Mixta - Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos (Presupuesto) - 9 de septiembre de 2025

En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Comenzamos con la revisión de la ejecución presupuestaria de la segunda subcomisión especialista de Presupuestos. Invitados en esta sesión, la Contraloría General de la República. Saludamos a la señora Contraloría General de la República, señora Dorothy Pérez; su Contralor General, señor Víctor Hugo Merino; jefe de División de Función Pública, señor Alejandro Riquelme; jefa de la División de Administración Interna y Abastecimiento, señora Daniela Andreu; y jefe del Departamento de Finanzas, señor Mauricio Rojas. Del equipo de la Dirección de Presupuestos, jefa del sector Ministerio Político y Poderes Autónomos, señora Mabel Barrales Villazun. Está Villazun, ¿no? Sí. Profesional del sector presupuestario, señora Jimena Zúñiga y el señor César Manríquez. Y la señora Jimena Zúñiga, no la veo. Ah, ya, está con un pago. Saludamos al senador Lorigo Galilea, al diputado Jaime Sáez, que está reemplazando al diputado Luis Cuello por el día martes y mañana miércoles. Ya llegará el plazo y esperamos la visita acá de nuestros queridos senadores Ricardo Lagos y Javier Macaya, el nuevo integrante de la subcomisión especialista, la segunda, de presupuesto. Dicho esto, le doy la palabra a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, para que nos exponga la ejecución presupuestaria al momento del presupuesto del año de 2025. Tiene la palabra la señora Contraloría. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Un saludo para usted y, por supuesto, para los señores senadores y señores diputados también de esta Comisión Mixta, y por supuesto a la Secretaría también. Vamos a hacer una presentación que se reúne en cuatro tópicos principales. En primer lugar, vamos a ver la gestión de los años 2024 y 2025 desde el punto de vista presupuestario, los proyectos que se han ido ejecutando, los trabajos que realizamos también con los fondos que se nos han otorgado. En segundo lugar, la ejecución presupuestaria que va este año hasta el 31 de agosto de 2025. En tercer lugar, el anteproyecto de presupuesto para el año 2026 y luego una síntesis final de algunas preocupaciones que tenemos. Senador, buenas tardes. Bueno. Señor Presidente, como le decía entonces, en este resumen vamos a ver estos cuatro temas principales y vamos a partir por la gestión de los años 2024 y 2025. En primer lugar, nosotros conocemos la misión institucional de la Contraloría, que se reúne fundamentalmente en estos tópicos: fortalecer la prevención, la detección y la sanción de los actos de corrupción; incorporar uso de tecnología avanzada para nuestras labores institucionales con foco en la legalidad, en la probidad, la transparencia, la integridad y la ética pública; impulsar, por supuesto, también la cooperación interinstitucional; gestionar la confianza pública desde el punto de vista de la administración del Estado; y es una cosa que hemos incorporado y por eso está subrayada allí en el último lugar, fortalecer el sistema nacional de control. Solo me quiero detener un instante aquí, muy breve, señor presidente, por su intermedio para los señores.

