Senado - Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía - 2 de septiembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión en comité. Cuenta, señora secretaria. Gracias, presidente. Tenemos un informe del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, denominado El derecho a reunión pacífica y de asociación, marco internacional, legislación nacional y extranjera. Y una correspondencia, doña Carolina, va a amonde en representación de la agrupación de personas sordas, mis manos son mi voz, de la ciudad de Castro de Chiloé, en la que solicitan una reunión virtual con la comisión para exponer una situación de vulneración de derechos de una socia con discapacidad auditiva que actualmente cursa la carrera de gastronomía territorial e intercultural en el CETUC Chiloé. Pongámosle fecha a esa audiencia solicitada. Quisiera ser la próxima o la subsiguiente, si le parece, a la comisión cuando tengamos constituida formalmente. Bueno, vamos a cambiar el orden de la tabla, vamos a continuar el análisis del proyecto de ley que modifica la ley 18.918, Organización Constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos, por el 16.017-17. Han sido especialmente invitados a esta sesión la Subsecretaría de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, el Jefe de la División de Protección de Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas, y la abogada Valentina Parodi. El Director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Tomás Pascual, por Zoom, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Pascual? Y también el Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paul Díaz, y la Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesora Cecilia Domínguez. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo le va? Vamos a comenzar con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está presente, para los efectos de que pueda exponer sobre el proyecto. Subsecretaria. Gracias, Presidente. Bueno, nosotros tenemos una opinión muy positiva respecto de esta iniciativa legislativa. Es una brecha importante que tenemos como Estado el armonizar y adecuar la normativa interna a las distintas recomendaciones que emanan de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, donde cobra especial relevancia el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado. Así que saludamos la iniciativa de poder mejorar los canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para efectos de transversalizar el enfoque de derechos humanos, poder fortalecer las capacidades del Estado de responder de manera correcta y oportuna, sobre todo, a las distintas obligaciones que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, tenemos una muy buena opinión sobre este proyecto y sobre la potencia que implica comenzar a fortalecer justamente esos mecanismos de comunicación hacia el futuro entre la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenemos obligaciones dentro del Ejecutivo en estas materias y como órgano colegislador, poder informar de manera periódica al Congreso Nacional respecto de estas obligaciones, algo que parece del todo pertinente y necesario. Solo para efectos de la historia de la ley, digamos, hay solo una precisión que nos gustaría enfatizar, que es que en el inciso final del artículo único que propone este proyecto de ley, señala que la Cámara de Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre acuerdos de solución amistosa que puedan implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. Nos parece adecuado, pero sí haciendo la precisión de que sea respecto de acuerdos

de solución amistosa que estén ya suscritos, puesto que la potestad y la facultad de dirigir las relaciones del Estado de Chile con los organismos internacionales es una facultad privativa del Presidente de la República y por tanto una vez que estén suscritos esos acuerdos, nos parece súper oportuno que puedan ser informados oportunamente al Legislativo. Y especialmente, por cierto, de aquellas medidas que implican, medidas legislativas por parte del Estado. Así que con esa precisión... Yo te voy a pedir a las... Secretaria, que esto quede en la historia de la ley, que quede en el informe para los efectos de la adecuada interpretación de la norma. Y coincidimos con el criterio, efectivamente quien conduce las relaciones con los organismos internacionales es el Ejecutivo a través de la Cancillería. Eso es. Y con solo esa precisión, a nosotros nos parece que es un proyecto que avanza en la dirección correcta de fortalecer las herramientas y mecanismos del Estado para poder responder de manera oportuna a sus obligaciones internacionales. Desde la intervención de la Sociedad de Derechos Humanos, damos paso al director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Tomás Pascual, que nos acompaña vía Zoom. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y por su intermedio también a las autoridades que se encuentran en la sesión. Bueno, me tocó participar en la discusión de esta iniciativa, de esta moción, cuando en la Cámara de Diputados y en los mismos términos que ha expuesto la subsecretaria de Derecho Humano por su intermedio, presidente, la Cancillería ve, y tal como se hizo en su momento, como... como una muy buena iniciativa que va en el sentido correcto la iniciada por la diputada Lorena Fríes. El Estado de Chile carece de mecanismos institucionalizados de intercambio de información. Este es un primer paso, creemos que es un primer paso de algo que en el futuro, ojalá sea el día de mañana un mecanismo, una ley que marco, que permite implementar estas recomendaciones en un trabajo integrado con el Estado, pero este primer paso parece... deseable, positivo y además va en línea de la tendencia a nivel comparado, y yo también hice referencia en su momento en la discusión en la Cámara de Diputados, en que distintos países de la región han avanzado y han incorporado a los poderes legislativos, justamente al menos en el intercambio de información relativo a las recomendaciones que llegan en el cumplimiento de obligaciones internacionales que han sido suscritas y ratificadas por esos estados. Yo solamente quisiera, presidente, comentar que en el marco de esta iniciativa y como una buena práctica, la Cancillería ha introducido justamente el envío de información periódica al Congreso Nacional, en particular a las presidencias de las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado, solamente a modo ejemplar, el 30 de octubre del 2024, se envió el oficio 76-7261 a esa comisión del Senado, y entregando, por ejemplo, todas las recomendaciones que habían sido adoptadas en el marco del examen periódico universal. Algunos de los exámenes que usted mismo, señor presidente, nos tuvo la oportunidad de acompañarnos y usted evidenció allá en Ginebra la dinámica de los mismos. Hemos hecho también envío de manera oficiosa de las principales resoluciones que se adoptan en el marco del Consejo de Derecho Humano, del cual Chile es parte, porque el proyecto de ley no solo habla de recomendaciones, también habla de otra resolución adoptada en el marco. de los sistemas interamericanos y universal, entendemos que esas otras resoluciones que pueden ser utilizadas por el legislador en el marco de las mismas políticas públicas que están en discusión, que pueden orientar la discusión, favorecer o encontrar algún elemento que pueda contribuir a la materialización de una política pública, es que la Cancillería a través de la División de Derechos Humanos ha enviado desde el 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos, hoy día estamos en la 60. Tenemos información sobre las principales resoluciones adoptadas en cada uno de estos consejos, son tres consejos al año, se adoptan muchas resoluciones y se han enviado a modo informativo. Creemos que es una práctica que hemos instalado, que esperamos que mantenga, pero que este proyecto de ley cautela. Entonces, creemos que eso es muy positivo, sobre todo con las formalidades que le otorga este proyecto de ley. Bueno, aquí pueden haber discusiones, ¿no? Si en un principio no era la coordinación, ahora se incorpora una coordinación expresa entre la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derecho Humano, justamente para que haya también una transversalización de esto a nivel del Ejecutivo, ¿no? Dado que la Subsecretaría de Derecho Humano es la que justamente tiene la obligación legal de transversalizar las políticas de derecho humano y hace seguimiento en los planes nacionales de algunas de estas recomendaciones. Voy terminando, señor presidente, solo quisiera...

