Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria?
Presidenta, se recibió un oficio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en que solicitan que se reanude la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema de alta dirección pública y la dirección nacional del servicio civil.
¿Quién mandó eso?
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Ya. Ese es un proyecto que ingresó a la Comisión de Hacienda hace tiempo ya, en el año 2022, ese proyecto no se ha tratado. Y no lo ha puesto tampoco el Gobierno. Y tuvo al principio, al principio tuvo urgencias y después fue operado por todos los otros.
Podríamos responderle a la Cámara que vamos a verlo en tanto podamos despejar la agenda que nos está presionando el Ejecutivo. No tenemos problema con el proyecto, pero es un tema de espacio.
¿Y tenemos alguno que ellos tengan pendiente para que podamos pedírselo? ¿Revisemos? Porque son expertos los diputados en sacarnos el pizarrón siempre.
Tal como vimos el día de ayer, nos quedan dos presentaciones de la Asociación de Generadores de Chile, del señor Camilo Charme y de la Federación Nacional de PRs Chile, de la presidenta señora Yorky Riquelme, don Raúl Vera y don Rufino Evia, que están acompañándonos.
Muchas gracias por su presencia y lamentamos no haberlos escuchado ayer, pero saqué la cuenta porque fui cronometrando las intervenciones y porque se excedieron todos. Y los tengo a todos identificados. Justo faltaron los 10 minutos de ustedes. En realidad, 14 minutos. Así que les doy la explicación del caso, pero solo eso fue la razón.
Don Camilo, tiene usted la palabra. Tengo la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, buenos días, señora presidenta, y con su intermedio saludo a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. También veo al ministro de Energía y al representante del Ministerio de Hacienda.
Como generadores de Chile, hemos participado durante toda la discusión de este proyecto de ley, el cual ya lleva casi un año de discusión legislativa, más cinco meses de discusión prelegislativa, y la verdad que queremos ir directamente a los puntos que para nosotros son los principios que se están vulnerando, la innecesaria activación de un nuevo impuesto a las emisiones y la necesaria eliminación de la bolsa pyme.
En ese sentido, nosotros estamos viendo con preocupación que de aprobarse conceptualmente este proyecto de ley, el mal denominado principio de autocontención, nosotros como generadoras queremos dejar en la historia de la ley que no participamos de apoyar este principio, ya que es una figura sin sustento constitucional ni reconocimiento legal, mediante el cual en verdad se está evadiendo la verdadera y necesaria discusión tributaria.
Es decir, si el Ejecutivo necesita definir ciertas políticas públicas que son muy legítimas, que abra una discusión tributaria y que la abra en todo su sentido y vea cuáles son los objetivos de política pública y cuáles son los recursos que a través del fisco y a través de los ingresos generales de la nación se pueden cubrir.
Pero aquí, y no es un eslogan, estamos lamentablemente en un sector de la economía que es la generación, enfrentando una reforma tributaria donde solamente a un sector y a un grupo de empresas en particular se le está agravando desproporcionadamente en este proyecto de ley.
Y lo otro que nos preocupa de este proyecto de ley, señora presidenta, es que no está clara la trazabilidad del uso de los recursos.
De hecho, analizado el proyecto de ley y las últimas indicaciones, vemos que solamente el 30% de los recursos comprometidos están destinados a ayudar a las familias hogares, a las familias electrodependientes y a las familias APR.
Y estamos viendo que hay un excedente de recaudación en favor del fisco de cerca de 230 mil millones de pesos. Aquí lo vamos a señalar. Y las matemáticas, señora presidenta, son simples.
Para el 1.8 millones de hogares, más las familias electrodependientes y familias asociadas a APR, hay financiamiento suficiente, sin necesidad de contravenir la Constitución y sin necesidad de poner en riesgo los contratos legítimamente suscritos por empresas a través de licitaciones lideradas por el Gobierno de Chile.
¿Y cómo es esto? Primero tenemos los aportes de la ley de estabilización. Aquí tenemos 125 millones de dólares que ya están en la ley. De hecho, son los flujos que se han tenido que girar durante estos años.
Pero además, la propuesta del proyecto de ley siempre contempló 80 mil millones de pesos año sobre recaudación de IVA y además 15 mil millones de pesos en...
Resumen de multa C. Este total recaudado nos da en el periodo 25 a 2027 de 533.000 millones de pesos. Pero con los últimos ajustes que el propio Ejecutivo reconoció, bajar de 4.7 millones de familias a 1.8 y además los recortes temporales, hacen que el costo del subsidio no sea superior a 380.000 millones de pesos. Entonces la primera pregunta, señora presidenta, es: ¿qué va a hacer el Ejecutivo con 153.000 millones de pesos de excedentes de recaudación?
