Senado - Obras Públicas - 13 de agosto de 2025

A los invitados, representantes del Ejecutivo, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción que solicitaron poder tener unos minutos para plantear ciertas inquietudes con respecto al proyecto que hoy día estamos analizando, ¿cierto? Desde esta comisión, y vamos a partir como comité hasta que podamos sumar los quórums. Pero la idea es no perder el tiempo y poder también escuchar el planteamiento de los representantes de la Cámara. Les pediría cierta...

que antes de iniciar su intervención poder presentarse para registro. Adelante. Buenos días, o sea, buenas tardes. Yo soy Orlando Silano, Vicepresidente Nacional de la Cámara de Cine de la Construcción. Sol Pacheco, gerenta de vivienda y urbanismo de la Cámara de Chile en la Construcción. Jaime Muzo, director de la Cámara y he estado liderando los procesos relacionados con las políticas sanitarias desde hace 15 años al interior de la organización. Buenas tardes, yo soy Carlos Pinto, abogado de la Cámara de Chile en la Construcción. Bien, buenas tardes. Como les dije, mi nombre es Orlando Silano, vicepresidente de la Cámara. Quisiera saludar a las senadoras y senadores de la Comisión de Obras Públicas por su intermedio, señora presidenta. En Chile, cerca del 90% de la población vive en ciudades. Este dato subraya una realidad innegable. Las ciudades son el hogar, el motor de nuestra economía y el espacio de desarrollo para la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Las ciudades crecen y lo hacen de dos maneras complementarias, por densificación y por extensión. Ambas son necesarias para un desarrollo equilibrado y sostenible. Lamentablemente, en nuestro país enfrentamos una limitación significativa al desarrollo por extensión. Las condiciones abusivas que imponen las empresas sanitarias para extender sus operaciones, incluso dentro de los límites urbanos ya definidos en los instrumentos de planificación. Estas condiciones, muchas veces desmedidas, frenan proyectos de vivienda y desarrollo urbano que son fundamentales para acoger a la creciente población. Esta situación ha sido objeto de una larga controversia en el ámbito de la libre competencia, que llegó hasta la Corte Suprema. El fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue claro. La solución a este problema debe ser resuelta por el Poder Legislativo a través de una ley. Por ello, valoramos enormemente el trabajo que está llevando a cabo esta comisión. Entendemos que uno de los artículos que están discutiendo en este proyecto de ley busca ser una respuesta de emergencia ante situaciones críticas. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra preocupación al ver que su carácter ya de por sí limitado podría ser aún más restringido. Es crucial no perder de vista el propósito final de este debate. Estamos construyendo ciudades, ciudades que deben evitar los errores del pasado, como la creación de zonas segregadas en la periferia. Por el contrario, debemos impulsar la integración urbana y la cohesión social. La solución que aprueben aquí, aunque sea parcial, debe ser coherente con los cambios de fondo que necesitamos abordar en el futuro. Debemos encontrar una forma de resolver el abuso de posición dominante de la sanitaria y las trabas que esto genera para el desarrollo urbano. La posición, la provisión de viviendas dignas y la tan anhelada integración social. Los invitamos, los instamos a velar por una solución que, si bien aborda una emergencia, siente las bases para un futuro donde nuestras ciudades puedan crecer de manera justa, inclusiva y equitativa. Quisiera, señora presidenta, le pueda dar la palabra a don Jaime Mosó Balasey, director de la Cámara, quien preside nuestra iniciativa Vivienda 2035. Ahí sí. Muchas gracias, primero, por la oportunidad de poder expresar una vez más la preocupación que nos embarga sobre esta situación. Independiente de la presentación, yo creo que es importante poder abrir un diálogo sobre la problemática que nos aqueja. Somos fervientes partidarios de la legislación sanitaria. Yo creo que ha sido un elemento que le ha permitido al país destacarse en lo que es. Somos líderes a nivel mundial en la provisión de servicios sanitarios, tanto a Bogotá, Ale, como al Cantarillado. Pero vemos ciertos vacíos y esto lo hemos... Hemos conversado desde hace muchísimos años con la superintendencia y vemos un vacío muy grande en la ley que no establece las condiciones a través de las cuales las empresas sanitarias hacen crecer sus áreas de concesión. Las empresas sanitarias tienen elementos esenciales, que son estas facilidades esenciales que les entregó o el Estado o la sociedad les ha entregado a ellas.

