Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 13 de agosto de 2025

En ausencia de la presidenta titular, se propone que presida la sesión el senador Cruzcoque. ¿Acordado, senadora? Sí, ya. Bien, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, como presidenta occidental, en reemplazo de la senadora Núñez, que va a llegar posteriormente, estaba en una reunión importante, así que avisó. Cuentas, si está nombrado. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, la cuenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, del honorable senador señor Rojo Edwards, mediante la cual pide a esta instancia parlamentaria suscribir una solicitud dirigida al presidente del Senado, el honorable senador señor Osandón, para oficiar al ministro de Justicia y Derecho Humano, señor Jaime Gajardo, para que informe si el Ministerio desarrolla iniciativas en determinadas áreas específicas relacionadas con la aplicación de inteligencia artificial en materia de justicia, derechos humanos y administración de servicios afines. Propone a la Comisión, además, el texto de la petición de oficio que se acompaña entre sus antecedentes. En segundo lugar, hay un oficio del presidente del Senado, don Manuel José Osandón, para comunicar que, a petición del honorable senador señor Bianchi, la Sala del Senado acordó dirigir oficio a esta instancia con el objeto de reiterar la solicitud efectuada mediante oficio 379 del año 2023, mediante la cual se encomendó evacuar un informe sobre los criterios o parámetros de admisibilidad de los proyectos de reforma constitucional a la luz de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la materia, previo al pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad que corresponda sobre los mismos. Recuerdo, sus señorías, que esta comisión celebró varias sesiones referidas a este tema en el año 2023, entre agosto y noviembre de 1923. Se escuchó a distintos profesores, a profesores Mandoa, a profesores Soto, a profesores Zapata. Está pendiente su resolución. Hay también una comunicación del académico de la Universidad de Los Andes, el señor Hugo Salgado, mediante la cual remite un documento denominado Efectos de Encarcelamiento Feminino en la Trayectoria Educativa de sus Hijos. Sin perjuicio de lo anterior, solicita audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia a la prisión preventiva y suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años. Después, hay también una solicitud de audiencia del director de la Fundación INE, el señor Edison Gallardo, al exponer el proyecto de ley que modifica la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia y otros cuerpos legales, adecuándolo a la ley 21.430, sobre garantía y protección integral de derechos de niñez y de adolescencia, y deroga la ley 16.618. Por lo tanto, estas son las cuestiones que figuran en la cuenta del día de hoy y quedo atento a la resolución que ustedes adopten cada una de ellas. Respecto de la cuenta, secretario, el senador Edwards pide suscribir una solicitud dirigida al presidente del Senado. Yo creo que la puede dirigir directamente, no tiene por qué pasar por esta comisión. Claro, pero señala que debe ser a través de esta comisión, que esta comisión tome el acuerdo de solicitarle al presidente oficiar al Ministerio de Justicia. Yo creo que lo puede hacer directamente, no necesita pasar necesariamente por esta comisión y si necesitara pasar por esta comisión, yo preferiría y le pido que podamos citar al senador Edwards para que explique cuál es el motivo. Hay una carta que está especificada, las solicitudes que dicen relación con la reinserción social, con la modernización del sistema registral y documental, con gestión de la información en derechos humanos, en protección de la infancia, etc. Pero lo que no entiendo es el procedimiento. ¿Por qué tendría que pasar por esta comisión, o por la aprobación de un acuerdo de esta comisión, para solicitarle al presidente que oficie al ministro, siendo que puede oficiarlo él directamente? Entonces, citar al senador Edwards para que nos explique esa situación, si están ustedes de acuerdo. Se le invitaría a una próxima sesión a determinar al senador Edwards. Sí, luego hay un oficio del senador Osandón, del presidente del Senado, respecto del senador Bianchi, habría...