El proyecto de ley tiene una técnica muy curiosa que dice que se autorizará a Hacienda, al Fisco, hasta. Por lo tanto, podría no utilizar esos recursos en subsidio y poder utilizarlos en otros conceptos que pueden ser gastos generales, financiamiento de otras deudas o apoyarse en el ejercicio financiero del año. Lo cual a nosotros nos parece que en verdad aquí tenemos una especie de caballo de Troya, donde hay un regalo griego que no se entiende muy bien hacia dónde va a seguir. Pero las matemáticas son así de sencillas, señora presidenta y miembros de la Comisión de Hacienda.
Y estos 153.000 millones son antes incluso de que analicemos por qué se quiere presentar un nuevo impuesto verde a las empresas. Y aquí tenemos que, si sumamos los 80.000 millones de pesos que quiere considerar el Ejecutivo en dos años, tendríamos ya 153.000 de sobre recaudación más 80.000, tenemos 233.000 millones de pesos que no se entiende por qué los quiere recaudar y menos se entiende en qué se estarían gastando.
Recordemos que la discusión tributaria tiene que ser razonable, tiene que tener una causa clara, razonable, bien explicada, y además tiene que ser proporcional, es decir, el beneficio que se quiere seguir tiene que ser adecuado con la carga que está planteando a ciertas empresas. Aquí lo bueno es que las familias ya están cubiertas, los APR están cubiertos y los electores dependientes están sin necesidad de grabar desproporcionadamente a las empresas de generación. Y no olvidemos, señora presidenta, que las empresas de generación hoy en día están invirtiendo en Chile. Nuestra industria es la segunda industria de mayor inversión en Chile después de la minería, en transición energética, nuevas tecnologías, nuevos trabajos y remover tecnologías anteriores, ¿verdad?, sin subsidio público. Entonces, realmente no se entiende la lógica de la política pública.
Por lo demás, recordar que la sobretasa de impuestos ya fue rechazada por la Comisión de Medida de Energía que tiene una expertise en estos temas. Obviamente ya nos vamos a resumir los principios constitucionales que el profesor Peña claramente estableció ayer y queremos recordar que siempre parte de esta discusión fue el compromiso del Ejecutivo de que todo el IVA extraordinario que se iba a recaudar en este proceso iba a ir a financiamiento. Entonces nos preguntamos, ¿el Ejecutivo no quiere cumplir con ese compromiso? ¿El Ejecutivo está utilizando este IVA extraordinario para otros fines distintos a los objetivos de la ley? Son preguntas válidas que uno se puede realizar.
También en otro ámbito apoyamos la idea de eliminar la bolsa PYME, ya que de aprobarse esa idea se estaría afectando la estabilidad y la seguridad jurídica de los contratos. Se estaría cometiendo una discriminación arbitraria respecto de un grupo muy pequeño de empresas de generación que están invirtiendo con esos contratos en la transformación energética de nuestro país. Y además, obviamente, ha puesto en riesgo la reputación y el riesgo país. Este es un proyecto que ha puesto, lamentablemente, a Chile en los escenarios internacionales, pero de una manera negativa, al no cumplir los acuerdos de las empresas, que son los contratos, y al no defender el sistema de inversión extranjera.
Así, la solicitud es concreta, señora presidenta, respecto a las indicaciones: aprobar la eliminación de la sobretasa transitoria de las emisiones, aprobar la eliminación de la bolsa PYME e incorporar a los APR como beneficiarios directos del subsidio eléctrico. Respecto al proyecto de ley, aprobar que todo el IVA recaudado se utilice en favor de las familias, los electrodependientes y los APR, y aprobar que el 100 % del monto comprometido de multas también vaya a su destino. Así, señora presidenta, apelamos a la experiencia y a la autoridad que tiene la Comisión de Hacienda del Senado en hacer ver que el Ejecutivo no tiene claro cuál es el destino de los recursos y tampoco tiene claro por qué quiere sobre recaudar 230.000 millones de pesos que no van a beneficio de las familias, que era el único objetivo de este proyecto de ley.
Muchas gracias. Agradezco la participación, señora presidenta. Muchas gracias, don Camilo. Gracias por, además, respetar los tiempos. Y ahora le vamos a dar la palabra a la Federación Nacional de APR Chile. No sé quién va a hablar, si su presidenta. ¿Cómo está usted, señora Yorkie? Buenos días, senadora. Buenos días, senador.
senadoras y senadores, saludarlos, saludar al ministro también presente y a todos los que están en la sala. Buenos días a todos.