para que la puedan administrar, como son las fuentes de producción del agua y los lugares donde se pueden realizar las plantas de tratamiento de agua servida. El disponer de esos dos elementos hacen una diferencia gigantesca e inhiben que se puedan desarrollar competencias en poder desarrollar esas actividades, las cuales los hace una actividad que es absolutamente monopólica y que la ley tiende a regular y a ordenar, y así lo ha sido en gran medida. Hoy día se presenta el grave problema de que hay mucho terreno urbano, es decir, ese terreno en el cual la sociedad como un todo ha definido dónde debemos vivir las personas, pero que no contamos, no se cuenta con un mecanismo a través del cual el crecimiento de la ciudad pueda tener ese servicio monopólico. Empezamos, por lo tanto, con un mecanismo individual, caso a caso, mediante el cual las empresas van cobrando por incorporarse a las concesiones sanitarias, a incorporar los terrenos a las concesiones sanitarias. Esto significa costos que, sobre todo para los proyectos de gran escala que hoy día el país requiere para poder atender las necesidades de vacío del déficit habitacional, hacen que los costos sean altos. Y en segundo lugar, estos costos son ineficientes en la medida que son situaciones individuales de caso a caso que hacen que las tarifas en el largo plazo también presenten en algún grado de ineficiencia por ser modelos de gestión ineficientes. Desde ese sentido nosotros vemos con muy buenos ojos que las autoridades hayan recibido y hayan entendido esta realidad en términos de que es necesario introducir cambios a nivel legislativo que apunten a resolver este vacío que existe. Si bien creo que el mecanismo que hoy día se establece en la propuesta, en discusión, no es desde el punto de vista técnico el mejor, es un avance; el solo hecho es reconocer que el problema existe. El crecer en una distancia de 200 metros en torno al radio de las concesiones existentes va a ayudar a resolver la situación coyuntural en que estamos. No es la solución definitiva, pensamos que esa solución hay que discutirla y conversarla a la luz de lo que la misma Corte Suprema ha indicado. Creemos, eso sí, que hay dos hechos que son fundamentales y los ponemos y nos gustaría que fuesen considerados. Que el uso del suelo en esta área que se va a incorporar producto de estos 200 metros adicionales debería ser para todo tipo de vivienda y no solo para viviendas de interés social. No podemos seguir desintegrando socialmente a la ciudad. No podemos generar una barrera, un anillo, un cinturón de pobreza en torno a las ciudades. Debemos privilegiar y potenciar que ahí se puedan establecer todo tipo de viviendas. No entendemos el por qué se apunta solamente a que sean viviendas de interés social. Es bueno que también proyectos de 2.500, 3.000 unidades de fomento, que no están ni caben dentro de la definición de interés social, se puedan ir a construir en esos sectores. Creemos que es importante que se amplíe la posibilidad y no se restrinja qué se pueda o no se pueda hacer. Segundo lugar, hay una cantidad muy grande de territorios islas, es decir, territorios urbanos que están rodeados por concesión sanitaria, pero el terreno no la tiene. Puede que con los 200 metros no resolvamos el sistema y tengamos un picarón en el cual existe también en torno a esta ampliación un vacío. Pensamos que el solo hecho de que sean terrenos que están sin la concesión y rodeados por concesión sanitaria implique de inmediato el derecho a que ahí exista la concesión sanitaria, porque es imposible pretender que exista ahí una posibilidad de que un tercero vaya a instalar y a contar con las facilidades esenciales para poder desarrollar una empresa que preste los servicios de agua potable y alcantarillado en un terreno que está en el centro del área urbana y rodeado por concesión urbana. Es física y económicamente imposible, y el superintendente bien lo sabe, que se pueda materializar una empresa que compita y pueda desarrollar esos servicios. Es fundamental, por lo tanto, y resumiendo, que estos dos elementos de este proyecto, que va a resolver parcialmente el problema pero que va a ayudar mucho a potenciar el servicio, permitan disponer que en este anillo que se configura producto de la ampliación se puedan desarrollar todo tipo de viviendas, las que se necesiten que se desarrollen, y, en segundo lugar, que se puedan atender en forma inmediata.

