Secretario, dé cuenta, por favor.
Presidente. Adelante, Secretario, por favor.
Muchas gracias, Presidente. En la Cuenta para la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, citada hoy para analizar la Partida 09 del Ministerio de Educación, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, del señor Ministro de Educación se remite el tercer informe trimestral, para dar cumplimiento a los puntos comprometidos en el Protocolo de Acuerdo que formó parte de la tramitación de la Ley 21.712, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2025, vigente. Asimismo, Presidente, se han recibido cinco solicitudes de audiencia. En primer lugar, tres están en la Cuenta; dos nos llegaron hace unos pocos minutos. De la Red de Universidades G9,
Se da cuenta.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus, y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Nelson Vásquez, solicitan exponer en relación con la partida de educación superior. Asimismo, piden extender dicha solicitud para el día miércoles 8 de octubre, en la otra convocatoria de la comisión, a fin de analizar la partida del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
También, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), señor Osvaldo Corrales, solicita en igual sentido exponer ante esta Subcomisión.
Del diputado Ricardo Cifuentes: solicita que esta Subcomisión reciba a la dirigenta BTF, señora Susana Collao, y a la señora Marcela Zuleta, y que se autorice la asistencia, en calidad de oyentes, de las personas que las acompañen.
Además, se han recibido dos solicitudes adicionales: una de AJUNJI, de su presidenta, señora Silvia Silva, en igual sentido; y una de la ANEF para participar en calidad de oyente, de su vicepresidenta, señora Katherine Valles.
Esas serían, en principio, las cinco solicitudes de audiencia presentadas para esta partida. Esa es la cuenta.
Presidencia.— Muy bien. Si les parece, comenzaremos, como corresponde, con el informe del señor ministro de Educación, don Nicolás Cataldo.
Senadora.— Presidente, quisiera agregar a la lista de invitados a los sindicatos de la Fundación Integra, que también han solicitado ser escuchados, y consultar si es posible que en la jornada de la tarde tengamos las audiencias.
Presidencia.— Precisamente, señora senadora, propondré que en la mañana escuchemos al señor ministro de Educación y realicemos la discusión correspondiente, y que en la tarde recibamos a quienes han solicitado audiencia, para no hacerlos esperar toda la mañana, y permitir que quienes lo requieran puedan llegar al inicio de la sesión. ¿Se acuerda? Muy bien.
Se ofrece la palabra al señor ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, para la presentación de su informe.
Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo.— Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las señoras y señores senadores presentes y al diputado Barrera, que entiendo es el único diputado presente. Sí, por supuesto, incluyo al senador García. Agradezco que todos sean grandes conocedores del área de educación, porque ello hace más expedito el esfuerzo de comprensión del presupuesto.
Quisiera precisar, antes de entrar en materia, que partiremos con la exposición de la ejecución presupuestaria, conforme fue acordado, y luego, en la sesión programada posteriormente, vendrá la presentación del presupuesto. Naturalmente, para abordar la ejecución presupuestaria debemos referirnos someramente al protocolo. Como se dio cuenta por parte de la Secretaría, esta comisión recibió el informe trimestral establecido en la Ley de Presupuestos de este año, correspondiente a la ejecución del protocolo y a sus estados de avance; partiremos también por aquello.
Como señalaba, parte de las tareas del Ministerio y de la ejecución de este año han estado predefinidas por el protocolo de acuerdo que suscribimos durante la tramitación del Presupuesto, cuyo avance presentamos como antesala a la ejecución presupuestaria propiamente tal. Los detalles del cumplimiento se han reportado trimestralmente a este Honorable Congreso. La semana pasada remitimos el tercer informe comprometido para este año, además de los avances presentados en la Comisión de Educación del Senado en el mes de mayo y de los informes mensuales que se envían a la Dirección de Presupuestos para acompañar el adecuado cumplimiento.
Del total de 25 procesos comprometidos, 17 corresponden a tareas administrativas y presupuestarias ya completamente ejecutadas. En el caso específico de las iniciativas legales, son seis en total: de ellas, cuatro ya están ejecutadas —entre las que se cuentan el establecimiento de la mesa técnica para las modificaciones del sistema de administración y el ingreso de las indicaciones al referido sistema—, y dos se encuentran en curso. Asimismo, se ha agilizado la tramitación del proyecto de ley que robustece la instalación y el funcionamiento de la educación pública, aprobado por unanimidad en el Senado y hoy ad portas de iniciar su votación en general y en particular en la Cámara de Diputados. En consecuencia, al 30 de septiembre podemos trazar una línea base de cumplimiento alta, rápida y efectiva.
