Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 2 de septiembre de 2025

Muy buenos días, quiero saludar a quienes están presentes, a quienes pueden estar conectados, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a sus asesores, a abogados también del ministerio, al senador Rojo de Oas, que se encuentra presente, al senador Araya también, a nuestra secretaría, a quienes están como oyentes hoy día, el vicepresidente Oscar Ruiz, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Y también hacer ver desde ya que tenemos dos proyectos en tabla, pero le voy a dar la palabra al señor secretario para la cuenta y luego para una solicitud que nos ha planteado el senador Edwards, de la que nos tenemos que pronunciar. Así que, señor secretario, le doy la palabra. Gracias, señora presidenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones o solicitudes de audiencia. En primer lugar, se ha recibido una comunicación de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Daniela Santana, mediante la cual remite un documento denominado Medidas Alternativas a la Prisión en Mujeres Embarazadas y Madres, Derecho Internacional y Legislación Comparada América y Europa. Ese documento se los haremos llegar a su correo electrónico y la copia correspondiente. Hago presente que la señora Daniela Santana me ha comunicado que han recopilado bastante información y que si necesitan documentación adicional a la contenida en ese documento, la Biblioteca del Congreso Nacional lo puede proporcionar. En segundo lugar, también se ha recibido una solicitud de audiencia de la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ANFU-CAPAC, para exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Asimismo, remite un documento en el que formula observaciones a la citada iniciativa. Quiero hacer presente a sus señorías que en sesiones anteriores se ha dado cuenta de solicitudes de audiencia de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, así como de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUD, y de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Hago mención a estas otras solicitudes para que en su oportunidad la comisión resuelva los pasos a seguir con esas peticiones, señora presidenta. Eso sobre la cuenta, no sé si hay alguna otra observación. Sobre la cuenta, me parece vital el poder ir recibiendo información, dado que este proyecto, conocido también como Ley Sayén, efectivamente lo hemos estado discutiendo, lo recibimos además en esta comisión después de la discusión que se dio, por ejemplo, la Comisión de Seguridad, y el aporte de este documento nos podría ayudar, obviamente, a poder ir definiendo, por ejemplo, qué delitos quedarían excepcionados dentro de lo que estamos discutiendo. Y en el caso de la solicitud de audiencia, como usted bien decía, hemos estado recibiendo varias solicitudes. Convengamos que el proyecto recién lo pusimos en tabla hoy día, de hecho recién el Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia, va a exponer del proyecto, viene de la Cámara. Hoy día he decidido autorizar que estén oyentes los dirigentes de ANFOCA, pero después, por supuesto, que van a ser invitados a exponer de manera formal a la comisión. Como también, insisto, las otras asociaciones que han solicitado ser escuchadas. Quiero agregar y recordar, mejor dicho, el tema de los plazos para las indicaciones, específicamente en el proyecto de… que busca fortalecer la seguridad perimetral de las cárceles, que el plazo venza el próximo viernes, señor secretario, para tomar nota, porque este viernes además hay otros dos proyectos cuyo plazo vence, y si no me equivoco, uno de ellos es el de reducción de plazos y trámites para construir y ampliar las cárceles, y el otro es el que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia. Estos dos, el plazo de indicación vence este viernes, y para ingresar indicaciones de fortalecimiento de la seguridad perimetral. Parece que no había quedado claro, pero lo vamos a extender para el próximo viernes. Exacto. Y ahí también, aprovechando que está el Ejecutivo presente, también lo hago ver. Entonces, quiero darle la palabra al senador Rojo Edwards. Estamos en comité. Si después, lógicamente, tenemos que votar la solicitud y pronunciarnos como comisión, una vez que se integren más senadores, lo vamos a hacer, pero por ahora para que pueda dar, comentar, informar, ¿cierto?

