Mixta - Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos (Presupuesto) - 14 de agosto de 2025

Vamos a reiniciar la tercera subcomisión, ministra, por supuesto, viendo el Ministerio Público. Tenemos como invitado a la excusa para el resto de los integrantes de la comisión del fiscal nacional que está al lado, viendo los 25 años de la reforma procesal penal y por eso se puso a venir, pero está con nosotros doña Mónica Naranjo, que es la directora ejecutiva nacional de la fiscalía. El gerente de la División de Administración y Finanza, don Antonio Maranguni. Y el profesional de la División de Administración y Finanza, don Raúl Abasúa. Directora, tiene usted la palabra para ver el avance presupuestario de 2025 del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar también a toda la comisión y a la Secretaría, por supuesto. Parto pidiendo las disculpas del caso. La verdad es que la tecnología nos superó y no pudimos compartir en fondo la presentación, pero entendemos que la tienen también ustedes impresas, así que espero que podamos a partir de ahí ir comentándola. Efectivamente, lo que nos corresponde es dar cuenta de la ejecución presupuestaria del Ministerio Público en el primer semestre del año 2025. Esto es el 30 de junio del año 2025. Para poder abordar esta presentación, vamos a tratar los siguientes temas. En un primer lugar, vamos a hablar de los antecedentes generales del Ministerio Público, luego, particularmente, el presupuesto del año 2025, un detalle de la ejecución presupuestaria por los diferentes subtítulos, luego, un detalle de las glosas que tenemos dentro de nuestro presupuesto, que tiene que ver con los gastos en atención a víctimas y testigos, la publicidad y difusión y, posteriormente, el detalle de la ejecución presupuestaria en relación con la Ley 21.057, que en la ley de entrevista video grado. Respecto a los antecedentes generales, bueno, como ustedes piensan, el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo y jerarquizado. Está regido por su ley orgánica, que es la 19.640 de fecha 15 de octubre del año 1999 y tiene como sus funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en forma prevista por la ley. Y asimismo también tiene competencia constitucional adoptar las medidas para proteger a las víctimas y testigos de delito. En el cuadro que pueden ver a continuación sale el detalle de cómo están distribuidos y eso en fondo da cuenta del despliegue territorial que tenemos respecto a las diferentes fiscalías del país. Contamos, por supuesto, con un fiscal nacional, 19 fiscales regionales, 120 fiscalías locales y 14 oficinas de atención. En total son 154 fiscales, entre oficinas y fiscalías, a lo largo del país. En relación con el año anterior, señalaron que aumentamos la cantidad de fiscalías locales con la inauguración de dos fiscalías en particular, que es la fiscalía, como le gusta decir, la fiscal más extrema del mundo, la fiscalía de Cabo de Hornos y la fiscalía de San Pedro de Atacama. Y aumentamos también una oficina de atención de público, que es la oficina de Colchane, que fue recientemente inaugurada. En cuanto a la dotación, a junio del año 2025 la dotación cuenta con una dotación establecida por la ley orgánica y por las distintas leyes que han complementado la dotación con posterioridad de 4.424 personas, de las cuales 801 corresponden a fiscales y 3.609 a funcionarios. La dotación efectiva, es decir, efectivamente contratada a junio, alcanza las 4.410 personas. Tal como señalaba, y se da cuenta en el fondo también la composición de fiscales, por supuesto un fiscal nacional, los 19 fiscales regionales, y a junio son 781 fiscales que a fines del año 2025 van a aumentar en 14 más, siendo un total de 795 fiscales adjuntos, dando un total, por lo tanto, de 815 fiscales en total. ¿Por qué se aumenta en 14 fiscales? Bueno, porque es la última parte de la implementación de la Ley de Reinserción Social Juvenil, que se implementó en tres etapas, la última de ellas a los 33 meses de publicación de la ley, y por lo tanto en octubre del año 2025 debiéramos complementar con 14 fiscales más. Y a nivel en el fondo de funcionarios, la tabla siguiente da cuenta, bueno, una directora ejecutiva nacional, los 19 directores ejecutivos regionales, 79 directivos, y luego en el fondo la composición entre profesionales técnicos, administrativos y auxiliares, que son los actuales estamentos con los que contamos, que da un total de 3.609 funcionarios. Y ese total da, por supuesto, los 4.424 que señalamos a octubre de 2025 y, en la actualidad, junio serían 4.410. Vale la pena mencionar que en el caso de la pandemia,