Bueno, primero que nada agradecemos la posibilidad de expresar nuestra posición respecto de este largo y complejo proceso legislativo. Mi nombre es Yorkie Riquelme Maliqueo, soy presidenta de la Federación APR Chile, pero más allá de mi cargo, vengo como mujer rural, como dirigente de un sistema comunitario de agua potable de la Araucanía, sin fines de lucro, que todos los días enfrentamos una presión insostenible. Las alzas tarifarias nos empujan a la insolvencia y si no pagamos la electricidad se corta el suministro. No es una amenaza abstracta, es una angustia diaria, una tensión constante que se vive en cada comité, en cada reunión, en cada llamado de urgencia.
Las situaciones de los comités y cooperativas de agua potable y saneamiento rural es crítica. El alza tarifaria supera el 70% en muchos territorios y el subsidio propuesto apenas cubriría un 30% de ese impacto, dejando a los APR con una carga insostenible. A esto se suman aumentos de insumos críticos como cloro, repuestos, bombas, materiales de mantención y transporte. Todo esto encarece aún más la operación. No podemos cumplir con la continuidad del servicio que exige la normativa y se pone en riesgo el derecho humano al agua. Y cuando este derecho se quiebra, no es solo un problema técnico, es una herida en la dignidad de nuestras comunidades por las cuales trabajamos a diario.
Las compañías eléctricas ofrecen reprogramaciones de deuda, pero estas incluyen nuevos intereses y recargos; es decir, se transforma en un ciclo de empobrecimiento institucional, afectando la continuidad del servicio y la sostenibilidad de los APR. No estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones comunitarias que garantizan un derecho humano esencial en las zonas rurales, muchas veces sin el apoyo estatal suficiente.
Desde la Federación Nacional APR Chile nos dirigimos a ustedes con la convicción de que ha llegado el momento de actuar con decisión y responsabilidad frente a una crisis que amenaza la sostenibilidad de miles de sistemas comunitarios de agua potable rural en todo nuestro país. Desde agosto del 2024 hemos acompañado el debate legislativo en este proyecto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Energía y en el Pleno, y ahora en el Senado, donde lamentablemente vemos que la tramitación se ha visto entrampada por exposiciones reiteradas que, sin aportar nuevos antecedentes, insisten en argumentos técnicos y económicos sin mirar de frente la urgencia social que nos motiva.
Esta reiteración, que se ha vuelto constante en cada instancia legislativa, deja entrever una dinámica desgastante de discusión que posterga soluciones concretas para los territorios. En ninguna de estas intervenciones se reconoció, ni siquiera se mencionó, que en Chile existen 2.445 APRs oficialmente registrados que operan con eficiencia, resiliencia y compromiso comunitario. Tampoco se abordó qué derechos nos asisten, en qué condiciones trabajamos y en qué garantías constitucionales protegen a quien distribuye el agua que da vida.
Se ha dicho que el proyecto sería inconstitucional por vulnerar principios tributarios, pero nos preguntamos ¿qué principios nos protegen a nosotros? ¿Dónde está el resguardo al derecho humano al agua? ¿Qué garantías constitucionales protegen a las comunidades rurales que no pueden pagar la electricidad para distribuir el agua? Defender la lógica empresarial que nos rige y oponerse a un mecanismo de redistribución justa es, en el fondo, invisibilizar el rol comunitario de los APR y perpetuar su precariedad.
No se trata sólo de tarifas, se trata de reconocer que el agua en zonas rurales no se gestiona como negocio, sino como compromiso colectivo, y esa diferencia exige un trato distinto, digno y justo.
Se insiste en que los recursos fiscales serían suficientes sin necesidad de establecer contribuciones adicionales al sector eléctrico, pero esa mirada ignora que el subsidio propuesto apenas cubre una fracción de la tarifa y que los APR requieren mucho más que un alivio parcial. Necesitamos un apoyo estructural para sostener nuestras operaciones, renovar nuestra infraestructura y garantizar el derecho humano al agua en condiciones dignas.
Lo que sí existe es una urgencia social, territorial y ética. Cada día que se posterga este proyecto, se profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y ya enfrentamos condiciones muy precarias. Cada semana de espera agrava la insolvencia de los APR, promete la continuidad del servicio.
compromete la continuidad del servicio y pone en riesgo el cumplimiento normativo. Esta es una realidad que no puede seguir siendo invisibilizada. Por ello solicitamos formalmente a esta comisión el despacho urgente del proyecto, pero también advertimos que su aprobación sin corrección puede reproducir las mismas exclusiones que hoy denunciamos. No basta con ampliar la cobertura si se mantiene una arquitectura normativa que desconoce las condiciones reales de operación en los territorios. Proponemos que en el proyecto incorpore cuatro elementos esenciales para garantizar justicia energética y equidad territorial.