una solicitud que ha llegado a esta comisión para suscribir y tomar un acuerdo, que iría dirigida, por supuesto, al presidente del Senado, también a distintas comisiones, pero una de ellas, insisto, es a nuestra comisión. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra al senador Edwards para que nos pueda exponer de esta solicitud y luego nosotros, obviamente, pronunciamos. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho para dar a los colegas que están presentes, al Ministro, a la Secretaría, a todos los asesores y todos los que nos acompañan y ven. Bueno, quiero contarle y agradecerle esta invitación, Presidenta. Desde la oficina estamos muy entusiasmados, pero también preocupados por que Chile se pueda subir al uso de inteligencia artificial, mejorar la productividad y que esta revolución que está ocurriendo en el mundo simplemente no nos pase por encima. Para lo cual, una de las partes más importantes, Presidenta, es que esa utilización de la inteligencia artificial también permite en el trabajo que hace nuestro sector público, la administración. Nosotros ya hemos enviado oficios a Ministerio de Economía, Salud, Educación, Minería, Energía, Justicia, bueno, ahora Justicia, y el Medio Ambiente. La revolución rápidamente de la inteligencia artificial, si uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, se compara con la revolución que ocurrió para la humanidad cuando se descubrió la rueda o incluso cuando se descubrió el fuego. Cuando uno ve las inversiones que se están haciendo, Presidenta, en la inteligencia artificial, eso demuestra que hay un interés muy grande alrededor del mundo. Le voy a dar un solo ejemplo. Existe hoy día una inversión que se está realizando en Estados Unidos de 500 billones de dólares para efectos de poder procesar las computaciones que hay detrás de la inteligencia artificial. Y solamente para ese proyecto se requiere inversión de alrededor de 125 billones de dólares en energía, solamente como forma de comparación para que veamos lo que estamos hablando. La cartera total de proyectos de minería de Chile de aquí al 2035 es menos de la mitad de la energía que necesita solamente este proyecto. Y eso lo que está diciendo es que se ha entendido en el mundo que la mejora que ha tenido la inteligencia artificial ha sido completamente vertiginosa. Y por eso es muy importante que pueda aplicarse dentro de nuestra administración. El gobierno de Chile, buenamente, tiene una política nacional que fue hecha, realizada en 2021 y fue actualizada en 2023. Y además el gobierno está tramitando una ley de inteligencia artificial, a lo cual nosotros tenemos algunos comentarios, para lo cual nos hemos juntado ya con el ministro de Ciencias para poder quizás mejorar ese proyecto de ley en dos áreas que hoy día no están tan… desarrollados como es el fomento y la mejora para la aplicación dentro del sector privado y también el fomento de la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la administración, además de la regulación por riesgo, que es el foco que tiene hoy día el proyecto. Dentro de ese contexto es que nosotros hicimos esta petición de oficios, en este caso el oficio particular, aprovechando que está el ministro y todo su equipo, es el oficio para... pedirle a la administración que nos comente cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para que los trabajadores del sector público tengan las herramientas para ir aplicando herramientas de inteligencia judicial en las distintas partes del ministerio, sea registro civil, sea en temas penitenciarios, en el que sea. Es solamente informativo, pero sí viene detrás, Presidenta, con la intención de que nuestro país, en particular nuestra administración pública, vaya adecuándose e incrementando el uso de este índice judicial para tener una administración que sea más eficiente. Y por eso he venido a pedirle, Presidenta, que ojalá la Comisión pueda apoyar el envío de este oficio y pueda ser respondido dentro de las posibilidades, por cierto, por el Ministro de Justicia. Muchas gracias, senador. Yo creo que es importante que estos temas, además, así como hemos visto… que otros parlamentos, que otros congresos nacionales ya lo están legislando, nosotros al menos avancemos en compartir información para que efectivamente el proyecto que ya se está tramitando pueda obviamente ser robustecido con la labor de los parlamentarios. Y como usted bien decía, a propósito que está el ministro, en esto, ministro, dado que nosotros vamos a tomar un acuerdo como comisión, además del propio senador hacerlo como una solicitud, y por supuesto a través de la presidencia del Senado, pero sería bueno que... se pudiera pronunciar de la solicitud, no de la información evidentemente, pero aprovechando que está presente. Así que, ministro, en este punto brevemente le quiero dar la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludable a usted y a los senadores también que están presentes. Y respecto a lo que señala el senador Edwards, a nosotros nos parece muy pertinente la solicitud de información.

