Senado - Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía - 13 de agosto de 2025

En el nombre de Dios y la Patria, damos inicio a la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. Saludamos a los señores senadores de Reventería y senador Gaona. También saludamos al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves, al coordinador legislativo, Tomás Mendoza, a la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, señora María Graciela Veaz. ¿El secretario tiene cuenta? Sí, presidente. Se han recibido diversos oficios de la señora subsecretaria de Agricultura, subrogante, los cuales en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuestos, informa sobre proyectos postulados y adjudicados de eficiencia hídrica y restitución a la fuente de origen, número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la CNR, número y porcentaje de ubicación geográfica, características y dimensiones de las obras que acceden a los fondos CNR e INDAP, superficie en hectáreas de riego a beneficiar y activos de los beneficiarios. Como decía, es un cumplimiento de glosas de la ley de presupuestos. Por otra parte, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, ha solicitado exponer ante la comisión en relación con las indicaciones recaídas en el proyecto sobre el uso de agua mar para desalinización y asimismo remitió el documento prospectiva de mejora para el proyecto de ley y su presentación.

en el marco del boletín 11.608.09, el cual fue oportunamente enviado a vuestros correos. Eso es, señor presidente, la cuenta. Y referente al proyecto que vamos a ver el día de hoy, el boletín 11.608.09, ¿no se nos oriente para dar la palabra al Ejecutivo? Perfecto. Bueno, este proyecto había sido objeto de indicaciones, cuatro indicaciones del Ejecutivo que fueron formuladas el día 8 de julio. El día de ayer se abrió un plazo de indicaciones en el cual se presentaron también por parte del Ejecutivo dos nuevas indicaciones y se retiraron las indicaciones que abordaban los mismos temas. Esto es lo que decía relación con la causida la concesión, por una parte, que se había presentado una indicación que fue retirada, como digo, por el Ejecutivo el día de ayer y se viene presentando un nuevo texto sobre la materia, ahí seguramente se explicará, tiene una modificación bastante menor. Y también se retiró la indicación relacionada con el plan de cierre, presentándose un texto que sí aborda la materia. Con algunos cambios que también serán explicados en su minuto. Entonces, señor presidente, lo que correspondería sería, en primer lugar, proceder a la votación de las primeras dos indicaciones, también del señor presidente de la República, que reemplazaba a 1 bis el inciso cuarto del artículo noveno, y por otra parte, la 2 bis del presidente, que modificaba el artículo 34 sobre sanciones. Entonces, señor presidente, no sé si usted estima pertinente votar la indicación 1 bis y 2 bis, que son las que no tienen ninguna problemática mayor, y después proceder a revisar las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo sobre cauce de plan de cierre, que, como digo, dicen relación con las materias que estaban en la indicación anterior y que fueron retiradas. Perfecto. Le damos la bienvenida al senador Cusselt. ¿Les parece bien, senadores, que votamos esta indicación y que no han tenido ninguna modificación, que no han tenido ninguna indicación? Parece que estamos todos de acuerdo. Entonces, tome la votación, secretario. Perfecto. No sé si... Perfecto. Vamos a tomar entonces la votación de... Vamos a votar las primeras dos indicaciones que no fueron objeto del retiro de indicaciones de ayer, que dicen en relación con el plan de caucía y plan de cierre, que son los temas de fondo que se van a ver. Entonces cabría votar la primera indicación, que igual la voy a leer, por supuesto, que es la 1 bis de su excelencia el presidente de la República, que reemplaza el inciso cuarto del artículo noveno. El artículo noveno, y hago un debate sobre esta materia en la sesión anterior, aborda la determinación del aporte para consumo humano y o saneamiento. El INSEE propone entonces reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. Los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado por la superintendencia de servicios sanitarios o por la subdirección de servicios sanitarios rurales, según corresponda. Las obras y los costos de operación y de mantención requeridos para la extracción, potabilización de aguas y para su transporte hasta el punto de consumo serán de cargo de los sistemas sanitarios respectivos. No sé, Carlos, si en este caso se puede aprovechar, perdón, Sergio, algo corto. Después de concesión, en ese caso, cabría o destinación, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero esta indicación no sufrió ninguna alteración. Sí, pero hay una parte, por eso mismo, presidente, yo quisiera saber si el Ejecutivo, yo estoy dispuesto a aprobar esta indicación con modificaciones muy breves. En la parte donde dice el agua portada, el cual será determinado por la superintendencia del Servicio Sanitario. Me gustaría que se incorporara mediante un sistema de cálculo transparente.

