Cuenta, Secretaría. Gracias, señor presidente. Han llegado dos solicitudes. Una del senador Tomás de Ramentería para que la Comisión reciba en audiencia a la Unión Comunal de Consejos Locales de Salud, quienes han manifestado su preocupación por la prolongada demora en la construcción del SAR de Plasilla. Segundo, el senador Rojo de Eguar, que solicita que la Comisión suscriba un oficio en que se pida al Ejecutivo informar sobre el avance, planificación y proyección de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en áreas críticas como diagnóstico precoz, salud pública, seguridad del paciente, entre otras, acompaña una reacción del oficio si es que la Comisión lo quiere despachar. Tercero, hay una comunicación del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite informe con antecedentes jurídicos de las legislaciones sobre eutanasia y muerte asistida en otros países, respondiendo al requerimiento de esta Comisión.
Por último, hay solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común de la presidenta regional de ANEF, señora Lorena Lobo; de la presidenta del Consejo Directivo FENAD, Octava Región, señora Evelyn Betancourt; del presidente nacional de la ANEF, señor José Pérez; de la presidenta regional FENAD Valparaíso, señora Luz María Rivero; del presidente de la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda, señor José Labra; y de la presidenta Confedeprut, señora Camila Fuente Villa.
Por último, hay invitación de la directora ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, señora Carolina Goy, para participar en la conmemoración de los cinco años de la promulgación de la ley del cáncer el día lunes primero de septiembre en la sala de lectura del Congreso Nacional y solicita apoyo en las actividades.
Muy bien, ¿algún punto de cuenta o varios en esta fase?
Quiero solicitar... Mientras tanto, aquí podemos enviar un oficio que está escrito, que tiene que ver con una reiteración hecha en el Instituto de Salud Pública y en el Minsal, que hicimos en julio del año 2024, sobre el problema del uso y abuso del tramadol. Ahí se pidió que pasara a control de stock la receta del tramadol, cosa que no ha ocurrido. Entonces, aquí hay un oficio, ministro, que le vamos a enviar con detalle. Todo esto viene de un estudio muy profundo que hizo la Unión Católica, del CITUC, respecto al consumo abusivo de tramadol y los efectos opioides también en la población. Si lo dejamos a la Secretaría, ¿habría acuerdo?
Hay acuerdo.
Hay una nota de la ex senadora Goiz, secretario, ¿lo puede precisar?
La senadora invita al evento en que se conmemora los cinco años de la promulgación de la ley del cáncer, el día lunes primero de septiembre, en la sala de lectura del Congreso Nacional y solicita apoyo.
En la Comisión de Régimen para contar con transmisión, streaming TV, Senado, café para senadores, etc. Apoyamos la iniciativa y la pasamos a régimen, entonces, derechamente para poder respaldarla. Muy bien. Bienvenido, senador Rojo Edwards. ¿Senador Macaya? Sí, básicamente, aprovechando el ingreso a la sala del senador Rojo Edwards, yo suscribo porque creo que es un tema muy importante en la problemática de salud, en potenciales soluciones. El oficio que él ha presentado a esta comisión, entiendo que está en el marco de entender cómo la inteligencia artificial se puede incorporar a áreas específicas, sobre todo diagnóstico y detección precoz de temas en materia de salud. Entiendo que está acompañado en su oficio, así que sería útil e importante, aprovechando que entró el senador Edwards, suscribirlo y hacerlo parte como comisión de salud. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Gracias, senador Macaya. Eso sería todo.
No, no, no, si estamos, somos ejecutivos. Acción rápida. Puede permanecer, ¿eh? Vamos a ver el primer proyecto de salud mental, si le interesa, senador. Ya. Entrando a la orden del día. Quiero ofrecer la palabra a la ministra o a la subsecretaria, dado que hemos sabido que por algunos motivos o razones no se han podido ingresar las indicaciones sobre salud mental integral, que está en el primer punto de hoy, así que le sugiero, ministra, si usted quisiera decir cuál es el itinerario que vamos a proseguir en el tema.
