifras que vamos a presentar, que cuando se hace la comparación mecánica —que es el error que cometió el vespertino— hay un descalce, ya que no se considera que la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública incluía antes a los Gobiernos Regionales y, hasta el 31 de marzo de este año, incluía al Ministerio de Seguridad Pública. Eso nos permitirá comparar peras con peras y no peras con manzanas.
Avancemos a la lámina siguiente. Aquí tenemos el resumen del presupuesto comparado con la disminución del 12,6%. Un primer comentario: el punto de comparación no debiera ser la Ley de Presupuestos aprobada, sino la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso Nacional después del recorte comprometido durante su tramitación, porque ese es el presupuesto que finalmente se tuvo que ejecutar este año. Si lo comparamos así, la disminución no es del 12,6%, sino del 10,2%. Hay una disminución por exigencia fiscal y por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para que las cifras de ingresos y gastos cuadren en nuestro presupuesto.
La Agencia Nacional de Inteligencia tiene un aumento del 2,8%. El Servicio Nacional de Migraciones registra una disminución del 2,2%. Sobre este último, un comentario: dado que se recortó un 3% en enero, no hay una disminución efectiva como tal; el recorte fue mayor a la disminución que plantea este presupuesto. Por eso insisto en que lo que deberíamos comparar —y sugiero que sea para todas las otras partidas— no es el gasto aprobado de la Ley de Presupuestos, sino el gasto aprobado tras el recorte, recorte que fue comprometido durante la tramitación de la ley y que fue exigido, de hecho, por algunas bancadas parlamentarias para proceder a la aprobación del presupuesto del año pasado. Luego, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación presenta una disminución del 0,3%, pero esto obedece principalmente a que el recorte aplicado en enero fue del 3%.
Pasemos a la lámina siguiente. Protección civil. Aquí tenemos una disminución en Senapred del 5%; insisto, esto es sin recorte, por lo que la disminución efectiva es menor. Esto corresponde básicamente a un gasto único contemplado en el presupuesto para la implementación del servicio de alerta de emergencias. Y también…
Inversiones que se realizaron para el sistema de comunicaciones. No son gastos permanentes y, por tanto, la disminución presupuestaria obedece a que ese gasto no se realizará en la Ley de Presupuestos del próximo año.
Respecto de Bomberos, quiero señalar que ha habido un aumento significativo de los recursos. Para la Ley de Presupuestos del año 2026 se están proponiendo 59.000 millones —59.000 y fracción—. Además, en virtud de la Ley de Acreencias Bancarias, han recibido recursos adicionales: el año 2024, 32.800 millones; y el año 2025, 38.500 millones, 38.000 a agosto, por lo que a fin de año será más. Esto está muy por sobre la proyección que se tuvo cuando se aprobó esa ley; en ese momento se estimaban 20.000 millones. El diputado Mellado participó y fue muy activo en la aprobación de esa iniciativa; también el diputado Cifuentes. Ambos son parte de la Comisión de Hacienda. La proyección para este año va a quedar corta; es decir, será aproximadamente la mitad de los recursos adicionales con los que contará Bomberos.
Pasemos a la lámina siguiente. Gobiernos subnacionales y gestión regional. En la penúltima línea hay una disminución de 50.000 millones. Esto corresponde, al menos por más de 43.000 millones, a traspasos que hacía la SUBDERE a los gobiernos regionales y que hoy día están considerados en la Partida de Gobiernos Regionales. Profundizamos así lo planteado anteriormente: que el presupuesto de los gobiernos regionales considere todos los recursos propios de éstos y no a través de traspasos desde otras instituciones o partidas. Y esa, diría, es la disminución más relevante por las razones señaladas.
Pasemos a la siguiente. En Administración General hay una disminución de 3,1%. No olvidemos que hubo también un recorte. Se observa un aumento importante en el Diario Oficial, porque en su momento tuvo una disminución presupuestaria y luego fue necesario realizar un suplemento. Lo que hace este presupuesto es sincerar el costo del Diario Oficial para evitar tener que efectuar suplementos para su funcionamiento. Básicamente, ese es el cambio más relevante.
Creo que esos son todos los grandes números a los que quería hacer referencia en esta presentación introductoria. A continuación intervendrán los subsecretarios y los jefes de servicio, quienes podrán entrar en detalle y responder las preguntas de los parlamentarios que integran esta comisión. Siempre muy agradecido de la buena disposición que existe para tramitar en el Congreso Nacional pensando en lo que es mejor para el país. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Órdenes, diputado Mellado, senador García y diputado Cifuentes, por su atención.