Que se despache el proyecto a la sala sin más dilatación. Que se garantice un mecanismo expedito, automático y directo para los APR, sin someterlos a procesos de postulación que generan exclusión. Que se incorpore un aporte real del sector eléctrico, entendiendo que esto no es solo un gasto fiscal, es una inversión en justicia territorial, sostenibilidad y paz social. Que se reconozca el carácter comunitario, no empresarial de los APR y se les otorgue un trato digno que merecemos como garantes de un derecho humano esencial.
Este llamado no es solo técnico ni presupuestario, es un llamado político transversal a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de justicia territorial, sostenibilidad y dignidad rural. Con respeto y firmeza, Federación Nacional APR Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yorki.
Le vamos a ofrecer ahora la palabra al Ejecutivo. No sé si hay alguna pregunta de nuestros colegas para los invitados.
Senador Kuchel. Pregunto a don Camilo Charme, por su intermedio, señora Presidenta. Me titulo. ¿Cuánto incidiría en el costo al consumidor de estos impuestos de 233 mil millones de pesos aproximadamente en la tarifa? Porque aquí estamos hablando de un servicio que es monopólico. Y todos los costos, como son monopólicos, se trasladan a precio. Aquí, al agregar impuestos que no corresponden, necesariamente van a precio y tarde o temprano hay que agregarlo porque lo contrario no vamos a tener inversión. No vamos a tener inversión en generación, transporte o distribución según donde caiga este peso. Y quiero saber si hay una estimación en ese sentido, cuánto incide en la tarifa, porque Chile ya está entre uno de los países más altos en tarifas eléctricas de América. Gracias, Presidenta.
Gracias, Senador Kuchel. Don Camilo, lo que estamos enfrentando aquí tiene dos derivadas. En el sistema de contratos en Chile tenemos contratos para clientes regulados y contratos para clientes libres. Para los contratos de clientes regulados, que somos nosotros en nuestras casas y en los pequeños comercios, efectivamente esto se va a ver en las próximas licitaciones. Al poner mayor nivel de riesgo en los contratos presentes, las empresas en las futuras licitaciones van a incorporar esa prima de riesgo en los precios a licitar y, por lo tanto, en las licitaciones futuras van a haber precios más altos porque el nivel de riesgo país aumenta. Y acuérdense que las empresas de generación se financian con el sistema internacional y una de las cosas que ha afectado directamente a este proyecto de ley es la confianza que ha tenido el sistema financiero internacional en la estabilidad y en la predictibilidad regulatoria y respecto de contratos. Respecto a los contratos de clientes libres, que son contratos directamente entre empresas y las empresas de generación, obviamente va a ser un traspaso más rápido. Ahora, ¿en qué afecta eso? Que los clientes libres son las empresas que queremos que sean más competitivas, son las empresas que producen bienes y servicios en Chile. Y por lo tanto, el aumento obviamente va a afectar la competitividad de nuestras empresas y nos va a hacer menos competitivos en el comercio internacional en un ámbito geopolítico donde ya hay suficientes incertezas. Entonces, que nuestro propio Ejecutivo ponga más incertezas en la competitividad de Chile tampoco se entiende. Pero lo más importante, señora Presidenta, por su intermedio, señora Kuchel, es que las familias, los APRs y los electos dependientes sí tienen financiamiento. Eso es lo bueno. Entonces, sin necesidad de gracias.
extraordinariamente con nuevos impuestos a las empresas. Eso es lo que está en el documento que presentamos. Senado Kuchel. Presidenta, pero como estamos hablando de un monopolio, las empresas pueden transferir esto a precio inmediatamente cuando pueden, o si no, en los contratos a futuro. A eso me refiero. Vamos a la... Sí, efectivamente.
En la palabra monopolio, en el sector de generación hay más de 400 empresas que ofrecen energía. Por lo tanto, es muy competitivo. Se compite, por un lado, en las licitaciones que organiza la Comisión Nacional de Energía. Es una competencia por los clientes regulados. Lo que sí es que se van a incorporar en los precios que liciten y esos precios que se licitan son los que después se traspasan a los clientes regulados, por lo tanto la prima de riesgo sube, los precios van a estar más altos en las licitaciones. Y en el caso de los clientes libres, también las empresas de generación compiten por estos clientes libres y se les va a transferir a través de las cláusulas de transferencia por aumentos tarifarios o por aumentos tributarios.
Vamos a dar la palabra al ministro que me la está pidiendo. Ministro.
