Gracias. Número dieciséis se ha por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número diecisiete queda a disposición de las señoras y señores diputados, la secretaria abogada amablemente dará lectura a la cuenta.
Gracias presidente, tenemos los siguientes documentos para la cuenta, un oficio de la municipalidad de Viña del Mar por el cual da respuesta a las siguientes consultas realizadas por la comisión. Posibilidad de adoptar las medidas necesarias para desmalezar y limpiar las quebradas aledañas a las zonas afectadas por el medio incendio, habilitar una agenda de atención preferencial para los damnificados, remitir registros de entrada y salida de los materiales de construcción recibidos por el municipio, informar estado de sumario administrativo intruido en contra de algunos funcionarios municipales que habrían incurrido en conductas discriminatorias, de hostigamiento a algunos damnificados o que revelaron datos personales, y a propósito de la negativa de un funcionario municipal de recibir en el centro de acopio de Viña del Mar después de las 19 horas una partida de colchón por haber terminado su jornada de trabajo. Se lo solicitó evaluar la posibilidad de intuir una investigación sumaria, lo que es contestado en este oficio por la señora alcaldesa. Y finalmente, la participación de la Oficina de Arquitectos Elemental en el proceso de reconstrucción. El documento con el detalle de todo este oficio, porque fue un solo oficio, presidente, donde contestó todo, fueron remitidos a los correos de los integrantes de la comisión.
Un oficio de la Municipalidad de Quilpué, por el cual se refiere a la solicitud de habilitar una agenda de atención preferente para los domificados y comunica que desde el inicio de la emergencia esa dirección implementó medidas tendientes a facilitar y priorizar la atención de los vecinos y familias afectadas por el siniestro.
Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social por el cual se refiere a la ejecución presupuestaria del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio, la cantidad de recursos contemplados para atenciones y el tratamiento de salud mental, la Ley 21.681 y los montos efectivamente ejecutados a la fecha en materia de salud mental.
Un oficio del director ejecutivo de Techo Chile, por el cual informa la cantidad de viviendas construidas en el marco del proceso de reconstrucción y la forma en que se redistribuyeron y los sectores en donde se instalaron junto con un mapa del lugar.
Un oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual indica que dentro de las competencias de la cartera le corresponde la administración del Fondo Nacional de Reconstrucción, que canaliza aportes de privados para la reconstrucción de infraestructura afectada por la catástrofe. En el marco del funcionamiento de ese Fondo indica que se ha asignado un total de 222.959.350 pesos para el financiamiento de un proyecto de vivienda en el sector de Olivar, que beneficia a cuatro familias. Siendo el municipio de Viña del Mar la institución a cargo de su ejecución, señala además que la Secretaría Técnica del Fondo ha promovido la participación de organizaciones privadas sin fines de lucro en el financiamiento de obras del plan de reconstrucción y detalla los proyectos habitacionales financiados y gestionados por los privados de los que tiene conocimiento.
Un oficio del Ministerio del Interior, por el cual informa que derivó al Ministerio de Desarrollo Social la solicitud de remitir copia al plan maestro que contiene el modelo de gestión utilizado en el proceso de reconstrucción.
Un oficio del Ministerio del Interior.
por el cual se refiere a la solicitud de detallar diversos aspectos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio, indica que la administración de ese fondo corresponde al Ministerio de Hacienda y que en el sitio web institucional de la Dirección de Presupuestos se publica mensualmente la ejecución presupuestaria correspondiente a cada periodo mensual y anual, incorporando la apertura de comillas de ejecución FED Incendio. Asimismo, señala que esta cartera no ha ejecutado fondos concernientes al fondo consultado.
Un oficio del Ministerio del Interior por el cual informa que derivó a la directora del Servicio Nacional de Prevención ante Desastre la solicitud de apoyar a las familias afectadas a través de la entrega de un kit de emergencia por tratarse de materias propias de su competencia.
Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social por el cual informa que derivó a la directora del Servicio Nacional de Prevención ante Desastre la solicitud de apoyar a las familias afectadas a través de la entrega de un kit de emergencia.
Un oficio del Ministerio de Economía por el cual informa que derivó al Ministerio de Hacienda la solicitud de esta comisión para pedir al presidente del Banco de Estado un pronunciamiento sobre la factibilidad de otorgar a los damnificados al medio incendio un crédito especial con 0% de interés y condiciones flexibles de pago, considerando que dicha institución bancaria se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Un oficio del Ministerio de Hacienda por el cual se refiere a lo anteriormente señalado, es decir, a la factibilidad que el Banco de Estado otorgue un crédito especial, flexible y con 0% de interés para los damnificados del medio incendio.
Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social por el cual remite un informe de la Subsecretaría de Servicios Sociales para que se refiera a la ficha de emergencia básica y a las familias cuyas viviendas resultaron parcialmente dañadas por el fuego, por cuanto tiene a su cargo la administración del Sistema de Información Social en emergencia, que contiene los catástrofes de caracterización socioeconómica levantados a través de la FIDE.
Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social por el cual remite informes sobre el sistema de gestión para el seguimiento del plan de reconstrucción y cartagán del plan de reconstrucción.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual informa la cantidad de viviendas reconstruidas con fondos privados o de terceros ajenos al Estado y el destino de los recursos liberados.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual se refiere a las ayudas entregadas a las familias afectadas por el medio incendio en la región que habitan asentamientos irregulares en el marco del proceso de reconstrucción.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso por el que indica que el cuestionario de preguntas realizadas por el H.D. Diputado o T.A. O. Drago fueron respondidas por el ministro en la sesión del día lunes 11 de agosto pasado, instancia en la cual se entregó copia de la presentación que contenía las preguntas planteadas y sus respectivas respuestas a los parlamentarios presentes.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual se refiere a la diferencia entre los subsidios regulares y los subsidios otorgados en el marco del proceso de reconstrucción del medio incendio del 2 y 3 de febrero del 2024.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual se refiere a los avances de los estudios sobre la condición de las techumbres en las viviendas de Viña Costa Sol de la comuna de Quilpué.
