Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 1169 del Ministro de Secretaría General de la Presidenta, señora Macarena Luz, por el cual responde a nuestro oficio 89 sobre el noveno consolidado de información circularizada SIC de la Contraloría General de la República. Oficio de la Municipalidad de Talca, mediante el cual responde al oficio número 33 de esta comisión sobre el sumario administrativo. Documento aportado por el diputado señor Miguel Ángel Becker de la Contraloría General de la República sobre el consolidado de información circularizada SIC número 16 sobre funcionarios de servicios públicos con presencia regional que habrían salido del país estando con licencia médica. Confirmación de la señora Contralora General de la República, doña Dorothy Pérez, quien se conectará a la sesión de hoy por medio de la aplicación Zoom, debido a encontrarse con una fuerte gripe. Se excusa en la sesión de hoy el Ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau, quien se encuentra fuera del país. En su representación concurre la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez, quien también había sido invitada. También se excusa el señor Ministro del Trabajo; en su formación para la sesión de hoy, el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la renuncia de responsabilidad administrativa e inhabilidades de la función pública. Carta del diputado señor Daniel Lilayú, por la cual indica que no podrá estar presente en esta sesión debido a un impedimento grave.
Esa es la cuenta, señor presidente. El mío. Perdón, disculpe, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No hay palabras sobre la cuenta? Muy bien.
Señor secretario, estamos con la consulta. Bien, entonces le vamos a dar primero la palabra. Buenas tardes, diputado. Mucho saludar. Le vamos a dar entonces en primer lugar la palabra a la señora Toriti Pérez, deseándole además una pronta recuperación.
Adelante, Contralora. Muchas gracias por acudir pese a su estado de... Con licencia, con licencia. Conste que está trabajando, pese a que debería estar con licencia, y está trabajando igual. Muchas gracias. Un buen ejemplo.
Muchísimas gracias por permitirme participar de manera remota, es por una gripe y la verdad es que estoy en la etapa de contagio. Entonces probablemente habría contagiado a alguien y no habría sido una buena noticia.
Señor presidente, entonces, si me lo permite, y en relación a la invitación que nos hiciera la Comisión Especial Investigadora sobre el uso de las licencias médicas para exponer sobre avances que hubiéramos tenido, nuevos consolidados de información circularizada que hubiéramos emitido después de la sesión a la que asistimos a fines de junio del presente año y otros antecedentes, tenemos una presentación.
Entonces, en primer lugar, en relación a esta misma materia, queremos señalar que hemos emitido nuevos consolidados de información circularizada. Solo a modo de ejemplo y en términos de graficar bien cuál es el trabajo que la Contraloría por muchísimos años estuvo haciendo en la materia y cuál es el trabajo que estamos haciendo hoy, cuál es la diferencia entre ambos, hemos traído este pequeño resumen.
En primer lugar, en términos a las líneas de trabajo históricas de la Contraloría en materia de recuperación de subsidios de incapacidad laboral y uso de licencias médicas, durante muchos años la Contraloría realizó auditorías múltiples en materias de personal y remuneraciones, y en ellas se veían distintos temas de pago de remuneraciones, de deberes de los funcionarios, y también se detectaban situaciones y casos aislados de uso irregular de licencias. También durante muchos años se realizaron auditorías de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, SIL, en distintas instituciones públicas.
Y al mismo tiempo se realizaban juicios de cuenta y hay condenas también para alguna jefatura, por ejemplo en el ámbito municipal, por falta de recuperación de subsidios de incapacidad laboral. Este es el trabajo que la Contraloría siempre ha realizado y la diferencia con el trabajo que estamos realizando ahora específicamente tiene que ver con lo agregado de la información. Y nosotros estamos trabajando en estos cuatro ejes principales, señor presidente, que están en esta primera lámina. Lo primero, la prevención y la disuasión. En segundo lugar, la detección y la mejora del control por parte de la administración. Esto es colaborar y empujar a que la administración fiscalice también de manera masiva. En tercer lugar, la sanción de las irregularidades que se detectan. Y en cuarto lugar, la recuperación de los fondos de los subsidios de capacidad laboral.
Quise hacer esta lámina, señor presidente, para exponer en una sola imagen, de manera muy resumida, que a diferencia de cosas que uno escucha en términos de que no va a suceder nada con esta materia y que son muchos casos pero no hay resultados, eso no es así. Nosotros estamos decididamente trabajando en esta materia y cada un mes hemos ido sacando nuevos productos sobre esta materia para asegurarnos de que se llegue a término en estos procesos. En lo que se refiere a prevención y disuasión, como sabemos hicimos masivos en grandes grupos de entidades de la administración y anunciamos públicamente. Es la primera vez además que se hace en una conferencia de prensa, anunciamos públicamente que esta materia se iba a controlar todos los años. Y esa es una acción de disuasión y también una acción de prevención: los SIG masivos que estamos realizando.
En segundo lugar, en relación a la detección y a la mejora del control por parte de la administración, estos cruces de datos masivos que nos permiten detectar mayores casos y agregados en la mayor cantidad de instituciones de una sola vez nos permite entonces detectar muchísimo más. Y también hemos estado, luego de todo esto, haciendo requerimientos masivos a la Administración del Estado, a las distintas instituciones públicas, que son cerca de 2.400 instituciones que fiscaliza la Contraloría, para que también, a su vez, estas instituciones hagan la fiscalización de los casos en sus instituciones y para que la SUCESO y CONFIN realicen también sus propias acciones de control de manera masiva. Ellos estaban realizando acciones de control, pero al igual que la Contraloría, se hacía de manera desagregada y necesitamos que esto sea masivo.