Sí, o sea, lo primero que quisiera aclarar, que esto lo hemos dicho desde el principio, es que esto no tiene efectos inmediatos en las tarifas de las personas. Eso es algo que hay que dejar muy claro y creo que incluso el propio representante de las empresas generadoras, al no ofrecer un número específico de lo que va a pasar en la cuenta el próximo mes, lo está reconociendo, casi también. Respecto del potencial efecto en futuras subastas, eso es completamente indeterminado. Yo quiero recordar que estamos hablando de una sobretasa transitoria de dos años. Si eso va o no a tener efecto en las primas de riesgo, bueno. Ahí podemos tener distintas opiniones, digamos, porque las primas de riesgo y cómo eso podría afectar en los potenciales contratos. La verdad que ahí hay distintas posibles aproximaciones y obviamente cada cual puede tener su opinión. Pero quiero ser bien directo, esto no tiene un efecto en las cuentas de los clientes residenciales inmediato y al ser, digamos, una sobretasa transitoria por solamente dos años, su potencial para impactar las futuras subastas es discutible.
Señora Presidenta, tenemos que disentir de la opinión del Ministro de Energía. Obviamente que es relevante en un sitio donde las tarifas se van actualizando con las licitaciones y las tarifas es un conjunto de contratos y los promedios de éste, las señales de la certeza jurídica y las señales que se van hacia adelante van a hacer que los contratos tiendan a ser más altos y esto no es una opinión. La última licitación de clientes regulados que estaba dentro del marco de la discusión de este proyecto de ley hizo que solamente tres empresas postularan, tres, cuando teníamos en periodos anteriores proyectos de licitación de 15, de 18 empresas. Entonces, claramente, esto no es un asunto de opinión, es un asunto de hecho. Este proyecto de ley ha atacado las empresas, los contratos, la confianza de las empresas y la confianza del sistema financiero para financiar proyectos que tiendan a bajar los precios con energía renovable. Entonces, tenemos que disentir de la opinión del Ministerio de Energía.
Senador Macaya. Con respecto a estas dos preguntas y un comentario. La primera es, a ver, ¿qué no se ha incluido dentro de lo que hizo mención el señor Charmel? Y es una pregunta para el Ejecutivo. ¿Por qué no se ha incluido?
Dentro del financiamiento, porque acá hemos tenido la discusión sobre el IVA y básicamente hemos llegado a la conclusión todos los miembros de esta comisión que este es un proyecto más bien de hacienda, más bien de financiamiento y que dada la situación macroeconómica y la deuda que tiene nuestro país, hoy día hemos visto cifras bien importantes respecto a materia, que estamos en presencia de una discusión sobre si el proyecto está financiado o no. Desde la perspectiva de los aportes de Hacienda, 20 millones de dólares, aportes de clientes que están sujetos al CSP de la ley 21.667, la sobre recaudación del IVA, que es particularmente el aporte más significativo que aquí Hacienda nos va a decir que eso se da un pozo y que eso ya está gastado, porque probablemente cualquier ingreso que entre a las arcas fiscales ya está gastado. En concreto, en las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿En cuánto se avalúan? Porque acá el informe de las generadoras dice que esto es 15.000 millones. A mí me llama la atención, y en la conclusión a la que ellos llegan es que hay excedente en favor del fisco de 153.000 millones, por lo tanto el proyecto ya está financiado. Mi pregunta es, ¿esa afirmación es incorrecta? Yo le hago la pregunta al Ejecutivo respecto a esa afirmación que está en la hoja número 4 de la presentación de la generadora. La segunda pregunta, a propósito de lo que estaba conversándose recién respecto a la incidencia en precios, probablemente no hay una incidencia directa en el precio de las cuentas de los consumidores finales, pero recién, hace pocos días atrás, el 30 de julio del 2025, la Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta 452, dio inicio a una licitación excepcional de corto plazo para los precios de la energía y para ver cómo suplir algunos contratos que se habían adjudicado anteriormente y que se van a tener que volver a licitar. La pregunta es, lo que terminemos fijando, lo que se termine generando en este proyecto de ley, ¿va a ser incidente a sumo o va a ser una...? ¿Va a ser parte de las definiciones o de los parámetros con los que se tomen las definiciones de la Comisión Nacional de Energía? Yo me imagino que las generadoras van a estar mirando lo que ocurre en esta discusión para ver a qué precio postulan el costo de su energía en esta licitación. Mi pregunta es tanto para el señor Charme como para el Ministerio, si es que se tiene presente o se tuvo presente al momento de generar esta licitación excepcional de corto plazo. Yo creo que la respuesta es sí, me gustaría tener la confirmación de aquello. Y por último, para la gente de la APR, yo valoro, y en eso entiendo que se ha dado harta conversación al respecto, valoro que hay una preocupación real, tanto del Ministerio de Energía, como de los parlamentarios de la Comisión de Energía, y también como los parlamentarios de esta Comisión de Hacienda, en el tema de inversión en justicia territorial, sostenibilidad, paz social, que ellos manifiestan acá en su presentación. Y yo, a pesar de que incluso hay cosas que están fuera de las ideas matrices de este proyecto, como dice relación con los paneles, solar y otras cosas que entiendo que están dentro de la agenda del Ministerio de Energía, creo que se puede avanzar perfectamente. Y es compatible tener diferencias respecto del financiamiento de este proyecto con la con las aspiraciones no solamente de las aguas potables rurales, sino que también de los electrodependientes. Gracias, Presidenta. Gracias, Senador Macaya.