Un oficio de la Directora Regional Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo al Paraíso por el cual informa la aplicación del subsidio directo respecto a las familias del Comité de Vivienda Esfuerzo por un Sueño en la comuna de Quilpué, las razones por las cuales no se incluyó entre el Catastro Nacional de Campamentos del año 2023 y la aplicación del artículo 1, numeral 4 de la ley 21.681, que crea el FED por incendio para la reconstrucción en lo relativo a la adquisición de terreno.
Un oficio de la directora regional subrogante del Servicio del Paraíso por el cual se refiere al catástrofe de viviendas construidas y terminadas y al número y ubicación de las unidades que se encuentran en proceso de ejecución.
Un oficio de la directora regional del Servicio por el cual se refiere en el marco del proceso de reconstrucción a la entrega de asesorías técnicas a las familias damnificadas que optaron por la autoconstrucción de su vivienda.
Un oficio de la directora regional del Servicio del Paraíso por el cual se refiere al bono de acogida, al gasto de albergue transitorio y al reajuste en unidades de fomento.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual se refiere a la solicitud de recibir en audiencia a familias damnificadas por el medio incendio.
Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Paraíso por el cual informa las soluciones adoptadas por el Ministerio de Vivienda en relación a los cuatripareos que al momento del siniestro se encontraban habitados por una o más familias consideradas inhábiles en el marco del proceso de reconstrucción.
Un oficio de la Directora Regional Subrogante del Servicio del Paraíso por el cual se refiere al personal del Ministerio de Vivienda destinado a la región de Valparaíso para atender aspectos relacionados con los permisos de edificación en el marco del proceso de reconstrucción.
Un oficio de la Subsecretaría de Hacienda por el cual informa que derivó al Ministerio de Desarrollo Social la solicitud de remitir copia del plan maestro que contiene el modelo de gestión utilizado por el proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso tras los incendios de febrero de 2024.
Una nota a la bancada del Partido por la Democracia por el cual comunica que la...
diputada señora Elia Molina reemplazará a la diputada señora Carolina Marzán en la sesión de hoy. Y finalmente, presidente, una nota al Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario e Independiente, por el cual comunica que el diputado Roberto Arroyo reemplazará a la diputada Sara Concha en la sesión de hoy.
Gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria abogada. ¿Alguna observación sobre la breve cuenta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Se ofrece la palabra para varios? ¿Diputados, diputadas? ¿Nadie? ¿No hay ningún varios? Ok.
Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto discutir y votar las conclusiones y propuestas que ha de incluir en su informe final.
Se presentaron cuatro propuestas de conclusiones de los diputados Andrés Celis, Andrés Longton y Luis Fernando Sánchez, de las diputadas Carolina Marzán y Francisca Bello, y del diputado Diego Ibáñez, del diputado Otiti Teao, y como cuarto también de la diputada Carolina Marzán. En este orden fueron recepcionadas en la secretaría y en ese orden serán votadas en el día de hoy.
Secretaria, por favor, si puede dar lectura a las primeras conclusiones que ingresaron.
Gracias. De inmediato, presidente, estoy mirando. Pues mientras le damos la bienvenida al senador... Ah, ¿se fue a la secretaría? Ah, está, se fue a la secretaría. Ah, ya, perfecto, ya. Perfecto.
Bueno, entonces, las propuestas de conclusiones y recomendaciones de los diputados señores Andrés Celis Montt, Andrés Longton Herrera y el diputado Luis Fernando Sánchez Oza. Y dice así, a más de los 16 meses del devastador incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, los datos de ejecución presupuestaria revelan una preocupante lentitud en el uso efectivo de los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio Ley 21.681, que destina hasta 800 millones de pesos para la reconstrucción. 800 mil millones de pesos. Las cifras generales son elocuentes por el retraso que evidencian, tanto respecto de los estándares internacionales como de la abundante experiencia nacional en materia de catástrofe, pero lo más reprochable es el más manejo específico de la reconstrucción habitacional.
Conclusiones.
1. Sentimiento de abandono ante la nula respuesta al gobierno. La tragedia que significó el incendio que asoló las comunas de Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana en febrero de 2024, no se quedó solo en las pérdidas de vidas humanas y en la destrucción de los bienes muebles e inmuebles ubicados en las zonas afectadas. Lamentablemente la tragedia se ha extendido durante un año y medio y se sigue extendiendo por causa de una ineficiencia inexcusable del Estado. En un contexto en que nuestro país cuenta con normativa legal vigente como la Ley 16.282, refundía con el decreto número 104 de 1977 que entrega facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo y en particular al Presidente de la República para actuar en caso de catástrofe, resulta imputificable que a 18 meses de ocurrir el incendio y con dos inviernos entre medio, la enorme mayoría de las víctimas no cuenten con una solución habitacional efectiva. La misma ley de presupuesto vigente contempla líneas específicas de gasto y recursos para enfrentar la reconstrucción. Durante el desarrollo de sus labores, la Comisión Investigadora escuchó a representantes de las víctimas de la gran mayoría de los sectores damnificados de las comunas de Viña del Mar, Quilpuy y Villa Alemana, siendo el sentimiento y la conclusión generalizada, tanto de los damnificados como de esta Cámara de Diputados, que los órganos del Estado encargados de la reconstrucción han priorizado el apego a una serie de trabas burocráticas por sobre el respeto a la dignidad de las familias afectadas, dignidad que se ampara no solo en palabras de buena crianza, sino que en nuestra constitución política. Y en el espíritu de nuestra legislación de emergencia, el mencionado Decreto 104 de 1977, espíritu que se ha visto gravemente infringido.