Muchas gracias, señor Ministro. Pregunto si alguna señora o señor parlamentario desea formular comentarios respecto de lo planteado por el Ministro hasta ahora —esto es, las líneas generales—. De lo contrario, pasamos inmediatamente a las distintas intervenciones.
Bueno, yo solamente quiero decir que, naturalmente, en este caso estamos ante un caso bastante especial, y por eso me parece pertinente lo que ha dicho el señor Ministro al comenzar. Este es un Ministerio que cambió radicalmente desde el principio hasta ahora y, probablemente, si se hubieran cumplido algunos propósitos posteriores, habría cambiado aún más, porque los gobiernos regionales tendrían más autonomía y, por lo tanto, tendrían que ser tratados, a mi juicio, en una partida distinta. Eso no ha ocurrido y, si a esto se agrega el cambio en el Ministerio...
En el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no cabe duda de que el asunto central para el Estado de Chile es definir claramente cuáles son las funciones del Ministerio del Interior. Este ministerio, a mi juicio, es el Ministerio de Gobierno. Quiero decirlo con toda claridad: fue concebido con ese fin y así lo demuestran diversos detalles importantes, como el hecho de que el Ministro del Interior participe en la toma de juramento de los demás ministros, suscriba sus nombramientos, y suscriba, junto con el Presidente de la República, los principales decretos; además, hace las veces de Vicepresidente de la República cuando el Presidente abandona el territorio nacional. Todo ello revela, a mi juicio, la intención sostenida durante muchos años de considerar a este como el Ministerio de Gobierno.
Esto, sin embargo, genera algunas duplicaciones complejas con otros ministerios, que ya examinaremos en otras comisiones. Creo que estamos en un momento intermedio. Con franqueza —y esta es solo mi opinión personal—, el Ministro del Interior que hoy tenemos ha ejercido, no diré como Primer Ministro, pero sí como un ministro primero, el primus inter pares que el legislador concibió. Queda pendiente, sin embargo, abordar la reorganización de la gestión de gobierno que históricamente recaía en el Ministerio del Interior y cuyos aspectos se han ido separando. Trabajaremos con el arreglo vigente, aunque éste está en transición, y espero que en los próximos meses o años se pueda definir claramente su función. A mi juicio, sostener que, por existir un comité político, deben mantenerse determinados ministerios constituye un exceso. A este sistema le sobran ministerios, y sería muy bueno consolidar un Ministerio de Gobierno que, por razones históricas, seguiría llamándose Ministerio del Interior, eliminando así duplicaciones y funciones que probablemente ya no debieran caber en este concepto.
Ese es mi comentario. Si alguien quiere hacer uso de la palabra... Sí, diputado, por favor.
Gracias, presidente. Siguiendo la misma línea que usted ha abierto, que es muy interesante y, creo yo, la discusión de fondo que debiésemos tener a esta altura respecto de lo que va a ocurrir con este ministerio, tan relevante para el Gobierno de Chile y para el Estado, diría que hay dos o tres cuestiones a considerar.
Una es lo que el ministro mencionaba respecto de Bomberos. Tuvimos una conversación con el senador y el diputado respecto de la distribución de los recursos. Ahí hay un tema que viene asomando. Lo quiero dejar planteado ahora —sé que lo veremos en detalle más adelante—, pero como seguramente el ministro no estará presente entonces, se genera un problema político interesante. Este proyecto, del cual tengo el honor de haber sido autor, el de acreditación bancaria, tuvo como objetivo eliminar las alcancías en las calles para Bomberos; y resulta que siguen estando ahí, mientras los recursos son ingentes. Como se decía, calculamos ingresos por 20.000, 25.000 millones, y hoy estamos en 39.450, que es lo proyectado hasta ahora. Es una cifra muy significativa, y creo que hay un tema de distribución, ministro, que debe estudiarse en conjunto con la Junta Nacional, desde luego, pero también articularse con las otras partidas de transferencias directas del Ministerio del Interior y con los gobiernos regionales, que también realizan un aporte muy relevante. Eso me parece necesario. No discuto la importancia de la institución, sino cómo hacemos un análisis lo más integrado posible, de tal manera que tengamos una buena política de apoyo a esta entidad tan necesaria para el país, cada día más necesaria.