Sí, muchas gracias, señora Presidenta. A ver, respecto de lo que tiene que ver con el financiamiento, yo quisiera recordar que efectivamente, al momento de iniciar este proyecto de ley, este es un proyecto de ley que nace como un financiamiento mixto. Lo que se hace es concebir un conjunto de mecanismos de recaudación que incluían una bolsa PYME, que esencialmente moviliza un esfuerzo privado de las grandes generadoras principalmente. Un cargo FET, que estaba dirigido más bien a la generación distribuida, y una sobretasa al carbón, que estaba más bien dirigida a la generación termoeléctrica, y junto con un pilar fiscal. Entonces, efectivamente, el pilar fiscal ha disminuido porque hemos ido disminuyendo el tipo de cosas que vamos a ir financiando con este proyecto. Hemos ido reduciendo el número de años, hemos ido focalizando el gasto, pero también hemos ido reduciendo el número de años.
Hemos ido reduciendo todos los otros pilares. Yo quiero recordar que en el mensaje inicial... Otro pilar se refiere al del carbón y se refiere al... Al cargo de la bolsa BIM, efectivamente. Entonces, sí, muchas gracias. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. No todos tenemos su capacidad. Ordenen, ordenen.
Ministro, que no lo desconcentre el senador. Me encantaría tener su capacidad, imagínese. Oiga, ministro, que no lo desconcentre el senador. Voy, voy.
La sobretasa del impuesto a la demisión estaba concebida por tres años y cinco meses para una recaudación que oscilaba entre los 210 y 220 millones de dólares. Eso es lo que tenía el mensaje original. Lo que está proponiendo el último mensaje de indicaciones son 80 millones de dólares. Es una reducción del 60%.
Cargo FED. Originalmente, el cargo FED estaba pensado en movilizar de ese segmento de la industria eléctrica cerca de 420 millones de dólares totales, tres años y, digamos, el cargo que se puso en su momento de 2 pesos el kilowatt hora.
En el último paquete de indicaciones, la expectativa de recaudación de ese pilar es cero. Por lo tanto, es una disminución del 100%.
En la bolsa pyme hay distintas estimaciones de cuánto significaba, digamos, de compromiso por parte de las grandes generadoras, pero efectivamente se redujo a cero: es una reducción del 100% y una expectativa de podemos discutir cuánto era a cero.
Entonces, todos los otros pilares se han reducido en mucha mayor medida y lo que está haciendo el Ejecutivo en la última ronda de indicaciones es mantener la filosofía mixta del proyecto.
Obviamente, el sector de las generadoras, que en esta vuelta es el sector grabado con este instrumento de recaudación, no sorprende que se opongan. Yo creo que es difícil encontrar un momento en la historia donde el sector de la industria que es grabado por un instrumento de recaudación específico no se oponga, pero precisamente de lo que se trata es de mantener esta filosofía mixta sobre la base de esfuerzos razonablemente equivalentes por parte del fisco y por parte del sector privado para resolver un problema real.
Y en eso yo quiero quedarme en lo que menciona la dirigente de la pr. Lo que estamos proponiendo hoy día es una solución rápida al problema. Efectivamente, permite entregar un subsidio. Nosotros cambiamos, de hecho, nuestra aproximación inicial también en el gasto. En vez de establecer una bolsa de precios preferentes con postulación, que era un mecanismo administrativamente más complejo y que requería postulación, nos hemos movido a un mecanismo de subsidio directo que requiere financiamiento, no postulación.
Ya tenemos los registros de todas las APR incorporadas en el registro del MOP. Lo hemos utilizado para la implementación de la ley que elimina el recargo de hora punta. Por lo tanto, podemos llegar con este subsidio en un horizonte temporal rápido. Y, por cierto, se hace de una manera equilibrada entre el esfuerzo del sector público y de la industria.