Sí, pues intermedio... Presidente, primero saludarlo, saludar al Ministro de Hacienda que nos acompaña en esta ocasión y a la subsecretaria, pedirle que por favor le dé la palabra a la subsecretaria de Salud Pública. Subsecretaria Andrea Albagli, por favor.
Buenos días, presidente, un gusto saludarlo. Por su intermedio también saludar a todos los honorables senadores de esta comisión. Efectivamente no alcanzamos, nosotros habíamos asumido un compromiso de poder tener presentadas las indicaciones el día de hoy para votarlas y poder despachar el proyecto. Eso por distintos motivos no fue posible, así que solo me queda presentar las excusas al respecto. Y no puedo yo ahora comprometer una nueva fecha porque también son gestiones que no solamente dependen directamente de mí y por ende sería irresponsable ahora entregarle un nuevo cronograma al respecto. Sí le puedo prometer que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder cumplir con nuestra palabra y dentro del más breve plazo le vamos a indicar cuándo va a ser la fecha que las indicaciones ingresarían. Nuestras disculpas, presidente.
Bien, ustedes comprenderán que de parte de la comisión hay la mayor disposición de avanzar, está previsto despacharlo hoy día, dependíamos de esas indicaciones formales, así que la lleva el Ejecutivo en esto. Nosotros quedamos contestes, como dicen los abogados, de poder recepcionar las indicaciones y ahí ponerlas en tabla en el momento en que ustedes las ingresen.
Senadora, órdenes. Gracias, presidente. Solo consultar, ¿cuáles han sido las dificultades o los otros actores que tienen que intervenir y que por supuesto no ha sido viable contar con las indicaciones?
Sí, presidente. Lamentablemente no tengo yo esa respuesta. El acto de ingresar las indicaciones depende de otros actores, no solamente Sexpress, y por ende yo no tengo detalle de esa explicación que razonablemente plantea como duda la senadora. Recordemos que son enmiendas que estaban en borrador y se tenían que formalizar y eso es lo que se ha entrampado un poco, pero bueno, no vamos a entrar en más detalle, vamos a quedar a la espera de que esto suceda para que el proyecto pueda salir despachado lo antes posible en las siguientes sesiones que ya estén disponibles.
Quiero un minuto de pausa antes de entrar al segundo tema para que puedan entrar los gremios, algunos de los representantes. Por favor, secretario. Pausa un minuto. Por favor, suspender la sesión un minuto, televisión Senado.
Se renueva la sesión y le damos la bienvenida al Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, a la Ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, a la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, al Asesor Directo del FUNASA, don Matías Goyenechea, a don Cristian Miquel, Asesor Legislativo del MinSAL, y al abogado, don Manuel Pérez, del Ministerio de Salud.
Estamos convocados para presentar por parte del Ejecutivo el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la ley integral de salud, perdón, que establece el periodo de carencia por incapacidad laboral por accidente o enfermedad común e introduce modificaciones en su aplicación en el sector público, fortalece las facultades de las comisiones de medicina preventiva y modifica las normas que se indica en el boletín 17678-11, con urgencia calificada de simple.
Se excusó el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo. Vamos a dar la palabra al secretario para que haga la relación del proyecto, dar la bienvenida también a los representantes máximos de la ANEFTO, cabezada por don José Pérez, su equipo, y decirles a todos y todas que el ánimo de esta comisión, no solo mío, que me toca hoy presidir, presidente titular... Está temporalmente fuera del país, pero es que este proyecto de ley que hoy día debuta tenga una tramitación ordenada, debidamente pausada, para escuchar a todos los sectores gremiales interesados, obviamente, en un tema tan sensible como es el uso de la licencia médica.