mencionar que en este esfuerzo que ha mencionado también la subsecretaria, el presidente, el Estado de Chile también ha renovado la Comisión Coordinadora de Obligaciones Internacionales en el cumplimiento de estas obligaciones y esperamos que ese también sea un lugar propicio para trabajar justamente para el envío de esta información, aunque eso es más bien dominio de una organización interna del Poder Ejecutivo. Creo que es relevante que esa institucionalidad, aunque en cierne quizá o no normativa, sino que a nivel reglamentario que existe hoy día a través del decreto 323 del año 2000, la Cancillería también converse con esta iniciativa legal para el envío de información. Así que por parte de la Cancillería solo resta agradecer esta iniciativa y al igual que lo ha señalado la autoridad del Ejecutivo que está presente en esta sesión nos parece que es muy positiva para avanzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Presidente. Muchas gracias al director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tomás Pascual. Y dejamos con la palabra ahora a la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesora señora Cecilia Domínguez. Bueno, primero que todo, quisiera compartir pantalla, puesto que por razones de inclusión hago siempre todo con un apoyo gráfico. Primero, decirles que estoy muy contenta de estar nuevamente en este espacio. Yo estuve en la ocasión de poder informar este mismo proyecto de ley cuando estaba frente a la Cámara de Diputados y me parece un proyecto, para decirlo en términos generales, perfectamente acorde a ir avanzando hacia un sistema formal de implementación de obligaciones internacionales por parte del Estado de Chile. Les comento a todos los presentes que el Centro de Derechos Humanos hizo un informe temático producto de un proyecto que tuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde un poco miramos qué sería una propuesta integral para cumplir sentencias, resoluciones y recomendaciones internacionales en Chile, había cuenta de la inexistencia de una ley integral marco que permita realmente formalizar este cumplimiento y de hacerlo más o menos uniforme respecto de las distintas obligaciones que el Estado debe cumplir. Dentro de ese mismo proyecto se hizo un diagnóstico y me parece que parte de este diagnóstico podría ser saldado gracias a esta norma, este artículo único, pese a que por supuesto quedan todavía grandes brechas que deberíamos tratar de cerrar. Por una parte, acá yo les pongo algunos elementos, pero partiendo porque existe mucha parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales implican adecuaciones normativas. Y estas adecuaciones normativas no pueden ser nunca resorte del Poder Ejecutivo, sino que deberían ser resorte del Poder Legislativo. Pero para que ello funcione de manera correcta, lo bueno y lo deseable sería que existiese un camino como este, pero también ojalá otro un poco más sofisticado, que permitieran que el Congreso accediera a la información de qué es lo que hay que reformar y en qué sentido, en cumplimiento de la obligación de adecuación normativa que nos impone, por ejemplo, el sistema interamericano o nos impone el sistema universal. Así nos parece que esta norma, que en su momento, y estamos muy contentos desde el Centro de Derechos Humanos, que se haya establecido que en el caso de la recepción del examen periódico universal se va a hacer una sesión especial, puesto que ya en ese proyecto habíamos comentado que nos parecía que por la entidad que tiene el examen periódico universal, dar una sola sesión para todas las obligaciones internacionales más el examen periódico universal parecía imposible de realizar, irrealizable. Por lo que estamos muy contentos de que se haya agregado eso, pero nos parece, y queríamos mostrarlo, pese a que estamos muy contentos que creemos que es un avance, dada la entidad de decir resoluciones y recomendaciones, estamos hablando de una cantidad enorme de obligaciones del Estado que tendrían que ser implementadas, y para velar por su eficacia, quizá tendría sentido que se hiciera una tipología de obligaciones internacionales que nos permitiera priorizar el conocimiento más acabado posible de aquellas que son plenamente vinculantes, como podrían ser las sentencias. Considerando que muchas veces el cumplimiento pleno de sentencias, por ejemplo impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se satisface completamente porque no existe la reforma legislativa que la Corte nos está solicitando que se realice. Entonces, sobre ese punto, nos parecería...