Pedido a la sala, dirigir un oficio a la comisión respecto de reiterar una solicitud por la cual se informe sobre los criterios o parámetros de admisibilidad de los proyectos de reforma constitucional a la luz de disposiciones constitucionales y legales aplicables a la materia del pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad de reformas constitucionales. Yo creo que esto se ha tratado en innumerables ocasiones. Lo que correspondería acá es que la Secretaría compile cuáles han sido los pronunciamientos que ha tenido esta comisión, porque esto se hizo cuando vinieron los retiros, si no recuerdo, yo no era parte de la comisión, pero me acuerdo que la Cámara de Diputados, siendo parte de la Comisión de Constitución, en algún momento se solicitó a esta comisión del Senado que se pronunciara respecto de la admisibilidad de las reformas constitucionales y si competía que fueran admisibles o no admisibles reformas constitucionales. Claro que haya ahí una discusión, pero por eso yo le haría llegar cuál fue la discusión que se produjo acá, pero no vamos a pronunciarnos de nuevo sobre cosas sobre las cuales ya se ha pronunciado esta comisión anteriormente. Porque acá, si no, se presta esto para que cada vez que un senador considera que una reforma constitucional sería inadmisible, vengamos nuevamente a discutirlo a la comisión. Es reiterativo y es absurdo. Esto se ha hecho 20 veces. Gracias, presidente. Yo creo que esa interpretación famosa cuando vinieron los retiros se hizo a la luz del calor de las discusiones y posiciones que habían en ese entonces. Yo creo que no sería nada malo que en una situación de mayor tranquilidad la Comisión de Constitución pudiera sacar un pronunciamiento. Ahora, este pronunciamiento tampoco empece a los senadores, porque finalmente ellos pueden insistir, cosa que hacen hoy día; muchas veces cuando la mesa declara un proyecto o una reforma constitucional inadmisible, igualmente algunos senadores insisten en la votación. Pero a mí me parecería que sería interesante tener un pronunciamiento jurídico preparado por la Secretaría de esta comisión. En que se presentan proyectos de reforma constitucional que a fin de algunos podrían invadir las competencias del Ejecutivo, se ha decidido no darle curso a esta tramitación mientras no se emite este informe de la Comisión. Entonces, se está produciendo un efecto de que se pretengan proyectos de reforma en las salas de la Constitución de Tramitación. Y por eso, algunos senadores, el senador Bianchi probablemente están pidiendo que se resuelva esta materia. Como les digo, la comisión entre a pronto el 2023 le dio una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones para tratar este tema. Y se escucharon un conjunto de profesores. Lo que puedo yo, como secretaria, en primer lugar, es hacerles llegar todo ese debate, que ustedes lo tengan a la vista, y tratar de compendiar, de resumirla: los argumentos a favor de una tesis, los argumentos a favor de la otra tesis, para que ustedes los ponderen y tomen una decisión. Como les digo, este punto se ha transformado en un punto relevante porque la mesa no está reteniendo proyectos de reforma a la luz de que está pendiente de un fondo. No sé si les parece. A mí me parece mejor optar por la siguiente vía, que es hacer efectivamente el compendio que lo haga la Secretaría, hacer el resumen, mandárselo al senador Bianchi y que él conteste según lo que le parece, si requiere o no de nuestro pronunciamiento. Porque si no, vamos a estar determinados por el humor de cada senador de buscar hacer, por la vía de reformas constitucionales, cambios a la Constitución. Sin más, me parece que ese es el mecanismo. Esta comisión yo creo que tiene proyectos y una cola de proyectos suficientes como para además estar permanentemente siendo requerida para...

Pronunciarnos sobre cosas sobre las cuales se ha pronunciado. Que el senador Bianchi lea aquello que ha pasado ya por esta comisión y si le queda alguna duda al respecto que vuelva a esta comisión para un eventual pronunciamiento. Yo creo que nos va a hacer la vida más fácil y sería más razonable para todos. Presidente, uno puede compartir lo que usted señala, lo que pasa es que en este caso puntual hay un mandato de la sala a la comisión y por lo tanto la sala no está dándole curso a las reformas constitucionales que sospecha, me imagino yo, son inadmisibles y se escuda en el pronunciamiento que le pidió a la comisión de Constitución. No es que el senador Bianchi no esté pidiendo ese pronunciamiento, no, está pidiendo cumplir con lo que nos mandató la sala. Ese es el problema. Ahora, vuelvo a decir, nosotros podemos mandar un informe, lo que no quita que el senador, luego que se lo declare inadmisible, igual pida votar la admisibilidad. Partamos por hacer el compendio, enviárselo al senador Bianchi o enviárselo a la mesa, porque estamos en solicitud de la mesa, tiene razón la senadora. Y luego si se requiere nuevamente un pronunciamiento vamos a tener que hacer una sesión especial o vamos a tener que citar a más constitucionalistas porque este es un tema donde hay un amplio debate y controversia en la materia. Yo no creo que sea un asunto que nosotros podamos determinar en una o dos sesiones, va a ser largo. Entonces vamos a tener que encargar probablemente además informes de derecho, externos, además de la opinión de la secretaría y de los distintos componentes de la comisión. No, presidente, yo comparto el criterio de que primero nos pueda hacer un compendio de lo que hay, porque efectivamente es un tema bastante debatido y complejo, entonces tomamos la conversación. Ahora, yo entiendo que tampoco debiera ser un punto para que la mesa no proceda a la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. Es una facultad que tiene el presidente y tiene que ejercerla, independientemente de lo que resuelva esta