En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, diputados. Las tasas 214 especial y 215 ordinaria se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta pública, el señor secretario dará la lectura de la cuenta y tiene la palabra, señor secretario.
Gracias, Presidente. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, en oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. En segundo lugar, se han recibido nuevas respuestas al oficio despachado en julio pasado por esta Comisión a todas las municipalidades del país para que formen una ordenanza para la entrega de prestaciones sociales y, en caso afirmativo, indiquen si incluyen entre los beneficiarios a migrantes en situaciones reguladas. Al respecto, se recibieron respuestas de las municipalidades de Talca, Alicanten, Ollagüe, Concepción, La Serena y Pudahuel. En tercer lugar, una carta de la Cámara de Comercio de Santiago a la Asociación Gremial, por la cual reiteran una solicitud de su gerente general, don Carlos Zublet, para participar como expositor en una próxima sesión de la comisión en la que desean abordar el tema del comercio ilegal, del control del comercio informal y la recuperación de espacios públicos. Hace presente que esta es la segunda reiteración de audiencia sobre el mismo tema. En cuarto lugar, un oficio del Ministro del Interior, mediante el cual responde un requerimiento de esta Comisión en orden a informar si se han dispuesto medidas en resguardo de la familia del exteniente venezolano, don Ronald G. Moreno, y de las demás personas de nacionalidad venezolana que viven en Chile como refugiadas en los términos que indica. En quinto lugar, un oficio de la Subsecretaria de Salud Pública en respuesta a una solicitud de esta Comisión en orden a informar sobre el número de fiscalizaciones realizadas al comercio ilegal en la región de Valparaíso en los últimos meses, señalando el presupuesto, la dotación de personal y de qué manera se coordina con la seguridad pública y con la delegación presidencial regional en cumplimiento de esa función. Y finalmente, un oficio de la Subsecretaria de Hacienda en respuesta también a una solicitud de esta Comisión para informar sobre el estado del proceso de evolución de gastos electorales derivados de las elecciones regionales y comunales del año 2024 y también cómo se está gestionando la trazabilidad si la cerrería o el servicio de impuestos enteros se ha coordinado con el CERVER para evitar multas injustificadas y, finalmente, explicar de qué manera se garantizará que las multas que se usen no se convertirán en una fuente de enriquecimiento ilícito para el Estado en razón de mecanismos creados por instituciones autónomas. Esa es toda la cuenta, Presidente. Muchas gracias, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta.
Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Berger, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a los demás colegas e invitados que tenemos para la sesión del día de hoy.
Señor Presidente, voy a plantear acá y compartir con usted y también con los demás integrantes de la Comisión una temática que afecta a organismos dependientes del Ministerio del Interior. Y como nosotros somos justamente una Comisión que en muchos casos, en muchas situaciones y también en proyectos de ley pasan, digamos, por esta Comisión, quiero exponer lo siguiente.
En reunión que tuve con la asociación de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la región de Los Ríos, se me hizo llegar una serie de preocupaciones por incumplimiento de compromisos básicos para mejorar sus condiciones laborales. Estos compromisos fueron asumidos por el ex subsecretario Monsalve y ratificados posteriormente por el subsecretario Cordero.
No hablamos de demandas desproporcionadas, sino de condiciones mínimas para trabajar dignamente. Por ejemplo, hoy en Los Ríos, los funcionarios están repartidos en distintas oficinas, compartiendo espacios con otras instituciones y sin condiciones adecuadas, ni siquiera para el acceso universal de personas con discapacidad.
En cuanto a tecnología, muchos equipos ya están obsoletos y algunos funcionan.
Incluso deben usar sus propios computadores, lo que compromete la seguridad de la información pública. Existe un plan de recambio de equipos que debiera incluirse en el presupuesto nacional. En lo humano, hay vacantes sin cubrir tras retiros y traspasos a las nuevas seremis de seguridad. Esto ha generado una sobrecarga laboral importante y debilitado la capacidad operativa de las delegaciones. A esto se suma una carrera funcionaria completamente estancada. Las delegaciones siguen reguladas por el Decreto de Fuerza de Ley del año 1959, sin modificaciones, lo que restringe las posibilidades de ascenso. Solo los profesionales abogados pueden acceder a grados 4, 5, 6 y 7, mientras que el personal administrativo tiene como tope el grado 14, esperando desde hace tiempo que este límite pueda ampliarse al grado 10. El proyecto de ley misceláneo que aborda esta materia se encuentra actualmente en trámite en el Ministerio de Hacienda. Esta situación no es exclusiva en la región de Los Ríos, se repite en todas las delegaciones regionales y provinciales del país.