Uno de los pilares de este protocolo ha sido el Fondo de Infraestructura Educativa. La Dirección de Educación Pública ha trabajado en coordinación con los gobiernos regionales, incluyendo un visualizador web para identificar los distintos proyectos de infraestructura a nivel nacional, su estado y así mejorar la gestión. Ejemplos de obras en curso incluyen el Servicio Local de Educación Pública de Iquique con el Politécnico José Gutiérrez de la Fuente y, en Valparaíso, el Liceo Bicentenario Marítimo; además, se registran obras ya finalizadas en Valdivia, en la Escuela Francia, y en el Servicio Local Chinchorro, con la Escuela Pampa Algodonal. La implementación de programas de largo aliento —Liceos Emblemáticos, bienestar socioemocional y convivencia— se encuentra en discusión a lo largo de todo el año escolar 2025.
En materia de educación pública y servicios locales, destacamos la ejecución del Fondo de Incentivo a la Gestión Administrativa, que fue parte del acuerdo del protocolo del año pasado; la flexibilización del FAEP para aquellos servicios locales cuyo traspaso fue suspendido durante el año 2025; y la creación del protocolo de pago de deudas previsionales en el marco de la implementación de la Ley 21.040, en particular su artículo 34 transitorio. Se ha modificado también el Decreto N° 162, estableciendo un nuevo calendario de entrada en funcionamiento de los servicios locales. Por su parte, la evaluación internacional de la educación pública está en fase de análisis del material recabado, que contempló una visita en terreno de una comisión experta internacional hace algunos meses. En consecuencia, todos estos procesos están cumplidos y/o con su producción ya calendarizada.
En educación parvularia, se comprometieron cuatro procesos, todos ejecutados conforme al protocolo: implementación del plan piloto BTF para la simplificación administrativa y la digitalización del proceso de rendición de cuentas de establecimientos de educación parvularia JUNJI dependientes de servicios locales; entrega, a fines de agosto, del informe final con recomendaciones y propuestas de un modelo de financiamiento equitativo para los jardines BTF en Chile, junto con el inicio de la mesa BTF en septiembre; realización de un pago de excedentes a JUNJI en diciembre de 2024; y emisión de un oficio circular con el calendario y orientaciones para la finalización del año lectivo 2024.
Sobre los compromisos vinculados a educación superior, se determinó la creación de un consejo público-privado para la innovación científico-tecnológica y la presentación de una indicación para incrementar al 30% el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Ambos procesos se cumplieron. Respecto de la creación del consejo, según lo informado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ya existen instancias con reconocimiento legal y actos administrativos asociados que cumplen el mismo objetivo del compromiso, las que han sido activadas durante este año para canalizar el financiamiento del royalty de los GORES para el desarrollo de vínculos académicos y productivos. Esto se ha explicado también en nuestros reportes trimestrales.
Por último, los compromisos adquiridos respecto de las tareas de la JUNAEB están completamente ejecutados, con los siguientes resultados: cumplimiento anticipado de la distribución del Programa de Útiles Escolares, concluyendo el proceso a nivel nacional en abril de 2025, un mes antes de lo fijado en el protocolo; incorporación de los índices de ración en los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos en las nuevas bases de licitación 2026; y el cumplimiento de los compromisos de entrega de información trimestral al Congreso sobre el programa. Adicionalmente, se lanzó la guía para la aplicación del estudio de propuestas de puestos de trabajo para manipuladoras de alimentos, elaborada junto a la SUSESO. En lo referido a Becas TIC, no hay pendientes en la entrega de equipos y se han generado nuevos convenios con gobiernos regionales —en particular Antofagasta y Aysén— que complementaron la entrega de computadores, tal como fue solicitado. En materia legislativa, se nos requirió presentar indicaciones o proyectos de ley, los que han sido sometidos a tramitación.
A partir de la deliberación de este Congreso Nacional, a la fecha se han ejecutado la mayoría de estos compromisos; en particular, como mencionaba en la introducción, cuatro de seis. Se estableció la mesa técnica del SAE y, a inicios de mayo, se ingresaron indicaciones a los boletines 16.763 y 16.766, referidos al Sistema de Admisión Escolar. Se agilizó la tramitación del proyecto de ley que modifica el sistema de educación pública, con el ingreso de indicaciones acordadas, y se trabajó en la elaboración de indicaciones por parte del Ejecutivo al proyecto de ley que moderniza y extiende la SEP, estando a la espera de que el Senado abra el plazo para su ingreso. A fines de junio se ingresaron las indicaciones del proyecto de ley de apertura de establecimientos, más conocido como el de demanda insatisfecha (boletín 16.573).
Los otros dos compromisos legislativos que siguen en curso refieren al proyecto de ley para la bonificación de zonas de los asistentes de la educación, que aún está en revisión y trabajo en la mesa de organizaciones de asistentes de la educación y el Ejecutivo, probablemente con prontas novedades; y al proyecto de ley de CFT estatales, que se está integrando como parte de los contenidos del proyecto de ley de modernización de la educación superior, el que debe ingresar pronto a tramitación.