Yo quiero destacar que durante 35 años no se habían hecho modificaciones a las normas de la licencia médica. Esto viene de mediados de los 80. Ahora, en el actual periodo, se han introducido diversas normativas, como la ley de grandes emisores, que fue promulgada hace dos meses atrás, el proyecto de FUNASA, que establece a esa entidad como el primer piso de admisión de licencias médicas, que está aprobado ya en general por esta comisión, está a la espera de sala, y este proyecto, que se origina en un acuerdo de protocolo del mes de noviembre del año pasado establecido por el Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso para introducir las enmiendas integrales al subsidio de incapacidad laboral.
Este proyecto, que es del Ejecutivo, lo aclaro, no tiene que ver con los posteriores escándalos o problemas que han suscitado a partir de la denuncia de Contraloría que proceden del mes de mayo. Esto es mucho anterior; el Ejecutivo había establecido una prioridad política de ir avanzando en este tema con reformas profundas, en algunos casos, al régimen de licencias médicas que ha tenido tantas dificultades en estos 40 años que no se ha enmendado nunca.
De modo tal que voy a pasar a darle la palabra al secretario para que dé la relación y después al Ejecutivo encabezado por los dos ministros de Estado. Gracias, señor Presidente.
Corresponde a la relación al proyecto de ley que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las comisiones de medicina preventiva e invalidez y modifica las normas que indica. Boletín 17678-11. Este proyecto de ley fue iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República de fecha 9 de julio del presente año. Con el mismo día se dio cuenta en la sala del Senado y tiene urgencia calificada de simple.
El proyecto se estructura sobre la base de seis artículos permanente y cuatro transitorio. Tiene como objetivo realizar los ajustes específicos destinados a resguardar el correcto uso y funcionamiento del SIL. El subsidio de incapacidad laboral, que es el que regula la situación de accidente y enfermedad común que corresponde al derecho que tiene una persona trabajadora, sea dependiente, independiente o pensionada, que trabaja en la salud.
baja afiliada a un régimen de salud, de ausentarse total o parcialmente del trabajo y recibir un pago en dinero mientras se encuentra haciendo uso de una licencia médica por accidente o enfermedad común. En concreto, este proyecto propone los siguientes cambios.
Primero, definir un nuevo periodo de carencia para el SIL aplicable con independencia de la extensión de la licencia médica. Para este fin, el proyecto propone disminuir a dos días el periodo de carencia en el pago de los SIL para las licencias médicas por accidente o enfermedad común, independiente de su duración. Con esta medida, se aumenta en un día el subsidio para licencias iguales o menores a 10 días, a la vez que se introduce la carencia en las licencias de 11 días o más.
Un segundo punto del proyecto es homologar la regulación del sector público y privado. Como existen diferentes regímenes entre ambos sectores, aun cuando la contingencia que deriva del otorgamiento de una licencia médica es la misma, accidente o enfermedad común, el proyecto avanza hacia una regulación común para quienes reciben este subsidio. Para este efecto, la normativa propuesta respecto al sector público crea una remuneración diaria durante la licencia, aplicable transversalmente al personal afecto a diversos estatutos durante sus licencias médicas de origen común. Esta remuneración durante licencia se aplica solo en caso de enfermedad o accidente común, es decir, no se extenderá a permisos maternales ni a reposos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. En síntesis, la remuneración se devengará diariamente a partir del tercer día de vigencia de la licencia médica y será equivalente a la trigésima parte de la remuneración bruta que le habría correspondido percibir al funcionario de haber desempeñado sus labores durante un mes completo. De tal forma, esta propuesta homologa al sector público con el privado.
Un tercer aspecto es el cómputo del tiempo de la causal de cese por salud incompatible con el desempeño del cargo. Dada la naturaleza de la función pública, diversos estatutos han contemplado como causal de declaración de vacancia la salud incompatible con el desempeño del cargo, lo que se determina en base al número de días con licencia médica del personal dentro de cierto largo de tiempo. Sobre el particular, el proyecto establece que deben computarse los días con licencia médica que hayan sido rechazados siempre que la persona haya hecho uso del reposo y se haya ausentado de sus labores.