2. Avance insuficiente frente a la magnitud del daño. Se ha logrado constatar la existencia de subsidios nominados y obras en curso que distan de las necesidades reales que requieren las víctimas del medio incendio, quedando un universo de hogares que aún carecen de una solución definitiva, conformando la mayoría de la población afectada.
De estos antecedentes se puede dar cuenta que la administración ha comunicado avances de vivienda como terminadas, pero sin contar con antecedentes que permitan verificar si han sido entregadas o habilitadas según estándares de recepción de obras, servicios básicos, conectados, actas, etc. Para tener un debido control de la calidad de las viviendas entregadas, se deben poner los esfuerzos en certificar la habitabilidad mínima de estas, con especial consideración de las conexiones de agua, saneamiento, suministro eléctrico, servicio sanitario, etc. Esta actividad podría ser desarrollada por medio de cédulas de entrega con checklists únicos con un corte quincenal de avances con la debida publicación por barrios o sector y contratistas a cargo de las obras.
3. Ejecución y compromiso
A más de 16 meses del devastador incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, los datos de ejecución presupuestaria revelan una preocupante lentitud en el uso efectivo de los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio, que destina hasta 800.000 millones de pesos para la reconstrucción. Las cifras generales son elocuentes, por el retraso que evidencian tanto respecto de estándares internacionales como la de la abundante experiencia nacional en materia de catástrofe. Pero lo más reprochable es el mal manejo específico de la reconstrucción habitacional. De un total de 4.609 viviendas dañadas y transcurridos 16 meses, solo 3.670 son consideradas hábiles para el subsidio, quedando 939 familias marginadas de una solución habitacional. Solo 114 casas se han construido y 836 están en ejecución. 2.680 casas están rezagadas sin considerar las 939 inhábiles. Solo 2.748 familias han sido nominadas para el subsidio habitacional, quedando 922 rezagadas, además de las 939 que no son hábiles.
No se trata de un problema presupuestario, puesto que la ley 21.689 que creó el FED, publicada el 1 de julio de 2024, otorgó hasta 800.000 millones de pesos para ser ejecutados a través del Servicio de Vivienda y Urbanización de Alparaíso, pero al ritmo de avance de la reconstrucción, estos recursos que legalmente expiran en 2026 no se alcanzarán a ejecutar pese a estar disponibles desde hace más de un año.
Esta ley no solo creó el FED por incendio, con vigencia hasta el año 26, sino que introdujo un mecanismo de financiamiento vía un impuesto sustitutivo del 12% a las utilidades acumuladas de empresas, registro RAI, con plazo hasta enero de 2025 para nutrir dicho fondo. Asimismo, definió que los recursos podían destinarse a una amplia gama de finalidades de recuperación, planificación urbana, proyectos de inversión pública, reparación y reconstrucción de vivienda, adquisición de terrenos, demoliciones, habilitación de espacios públicos, además de subsidios productivos, laborales y psicosociales.
La diferencia entre hogares damnificados y viviendas dañadas se explica por el proceso de catástrofe. La ficha básica de emergencia FIBE levantó más de 8.500 registros de hogares. Afectados, posteriormente la ficha 2 del Ministerio de Vivienda contabilizó alrededor de 6.500 viviendas o predios identificados, identificando finalmente 4.609 unidades habitacionales con daño.
La población considerada hábil para subsidios corresponde a propietarios o conyuges de esas viviendas dañadas que no poseen otras viviendas habitables. Mediante el Decreto Supremo 34 de octubre de 2024, el Ministerio de Vivienda amplió la elegibilidad para incluir En forma excepcional a propietarios de una segunda vivienda, en ciertos casos, adultos mayores, personas con discapacidad o pertenecientes al 60% más vulnerable del registro social de hogares, así como a copropietarios de viviendas pareadas, cuatripareos.
No obstante, al 31 de julio de 2025 aún permanecían 915 familias clasificadas como no hábiles sin acceso a los subsidios habitacionales de reconstrucción.
4. Negligencia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la aplicación de las facultades que le concede la ley para facilitar la reconstrucción. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo posee la potestad reglamentaria para facilitar la reconstrucción a partir del Decreto Supremo número 332, además de otros instrumentos, cuenta con las herramientas y facultades necesarias para enfrentar un proceso de reconstrucción, como ya se hizo exitosamente en ocasiones anteriores. Inexplicablemente, estas herramientas no se han utilizado adecuadamente. En esta oportunidad, incluso el propio ministro modificó el citado decreto introduciendo exigencias que conspiran en contra del sentido de urgencia requerido.
Básicamente se trata de un profundo error conceptual cuando es pretender aplicar criterios y lógicas propias del régimen de normalidad a una situación de catástrofe en que debe primar la urgencia social.
Las familias que lo perdieron todo no pueden ser tratadas como postulantes habituales al subsidio habitacional ni sometidas a la burocracia de tiempos normales.
Más aún. Cuando no se trata de un incendio particular, sino de una catástrofe en que debe primar la urgencia social.