Parlamentarios, este tema para nosotros es central y va a guiar nuestra gestión durante los ocho años de mandato. Estamos hablando de un sistema que se necesita robustecer, no que dependa sólo de la Contraloría, el funcionamiento y el control del aparato público, sino que en realidad todas las instituciones cumplan sus roles de control asignados en sus leyes orgánicas. Y la Contraloría, por supuesto, tiene que tener un rol en esto que es central. Pero no puede ser la única institución que realice labores de control. Lo realizan también cada institución y cada funcionario y cada jefa tuyo. Ahora, viendo las actividades de control destacadas que nosotros hemos hecho en el último tiempo, hemos hecho un pequeño resumen, en nuestras cuentas públicas está muchísimo más detallado, por supuesto, pero ahí tenemos un resumen de actividades de control que se pueden destacar dentro de las múltiples fiscalizaciones que hemos hecho. Durante el año calendario 2024 hicimos cerca de 800 auditorías. Cuando vamos desagregando respecto de algunas actividades destacadas, nos encontramos, como es evidente, con el consolidado de información circularizada sobre licencias médicas de funcionarios públicos, reportes de gastos de royalty minero por parte de las municipalidades. En otro SIC, nosotros detectamos y dimos cuenta de la falta de registro de personal municipal en más de 100.000 casos de personal municipal que recibía rentas, según la información de impuestos internos y que, sin embargo, no aparecía registrado en el sistema de personal de la administración. También en otro SIC dimos cuenta de los instrumentos de gestión de cambio climático. Sí, señor presidente. Sí, como lo dije hace un instante, consolidado de información circularizada. Se trata de un documento de una sola página donde en resumen y con lenguaje muy sencillo, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, también de las autoridades, una información agregada. Por ejemplo, el SIC de licencias de conducir, otorgadas a personas que tenían prohibición de recibirla porque estaban en el registro de deudores de pensión de alimentos. Creo que es el SIC número 4 que nosotros publicamos antes del SIC más famoso, que es el de licencias médicas. Ese es un ejemplo. Se muestra una situación, lo que está pasando en todas las municipalidades del país respecto de una materia. El de Royalty fue el número uno. Y así tenemos otros SIC donde dimos cuenta de la situación de las unidades de control, sobre situación de seguridad municipal, de los planes de seguridad, y así una serie de otros SIC que hemos ido emitiendo, pero también en el otro lado de la tabla tenemos fiscalizaciones regulares que nosotros hacemos. Ahí solo hay un resumen. Hicimos 26 auditorías sobre listas de espera hospitalaria, 21 que se refieren a la recepción y a la destrucción de las drogas. Una vez que las policías hacen la labor de incautación de las drogas, fuimos a ver a los servicios de salud si estaban realmente destruyéndolo como mandata la ley. En términos muy resumidos, lo que nosotros detectamos allí es que, a pesar de que la ley dispone que hay que hacer una destrucción de inmediato con un plazo muy breve, de 24 a 48 horas para hacerlo, hay destrucciones que se demoran más de un año. En ese lapso, por supuesto, cualquiera se puede dar cuenta del nivel de riesgo que hay de pérdida de esa droga incautada. Entonces, ahí hay una tarea que hacer. Es altamente probable que no sea así. En nuestros informes sale, por supuesto, ese desarrollo y esa disminución y la pérdida de la cadena de custodia también, porque puede suceder que lo que se esté destruyendo no sea realmente lo que se incautó y que sea otra especie. Yo creo que se entiende bien. También en labores de fiscalización, en términos de auditoría, hicimos al menos 10 auditorías que tienen que ver con control de armas y municiones en distintas instituciones que administran armas. Respecto de situación financiera, presupuestaria municipal y uso de recursos en periodo electoral y en periodo no electoral, hicimos 96 auditorías. Dos que se refirieron específicamente al control de los medicamentos y los psicotrópicos por instituciones que administran y manejan psicotrópicos. Y dimos cuenta allí de pérdida de fentanilo en varias instituciones públicas que revisamos. Respecto de seguridad, orden público y cárceles, hicimos seis auditorías que vinimos a exponer aquí a las comisiones respectivas de seguridad. Sobre planes de seguridad municipal hicimos cinco. Dos respecto de licencias de conducir entregadas irregularmente. 3 Sobre el ámbito medioambiental, 131 auditorías en el ámbito de la educación, tanto en el nivel central, ministerio, subsecretaría, superintendencia, como también en el ámbito municipal, en cada uno de los departamentos de educación o las corporaciones que tienen a su turno esta labor o en los SLEP. Y respecto de infraestructura pública, hicimos 32 auditorías.