Bueno, insisto, entiendo a aquellos que se oponen sobre la base de que el pilar fiscal se ha reducido, pero los otros pilares se han reducido en mucha mayor entidad, tanto en números como en porcentajes. Da lo mismo como uno lo mire.
Los pilares que tenían que ver con el esfuerzo del sector privado se han reducido en un mayor número y en una mayor proporción.
Y lo que está intentando el Ejecutivo es, con harto pragmatismo, disminuir números, disminuir expectativas de acceso a beneficios, quedarnos con aquello que es imposible seguir esperando. Y establecer un mecanismo pragmático, porque en las otras cosas nos podemos quedar discutiendo toda la vida en si queremos un mundo con más impuestos, con menos impuestos, porque obviamente hay una diferencia política muy grande y es natural que lo haya. Pero por eso son instrumentos temporales y de una cuantía pequeña y limitada, porque lo que buscamos construir es una solución temporal que permita darle conducción a un...
Problema real y urgente. Y por eso la invitación es que ojalá puedan acompañarnos con esta nueva ronda de indicaciones que yo creo que lo que principalmente refleja es un ejercicio de pragmatismo que esperamos que los senadores de esta comisión lo valoren en esa justa dimensión. Gracias. Presentes por su participación.
Don Camilo, última intervención para que esto no se transforme en un diálogo con usted. Sí, por su intermedio, señora presidenta, también el senador Macay hizo la consulta a nosotros. Y lo que tenemos que entender aquí es que el proyecto original era para familias y era 4.7 millones de hogares. Obviamente, en ese diseño que siempre tuvo dudas todos los expertos, hoy en día son 1.8 millones más los electrodependientes más APR. Por ejemplo, según nuestros cálculos, APR necesita 4 millones de dólares al año. Por lo tanto, las familias asociadas a APR están financiadas con los recursos que nosotros señalamos, sin necesidad de hacer nuevos impuestos. Así son declaradas las matemáticas. Entonces, lo que no se entiende es por qué seguir insistiendo en implementar nuevos impuestos cuando el financiamiento ya está. Y lo otro, obviamente, la bolsa PYME siempre fue una mala idea. Alterar los contratos de esa manera era una mala idea.
Y estamos muy felices que el Ejecutivo haya aceptado la propuesta de que nosotros también hicimos de que los APR necesitaban un subsidio directo con las reglas de la ley que ya existen. Así que en eso estamos de acuerdo. Pero la duda que hay es por qué quieren aumentar en 80 millones de dólares en impuestos cuando el IVA tiene 80 millones de dólares también. Ese IVA desapareció del juego a pesar de que el compromiso era utilizar toda la recaudación. Esas son las dudas, señora presidenta. Y con esto agradezco la participación en esta sesión. Muchas gracias, Levan.
Agradecemos también a todos los presentes por la participación. Con esto hemos completado la ronda de todas las audiencias que nos pidieron como comisión, 10 empresas, organizaciones, expertos, entre el día de ayer y el día de hoy.
Sí, gracias. Me hago la pregunta, no quiero entrar todavía en el tema de fondo a fondo, porque yo tengo todavía, tengo que tratar de entender bien la lógica que hubo detrás, del financiamiento compartido, etcétera, los pilares que ponía cada uno, que uno ya se no está. ¿Qué hubiera ocurrido si la recaudación hubiera sido mayor en materia tributaria?
Porque la explicación que me dan a mí es que esto tiene que ser compartido, pero que en el fondo mire ahora la participación del Estado baja, porque hay otras necesidades que cubrir, porque faltan recursos a nivel global. Para otros bienes públicos, todo es muy importante y loables, yo a ojos cerrados los apoyo, supongamos que están todos buenos los objetivos. Pero ¿qué hubiera ocurrido si la recaudación no hubiera sido mayor a la esperada, si hubiera habido más recursos? ¿Hubiera aumentado la participación del Estado en este proyecto de ley? Así como la rebajan porque quieren financiar otras cosas. Nunca sobra plata en el Estado, pero si hubiéramos tenido una proyección de recaudación sobre lo que habíamos estimado, ¿significa que este proyecto se hubiera visto beneficiado y usted le hubiera disminuido la carga a los privados? ¿La construcción de los otros pilares? Le dejo la pregunta que no tenemos cómo responderla porque la ocasión fue, pero me parece que…
¿Por qué me tica que no hubiera pasado eso? Yo le pregunto, especulativa la mía: si las condiciones financieras del Estado hubieran sido mejores a las que fueron y que expliquen en consecuencia que, a pesar de que los hogares son 1.8 y no 4, en consecuencia las necesidades de financiamiento son menores y, producto del aumento de las tarifas, el IVA va a permitir hacerse cargo en buena parte de lo que se requiere financiar; llegó a contrarreunir el censo y me dice que no, que le faltan recursos. Si a contrarreunir el censo hubiéramos tenido más recursos en el Estado de Chile… No sé. Sacamos luego la ley del royalty, sube el precio del cobre, hubiéramos tenido más recursos. Por lo que sea, con la lógica que me dice, así como falta, entonces yo disminuyo porque tengo que financiar otras cosas. Yo debo entender que el Ejecutivo sostiene que si aumenta la recaudación, hubiera aumentado la participación en este proyecto. Hubiera aumentado, no mantenido, aumentado. No sé. No pasa de eso.