Por eso solicito a esta comisión, señor presidente, invitar al presidente de FEDAMINSA, señor Esteban Tumba, para que pueda exponer con más detalle esta realidad que afecta gravemente al servicio del Gobierno Interior y al Ministerio de Seguridad Pública. He dicho, señor presidente, y le solicito que se tome el acuerdo para invitar justamente a este representante, el señor Esteban Tumba.
Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Berger. Pido el acuerdo de la comisión de lo que está solicitando el diputado. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Voy a tomar el acuerdo entonces, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Matías Ramírez tiene la palabra.
Gracias, presidente. El 4 de agosto del presente año, en la subcomisaría de la tenencia de Ujina, falleció el suboficial Pablo Pastel. Hasta el momento la información oficial da cuenta de que fue a raíz de una descompensación que sufrió a raíz de la altura. Pero, evidentemente, creo necesario oficiar y tener mayor antecedente respecto a al menos dos situaciones. Uno, sobre el control que hay respecto a los funcionarios policiales que trabajan en este caso en altura. Es conocido que, al menos en el sector minero, cada cierto tiempo se les hace controles de salud y chequeos a objeto de determinar, en este caso, sus competencias físicas para desarrollar este tipo de actividad. Y, en segundo lugar, la preocupación que se ha planteado respecto a las personas que viven en el sector sobre cómo Carabineros desarrolla su función en la tenencia de Ujina, particularmente porque indican que gran parte del apoyo que reciben no viene de la propia estructura de Carabineros, sino de una empresa privada, particularmente de la empresa minera Coyahuase, que incluso se hace cargo del pago del almuerzo de los funcionarios y funcionarias policiales. Entonces creo que es importante, atendido primero el lamentable fallecimiento de este suboficial, a objeto de que se pueda oficiar tanto al Ministerio de Seguridad Pública como a Carabineros de Chile, a objeto de que puedan dar cuenta respecto a esta información. En primer término, sobre los exámenes médicos que se les realiza al personal que presta servicios en altura; y, en segundo, las condiciones bajo las cuales se están desarrollando las prestaciones de servicio en la tenencia de Ujina. Para que, presidente, solicitaría si hay acuerdo de la comisión a objeto de oficiar.
Tomamos también el acuerdo entonces. Sí, hay acuerdo. Se toma el acuerdo.
Ofrezco la palabra sobre varios. Yo quiero solicitar varios por un tema que me preocupa mucho y que en la madrugada del día lunes, en la comuna de Cerrillos, se robó una automotora y se robaron más o menos 15 vehículos de distintas marcas. Lamentablemente,
Además de eso, se conoce lo que pasó con la banda de los Tijuana, que aparecen autos robados en Chile, en Venezuela. O sea, y esto lo que está pasando es que pasan por nuestra frontera y nadie se da cuenta. O sea, un auto, un vehículo, varios vehículos. Es como raro igual. O sea, a mí me llama mucho la atención y lo permeable que está en nuestra frontera.
La semana pasada tuvimos una sesión especial en donde vimos el tema de la... conducciones y reconducciones, pero esto llega al extremo de que pasan vehículos nuevos robados y llegan hasta Venezuela y nadie se da cuenta y nadie hace nada. Entonces tenemos un problema grave, creo yo.
Según informes oficiales, muchos de estos vehículos robados en Chile, como camionetas Toyota y distintas marcas de vehículos, ya no se limitan a Bolivia como destino. Una parte significativa termina en Venezuela. Y la operación no es menor, los vehículos robados llegan a Venezuela y se venden allí a precios que en algunos casos superan los 80.000 dólares, muy por encima de su valor en el mercado chileno.
En Venezuela, desde abril del 2019, rige un decreto, el decreto 3788, emitido por el presidente, o sea, para mí no el presidente, pero Nicolás Maduro, que autoriza el ingreso de vehículos nuevos usados hasta cinco años desde el extranjero. Siempre que estén debidamente homologados, esta norma ha sido aprovechada por las bandas criminales para legitimar la entrada de autos robados.