Por último, se propone un fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la COMPIN. El objetivo es permitir que la COMPIN detecte conductas incompatibles con el reposo indicado en una licencia médica a través del tratamiento de datos. En primer lugar, fija como obligación de los órganos de la Administración del Estado la colaboración con la COMPIN, de modo de compartir los datos que requiera para la fiscalización del reposo y el buen uso de la licencia médica. Por ejemplo, con esto se puede mejorar la coordinación entre la COMPIN y la PDI para el acceso a registros de entrada y salida del país. También facultará a la COMPIN para pedir antecedentes, entre otros, al Servicio de Impuestos Internos, a fin de confirmar la emisión de boletas de honorarios por parte de personas beneficiarias del subsidio por labores incompatibles con el reposo médico. En segundo lugar, el proyecto faculta a la COMPIN para requerir a instituciones privadas información sobre el registro de transporte de pasajeros en relación con viajes nacionales e internacionales e información relativa al acceso a actividades recreacionales. Y por último, crea una instancia especial para que la COMPIN controle preventivamente las licencias prolongadas más de 180 días en un periodo de un año.
Esto es todo, señor presidente. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, encabezado por sus dos ministros de Estado, para que inicie la presentación de este proyecto tan importante en el Senado, ingresado hace un mes atrás y que hoy tenemos la oportunidad de empezar a discutir. Reiterar que vamos a abrir un periodo de audiencias extenso con los distintos sectores de interés, porque eso procede en sede legislativa: hablar con todos y escucharlos a todos, e iremos avanzando gradualmente en la medida que el tiempo lo permita para poder ir clarificando los alcances de este proyecto de ley.
Tiene la palabra la ministra Jimena Aguilera, por favor. Y quiero decirles, perdón, que tenemos un índice de saturación de CO2 muy alto. Vamos a respirar poco. Les sugiero que puedan abrir un poquitito las ventanas porque cuando el CO2 se eleva puede enrarecerse el aire y la conversación, que no es deseable. Ya, ministra. Muchas gracias, presidente.
Nuevamente a los senadores y al ministro de Hacienda que me acompaña. Este proyecto, como lo relató el secretario, modifica el periodo de carencia del subsidio por incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las capacidades de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y modifica las normas que se indican en el proyecto.
Este proyecto representa para el Ejecutivo una reforma necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Recordemos, y lo señalaba también usted, presidente, que este es parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo para la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2025, que contempló la presentación del proyecto de ley en análisis. Así se dice, está exactamente así en el protocolo de la Ley de Presupuestos.
De la misma forma, durante el primer semestre del 2025, el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. Y como usted mismo señalaba, este es un compromiso asumido en antelación a todo lo que ha ocurrido por la acción de la Contralora en relación a las investigaciones que ha desarrollado sobre el uso del subsidio de incapacidad laboral. Y es complementario a las acciones que ya ha estado desarrollando el Ejecutivo en relación al uso de este subsidio de incapacidad laboral.
Recordar que la licencia médica es el derecho de los trabajadores a guardar un reposo por condición médica. Muchas veces, desde el punto de vista médico, solamente el reposo es la única indicación que permite que la persona recupere su estado de salud en muchas circunstancias.
Y el subsidio de incapacidad laboral es una prestación económica del sistema de seguridad social destinada a entregar recursos a las personas que por el estado de necesidad de enfermedad tienen ingresos ausentes debido a la enfermedad en forma temporal. Es un subsidio que cubre accidentes y enfermedad común.