Y, en segundo lugar, respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, mirado en el contexto de lo que planteaba el presidente de esta comisión recién, me parece que...
También hay un rol ahí que discutir, especialmente no tanto en lo que tiene que ver con los gobiernos regionales, que los está abandonando, ¿no es cierto?, con razón, porque estamos discutiendo mayor autonomía para los gobiernos regionales. Pero tenemos pendiente una ley que es fundamental y que tenemos que sacar luego, que es la Ley de Rentas o la Ley de Fortalecimiento de las Regiones, que está ahí entrampada, y creo que sería bueno que la discutiéramos desde el punto de vista de la urgencia que corresponde al Ejecutivo instalar. Fíjese, Ministro, que hoy tenemos regiones, como la mía, desgraciadamente, en donde al mes 8 hemos gastado menos del 26% del presupuesto: 25,9% en el caso de la Región de Coquimbo. Eso significa que la Región de Coquimbo va a dejar de gastar entre 35 y 40 mil millones este año. La Ley de Fortalecimiento Regional establece un mecanismo para eso y permite que esos recursos puedan ser transferidos al año presupuestario siguiente, como lo hacen los municipios, lo que es una muy buena medida: primero, porque elimina la presión que tienen los gobiernos regionales para gastar rápido en los últimos meses —y que se convierte fundamentalmente en transferencias realizadas a la rápida—; y, en segundo lugar, porque evita que gobiernos regionales ineficientes, como el que desgraciadamente nos ha tocado a nosotros, terminen no utilizando una cantidad importante de recursos. Entonces, creo que eso es materia regional y, por tanto, la Subdere tiene un rol muy importante todavía en el aseguramiento y fortalecimiento de los gobiernos regionales, que a mi juicio aún están en formación.
Pero hay otro punto, Ministro, por su intermedio, Presidente, que es muy relevante: el tema municipal, del que estamos discutiendo muy poco en Chile hoy día. Los municipios manejan una cantidad de recursos enormes, y la Ley de Royalty Minero además ha venido a fortalecerlos, y a buena hora. Pero estimo que debiésemos dar una discusión también en esta parte, Presidente, respecto de cómo evaluamos lo ocurrido con los recursos transferidos a los municipios por el Royalty Minero y si estos están sirviendo a alguna dirección estratégica que permita al país desarrollar una línea territorial más fuerte. Eso por ahora, muchas gracias.
—Perdón, no le escucho, Diputado.
—Pregunto si, después, cuando cada servicio exponga, podemos hacer las preguntas que correspondan.
—No hay problema; usted puede hacer las preguntas cuando estime conveniente, Diputado. Muy bien, vamos a seguir entonces con la Subsecretaría del Interior, que entiendo es la que corresponde, ¿no, Ministro? Ahora, muchas gracias. Tiene la palabra el Ministro o el Subsecretario del Interior; ustedes nos dirán quién expone.
—Presidente, la exposición la realizarán los subsecretarios.
—Adelante.
—El Subsecretario Víctor Ramos expondrá este tema. Y, obviamente, usted le concede la palabra, señor Presidente.
Tiene la palabra el Subsecretario del Interior, don Víctor Ramos.
—Muchas gracias, Presidente. Saludo también a las señoras y señores senadores y diputados presentes. Para responder de inmediato lo de bomberos, creo que es muy importante lo que plantea el diputado Cifuentes. Efectivamente, en la glosa que se estableció respecto de las acreencias bancarias se señaló que, a partir del periodo 2025, en la glosa número 12 del programa Bomberos de Chile, los recursos traspasados a la Junta Nacional de Bomberos de Chile correspondientes a las acreencias deberán ser prorrateados y distribuidos a los Cuerpos de Bomberos de Chile mediante una proposición fundada de la Junta Nacional. Dicha proposición se basará en procedimientos y criterios acordados entre la Junta y la Subsecretaría del Interior, los cuales deberán quedar establecidos en una resolución de esta Subsecretaría.