Yo quiero solicitar a esta comisión una sesión especial por estos temas, porque ya no solamente estamos hablando de lo permeable que son las fronteras con personas, sino que también con vehículos robados y que no solamente conocíamos el caso de que llegaban a Bolivia, pero que lleguen a Venezuela, de verdad que lo encuentro insólito y me gustaría que esta comisión tenga un acuerdo, si es que podemos invitar al ministro de Seguridad, invitar a Carabineros de Chile para ver qué información tienen al respecto de esto, al director de PDI y al director de Migraciones también. De verdad lo encuentro insólito. No sé si están de acuerdo como comisión.
Diputado Mesa tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias. Yo creo que nosotros no podemos seguir jugando a Tommy Jerry acá en esta comisión. Que perseguimos al gato, el gato se arranca, después somos amigos del gato. Aquí el gobierno tiene todas las facultades para cerrar las fronteras, todas. Hemos hecho todas las sesiones especiales que se han necesitado. Hecho todas las sesiones especiales para avanzar en los proyectos de ley que el gobierno quiere. Y aún así nuestras fronteras parecen un queso, lleno de agujeros por el que entra y sale cualquiera. Entonces, si vamos a volver a tener una nueva sesión especial, en la que va a venir el Ejecutivo, nos va a pedir secreto de la sesión y nos va a dar pura excusa, puros panadoles, mejor esperemos que llegue el próximo gobierno nomás. Porque este gobierno no está dando el ancho.
Yo también invito a los que acá hacen la encachada del perro flaco a que se pongan firmes con su propio gobierno y le pidan explicaciones al presidente de la República y a sus ministros. Porque no puede ser que acá dentro de la Comisión nos pongamos enojados y después afuera bailemos cueva con la continuación de este gobierno, presidente.
¿Ha habido el acuerdo para poder hacer la sesión especial? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿No? Si no hay acuerdo, ¿se vota? Vota sí o no, entonces.
Sí, votemos, si es que hay que ingresarla. Demos unos minutitos. Lo permeable de las fronteras, los robos de vehículos en Chile, que aparecen los vehículos en Venezuela, y lo permeable que están las fronteras nuevamente.
Hay un proceso ahí, una investigación del tema de los vehículos. Vamos a hacer una investigación especial por moto. O sea, es nuestra labor de fiscalizar.
Perfecto. No, no va a funcionar eso. Votemos. Usted nos avisa, secretario.
En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Bueno, se hizo, obvio. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? No hacen nada. Claro. Sí. O sea, hay gente que no quiere verla acá, efectivamente. Que a mí me parece insólito, porque es nuestra labor de fiscalizar. En votación. A favor de la sesión especial, solicitada por el presidente. Se cierra la votación. Siete a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Aprobado entonces y se toma… Si es que quieren más invitados, diputados, diputadas, se acoge la solicitud.
Diputado Mesa, ¿tiene la palabra? ¿Está pidiendo la palabra, diputado Mesa? ¿Tiene la palabra, diputado Mesa? Ya. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿No hay más palabras sobre varios? Entonces pasamos a la orden del día.
La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El primer punto es continuar la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, para incorporar mecanismos de control del comercio informal (boletín 17.615-06, vencimiento de la urgencia 21 de agosto). Para esta iniciativa ha sido invitado, en representación de la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, el subdirector jurídico, señor Marcelo Freyhofer. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Está aquí presente y agradezco su…
Diputada Joana Pérez. Bien, gracias, presidente. Mire, yo no voy a objetar porque creo que es un tema importante, que estamos acompañando y todo, pero me gustaría saber qué tiempo le vamos a dar porque entendemos que tenemos un proyecto que hay un compromiso de votar hoy día y despachar. ¿Se entiende que le vamos a dar todo el cuero para mantener o va a haber voluntad de dilatar? Damos media hora a la primera parte, 20 minutos, no sé, porque me gustaría cómo lo vamos a ordenar. La vez pasada nosotros estuvimos de acuerdo, pero es bien distinto los tiempos que le dejamos a tal proyecto. Me gustaría si lo puede clarificar, ya que venimos a despachar un proyecto de voto obligatorio, multa y lo que está en el boletín 1305.
Así es, diputada, vamos a dar una hora a este punto y una hora al siguiente punto. Tengo que hacerlo así por el reglamento, porque este proyecto de ley tiene urgencia, el otro proyecto no tiene urgencia; sin embargo, hay un compromiso, el cual vamos a poner en votación y como corresponde. Así que vamos a escuchar al subdirector del Servicio de Impuestos Internos y, una vez que termine de exponer, pasamos al siguiente punto para la votación.