Efectivamente, en materia de la administración pública y en particular en el sector justicia, se ha estado discutiendo, digo el sector justicia en términos amplios, en el sistema de justicia, junto con la Corte Suprema, el Ministerio Público también, y por cierto en el Ministerio se ha estado discutiendo respecto a la pertinencia y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para no solo la administración regular, de los servicios de justicia, sino que también para cuestiones más específicas. Entonces, nosotros, por cierto, responderemos a este oficio una vez que se tome el acuerdo, Presidenta, y encantados de informar lo que se está haciendo en el sector respecto a esto. Muchas gracias, Ministro. Entonces, si le parece a los senadores, les doy la palabra sobre la solicitud del senador Evers y, de lo contrario, tomamos un acuerdo para que sea, además, una solicitud de la Comisión de Constitución. Senador Durratti. Presidenta, yo obviamente voy a avalar la solicitud. El senador Eduardo concurrió a la Comisión de Medio Ambiente, que me toca presidir, y los aspectos de ese ministerio y el Ministerio de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, obviamente despachamos los oficios. Yo creo que por la transversalidad del tema, por la relevancia, la implicancia que tiene, gracias. Me permito sugerir, senador Eduard, que sin perjuicio de las peticiones que se han hecho en cada una de las comisiones, que no las voy a objetar, sino que las voy a respaldar, y le he preguntado también, requiriendo más información, de qué es lo que sucede, cuáles son las magnitudes, cuáles son los impactos. Yo creo que es muy importante incluir estas peticiones, o mejor dicho, concretizar estos elementos que ya existen y que están a la vista, principalmente en la ley de presupuesto. Y yo creo que allí se sienta por su intermedio, así como hemos incorporado distintos elementos como la taxonomía verde, de igualdad de género y otros temas que son importantes desde el punto de vista del presupuesto. Por ejemplo, yo estoy impulsando o trabajando que podamos tener una mirada de soluciones basadas en la naturaleza, que son elementos que se nos vienen producto de las modificaciones en una serie de aspectos. Creo que debería ser transversal la inteligencia artificial como una mirada transversal. No sé desde qué agencia. Me permito sugerir, senador, ya que usted ha estado liderando eso, que exista algún ente. Algún ente. No sé si es la SECPRES o es DIPRES o es, no sé, el Consejo para la Transparencia. No sé. No logro ubicar cuál servicio, pero creo que debiera haber una mirada anticipatoria y transversal. Todo esto, porque esto genera eficacia, genera reducción de costo, genera yo creo que van a quedar en evidencia una serie de situaciones, incluso de áreas que pueden quedar absolutamente desfasadas desde el punto de vista de los tiempos, de las bases de datos, no sé, hay muchas cosas que pueden hacer. Solo para terminar y hacerlo en positivo creo, senador Rojo, que sería importante identificar en el Ejecutivo algo permanente que sea un descriptor que nos permita abordar esto en toda su magnitud, con los objetos de eficiencia, de reducción de gastos, de acortamiento de plazos, de todo lo que ello pueda significar, pero situarlo en un organismo, porque creo que el error de que si cada uno interpreta o utiliza la inteligencia artificial en función de sí mismo, no tienes una mirada sistémica, tienes una mirada... es muy parcial, y creo que la inteligencia artificial, en los términos de la administración, es brutal su magnitud. Entonces, tratar de identificar ahí objetivamente algo que tenga una mirada de Estado, no de la pelea del gobierno, de la oposición o de la cartera en cuestión. Me permito eso, lo apoyo y no voy a ser obstáculo, pero me encantaría dar un paso... pasos adelante que lo situáramos en el seno del Senado, pero principalmente lo que viene ahora con la ley de presupuesto poder tener una mirada integral. Sí, muchas gracias al senador Durresti. Le da la palabra al senador Edwards y tomemos el acuerdo. Sin duda, el proyecto de ley lo que está haciendo es creando el Consejo Asesor Técnico del Departamento de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Ciencia y le asigna a la Agencia Nacional de Protección de Datos un rol de supervisión. Así que toda la preocupación respecto a la generalidad del senador Durresti debiese ser solucionado o creado en la ley de inteligencia artificial.