En eso hemos estado trabajando con la Junta y, al mismo tiempo, hemos constituido una comisión financiera con el objetivo de actualizar la fórmula mediante la cual se distribuyen los fondos de los Cuerpos de Bomberos, proponiendo una nueva forma de distribución que considere las diferencias en los desafíos a los que deben responder en actos de servicio, así como sus requerimientos de desarrollo. Como ustedes bien saben —porque estuvimos juntos en la Comisión de Emergencias—, creemos que es fundamental avanzar en una ley marco que regule y actualice el sistema de administración y finanzas de los Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional. Si logramos avanzar con ese proyecto de ley, atendiendo a las observaciones que nos hizo la propia Contraloría en esa comisión, podremos regularlo de buena manera. Ahora, Presidente…
Continuo con la exposición sobre la Subsecretaría del Interior. El ministro ya entregó un marco general y explicó el comportamiento del presupuesto; avancemos con la presentación.
Se trata de un presupuesto inicial que se modifica en el transcurso del año, primero por el reajuste de 10% aplicado el 10 de enero y, además, por los cambios a partir del 1 de abril con la entrada en vigencia de la Ley 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad. Por ello, al 31 de agosto la ejecución alcanza el 77%, versus un 59% a la misma fecha del año 2024. Para este cálculo se consideran, entre otros, la Red de Conectividad del Estado, el Fondo Social y Bomberos de Chile.
Respecto del presupuesto vigente, es importante precisar, como señaló el ministro, que el presupuesto inicial 2025 ascendía a 153 mil millones de pesos e incluía el componente de seguridad. Una vez separadas ambas funciones, la Subsecretaría registra un presupuesto vigente del orden de 77 mil millones de pesos. Este vigente incorpora lo ejecutado en los primeros tres meses en aquellos capítulos que luego pasaron al Ministerio de Seguridad e incluye la glosa para atender situaciones de emergencia. Sumados esos ítems, hablamos de más de 45 mil millones de pesos. Con todo, el presupuesto referencial real de la Subsecretaría del Interior para 2025 es de 29 mil 676 millones de pesos. Su ejecución, como indiqué, es de 77%, frente al 59% de 2024.
Por programa:
- Programa 01: ejecución cercana al 86%.
- Programa 02, Conectividad del Estado: ejecución de 57,3%.
- Programa 03, Fondo Social: como es habitual, concentra su ejecución en estas fechas; a agosto se registra lo ya comprometido y, a septiembre, la ejecución alcanza un 65% por las transferencias a las organizaciones adjudicatarias. A noviembre se proyecta el 100% de ejecución.
- Programa 04, Bomberos de Chile: ejecución de 68%, versus 66% en igual período del año anterior.
En cuanto al proyecto de ley de presupuestos, el ministro ya explicó su formulación. Aquí se reflejan los porcentajes aplicados conforme a los criterios de responsabilidad fiscal definidos por el Gobierno. Se observa una variación del monto total del Capítulo 10 que asciende a menos 4%, con una mayor variación en la Red de Conectividad del Estado. Ello se explica porque se traspasaron varias de esas competencias al nuevo Ministerio de Seguridad y a la Agencia de Seguridad, lo que justifica la disminución señalada. Creo que con ello queda explicada la variación mencionada al inicio.
Podríamos avanzar, quizás, con lo de Gobierno Interior. Para el año 2026 estamos realizando una agrupación de diferentes programas de asuntos indígenas que estaban en distintas reparticiones. Me gustaría argumentar la razón. Nosotros tenemos una unidad de seguimiento sobre los acuerdos de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. También hay un Plan Buen Vivir que se radica en las regiones de la macrozona sur. Y están los asuntos indígenas que estaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Esos, sin aumentar ni generar mayores costos ni gastos, se van a rearticular bajo algunos argumentos legales e institucionales.
Primero, el principio de jerarquía administrativa: el Ministerio del Interior tiene la tarea de la coordinación política y la facultad de coordinar transversalmente al resto de las carteras, lo que asegura coherencia en la implementación de las normas relativas a los pueblos indígenas. Segundo, la simplificación normativa: actualmente distintas reparticiones intervienen en materia indígena, generando dispersión regulatoria y vacíos de responsabilidad, y la concentración en Interior reduciría conflictos de competencia y reforzaría la seguridad jurídica. En la misma línea, está el cumplimiento de obligaciones internacionales.