Eso me gustaría que se... yo no sé si el escrutinio está dispuesto a que se pueda aprobar la indicación con esa pequeña adecuación. ¿Cómo quedaría, según usted, senador? Los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado mediante un sistema de cálculo transparente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. O sea, en el fondo lo único que se agrega es que este cálculo sea mediante un sistema transparente. Transparente. Será bastante obvio el ejecutivo, a ver qué es lo que dice el ejecutivo, que es bastante obvio que cualquier modificación, cualquier cambio tiene que ser lo más transparente posible, porque estamos hablando de que el costo identifica el producir el agua potable. Siguiente, esto fue planteado por el senador Gaona cuando discutimos este punto y lo que yo entendí que habíamos quedado es que efectivamente se hace una adecuación cuando se votara. Y nos parece razonable. Sería razonable. Y aprovecho de señalar que también lo que al principio señaló el secretario de la Comisión, de que en este caso debería decir el titular de la concesión o destinación solamente. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en eso, entonces el secretario toma la votación, va a ir avanzando. Una pregunta, ya que estamos en este artículo, no sé si también, aprovechando que estamos en este artículo, en el inciso que viene después, Carlos, donde dice un reglamento dictado por el Ministerio de las Públicas, establecer los criterios para determinar cuando sea procedente o contemplar un aporte de agua desalinizada para consumo humano y o saneamiento como una condición para el otorgamiento o el ejercicio de una concesión, ¿también agregamos ahí o destinación? En ese caso no sería necesario. ¿Eso está en la primera columna de la izquierda? ¿Si es que vale la pena hacerlo ahora o lo dejamos de frente para después para que el Ejecutivo pueda revisar el trámite que corresponda todas las veces en que es necesario ponerlo? En principio, presidente, las facultades del Estado en esta materia... sus obras no son para la minería o para grandes industrias, sino que están justamente vinculados con esta preocupación. Es por lo que no aparece. Ahora que aparezca, no hace ningún daño. Entonces, es una decisión, si le parece, se puede agregar también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué diría yo? Saneamiento como una condición para el otorgamiento de lo que hizo una concesión o destinación en recuerdo del interés público. ¿Estaría así? Ya. Entonces aprovechamos toda vez que se va a aprobar con modificación. Con modificación. Claro. Entonces, presidente, lo que cabría votar serían esas dos modificaciones menores y el agregado que se propuso para que el texto sea: Los prestadores u operadores sanitarios pagarán al titular de la concesión o destinación un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua aportada, el cual será determinado mediante un sistema de cálculo transparente por la superintendencia de servicios sanitarios, etc. Sí, le damos la bienvenida a la señora Provoste, le explicamos que vamos a votar una indicación. Los que no sufrieron modificaciones, solamente una pequeña modificación de la redacción. Claro. ¿En la página 2 se agradecen ahora? En la página 2, en la columna al medio, solamente se agregaría, bueno, donde dice concesión o destinación, para completar esa frase, lo mismo en el inciso que viene después, también se agrega concesión o destinación, pero lo importante es que se agregó. Después de los prestadores de operaciones sanitarios pagarán al titular de la concesión un valor no inferior al costo marginal de aquella parte del agua abortada, el cual será determinado lo que se agrega mediante un sistema de cálculo transparente, por la superintendencia de servicios sanitarios y así sigue. Solamente eso se está proponiendo agregar. Bueno, por ahí me basta con que quede un sistema de cálculo transparente. No, no, ahí ya es un problema. Por eso, tome la votación, no más, presidente, secretario. Entonces se pone en votación la indicación 1 bis con las enmiendas a las que se hizo alusión.