comisión, porque como bien lo dice la senadora, el informe nuestro no es vinculante, es meramente ilustrativo para la mesa. Así que no se escuda. Perfecto. Entonces acordamos enviar esto a la Secretaría General, al presidente. Luego hay una solicitud de un académico sobre el efecto del encarcelamiento femenino en las trayectorias educativas de los hijos, que pide ser escuchado. Cuando veamos el proyecto se le podrá citar. Y hay una solicitud de audiencia de un director de la Fundación INE para exponer también sobre, entiendo que el mismo proyecto. ¿No es el mismo proyecto? A ver. El proyecto que están viendo ustedes respecto a mujeres embarazadas que tengan hijos o hijas menores de tres años, boletín 11.073. En cambio aquí es otro boletín, el 16.286. Se podría aplicar el mismo criterio, si ustedes lo estiman conveniente, de que cuando se vea ese proyecto se le pueda escuchar. Perfecto. Sí. Ambas cosas. Ya, perfecto. Luego, continuamos con la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes del proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Boletín 17.484-07. Se excusó el ministro Gajardo y contamos con la presencia de Patricia El Ringo, que es directora de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile, quienes habían solicitado ser escuchados. Así que se ha cursado la invitación y acá está presente, así que le vamos a conceder entre 15 y 20 minutos para que pueda exponer acerca del proyecto. Señalar también, antes de darle la palabra, que ha habido una reunión de asesores con representantes del Consejo del Colegio de Periodistas y el Consejo Metropolitano de Periodistas respecto de revisar indicaciones presentadas al proyecto de ley para fortalecer los estándares de los antecedentes penales, etc. Y se generó una minuta que voy a esperar a que llegue la senadora Núñez, que preside, para que nos cuente cuáles son las conclusiones de ella. Y de señalar que la sala del Senado acordó que este proyecto pudiese verse en general y en particular antes de llevarlo.

a votación en el pleno. Patricia El Ringo, bienvenida. Encantado de tenerla con nosotros. Como le había dicho, ha habido interés de no apurar la tramitación de este proyecto hasta que se despejen ciertos elementos que pudiesen inhibir la prensa libre, la libertad de expresión. No es la idea de este proyecto, salvo proteger efectivamente el debido proceso, ni restringir la labor de la prensa libre ni la ley de prensa bajo ningún punto de vista, ni por supuesto la libertad de prensa aquí en una democracia es, a juicio nuestro, fundamental. Así que tiene 20 minutos para exponer la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Bienvenida. Muchas gracias, senador. Presidente, subrogante. Senadora Araya, yo coincido con mis colegas que vinieron anteriormente en dar las gracias a esta comisión por escucharnos, por hacer eco de nuestras misivas. También escuché al senador Cruzcoque cuando dijo que varios gremios le decían a él que por qué no nos invitaban, que hacían apreciaciones. Entre ellos fuimos nosotras. Yo soy la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, parte de un directorio, y nos encontramos en el premio Lenka Franulit, que es nuestra primera mujer periodista. Y ahí coincidimos, ¿cierto?, entre las que dimos las palabras, junto con la decana de comunicaciones de la Universidad Católica, la premiada como Mónica Rincón, y nosotros en este proyecto. Yo creo que los gremios todos coincidimos en lo modular. Hay muchas cosas que se van a repetir. No sé si puse tanto y no me voy a ir por lo técnico porque yo soy periodista, me gusta entender lo que hablo, ni de los artículos ni nada, eso ya se ha dejado manifiesto en las sesiones anteriores. Se me avisó a las 6 de la tarde ayer, así que armamos algo acorde. Hay una parte que es el objetivo declarado de acuerdo al proyecto, que es fortalecer la protección de antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida buscando equilibrar transparencia y privacidad. Pero la realidad de la acción dice que la propuesta penaliza el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por secreto y que viene además en este documento. Esa reacción nos parece un poco compleja. Nuestra postura como Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile, y lo hemos manifestado en declaraciones que también señalamos en varios medios de comunicación, es nuestra preocupación por este boletín por considerar que vulnera los principios esenciales de libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información, aunque lo han escuchado a todos atentamente y se diga que no. Pero la idea de esta comisión, me imagino, es escucharnos y reflexionar al respecto. Esta iniciativa va en contra del estándar internacional en derechos humanos, particularmente en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Coincidimos con las organizaciones periodísticas que han venido y que han calificado la iniciativa como un retroceso democrático. Hemos leído y hemos estado con expertos legales que han señalado su dudosa constitucionalidad y su carácter inconvencional. El proyecto prioriza un concepto absoluto de secreto sobre la información de interés público, lo que podría proteger posibles actos de malversación o abuso de poder del escrutinio público. Las lecciones internacionales, y es bueno comparar, ¿cierto?, qué consecuencias ha habido con leyes similares. En el caso de España, la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, ha generado más de 400.000 multas desde el 2015, convirtiéndose en un poderoso mecanismo recaudatorio. Esta ley, lo que promueve este proyecto, es recaudación o multas, ¿cierto?, que habría que pagar; nos convertiríamos en un mecanismo recaudatorio. El uso de más del 76% de las sanciones se impuso por desobediencia o resistencia a la autoridad o falta de respeto a la autoridad, siendo utilizada como una herramienta de represión.