Finalmente, de los 25 compromisos iniciales, solo dos tienen productos pendientes, ambos sujetos a acciones administrativas externas o internas. En lo referido al transporte escolar rural, la disposición de fondos regionales depende de la tramitación del reglamento que regulará el uso del nuevo Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este está en trámite. No obstante, el Ministerio de Educación ha entregado orientaciones, vía oficio, a los gobiernos regionales para el uso de este fondo, además del trabajo regional de las seremis para identificar nuevas necesidades de transporte escolar rural no cubiertas con el financiamiento vigente. También quiero señalar que personalmente me tocó participar de la reunión nacional de gobiernos regionales con todos los gobernadores y gobernadoras, y en esa instancia hicimos hincapié en esto y en otras agendas comunes que hemos querido estructurar con ellos.
Respecto de los recursos para infraestructura de establecimientos particulares siniestrados por violencia rural, se finalizó el proceso de levantamiento de información por parte de la Seremi junto a sostenedores, así como el estudio técnico para la asignación de estos recursos. Esa es una de las tareas en curso.
En resumen, la gestión del Protocolo 2025 demuestra un alto nivel de ejecución y resultados concretos en áreas clave como el sistema de educación pública; el fomento de la coordinación entre gobierno central y gobiernos regionales; el impulso a la infraestructura educativa; y el cuidado y promoción de trayectorias educativas a través del trabajo con Junaeb y programas educativos específicos.
Respecto de la ejecución, me permitiré, Presidente, hacer una mirada muy general. Si alguna señora senadora o algún señor senador, o alguna diputada o algún diputado, desea hacer alguna consulta respecto de este protocolo de acuerdo.
Senador García. Muchas gracias, Presidente. Saludo al Ministro, a las subsecretarias, al Director de Educación Pública y a todos quienes integran la representación del Ministerio de Educación. Quería referirme precisamente a los temas pendientes que ha señalado muy bien el Ministro respecto del protocolo que se firmó el año pasado para el despacho de la Ley de Presupuestos de este año.
Respecto del transporte escolar rural, esto sigue siendo una demanda enorme. Probablemente tendremos que ver cómo podemos ser más activos en estos convenios con los gobiernos regionales, también con el Ministerio de Transportes, porque dicho Ministerio ha contado con recursos para aumentar la disponibilidad de transporte escolar, de modo que más establecimientos cuenten con este servicio. Esta es una necesidad manifiesta. Lo que leo acá es que tienen en tramitación un reglamento que regula —yo entiendo— el FAR, ¿verdad? El FAR. Allí hay recursos muy importantes, y sería muy bueno que los pudiéramos usar porque, si no, seguimos dejando a los niños sin posibilidad de transporte y, finalmente, eso repercute en la asistencia y también en el financiamiento de los sostenedores.
Respecto de la infraestructura de los establecimientos siniestrados por violencia rural, si nos pudieran dar un detalle más amplio. Nosotros estuvimos con la subsecretaria Alejandra Ratia en la Escuela Los Cerezos de Perquenco. Me llamó el sostenedor: esa escuela, hace un par de años, fue víctima de violencia rural; fue incendiada.
Él me dijo que lo habían contactado; yo entendí que había sido del Ministerio del Interior, porque esto es con plata del Ministerio del Interior, de la glosa, ¿no? Es con plata del Ministerio, ya. Pero le habrían ofrecido una cantidad de recursos muy, muy pequeña, que no le permitía, en realidad, reponer la escuela. Es una escuela pequeñita, pero que atiende a un sector rural y a un alumnado cuya gran mayoría es mapuche; y, por supuesto, las comunidades también defienden su escuela. Entonces no hay ninguna posibilidad de que esos niños vayan a estudiar a otro lado. Quizás, Subsecretaria, si en algún minuto pudiera usted entregarme antecedentes para poder responder al sostenedor.
Y, lamentablemente, Ministro, usted dijo que se habían firmado convenios respecto de las Becas TIC para ampliar en dos regiones —no recuerdo cuáles fueron—, pero no está La Araucanía. Y la verdad es que donde está la mayor pobreza, donde está la mayor cantidad de niños rurales, donde está la mayor cantidad de niños mapuche, es en La Araucanía; y quedan fuera por el solo hecho de estudiar en un colegio particular subvencionado. Entonces yo quería ver si es posible que, ya para el otro año —difícil este—, podamos tener un convenio con el Gobierno Regional, de tal manera que nos permita amplificar este beneficio. Más aún cuando tengo entendido que el programa Becas TIC en el Ministerio de Educación viene reducido para el año 2026. Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, senador. ¿Algún otro señor senador, diputado, diputada o senadora?