No establece, digamos, que había que poner en tabla el proyecto sobre el control del comercio legal, pero sin fijar, digamos, necesariamente un tope horario. O sea, nos quedan 40 minutos de hecho, porque hasta las 4 tenemos hora. Entonces, en realidad, ya tenemos 20 minutos menos. Así que en ese sentido yo creo…
No debería haber problema. Sí, quedan 40 minutos. Claro. Así que le ofrezco la palabra al señor Marcelo Freihofer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Vengo como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos a traer nuestros comentarios de la forma más precisa que se pueda respecto del proyecto de ley sobre control del comercio informal, dando más facultades a alcaldes y municipalidades en relación con una modificación entonces a la ley 18.695 orgánica de municipalidades.
Lo primero, el marco regulatorio en materia tributaria en esta materia. Como ustedes saben, el artículo 97 del Código Tributario es el que contiene en general el catálogo de infracciones y delitos en materia tributaria. Los delitos más relevantes que tienen las penas más grandes están relacionados con, por ejemplo, subdeclaración de ingresos, procedimientos maliciosos en general encaminados a evadir impuestos, el aumento del crédito fiscal que trae como objeto también la disminución del pago del impuesto, la obtención de devoluciones indebidas, la omisión de declaraciones de impuestos.
Y dentro de este catálogo hay dos figuras que están directamente relacionadas con Gracias. la persecución y sanción del comercio irregular desde el punto de vista del rol de impuestos internos, que son la figura de 97 número 8 y 97 número 9 del Código Tributario.
97 número 8 sanciona lo que se denomina el comercio irregular, vale decir, cuando el comercio se ejerce a sabiendas respecto de especies que no han cumplido previamente con sus obligaciones de declaración y pago de los impuestos. Ahí se establece al efecto una sanción en multa del 50 al 400% del monto de los impuestos debatidos y una pena privativa de libertad que va de 61 a 541 días.
Y la otra figura, que puede ser parecida pero que no es lo mismo, es el delito de comercio clandestino, artículo 97, número 9, que se refiere a una actividad oculta, al ejercicio de asabiendas de una actividad de manera efectivamente clandestina respecto de la autoridad tributaria, es decir, quien ejerce la actividad comercial sin haber hecho inicio de actividades, sin haber hecho los trámites correspondientes para la correcta formalización como contribuyente. Y ahí la pena es más alta de una unidad tributaria anual a 10 tributarias anuales y especialmente la pena de presidio va de 61 días hasta 5 años. con el comiso como pena, y esto es importante tenerlo presente para los comentarios que vienen más adelante.
El servicio en trabajos colaborativos con el Ministerio Público, con el Servicio Nacional de Aduanas, con carabineros, es bastante activo en el ejercicio de la acción penal respecto de estos delitos.
El año 2024 se presentaron querellas respecto de 69 querellados por ambos delitos. y el 2025 ya, perdón, 2471 querellados y 2025 vamos en 69 querellados por este tipo de delitos.
En los ámbitos donde normalmente se está ejerciendo este tipo de figuras, tiene que ver con el comercio clandestino o irregular de mercaderías tales como el tabaco, cigarrillos especialmente, y en el ámbito de la pesca también hay algunas acciones que han tenido avance y éxito, toda vez que muchas veces van relacionados con, especialmente en materia de cigarrillos, con el contrabando.
Entonces se configura un concurso de figuras penales. También es un marco normativo interesante para fines tributarios. La Ley sobre Comercio Ilegal del año 2022, número 21.426. que tiene un ámbito de aplicaciones e infracciones a la propiedad intelectual, industrial, receptación, comercio ilegal y clandestino. ¿Por qué creemos que es importante? Porque reforzó facultades de fiscalización, tanto para policías, inspectores municipales y funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos para solicitar permisos municipales, cuestión que no existía previamente, o sanitarios.
para solicitar documentos que acrediten el origen de los productos. Entonces, ahí hay un avance importante con esa ley. Y desde otro punto de vista, en relación con el comercio informal, habilitó a carabineros y a la Policía de Investigaciones para presentar directamente denuncias al Ministerio Público. Recordemos que en materia tributaria, y particularmente relacionado con los delitos tributarios... La norma general que contempla el Código Tributario es que el ejercicio de la acción penal, tanto para denuncias como para querellas en materia de delitos tributarios, es exclusivo del director del Servicio de Impuestos de Interés, pero como una forma de agilizar la investigación respecto de estas materias, en que no cabe duda que la necesidad de la intervención del Ministerio Público, Carabinero y la Policía de Investigaciones pueden directamente ocurrir ante... el Ministerio Público sin necesidad de querella previa del servicio. Además, la ley permitió el decomiso inmediato de mercancías y herramientas utilizadas.