Junto con lo anterior, hay argumentos de política pública, como la unidad estratégica. Las problemáticas indígenas no son sectoriales, sino estructurales: abarcan tierra, seguridad, desarrollo productivo, participación política, cultura y lengua. Y el Ministerio del Interior, por su rol articulador, está en mejor posición para abordar integralmente estas dimensiones. No se trata solo de un asunto de pobreza, ni de desarrollo, ni de seguridad, sino de coordinación política y prevención de conflictos. También está la eficacia en el gasto público y el fortalecimiento de la confianza: contar con un único interlocutor con rango político alto refuerza la percepción de seriedad y prioridad en la agenda estatal y evita la fragmentación que actualmente mina, muchas veces, la credibilidad del Estado. Por eso pensamos que este será un diseño que permitirá a cualquier tipo de gobierno navegar de mejor manera todas las complejidades que tienen las materias de asuntos indígenas, así como lo hacen Australia, Nueva Zelanda y, en la política comparada, Colombia.
Servicio de Gobierno Interior. En este punto, me gustaría darle la palabra al Jefe de División, Presidente, si a usted le parece: don Andrés Santander.
—Mucho gusto, adelante, por favor.
—Buenos días, muchas gracias.
—Diputado, me parece que el diputado Mellado quiere decir algo antes, por favor.
Sí. Antes de pasar, cerremos la Subsecretaría del Interior primero, antes de pasar a otro servicio. Porque, la verdad, en ejecución presupuestaria, Subsecretario, según lo que dice su presentación, está al debe el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que tiene cero avance a agosto de 2025. Tiene cero también en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado en Carabineros y en la Policía de Investigaciones; o sea, no ha habido traspasos a ellos a agosto. Tampoco, para atender situaciones del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, en el subtítulo 33, ítem 03, hay traspasos. El Plan Calles sin Violencia también está en cero.
Vemos, además, que el Fondo Social, como usted dice, tiene una baja del 29%. No sé si los plazos son inadecuados, porque las postulaciones al Fondo Social están sobregiradas siempre; hay muchos pedidos al Fondo Social Presidente de la República, y ya en febrero están sobregiradas. Entonces, decir que recién se pasan ahora, no sé. El Plan Buen Vivir tiene cero de ejecución. Y la unidad de seguimiento de la Comisión de Paz y Entendimiento tiene un 18,5. La verdad es que aquí no hubo paz ni entendimiento en la Comisión. Entonces, no sé si esto va a continuar o no; eso es lo que quiero que me explique. Si, efectivamente, como todos los años, a Carabineros se les traspasan a fin de año los 38 mil millones, y si Carabineros efectivamente gastó o no lo del año anterior.
...sobre el plan contra el crimen organizado. Efectivamente, ¿qué contienen esos 38.000 millones del plan contra el crimen organizado? Porque, la verdad, en el presupuesto 2025 le rebajan 31,5% de un año para otro. Entonces yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer. Primero, explíqueme el Plan Buen Vivir; el plan contra el crimen organizado; los traspasos a Carabineros y a Investigaciones, que están en cero; los otros planes contra el crimen organizado por 41.000, que no señalan a quién iban a ser traspasados; el plan Calles sin Violencia, cero; el Fondo Social del Presidente de la República, con 29%; y la Comisión de Paz y Entendimiento, 18,5%. Gracias, Presidente.
Sí, por favor, señor Ministro, tiene la palabra.
Sí. A mí me parece muy importante la pregunta que hace el diputado Mellado. Sobre los programas a los cuales se hace referencia en el ámbito de la seguridad, nosotros entendemos que se ejecutan cuando se realizan los traspasos a las instituciones, una vez que la Contraloría ha tomado razón del acto administrativo correspondiente. En algunos casos firmé yo como ministro del Interior y Seguridad Pública, pero el proceso de toma de razón demoró y, por tanto, la ejecución se realizó con posterioridad a la creación del Ministerio de Seguridad Pública; por eso ya no está en la partida de Interior. Ese es el primer punto.
—O sea, ¿el presupuesto se traspasó al otro Ministerio?
—No, no. El presupuesto se entiende ejecutado cuando se realizan los traspasos. Los traspasos se verificaron cuando se creó el Ministerio de Seguridad Pública y, por tanto, con posterioridad al 1 de abril.
—Está bien, entonces debiera figurar un traspaso acá, en este Ministerio, porque es un activo del otro Ministerio.
—Entiendo la preocupación del diputado, en el sentido de que, por esa particularidad que ocurre en el Congreso, esta comisión ya no revisa los gastos del Ministerio de Seguridad Pública, que quedó en otra subcomisión. Entonces, la gran pregunta es en qué parte podemos discutir el gasto que hubo este año en materia de seguridad pública, más allá de la explicación técnica. La verdad es que todos quisiéramos saber algo más respecto de eso. ¿Dónde cumple este Senado la función de revisar los gastos del año anterior, si ya están desglosados y sacados de la cuenta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública está en otra comisión? Hay un problema, ciertamente.