—Perdón, Presidente, ¿me permite hacer una pregunta más general?
—Adelante, adelante.
—Ministro, una pregunta de carácter general; la iba a abordar después. Lo que pasa es que la Directora de Presupuestos, en su exposición del día miércoles pasado ante la Mixta de Presupuestos, señaló que tienen contemplado, dentro de los ingresos generales, recuperar los fondos SEP, los fondos que están en manos de los sostenedores y que por años no se han retirado. Ahora, ahí hay una composición un tanto mixta, porque hay fondos que se han rendido pero cuyas rendiciones han sido rechazadas, y que siguen apareciendo como disponibles cuando, en realidad, no lo están. Ella cifró en 170 millones de dólares la recuperación de los recursos SEP. Yo quería, entendiendo que el Ejecutivo es uno solo, pedirle si nos puede dar su opinión sobre eso, porque jurídicamente no sé si va a ser posible hacerlo; no sé si hay un derecho de propiedad de por medio que no estaríamos respetando. Sería muy bueno tener su opinión, porque nos sorprendió que estuviera en ingresos generales de la Nación esta recuperación de los recursos SEP. Eso es. Muchas gracias.
—Muy bien, muchas gracias. Si no hay otro senador o diputado que quiera hacer alguna pregunta, doy la palabra al señor Ministro entonces.
Muchas gracias, Presidente. Sí, a ver, respecto de lo primero, sobre transporte rural, efectivamente lo que estamos esperando es que concluya la tramitación del reglamento del FAR. Cuando hablaba del reglamento en manos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es precisamente el de la ley que modificó la distribución de los recursos del FAR. Y esto es relevante porque, sin el reglamento, la operacionalización de esa ley no es posible. Y, más importante, cuando discutimos el año pasado, en la Ley de Presupuestos, la posibilidad de converger recursos desde los gobiernos regionales para contribuir al transporte escolar, era en el marco de esta modificación de la ley que en ese momento se desarrollaba en la discusión legislativa. Tuvimos varias reuniones de coordinación con el Ministerio de Transportes a nivel técnico y a nivel político. También nos reunimos con los propios gobernadores regionales, y esto ha tenido expresiones diversas: más limitadas en algunos casos, más comprometidas en otros. De hecho, hay que destacar ciertas regiones que han ido destinando más recursos para transporte escolar y que lo vienen haciendo ya hace un par de años.
Así que, justamente esperando la aprobación de esta modificación al reglamento, nos estamos adelantando, a través del Ministerio de Educación, a levantar proyectos con los gobiernos regionales, de modo tal que constituyamos una cartera que, una vez aperturado el reglamento nuevo, nos permita ejecutar rápidamente y no comenzar allí el trabajo para identificar...
…dónde, qué tipo de transporte, etcétera, sino que ejecutarlo rápidamente. Estamos anticipando ese trabajo desde el Ministerio de Educación, pero dependemos del reglamento.
Sobre Becas TIC, un poco lo mismo. Primero, señalar que cualquier disposición de participar por parte de los gobiernos regionales depende de su voluntad. No tenemos cómo obligarlos y por eso mi presencia en la reunión anual de los gobernadores regionales a principios de año, acá en Valparaíso, para informarles de lo acordado, la línea de trabajo e invitarlos a participar. Es parte de la gestión permanente que hacemos con cada gobierno regional. En el caso particular de La Araucanía, el gobierno regional tuvo la disposición de incorporarse a este cofinanciamiento para el Delta; sin embargo, por temas del propio gobierno regional, no pudieron hacerlo este año. Obviamente estamos conversando para que el próximo año esto se mantenga como voluntad y se logre materializar. Tenemos carta de interés del GORE para que esto pueda concretarse, sobre todo en La Araucanía, que, como usted dice, presenta los niveles de vulnerabilidad más altos del país.
Por último, sobre infraestructura en contextos de violencia rural, que fue lo que legislamos, se trata de proyectos anteriores a 2022. Se fijó una fecha límite; por lo tanto, todos aquellos que resultaron siniestrados por violencia rural fueron hace ya varios años, lo que implica un trabajo técnico. Se está haciendo este trabajo de identificación y formulación de proyectos, al mismo tiempo que estamos tramitando resoluciones que nos permitirán abordarlos. Por su intermedio, presidente, ofrezco la palabra a la subsecretaria para que precise con mayor detalle aquello.
Tiene la palabra la subsecretaria. Muchísimas gracias, presidente. Saludo a senadores, senadoras y al diputado presentes. Efectivamente, estuvimos con el senador el año pasado en la Escuela Los Cerezos, que fue incendiada hace incluso más de cuatro años. Si recuerdan, lo que vencía el año pasado era la autorización por tres años para funcionar en otro establecimiento. Se gestionó con Salud la autorización para que pudieran permanecer allí y se incorporó este trabajo como parte del protocolo de acuerdo.