Voy directamente a los comentarios respecto de las materias que mayor impacto en la labor del servicio tiene el proyecto de ley comentado en curso. El decomiso sin condena previa. Señala el proyecto que para el cumplimiento de las funciones, las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones y agregan en el artículo 5º una letra P de facultades de comisar sin necesidad de condena previa, no como ocurre con el 97.9 del Código Tributario, todos los productos que se vendan en espacios públicos sin la debida autorización del municipio y los carros de comida que no cuenten con los permisos correspondientes. En ambos casos se podrá destruir los objetos obtenidos de dicho comienzo.
Esta norma nos parece de especial interés, queriendo comentar primero que el servicio está presente en la fiscalización de este tipo de comercio irregular, pero dadas sus facultades tiene limitado, por ejemplo, el poder efectuar incautación de las mercaderías, efectuar decomiso de los mismos y efectuar destrucción de las mismas. Por eso parece interesante que se pueda otorgar a funcionarios municipales la facultad de comiso de las mercaderías e incluso de destrucción de las mismas.
La labor de impuestos internos, fundamentalmente respecto de lo que conocemos como comercio ambulante informal, tiene que ver fundamentalmente con poder recoger información en unos operativos que son normalmente coordinados con delegaciones presidenciales, con municipios, con la policía, carabineros, la policía de investigaciones y, con la información que se va catastrando, con el catastro de contribuyentes, o de comerciantes más bien, que están ejerciendo esta actividad en forma ilegal, se puede iniciar una fiscalización. El foco de la fiscalización tenemos un nuevo foco desde el año pasado, al crearse una unidad al interior del servicio de crimen organizado. Dentro de los focos de trabajo de esta unidad de crimen organizado está precisamente la provisión del comercio informal.
Nuestro interés, como se ha comentado muchas veces, es definitivamente perseguir la ruta del dinero en estos fenómenos y, sin perjuicio de poder efectuar alguna fiscalización, cursar infracciones respecto de los comerciantes que están en los espacios públicos, poder llegar fundamentalmente a los proveedores y a quienes manejan y tienen mayores beneficios de este sistema, proveyendo en forma ilegal de mercaderías generalmente falsas al comercio que está establecido en las cámaras. Eso nos ha permitido, por ejemplo, en esta fiscalización identificar a cinco grupos económicos que están en este rol; son entre 18 y 30 contribuyentes como proveedores del comercio informal y, respecto de los cuales, estamos ejerciendo acciones judiciales o preparando acciones judiciales para presentar dentro de los próximos meses.
Adicionalmente, en esta lógica de perseguir la ruta del dinero y donde hay una clara diferencia entre lo que el contribuyente declara y lo que son sus ingresos, a partir de este catástrofe de información estamos desarrollando ya este año 37 auditorías en todo el país con hipótesis de fiscalización asociadas a proveedores del comercio informal. Es una estrategia nueva del servicio, fortalecida.
la unidad de crimen organizado interno y que es donde estamos queriendo perseguir, donde se generan este comercio con los proveedores que están efectuando importación, regular o irregular, pero que después, derechamente, pasa al mundo del comercio clandestino o que no cumple con los requisitos legales.
Comentando derechamente esta propuesta, entonces, como impuestos internos, se estima que constituye una facultad necesaria para hacerse cargo del destino de las especies respecto de las que se quiere hacer comercio informal. Como comentaba, impuestos internos tienen esa dificultad. Tenemos una facultad de incautación muy acotada respecto de bienes que está radicada respecto de especies que están siendo objeto de un traslado de bienes entre un lugar y otro por la vía de una figura infraccional que está en el 97 número 17, pero en ese ámbito específico, y no se regula en esa normativa la destrucción.
Entonces, una normativa que pueda ser, por supuesto, fortalecida, mejorada con las indicaciones de los honorables diputados y diputadas en esta comisión, por ejemplo, sería bastante útil en términos de poder declarar y que se pueda aplicar efectivamente el comiso de estas especies y también su tratamiento en cuanto a su destrucción.
Un tema a comentar práctico muchas veces para cuando se habla del comiso, incautación de bienes, se olvida respecto de la capacidad que hay para efectuar este comiso, o sea, concretamente, dónde se va a efectuar esta incautación, dónde van a quedar las mercaderías, cuál va a ser el proceso de destrucción, concretamente la infraestructura con la que contamos para efectuar aquello.