En la última parte de la lámina se muestra que hicimos 10 fiscalizaciones profundas, auditorías sobre el rol de las instituciones públicas que tienen una tarea de control para verificar si hacen su tarea o no. Por ejemplo, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible fuimos a revisar si estaba o no fiscalizando que las empresas eléctricas atendieran a las personas electrodependientes cuando hay cortes de energía eléctrica. Y detectamos la verdad, en nuestro informe está publicado en la página web, varios casos en los que las personas fallecieron y no fueron atendidas oportunamente. Luego, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver por función el trabajo de los años 2024 y 2025 separados en materias. En la primera, que es la función de fiscalización, tenemos 2.370 inspecciones por denuncia. Las inspecciones son procedimientos de fiscalización más expeditos, son 2.370, pero auditorías más profundas sobre cumplimiento normativo tenemos 657, 347 investigaciones especiales, 135 inspecciones de obra pública y auditorías financieras y simplificadas 111. Estamos hablando de una cantidad muy importante de fiscalizaciones para un universo de cerca de 2.400 instituciones que nosotros fiscalizamos, con 500 fiscalizadores. Yo creo que es muy importante, señor presidente, que tengamos presente esa cifra. Fiscalizadores, y yo lo he hecho presente muchas veces en el Senado y en la Cámara de Diputados, las Contralorías de otros países, para esta sola labor, que es la única que realizan, nosotros hacemos cuatro funciones madre, aquí es una sola, fiscalizar, tienen seis mil y cuatro mil funcionarios en otros países. Estoy hablando de Perú, Colombia, países que tienen un tamaño relativo en términos de comparativo, y nosotros con quinientos hacemos toda esta labor, entonces lo hago presente además. Junto con un agradecimiento, sí, eso es justamente lo que iba a decir, señor presidente, por su intermedio para el senador, que nuestros funcionarios hacen un esfuerzo significativo para poder producir un mayor trabajo con las horas humanas disponibles. Así que un agradecimiento para cada uno de nuestros funcionarios. Siguiendo con la función jurídica, en la siguiente lámina tenemos los exámenes de juridicidad de los actos administrativos, o sea, la toma de razón. Nosotros hicimos control de legalidad de 26.183 resoluciones, decretos, afectos a toma de razón. Y emitimos nuestro pronunciamiento respecto de si eran legales o no, si se ajustaban a la juridicidad. Y respecto de dictámenes y oficios donde interpretamos las normas administrativas y decimos cuál es su correcto sentido y alcance, emitimos más de 50.300 dictámenes. 293 sumarios que iniciamos directamente, 57 investigaciones que finalizamos desde el punto de vista legal y 292 recursos de protección. Fueron favorables los resultados a la Contraloría, que es una labor que hace la Fiscalía de nuestra institución. En la siguiente lámina vamos a ver la función de control de personal. Es una función muy relevante considerando los montos tan cuantiosos que se involucran del aparato público para financiar las remuneraciones del personal de la Administración. Entonces, esta división de función pública, sumada al trabajo de las Contralorías Regionales, llevan adelante esta función de control de personal a través de estos trabajos que están allí expuestos. Documentos afectos a toma de razón que fueron controlados o tramitados por nosotros, más de 12.000. Documentos exentos de toma de razón que fueron registrados en nuestras bases de datos para poder luego con esas bases de datos tener insumos para la fiscalización. Cerca de 5 millones de documentos fueron registrados en nuestro sistema. Documentos de fianzas y cuentas corrientes tramitados, fianzas para asegurar el correcto uso de los recursos a través de compañías de seguro, 55.000 trámites y 23.469 casos que hicimos una revisión adicional que se denomina control de reemplazo, para aquellos actos que no están afectos a toma de razón, sino que a registro y que le hacemos un control adicional. En la siguiente lámina vamos a ver la función contable. En esta función, nosotros revisamos los informes contables y presupuestarios de las instituciones públicas, tanto centrales como el sector municipal, y también las empresas públicas y las universidades públicas. Y allí procesamos 91.586 informes contables, lo que quiere decir revisar si están correctos, pedir la rectificación si no lo están. En cuanto a estudios financieros de distintos ámbitos, por ejemplo, estudios sobre el costo de la gratuidad de la educación, a modo de ejemplo, hicimos ocho estudios financieros a través de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas y en cuanto a la refrendación de la deuda pública que tiene que hacer la Contraloría para que la deuda pública pueda tener efecto frente a terceros, se revisaron 800...