¿Prepentería? ¿Senador Sercuche? ¿A favor? ¿Senador Siorgaona? ¿A favor? Perfecto. ¿Senadora, señora Proboste? Sí, presidente, esta es una indicación del Ejecutivo. Uno podría entender que cuando es una indicación de un parlamentario no incorporen los temas de reglamento porque son facultad exclusiva del Ejecutivo, pero llama la atención que en una indicación del Ejecutivo no se cierre completamente lo que queremos alcanzar. Entonces, cuando uno mira, y uno podría hacer un espejo respecto de la Ley General de Servicios Sanitarios, se establece cómo son los cálculos de tarifa, porque solo el concepto de transparente, si es que no va asociado a cuáles son esos estándares, no da garantías de que sea un proceso transparente. Entonces, llama la atención que aquí ni siquiera se haga referencia a un reglamento que fije aquellos elementos prescientes. Sí, pero yo... El Ejecutivo, ¿eh? No, como estamos... Votación. Ah, ya, estamos en votación, perdón. No es tarifa. Sí, pero no es tarifa. No, no, no, pero es... Pero es cálculo de cuál va a ser el aporte, presidente. No, pero es diferente. Yo estoy hablando con el Ejecutivo. ¿Esto es diferente, senadora? No, tengo que decir. Ya, a favor. Muy bien, entonces, aprobada la indicación 1 bis, con modificaciones que fueron señaladas con la abstención de la senadora, señora Robote. Correspondería a continuación dirigirse en el comparado que tienen los señores y la señora senadora. Página 3. La página 3 al artículo 34, que es en el que recae la indicación 2 bis de su excedencia del presidente de la República, que lo modifica en el sentido que señalaré. El artículo 34 se refiere a las sanciones y la propuesta del Ejecutivo es reemplazar en el literal A. que dice relación con las infracciones gravísimas, la expresión “de”, que sigue la expresión infracciones gravísimas, por la preposición “con”, y eliminar la oración “entre 5.000 y 1.000”, de manera que la letra A establezca las infracciones gravísimas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. O sea, está quitándole el piso que estaba señalado anteriormente. La letra B, en el mismo sentido, reemplaza la expresión “de” por la preposición “con” y elimina la oración “501” para que quede en el mismo sentido las infracciones graves con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. Lo mismo la letra C, para que quede las infracciones leves con multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Esa es la indicación 2 bis. Las infracciones a las normas de la presente ley y sus reglamentos, cuyo conocimiento compete a la Dirección General de Aguas, podrán ser objeto de las siguientes sanciones. Las infracciones gravísimas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. En el caso de haber sido sancionado por cualquier infracción gravísima dos veces, se configurará una causal de caucidad que deberá ser solicitada por la… Dirección General de Aguas al Ministerio Competente. B. Las infracciones graves con multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. C. Las infracciones leves con multa de hasta 500 unidades tributarias anuales. Eso es… Así quedaría. Así quedaría. Ya. Buenas tardes, entonces. Muy bien. Senador, ¿se ordenaría? Senador, escúchelo. Senador, ¿qué opina? A favor. Senador, ¿aprobó usted? A favor. Presidente. A favor. Muy bien, entonces esta indicación queda aprobada unánimemente.

¿Se puede? ¿Estaría bien la reacción o habría que...? Si es necesario, perfecto. Ahora más a partir de 40 ciento si estas indicaciones nuevas que fueron tiradas y fue respuesta por el ejecutivo, así que le damos la palabra para que nos explique esta indicación 3 bis A. Claro, la 3 bis A es la que corresponde pronunciarse, presidente, porque la otra está retirada. El ejecutivo tiene la palabra, presidente. Sí, presidente. Como es de su conocimiento, en el artículo 40, fue recasado en la Comisión de Hacienda. Nosotros habíamos concordado con la mesa técnica de esa comisión un texto, pero se entendió por parte de la misma comisión de que requería del patrocinio ejecutivo. A raíz de eso, hicimos una propuesta de caducidad que luego fue ampliamente discutida en esta comisión, en la última sesión que tuvimos, y sobre esa base, básicamente, nuestro planteamiento fue de que el texto como estaba daba una anchura. Y esta anchura la daba en función de que se ampliaba el plazo para esta caducidad eventual que se podría producir. Me refiero a la caducidad sin que se inicien las obras comprendidas en la concesión o destinación. Pero existía una suspensión del cómputo de los plazos. Lo que hace la indicación es... Quisiera aclarar, porque había más de una interpretación del texto anterior, de que esta suspensión es, por un lado, mientras dure la tramitación de resolución de calificación ambiental sin un límite de plazo, porque se podía haber entendido que era un límite de cuatro años. Sin límite alguno y complementariamente a lo anterior, en lo que se refiere a los permisos sectoriales, las podía ser de hasta un máximo de cuatro años en la medida que el titular fuese diligente. Es decir, que demostrase que estaba haciendo, tramitando dichos permisos, pero que por AOC esto no ocurría. Eso es lo que plantea la adecuación o la nueva indicación sobre este punto, presidente. Eso es lo principal. ¿Se ofrece la palabra, señor Abogado? Sí, presidente. Yo en realidad comprendo y me parece un esfuerzo importante el Ejecutivo en cómo adecua la indicación. El único reparo que me queda es el plazo de caducidad posterior a la entrega de la RCA y los permisos sectoriales. Porque en definitiva lo que nosotros hemos sido testigos y hemos visto es que en definitiva cuando se hacen estos proyectos, se da con energía renovable y se puede dar con plantas desalaboras también. Los proyectos de plantas desalaboras multidropósitos que nosotros pretendemos que se instalen en Chile son proyectos de largo aliento. Son proyectos que se financian o se realizan con el mecanismo del Project Finance. Es decir, ese proyecto después que obtiene la resolución de calificación ambiental, después que tiene los permisos sectoriales, tiene que conseguir... Por una parte, el financiamiento, y para conseguir el financiamiento tiene que ir al síndico de bancos o a los inversiones que quieran hacerse, tienen que ir además con los contratos de compra de agua. Y eso en un año, nosotros hemos planteado cinco años, pero en un año es muy poco. La práctica nos demuestra proyectos de gran envergadura que en un año no se cierran contratos de compra de agua o en este caso compra de energía, que es la experiencia que más tenemos, y tampoco...