Se alinea en esa línea con la estrategia que estaba comentando respecto de la persecución penal de estos delitos y con perseguir también los efectos patrimoniales de los delitos.
Hay otras modificaciones que contempla el proyecto, más generales, respecto del artículo 63 letra G, el artículo 67 y el artículo 104, que en general son modificaciones para dar mayores facultades para analizar, otorgar, suspender permisos municipales y su fiscalización. Son naturalmente muy razonables las facultades que se otorgan para hacer un mejor seguimiento de los permisos municipales y fiscalizarlos.
Una sugerencia desde el punto de vista de impuestos internos, considerando la regulación que tenemos también nosotros en el Código Tributario, es que cuando se regula la fiscalización es conveniente también regular no solo establecer que hay facultades de fiscalización, sino cuál es el procedimiento de fiscalización y cuáles son los medios de fiscalización. Acá hay uno muy claro que se establece, que es el comiso y la facultad de destrucción; pero, desde el punto de vista de cómo ejecutar aquello, puede ser necesaria una mejor regulación respecto de los medios, los instrumentos, los plazos, quién va a estar a cargo de certificar, por ejemplo, la debida destrucción y que los bienes no hayan tenido una finalidad, en definitiva, distinta en la práctica.
Entonces, sin perjuicio de ser buena la normativa, creo que hay que complementarla con una normativa más específica en esas materias, de manera que quede algo que se pueda aplicar con claridad y no quede sujeto a alguna interpretación que después pueda ser discutible ante autoridades administrativas, contralorías o ante los tribunales.
Por otra parte, el proyecto contiene una serie de regulaciones en cuanto a fortalecer las facultades del municipio respecto de la recuperación del espacio público y cómo controlar en ese espacio público las acciones contra el mercado informal. Se otorgan facultades para la recuperación de estos espacios afectados por comercio informal, la posibilidad de designar delegados para disminuir el comercio informal e incorporar el comercio informal como parte de los planes comunales de seguridad pública.
En la mirada del servicio de impuestos internos, por supuesto que esto favorece la actividad de la institución. Apuntan a una mayor prevención y a una mejor detección del fenómeno de comercio informal, pero, fundamentalmente, podrían generar las condiciones para que el servicio de impuestos internos ejerza su fiscalización con mayor seguridad y mayor tranquilidad.
Cuando ese espacio público no es seguro, el Servicio de Impuestos Internos tiene necesariamente que, para poder fiscalizar, recurrir a autoridades del auxilio de la fuerza pública en términos concretos, carabineros. Hay coordinación también con las municipalidades, pero se dificulta cuando el espacio público es inseguro. Y a veces esa colaboración de carabineros, de fuerzas municipales… naturalmente hay que coordinarla por las distintas necesidades y demandas que tienen las distintas policías. Por lo tanto, espacios públicos seguros también aseguran un mayor despliegue de una fiscalización en terreno que está en alza.
En números generales, la fiscalización de impuestos internos el último año se ha incrementado en tres veces. Y lo mismo las clausuras: hay un fuerte impulso a la fiscalización del cumplimiento tributario en terreno, con del orden de, a esta altura del año, 10.000 denuncias, que es lo mismo que se había logrado el año pasado en todo el año. Clausuras también hay un número importante en ese sentido.
Pero para poder desplegarse, el servicio necesita que los funcionarios que no están provistos de la facultad de portar armas ni de nada especial para defenderse puedan contar con espacios seguros. Y en ese sentido la moción apunta en el sentido correcto, no solo para la ciudadanía, sino también para el ejercicio de nuestras facultades fiscalizadoras.
Y finalmente, algunas ideas generales respecto del proyecto, para que pueda ser, si así lo estiman los honorables diputados y diputadas, los planes de fiscalización. Se habla en el proyecto de que se desarrollen planes de fiscalización. Desde el punto de vista nuestro, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un plan de fiscalización anual y es importante que esta materia involucra una acción que, para ser exitosa, sea coordinada con delegaciones provinciales, con gobernadores, con municipios, con aduanas, con impuestos internos, con carabineros. Considere planes anuales que habiliten especialmente una coordinación con organismos como el puesto de internos, donde nosotros estamos muy focalizados en, desde el punto de vista del crimen organizado, perseguir esta ruta del dinero y el origen de estas actividades ilícitas y la posibilidad de perseguir penalmente a través de los delitos tributarios.