1. Hubo funcionarios del Estado presuntamente involucrados en el delito de incendio.
2. Hay responsabilidad del Estado en la falta de planificación urbana.
3. Hay evidencia de una mala gestión de la emergencia por parte de los organismos competentes.
4. Hay responsabilidad del Estado por falta de planificación y o de ejecución de planes de emergencia a nivel regional. regional de los municipios.
Cinco, hay sectores que se quemaron por no haberse realizado las labores de limpieza preventiva por parte de los municipios.
La respuesta del Estado no puede, por tanto, excluir personas y familias damnificadas bajo el pretexto de exigencias propias de una política habitacional, sino que debe propender a solucionar los efectos de la catástrofe con la mayor rapidez y eficacia.
Actualmente esas familias no son consideradas hábiles en el proceso en curso. El proceso de vinculación, asignación de proyectos y entidades patrocinantes a cada familia ha sido lento. A la fecha todavía subsisten 332 familias hábiles sin vincular, ellos sin contar el universo de 939 familias inhábiles, la mayoría de las cuales podría estar encaminada a una solución si se hubieran adoptado una política de excepciones más realista.
Se han registrado además una poca oferta de entidades patrocinantes y una falta de supervisión desde el Serviu de la labor de las entidades patrocinantes y de acompañamiento a los vecinos. Una entidad patrocinante obtiene alrededor de 30 unidades de fomento por familia y su trabajo es fundamental para acelerar los trámites y buscar soluciones, pero tampoco ha habido desde el Serviu una orientación respecto al diseño de barrios de manera que las entidades patrocinantes y los vecinos trabajen con soluciones armónicas a escala barrial.
Es particularmente llamativo que en barrios consolidados como el Olivar y Canal Biglen, Viña del Mar o Canal Chacao en Quilpué, no se haya procedido con un paquete de medidas como las señaladas en los acápites anteriores, impulsando una reconstrucción masiva con diseños de barrio y un trabajo verdaderamente coordinado en estos sectores.
Adicionalmente, el proceso institucional ha sufrido reveses. El funcionario designado como jefe de la reconstrucción en la región terminó renunciando a su cargo y, durante el año 2025, se debió reemplazar al director regional del Serviu, evidenciando la falta de continuidad en la gestión del proceso reconstructivo.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha informado sobre diversas acciones y planes en desarrollo para atender la emergencia habitacional en la región. El plan de emergencia habitacional del gobierno incluye metas ambiciosas en la región de Valparaíso, las cuales enmarcan también las iniciativas de reconstrucción post incendio.
La meta regional del plan de emergencia es construir 31.246 viviendas durante el periodo de gobierno. Al 30 de junio del 2025 se reportaba un avance del 69,45%, es decir, 21.701 viviendas entregadas. Además, indicó que 12.544 viviendas estaban en ejecución y 5.666 por iniciar, sumando un total de 39.911 soluciones habitacionales en proceso en la región.
Dentro de estos logros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo destacó la entrega de 410 viviendas industrializadas, con 1.524 adicionales en proceso, la realización de 158 proyectos de equipamiento comunitario y 6.292 viviendas que recibieron mejoramientos energéticos en la región. Asimismo, el Ministerio identificó una serie de planes urbanos, habilitaciones emblemáticas en Valparaíso, tales como el Olivar, Alten, Viña del Mar, un polígono de 54 hectáreas destinadas a vivienda, Bellavista en San Antonio, parque Estero en San Felipe y Artificio en La Calera.
Paralelamente, se trabaja en el programa Asentamientos Precarios con 374 campamentos de la región en el proceso de intervención, 65 en diagnóstico, 87 en radicación, 104 en reconstrucción y 118 en revisión.
Para coordinar la reconstrucción post incendio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sectorizó el territorio afectado en polígonos atendidos por duplas técnico-sociales y ha ido ajustando las estructuras organizativas en tres momentos: una etapa de puesta en marcha febrero-mayo del 2024, una segunda etapa junio del 2024-enero de 2025 y, finalmente, una etapa de obras desde febrero del 2025.
Si bien estas acciones y cifras oficiales, aunque muestran un esfuerzo amplio en materia habitacional regional, no reflejan la situación específica de la reconstrucción posincendio en la provincia del Paraíso, la cual continúa mostrando retrasos graves.
En efecto, mientras se reportan más de 21.000 viviendas construidas en la región en el marco general, en el ámbito específico de la reconstrucción de las 4.609 viviendas siniestradas solo 114 viviendas se han construido efectivamente en 16 meses y 876 se encuentran en obra, quedando miles de familias damnificadas aún esperando soluciones habitacionales definitivas.
Esto evidencia una brecha significativa entre el discurso y las metas oficiales y la realidad experimentada por las familias afectadas por el incendio.
8. Inexplicable negativa del Serviu de la Región de Valparaíso de recibir apoyo de la sociedad civil. Existe evidencia de que, en el marco del inicio de la reconstrucción, a solo semanas de producirse los incendios, existió un ofrecimiento por parte de la Cámara Chilena de Construcción de 1.862 viviendas al Serviu de la Región de Valparaíso, viviendas que en su enorme mayoría fueron rechazadas. Este significativo aporte habría permitido al ente encargado de la reconstrucción comenzar esta labor con 31 proyectos habitacionales completos, una base significativa desde la cual proyectar un avance, lo que hubiera disminuido en gran medida el riesgo de que la vivienda se desvanezca.
...medida los problemas que debieron enfrentar las víctimas producto del abandono y la negligencia del Estado.
Solo se aceptaron 47 de las 1.862 viviendas ofrecidas al servicio por parte de la Cámara de Chile en la Construcción, cifra que representa apenas un 2,5 de la ayuda ofrecida.