70 documentos de referendación de deuda pública. Enseguida en la función jurisdiccional se iniciaron 135 juicios de cuenta para perseguir la responsabilidad civil o patrimonial de aquellas personas que hayan causado daño al patrimonio público. En cuanto a sentencias del juzgado de cuenta de primera instancia, se emitieron 62, o sea, se terminaron 62 juicios en primera instancia y 114 en segunda instancia. Perdón, sí, 2024 y 2025, parece el lapso, hasta el corte de agosto. ¿Qué es lo que terminaron? Hay algunos del... ¿El corte del 235 o pueden venir más? Ah, no, no, son antiguos, son anteriores, porque el procedimiento de juicio de cuenta es muy lento. Sí, por su intermedio, señor presidente, los juicios de cuenta tienen un procedimiento en la Ley Orgánica de la Contraloría que es muy extenso, realmente arcaico. Entonces, hay juicios de cuenta que demoran cinco años porque... Todos los plazos que están establecidos en la ley son larguísimos, realmente es muy largo. Y las personas, si me lo permite señor presidente, las personas tienen derecho a oponer una serie de excepciones y a realmente dilatar el procedimiento. Entonces, de verdad cuesta mucho terminar estos procesos, así que que se hayan terminado 62 en primera y 114 en segunda instancia refleja un esfuerzo, porque es algo que habría que modernizar. En la siguiente lámina vamos a ver acceso a la información pública. Nosotros hemos recibido más de 11.000 y hemos atendido más de 11.000 solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía. Hemos atendido más de 25.000 personas de manera presencial y a través de atención jurídica especializada, donde resolvemos dudas de las personas que nos llaman o que se conecten personal, tenemos 11.700 atenciones. 97.000 consultas de trámites vía telefónica también han sido atendidas por nuestro personal. Y pusimos otros procesos especiales que tienen algunas particularidades relevantes. Por ejemplo, respecto de la ley Karin, en este periodo atendimos 2.509 casos. De sugerencias de fiscalización que logramos atender luego de haber sido recibidas a través de la web, 2.469 casos. Atención de parlamentarios, señores y señoras diputadas y senadores que nos hacen presentaciones solicitando que atendamos alguna duda o investiguemos alguna materia, 1.344 casos. Y en el portal Opine sobre nuestro servicio nosotros recibimos 997 opiniones de la ciudadanía con las cuales vamos mejorando nuestro trabajo. Y específicamente respecto del SIG número 9 de licencias médicas, recibimos 310 consultas específicas donde... Nos pedían aclarar algún punto o precisar algo específicamente. Luego, en la siguiente lámina vamos a ver cómo ha evolucionado la demanda imprevisible, o sea, cosas que nosotros no podíamos planificar y que, sin embargo, la gente ha venido a pedirnos o a denunciar en distintas materias en el último tiempo. Tenemos aquí el año 2024 y el año 2025. El 2024 está en calipso, el 2025 hasta lo que va del año hasta junio en rosado. Y tenemos solicitudes de acceso a la información en la primera lámina, en atención presencial, en la segunda barra, atención jurídica especializada en la tercera. Como uno puede ver allí, se da cuenta de que hasta la mitad del año ya llevábamos casi completado lo que uno habría esperado el año anterior de demanda imprevisible, pero sin embargo uno puede proyectar que vamos a pasar bastante más. lo que sucedió el año pasado en términos de cargas de trabajo en distintas materias. Y luego, señor presidente, para ver la ejecución presupuestaria específica de la Contraloría hasta agosto del año 2025, nosotros pusimos este cuadro que trata de reflejar en tres ejes la distribución de nuestro presupuesto. El cuadro más grande, en color celeste, que representa que es el eje uno, la continuidad operacional. Es el 88% de nuestro presupuesto lo que necesitamos solo para seguir funcionando sin crecer nada, solo para funcionar tal cual estamos y sin embargo es un monto muy alto. Necesitamos sí crecer y tenemos un segundo eje que es de eficiencia operativa, de renovación tecnológica y de mejora en comunicaciones para poder avanzar con la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías. Ese segundo eje está representado con el rectángulo gris. Y luego, el tercero, que se refiere a la mejora y optimización de los espacios, de la infraestructura institucional y la renovación de nuestros activos, es un 3%, que es el cuadrito más pequeño o rectángulo más pequeño que está en azul.