Independiente de eso, creo que la ley de presupuestos, algo también tendría que venir y por lo tanto voy a incorporarlo dentro de las acciones que estamos haciendo. Así que también le agradezco al ministro su disposición a poder responder esta información. Que usted comprenderá que esto no tiene nada que ver con política, con contingencia, sin elecciones, nada. Es simplemente cómo hacemos que Chile se suba a esta ola en el sector privado, en el sector público, en todas las partes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, Senador, por traer esta solicitud. Tomamos el acuerdo entonces como comisión. Creo que se ha necesario votar. Senador Araya, Senador Urresti. ¿Sí? ¿Se conviene a la presidencia de la corporación para que rinde las medidas y que pueda esto mirarlo en una perspectiva transversal a la hora de la ley de presupuestos? Yo creo que la ley de presupuestos es un momento en que tú realizas... Completamente se ha avanzado. Correcto, sí. ¿Estamos o no estamos? Bien, entonces habría un acuerdo unánime de enviar el oficio, suscribir el oficio oficio que apoya al senador Rojo de Huerta por los senadores presentes. Senadora Araya, senador Durresti y presidenta. Gracias. He tomado el acuerdo, entonces. Le damos las gracias al senador Rojo de Valls por venir a plantear esta solicitud. Evidentemente, si quiere acompañarnos en la comisión, bienvenido. Y le voy a dar el pase ahora al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo, para que pueda presentar en este ya segundo trámite el proyecto de ley que... Métanme... Muchas gracias. que busca las modificaciones al sistema de nombramientos judiciales y del gobierno judicial. Así que, sin más, Ministro, quiero darle la palabra para que pueda presentar el proyecto acá. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Voy a hacer la presentación en general del proyecto que, tal como usted señala, modifica la Constitución Política de la República en aquellas disposiciones que regulan el sistema de nombramiento de jueces y juezas, también en aquellas disposiciones vinculadas con el gobierno judicial y aquellas disposiciones también que dicen relación con los aspectos disciplinarios en materia del poder judicial. Algunos aspectos, tenemos una presentación que podemos ir, aunque ustedes la tienen de todas maneras a mano, pero creo que ahí se va a ir poniendo en la pantalla. Presidenta, dos cosas que me gustaría plantear en términos más generales respecto a esta reforma. Lo primero es que esta es una reforma que se hace a la Constitución en razón de, entre otras cosas, lo que ocurrió el año pasado respecto a la destitución de dos ministros de la Corte Suprema. Esta reforma se presenta en el mes de octubre del año pasado en primer trámite y en buena medida es también la forma en que el gobierno avanza respecto a las distintas vicisitudes y dificultades que surgieron respecto a la situación de los ministros de la Corte Suprema. Y en términos más generales todavía, en razón de las dificultades que hay en la confianza ciudadana con el Poder Judicial. Tanto el año pasado como este se han entregado distintos estudios en los que lamentablemente la confianza ciudadana con el Poder Judicial y el sistema de justicia está en los índices más bajos desde que se ha medido esto, que es a comienzos de los 90. Lo que obviamente nos tiene que preocupar ya que el Poder Judicial y el Sistema de Justicia son uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Entonces, que la ciudadanía tenga poca confianza en el actuar del Poder Judicial para resolver los conflictos de relevancia jurídica que se suscitan entre parte o entre las personas es preocupante en términos de la vigencia del Estado de Derecho y las profundidades que tiene esa desconfianza. Entonces, eso como primer aspecto. Para ello nosotros presentamos una reforma a la Constitución que busca solo enfocarse en los aspectos de nombramiento y gobierno judicial. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier reforma a la Constitución siempre y tal como

se ha conversado bastante en el derecho constitucional. La reforma a la Constitución muchas veces tiene efectos cruzados, es decir, uno reforma algún aspecto en la Constitución, pero eso tiene incidencia o en el sistema de gobierno, o tiene incidencia en la forma de Estado, o eventualmente tiene incidencia en la configuración de las atribuciones y facultades de los órganos de poder que están al interior del sistema constitucional. Entonces, tomando eso en consideración, la reforma que se presenta es una reforma que no busca alterar ni el sistema de gobiernos, ni las atribuciones de los órganos, ni, por cierto, que tenga impactos cruzados en otros aspectos de la Constitución, porque lo que se hace con esta reforma es abordar exclusivamente el sistema de nombramiento y gobierno judicial en términos amplios, sin que a raíz de la reforma se discutan otros aspectos constitucionales que pueden ser muy