para limitar derechos y obstaculizar propuestas. La consecuencia para periodistas impone la autocensura por miedo a ser multados. En el caso de Perú, el ataque de la libertad de prensa denunciada por más de 270 periodistas de 24 países como un grave atentado contra la libertad de prensa. Control de fondo. Otorga al Estado la protestar y autorizar o bloquear actividades periodísticas financiadas con fondos de cooperación internacional, creando un filtro previo que busca ahorcar económicamente a los medios independientes. Prohibición de acciones legales limita la capacidad de los periodistas para interponer demandas de acceso a información pública o buscar respaldo legal del Estado. El objetivo no es necesariamente encarcelar a los periodistas, sino alcanzarlos y agotarlos a través de los procesos legales. El modelo de protección de democracias consolidadas como Estados Unidos y Reino Unido, en un enfoque diferenciado de estos países, prioriza la persecución de la fuente de filtración, el funcionario que viola el secreto, en lugar del periodista que la publica. Estados Unidos tiene su Primera Enmienda, garantiza libertad de prensa con una fuerte presunción contra la censura previa. Históricamente nunca se ha procesado una organización de noticias tradicional por recibir y publicar información filtrada. En el Reino Unido, la seguridad nacional establece que no tiene como objetivo las filtraciones o la actividad de denuncia de irregularidades y aclara que el periodismo legítimo o la denuncia de irregularidades no cumplirán los requisitos de este delito. Riesgos para periodistas y fallas del sistema judicial chileno. Riesgos directos e indirectos para los periodistas. Referente a este proyecto, hay una autocensura. La amenaza de penas o multas, incluso si son bajas, genera un efecto inhibitorio que lleva a la autocensura por medio de ser sancionados. Esto significa que historias cruciales sobre corrupción o abusos de poder podrían no ser investigadas ni publicadas. Acoso judicial. El proyecto de ley expone a periodistas a mayor riesgo y puede incentivar el acoso judicial como una herramienta de amedrentamiento, agotando sus recursos y desviando su atención a las investigaciones. Desprotección de fuentes. La criminalización de la publicación de información filtrada afecta la capacidad de los periodistas para proteger sus fuentes confidenciales que son vitales para el periodismo de investigación, especialmente en casos de corrupción. Falencias en la investigación del Poder Judicial chileno y el estado de corrupción. Y hago énfasis. En esto por eso lo pusimos, ¿no? Porque hablamos más de los periodistas que de lo que está pasando, ¿cierto? En el Poder Judicial, que son finalmente los que filtran. En los poderes del Estado es donde está la corrupción. Y aquí tenemos un declive en percepción de corrupción. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos muestra que el puntaje de Chile ha disminuido notablemente desde el 2014, indicando problemas subyacentes en la lucha contra la corrupción. Incapacidad estatal para regular y resguardar la información. Las organizaciones de periodistas coincidimos en que este proyecto de ley no apunta al verdadero problema, que es la incapacidad del Estado, particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, para resguardar de forma adecuada los antecedentes bajo su custodia. Es de público conocimiento que la propia Fiscalía mantiene a 22 sumarios abiertos por filtraciones originadas dentro de sus filas. Presiones externas e internas. El Ministerio Público ha enfrentado presiones de grupos políticos, investigados, y el proceso de selección de fiscales y jueces ha sido identificado como una vulnerabilidad crítica con intervención de grupos políticos y falta de transparencia. El rol indispensable del periodismo en la no criminalización. Vamos a hablar de ejemplos de filtraciones importantes dadas a conocer por periodistas los últimos dos años. Casos audio y las filtraciones de Sergio Muñoz, la difusión de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla y las filtraciones sistemáticas de información reservada por el director de la PDI, Sergio Muñoz Hermosilla, fueron reveladas por el periodismo de investigación. Casos afectados incluyeron información sensible sobre la minera Dominga, corrupción a Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, casino Enjoy, Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura y Felipe Guevara, exintendente. Consecuencias directas. Estas revelaciones llevaron a la renuncia de Sergio Muñoz, el allanamiento de su domicilio y oficina y su posterior formalización por delitos de violación de secreto. El impacto. Estos casos demuestran con