Por supuesto, porque nos encontramos actualmente con dos proyectos de ley en tramitación, cómo van a incrementarse durante nuestra dotación a raíz del proyecto de ley de supraterritorialidad que crea la Fiscalía Supraterritorial, que está actualmente en el Tribunal Constitucional, que eso nos entrega 35 fiscales más y 63 funcionarios, con lo cual aumentaría nuestra dotación en 98 personas. Y por otro lado, tenemos el proyecto de ley de fortalecimiento, que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo, que también nos aumenta en 819 funcionarios y 205 fiscales. A continuación sale en el fondo el detalle de cómo se ha ido incrementando la dotación desde los inicios del Ministerio Público. Inicialmente, el Ministerio Público contaba con una dotación de 3.619 personas, de las cuales 642 correspondían a fiscales y 2.975 a funcionarios. Posteriormente, esto se ha ido incrementando con la incorporación de nuevas regiones, con algunas leyes en particular, y tal como señalábamos con anterioridad, la última ley que incorpora dotación al Ministerio Público es la nueva, la que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, CUENIL, que como señalaba, la última etapa de implementación es a octubre del año 2025. También como parte de los antecedentes generales, y esto es un elemento relevante a considerar, tiene que ver la cantidad de ingresos de causa y cómo esto en el fondo ha aumentado considerablemente en el último año. La verdad es que si nosotros vemos a partir del año 2016 hubo un aumento sostenido de ingresos hasta el año 2019, posteriormente hay una baja que tiene que ver particularmente con los efectos de la pandemia, y luego, en el año 2024, teníamos 1.655.232 causas, que significaba un 12,3% de aumento en relación con el año anterior. Pero la verdad es que en el fondo ahora la proyección que se hace para el término del año 2025 es de un millón 837.308, lo que supondría un aumento de un 20,5% más de causa. La verdad es que este es el aumento más importante de ingresos de causas que hemos tenido en el Ministerio Público y la verdad es que el hecho obedece particularmente a las modificaciones que se hicieron a la Ley 20.009 respecto de uso malicioso de tarjetas clave y dispositivos financieros, la cual establece en su artículo séptimo la obligación de denuncia para efectos de poder cancelar cargos o poder lograr la restitución de los fondos. Y la verdad es que este aumento considerable obedece particularmente a esa ley, a esa en el fondo también como a la de estafas y otras defraudaciones que igualmente en el fondo han hecho aumentar considerablemente el ingreso de denuncias al Ministerio Público. Solo señalar que en el primer semestre del año 2025 ya tenemos un ingreso de 919.396 causas, de las cuales el 22% de los delitos ingresados, que son 209.771, corresponden precisamente a esto que acabo de comentar, es decir, uso malicioso de tarjetas y estafas y otras defraudaciones. También en el fondo vale la pena acá comentar en el cuadro que ustedes tienen a su derecha, que es un dato que generalmente nos pide el Congreso, nosotros lo estamos informando periódicamente, que es cómo se comporta en el fondo el ingreso de causas en relación con la cantidad de fiscales que tenemos en la actualidad. Sabemos bien que al inicio de la reforma procesal penal se planteó que la cantidad de causas por fiscal tenía que ser alrededor de 1.000, 1.200 causas. La verdad es que el año 2024 ya se superaron las 2.000 causas y para el año 2025, conforme a las proyecciones que tenemos, se espera que esto supere las 2.300 causas por fiscal, lo que efectivamente es una cantidad muy importante de aumento en el fondo en cargas de trabajo. En la página siguiente se puede ver efectivamente cómo está descompuesto, digamos, el ingreso por las diferentes fiscalías regionales del país y también se puede en fondo apreciar la variación entre el año 2024-2025. Si miran y observan en el fondo, se puede apreciar, por ejemplo, que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente tiene una variación de un 52,8%. Eso efectivamente va muy de la mano de lo que acabo de comentar, que la mayor cantidad de denuncias tiene que ver con uso malicioso de tarjetas, defraudaciones y estafas. Por lo tanto, en el fondo, la gran mayoría de los ingresos hoy día se están concentrando en esa fiscalía. Y ya entrando en fondo derechamente a lo que corresponde al presupuesto del Ministerio Público, bueno, tenemos obviamente el presupuesto que tenemos a junio del año 2025, es de 290.408.195 pesos, que corresponde por supuesto al 100%. Esto no es el presupuesto inicial porque el presupuesto asignado por la Ley de Presupuestos es un poco inferior y posteriormente el fondo se incrementa a raíz de una serie de decretos de los cuales daremos...