Este acto representa un desprecio por la sociedad civil, impropio de un país en que el sector público y el sector privado han trabajado siempre juntos y coordinados por mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Según los representantes de la Cámara de Chile en la Construcción, la ayuda habría sido rechazada por razones técnicas. Sin embargo, estas razones técnicas nunca se han expuesto con claridad, lo que da lugar a un manto de dudas inapropiado en un contexto de tanto sufrimiento humano.
Este inexplicable rechazo de ayuda, en un caso como el de los incendios, en que miles de familias llevan un año y medio viviendo en condiciones precarias, es no solo un acto de negligencia pública, sino que un verdadero escándalo.
Baja ejecución presupuestaria. La baja ejecución presupuestaria tiene, a nuestro juicio, directa relación con la defectuosa conducción política y técnica desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sumada a problemas de gestión a nivel del Servicio Valparaíso.
A continuación, se presentan algunos datos claves de ejecución financiera al segundo trimestre de 2025. Presupuesto vigente total 2025, subtítulo 31 más subtítulo 33, 57.032 millones. Ejecución del programa segundo trimestre de 2025, 8.339 millones, que representan un 14,6% del total anual.
Iniciativa de inversión, reconstrucción directa, subtítulo 31, 3.593 millones ejecutados de 13.281 millones, que representan el 27,1%.
Transferencias de capital, subsidio habitacional y aportes del sector privado, subtítulo 33, 4.807 millones de 43.383 millones, que representan un 11,1%.
Si bien se observa un avance respecto al primer trimestre de 2025, donde la ejecución apenas alcanzaba un 5,6%, el salto a 14,6% al cierre del segundo trimestre sigue siendo insuficiente frente al carácter de urgencia que exige una catástrofe de la magnitud del incendio de Valparaíso.
En situaciones de emergencia, el tiempo es un factor crítico. Cada mes que pasa sin ejecución efectiva se traduce en familias que continúan en condiciones de precariedad, con impactos directos en su bienestar, salud y capacidad de retomar una vida normal.
La evidencia internacional es categórica en procesos de reconstrucción post-desastre. La respuesta presupuestaria debe ser rápida y masiva. Experiencias en países como Japón, Nueva Zelanda o el propio Chile tras el 27F muestran que una ejecución del 25 al 30% en el primer trimestre es el estándar mínimo para garantizar que las soluciones lleguen a tiempo. Con menos de la mitad de esa referencia alcanzada incluso al segundo trimestre, el rezago de la respuesta es evidente.
Ejecución por componentes. Proyectos de inversión directa, subtítulo 31, ejecución de 3.533 millones de 13.287 millones, que representan un 27,1%. Es el componente con mayor avance relativo, pero aún bajo para obras que a estas alturas deberían estar en plena construcción.
Transferencia de capital del subtítulo 33, ejecución de 4.807 millones de 43.382 millones, que representan un 11,1%. Muestra un bajo rendimiento precisamente en el canal principal de ayuda directa a la familia damnificada en materia de subsidio habitacional.
Preocupante situación de los subsidios habitacionales. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, instrumento diseñado para dar solución definitiva a los damnificados, apenas ha ejecutado un 8,4% de su presupuesto anual, lo que refleja una lentitud incompatible con el objetivo de entregar viviendas en un plazo razonable. Esta baja ejecución pone en riesgo la credibilidad del proceso de reconstrucción y retrasa el cierre de campamentos o la transición de soluciones habitacionales de emergencia a definitivas.
El programa de mejoramiento de viviendas y barrios, que debiera permitir intervenciones rápidas en infraestructura básica y entorno urbano, está prácticamente paralizado con un avance de apenas 1,9%. Esto implica que muchas obras menores, como mejoramientos de calles, accesos, iluminación o servicios básicos, siguen sin iniciarse.
Datos a julio de 2025. El programa FED Incendios Valparaíso cuenta con un presupuesto vigente de aproximadamente 57.033 millones para obras y subsidios en la región. Al 30 de junio de 2025 se habían ejecutado 8.340 millones, equivalente solo al 14,6% del total disponible. Aunque se observa un avance respecto al cierre de 2024, cuando la ejecución apenas llegó al 5% y al trimestre de 2025,
El ritmo sigue siendo lento e insuficiente para una emergencia de esa magnitud. La referencia internacional para emergencias de reconstrucción es de 25 al 30% de ejecución en el primer trimestre. Incluso el segundo trimestre seguimos por debajo de la mitad de ese estándar. Existencia de subprogramas con ejecución crítica.
Fondo solidario de elección de vivienda. 2.640 millones ejecutados de 31.425 millones, lo que representa un 8,4%. Este fondo es clave para entregar viviendas definitivas al ritmo actual. Podría tardar en complementar la meta de reconstrucción habitacional.
Programa de mejoramiento de viviendas y barrios. Apenas 35 millones ejecutados de 1.872 millones, lo que representa un 1,9%, prácticamente inmovilizado, pese a ser un instrumento pensado para intervenciones rápidas en entornos y servicios básicos de los sectores afectados.
Sistema integrado de subsidios. 2.132 millones ejecutados de 10.085 millones, lo que representa un 21,1%, muy por debajo de un despliegue masivo y sostenido.
Este sistema debería articular múltiples líneas de subsidio, pero su ejecución ha sido limitada.
El mal desempeño de la reconstrucción contrastaba notablemente con otros procesos exitosos de nuestra historia reciente, que además dejaron un conjunto de herramientas y aprendizajes desaprovechados por razones incomprensibles.