legítimos de discutir, pero que no son el objeto de la reforma. Entonces una reforma en ese sentido minimalista en cuanto al objeto de la misma, el objeto de la misma en sí mismo es un objeto amplio en el sentido de que es muy importante, pero no tiene como objetivo realizar ninguna otra discusión vinculada con el sistema constitucional. Digo eso porque efectivamente uno podría plantear un sistema de nombramiento en un régimen parlamentario, semipresidencial, o un sistema de nombramiento que tenga características muy distintas al sistema constitucional que nosotros tenemos, pero se tomó como antecedente que esta reforma sea en el marco del sistema constitucional que tenemos, del sistema de gobierno y además también respetando las atribuciones que han tenido órganos tanto como la Presidencia de la República como el Senado, que son bastante históricas en esta materia. Dicho eso, Presidenta, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos respecto a este proyecto en particular? Primero, hay una breve caracterización de cómo se compone el Poder Judicial, es decir, la cantidad de... funcionarios judiciales que tiene en cada uno de sus escalafones y eso da un total, que ustedes lo tienen ahí, de 2.022 personas que ejercen distintas funciones al interior del Poder Judicial. Luego hay un cuadro respecto a la cantidad de nombramientos que se realizan entendiendo que, como les decía, esta reforma tiene tres principales objetivos o aborda tres principales temas: nombramientos, gobierno judicial y aspectos disciplinarios. Entonces ahí se puede ver la cantidad de nombramientos que se hacen, ya sea para ministro de Corte Suprema, ministro de Corte de Apelaciones, y así en cada uno de los escalafones del Poder Judicial. Por año, que es más o menos regular la cantidad de nombramientos que se hace por año. ¿Cuál es el flujo actual? Voy a pasar muy rápido. Actualmente el sistema de nombramiento que tenemos, y esto es bien relevante, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema elaboran las ternas o las quinas dependiendo de la persona que se va a nombrar, es decir, si se va a nombrar a un juez, a un ministro de Corte de Apelación o ministro de la Corte Suprema, y el Presidente de la República tiene la atribución para nombrar dentro de esas ternas a la persona que estima pertinente y, en el caso de la Suprema, presenta un candidato para que sea ratificado por dos tercios del Senado. Ese es el flujo actual que tenemos para el nombramiento de jueces y ministros tanto de la Corte de Apelación como de la Corte Suprema y también es relevante señalar que la atribución del nombramiento de jueces es una atribución que tiene una larga traición del sistema presidencial, que se radica en el Presidente de la República desde las primeras constituciones, y por cierto, tanto en la Constitución del 33 como en la del 25, y ratificada también en la Constitución actual, en razón de una larga traición del sistema presidencial. Luego, bueno, está el ciclo para el nombramiento de ministro de corta operación, el mismo flujo para el nombramiento de jueces, que ya lo dije brevemente, y cuáles son los antecedentes que hay de reformas en este sentido. Hay un largo anhelo de modificar el sistema de nombramientos para...

Uno podría decir, separar las funciones de ejercer jurisdicción de otras funciones anexas que tiene nuestra Corte Suprema y nuestro Poder Judicial por mucho tiempo. ¿De dónde surge? Surge principalmente de una idea que hay en el constitucionalismo a nivel comparado de que la labor de jurisdicción es la labor central del Poder Judicial y las labores de nombramiento y de gobierno judicial deberían radicar en otros órganos diferentes. Y eso es precisamente lo que ha ido ocurriendo principalmente en el constitucionalismo europeo continental desde la segunda mitad del siglo XX y, por lo mismo, hay dos modelos: consejos desconcentrados que ejercen estas funciones distintas a las que ejerce el Poder Judicial o consejos concentrados, como los consejos de la magistratura en España, que es uno de los ejemplos que más se utiliza en esta materia. En ese sentido, en cuanto a antecedentes, podemos ver que desde el retorno a la democracia el presidente Elwi y el exministro de Justicia Cumplido presentaron una propuesta de modificación al sistema de nombramiento de jueces y juezas y, de ahí en adelante, prácticamente todos los gobiernos han presentado propuestas en ese sentido, y también ha sido la opinión constante de la propia Corte Suprema como también de las asociaciones de magistrados y magistradas. Asimismo, junto con proyectos propiamente tales de reforma que ha presentado el Ejecutivo, se han presentado mociones parlamentarias que van en el mismo sentido. Aquí las mociones parlamentarias han ido desde figuras como un consejo concentrado de la magistratura a consejos de nombramiento y de gobierno judicial. También hay propuestas de grupo académico y, en materia de gobierno judicial