Es financiado, o debiese ser financiado, con cargo a las cotizaciones, en el caso de la enfermedad común, de los propios trabajadores, a diferencia de lo que es el subsidio por incapacidad de la ley 16.744, que es asumido plenamente por el empleador, dado que es el que genera el riesgo al cual están sometidos los trabajadores. En el caso del subsidio por incapacidad laboral, debiese financiarse con cargo a la cotización. Como se menciona, es una función de la seguridad social y tiene, como se mencionó, periodos de carencia, distintos parámetros que después vamos a señalar, que son los que eran objeto de este proyecto de ley. Por ejemplo, el tema de la carencia, la tasa de reemplazo. En el caso chileno hay un umbral a la carencia, que es algo bastante poco usual a nivel internacional. Y está también el tema del tope. Puesto que se financia con las cotizaciones, por lo tanto, no debiera financiar, y no es así en el sector privado, más allá de lo que se está imponiendo a través de las cotizaciones. Situación que no ocurre en el sector público.
¿Cuáles son los desafíos identificados en el tema del subsidio de incapacidad laboral? Bueno, en varias ocasiones hemos tratado este tema aquí en esta comisión, incluso fue la primera comisión donde vino la Contralora a presentar sus resultados, pero nosotros con anterioridad, cuando dimos urgencia y tramitamos el proyecto de ley de grandes emisores, estuvimos conversando, y también cada vez que hemos negociado el presupuesto en estos años de gobierno, sobre el aumento del total de licencias médicas anuales, que es un desafío enorme, una detección de uso de licencias médicas para fines distintos al reposo médico, que es para lo cual está diseñada la licencia médica y, por supuesto, el subsidio, la detección de organizaciones destinadas a defraudar el sistema, que han sido investigadas a través de querellas, con personas incluso con prisión por esto, en procesos judiciales, un ausentismo muy elevado en el sector público, que está después de la situación de pandemia y, sobre todo, en el tema de salud, que nosotros hemos tratado de enfrentar.
Por supuesto que hay una situación del impacto pandémico dentro de los trabajadores del sector salud, que se vieron sobrepasados por la acción durante la pandemia, no solo por la cantidad de trabajo, sino también por el impacto emocional de ver fallecer tantas personas. Como ocurrió, recordemos que durante los años de pandemia fallecieron más de 50.000 personas, en adición a lo que fallecían normalmente, y pasamos de la estadística de 100.000 defunciones anuales a 120.000, bruscamente, de un año a otro, que es el efecto de la pandemia y que fue un efecto en todo el mundo, y además la pérdida de la vida de los compañeros.
Sin embargo, esta situación se ha cronificado y se ha mantenido, a pesar de que hemos hecho medidas que han logrado reducir en parte ese ausentismo en una gran cantidad, lo que nos afecta a nosotros en la continuidad de los cuidados y, además, por la financiación, que es el segundo desafío identificado. Nosotros tenemos una presión financiera, porque con el presupuesto sectorial...
financia el subsidio de incapacidad laboral, compitiendo directamente con la necesidad de cubrir las necesidades de atención médica, que también se han visto aumentadas y con mayor complejidad después de la pandemia, además del envejecimiento poblacional, el aumento de los costos que ustedes han visto, y también el tema de los costos de operación de los servicios de salud, cosa que hemos discutido en cada una de las leyes de presupuesto.
Existe una concentración del gasto en las licencias prolongadas, que fue lo que provocó que estábamos especialmente en el tema de las licencias médicas a grandes emisores. Hay una paradoja: sobre el 1% de los casos, las licencias mayores de 180 días consumen el 6% de los recursos, lo que no significa que sean todas inapropiadas, pero que requieren un mayor seguimiento.
Hay una gran diferencia de comportamiento entre el sector público y los sectores privados, gente que tiene empleador privado con licencias cortas, cercanas a fin de semana y festivo, en forma más frecuente en el caso de los empleados públicos, y con licencias de privados concentradas sobre el umbral que elimina la carencia en el caso de los privados. Y, por cierto, problemas de la fiscalización, dado el incremento del uso de las licencias médicas, se enfrenta esta situación, además del aumento de los beneficios para las personas que tienen discapacidad. Todo esto presiona a la COMPIN, que es la entidad sectorial encargada de controlar las licencias médicas.