a todos los territorios, islas en los cuales hoy en día no existe la posibilidad real de poder materializar un servicio sanitario en ellos. En eso, señora Presidenta, resumo lo que es nuestra visión y postura y nuestra recomendación al respecto. Muchas gracias. Por mi lado, me queda claro cuáles son las dudas que surgen, ¿cierto?, con la ampliación del radio operacional. ¿Alguna consulta, senador Gaona? ¿O comentario? Sí, Presidenta. Esta dificultad que plantea la Cámara Nacional de Construcción y esta disputa con la sanitaria es de larga data y pareciera irse eternizando. El tema es, en definitiva, quién se hace cargo de los costos que significa ampliar la red. Eso creo yo que es lo fundamental. Y es evidente que pareciera que, por una parte, cuando se quiere construir en un territorio que está fuera del área de concesión, el costo lo debe asumir quien quiere construir y finalmente lo termina pagando el usuario, digamos, el consumidor final, en este caso el adquirente de una vivienda. Pero por otra parte uno también se encuentra con esta idea de que, bueno, por lo tanto entonces vamos a dejar de que las concesionarias amplíen su territorio operacional y que vayan construyendo redes para ir estimulando ahí la construcción. Entonces, mi pregunta, más bien dirigida a la superintendencia de servicios sanitarios, porque desconozco el detalle de cómo opera esto así en profundidad, es, en definitiva, si yo quiero construir fuera del área de concesión, necesariamente tengo que hacerme cargo de todo lo que signifique la inversión para conectar. Y lo que tiene que generarme la sanitaria es la factibilidad de que eso así sea. Si nosotros hiciéramos al contrario, que las sanitarias desarrollaran la urbanización a su costa y que después se instalaran las constructoras en los terrenos respectivos, uno podría estimular que cada vez se empiece a construir lo más lejos posible dentro de las factibilidades, lo más lejos posible del territorio del límite del área de concesión, implicando eso necesariamente que probablemente esos terrenos sean más baratos que otros que están más cerca del área de concesión. Entonces, ¿cómo podemos en definitiva ordenar esto? Es decir, ¿cómo vamos aumentando el área de concesión? No en función exclusivamente de dónde se quiera construir, sino que efectivamente cómo ordenamos esto, si lo vamos de la mano con el límite urbano o lo vamos de la mano con la expansión urbana. ¿Cómo ve la superintendencia el ponerle atajo a esto? Porque tal como decía la Cámara de la Construcción, la posición de la sanitaria es dominante porque es el único proveedor de esto, no puede haber otro, digamos. En términos sociales sería muy negativo que tuviéramos que tener dos redes o tres redes, si hubieran más competidores. Es como el monopolio natural que tienen las redes eléctricas o las empresas de distribución eléctrica, esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ir resolviendo este tema, que efectivamente es así? El tiempo que se demora en resolver esto, los costos que de repente se les cobran a las constructoras en el desarrollo de sus proyectos y la capacidad de negociación que tienen las constructoras versus la sanitaria es bastante menor y se reduce muchísimo. No hay una simetría en la negociación. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto se puede resolver pensando más bien en el largo plazo, más allá del proyecto que estamos discutiendo hoy día? Porque yo efectivamente creo que comparto que esto de que esta ampliación sea solo para proyectos de viviendas sociales parece un poquito discriminatorio, digamos. Y además, ¿por qué no hacerlo una vez para todos? También me gustaría que me respondieran cuál es la razón de que sea solo para viviendas de interés social, cuando para mí en términos generales la vivienda es, en todo sentido, de interés social. Sea una vivienda pagada con subsidio o sea una vivienda pagada por un particular. No sé si ahí el superintendente me puede ilustrar un poquito más para poder entender mejor esta materia. Damos la bienvenida al senador Coloma y vamos a partir entonces la sesión, ya para que quede registro. En el nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Damos la palabra también al Ejecutivo para que también ellos puedan plantearnos su apreciación con respecto a lo dispuesto en esta mesa por la Cámara Chilena de la Construcción.