Tratamos de mostrarlo así para poder graficar que en realidad la mayor cantidad de nuestro presupuesto es solo para la operación regular. Sin embargo, uno quisiera desarrollar muchísimos proyectos para crecer, pero también hay que tener presente la situación presupuestaria del país. En la siguiente lámina vamos a ver la distribución del presupuesto vigente. El presupuesto vigente del año 2025 es de 112.000 millones de pesos y está distribuido ahí como lo ven. Mayoritariamente en un 82% en gastos de personal, subtítulo 21. El 12% son bienes y servicios de consumo, el 3% adquisición de activos no financieros, otro 3% en iniciativas de inversión y este porcentaje más pequeño suma el subtítulo 24, transferencias corrientes, el 23 de seguridad social y otros subtítulos más específicos en montos menores. Para nosotros es muy importante hacer presente esto de que la mayor cantidad del presupuesto de la Contraloría se invierte en las remuneraciones del personal. Enseguida, en la siguiente lámina vamos a ver cómo va la ejecución al 31 de agosto. El presupuesto vigente de 111.000 millones es en la primera barra el 100%, ¿cierto? Lo que está comprometido a la fecha es el 82% y lo que está realmente ya ejecutado es el 78%. Nosotros hacemos presente allí que a modo referencial, en términos globales, un año con otro, lo que se lleva habitualmente a esta fecha es un 67%. Nosotros hemos avanzado en términos agregados en un 78%. El año pasado llevábamos 69% a esta data y el año 2023 llevábamos 71% a esta data. Entonces hemos hecho un esfuerzo de ejecutar más rápido nuestros proyectos. Varias cosas, hay procesos que antes se quedaban detenidos en algunos equipos. Mire, hay procesos que son tan sencillos como hacer un grupo de trabajo dentro de nuestro sistema para estar agilizando, que no se le quede a nadie un documento, una orden de compra, una factura y que los equipos estén interconectados de verdad. Los equipos que ven ejecución presupuestaria y que estén agilizando los procesos, no se vaya a quedar algo. Si alguien está con licencia, que inmediatamente su subrogante entre a suplirlo y que no se vaya a demorar. Y a veces esos pequeños detalles, que son domésticos, van resolviendo y van haciendo sumar y agilizar. Luego, en la siguiente lámina vamos a ver desagregada nuestra ejecución presupuestaria explicada en cada uno de los subtítulos. Y el referencial que les hablaba de más o menos en promedio los otros años llevábamos un 67% a esta fecha es la línea verde que cruza todas esas barras. La mayoría de ellas demuestra que hemos avanzado bastante en nuestra ejecución, bastante más allá de lo que se avanzaba en promedio. Hay dos que están más bajas, ¿cierto? Que son el 25, que es íntegros al fisco, es una situación específica de un monto muy menor, y el 29, adquisición de activos financieros, que nosotros todos los años les explicamos en la Comisión de Presupuestos que hay licencias informáticas, específicamente son 1.500 millones de pesos que nosotros pagamos a Microsoft siempre a fines de septiembre y en noviembre o diciembre, porque está pactado así, y entonces no podemos pagar antes, de manera que esa no podemos ejecutarla antes. Cuando llegue fines de septiembre la primera de esas facturas, vamos a pasar la línea verde con el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. La comisión tiene ya larga experiencia en esto, en haber visto nuestro presupuesto con esta misma situación y que justifica por qué no avanzamos más rápido en ese subtítulo en particular. En la siguiente lámina lo vemos desagregado. Solo una pregunta. Así, por regla de tres, la ejecución de IRAC es el 67% al 31 de agosto naturalmente. ¿Por qué en prestaciones de seguridad social ya estamos en el 100%? ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que pasa es que hay algunas prestaciones que de partida son montos menores y que nosotros las podemos ejecutar antes durante el año y se han logrado ejecutar a tiempo. Hay otros años en que nos hemos demorado un poco más. Tiene que ver con agilizar los procesos. Mauricio, si me permite, señor presidente, ¿tiene detalles sobre el jefe de finanzas? Señor presidente, por su intermedio, las prestaciones sociales son los bonos por retiro principalmente. Claro, pero se hace trimestralmente y ahí va creciendo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, sobre ese punto solo agregar que también tiene que ver con la planificación que hacen las propias personas al momento en que...