Antes de dar la palabra al Ejecutivo, yo me quiero sumar a las preguntas que han hecho mis colegas. Uno debería partir por preguntar qué pasó con los recursos que teníamos comprometidos con el exceso de IVA. Qué pasó con esos recursos, cómo se gastaron y, obviamente, con este nuevo impuesto, que es el impuesto…
Al CO2 esta sobretasa, que claramente es cuestionable. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque si todos los datos que teníamos era que era suficiente con la recaudación del IVA, estamos inventando un nuevo impuesto. Y en esa misma línea, yo lamento que no esté aquí la directora de Presupuestos o el ministro de Hacienda, estamos pasando de 5 dólares a 3 dólares en la recaudación y cae menos que lo proporcional. Y por lo mismo es importante cómo se determinó esta recaudación, cuál es el impacto, cuáles son los números, no los tenemos, creo que es súper importante para efectos de lo que estamos discutiendo.
Y me parece que es súper importante cuando dejamos fuera los dos componentes, que era el tema de la bolsa PIM, el tema del FED, ¿qué pasa con esto?, ¿cuáles son los datos?, ¿cómo se modelan?
Con el ministro lo hemos estado conversando desde hace ya varias semanas, desde antes de que llegara el proyecto a la comisión, que él me pedía que por favor lo viéramos y le decía primero que llegara. Y por eso, para mí era tan importante aclarar que recién lo tuvimos una semana después de que salió de la Comisión de Minería y Energía. Entonces, eso es parte de lo que discutimos.
Y además hay otro elemento que yo se lo señalé al ministro, que no está puesto encima de la mesa y que sí importa a regiones como la mía, la del senador Macaya, la del senador Kuchel, no sé cómo será en las regiones del senador Lagos o el senador Insulza, pero el tema de las cooperativas eléctricas, que no están encima de la mesa y que también sufrieron producto de esta decisión, no es cierto, que se tomó en el pasado respecto de chutear o no pagar el cargo eléctrico. Y son temas que también tenemos que discutir, ministro.
Sí, me llevo su preocupación sobre, efectivamente, el tema de las cooperativas eléctricas que en su momento… Son los APR o servicios sanitarios rurales, que están ya abordados en el proyecto y que no es un tema. Y efectivamente es una situación a trabajar y encontrar, digamos, porque es un problema real la situación en que están las cooperativas eléctricas.
Respecto de esto, digamos, ¿por qué la reducción de 5 a 3? Básicamente, lo que… Perdón, de 5 a 3, si no sería una humanidad. La reducción de 5 a 3 efectivamente tiene que ver con la estructura de gastos a la cual fuimos llegando después de ir corrigiendo a la baja las expectativas de cobertura y, a su vez, incorporando este mecanismo para las APR y los electrodependientes. Hay un rango relativamente extenso donde una sobretasa transitoria para el sector termoeléctrico no tiene una gran influencia en la organización industrial. Y esto está estimado dentro de la discusión sobre la reforma fiscal verde. Hay un rango entre 1 y 5 de sobretasa, 1 y 8 de sobretasa, donde se estimaba que en ese rango no debería haber una influencia significativa en la organización industrial en la medida que fuera transitoria. Y dentro de ese rango, la elección de los tres dólares tiene que ver con, digamos, permitir viabilizar recursos para esta expectativa de gasto.
Respecto de lo que señalaba el senador Lagos, difícil ponerme en situación hipotética, pero típicamente la presión por incorporar nuevos aspectos de gasto en el subsidio siempre está, digamos. Entonces, si hubiera habido una situación más holgada, no me cabe ninguna duda de que también habría habido más presiones de gasto. Las presiones de gasto están lejos de ser finitas, digamos, para este sector, por cierto, menos todavía para, digamos, la Hacienda Pública.
Respecto de los escenarios de convergencia fiscal… su justificación, creo que quien está en mejor condición de responder esa pregunta es el…