Se obtiene financiamiento con el sistema financiero nacional e internacional. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor no puedan ser los cinco años que nosotros proponíamos, pero me quisiera preguntar al Ejecutivo si no les complica, no les molesta que en vez de que sea un año, pose RCA y permisos sociales, sean dos años. ¿Se supone esta palabra? Lo que yo entiendo es lo siguiente. Lo que pasa aquí es que nosotros como legisladores tenemos que dar garantías a las personas que quieran invertir en nuestro país. Cuando viene una persona, porque cuando se va a hacer una gran inversión, ¿qué es lo que sucede aquí? Que viene cualquier chileno o institución y pide la concesión. Y si no tiene un plazo acotado, puede ser eterna esa petición de la concesión. Por eso a mí me parece bien la reacción del Presidente del Ejecutivo, porque es una reacción conversada con los asesores, bien trabajada, para que no haya especulación. Porque el problema que tenemos nosotros es que viene una empresa, cualquier empresa, que deben haber ya varias empresas que les interesa pedir una concesión y resulta que ya está pedida por alguien. Y le pide a alguien para qué, para hacer un negocio. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y yo creo que, como está esto definido, a mí no me cabe ninguna duda que la persona que pide una concesión tiene que tener la claridad de que esa obra se va a materializar, porque no puede pedir una concesión solamente esperando que llegue un interesado. Esto pasa lo mismo cuando estaba el tema de los derechos de agua, de los derechos no constructivos. Muchas personas fueron a un lugar, pidieron una concesión y resulta que es eterna. ¿Y para qué? Para que llegara después una persona y le pudiese comprar ese derecho para poder hacer una obra. Y yo creo que con esta reacción evitamos eso. Así yo lo entiendo. No sé si el Ejecutivo está de acuerdo conmigo. Presidente, yo entiendo su planteamiento. Lo que yo le quiero decir es que efectivamente cuando proyectos que están con resolución de calificación ambiental aprobada y con permisos federales aprobados no son de especulación. Son proyectos que se presentan para la inversión. En proyectos de plantas desaladoras de gran magnitud, los proyectos no se financian con plata de caja de las inversiones, sino con financiamiento bancario fundamentalmente y sobre todo internacional, cuando estamos hablando de proyectos de grandes mercados. Y evidentemente, cuando el proyecto tiene resolución de calificación ambiental aprobada, con permisos sectoriales aprobados, o sea que no hay especulación, está hecho todo lo previo para que sea un proyecto llave en mano, por decirlo de alguna manera, que requiere financiamiento. Tiene que tener dos elementos: financiamiento, primero. Pero para tener financiamiento, lo que tiene que tener es, efectivamente, resolución de calificación ambiental y permisos sectoriales, pero ¿dónde está tu demanda? ¿Quién te va a comprar el agua? Y por lo tanto, para que ese proyecto se financie, tiene que tener la resolución de calificación ambiental, los permisos sectoriales y además los take-offers, que son los que significan que son los tomadores de la oferta de agua, que en este caso podrían ser agricultores, sanitarias o mineras, en fin. Y eso, perdóname, Presidente, la experiencia, lo mismo que se hace en energías renovables; la experiencia nos demuestra que no es un año, es poco. Por eso nosotros planteamos cinco, ya, perfecto. Un poco para que no anden tantos proyectos de manos circulando, esperando una inversión, acotarlo a dos años me parece un periodo un poquito más razonable para que se puedan desarrollar estas inversiones. Si no, Presidente, las inversiones no se van a desarrollar, especialmente las grandes, porque necesitan el mecanismo de financiamiento que tienen este tipo de proyectos. Lo hemos visto con energía, con los proyectos de energías renovables, así se financian. Por lo tanto, hay que darles un tiempo para que quien obtenga la RCA, obtenga los permisos sectoriales, pueda tener el tiempo para que le contraten la compra de agua, porque sin la compra de agua, sin el contrato firme de la compra de agua, no puede ir a buscar financiamiento. No se lo van a dar los bancos, porque le van a decir: usted tiene los permisos, tiene todo, pero no tiene demanda. ¿Cómo le voy a dar la plata? Entonces, por eso yo planteo: ya, perfecto; no cinco años, dos años me parece que es un poco mejor que un año. Ese es el argumento. Me interesaba un poco escuchar al Ejecutivo, pero si nosotros pensamos, Presidente, que las resoluciones de calificación ambiental caducan, o sea, lo digo a propósito del tema de la especulación, porque usted puede tener una resolución de calificación ambiental y si no inicia obra, estas caducan en cinco años. Entonces, creo que de alguna forma también...