El periodismo, a menudo basado en filtraciones, no solo expone la corrupción, sino que actúa como un catalizador para la acción judicial y la rendición de cuentas, poniendo en marcha mecanismos de justicia que de otro modo no podrían permanecer inactivos. Y la importancia de no tipificar ni sancionar a los periodistas en un contexto de falencia de la investigación judicial y un preocupante estado de corrupción: el periodismo independiente actúa como un contrapeso esencial, revelando casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Perseguir periodistas no resuelve casos de corrupción. La criminalización de los periodistas desvía la atención del verdadero problema, reiteramos, la incapacidad del Estado para proteger la información confidencial y combatir la corrupción desde dentro. Si los periodistas son disuadidos de informar sobre la corrupción y el sistema judicial enfrenta desafíos para procesar estos casos, este proyecto de ley, o ley Mortaza 2.0, como lo han puesto los gremios periodistas, actúa como un multiplicador de impunidad, permitiendo que la corrupción prospere con un riesgo reducido de exclusión o castigo. En la defensa de la democracia, nuestra Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile somos enfáticas en señalar que defender el periodismo independiente no es solo una cuestión profesional, sino una lucha por la democracia y el derecho fundamental de la ciudadanía. Y también quería agregar que yo escuché las palabras del senador Araya cuando decía en la reunión pasada qué pasaría si periodistas o medios fueran financiados por bandas criminales. Me leí todo lo más que pude, senador. Investigué en el mundo. Le preguntamos a Jiminy, inteligencia artificial de Google, y le preguntamos también a Chucky Petit para ver si encontramos. No existe ningún caso en Chile, encontramos solamente un caso en México que podría ser conducente a eso. Dentro de lo mismo, nos preocupa más la corrupción que existe en el Poder Judicial y en el Estado e inclusive se ha hablado del Parlamento. No lo tengo claro, no podría decirlo, pero eso es la preocupación. Sí, se le vio bien. Por intermedio del presidente, señor presidente. Perdón, presidente. Entonces, eso para nosotros, sin duda, lamentamos mucho que los colegas en esa reunión tampoco lo hayan señalado, porque se hizo una acusación como compleja en términos, puede ser ficticio o no ficticio, velando a futuro, pero nosotros prevalecemos los acuerdos de ética en términos de la profesión, así como los abogados y los parlamentarios. Y finalmente, nuestra apreciación es que habría que cuidar si se legisla, no extender el secreto más allá de la etapa investigativa, ni bloquear el acceso de intervinientes, tipificar con sujeto activo calificado, evitar delito de la prensa por la puerta trasera, ¿cierto? Y cláusula de interés público y exención para medios que no hayan cometido delito para obtener información, coherencia y transparencia en protección de datos. Y si se regula también que sean los tribunales no en un largo plazo, sino tiene que ser con fechas claras para dar a conocer la información, si ese es el rol del periodismo, dar a conocer la información. A nosotros no llega especialmente caso de filtraciones porque son mujeres periodistas las que han recibido noticias de las filtraciones y han sido acosadas. También han sido acosadas por políticos, han sido acosadas en redes sociales por estas filtraciones y es el deber del periodismo informar. Eso para el debate. Muchas gracias Patricia. Hay una serie de elementos que usted abordó y que han sido precisamente consideradas. Yo entiendo que efectivamente como no se han hecho llegar aún las indicaciones y en eso nuevamente quiero ser claro, no hay intención en este proyecto ni de sus firmantes de inhibir el trabajo de la prensa, sino de proteger precisamente el proceso penal y de quienes tienen principalmente, entre otros aspectos, porque esto modifica varios cuerpos legales, entre quienes tienen acceso a la carpeta investigativa no se produzcan las filtraciones de alguna forma con un cierto sentido de obrar en contra del proceso penal o de utilizar el proceso penal favorablemente, porque eso es lo que ha sucedido. No en todas las instituciones, pero sí…