—Sí, Ministro. A ver, voy a insistir en el tema. El gasto se entiende ejecutado cuando se realiza el traspaso a la institución respectiva. Si hay un traspaso que se debe realizar, por ejemplo, a la Fiscalía, a Carabineros o a la PDI, se entiende ejecutado cuando se verifica el traspaso, lo que es distinto de los actos administrativos que autorizan el traspaso. Como estos traspasos se han realizado con posterioridad a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, aparece dentro de la partida del Ministerio del Interior como ejecución cero. Una vez que se firman los convenios, se dicta el acto administrativo y se transfieren los recursos.
—Lo entiendo, Ministro, por su intermedio, señor Presidente. Pero, contablemente, me imagino, no hay dos veces presupuesto, porque aquí quedaría vigente, en la Ley de Presupuestos 2025, un monto de 43.000 millones para Gobierno Central y, además, 38.000 millones para Carabineros por el plan contra el crimen organizado; y en el Ministerio de Seguridad habría otros 38.000 más. Entonces, no puede ser. En alguno tiene que haber cero de presupuesto y en otro tiene que haber 38.000. Una sola vez, no dos veces. Ese cálculo contable es el tema: no podría aumentarse dos veces en dos ministerios. Ese es mi punto. La verdad es que la única solución que a mí se me ocurre...
Se solicita que la Secretaría verifique, con la Secretaría de la Tercera Subcomisión, donde actualmente está radicado el Ministerio de Seguridad Pública, que no se estén excluyendo ni duplicando gastos; y que, tal como bien señala el diputado, la función aparezca de forma consistente en todos los casos. Encargamos esa revisión a la Secretaría.
Perdón. La Unidad de Asesoría Presupuestaria. Adelante. —Gracias, presidente. Por su intermedio: en la PPT figura como presupuesto inicial, y la comparación que hacía el diputado era contra el presupuesto inicial, donde la ejecución aparece en cero. Sin embargo, la ejecución se realiza sobre el presupuesto vigente. Esos recursos fueron traspasados al Ministerio de Seguridad Pública; por lo tanto, corresponde que en el vigente estén en cero.
La única pregunta, entonces, al revisar los gastos del año, es: ¿dónde están? Lo que solicitamos es que la Secretaría verifique que efectivamente están en la cuenta que rinde el Ministerio de Seguridad Pública.
—Señor ministro, por favor. —Gracias. La pregunta del diputado es muy pertinente: al crearse un nuevo ministerio, hay que precisar la imputación contable. En el presupuesto inicial aparece el monto señalado, pero en la columna de presupuesto vigente está en cero. Esto debe reflejarse, a su vez, en el presupuesto vigente del nuevo Ministerio de Seguridad. Ese es el contraste que hay que hacer. Propongo que la Secretaría verifique que estos temas fueron evaluados en la Tercera Subcomisión y que se incorpore una nota al pie en el informe final de esta comisión, donde aparecen los ceros, indicando que dichos recursos fueron traspasados al Ministerio de Seguridad.
Gracias, presidente. Falta la respuesta sobre el Fondo Social y el Plan Buen Viaje. Y también falta una respuesta respecto de aquello que sí está, lo que no debería quedar ni en la parte de seguridad pública ni en ninguna otra.
—Sí, senador García. —Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro del Interior, al subsecretario del Interior y a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Entiendo que estamos viendo el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Quiero consultar por el programa de violencia rural, que contempla para 2026 un monto de 6.076 millones de pesos. Primero, solicito que se informe a esta subcomisión el uso de los recursos contemplados para el año 2025. Segundo, me llama la atención la glosa asociada, la glosa 07. Entiendo que estos recursos consideran, entre otras tareas, la reconstrucción de iglesias y escuelas que han sido destruidas por atentados incendiarios; sin embargo, aquello no está señalado en la glosa. Tengo entendido que en la glosa de este año sí se consigna; lo estoy verificando. Entonces, quisiera claridad sobre ambos puntos: el uso de los recursos de este año y el detalle de la glosa, considerando que este es, básicamente, el programa de apoyo a las víctimas —apoyo productivo para mantener sus actividades económicas—, pero también a las organizaciones.