que la legislación se ha puesto en este escenario que usted plantea y estamos pasando aquí de 180 días, que era lo que se estableció en el Código de Aguas, que claramente es un tiempo muy complejo, a un año, que es lo que propone el Gobierno. Entonces, a mí me gustaría plantearle al Ejecutivo también cuál es la experiencia durante este tiempo, desde que se estableció la norma de los 180 días, cuántas empresas efectivamente pueden cumplir esto. Y segundo, porque en esta indicación lo que ustedes dicen es que se ha iniciado la resolución, los trámites de resolución de calificación ambiental se paralizan los plazos. Si es que ustedes tienen un ejercicio que permita decir, mire, una empresa real que haya hecho todo este proceso para verificar si el año es correcto o los dos años parecieran ser más lógicos. Gracias, Presidente. Se parece mucho a lo que planteó la señora senadora Proboste. Yo quería preguntar cuál es la experiencia chilena y la experiencia internacional donde estos plazos terminan no siendo prohibitivos y las cosas realmente se hacen en plazos razonables y resultan. Gracias. Yo entiendo el tema. Cuando una minera, voy a decir una minera porque son las mineras que hoy día o les interesa mucho tener estas plantas, bueno, puede ser una minera, puede ser una sanitaria. Si una minera o una sanitaria necesita desarrollar una de estas plantas, obviamente que tiene claro que tiene la necesidad; por lo tanto, los recursos los va a tener, o ya está conversando, por eso inicia un proceso de petición de la concesión y va haciendo los estudios, y mientras estén los estudios obviamente esa concesión está detenida hasta que logre las autorizaciones. Así yo lo entiendo. Por lo tanto, una vez que ya tiene toda la autorización, obviamente que va a partir trabajando. Yo creo que los recursos, yo me imagino que el que tiene la necesidad es porque tiene los recursos para hacer las inversiones. No veo yo que alguien venga, que también deben haber personas que piden estas concesiones, hacen todo el trámite y después quieren vender este proyecto. Esa es otra cosa. Y yo creo que aquí estamos apuntando a que a nosotros nos interesa que se materialice la obra. Yo apunto que la concesión va a quien va a hacer el desarrollo, el trabajo. Y por eso yo creo que lo que planteó el Ejecutivo me parece de toda lógica. Claro, bajo la lógica suya, lo que está planteando usted es lo que ocurre hoy, donde tenemos plantas desaladoras dedicadas. ¿Y qué está provocando eso? Que nos llenemos de plantas desaladoras a todo el borde costero. Porque la minera A hace su planta desaladora, la B su planta desaladora, porque tiene la demanda cautiva. ¿Y eso qué está provocando hoy en Chile? Que precisamente por cada proyecto minero que tengamos tengamos una planta desaladora y tengamos el borde costero lleno de plantas desaladoras con todos los efectos ambientales que ello implica. Por lo tanto, el planteamiento que estoy diciendo es que para facilitar el ingreso de plantas desaladoras multipropósito, que no solo la minera pueda ser cliente, sino que pueda ser la agricultura para llenar embalses, que pueda ser la sanitaria, que pueda ser la industria, en fin, tiene que darse un plazo razonable porque lo que tiene que hacer ese Project Finance es precisamente amarrar los contratos de compra de agua para que junto con los permisos de las RSA y todo lo demás ya aprobados puedan conseguir el financiamiento y financiarlo. Eso es lo que planteo, es un mecanismo de financiamiento en que en general los proyectos energéticos, todas las plantas fotovoltaicas o la gran parte de los proyectos fotovoltaicos o de energía solar se hacen de esa manera. Entonces, yo por lo tanto planteo eso para tener la certeza. Mire, es probable que en un año algunos lo logren y lo puedan hacer, pero conociendo cómo funcionan las cosas en nuestro país, no solo en el ámbito público, en el ámbito privado también, en las demoras que hay en esto, me parece que un año podría ser insuficiente. Por eso planteo los dos años, porque tal como usted menciona, efectivamente, si una minera quiere resolver el problema de tener su planta desaladora, tiene su demanda de agua y hace su planta desaladora, y ponen 4 mil millones de dólares, por ejemplo, en los vilos, y usan una planta desaladora dedicada a 800 litros por segundo, pero no le sirve a nadie más que a la minera. Y la otra minera también hace lo mismo, en este caso el Espino está haciendo exactamente lo mismo, al lado de la planta desaladora de los vilos, en la segunda región, ni le cuento la cantidad.