Bueno, esto cuando uno ve el aumento de licencias médicas: aquí hay una estadística de cómo aumentó, de alrededor de 6 millones de licencias tramitadas a sobre 9.500.000 el año 2022, que fue la situación de PIC, y 8.400.000 durante el año 2023. Se ve que el gran incremento, y sobre todo, por supuesto, se produjo por la pandemia. Recordemos que el COVID exigía una licencia médica y que además, desde el punto de vista sanitario, nos interesaba que las personas efectivamente no estuvieran circulando y contagiando a los demás. Sin embargo, esa situación también se ha mantenido, como decía, en niveles altos posteriormente.
Se ve que el comportamiento de los días de pérdida promedio por trabajador llega alrededor de 32,34 días. En el caso de los trabajadores de la salud, un poco más alto: hay un incremento del 42%. Las licencias médicas no parentales entre el 2018 y el 2023, que son de alto impacto, estamos hablando de 8,4 millones de días laborales perdidos, equivalentes a 30.000 jornadas completas en un año. Esto no solo tiene un costo fiscal, sino que afecta la calidad, como mencioné anteriormente, del servicio público. Y, por cierto, se relaciona con la pandemia, pero se mantiene posterior a ello. Aquí ustedes ven los desafíos de los días promedio de ausentismo por licencia médica: los 8 millones de días que equivalen a cerca de 30.000 jornadas completas equivalentes.
En cuanto al tema del financiamiento, aquí se grafica cuál es el uso sobre la cotización obligatoria de salud, que como decíamos es el instrumento destinado a financiar. El 2023 consumió 3,7 puntos porcentuales destinados al subsidio de incapacidad laboral de la cotización obligatoria; el 2024, 3,2. El 2010, para que tengan una estimación de comparación, solo 2,2 puntos porcentuales se ocupaban para el uso del subsidio de incapacidad laboral de la cotización legal de salud, siendo FONASA el 2,2 y 1,7 % en ISAPLE. Y ahí se refleja claramente el aumento y la presión que tiene sobre el financiamiento del sistema de salud y de las cotizaciones, tanto en el sector público como privado. Por cada peso que se destina al subsidio de incapacidad laboral es un peso menos para las atenciones médicas, especialmente para medicamentos y prestaciones de salud. Y esta tendencia es insostenible y pone en riesgo el financiamiento de las prioridades sanitarias.
Aquí también está la diferencia en la evolución del gasto, que aumentó en un 73 % para el caso de FONASA versus un 2 % del caso de las ISAPRES, que si bien ciertamente las personas de ISAPRES, que son más jóvenes, tienen una condición de salud mejor, pero no a ese nivel de uso de subsidio de incapacidad laboral. Esto refleja diferencias más bien estructurales y no tanto epidemiológicas. Esta diferencia entre los dos seguros venía desde antes, pero continúa después de la pandemia también. La cifra que produce mayor impacto son los 2,1 billones de pesos solo en FONASA, equivalente al presupuesto de varios ministerios que se están ocupando en el subsidio de incapacidad laboral. Como decíamos, entre los desafíos que también trataba abordar este proyecto,
El proyecto está la concentración del gasto de las licencias prolongadas, con números de reposo muy elevados, con un porcentaje que concentra una gran cantidad de gasto en un porcentaje pequeño de licencias médicas, y que para eso incluso nosotros tuvimos un proyecto que se destina directamente al emisor de esas licencias médicas, pero también es necesario completar el ciclo viendo también la fiscalización, como incorporamos en el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Circulo, que ya se discutió en esta comisión y como es también el fortalecimiento de la fiscalización de estas licencias prolongadas que está en el proyecto que estamos presentando.
Aquí en esta lámina también se muestra la tasa de incapacidad laboral que mide el promedio de subsidio por cotizante al año. Es un indicador clave en el uso del sistema. El sector público pasó de 12,5 a 15,9 días, 27% en cuatro años. El sector privado también aumentó, pero manteniéndose en una tasa menor. Y cuando hablamos de estos sectores no nos referimos al seguro FONASA y SAPRE, sino que al empleador, al público y privado. Los trabajadores con derecho al subsidio de incapacidad laboral en el sector público son 721.600 y en el sector privado son 6.726.017. Porque recordemos que hay trabajadores del sector público que son asegurados en el sector privado.