Esto da cuenta de una insoslayable responsabilidad política de la máxima autoridad del ramo, que no supo o no quiso utilizar los recursos disponibles para aliviar la crítica situación de miles de familias damnificadas.
Los diversos problemas de gestión y coordinación de los organismos del Estado evidencia la necesidad de mejorar la institucionalidad a partir de la experiencia acumulada.
Este diagnóstico es reconocido incluso por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha señalado la obsolencia del marco normativo vigente para catástrofes y la elaboración de un proyecto de ley marco de reconstrucción coordinado por el Ministerio del Interior.
En el corto plazo se han introducido ajustes reglamentarios, por ejemplo, el Decreto Supremo 34 de 2024, que modificó transitoriamente el Decreto Supremo 332 para ampliar la cobertura a algunos damnificados previamente excluidos, pero su alcance ha sido limitado.
Sin embargo, estas iniciativas no han logrado revertir las falencias observadas en el proceso.
Por ejemplo, la labor de la Gerencia de Reconstrucción, que ha cumplido un rol efectivamente facilitador en la presente emergencia, se encuentra limitada por la falta de atribuciones y facultades para articular los esfuerzos intersectoriales.
Dicha gerencia quedó supeditada principalmente a un rol informativo y de seguimiento, sin capacidad resolutiva real.
Falta de liderazgo y conducción política, sumada a la mala gestión y pobre ejecución, contrastada abiertamente con el discurso presidencial de reconstrucción con dignidad. No visualizamos una construcción política eficaz desde la delegación presidencial.
También se advierte un escaso liderazgo por parte del gobierno regional y central, lo que obliga a recomendar a su excelencia el presidente de la república a ordenar de manera inmediata la persecución de responsabilidades administrativas y políticas de quienes dirigen el proceso de reconstrucción en ministerios y paturas de servicios, secretarías regionales, ministeriales y funcionarios en general, solicitando la renuncia de dichas autoridades debido al... al inexcusable retraso de las ayudas y ejecuciones en los programas de reconstrucción.
Una reconstrucción con dignidad debiera concentrar los esfuerzos en aliviar el drama social y económico que representa para más de 4.000 familias la pérdida de sus viviendas, anteponiendo la urgencia de la solución habitacional a consideraciones ideológicas o requisitos burocráticos que entorpecen la respuesta.
Gravísima proliferación de problemas de salud mental dentro de las personas afectadas, la pérdida de seres queridos y de todos los bienes que sostenían la vida de las personas. La vida de las personas, incluyendo por supuesto su hogar, son de por sí episodios difíciles de asimilar por la mente humana. Pero que dicho episodio se reviva de manera continua durante un año y medio es el caldo de cultivo perfecto para que se den lugar episodios de estrés, ansiedad e incluso depresión. Estos problemas que, si bien son invisibles, erosionan la vida personal y social de las personas a niveles que son muy difíciles de reparar.
Desde el incendio han transcurrido dos inviernos, con todas las consecuencias que ello lleva aparejado en instalaciones precarias. La crisis de seguridad que sufre el país y el temor constante de que vuelva a originarse un mega incendio.
Si bien no existe personal suficiente para diagnosticar a cada una de las personas afectadas por los incendios, parece ser un hecho de la causa de que las víctimas de los incendios necesitan apoyo profesional para sobrellevar lo que han debido vivir desde que lograron sobrevivir al devastador incendio hasta ahora.
En efecto, la negligencia del Estado ha significado que la tragedia no haya terminado en la reducción definitiva del incendio, sino que se mantenga viva hasta... El día de hoy.
Falta de claridad sobre las cifras oficiales. Otro aspecto cuestionable dentro del contexto de la reconstrucción es la falta de concordancia entre las cifras publicadas por diferentes entidades.
Al 20 de agosto de 2025, de conformidad con cifras entregadas por la empresa sanitaria de Valparaíso, Sval, son 89 las viviendas que cuentan con seti...
por parte de la empresa, lo que significa que las viviendas cuentan con medidor de agua. Estas certificaciones corresponden a 60 viviendas de autoconstrucción y solo 29 viviendas construidas por empresas contratadas por el Servicio de la Región del Paraíso para la ejecución de los proyectos Constructora San Sebastián, Paz Orion y Milton Armando Leiton González. Este certificado es necesario porque permite solicitar la recepción de obras municipales en las respectivas direcciones de obras municipales, Viña del Mar y Quilpué. Estas cifras se alejan de los números que ha informado el Ministerio de Vivienda en el transcurso de la Comisión Investigadora, señalando que han sido 91 las viviendas ejecutadas y entregadas por el Servicio, es decir, 62 viviendas más de las que a la fecha reciente hay certeza de ejecución efectiva, habiéndose vulnerado ya de sobremanera los derechos de las personas afectadas por los incendios.
Es imperativo que al menos exista claridad respecto de las cifras oficiales y que, a su vez, estas se funden en antecedentes serios. Como leen la certificación de la empresa sanitaria respectiva, requisito excluyente para que la dirección de obras apruebe la recepción de obras y se le entreguen efectivamente las viviendas a las familias.
Recomendaciones y propuestas.
1. Solicitudes.
A. La Cámara de Diputados solicite urgentemente al Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Pond, que en un plazo no superior a seis meses contado desde la aprobación del presente informe, cuente con un estado efectivo de avance en materia de reconstrucción que comprenda al menos al 70% de las viviendas proyectadas y que en el mismo tenor, en un plazo no superior a un año contado desde la aprobación del presente informe, ya se haya complementado en un 100% la reconstrucción de las viviendas que se perdieron por causas del incendio.