la roda de Tocopilla, entonces por lo mismo, yo creo que ¿cómo estimulamos e incentivamos que puedan existir plantas multipropósitos? Pero a ver, ¿cómo nosotros estimulamos a que hayan plantas multipropósitos? Es otro tema y tendríamos que hacer otro tipo de regulación: tendríamos que prohibir nosotros que las plantas sean solamente para una actividad económica específica; tendríamos que decir que cada planta o cada autorización que va a dar el Estado va a ser para Gracias. para planta multipropósito, para mí sería otra legislación. Me gustaría que el Ejecutivo se refiera al tema, o defienda la posición. Primero Carlos y después... Presidente, me parece que esto es una discusión muy importante. Es efectivo, como ya lo señalamos en la última sesión, de que la zona costera o los terrenos que están en borde mar para estos propósitos de desalización se constituyen rápidamente en un bien escaso. Porque no es todo el territorio donde se precisan, son ciertos lugares más específicos y hay condiciones no solamente oceanográficas, sino que también de la morfología del suelo continental que lo puede hacer más complejo. En cuanto a la experiencia, nuestro conocimiento en este punto es más bien prospectivo. Se basa en una experiencia escasa desde lo que es el sector público como mirada. Pero, ¿qué puedo decir? Primero, el tema del modelo de negocio sí es relevante en esta materia. Por cierto que lo es. Un buen ejemplo es la desaladora de Chañaral Atacama, Caldera, perdón. Porque esto fue una planta que se desarrolló con recursos de Corfo, por intermedio de CONCEPT. Y tenía como propósito, en su modelo, aún lo tiene, de que pudiera crecer hasta tres módulos. De manera tal que con la venta a sectores no regulados de aguas, a la minería u otros actores, financian la inversión. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Lo que hoy día tenemos es que hay un solo módulo construido y este módulo presta principalmente servicios para el agua potable para la industria sanitaria, que a su vez no precisa de todo esto. Entonces, ahí tenemos una realidad. Entonces, también es importante que el mensaje que estemos dando sea de no dar largos plazos en esta materia, porque estamos hablando de una necesidad urgente. Entonces, cuando se produce la discusión, no con los asesores de esta comisión, sino que cuando fue en la Comisión de Hacienda, ante un argumento similar, nosotros lo que allí planteamos fue, y concordamos con los distintos asesores, fue, bueno, entonces que este plazo de seis meses que está en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos se ampliara a un año. Esa fue la discusión. Ahora, ¿por qué a un año? ¿Por qué no ocho meses? ¿Por qué no un año y medio? ¿Por qué no dos años? La precisión de esto no existe. O sea, no fue un cálculo matemático. Lo que señalé, pero lo que sí es verdad es que es más simple cuando se trata de plantas monopropósito que multipropósito. Y también la información de la que yo dispongo es que incluso en los proyectos de carácter multipropósito, cuando lo que está detrás del proyecto es una multinacional o una empresa española o israelí que participa en distintos mercados, es mucho más fácil completar este proceso y quien se gana la concesión suele ser quien construye. Pero es distinto a ese mercado doméstico este tema. Entonces, efectivamente, ahí hay un punto. Yo le... Si le parece, presidente, le quisiera pedir a María Graciela Avea, de la Dirección General de Aguas, que además tiene conocimiento en este punto y además es la propia Dirección General de Aguas la que le tocaría administrar esto, si es que me complementa lo que estaba señalando. Sí, tiene la palabra María Graciela.