Buenas tardes, Presidenta, a toda la comisión y todos los invitados y todas las invitadas. Voy a responder las dos preguntas que nos hace el senador Gaona, o tratar de responder, sobre todo la primera, que es una pregunta bien de fondo. ¿Cómo resolvemos este problema que lleva tantos años? La verdad es que estamos en una situación compleja porque hay innumerables casos. Gracias. donde efectivamente uno observa que se le está dificultando a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios ser más ágiles, construir más rápidamente por estos cobros, que en algún minuto efectivamente cada uno cobraba lo que quería, ahora es un poquito más normal, pero no se ha resuelto. Y efectivamente yo concuerdo con que hay muchos casos donde nosotros observamos que se le está poniendo harta… o se le está exigiendo harto económicamente como pago de este desarrollo. Pero también es cierto que en contrapartida existen muchos casos donde la situación es al revés. Es decir, empresas sanitarias que han tenido que hacer inversiones para construir infraestructura y poder ampliar ciertos sectores, donde finalmente no se llevan a cabo los desarrollos como se tenía pensado o se postergaron en algunos años o fue mucho más lento que lo que se pensaba y, por lo tanto, las empresas sanitarias han tenido que ir asumiendo un costo que de alguna manera la tarifa no se lo reconoce. Y ahí es donde se produce, en estos casos, en contra de la sanitaria, ciertos desbalances. Podrían producirse casos todavía más extremos donde yo quiero un desarrollo inmobiliario arriba del cerro donde la sanitaria tiene que hacer mucha infraestructura a costo de la sanidad. todo ello, y bueno, y si no se desarrolla, o no se desarrolla en los plazos que se pensaba, efectivamente ahí va a haber un perjuicio para la sanitaria que no se lo reconocemos en tarifa. Entonces, coincidiendo de que efectivamente existe este problema, que hay casos para todo, en donde queda muy de manifiesto lo que reclama la Cámara Chilena, pero también muy de manifiesto lo que reclama la sanitaria, creo que nuestra receta para solucionar esto y no irnos al caso a caso, porque eso es lo peor de los mundos, es estar resolviendo caso a caso, es que tenemos que empujar como sea la planificación urbana. De alguna manera, si es que nos ponemos todos de acuerdo en que la ciudad va a crecer para este lado, va a ser mucho más fácil, o a la sanitaria se le va a dar mucha más certeza de que, oye, el crecimiento va a ser por este lado. Por lo tanto… es cosa de tiempo, ya no tienen la incertidumbre de que si van a llegar o no van a llegar los clientes. Van a llegar, lo que pasa es que quizás va a haber un poco de desfase en los años, pero la planificación urbana creemos nosotros que es la gran solución para tratar de ponerse en un punto medio y abordar todos los casos, en los que tiene la razón la Cámara y en los que tiene la razón la sanitaria. Yo creo que planificación urbana, y que obviamente es un tema bastante amplio, que excede a la superintendencia de servicios sanitarios. Aquí tenemos que convocar a otros organismos que están preocupados de cómo pensar una ciudad en el futuro. Y lo segundo, respecto de, bueno, por qué quedó como quedó. La verdad es que, respecto de por qué solo viviendas de interés público, o son viviendas de interés público, ¿ya? La verdad es que este es un tema… que evidentemente no hay una verdad absoluta, se ha discutido muchísimo, hemos discutido muchísimo la superintendencia, con el Ministerio de Obras Públicas, con otros organismos, el MinBus, yo sinceramente creo que aquí no hay una verdad absoluta de que esto tiene que ser así, en algún minuto estábamos pensando sin ningún tipo de restricción sumamente amplio, después veríamos, bueno, pero realmente hoy día estamos… urgentes, estamos con un agobio por las viviendas sociales, entonces necesitamos que la prioridad la tengan las viviendas sociales antes que otro tipo de viviendas que también pueden ser de bastante interés, y por eso se flexibilizó el criterio en poner viviendas de interés público o equipamiento de interés público, y la verdad es que es bastante más amplio, lo veíamos el otro día con la Cámara chilena, de que la definición, si uno la lee literal, la verdad es que no caben solo viviendas sociales, es bastante más amplio. Exactamente. ¿Sigue quedando alguna restricción? Sí, es cierto. Sigue quedando alguna restricción, no sería para cualquier vivienda.