Como comentaba el ministro, ya ingresó a DIPRES la resolución que establece el fondo para que los establecimientos puedan postular. Tenemos identificados cuatro establecimientos en estas condiciones: uno en la Región del Biobío y tres en la Región de La Araucanía. Esta resolución define los requisitos, los antecedentes que se requerirán a los postulantes y las condiciones de entrega y de rendición posterior. A la luz de eso, la última semana de septiembre hubo una reunión con las seremías para entregar los antecedentes y explicar el procedimiento, de modo de proyectar la implementación apenas termine la toma de razón en Contraloría. Esto nos permitirá abordar la realidad de estos cuatro establecimientos. Estamos comprometidos; nos solicitaron algunos antecedentes que se enviarán esta semana. Esto está en curso, en el marco de la resolución que está en proceso de formalización, y avanza en esa línea.
Senadora Provoste, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, presidente. Sí, presidente, respecto de la evaluación que hace el Ejecutivo del protocolo de acuerdo suscrito. Creo que estos espacios nos permiten mirar cuánto se ha cumplido y qué corresponde al sector o a otros sectores. En el caso del transporte rural, llevamos más de un año desde que aprobamos la ley y el reglamento no se ha materializado. Esto es una responsabilidad directa del subsecretario de Transportes y también de esta comisión, porque aquí suscribimos un protocolo en el que, claro, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar esos recursos, pero no se ha podido hacer porque la Subsecretaría de Transportes no ha tenido la capacidad ni el diálogo suficiente para concretar que estos recursos, contemplados en el FARI y que eran parte de los compromisos en materia de educación, se cumplieran. Además, como es de amplio conocimiento, las clases comienzan en marzo y, por lo tanto, es importante que estos recursos estén antes de este…
Por eso, cuando suscribimos el protocolo en diciembre del año pasado, recuerdo que el senador García Ruminot planteó con mucha fuerza la necesidad de contar con recursos, porque esta es una etapa muy sensible para hacernos cargo de otro problema que tenemos, que es el ausentismo escolar. Entonces, si no tenemos garantizados estos recursos —y en esto también quiero ser justa, entendiendo que aquí hay una responsabilidad directa del Subsecretario de Transportes, que no ha hecho su tarea como se esperaba—, quisiera plantearle al Ejecutivo, Presidente, que en el protocolo también se consideró la idea de presentar un proyecto de ley sobre CFT estatales; si pudiésemos hablar un poco más de ese tema, del Consejo Público-Privado para la Inversión Científica y Tecnológica y, particularmente, sobre la integración territorial de Chiloé y Aysén.
Si bien es cierto, el Ministro en su informe respecto del protocolo dio cuenta de la contratación de estudios internacionales, llegamos a esta discusión sin tener ese documento. Sería importante poder conocer el informe del Banco Mundial, que era parte de los compromisos en la mesa de las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. Asimismo, que se diera cuenta aquí de otro punto en materia de educación parvularia, que tiene que ver con el plan piloto de jardines infantiles VTF y los Servicios Locales de Educación Pública, y de algo que fue materia de mucha discusión al final del presupuesto del año pasado: la revisión de los excedentes del VTF de JUNJI.
Por otra parte, Presidente, también fue parte del protocolo —y al menos a nosotros nos gustaría conocerlo, porque hemos tenido contacto con los gremios de asistentes de la educación en la Región de Atacama— la instalación de la mesa de trabajo para la bonificación de zona. Recordemos que cuando se estableció el estatuto para los asistentes de la educación se dispuso, en el artículo primero, que serían funcionarios públicos; pero cuando uno hace el correlato respecto de cuáles son las bonificaciones que tienen los funcionarios públicos, surge de inmediato que los asistentes de la educación no cuentan con la bonificación de zona. Se comprometió en ese momento, año 2017, un estudio; después, hecha la ley, se instruyó nuevamente otro estudio. El año pasado, en la discusión de presupuesto desde la Comisión de Educación, planteamos con mucha fuerza que era necesario, de una vez por todas, definir cuándo se comienza a pagar la zona para los asistentes de la educación. En ese momento se estableció esta mesa de trabajo y creo que sería importante conocer cuál es el avance y si está incluido en el presupuesto para el año 2026 el pago de la asignación de zona para las y los asistentes de la educación.
Y, por último, Presidente, como esto también nos permite señalar cuáles son los compromisos cumplidos e incumplidos por ambas partes, es bien lamentable que lleguemos a esta discusión del presupuesto sin haber sacado adelante las modificaciones a la ley del Sistema de Admisión Escolar. Y esa no es una responsabilidad del Ejecutivo; es una responsabilidad que hoy día está radicada acá, en el Parlamento. El Ejecutivo cumplió con establecer la comisión técnica, en la cual los integrantes de la Comisión de Educación propusimos nombres, y después, por algunos sectores, se desconocen las conclusiones de la mesa del Sistema de Admisión Escolar. Por lo tanto, en estos momentos debemos establecer con claridad que, si no se ha modificado el Sistema de Admisión Escolar, es porque han existido sectores que han entorpecido esta discusión y su tramitación. Eso, Presidente. Muchas gracias.