B. La Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República tenga bien evaluar la continuidad en el cargo de la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro Cáceres, por ser una de las responsables directas en las labores de reconstrucción que le fueron encomendadas y por su ausencia inexcusable en las labores propias del cargo que influyen en el cumplimiento de las metas propuestas por la Administración.
C. La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República que destituya de su cargo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, por ser el responsable directo de las labores de reconstrucción que le fueron encomendadas. De conformidad con las cifras del mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, solo se han ejecutado y terminado un 39% de las viviendas dañadas, lo que es inconcebible habiendo transcurrido ya más de un año y medio desde los incendios. La lentitud, con todos los perjuicios que ello conlleva para la víctima, se hace aún más cuestionable si se tiene en cuenta que han existido precedentes en nuestro país de procesos de reconstrucción llevados a cabo en menos tiempo y con mejores resultados. El Congreso Nacional y en particular esta Cámara de Diputados siempre ha mostrado la mejor disposición a colaborar en el proceso de reconstrucción, por lo que las llamadas trabas burocráticas no son atenuantes ni menos eximentes para un ministro de Estado de un país como el nuestro, forjado ante las constantes embates de una catástrofe. La actitud adoptada por el ministro Montes para con las víctimas ha sido indolente, carente de espacios para escuchar adecuadamente a quienes han sufrido las consecuencias más devastadoras del incendio de febrero de 2024.
La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República que mediante el Ministerio de Salud promueva un plan destinado a abordar los problemas de salud mental desencadenados en las víctimas que aún esperan por una respuesta definitiva.
Recomendaciones de índole legislativo.
A. Legislar sobre la base de la ley Chaitén para facultar al Estado de efectuar expropiaciones de terrenos con un mecanismo reglado de recompra en aquellos casos en que por algún motivo fundado se requiera relocalizar a los damnificados.
B. Modificar el Decreto Supremo 332 para eliminar los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica y simplificar la habilitación de los damnificados, evitando exclusiones injustificadas en el acceso al subsidio habitacional de reconstrucción.
C. Extender la vigencia de la ley 21.681 y, por tanto, prorrogar la utilización del Fondo de Emergencia Transitorio más allá del año 2026, de modo a asegurar que los recursos puedan ejecutarse completamente si la reconstrucción requiere más tiempo del inicialmente previsto.
D. Proponer soluciones con diseño de barrio, impulsar proyectos integrales por sectores, supervisando y acompañando el proceso de vinculación que realizan las entidades patrocinantes con los damnificados, de manera que las soluciones habitacionales individuales confluyan en barrios planificados con estándares adecuados.
E. Crear una institucionalidad funcional a la reconstrucción que incorpore todos los aprendizajes y experiencias previas con carácter resolutivo y capacidad de coordinación intersectorial. Esta entidad debe permitir de manera rápida y eficiente articular las respuestas del Estado en estas y futuras catástrofes, cerrando el círculo de riesgo, desastre, reconstrucción y desastre.
Y fortaleciendo la alianza público-privada para apoyar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en reconstrucción, por ejemplo, en campamentos. F. Mejorar la coordinación entre municipalidades, los servicios de vivienda y urbanización y autoridades centrales, estableciendo canales claros de información y responsabilidad. Asimismo, brindar apoyo técnico a las familias que opten por la autoconstrucción para asegurar la regularización y la calidad de esas viviendas en el proceso de reconstrucción. G. En definitiva, la reconstrucción post incendio de febrero de 2024 debe ser abordada con mayor urgencia, claridad normativa y coordinación institucional. Y H, la ciudadanía y especialmente las familias afectadas merecen que el Estado utilice todas las herramientas disponibles y corrija las falencias detectadas, asegurando un proceso de reconstrucción digno, justo, eficiente, coordinado e informado. Gracias secretaria de abogados por la lectura del informe.
Antes de someter a la votación quería preguntarle a los diputados y diputadas si querían hacer algún tipo de comentario, propuestas.
Diputada, por supuesto, diputada Molina. En realidad pregunto si puedo porque no he estado participando en todo el proceso y por lo tanto voy a hacer un comentario general.
Tenía una larga convivencia laboral con el ministro de Vivienda, con el señor Carlos Montes, porque él era senador, diputado, todo, de donde estaba el hospital en donde yo trabajé toda mi vida, el Sótero del Río. Entonces, conozco su forma de trabajar, conozco su cercanía con la gente, conozco lo obsesivo que es por cumplir las metas y por avanzar y por trabajar.
Entonces, yo… No puedo discutir a los parlamentarios que están aquí sentados, que son de la zona, que han estado al lado de la gente, que han visto el dolor, el sufrimiento, las muertes, la desgracia. No puedo ser más empático con la angustia, con la sensación de que debería haber sido todo mucho más rápido, todo mucho más eficaz y eficiente. Puede ser que así sea. Pero no me parece, dentro del informe, no voy a discutir las cifras, tengo otras cifras, pero un ministerio como el Ministerio de Vivienda, que ya lleva el 80% del cumplimiento de las metas nacionales de su ministerio, poder decir que es negligente, que hay abandono, negligencia, y yo no puedo negar que ha habido retrasos. Eso sería absurdo. Negar una realidad, pero hay que hacer un análisis.
Yo ayer me pedí una lectura, como venía una comisión que no había trabajado, me pedí una lectura de todo lo que se ha ido produciendo y las presentaciones, y la verdad es que el problema es súper complejo.
Yo, no es como que se puede hacer un plan habitacional, todos iguales, no, porque son distintas áreas, son distintas realidades, campamentos, casas de condominio, casas aisladas.