pero es bastante más amplio. Yo creo que, bueno, aquí son decisiones que hay que tomar nomás. Bueno, lo queremos hacer 100% amplio y cómo resguardamos de que la prioridad sean las viviendas sociales, para que no vayan... Porque, claro, si aparecen solo viviendas que no son sociales, van a entrar a coparse este 5% de factibilidades en estos 200 metros y, bueno, podríamos crear un rezago en las viviendas sociales. Entonces, ahí tenemos que tratar de equilibrar. Sí, senador Gaona y luego don... Sí, el superintendente mencionó algo bien relevante, bien relevante que tiene que ver con el ordenamiento. Entonces yo puedo entender que las áreas de concesión o las áreas de... ¿Ato se llaman, no? ...territorio operacional, debían ir de la mano con los instrumentos de regulación urbana. Es decir, en la medida que yo voy incorporando nuevas áreas al ámbito urbano, uno debiera obligar a que se desarrollen las redes también del... Entonces, me pareció escuchar que no siempre coincide el plano urbano, o lo que dice el plan regulador como urbano, con el área de concesión. Entonces, lo que uno debe hacer es empatar el área del territorio operacional o el área de concesión, empatar con el ámbito urbano, o sea, que todo lo urbano tenga que necesariamente ser cubierto por la concesionaria sanitaria. A ver, eso es lo que toda la lógica nos debiera decir, que el territorio operacional de la sanitaria coincidiera con el límite urbano. Pero lo quiero hacer súper gráfico para que todos entendamos. Hoy día, el territorio operacional de una empresa sanitaria es esta mesa, pero el límite urbano es toda la sala. Tenemos, como en el caso que estoy señalando, donde el límite urbano es mucho más grande que el territorio operacional, y en otro es donde son bastante parecidos. Si la sala es el límite urbano, uno dice, bueno, pero si es límite urbano que se factibilice todo. Ahí es donde está el problema, porque para las sanitarias es muy complicado ya que tendrían que hacer muchas inversiones para poder cubrir todo lo que hace falta para completar esta sala. Esas son las inversiones que muchas veces no se les van a reconocer en tarifa y podrían tardar muchos años. Lo que yo hablo es de hacer una planificación urbana mucho más al dedillo, es decir, ok, si toda esta sala es el territorio urbano, preocupémonos de que el próximo crecimiento va a ser en ese paño, en esa esquina, el norponiente, y esto se va a pensar que tiene que crecer en tantos años, y aquí van a haber colegios, van a haber supermercados. Ese tipo de planificación urbana es la que se necesita, porque ahí es mucho más fácil exigir a la sanitaria: oiga, en cinco años eso va a estar completamente desarrollado, porque la planificación urbana así lo estipula. El crecimiento tiene que ser ahí primero y tiene que tener de todo. Por lo tanto, uno podría exigir a la sanitaria: tú ya tienes la certeza de que la ciudad va a crecer ahí primero y, por lo tanto, tienes que entregar todo lo que haga falta. Todos tendrían claridad: yo tengo que primero hacer las casas ahí, los colegios, los supermercados, antes que ir al otro extremo. Sería más adecuado flexibilizar el tema de los procesos tarifarios en el sentido de que, en la medida en que voy obligando a la sanitaria a ampliar su territorio operacional, eso lo voy incorporando en la tarifa y no tenga que estarla calculando cada cuatro años, sino que uno podría tener ventanas abiertas que nos permitan, porque alguien tiene que pagar esto. Si el tema de esto es quién paga, ¿el desarrollador o la sanitaria? Bueno, al final de cuentas nos termina pagando el consumidor final en su tarifa del agua potable. ¿Quién se hace responsable entonces de esto? ¿Es el Estado? Yo creo que no. Yo creo que, al final, esto tendría que ir necesariamente a tarifa. Y ahí es donde hay que graduar efectivamente cuánto de ese territorio operacional aumentamos y tener la flexibilidad para que no tengamos que entrar cada cuatro años, sino que podamos ir entrando en la medida en que efectivamente se van desarrollando las inversiones producto de la necesidad emergente que surge.