—Muchas gracias. Señor Ministro, por favor.
—Sí, Presidente. Me voy a referir a algunos de los temas mencionados por la Senadora Proboste, por su intermedio, que me parece importante precisar o, al menos, redefinir la ruta. Y sobre las materias que no mencioné, le voy a pedir a cada una de las subsecretarías y servicios que están involucrados que las aborden cuando les corresponda intervenir, porque, si no, vamos a estar solo en protocolo y no vamos a poder avanzar en ejecución presupuestaria. Le propongo, Presidente, que utilicemos ese camino.
Ahora, respecto de los proyectos de ley, efectivamente el proyecto sobre CFT estatales va a estar incorporado dentro del proyecto de modernización de la educación superior, que está programado para ingresar durante el mes de noviembre. Estamos en trabajo técnico entre el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos para poder arribar al diseño técnico de ese proyecto, que está considerado como parte de la batería en el marco de la discusión del FES. Ese proyecto ya está...
…en fase de determinación de los contenidos técnicos. Respecto del proyecto de ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), ese proyecto debería ingresar ahora, en el marco de la reposición de las indicaciones que el Ejecutivo en su minuto comprometió. Estuvimos en un debate con la Dirección de Presupuestos, también a propósito de la pregunta que hizo el senador García anteriormente, en el que se estableció la posibilidad de recuperar recursos de la SEP para constituir un fondo dentro del mismo sistema educativo. No es para derivarlos directamente al Tesoro Público; el propósito inicial de esa conversación tiene que ver con recuperar recursos que hoy no están siendo ejecutados por los sostenedores, o que no están rendidos, o cuyas rendiciones están rechazadas. En consecuencia, en esos casos, lo que corresponde es establecer los mecanismos para recuperar esos recursos, tal como contempla la ley, con el fin de constituir un fondo que permita inyectar recursos para infraestructura y para la normalización necesaria para el reconocimiento oficial, de modo de garantizar, mediante su uso eficiente, que los ingresos al sistema educativo sean más constantes y seguros.
Hoy muchos establecimientos educacionales no cuentan con reconocimiento oficial porque no disponen de recursos para inversión en infraestructura —por ejemplo, para cumplir con accesibilidad universal—, que son parte de las normativas más recientes en materia de inversión en infraestructura, y que por falta de recursos de los sostenedores no se pueden realizar. Lo que buscamos, entonces, es que esos recursos queden en el sistema para determinadas acciones que no impliquen gasto corriente; es decir, en cualquier gasto, menos gasto en remuneraciones, básicamente. Estimamos que estas recuperaciones, en un primer momento, serían mayores y se irían extinguiendo en el tiempo, porque, en lo esencial, estamos hablando de recursos hoy empozados. Recordemos que toda esta discusión parte también de los informes que emitió la Contraloría General de la República hace ya un par de años, en los que se estimaba entre 500 y 700 mil millones de pesos empozados en estas distintas líneas, ya sea que estuvieran en las cuentas de los sostenedores sin ejecución, con ejecuciones rendidas sin aprobación o derechamente sin rendiciones; incluso recursos que podrían estar —o no— en las cuentas. Es algo que requiere ordenamiento y, justamente, lo que queremos es empezar a generarlo sin volver a lo que ya ha ocurrido antes: perdonazos de cientos de miles de millones de pesos a sostenedores tanto públicos como particulares, respecto de los cuales no sabemos realmente si los recursos de los Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa se destinaron a los niños más vulnerables de nuestro país, que es el propósito de la Ley SEP. Evidentemente, recuperar esos recursos debe tener también una expresión en el marco de los ingresos del Estado en general, porque son recursos del Estado que eventualmente vuelven a sus cuentas, más allá de cuál sea su destino posterior.