Y en tercer lugar, estamos en el eje de la sanción, que es algo que la ciudadanía se pregunta muchísimo. A nosotros nos llegan presentaciones de la ciudadanía reclamando de que no hay sanciones en esta materia y también de que no se llega a término. Respecto de este punto, señor presidente, hago presente que nosotros ordenamos sumarios administrativos en todos los SIC. Y también estos sumarios administrativos, a diferencia de lo que sucedía antes, los estamos monitoreando todos en una sola plataforma informática nueva que desarrollamos para esto. Y allí ya se han reportado, solo respecto del SIC 9, más de 8.000 sumarios administrativos. En la suma de todos los SIC de licencias médicas, ya van más de 11.400 sumarios administrativos.
Ahora, hago presente respecto de estos 8.000, hay personas y parlamentarios también que nos han consultado por qué solo son 8.000 cuando lo detectado fueron 25.000 casos de funcionarios que habían salido del país con licencia en el SIC-9. Y sucede que hay algunos de estos sumarios, y es lógico que así sea, que están agrupados. O sea, a veces un sumario puede tener 30 personas, en la medida en que las situaciones que se están agrupando en ese mismo sumario sean similares, sean hipótesis similares. Y luego, si es que hay alguna variación en alguno, se puede desacumular el sumario.
También desde el punto de vista y el eje del tercero de la sanción, nosotros hicimos las denuncias penales y nos hemos estado coordinando con el Ministerio Público, a quien agradezco públicamente por la gestión que han hecho. Nos han remitido información de más de 10.000 casos también, que nosotros pusimos a disposición de la ciudadanía en uno de nuestros SIC.
En cuarto lugar, respecto de la recuperación de los dineros, algo que a la ciudadanía también le preocupa mucho. Nosotros históricamente hacíamos auditorías de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, SIL, pero era una, dos auditorías, tres, quizás diez en un año. Bueno, esta vez nosotros estamos realizando una auditoría coordinada en toda la administración del Estado. Hay 401 entidades públicas que ya se sumaron a nuestra auditoría y 332 municipalidades que ya comenzaron esta fiscalización. Como nosotros no tenemos capacidad para hacer la fiscalización en todas las instituciones públicas de una sola vez, lo que estamos haciendo es, a través de la tuición técnica que contiene nuestra ley orgánica respecto de las unidades de control interno, o direcciones de control, o de auditoría interna de los servicios y entidades públicas, es que instruimos que todas ellas deben hacer auditoría.
de recuperación de los dineros de subsidio por incapacidad laboral. Estamos hablando de una cantidad muy importante de auditorías que se están desarrollando de manera coordinada en una plataforma que nosotros pusimos a disposición de las instituciones de manera que podamos monitorear cómo avanzan, si realmente avanzan y si las observaciones que se están haciendo se ajustan realmente al mérito de los antecedentes y también si es que se levantan o se dan por subsanadas las observaciones, si eso se ajusta a los antecedentes o no. También estamos desarrollando cinco juicios de cuenta por cerca de 10.000 unidades tributarias mensuales sobre falta de recuperación de subsidio por incapacidad laboral respecto de autoridades que no cumplieron con su rol de monitorear el reintegro de estos dineros a los fondos del fisco o del municipio o de la institución que se trate. Y también enviamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para la persecución de responsabilidades patrimoniales en los casos que superen el plazo de un año, que es el plazo para el inicio del juicio de cuenta.
Dicho eso, a modo de preámbulo, señor presidente, en las siguientes láminas, muy rápidamente, en las primeras, voy a pasar a hacer un resumen muy breve, porque ya lo conocemos, de lo que expuse en la sesión del 30 de junio.
El SIC-9, donde nosotros detectamos 25.078 funcionarios públicos que habrían justificado su inasistencia al trabajo, o sea, cumplir sus deberes funcionarios, sobre la base de una licencia médica en la que habrían incumplido el reposo que había sido ordenado por el médico por haber viajado fuera del país durante el mismo lapso del reposo o parte de él. Las acciones derivadas, como lo hemos señalado, se están haciendo los sumarios administrativos en toda la administración, se envió al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y también hay un sumario en curso respecto de las instituciones, suceso con PIN y FONASA, que se ordenó por resolución 947 de la Contraloría, es un sumario que desarrolla directamente la Contraloría.
Enseguida era el SIC-10, que lo informamos casi conjuntamente con el SIC-9, y que se refería al hallazgo de 250 médicos que justificaron su inasistencia a sus labores en los hospitales públicos donde trabajan mediante una licencia médica, la que habrían incumplido por haber ido a atender partos a clínicas privadas. Nosotros allí también ordenamos sumarios administrativos, se remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Luego, el SIC-12, en este SIC nosotros hicimos un análisis o un monitoreo de la información financiera, contable y general en el sector municipal en el marco de las licencias médicas. Y entonces, entre el año 2015 y el año 2024, nosotros hicimos el reporte de cómo había ido evolucionando la situación de las licencias médicas y habían aumentado en un 321%, llegando en el año 2024 a 388 mil millones de pesos pagados por este concepto en el mundo exclusivamente municipal. Ahí están los gráficos y están las áreas de gestión del mundo municipal, donde se dieron mayoritariamente estas alzas, encabezadas por el ámbito de cementerios y luego por el ámbito de salud.