que eso es más, no razonable, porque todo es razonable, sino más plausible que esto de que vamos a desarrollar por acá, porque claro, uno puede decir o dirigir, vamos a desarrollar por acá, pero para eso el Estado tiene que invertir en infraestructura, en colegio, en equipamiento, y todo eso, y todos sabemos que el Estado siempre va detrás del desarrollo del mercado. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que una mejor vía de solución es ver cómo flexibilizamos el tema tarifario y vamos haciendo el incremento en tarifario en función de cómo se van desarrollando esos futuros, o sea, presiones territoriales para dar espacio a esta futura desarrollo inmobiliario, digamos. Creo yo, y bueno, finalmente ahí se hace cargo la sociedad en su conjunto de generar de esa incertidumbre. Híjole. Don Jaime y luego la palabra para Carlos Esteves, por favor. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante el diálogo que se está dando, pero hay cosas que yo creo que es importante aclarar. Las redes de distribución, por un comentario que hizo el señor Gaona, siempre las vamos a desarrollar los desarrolladores. Nunca una sanitaria va a ser una red de distribución. Es decir, el territorio, la red... que se desarrolla al interior de la urbanización y la conexión a las redes existentes, la va a desarrollar siempre, en este modelo o en cualquier modelo, la empresa desarrolladora. O sea, no es costo para la sanitaria. Lo primero. Lo segundo, lo que cobra la empresa sanitaria fundamentalmente apunta al incremento en su facilidad esencial. Es decir, ¿cuánto tengo yo que crecer? hacer crecer mi planta de producción o mi planta de tratamiento de aguaceres en forma bien figurativa. Eso es un área exclusiva de la empresa sanitaria. Y es ahí donde pensamos que el modelo genera una dificultad. Porque si yo soy dueño de la industria y yo no arriesgo y no tengo, no me atrevo a hacer crecer lo que es la esencia de mi negocio, quiere decir que al negocio no le creo. Y de una u otra forma ahí... Donde creo yo que en la legislación cuando se discuta algo que va más allá de lo que estamos viendo aquí, es necesario generar ese incentivo de tal forma que exista una capacidad sedentaria para poder hacer crecer, sobre todo para situaciones excepcionales. Segundo lugar, tercer lugar, cuando hablamos de, aquí estamos hablando de terrenos que todos están planificados, ya existe la planificación urbana, son terrenos urbanos, estos ya han pasado. Lo que entiendo que se refiere al superintendente es algunas orientaciones de dónde induce el crecimiento urbano respecto de la planificación que ya existe. Y eso, indudablemente, que es complejo. No podemos pretender que las sanitarias tengan el territorio, todo el terreno urbano copado con concesión, porque haría inviable el servicio. La inversión que habría que tener se tendría que multiplicar por mucho de lo que existe. Y las tarifas subirían en forma exagerada. Por eso yo creo que hay que acordar ciertos mecanismos a través de los cuales se pueda trabajar generando incentivos al desarrollo en aquellos territorios donde la gente necesita o quiere vivir. Si son las personas las que en definitiva van a decir hacia dónde quiere ir el mercado. Y lo otro, lo último. A mí, cuando hablamos de una vivienda de 3.000 UF que no es de interés social, ¿Estamos hablando de una vivienda para ricos o estamos hablando de una vivienda de clase media? Entonces, yo en eso, presidenta, yo creo que es súper importante la decisión que ustedes tomen. Porque aquí estamos dejando fuera a la clase media con esta modificación, que ha sido la más perjudicada y no recibe subsidios de ni una parte. Entonces, no podemos dejar fuera a ellos. Es fundamental darles la posibilidad de que tengamos suelos factibles para poder desarrollar viviendas para ellos. Yo creo que si no se hace así, estamos yendo en contra de lo que es la real integración social. Y hago presente una última cosa. Hay ciudades en Chile en las cuales el modelo sanitario funciona y funciona bien. Y no porque esté el senador Coloma aquí lo digo, pero es Talca. ¿Talca? Tiene poco, es de las ciudades que menos déficit habitacional tiene el país, las empresas sanitarias compiten por crecer y hay empresas que van dando servicios. Entonces, en ese sentido creo que el modelo que nosotros como Cámara hemos presentado en los últimos 15 años y que dice relación a generar la competencia por la salud,