Se van a retirar y hay muchas personas que se retiraron el primer semestre. En general, en otros periodos la gente esperaba más, claro, pero en esta ocasión la gente se fue a retiro un poco antes. En la siguiente lámina vemos desagregado esto mismo que acabamos de ver, la ejecución al 31 de agosto para el subtítulo 21. Nos interesa mucho hacer presente esto, señor presidente, por su intermedio a los demás parlamentarios. Nosotros pedimos recursos adicionales a la ley de presupuesto del presente año, 2025, para una dotación adicional que necesitábamos. Y le pedimos al Ministerio de Hacienda 1.527 millones que nos autorizó para contratar 35 profesionales que buscaban gestionar el canal del denunciante. Aquí me quiero detener un instante. El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley del Ejecutivo que estableció un nuevo sistema reforzado de protección a las personas que hagan denuncias de actos de corrupción. Este sistema de protección establece varias obligaciones para la Contraloría, sin embargo, el proyecto de ley no traía presupuesto para la Contraloría. Entonces, en el proyecto de ley y en lo que fue aprobado, se estableció que había que tener un canal de denuncia con inteligencia artificial, con un expediente electrónico, con una serie de particularidades que el canal que nosotros teníamos no cumplía. Eso quiere decir que había que hacer un canal nuevo, informático, una plataforma informática nueva. Y recursos para hacerlo no venían en esa ley. Al mismo tiempo, ese mismo canal de denuncia y por el reforzamiento legal de las protecciones hacia las personas que iban a hacer denuncias, iba a aumentar la cantidad de denuncias. De hecho, sucedió así. Personas adicionales para la Contraloría para atender estas denuncias tampoco iban a esa ley. No iba presupuesto para ninguna de estas dos cosas, ni tampoco para el almacenamiento de las denuncias nuevas que iban a llegar, que requieren espacio informático, ya de cloud o de storage. Y nosotros entonces conversamos con el Ministerio de Hacienda y le solicitamos este reforzamiento de nuestro presupuesto. Para esto, también para la ley CARIN, que entró en vigencia y que también venía sin recursos para ello, y otras situaciones adicionales que se dieron en el sistema CIRREC, porque luego del caso convenio, el Congreso fue aprobando distintas legislaciones donde exigió mayor detalle en la rendición de cuentas. Todo esto impactaba en nuestro sistema y en el personal. Pedimos eso y se nos autorizó 1.527 millones de pesos de recursos adicionales. Y hasta ahí estaba todo muy bien, hasta que vino el ajuste presupuestario. Entonces nos autorizaron estos 1.527, pero en el ajuste nos recortaron 1.857. Entonces, esos fueron rebajados en enero y afectaron las vacantes, los viáticos de fiscalización y una serie de otros aspectos. Claro, perdimos cerca de 300. El asunto es que nosotros entonces teníamos la misma necesidad porque estas tres leyes entraron en vigencia y teníamos que cumplir el mandato de estas tres leyes igual. Entonces tuvimos que hacer redistribución de personal de otras áreas para poder suplir esta necesidad de cumplir estos tres mandatos legales. En la siguiente lámina vemos la ejecución del subtítulo 22. Nosotros vemos que comparado con el referencial, que es un 67%, llevamos solo un 63% ejecutado. Pero en cuanto a lo comprometido, ya hay un 82% hasta esta fecha en órdenes de compra que ya están. Así es que es cosa de un par de semanas para que tengamos ese 82% y estemos sobre el referencial. Y proyectamos evidentemente que vamos a ejecutar el 100% del subtítulo 22. En la siguiente lámina entonces, en el subtítulo 29, tenemos en adquisición de activos no financieros, como les decía, un 24% de avance. Y esto, como les expliqué hace un momento, señor presidente, tiene que ver con el pago de las licencias de software que nosotros hacemos en otra época del año, por contrato. Y adicional a eso, las licencias de programas informáticos es la tercera línea, pero también tenemos que avanzar con la compra de mobiliario y de máquinas. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer aún? Nosotros estamos cambiando nuestra sede en Ñuble, porque para ser bien sincera estábamos en una casa, no en un edificio. Y el personal de la Contraloría Regional estaba muy, muy hacinado en la Contraloría Regional del Ñuble y entonces arrendamos otro edificio, que lo estamos remodelando y reparando, para luego entonces tener que comprar el mobiliario. Por eso hasta esta fecha no se ha ejecutado. Estamos esperando que esté terminada esa obra.