También tenemos a la vista, Presidente, otros proyectos de ley. Quiero referirme, en particular, a dos compromisos del protocolo que me parecen muy significativos desde el punto de vista político y técnico, y que tienen un marco de resolución interesante; están siendo conversados en estos momentos con los actores gremiales involucrados. Luego de ello daré paso al resto de la ejecución presupuestaria, y los temas pendientes los abordarán cada subsecretaría y servicio. Me refiero, particularmente, a los compromisos adquiridos con el sector VTF respecto de los estudios del Banco Mundial; estudio que ya se concluyó y que, por lo demás, es público. Si no está en manos de la Comisión, le haremos llegar el informe técnico del Banco Mundial con los resultados. En función de ello estamos preparando un diseño técnico que nos permita abordar, en una transición razonable —razonable desde dos puntos de vista: en los tiempos para alcanzar el objetivo y en términos fiscales—, lo que nosotros quisiéramos, más que presentar un proyecto nuevo, que es intervenir el proyecto de educación pública que está en segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, y al que, por lo tanto, le queda poco tiempo de tramitación legislativa, de modo tal de materializar esos eventuales cambios o ajustes en ese marco de discusión. El otro tema está…
En pleno debate de negociaciones respecto de la bonificación de zona para los asistentes de la educación, si no hemos ingresado nada aún es porque estamos precisamente en el intercambio con las agrupaciones de asistentes de la educación, proceso que implica aproximaciones sucesivas hasta arribar a una conformidad entre las partes. Lo peor que podríamos hacer, presidente, con este tema sobre la mesa, sería desestimar la posibilidad de llegar a un acuerdo solo por cumplir con fechas, en circunstancias de que podemos venir al Congreso con un acuerdo entre el Ejecutivo y las y los trabajadores. Me parece que lo primero que debemos resguardar es precisamente eso: contar con un acuerdo y concurrir acá en convergencia, lo que facilita la tramitación. Es similar a discusiones que tuvimos en su momento en otros proyectos de ley, como el Estatuto de los Asistentes de la Educación o la deuda histórica, que —con matices— llegaron con acuerdos construidos entre el Ejecutivo y las y los trabajadores. Insisto: podemos evaluar de distintas formas las políticas, pero venir con acuerdos hace distinta la discusión. En ello estamos ahora y esperamos que en las próximas semanas se cierre ese proceso de negociación, de manera tal de definir la estrategia legislativa a utilizar.
Dicho eso, presidente, procedo con el resto del debate desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. Al 31 de agosto de 2025, el Ministerio de Educación y los servicios asociados habían ejecutado en promedio un 63,47% de los recursos asignados en la Ley de Presupuestos, lo que equivale a un 0,9% más que en igual período de 2024. Es decir, se observa un aumento de poco menos de un punto porcentual respecto del mismo período de ejecución de 2024. Eso en lo global. Esto se expresa en una regularidad en la gestión ministerial y en el foco pedagógico que hemos sostenido, poniendo énfasis en la protección de las trayectorias educativas, en garantizar aprendizajes integrales y en acompañar, financiera e institucionalmente, la implementación de la educación pública.
Este gobierno ha dado pasos importantes con el traspaso de 25 servicios locales al cierre de este período, poniendo a la reforma en un proceso de consolidación, gracias a la instalación de cerca de la mitad de los servicios locales y, al mismo tiempo, a la aprobación unánime en este hemiciclo de las modificaciones a la Ley 21.040, esperando que ocurra lo propio en la Cámara de Diputados. Como se observa en la presentación, el detalle del nivel de ejecución por servicio no muestra señales preocupantes en general. Existen procesos en marcha que garantizan el cumplimiento de los niveles históricos y satisfactorios de ejecución que ha tenido la cartera. Y, si bien cada jefatura de servicio ahondará en los detalles de su respectivo presupuesto, la ejecución de este período ha tenido ciertos énfasis que dan cuenta de nuestra visión de gestión y de la naturaleza de los desafíos enfrentados.
En educación parvularia —en línea con la ley de modernización de la oferta del nivel aprobada por este Congreso— se ha trabajado en la organización del sistema desde una perspectiva de racionalización, permitiendo un aumento de la cobertura gracias al cruce de datos, lo que ha permitido clarificar las brechas de financiamiento, apoyados por un estudio realizado en colaboración con el Banco Mundial. Asimismo, hemos avanzado en la disminución del número de proyectos de infraestructura con Término Anticipado de Contrato (TAC), es decir, proyectos que estaban en obra y quedaron a medio construir por distintas razones, especialmente durante la pandemia. También se ha trabajado en el mapeo del reconocimiento oficial para avanzar, con gradualidad, en la disminución de la brecha. Ello nos permite afirmar que los reconocimientos oficiales (RO) pendientes son probablemente los más complejos de abordar y, en lo sustantivo, están considerados en la planificación que estamos construyendo de cara a 2026.
En el ámbito escolar, el trabajo se ha organizado en torno a cuatro ejes establecidos por la Subsecretaría: trayectorias educativas, aprendizajes integrales, educación pública y condiciones habilitantes para el aprendizaje. En cada uno de ellos se han identificado focos de ejecución relevantes, como la educación para personas jóvenes y adultas y la reinserción escolar; la adquisición de nuevos títulos y el fortalecimiento de los equipos de bibliotecas CRA; la distribución nacional de textos escolares, que este año incorporó novedades con los planes LEO y Sumo Primero —iniciativas que han resultado muy potentes en el sistema—, culminando el ciclo de primero a sexto básico e integrando herramientas digitales e inteligencia artificial para potenciar la enseñanza de la matemática; y la consolidación de la conectividad e innovación educativa con Educar Chile, entre otros.