El crecimiento en lo que dice relación con las etapas de distribución y recolección de las aguas servidas es la solución y que para la empresa que posee la facilidad esencial sea obligatorio el tener capacidad de producción y no estoy hablando que esto le signifique menos cabo económico a la empresa. La empresa va a poder llevar a tarifa todo ese tipo de cosas. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. La última intervención para cerrar este punto. Muy bien. Yo solamente hacer un alcance. Y si hay algo que yo recojo de lo planteado y que tiene que ver con este portazo que frecuentemente se le da a la clase media. Pero también yo creo que es bueno establecer límites. ¿Hasta dónde es clase media y hasta dónde ya se disparan los precios? Quizá... por ahí yo por lo menos le daría una mirada y entendiendo también de que este proyecto siempre se pensó, sé que es una apertura a, pero siempre se pensó con la finalidad de poder destrabar procesos burocráticos que postergan avances para la ejecución de viviendas sociales, ¿ya? Y que a mí por lo menos me ha tocado verlo en mi región. Pero yo por lo menos recojo ese insumo y sí, creo que siempre, siempre, siempre la clase media, últimamente gobierne quien gobierne, es golpeada y es ahí en donde también hay que poner ojo. Adelante. Gracias, Presidenta. Muy breve para referirme a cómo se cobra esto en tarifa porque efectivamente puede ser un camino que puede ser más practicable, más fácil, dado como están las cosas hoy día. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Si las empresas sanitarias hicieran inversiones para factibilizar todos estos territorios que no están factibilizados, hoy día no lo pueden cobrar en tarifa. Porque nuestra ley, como es, es que solamente se pagan tarifas a la infraestructura para abastecer una demanda, un consumo existente o el que va a haber en dos años más, 2,5 años más. Entonces, eso es lo que se paga. Y por lo tanto, no podríamos reconocer las tarifas. Tendríamos que hacer un cambio normativo para que se pudiese reconocer todo este crecimiento que están haciendo pensando en el futuro, ¿ya? Y ahí, bueno, a las empresas sanitarias se les podría reconocer. Tendríamos que suplir esa crítica, pero esto es una política pública, es cosa de ponerse de acuerdo como país, oiga, quizás hoy por ti, mañana por mí, pero podría ser que todas estas personas que ya viven adentro de esta mesa digan... Aquí yo voy a tener que estar pagando más tarifas por los que van a venir más adelante, que ellos paguen su propia infraestructura. Y si esa infraestructura es mucho más cara, porque ahora hay que hacer una planta de tratamiento mucho más cara, porque los permisos ambientales son más complejos o porque están allá arriba del cerro y requiere más infraestructura, ¿y yo por qué tengo que estar pagando eso? Bueno, tenemos que sortear eso también, que podría ser un tema, pero podría ser factible con una modificación legal. Sí, sabiendo que luego vamos a comenzar con la votación y entendemos que este es un artículo que queda suficiente. Lo primero es recordar algo. El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados originalmente proponía modificar el DFL 70, donde se podría instalar la discusión tarifaria, el DFL 382, que es el que está relacionado con la ampliación del territorio operacional, y la ley 18.902, que es la ley de la atribución de la superintendencia. El acuerdo que se hizo en esta comisión fue de que este proyecto se iba a referir exclusivamente a la ley 18.902, con una excepción. Y la excepción que se pidió por parte de los senadores fue asegurar que lo que se dijo en ese entonces, que la vivienda social tuviese un mecanismo simple, o lo más simple posible, para la ampliación del territorio. El texto que aquí está... está, quiero explicitar y que luego lo discutiremos y veremos si se aprueba o no, si se modifica. Ese texto primero se refiere a la inclusión de todo tipo de vivienda que ya exista. El primer elemento es eso, todo tipo de vivienda, sea de interés público o no sea de interés público, que exista. Y equipamiento que exista en este radio. Y lo segundo dice que respecto a los proyectos nuevos se va a priorizar las viviendas y equipamientos de interés público.