para poder entrar con todo el mobiliario. Y eso también impacta en los equipos de climatización de esas sedes. Así es que ahí tenemos las cifras que están en la segunda y tercera línea del cuadro de abajo, que prontamente, cuando ya tengamos la sede a disposición para poder entrar con todo ese equipamiento, vamos a tener esa ejecución mayor. En la siguiente lámina mostramos la ejecución del subtítulo 31, que tiene que ver específicamente con la construcción de la sede de la Contraloría Regional de Coquimbo. Ahí está la imagen de la sede nueva de la Contraloría Regional de Coquimbo, que se inauguró hace algunas semanas. Tiene 3.492 m2 construidos, tuvo un costo total de 11.500 millones de pesos, son seis pisos con un auditorio para 97 personas que se pone a disposición de todos los servicios públicos de la región, y por supuesto cuenta con certificación de edificio sustentable. Es una obra muy hermosa que se construyó en un periodo de dos años, entre 2023 y 2025, y eso representa en el subtítulo 31 que ya llevamos un 85% de ejecución. ¿Esa es la última sede pendiente? No. ¿Queda otra más? Señor Presidente, por su intermedio, tenemos pendiente la sede Ñuble, que como acabo de comentar, tuvimos que arrendar porque es una región nueva, y falta la sede de Copiapó, que también era arrendada y muy pequeña. Es la última del proyecto de renovación de las sedes. Ahora, para ser bien sincera, cuando terminemos de renovar la última sede, y yo ya lo vi en el recorrido región por región, hay regiones como Los Lagos que ya son muy pequeñas. Diez años y es muy pequeña. Bueno, entonces enseguida en la siguiente lámina vamos a ver una comparación de la ejecución de los años 2019 al 2024, donde se ve que casi todas las ejecuciones de la Contraloría siempre están cerca del 100%, salvo un año, el 2021, que tuvo 97%, pero casi todos los años la Contraloría supera el 99% de ejecución. Lo que trato de reflejar con esto es que la Contraloría invierte los recursos, los trabaja a tiempo, los trabaja de manera eficiente y, por ende, cuando nosotros solicitamos presupuesto, realmente vamos a hacer un uso correcto y eficiente del mismo. Enseguida, en la siguiente lámina vamos a ver el anteproyecto de presupuesto para este año 2026 y allí se puede ver en estas barras cuánto es lo que la Contraloría estaba solicitando de crecimiento. Nosotros solicitamos 8,5% de aumento presupuestario; esto es 8.978 millones de pesos adicionales a los que teníamos el año 2025. En la reunión que tuvimos en el Ministerio de Hacienda respecto del proyecto de ley propiamente tal, se nos informó que se nos iban a asignar 1.699 millones más que el año pasado. Esto quiere decir que se aumenta solo un 1,5% del presupuesto. Mauricio, si tú me puedes… No, son reales, 2025. Por 115.000 se comparan con 215.000 y aplicamos IPC. Bueno, señor presidente, por su interés, se mantiene porque lo están actualizando: presupuesto 2025 a enero de 2025 y este, el presupuesto de 2026, también en moneda de 2025. Después de que pase por la autorización final, ahí se va… claro que se actualizó. Bien, gracias, Mauricio. Entonces, la verdad es que nosotros solicitamos este 8, 8,5% considerando cuestiones que son bastante básicas y obvias que van a suceder. El crecimiento del sistema de rendición electrónica de cuentas es una cosa que mandató el Congreso Nacional, entonces no es una cosa voluntaria para nosotros crecer o no crecer allí. A modo de ejemplo, en el sistema de rendición electrónica de cuentas van a llegarnos sí o sí una cantidad muy importante de rendiciones electrónicas y no solo nos van a llegar y las tenemos que procesar, sino que también la ciudadanía entra a verlas en una plataforma que tiene que estar disponible. Esto mismo que yo les comentaba hace un momento del estatuto de protección al denunciante que tuvo que estar disponible, aunque no teníamos ni recursos ni personal ni storage para hacerlo, y lo tuvimos que hacer, tuvimos que sacar recursos de otras plataformas.