En la página siguiente, efectivamente se puede dar cuenta de cómo el presupuesto inicial entregado por la ley de presupuestos, que inicialmente era de 287.752.529 pesos, sufrió una serie de variaciones a lo largo del primer semestre del año 2025. Particularmente, como ustedes recordarán, nosotros también fuimos objeto de una rebaja presupuestaria a raíz en el fondo del acuerdo que existía en la ley de presupuestos en torno a rebajar presupuestos a todos los organismos públicos, a los organismos también de la administración del Estado. Y en ese sentido fuimos objeto de una rebaja presupuestaria inicial, que es un 2,5% de nuestro presupuesto, que originalmente era una rebaja de 7.000 millones de infracción, que es lo que da cuenta el decreto número 14, pero, bueno, a raíz precisamente de que el fiscal nacional Nacional manifestó que esta rebaja, que era una rebaja por supuesto considerable dentro de nuestro presupuesto, nos impedía llevar a cabo nuestra operación porque afectaba particularmente los subtítulos 22 y subtítulos 21. Sostuvimos una serie de conversaciones con el Ministro de Hacienda y obtuvimos de alguna manera una restitución de parte de estos fondos inicialmente rebajados y eso es lo que da cuenta en los decretos 71 y los decretos 74. El decreto 71 particularmente es una reducción en que nosotros también planteamos posibilidades de que se nos redujera presupuesto en otros subtítulos que de alguna manera nos generan un menor impacto, que era particularmente el subtítulo 29 y en el subtítulo 31 en inversiones. Y con eso en el fondo lo que hicimos fue devolver 887 millones de pesos que posteriormente nos fueron reasignados en el subtítulo 22. Por otro lado, el decreto 74 nos genera un incremento con una devolución al subtítulo 21 de 3.221 millones y fracción. Por lo tanto, de alguna manera recuperamos ahí parte de nuestro presupuesto que inicialmente se nos había rebajado. Posteriormente, los otros decretos modificatorios en el presupuesto inicial dicen relación particularmente con presupuestos que se nos entregan con posterioridad para… Iría, en fondo, concluyendo las causas rezagadas desde la pandemia, presupuesto en el que recibimos ahí 1.021 millones de pesos, tanto en el subtítulo 21 como 22, particularmente más, por supuesto, en el 21. Bueno, la deuda flotante. Luego, en el fondo, tenemos los tres proyectos que hoy día se desarrollan, que son proyectos de continuidad, que se desarrollan, en el fondo, con aportes de los gobiernos regionales, particularmente en la región de Maure, Arica y Tarapacá. Sí señalar obviamente ahí que lo que ocurre en el fondo es que estos recursos no son entregados adentro del presupuesto del Ministerio Público, pero esos recursos aún todavía no llegan a nuestro presupuesto. Entonces eso significa también que tenemos obviamente también una baja en nuestra ejecución presupuestaria precisamente a la espera de esos recursos. Recién el decreto tomado de razón que da cuenta de las transferencias de las remesas de estos dineros de parte del gobierno regional a nuestros proyectos se dictó con fecha 9 de junio del año 25. Por eso que efectivamente aún no nos han llegado las remesas y no podemos ejecutar los dineros. Segundo, Presidente, para no repetirme después cuando pase. ¿Cuál es la lógica de que algunas regiones tengan estos aportes y otras no? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la razón? Porque esto influye al final en los presupuestos. Influye en los presupuestos generales de los gobiernos regionales también. Por eso ustedes deben entender por qué algunos sí y otros no. ¿De dónde viene la iniciativa? La verdad es que los proyectos con los gobiernos regionales partieron con anterioridad a la administración del actual fiscal nacional. Por eso señalaba que estos son proyectos de continuidad. Y básicamente, en el fondo, la forma en que se gestaron estos proyectos tenía que ver con los proyectos que las propias regiones levantaban, lograban conversaciones con el gobierno regional respectivo y con eso en el fondo se gestionaban los respectivos financiamientos. Entonces, estos proyectos eran de larga data, la mayoría de ellos eran a tres años, algunos ya están concluyendo el año 2025, y el lineamiento que ha dado el fiscal nacional en esta administración es que, efectivamente, claro, nosotros necesitamos de recursos, pero hoy día en el fondo se está restringiendo este uso de recursos particularmente a temas de inversión. Es decir, cuando el gobierno regional cuenta con dinero para apoyar algún proyecto, probablemente será para compras de, por ejemplo, vehículos para facilitar el acceso a la justicia, fiscalías móviles, apoyo con vehículos blindados o también incluso licencias para extracción de datos de ciencia.