Enseguida era el SIC-13, que se refirió a licencias emitidas entre 2020 y 2022 por 44 médicos que estaban siendo investigados por el Ministerio Público por vender fraudulentamente o entregar irregularmente licencias médicas. Precisamente de este SIC estaba refiriéndome cuando aludía al agradecimiento al Ministerio Público por el envío de esta información. En este SIC nosotros, luego de la información recibida de parte del Ministerio Público, que se refería a más de 10.000 licencias médicas, detectamos que estas 10.000 licencias médicas correspondían a 6.600 funcionarios públicos. Sin embargo, a junio del 2025, cuando se despacha este SIC, 3.532 de estas personas continuaban siendo funcionarios públicos. Los otros ya no, y por ende, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, ya no era factible perseguir la responsabilidad en la mayoría de esos casos porque estas personas ya, en el caso de renuncia, se había producido la extinción de su responsabilidad. Es una causal que nosotros le hemos pedido por oficio tanto al Senado como a la Cámara de Diputados que evalúen que esta causal de extinción de responsabilidad administrativa por renuncia se extienda por al menos seis meses o un tiempo mayor, que no por el hecho de que una persona renuncie se extinga su responsabilidad.
En este SIC nosotros también hicimos presente que había 1.369 personas que tenían más de 180 días de estas licencias y no habían sido enviadas a Compin para que se estudiara la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo y también detectamos allí casos de médicos que no registraban en una com y que habían otorgado estas licencias médicas y, sin embargo, se estaban desempeñando en el sistema público.
Eso, señor presidente, a modo de resumen muy rápido respecto de lo que ya expusimos en la sesión anterior y a modo de introducción la primera parte. Ahora vamos a exponer, señor presidente, lo que se refiere a los SIC que nosotros emitimos con posterioridad al 30 de junio, que es la fecha en la que comparecimos a la Comisión Investigadora. Entonces, el número 14 se emitió el 30 de julio y se refirió a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la Policía y Gendarmería que habrían salido del país estando con licencia médica. En este caso, nosotros lo que detectamos son 2.982 funcionarios que justificaron su inasistencia a su trabajo, o sea, a cumplir sus deberes funcionariales en base a alguna licencia médica cuyo reposo fue incumplido al haber viajado fuera del país en ese mismo lapso o parte de él. Y allí está la suma de las instituciones, cuando la cifra de carabineros, gendarmería, son las que destacan en términos de cantidad de casos irregulares, y luego viene Ejército, Fuerza Aérea, PDI y la Armada.
Tenemos en este SIC, señor presidente, situaciones de funcionarios nueve, por ejemplo, que registran 36 o más entradas o salidas del país en el periodo revisado. O sea, en el periodo de dos años, estas personas salieron en 36 oportunidades del país. Y ahí es importante que la jefatura de las instituciones que han recibido la nómina del personal que está en estas hipótesis revise bien de qué se trata cada una de esas situaciones sin perjuicio de lo que se determinarán los sumarios administrativos que se ordenaron.
Se trata de 534.356 licencias médicas que fueron cruzadas con 200.000 salidas y entradas al extranjero por parte del personal de la Fuerza Armada, Policía y Gendarmería y la distribución geográfica de los casos, señor presidente, aparece en esta tabla, al igual que en los otros SIC que tienen que ver con viajes, se distribuye mayoritariamente en las regiones de Arica y Parinacota, de Magallanes y en la región Metropolitana. Pero también hay altos números de salidas y entradas en la Araucanía y en Los Lagos, con 9,8 y 8,8% de los casos.
Enseguida, en cuanto a las acciones que la Contraloría tomó, acciones derivadas le llamamos nosotros, acciones que la Contraloría tomó a raíz de los hallazgos de este SIC 14, es que se notificó a las instituciones involucradas para que iniciaran los procedimientos disciplinarios de rigor y se les dio un plazo de cinco días hábiles desde la notificación. A la fecha, las seis instituciones involucradas en este SIC iniciaron todos los procedimientos disciplinarios que se les ordenó y también incorporaron toda la información del avance de esos procedimientos en el sistema de inspección de acciones derivadas, que es esta plataforma única de monitoreo de sumarios que les mencionaba al comienzo.
Esto quiere decir que estas instituciones dieron cumplimiento inmediato, iniciaron los sumarios y están reportando periódicamente su avance. Solo algunos de estos procesos han terminado. Recuerdo que esto comenzó el 30 de julio y las personas también, además de que tienen derecho a que se investigue conforme al debido proceso, también tienen derecho a presentar recursos, a pedir diligencias en estos procedimientos y por eso muchas veces estos procedimientos se demoran.
También se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo Defensal Estado y se les ordenó a esas instituciones revisar y fiscalizar el otorgamiento de estos beneficios o licencias a través de las direcciones o entidades de salud respectivas que dependen de dichas instituciones sin perjuicio de la fiscalización que seguiría siendo esta Contraloría.