que ustedes nos habían autorizado en otros momentos, tuvimos que hacer esas reasignaciones y ajustes. Entonces, el hecho de que nos autoricen solo un 1,5%, si bien uno reconoce que hay un esfuerzo, atendía la situación presupuestaria del país, y uno reconoce que hay un esfuerzo, porque hay otras instituciones que han obtenido un aumento menor, lo cierto es que yo creo que la Contraloría ha demostrado con creces que cualquier aumento en esta institución termina siendo Ahorro en el control del aparato público y que significa la larga eficiencia en el uso de los fondos. Por eso hacemos tanto hincapié en esto y en la siguiente lámina podemos ver que este proyecto de ley que contempla 115 mil millones de pesos desagregados en estos ámbitos, para el subtítulo 21.632 millones que se traducen en 62 personas. Nosotros habíamos pedido 72 profesionales. Hicimos la reducción, la mayor reducción posible para poder presentar un marco lo más ajustado a la situación presupuestaria del país. Y pedimos 72 profesionales, se nos autorizaron 62. Los 10 que faltan son 5 analistas para los sumarios, que tenemos que seguir miles de sumarios administrativos que ha hecho la Administración del Estado, por un lado. Y también tenemos funcionarios que tienen que hacer una labor que se llama Fiscalía Administrativa Permanente, que es llevar adelante procesos sumariales. Cuando las autoridades que están involucradas en estos sumarios son altas autoridades, los sumarios no los puede hacer el mismo servicio, lo tiene que hacer la Contraloría. Presidente, y cuando realizan ese proceso analítico de los sumarios que ya están cursados, entendiendo que ustedes han incorporado mucha tecnología en los últimos años y que eso ha permitido los SIC y todo eso, ¿ese proceso analítico no se puede entregar a otro tipo de herramientas como inteligencia artificial, por ejemplo, o necesariamente tiene que hacerlo un funcionario? Muchas gracias por la pregunta, por su intermedio, señor presidente. Hay algunas cosas que sí se pueden automatizar y hacerlas con inteligencia, pero hay otras materias en las que no se puede hacer. Por ejemplo, para poder aplicar tecnología de inteligencia artificial necesitamos una base de datos que haya enseñado o entrenado a un algoritmo a hacer una revisión. Y lamentablemente los sumarios administrativos son, primero, muy distintos. Segundo, la mayoría todavía siguen en papel, no en la Contraloría, en la Administración. Entonces, entrenar a un algoritmo para ver qué ilegalidades podrían haber en un sumario es muy difícil. Claro, no hay una base de datos suficiente, con datos estructurados, como para entrenar aún a los algoritmos de cómo revisar, para ver si hay vulneraciones a los derechos de los funcionarios en un sumario administrativo. Entonces ahí se requieren personas y no cualquier persona tiene que ser una persona que nosotros nos demoramos a lo menos varios meses en capacitarla. ¿Qué tipo de irregularidades podrían estar? O a veces analistas, personas que nosotros las hemos capacitado. Y asimismo estamos solicitando que esto es de verdad sine qua non para nosotros, es una cuestión indispensable: un complemento del gasto informático de 1.200 millones de pesos en el subtítulo 22. ¿Por qué? Porque no se trata solo del crecimiento de CIRREC. Nosotros necesitamos almacenamiento para una serie de bases de datos. Voy a dar otro ejemplo. Cuando se aprobó la nueva ley de compras 2.0, esta ley de compras trajo una cosa muy positiva, que es la obligación de los funcionarios de las comisiones evaluadoras de declarar intereses y patrimonio para verificar que no haya alguna situación irregular que signifique un enriquecimiento ilícito. Bueno, esta obligación de los funcionarios que conforman las comisiones evaluadoras de las instituciones de la Administración del Estado significó que miles de personas, de un día para otro, empezaron a declarar. Esa ley, ¿cuántos recursos trajo para la Contraloría para recibir las declaraciones? O sea, para la plataforma, para el estorad y para personal que revisar esas declaraciones, cero. Por eso es que nosotros no es solo CIRREC, necesitamos almacenamiento para las rendiciones electrónicas, es para una multiplicidad de materias en las que nosotros recibimos las cosas de manera electrónica. Y bienvenido sea que sea de manera electrónica, porque eso luego nos permite, con analítica de datos, hacer fiscalizaciones sin tanta gente. Pero necesitamos al menos los recursos para el almacenamiento, es nube o storage, servidores para poder recibirlo. Si no, corremos el riesgo en alguna de nuestras plataformas de que la gente nos envíe las cosas y no lleguen, y le reboten a las personas. Y yo creo que la frustración para la ciudadanía frente a situaciones como esa sería muy grave, sería mayor. Entonces necesitamos complementar la manera en que se hace.