En especial, merecen acompañamiento los servicios locales, tanto los en régimen como los traspasados este año, cautelando que la focalización pedagógica de cada servicio esté resguardada institucional y presupuestariamente. También estamos fortaleciendo la educación técnico-profesional, cuyos recursos alcanzan una ejecución de 77,5%, 25 puntos porcentuales por sobre el mismo período de 2024, beneficiando a casi 170.000 estudiantes. Asimismo, hemos puesto énfasis en el bienestar docente y el ordenamiento de dotaciones, de acuerdo con una política de incentivo al retiro juiciosa y sostenible.
Adjudicamos 246 proyectos de transporte escolar rural, garantizando acceso y provisión educativa a casi 26.000 estudiantes que viven en territorios apartados. Mantuvimos, además, una altísima cobertura nacional en conectividad a Internet, superior al 98%, parte esencial de la infraestructura de comunicaciones de nuestra cartera, que contribuye de manera directa a revertir el aislamiento y a robustecer el carácter orgánico del sistema. Contamos también con los recursos para consolidar el pago de la primera cuota de la deuda histórica con el Magisterio, beneficiando a más de 15.000 docentes que integran esta cohorte de pago.
En el ámbito de la educación superior, el 63% de las asignaciones presenta una ejecución igual o superior en comparación con el mismo período del año pasado. De estas ejecuciones, destaca el 100% en el ítem de fortalecimiento de la formación técnico-profesional a través de un convenio con el PNUD. Asimismo, se observa una mayor ejecución del aporte institucional a las universidades del Estado respecto del mismo período de 2024, con un 16,1% más en gastos corrientes y un 14,2% en gastos de capital, junto con la transferencia del 100% de los recursos asociados al aporte para el fomento de la investigación. Al 31 de agosto de 2025, la ejecución de beneficios estudiantiles era similar a la del mismo período de 2024, destacando la implementación de un piloto de fiscalización del proceso de postulación, lo que permitirá focalizar de mejor manera la asignación de los recursos.
Las dos láminas que siguen son, a estas alturas, tradicionales para comprender la naturaleza y el fin último de los recursos que se invierten en educación. Como pueden observar, queda de manifiesto la importancia de la subvención como pilar central para la estabilidad del sistema educativo, recordatorio de que, como país, seguimos teniendo pendiente una discusión sobre el financiamiento del sistema educativo en general, y también la urgencia de superar el modelo que no resuelve la tensión entre fuentes variables de ingresos y gastos permanentes. Un ejercicio regular muestra el porcentaje de devengado de la ejecución excluyendo las subvenciones y las transferencias por concepto de gratuidad. Esto es relevante, porque ajusta las cifras y muestra el peso que tienen en el presupuesto del Ministerio de Educación estas dos líneas —gratuidad y subvenciones—, dando cuenta, como hemos dicho, de dónde han estado los acentos y cuáles son los énfasis cotidianos de nuestra gestión.
Dejo ahora entonces, como señalé anteriormente, Presidente, si usted lo tiene a bien y por su intermedio, la palabra a las subsecretarías para que puedan ir desarrollando, según lo planificado con sus equipos y con la Secretaría, la ejecución presupuestaria, subsecretaría por subsecretaría y servicio por servicio. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. En todo caso, quisiera plantear dos temas que deberíamos tratar aquí. El primero tiene que ver con lo señalado hace un momento por la senadora Provoste respecto de los asistentes de la educación. Este no es un asunto que se reduzca a si se ha cumplido o no: el Estado mantiene una deuda con un número de funcionarios que cambiaron su estatus, dejaron de ser funcionarios municipales y pasaron a ser funcionarios públicos, y, como tales, tienen derecho a que se les paguen sus asignaciones de zona. Por lo tanto, me gustaría proponer que hagamos presente este tema al Ministerio de Hacienda, que corresponde en estos asuntos, y consultar por qué razón en los últimos dos años no se han pagado ni se han incluido estos fondos.
El segundo asunto es el tema con el Ministerio de Transportes que veíamos al comienzo; se trata de un incumplimiento de otro ministerio. Por ello, propongo que, como Comisión de Presupuestos, hagamos ver estos dos temas ante quien corresponda y la preocupación que manifestó la Comisión respecto de ambos.
Si les parece, lo acordaríamos así y damos la palabra a la subsecretaria después. Muchas gracias.
Adelante, por favor.
Muchas gracias, Presidente. Pasamos entonces al capítulo de la Subsecretaría de Educación.