Y además que exista también una consideración en el mismo proyecto respecto de cómo hacer el seguimiento y evaluación de estos planes. No solo que existan estos planes, sino que también dentro de la normativa se pueda fijar mecanismos para que existan concretamente indicadores de resultados respecto de los planes que se desarrollan.
Señor Presidente, eso es mi exposición en representación del servicio y quedo a disposición en caso de cualquier pregunta. Gracias, don Marcelo Frey-Jose, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas que tienen dudas.
Gracias, presidente. Agradecer la exposición concisa, pero no por eso menos importante. Nos vuelve a poner en la palestra la importancia que tiene perseguir la ruta del dinero, perseguir los patrimonios, identificar el origen de esos patrimonios, porque todos sabemos que parte de las denuncias que han venido paralelamente al tema del comercio informal tienen que ver precisamente con que son del mismo origen, ¿no?
Se dice que hay un único distribuidor que reparte y que entrega mercadería, por ejemplo, en los centros cívicos como Estación Central y algunos lugares.
Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante, a propósito de lo que plantea su director, respecto de los decomisos, pero también lo que plantea respecto de perseguir la ruta del dinero.
Y ahí yo quiero hacer una pregunta, porque hay un debate no menor respecto de levantar el secreto bancario. Y ahí es donde, en este comercio que es tan ágil, que se mueve tan rápido, que uno no alcanza a identificarlo y se puso en un lugar, se puso en otro, ¿verdad? Y que hay detrás también un presunto lavado de dinero, lavado de activos. Hay una presunción de delito.
Y ahí es donde nosotros hemos planteado con fuerza la necesidad de que el OASF, frente a la sospecha de un delito, de un tráfico, de que esté detrás de este dinero, el crimen organizado, se permita, así, en un proceso judicial, que es lo habitual, poder activar rápidamente el levantamiento del secreto bancario con estos, ¿cómo se llama?, emprendedores, voy a decir entre comillas, quienes finalmente hacen funcionar el comercio ilegal. A mí me gustaría saber cuál es la posición, cómo ven ustedes desde el Servicio de Impuestos Internos la posibilidad de que a la UAF se le pueda habilitar la herramienta del levantamiento del secreto bancario a través de la presunta sospecha de que puede haber acá un delito en este comercio ilegal. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición del subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Nos viene un poco a reforzar lo que ya nos habían mencionado desde el AMUR respecto a las facultades de comiso, que claramente tienen que ser ampliadas a más instituciones, municipios, servicios de Impuestos Internos.
Presidente, si pudiera solicitar silencio. Por favor, orden en la sala, silencio, por favor. Gracias. Diputada Muzante.
Me parece que es un tema muy importante porque el día de ayer veíamos cómo acá mismo en Valparaíso finalmente el comercio informal se utiliza muchas veces como una fachada para encubrir bandas de crimen organizado y en particular quiero referirme a la actividad de narcotráfico. Entonces, si es que ya existen antecedentes o cuando hay elementos suficientes que permitan hacer una presunción, podría ser una presunción simplemente de derecho; por qué no el servicio podría tomar acciones como, por ejemplo, lo que plantea la diputada Mix, que a mí me parece de toda lógica o de todo sentido, y que, claro, siempre existe la alternativa de destruir esa presunción, pero que hay que actuar con rapidez, porque finalmente hoy día detrás del comercio informal se están escondiendo estas bandas de crimen organizado de narcotraficantes que están operando a través de esta fachada del comercio informal. Pero el día de mañana puede ocurrir con otra actividad comercial. Entonces yo creo que en eso el servicio desde hoy debiese contar con las atribuciones suficientes, sobre todo lo que tiene que ver con perseguir rápidamente la ruta al dinero. Entonces también me gustaría saber cómo lo evalúa el subdirector jurídico, ya que respecto de las atribuciones de comiso creo que con esta exposición más de la MURE hemos quedado bastante completos de cómo tenemos que seguir complementando este proyecto de ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Muzante.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Respecto a lo consultado por la diputada Mix, efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos tiene hoy un acceso a la información de cuentas corrientes bancarias, pero como usted misma señalaba, no es un acceso directo. Es un acceso que, en cuanto al procedimiento general de fiscalización, implica un paso por, primero, ir hacia un contribuyente y preguntarle si está dispuesto a entregar la información y, si no está dispuesto o no responde, ir a tribunales en un procedimiento que es bilateral. Por lo tanto, implica también notificar al contribuyente, poder un término de prueba y, en ese sentido, no es muy expedito. Cuando se ha aplicado ese procedimiento ha variado desde dos meses hasta dos años la duración de ese procedimiento y eso significa que es totalmente poco oportuna la información si es que se llega a otorgar. En la ley de cumplimiento tributario aprobada el año pasado, cuando hay recopilación de antecedentes por delito tributario, se estableció un procedimiento simplificado que ya no es bilateral, sino con la sola intervención de Impuestos Internos ante el juez, juez tributario y abanero, requiriendo este acceso.