En tercer lugar, señor presidente, me quiero referir al SIC número 15 sobre servidores públicos que habrían asistido a casinos de juego estando con licencia médica. Este SIC fue emitido el 5 de agosto de este año y sobre este SIC quisiera ser presente, señor presidente, si me permite, algunos elementos normativos antes de mostrar los hallazgos de este SIC.
En primer lugar, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, Ley 10.336, contiene distintas facultades y mucho de su articulado da atribuciones a la Contraloría y al Contralor en particular para requerir información. Es importante, con mayor énfasis, el artículo 9, pero no es el único artículo que establece facultades y atribuciones para fiscalizar y requerir información. En particular, el artículo 9 señala que el Contralor está facultado para dirigirse a cualquier jefe de oficina, perdón, a cualquier jefe de oficina o a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición para requerir datos o informaciones y también para dar instrucciones relativas al...
servicio. También esta misma norma, en el inciso segundo, alude a que se puede requerir de las distintas autoridades y servicios los datos e informaciones que se requieran por parte de la Contraloría para el mejor desempeño de sus labores. Y luego, y esto es muy importante, la norma establece que si es que existe alguna disposición que establezca secreto o reserva sobre determinados asuntos, nótese que la ley usa la palabra secreto y también reserva. O sea, incluso la información más secreta que se posee en nuestro país por parte de la administración pública está sujeta a ser entregada a la Contraloría. Y este secreto no obsta a que se le entregue a la Contraloría la información o antecedentes que se requieran para el ejercicio de la fiscalización. Pero, por supuesto, la Contraloría y todo su personal tiene la obligación de guardar tal reserva o secreto y darle el tratamiento que la ley autoriza a dicha información. Estoy haciendo presente esto, señor presidente, a la luz de consultas que nos han llegado y también hasta columnas que he leído yo de profesores que reclaman respecto de que la Contraloría no tendría atribuciones para fiscalizar esta materia y que la Superintendencia tampoco lo tendría. Y eso no es así. Acabo de señalar al menos uno de los artículos, múltiples artículos que autorizan a la Contraloría a requerir información para fiscalizar el funcionamiento de los servicios y para fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios y funcionarias públicas.
Enseguida, respecto de la superintendencia de casinos de juego, la ley, específicamente la ley 19.995, que establece bases generales para la autorización y funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego en el país, le entrega a dicha superintendencia muchísimas facultades para la fiscalización y el control, no solo de las operaciones y de los operadores, también del juego y de las personas que juegan. También faculta a los operadores de casino para requerir la identificación de las personas para ser admitidas en los casinos y en las salas de juego a efecto de verificar si es que están o no dentro de las hipótesis de prohibición de ingresar y permanecer en casinos, porque hay situaciones que están establecidas en la misma ley en las que no se puede ingresar a casinos. Y también esta misma ley establece prohibiciones a los funcionarios públicos que custodian fondos públicos, que custodian, administran o resguardan fondos públicos de apostar en los casinos.
La jurisprudencia de la Contraloría ha explicado a qué se refiere esta prohibición y es bastante amplia en términos de que cualquier persona que administre, custodie o mantenga fondos públicos o bienes públicos a su cargo tiene la prohibición de apostar en los casinos por el riesgo inherente que está allí involucrado.
Estas dos disposiciones, junto a otro cúmulo de otras disposiciones de las leyes orgánicas, tanto de la superintendencia de casinos como de la Contraloría, sumada a un convenio de colaboración que se estableció desde el año 2020 que tiene la Contraloría con la superintendencia de casinos y que busca precisamente en conjunto realizar acciones para, de manera coordinada, contribuir al logro de cada una de las instituciones en la gestión de sus objetivos normativos. Ambas instituciones se comprometieron a entregar recíprocamente información que sea relevante y hacerlo de manera periódica. Hay otros puntos de este convenio que también son útiles, pero por razones de tiempo no los he expuesto aquí. Queda a disposición de la comisión, señor presidente, el convenio en su texto íntegro.
Y en este marco legal y también contractual, la Contraloría le requirió a la superintendencia de casinos de juego los registros de ingresos a casinos y de apuestas, y hago presente esto entre comillas y subrayado, de los funcionarios públicos. La Contraloría no ha requerido información de privados. Y lo reitero nuevamente, señor presidente, la Contraloría no ha requerido información de privados. Yo he leído en medios de comunicación columnas y comentarios sobre este punto como que la Contraloría estaría fiscalizando a privados sin atribuciones y no es así. Nosotros lo que hicimos fue pedir información de la nómina de funcionarios públicos dentro del marco de nuestras atribuciones y entonces, al mismo tiempo, resguardando la identidad de las personas, la ley de protección de datos personales y el tratamiento que la ley nos autoriza a hacer, nosotros hicimos los cruces de bases de datos y no hemos expuesto ni un nombre. En el SIC no hay ni un nombre de ninguna persona. Nosotros solo remitimos a la jefatura del servicio involucrado la nómina de las personas para los efectos de que instruya los procedimientos.
Y esos procedimientos tienen por objeto esclarecer los hechos y también le permiten a las personas Gracias. que puedan ejercer el debido proceso y efectuar todos los descargos pertinentes en su defensa.
Enseguida, respecto de este SIC-15 y dicho este preámbulo, señor presidente, en términos normativos, nosotros lo que detectamos allí...