y nombramiento, nosotros hemos sistematizado los principales procesos y proyectos que se han aprobado en esa materia, que pueden ser también antecedentes importantes de esta reforma. ¿Cuál es el objeto? Yendo directamente al objeto de la propuesta de reforma constitucional, como les decía: separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de las que hoy es responsable la Corte Suprema en dos órganos autónomos diferentes; generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición competitiva —hoy no existe un mecanismo que permita evaluar precisamente el mérito y las capacidades de cada candidato—; y fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial, regulando la gestión de los conflictos de interés y reduciendo la opacidad y los riesgos de corrupción. Antes de ir a la siguiente, me detengo solo un minuto. Hay un consenso, uno podría decir, bastante transversal —por cierto, siempre hay sistemas distintos, sobre todo lo vemos en razón de lo que está pasando en México con una reforma que se aprobó al sistema judicial— pero hay un consenso de que cualquier modificación, o mejor dicho, cualquier sistema de nombramientos y de gobierno judicial, tiene que escapar de dos polos. Tiene que escapar de la politización extrema y tiene que escapar del corporativismo. Es decir, tanto el corporativismo como la politización —sistemas en los que el nombramiento quede regulado de manera estricta en ámbitos políticos o los nombramientos queden bajo atribuciones de órganos corporativistas— corren el riesgo de que se afecte tanto la independencia interna como la independencia externa de los jueces y juezas, lo que evidentemente afecta el ejercicio de la jurisdicción. Entonces, también, esta reforma hace eco de estas alertas que se han generado y, por lo mismo, tiene un sistema atemperado tanto para los nombramientos como para el gobierno judicial.

Dicho eso, ¿cuál es el proyecto que se presenta? Entendiendo el objeto que le señalaba, que es separar las funciones del ejercicio de la jurisdicción, de la facultad de nombrar y del gobierno judicial. Primero que todo, se crea un Consejo de Nombramientos Judiciales, que es un órgano autónomo constitucional que tiene por objeto hacerse cargo de una municipalidad. Eh… críticas que se ha generado al actual sistema de nombramiento, en razón de que el actual sistema de nombramiento no tendría en consideración, al momento de realizar los concursos en sede judicial, aquellos aspectos vinculados con el mérito y la concursabilidad y la oposición, sino que está radicado principalmente en requisitos que no queda tan claro cómo se elaboran las ternas finalmente. Entonces, para ello se crea este Consejo de Nombramiento que prepararía ternas jerarquizadas como resultado de procesos de carácter técnico y profesional, y todo esto basado en el mérito de los candidatos y mediante los mecanismos de oposición efectiva. El objetivo de este Consejo de Nombramiento es precisamente realizar ternas jerarquizadas, es decir, ternas que tengan un orden de prelación en razón de los puntajes que obtuvieron los candidatos que se presentaron a los concursos respectivos, muy similar a lo que hicimos en la reforma de notarios en la que también esa acción se saca del poder judicial y se lleva a un órgano externo, en este caso se lleva a un consejo de nombramiento. Gracias. Y también de preparación de ternas que son preladas. Y el presidente de la República mantiene su atribución de nombrar jueces y juezas, pero se racionaliza y se disminuye la discrecionalidad del presidente de la República en esta materia. Entonces, se establece un plazo y, además, al recibir ternas que son jerarquizadas, los fundamentos para el presidente de la República en razón de no nombrar al primero se hacen más complejos. Y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, se mantiene el proceso tanto para jueces como para ministros de corte de apelaciones como facultad del presidente de la República, previa a la elaboración de estas ternas jerarquizadas por parte de un consejo de nombramiento. Y en el caso de los ministros y ministras de la Corte Suprema, se solicita la ratificación por dos tercios del Senado de todas maneras. O sea, se mantiene en ese ciclo, en el caso de los ministros de la Corte, que sea el Consejo de Nombramiento quien elabore esta terna jerarquizada; el presidente escoge un nombre y solicita la ratificación por dos tercios. En cuanto al proceso de selección, como les decía, la reforma constitucional establece con bastante claridad que el proceso de selección tiene que estar, en principio, de carácter técnico profesional, en base al mérito de los candidatos, mediante mecanismos de oposición. Esto va a estar a cargo de un consejo de nombramiento, ya no de las Cortes de Apelación o de la Corte Suprema. Se elabora la terna jerarquizada y el presidente de la República tiene un plazo muy concreto para nombrar, solo 10 días; si no, se escoge al que