celulares, etcétera. Pero se ha tomado la definición de restringir cualquier tipo de proyecto que suponga financiamiento de honorarios. Pero esa es una definición de esta autoridad y, como digo, estos proyectos, la verdad, eran proyectos que habían partido con anterioridad. De hecho, el actual Fiscal Nacional no ha autorizado nuevos proyectos con gobiernos regionales. ¿Sí? Puedo continuar. Bueno, y eso, como comentaba, entre más o menos, finalmente nos lleva al actual presupuesto de 290.000 millones y fracción. Luego, ya refiriéndonos al presupuesto desagregado por los diferentes subtítulos, la página que sigue en el fondo nos da cuenta de cuánto es la ejecución presupuestaria al 30 de junio, y nuestra ejecución presupuestaria es al primer semestre de un 54,6%, que efectivamente es un poco más alta que la ejecución presupuestaria al primer semestre del año 2024, y en general el promedio de la última década es de un 50,4%, por lo tanto, efectivamente también es un poco superior. Y aquí me voy a ir refiriendo entonces a los principales subtítulos para ir dando cuenta del gasto correspondiente. Vale la pena señalar que el subtítulo 21, que es el que sigue a continuación, corresponde al 73,2% de nuestro presupuesto total. Eso significa, en el fondo, que gran parte de nuestro presupuesto está precisamente contemplado en dotación; luego, por supuesto, vienen los gastos de operación y, de ahí, ya viene el resto entre los gastos de los diferentes subtítulos. En el caso del gasto en personal, la ejecución al 30 de junio del año 2025 corresponde a un 59,3%. Básicamente se descompone en el pago de las remuneraciones, que alcanza un 49,6%, y el ítem otros, que corresponde a viáticos, trabajos extraordinarios, honorarios, bonos de desempeño, alumnos en práctica, aportes de bienestar, asignaciones de traslado, etc., que tiene una ejecución de un 134,2%. ¿A qué se debe, en el fondo, esta sobre ejecución? Se debe particularmente al pago de los bonos institucionales, al pago del bono institucional y al pago del bono individual, que son bonos que se pagan en el mes de marzo de cada año, que están asociados, por supuesto, al cumplimiento, obviamente, de compromisos de gestión institucional que se determinan con el Ministerio de Hacienda año a año y que nosotros pagamos en marzo de cada año, tal como lo dispone la ley. Y ese gasto nosotros lo desembolsamos y, posteriormente, la Dirección de Presupuestos nos lo devuelve, ya particularmente durante el segundo semestre, dictándose el decreto respectivo. A la fecha, el decreto no se ha dictado y, por lo tanto, es por eso que se ve como una sobreejecución en ese punto, que es el ítem otros. En la página siguiente damos cuenta de la ejecución presupuestaria del subtítulo 22, que representa el 18,5% de nuestro presupuesto, y tenemos una ejecución ahí de un 37,6% al 30 de junio del año 2025. También el gasto de los últimos diez años al primer semestre en este subtítulo es un 16,5%, por lo tanto, también nos encontramos un poco más arriba que eso. Respecto del subtítulo 22, este se desagrega particularmente en lo que dice relación con la operación, con el Fondo de Prestaciones de Víctimas y Testigos, que es el Fondo de Aportes Económicos, y en los peritajes privados, como se puede ver en la lámina siguiente. Ahí, viendo el fondo uno por uno, efectivamente en la operación tenemos un gasto de un 38% al primer semestre; luego, el Fondo de Prestaciones de Víctimas y Testigos alcanza una ejecución de un 36,6% y la ejecución de los peritajes privados de un 22,9%. Vale la pena señalar que, en este caso en particular, tenemos una ejecución más baja al primer semestre en lo que dice relación con el Fondo de Aportes Económicos, pero esto obedece particularmente a lo siguiente. La vez anterior que yo vine a dar cuenta de la ejecución presupuestaria, di cuenta de que históricamente el Fondo de Prestaciones Económicas para el Apoyo a Víctimas y Testigos teníamos que generar resignaciones porque quedábamos cortos los últimos tres años alrededor de un 20%. Y, por lo tanto, en el exploratorio del año 2025 solicitamos un aumento de ese Fondo de Aportes Económicos, el que efectivamente nos fue concedido en gran medida por la Dirección de Presupuestos. Por lo tanto, lo que hemos hecho a partir de este año es otorgar más fondos a las diferentes regiones del país. De hecho, el Fondo de Aportes Económicos fue incrementado en un 13,1% en promedio, siendo obviamente las regiones...