Son funcionarios y servidores públicos que habrían asistido a los casinos de juego estando con licencia médica que era utilizada para justificar su inasistencia a sus trabajos en las distintas reparticiones públicas de que se trata. Para el periodo 2023-2024, revisamos 5.235.890 licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos, no a personas privadas. Y esto fue cruzado con 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos de juego. Aquí detectamos 13.286 funcionarios que estaban justificando su inasistencia al trabajo con alguna licencia y esta licencia habría sido incumplida al salir del lugar de reposo para asistir a un casino de juego.
Es importante, señor presidente, hacer presente que en este cruce no se incluyeron aquellas licencias parciales, por ejemplo, una licencia de media jornada, porque en el resto de la media jornada restante la persona podría haber asistido perfectamente a ese lugar, y tampoco se incluyeron las licencias de tipo maternal, de pre y postnatal, en atención a la circular 3863 de la Superintendencia de Seguridad Social, que la hemos mencionado varias veces ya en las exposiciones de los SIC anteriores, precisamente porque las licencias de tipo maternal, prenatal y posnatal no obedecen a una circunstancia de una enfermedad, tiene que ver con la protección de la maternidad, entonces no se trata de una enfermedad, es una situación distinta y no limita la circulación de las personas, salvo en las circunstancias que la propia Superintendencia de Seguridad Social lo ha indicado en su dictamen.
Distinto es el caso de la enfermedad del hijo menor de un año. Es una hipótesis diferente que también está en los dictámenes de la SUCESO. En este CIS-15 sobre casinos, licencias médicas y funcionarios que asistieron a casinos, sí se incluyen las licencias psiquiátricas, señor presidente, porque el dictamen, y no solo el último, que es del 2025, sino también varios anteriores de la SUCESO, establecen que los viajes fuera del país y fuera de la ciudad donde tenga que cumplirse el reposo que no obedezcan exclusivamente a la necesidad de realizar un procedimiento médico relacionado con la recuperación de la patología respectiva, impiden a las entidades que son competentes para ejercer sus facultades de control y, por ende, no son viajes que estén autorizados, salvo que el médico hubiera señalado en su certificado médico, idealmente con anterioridad para que no se vaya a constituir en alguna situación irregular, que ese viaje a esa sala de juego obedece a la necesidad de la recuperación de una patología médica. Si no es ese el caso, y eso se acreditará en cada sumario, la verdad es que no correspondería haber hecho ese viaje. Muchos de estos casos que fueron detectados incluyen viajes de una región a otra. Hacemos presente eso, señor presidente, entonces sí se incluyen las licencias médicas psiquiátricas al tenor de lo que dictaminó la SUCESO en esta materia con anterioridad.
Se detectaron entonces 13.282 servidores públicos que estaban justificando sus inasistencias al trabajo con licencias médicas, pero habrían incumplido este reposo asistiendo a casinos. El 69% son de Fonanza, el 31% son de Isable. Estas salidas a casinos habrían ocurrido en 14.923 oportunidades y hay casos, por ejemplo, 19 funcionarios públicos que registran seis o más entradas a algún casino del país en ese mismo lapso de tiempo.
Estas son las regiones, señor presidente, donde se distribuye geográficamente los ingresos al paraíso Higgin y Bio Bio. Adicionalmente hicimos un cruce que se suma al SIC-9, donde nosotros chequeamos si es que habían personas que hubieran sido detectadas en el SIC-9 de licencias médicas que habían sido vulneradas por funcionarios que viajaron al extranjero durante el periodo de reposo y al mismo tiempo entraron a casinos, y en ese caso detectamos 13.000 de los 13.286 servidores públicos; 1.486 también se repetían en el SIC-9, o sea, estaban en ambos casos.
Respecto de los empleadores donde detectamos estas situaciones, allí están mayoritariamente licencias médicas de hospitales y servicios de salud del mundo municipal y también un número importante de corporaciones y asociaciones municipales. Corresponde a 799 entidades públicas o receptoras de fondos públicos.
y que cumplen una función pública, por ejemplo, Integra, y los grupos que tienen mayor incidencia, como dijimos, el sector salud y el mundo municipal. Ahí está la nómina de los empleadores, donde seleccionamos las 20 principales entidades que tenían más casos, partiendo por Junji, Integra y Servicios de Salud, que allí se indican. Y enseguida, para ir finalizando con este SIC 15, señor presidente, las acciones que la Contraloría tomó, o sea, acciones derivadas. Se notificó a las instituciones involucradas para que iniciaran los sumarios administrativos y lo reportaran en el SIAD, que es esta plataforma que les mencioné de monitoreo de sumarios, y lo hicieran dentro del plazo de cinco días desde que eran notificados.
El SIC y todos los antecedentes de respaldo le fueron remitidos a la CONFIN y a la SUCESO para que también ejercieran sus facultades en esta materia, y adicionalmente se remitieron los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado.
Enseguida, señor presidente, el 12 de septiembre, recién pasado este viernes, nosotros emitimos el SIC número 16. Este se refirió a funcionarios de entidades que tienen presencia regional que habrían salido del país estando con licencia médica. Específicamente, se detectaron 10 805 funcionarios, que son adicionales a los que ya estaban informados en el SIC 9, porque en esta oportunidad nos enfocamos en la revisión de servicios regionales.