está en el primer lugar de la terna. Y también se establece un plazo para el nombramiento en el caso de la Corte Suprema, que es de 30 días, y si no, se entiende que se aprueba el que ha presentado el presidente, con el objeto de también darle dinamismo a los nombramientos y que estos se puedan ir generando al momento en que se van declarando las vacantes. Respecto a la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales, entonces señalábamos que existe el Consejo de Nombramiento, eso quedó aprobado en primer trámite; sin embargo, respecto a la composición del mismo, había una propuesta del Ejecutivo, una propuesta que emanó de la Comisión de Constitución de la Cámara, pero en la sala de la Cámara se rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución, entonces quedó el Consejo de Nombramiento, pero sin una composición determinada en la aprobación que viene a segundo trámite. Entonces, uno de los aspectos que se tendrá que resolver en este segundo trámite es precisamente cómo se compone este Consejo de Nombramiento. ¿Cuáles son los dos criterios que proponía el Ejecutivo? Primero, que el Consejo de Nombramiento…

Y por eso es relevante lo que decía antes, que nosotros creemos que un sistema de nombramiento tiene que escapar de la politización y también de lo corporativo. Y por eso se establece un consejo de nombramiento que, bajo nuestro criterio, es de mayoría judicial, pero la facultad de nombrar a los jueces y juezas es atribución de él para la República. Entonces, con eso uno combina rigor, uno podría decir, judicial técnico en la propuesta y, por otra parte, legitimidad democrática en el nombramiento. Esa es la idea que está detrás de la propuesta que hizo el Presidente de la República en primer trámite. Por lo mismo, el Consejo de Nombramiento tenía cinco integrantes: un ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelación, un juez letrado y todos ellos designados por sorteo, con el objeto de también evitar el corporativismo, que no haya una votación corporativa en la Corte Suprema, ni en la Corte de Apelación, ni en los jueces de instancia, sino que esto sea una función que se cumple y se asigna mediante sorteo. Las personas que integran este Consejo de Nombramiento dejan de ejercer su cargo, o sea, mejor dicho, dejan de ejercer funciones jurisdiccionales por el plazo que dure su nombramiento en el Consejo de Nombramiento, y además estaría compuesto por un representante designado por el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile que hayan ejercido como decano de alguna de las facultades de Derecho y un abogado de reconocida trayectoria profesional y académica, designado por el Presidente de la República previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. Esto es similar a la integración que tiene actualmente el Consejo de la Academia Judicial. Entonces se busca replicar un consejo que ha funcionado adecuadamente como consejo de nombramiento, que tiene por función realizar los concursos, establecer la base técnica y resolver estos concursos preladamente para que el Presidente de la República nombre. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, se incorporaron dos integrantes más a este Consejo de Nombramiento y la Cámara, además de los que ya estaban, propuso que se incorporaran dos abogados de reconocida trayectoria profesional con al menos veinte años de título de abogado, designados en un caso por cuatro séptimos de la Cámara de Diputados y, en otro caso, por cuatro séptimos del Senado, todos previos concursos del Consejo de Alta Dirección Pública. Como les decía, la propuesta del Ejecutivo fue modificada posteriormente en la Cámara y la propuesta de la Cámara no contó con los respaldos suficientes en la sala. Por lo tanto, la integración misma del Consejo de Nombramiento no quedó con integración, entonces hay que resolver ese punto. Luego, respecto a la creación del Consejo de Nombramiento, sí se aprobó el artículo 76b, que señala que sus integrantes duran cinco años en el cargo, que no podrán ser reelegidos, que contará con una secretaría técnica, la cual será designada por el Consejo de Alta Dirección Pública, y el Consejo de Nombramiento puede autorizar u ordenar fundadamente el traslado también de jueces y demás funcionarios del Poder Judicial hacia ese Consejo. Otro de los aspectos de la reforma es la lógica de entregarle a la ciudadanía la certeza de que las personas que están resolviendo los conflictos de carácter jurisdiccional de relevancia entre partes son personas que están ahí por sus labores profesionales, su capacidad técnica y su aplicación del derecho. Por ello, suprime los abogados integrantes. Entonces las personas que van a resolver los conflictos en segunda instancia, en las cortes de apelaciones y, eventualmente, en la Corte Suprema, son todos jueces de carrera. También le entrega la superintendencia correccional a otro órgano, que en este caso serán los fiscales judiciales.