Entiendo también, y eso lo leí en hojas, en páginas que están disponibles para toda la gente, que muchas de las ofertas de la ¿cómo se llama? de la construcción, la cámara de la construcción es la misma gente que no las había querido porque eran como, entre comillas, desfabricadas. Eran como modulares, no sé cómo se les llamará, pero que mucha gente no quiso aquello.
Entonces, la heterogeneidad del daño, el involucramiento de muchos actores y sectores, que siempre en Chile ha sido complicado, se lo digo yo, que fui ministra de Salud y que traté de articularme con los otros ministerios porque la salud es en todas las políticas y es muy difícil.
Yo sé, o sea, no voy a negar ningún dato que han dado en el informe. Pero a mí me parece que hacer juicios de valor y que denostan no solo la capacidad, sino que también la honra de las personas, a mí no me parece.
Creo que lo técnico es técnico y se puede perfectamente decir, no estamos conformes con el trabajo que ha hecho el Mideso, el Minbu, no sé qué otro ministerio estará involucrado en este informe. Pero de ahí a decir que hubo una iglesia.
Decidia, abandono, a mí no me parece. Y en ese sentido quisiera hacer un llamado a no tomar esas frases porque no me parece que sean parte de un informe técnico, sino que más bien de un interés en sacar o pedirle que el ministro o los ministros tengan que ser sacados de su cargo. Yo creo que eso requiere un análisis mucho más profundo de la realidad y de todo lo que está haciendo el ministro y la ministra a lo largo de todo el país, porque no solamente la reconstrucción de este incendio es el único trabajo a nivel nacional. Así que eso quería decir, quiero decir que por los largos años que conozco al ministro, puedo decir casi con seguridad de que ninguno de los apelativos que lo denostan son reales.
Gracias, diputada Molina. Diputado Sánchez y después diputado Venegas. Cuello, bello, allá. Pero por mientras, diputado Sánchez y después diputado Venegas.
Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar por su intermedio a todos los colegas presentes. A propósito de lo que... Colegas, por favor, que si no me distraigo y no logro concentrarme. Oye, primero que nada, saludarlos a todos. Y a propósito de la intervención que hacía recién la diputada Molina, yo puedo entender que a ella le sorprenda esto, en el fondo, viniendo de alguien que lo conoce desde hace tantos años con una trayectoria tan extensa en política como el ministro Montes. Pero la verdad es que la experiencia que nos ha tocado conocer y la cara del ministro Montes que nos ha tocado conocer a todos los acá presentes, incluso a algunas de las víctimas acá presentes, es dramática.
Yo quiero señalar a propósito de algunos datos muy específicos que señaló la diputada Molina. Hablaba de 80% de avance en ejecución presupuestaria. Yo quiero recapitular sobre uno de los momentos más dramáticos. No de la reconstrucción, del total del plan. El plan de habitaciones de ministerios. Ah, el plan de habitaciones de ministerios. Sí, porque creo que es especialmente relevante igual. Cuando discutimos respecto de las cifras de viviendas terminadas y entregadas. Recordemos que el ministro Montes y su equipo nos hablaron acá de 90 viviendas entregadas y terminadas. Después nos enteramos, porque estaba también en los antecedentes disponibles en esta comisión, que existían solo cerca de 50 recepciones por parte del municipio.
Y después, a propósito de un requerimiento de información que les había planteado yo a la comisión, que lo enviamos como comisión y recibimos la respuesta por parte de Sval, nos enteramos que había entre 25 y 30 conexiones de agua potable en viviendas nuevas solicitadas por el Ministerio de Vivienda. O sea, al menos que el Ministro de Vivienda haya estado entregando casas sin llave de agua, quiere decir que el MIMBU nos entregó cifras falsas.
Y creo que eso es ya argumento suficiente para plantear aquí en este informe una cuestión que yo ya la planteé hace largo tiempo y que agradezco por lo demás, que hayamos logrado este consenso en el fondo con los diputados Ellis y Longton para ponerlo acá, que es plantearle al presidente una solicitud, porque en realidad es de su prerrogativa, que disponga del cargo del ministro de Vivienda.
Porque no puede ser que el ministro venga acá a la comisión con datos falsos, o manipulados, o tan erróneos que no podemos sino asumir que no existió buena fe. Entonces, evidentemente aquí, yo creo que esto es injustificable, más allá del sufrimiento, del dolor incluso de las víctimas que llevan demasiado tiempo esperando la reconstrucción, el hecho de que las cifras que se presentan en esta comisión no se condigan con la realidad y que estén siendo infladas para efectos de simular un resultado o un avance en la reconstrucción que no es real, que no es real porque sabemos y yo lo he confirmado, sabemos que existen solo entre 25 y 30 conexiones de agua potable en viviendas nuevas solicitadas por el Ministerio de Vivienda.
Entonces esas 90 viviendas no existen. No existen. Eso no es así. Y no hay forma de que aquí puedan decirnos que no, que hubo un error, que en realidad las 90 viviendas están, pero aquí hubo un problema de papeleo. A ver, una casa que no tiene llave de agua no puede ser entregada. Entonces, evidentemente aquí esto no se condice con la realidad, la cifra que nos entregó el ministro de Vivienda.
Y para mí eso es razón suficiente. Es razón suficiente y debiese ser razón suficiente para todos nosotros. Yo lo planteé hace algún tiempo, yo creo que esto debiese ser algo transversal, más allá de las diferencias políticas que tenemos sobre esta mesa, porque yo por lo menos poniéndome en el lugar de mis colegas oficialistas.