El SIC 9, cuando nosotros lo expusimos, hicimos presente que se trataba de mayoritariamente servicios de la Administración Central, más los gobiernos regionales y las municipalidades y algunos otros servicios que lograron reportarnos tanto la SUCESO como la PDI en ese primer cruce, pero que no estaban incluidos ahí los servicios regionales y tampoco estaban las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Por esa razón, en sucesivos SIC hemos ido sacando esos avances.
Aquí detectamos para el periodo 2023-2024, de las 3 492 068 licencias registradas por la SUCESO para funcionarios de estos servicios con presencia regional, que tenían 1 079 000 registros de salida y entrada de estas personas, estuvimos chequeando si se verificaba que en el mismo periodo hubiera salidas o entradas al país para eventuales incumplimientos del reposo indicado en la licencia médica que estaban usando estos funcionarios para justificar su inasistencia al trabajo.
Como les decía, detectamos 10 805 casos, que representan el 76 % a FONASA y 24 % a ISAPRES. Los titulares de estos 10 805 funcionarios son titulares de 15 257 licencias y corresponden a 26 606 salidas. Detectamos también 67 funcionarios que salieron entre 16 y 30 veces y 30 funcionarios con más de 30 entradas o salidas del país.
Ahí está la distribución territorial, señor presidente, de este SIC 16, y la distribución temporal es principalmente para el último trimestre, esto es octubre a diciembre de cada año, donde se concentra la mayor cantidad de licencias médicas que justificaban inasistencias al trabajo y que no habrían sido cumplidas a través de estos viajes.
En cuanto a los empleadores, tenemos que los servicios de salud y los hospitales en el mundo regional tienen el 67 % de estos casos detectados en el último SIC, los SLEP el 15 % y el mundo municipal el 11 %. Hago presente que aquí solo hay un resto de municipalidades porque la gran mayoría de ellas estaban informadas en el SIC 9. Entonces, esta parte del gráfico de torta en la parte azul clara, la verdad es que probablemente es un poco mayor cuando uno lo suma con el SIC 9.
En suma, en este SIC 16, señor presidente, se informan 442 instituciones donde las personas justificaban su inasistencia al trabajo público que poseen a través de licencias médicas que no habrían sido respetadas mediante estos viajes. Los empleadores con mayores cantidades de licencias son los que están allí mencionados, partiendo por Servicios de Salud Magallanes, Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, Reloj Cavi, etc.
Y en cuanto a las acciones derivadas, o sea, las acciones que la Contraloría adoptó como consecuencia de estos hallazgos, se notificó a las instituciones regionales involucradas para que iniciaran los procedimientos disciplinarios, debiendo remitir a la Contraloría las resoluciones que así lo dispusieran a través del CIAD dentro del plazo de cinco días desde su notificación y también entregamos el SIG.
y los documentos de respaldo a la CUNPIN y a la SUCESO para que ejercieran las acciones que les corresponde según sus facultades. Igualmente, enviamos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Estos últimos dos acápices, señor presidente, el 5 y el 6, uno se refiere al seguimiento de las acciones derivadas. Esto es los sumarios administrativos, qué es lo que ha ido pasando y qué es lo que reporta nuestro CIAD, nuestro monitoreo de sumarios administrativos con corte al 12 de septiembre del 2025.
En cuanto a lo que se refiere a inicio y cierre de procedimientos en CIAT, cuando uno ve todos los SIC que tienen que ver con licencia, nosotros hemos emitido 16 SIC, pero todos no tienen que ver con licencias médicas. Cuando uno ve en cuanto a inicio de procedimientos disciplinarios, en total para todos los SIC que se relacionan con esta materia, se han iniciado 11.407 procedimientos disciplinarios. Están separados allí por cada una de las líneas en el SIC 9, que es el más antiguo, en términos de instituciones que han informado en el SIAD el inicio de sus procedimientos, son 739. Esto es un 83% de cumplimiento.
Aquí, señor presidente, quiero hacer presente que puede suceder que haya alguna institución que sí haya iniciado sus sumarios, pero no lo haya reportado en el SIAD. Hemos ido encontrando casos así, en que, a pesar de que se les instruyó oportunamente, en la misma semana a continuación de la emisión del SIC-9, nosotros despachamos un oficio circular a toda la administración y a todos los entes sujetos a nuestro control, para que reportaran a través de SIAD. Pero pudiera suceder que alguna institución haya iniciado su proceso y no lo haya reportado. Entiendo también que el Ministerio de Hacienda estaba llevando un monitoreo y puede allí haber algunas diferencias. Estamos estableciendo una mesa de trabajo para poder coordinar y detectar casos que estén iniciados pero que no hayan sido reportados.
En términos de sumarios iniciados en el sector municipal son 5.311 y en el sector municipal son 2.465. Hago presente aquí nuevamente, señor presidente, que pudiera suceder y es altamente probable así, sobre todo en el mundo central, que estén los sumarios agrupados. En una institución, en un sumario pueden haber 20, 30 casos. Entonces no es que detectamos 25.000 funcionarios y solo se hicieron 8.000 sumarios. Esos 8.000 sumarios muy probablemente representan una cifra muy cercana a los 25.000 casos.
Y en términos de sumarios terminados, finalizados, tenemos 22 actos exentos que aprueban el proceso disciplinario y 94 que ya lo terminan.