con mayor aumento en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. En total, en el fondo repartimos más de 230 millones de pesos para incrementar los fondos de prestaciones económicas de las diferentes regiones. Eso entonces da cuenta de que la ejecución es un poco inferior, pero tiene que ver porque a esta altura del año nosotros estábamos con una ejecución mayor, porque a final de año necesitábamos efectivamente reasignar de otros subtítulos para poder sobrellevar el gasto que se iba más allá del fondo de lo asignado para este fondo de aporte económico. Y respecto al tema de los peritajes privados, efectivamente la gran mayoría de los peritajes, si bien hemos llevado a cabo peritajes importantes durante lo que va del año, la gran mayoría de estos gastos se concentran en el último trimestre. En la página siguiente se puede ver en fondo los principales ítems de gasto del subtítulo 22. Ahí, en fondo, solamente señalar que son por supuesto los gastos propios de la operación: servicios de vigilancia, arriendo, aseo, arriendo de equipos informáticos, electricidad, etc. Sí, destacar obviamente que dentro de los servicios informáticos hemos procedido a comprar unas licencias que el propio fiscal nacional ha dado cuenta en varias sesiones que ha planteado en el Congreso, que son particularmente el software Microsoft 365 M5, un software que permite mayor trazabilidad respecto a la documentación que maneja el Ministerio Público. Es un software que permite niveles de encriptación para el envío de la documentación, establecer restricciones respecto a su lectura y su impresión, y por lo tanto es un tema que el fiscal ya había comentado en comisiones anteriores y que ya lo tenemos implementado en todos los equipos investigativos a nivel del país. Luego, en cuanto al subtítulo… Perdón, ¿me puede aclarar la decisión de elegir esa plataforma? Porque una de las dificultades es que el Ministerio Público decide trabajar con Microsoft y ciertos servicios operativos que ofrecen. La pregunta es si hay alguna coordinación con las otras instituciones con las cuales van a interactuar para establecer ciertos estándares a nivel Estado, si hay algún lineamiento de parte del Ejecutivo, o si esto es una decisión sin consideración de algún lineamiento de gobierno o de coordinación con otras instituciones. Nosotros tenemos todas nuestras licencias vinculadas con Office y, por lo tanto, uno de los temas era la posibilidad de incrementar dentro del mismo Microsoft esta plataforma que generaba mayores niveles de seguridad. No obstante, hicimos una revisión completa en el mercado respecto de mecanismos de seguridad para envío de documentación y la que nos entregó las mejores funcionalidades fue precisamente Microsoft. Es una licencia que efectivamente no es barata, pero la consideramos una inversión. No hay un lineamiento de parte del gobierno, independientemente de que nosotros como organismo autónomo no nos sujetamos a los lineamientos del gobierno, pero sí existe el lineamiento de toda la administración pública respecto al mandato del gobierno digital, que es avanzar hacia la digitalización de sus diferentes herramientas. Por lo tanto, consideramos relevante otorgar una mayor protección a los documentos que salen desde el Ministerio Público, dado que nuestros medios de comunicación son cada vez hoy día a través de documentos que se envían vía correo electrónico, link, etc. Esto no impide que sean leídos por otros organismos del Estado, salvo que el propio Ministerio Público establezca reglas de restricción en cuanto a su lectura, impresión o envío a terceros. De todas maneras, el software permite la trazabilidad de nuestros documentos a quien sea que lleguen. Por supuesto, no es infalible frente a la eventualidad de que se quiera extraer algún documento o información, pero no es precisamente a través del envío como archivo digital; tendría que ser mediante otros mecanismos. En conclusión, no existe un lineamiento de parte del gobierno. Gracias, Presidente. Quiero hacer un encargo de la consulta, que me parece que está bien planteada, digamos. Porque una cosa es la que usted no responde, digamos.