Y ese procedimiento sí es bastante más expedito, son cinco días en que tiene que pronunciarse el tribunal, pero nos hemos encontrado con un par de dificultades que creo que se pueden salvar con alguna modificación. Una, que muchas veces el impuesto interno no tiene, necesita tener el acceso a la cuenta corriente bancaria en estos procesos de recopilación de antecedentes por crédito tributario, pero el dato de dónde está esa cuenta corriente no lo tenemos y hay que hacer consultas previas a otros organismos relacionados. Y ahí nuevamente es tiempo que se pierde. Y lo otro, que la ley quedó con un tema que en la práctica puede frustrar, es tener acceso a la información, que es que una vez que el tribunal concede el acceso a la información bancaria y se lo notifica al banco, luego de entregada al servicio, el banco le tiene que informar al contribuyente. Y entendremos si aquí estamos persiguiendo organizaciones criminales. muchas veces incluso son inmigrantes que pueden tener redes en otros países, el saber que hay un proceso de impuestos internos encaminado a una querella lo puede llevar a adoptar distintas medidas para su propio resguardo personal o hacer diluir su patrimonio, por ejemplo, de distintas medidas. Entonces, estamos avanzando de todas maneras como se procede bien, todos hemos efectuado presentaciones a tribunales, nos ha ido bien, pero tiene esas particularidades. Ahora, respondiendo su consulta como la de la honorable diputada Monsante, efectivamente lo que existe en la mayoría de los países, y de la OCDE por cierto, es que impuestos internos, la unidad de análisis financiero, bajo ciertos supuestos de casos de, como bien decía la diputada Monsante, bajo ciertos supuestos de presunciones, de indicios, tiene un acceso directo a esta información. No hay paso por tribunales, sino que simplemente se requiere y se accede en plazos muy breves o simplemente forma parte de las bases de datos del servicio. Es algo que está en otros países, yo no me puedo denunciar tan derechamente porque ya es labor legislativa, nosotros somos un organismo que está para la aplicación y fiscalización de las leyes. Pero sí constatamos esa diferencia y que esa facultad de tenerla sería muy útil en cuanto a la agilidad de los procesos y poder específicamente en este objetivo de perseguir la ruta del dinero ser mucho más eficaces, mucho más oportunos en esa labor.
Gracias, Subdirector Jurídico del Servicio Impuesto Interno. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix.
Gracias, presidente. Me parece muy interesante esta conversación porque finalmente necesitamos que todos los organismos actúen de forma coordinada, pero entregándole a las herramientas. Aquí se ha intentado hace mucho rato ridiculizar este planteamiento del secreto bancario casi con la tarjeta VIP y que sepamos lo que la gente compró el pan y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el fondo del problema. Y asimismo, escuchábamos hace pocos días esta organización de peruanos de los pulpos que había logrado desde la informalidad parar una empresa que terminó adjudicándose un servicio de aseo en una municipalidad de Santiago, Recoleta, y que terminó ser puras personas que tenían antecedentes policiales de secuestro, homicidio, etcétera. ¿Cómo hoy día usted desde el servicio de impuestos internos, en la iniciación de una actividad económica, qué antecedentes frente a esta posibilidad de una amenaza, de una alerta, de que pudieran organizaciones internacionales parar emprendimiento, voy a decir emprendimiento entre comillas, porque un emprendimiento no es quien presta un servicio en una licitación en un municipio, pero estamos hablando de que seguramente parten como en estos servicios más básicos, pero terminan siendo un comercio legal, pero que con poca identificación de los orígenes de los dineros. Entonces, yo me refiero a este caso puntual porque fue bien llamativo ver que de a poquito empezaron a crecer como empresa, prestando servicio al alero del crimen organizado y sin nadie que pudiera cuestionar el origen de esos recursos. Yo insisto, estas son las alertas que nosotros buscamos a través del levantamiento del secreto bancario.
Me imagino que si uno iba a preguntarle al cabecilla de los...