Sobre este punto, señor presidente, por su intermedio para toda la comisión, quiero hacer presente que los procesos disciplinarios tienen distinta naturaleza. Aquí hay instituciones que tienen normativa orgánica especial, por ejemplo, en el caso del Ejército y de Carabineros tienen normativa especial que tiene una ritualidad distinta a la que establece el estatuto administrativo y a la que establece el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Entonces tienen algunas particularidades algunos de estos procedimientos, pero todos ellos tienen algo clave, que es el debido proceso y la necesidad de otorgar a las personas que solicitan diligencias la posibilidad de desarrollar esas diligencias y defenderse. Y luego tienen la posibilidad de presentar recursos. Y por esa razón, más allá de los plazos que pueda estar esperando la ciudadanía, yo he escuchado a algunas autoridades incluso hablando de 20, 30 días, esos no son los plazos que establecen los procedimientos, porque a eso hay que agregarle los plazos de las personas, tanto para solicitar término probatorio como para presentar recursos respecto de las decisiones que se van tomando en el sumario y respecto de la decisión final del sumario también tienen la posibilidad de interponer recursos. Y por esa razón, estos procesos son lentos. Y esa es una de las materias que sería bueno que los poderes colegisladores evaluaran, hacer procedimientos normativamente más livianos, que tengan debido proceso, pero que tuvieran algunas ritualidades más breves para poder avanzar más rápido en este tipo de casos.
Enseguida, señor presidente, en el SIC-10 también tenemos algunos casos ya terminados y los otros SIC son muy posteriores, así que evidentemente no están finalizados.
En términos de las instituciones que sí terminaron oportunamente sus procesos, para los SIC 9 y 10, que fueron los primeros que se emitieron en el mes de mayo, tenemos aquí la lista de 13 instituciones del mundo municipal que iniciaron y terminaron sus procesos en términos más expeditos, y 9 del sector central. Allí están mencionadas y también instituciones que informaron en el SIAD sus procesos disciplinarios.
Funcionarios finalizados para el SIC-10 específicamente tenemos en el sector municipal el Hospital Padre Hurtado y el Servicio de Salud Aconcagua. Y me pareció que era importante, señor presidente, mencionar las que sí habían hecho su trabajo lo más rápido posible. La Contraloría generalmente entrega los resultados de los hallazgos y observaciones, pero me pareció importante también mencionar aquellos que se han esforzado por cumplir oportunamente.
En esta misma línea, señor presidente, funcionarios que han sido sancionados según el reporte de SEAD. En el SIC 9 he leído en medios de comunicación de que solo 52 casos han tenido destitución. Y eso es cierto, pero tiene varios elementos que hay que hacer presente. Lo primero, ese es un corte hasta el 5 de septiembre, que es la fecha en que la Contraloría publicó los resultados en su página web y en sus redes sociales, los resultados del primer monitoreo de SEAD, y eso entonces les decía que es hasta el 5 de septiembre. Pero más importante aún, creo yo, es hacer presente, y por eso lo destaqué en este color calipso, que las únicas medidas disciplinarias que establece la normativa no son la destitución. También establece la posibilidad de aplicar multa, suspender sin goce de remuneraciones, dependiendo de una serie de circunstancias y de lo que arroje el mérito del expediente. Y también hay otra hipótesis, que también significa el cese de las funciones, o del cargo, o del trabajo para la persona. Y este es el término del contrato. Y las destituciones son 52, pero los términos de contrato son 642. Eso quiere decir que de los 900 y tantos casos del SIC 9 que ya están terminados, cerca de 700, o sea, la mayor cantidad, fueron terminados por el cese de la relación laboral o de la función para la persona. Entonces, esto que se ha, parece, extendido de que aquí no hay sanciones, no es así. La verdad, en el SIC 9, hasta la fecha, la cifra de personas que han visto terminado su contrato es bien significativa. Sin perjuicio de que todo esto depende de lo que arroje el mérito de los expedientes y los antecedentes del caso. Allí está, señor presidente, también en un gráfico del SIC 9 y de los demás, las primeras barras son del SIC 9, y se ve que la de término de contrato es muy alta. Ahí está en términos visuales, más simple de explicar. Y con esto voy terminando, señor presidente, que atendido que la invitación a esta comisión también nos plantearon en el texto la posibilidad de reportar nuevos SIC que hubiéramos emitido en materia de licencias u otros antecedentes relevantes en materia de licencias médicas.
Incorporamos este antecedente de una auditoría que se notificó hoy durante la mañana y que tiene que ver con el proceso de recepción, validación y tramitación de licencias médicas por parte de la COMPIN, específicamente en la región de Antofagasta. Es el informe 274 de 2025 emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta. Es relevante, señor presidente, hacer presente que aquí vamos a mostrar solo los resultados de Antofagasta, pero estamos muy cercanos a terminar una auditoría similar a esta en el COMPIN en el nivel central, llevada adelante por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.
En el caso de Antofagasta, el objetivo de la fiscalización fue practicar una auditoría a la recepción, a la validación, a la tramitación de licencias médicas que hiciera COMPIN en Antofagasta, entidad dependiente de la Seremi Salud de Antofagasta, ¿cierto? El periodo revisado fue enero de 2023 a diciembre de 2024. Y en esta fiscalización se buscó determinar si la COMPIN había establecido mecanismos de monitoreo y de control respecto de los procesos que ya mencionamos, si estos procesos se ajustaban a la normativa legal y reglamentaria, y si las operaciones estaban debidamente documentadas, si los cálculos eran exactos y si estaban adecuadamente registrados. Y también revisamos si se ajustaba la normativa a la aceptación o rechazo masivo de licencias médicas a través de mecanismos automatizados que se están implementando en dicha región y en otras zonas del país.
Entre los principales hallazgos, en términos resumidos, señor presidente, detectamos que 113 médicos extendieron 1.187 licencias médicas, de las cuales 1.100 fueron autorizadas por COMPIN, a pesar de que al momento en que se emitieran tales documentos, los médicos o facultativos no estaban en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Por ende, no estaban habilitados para emitir licencias médicas. Y sin embargo, la CONFIN de Antofagasta autorizó y aprobó 1.100 de dichas licencias.
médica extendida por estos 113 médicos no autorizados. En segundo lugar, señor presidente, en términos de resumen, detectamos un retraso muy considerable en la tramitación de las licencias médicas. Y esto es una cosa que le acaja especialmente a la ciudadanía a aquellas personas que sí están enfermas y necesitan ejercer su derecho a la recuperación de la salud. Detectamos 164.000 y fracción casos en los que se excedió el plazo legal para pronunciarse respecto de las licencias médicas. Y en algunos casos, incluso, la resolución de la COMPIN fue emitida cerca de un año después de la recepción de la licencia médica.
También pesquisamos en esta fiscalización contralores médicos que autorizaron licencias emitidas por ellos mismos o por sus familiares. Identificamos tres hipótesis de mal uso de licencias médicas donde algún contralor médico había cometido alguna infracción. Una contralor médico autorizó una licencia médica para ella misma emitida por otro facultativo. Contralores médicos validaron licencias que ellos mismos habían emitido y en otro caso contralores médicos aprobaron licencias extendidas por un familiar.
También, señor presidente, detectamos que COMPIN autorizó licencias emitidas por parte de médicos que estaban suspendidos. En 45 casos de médicos que extendieron 1.626 licencias, lo hicieron mientras estaban inhabilitados de emitirlas. Y, a pesar de ello, 1.479 fueron autorizadas por la propia COMPIN, a pesar de esta sanción vigente que había sido impuesta por la misma COMPIN.
Y también detectamos, señor presidente, cinco profesionales de la COMPIN que ejercieron sus funciones de verificación de la legalidad y pertinencia de las licencias y evaluaron el reposo médico y evaluaron una serie de antecedentes del reposo, a pesar de que ellos no estaban designados como médicos contralores y por ende se infringió la normativa en esta materia.
También otros hallazgos relevantes, señor presidente, detectamos deficientes condiciones para el almacenamiento de los talonarios de licencias médicas en formato papel, muchos de ellos se encontraban directamente en el suelo, también cajas en otros casos estaban en el suelo los que son de uso privado. Los que se refieren a instituciones públicas estaban en estanterías, pero no estaban organizados, ni clasificados, ni ordenados, de manera que fuera fácilmente detectable en qué lugar se encontraban según algún orden lógico.
También detectamos inconsistencias en el contenido de las bases de datos, con algunos datos erróneos y con falta de información que es clave para la emisión del documento, para la identificación del ente que debe pagar o para el estado de cada una de estas licencias o su monto. Y también verificamos que COMPIN no contaba con un plan anual de fiscalización sobre el reposo y sobre el vínculo laboral del beneficiario. Las fiscalizaciones que estaba haciendo COMPIN solo alcanzaban el 0,12 y 0,08% de los casos.
Y aquí solo quiero ser presente de que la comisión en su minuto ha solicitado presupuestos a la nación, a las autoridades de la nación para poder aumentar este control y por las razones que fuere no ha sido autorizado. Y entonces hago presente, señor presidente, para la próxima discusión presupuestaria que es importante que estas instituciones que trabajan e inciden en un procedimiento o en un beneficio que tiene tan alto monto en términos agregados como son las licencias médicas, que pudieran tener un apoyo presupuestario para hacer sus tareas de control como parte del Sistema Nacional de Control que estamos tratando de impulsar desde la Contraloría.
En cuarto lugar, señor presidente, detectamos deficiencias en las actas de fiscalización de cumplimiento del reposo, duplicación de actas y ausencia de identificación de los funcionarios que habían realizado la fiscalización. También deficiencias en las actas de fiscalización de vínculo laboral y también falta de acciones de fiscalización de COMPIN respecto de los grandes emisores de licencias médicas en dicha región. Efectivamente, efectuaron efectivamente, perdón, fiscalizaciones en 111 casos, pero esto solo representa el 1,45% del total emitido por esos grandes emisores. A eso me refería, señor presidente, con que requieren más recursos en las COMPIN para poder hacer su labor y para poder también atender a la ciudadanía oportunamente.
En séptimo lugar, resoluciones sancionatorias emitidas por la COMPIN multaron a médicos y también suspendieron a médicos. Sin embargo, nosotros revisamos si es que se había dado cumplimiento al pago de estas multas y no habían acciones acreditadas de que se hubieran hecho acciones por la COMPIN para verificar estos pagos. También detectamos que la COMPIN había emitido en diciembre de 2023 ocho actos administrativos después de...