Entre los otros desafíos, como mencioné y anuncié anteriormente, la diferencia de comportamiento entre los sectores, que algo ya hemos ido viendo, en la duración de las licencias, en el sector público el 35% de las licencias superan los 11 días, mientras en el privado el 59%, y esto se vincula al hecho del umbral de la carencia que tiene el subsidio, que se aplica en el caso de las personas que tienen empleador privado.
Aquí están los antecedentes que se usaron para evaluar los cambios paramétricos en la diferencia entre cotizantes de FONASA del sector público. El sector público tiene 2,7 licencias por año por trabajador sin carencia, sin tope imponible y con un 35% de licencias mayores de 11 días. Y esto significa en 15,9 días de tasa de incapacidad laboral. En el sector privado hay 0,6 licencias por año por trabajador con una carencia de 3 días con tope imponible y con un 59% de licencias de mayor de 11 días. Es decir que en el caso del sector privado hay menos licencias, pero de una duración más larga, producto del umbral en la carencia. Y en el caso público hay un mayor número de licencias, pero de menor duración, también de alguna forma influenciado por el hecho de que no existe carencia. Y eso se refleja también en los usos de la tasa de incapacidad laboral resultante.
Entonces, esta estructura de parámetros diferenciales entre sector público y privado de alguna forma está influyendo, como se demuestra aquí, en el comportamiento del uso del subsidio de incapacidad laboral entre ambos sectores.
Aquí en este gráfico, por ejemplo, se observan los comportamientos estratégicos que se tratan de corregir. Muestran claramente cómo las licencias de las personas que son empleadas del sector privado se concentran en aquellas mayores de 11 días que están ahí en la barra azul, mientras las personas que son empleadas del sector público tienen una concentración en las licencias más breves.
Cuando uno ve el día en el cual se concentran estas licencias médicas, vemos que para licencias médicas de tres días de duración se observa un mayor uso del reposo los días lunes, sin que haya una explicación epidemiológica que lo fundamente.
En el caso de las licencias médicas de dos días, hay una concentración en los días lunes y jueves, también sin una razón epidemiológica o de tipo médico que explique esta concentración de los días en esos días de la semana.
Y en el caso de las licencias médicas de duración de un día, que está en ese gráfico, se observa claramente una concentración los días lunes y viernes consistente con la duración del subsidio de un día.
Cuando uno observa la pérdida de días trabajados por licencias cortas de menor de tres días los trabajadores inscritos en FONASA, solo yendo en suma a los asegurados de FONASA, comparados entre los trabajadores que son afiliados a FONASA pero que son trabajadores de empleo público versus los trabajadores que son empleados del sector privado, se observa que el 33,8% de las licencias médicas de aquellas personas aseguradas en FONASA que tienen un empleador del sistema público, tienen 33,8% de sus licencias a un manera de tres días, versus un 18,4% de aquellos que tienen empleadores privados y que tienen esta carencia de los tres primeros días.
El costo de las licencias cortas ronda...
alrededor de 25.000 millones de pesos anuales para el fisco. Otro desafío asociado que hemos tratado de enfrentar a través de los proyectos de ley y también de este, los problemas de fiscalización, los casos detectados por contraloría de los funcionarios públicos que registraron salidas del país durante las licencias médicas, las limitaciones de la COMPIN en relación a estos cruces de información que solo pueden solicitar 50 roles únicos tributarios mensuales a la PDI y no hacer estos cruces como sí realizó la Contraloría. Esto lo vimos, lo discutimos acá en una sesión especial, justamente que vino la Contraloría y estuvo la subsecretaria y la directora de COMPIN presentando cuáles son las condiciones en las cuales nos podemos realizar la fiscalización, la falta de facultades para solicitar información masiva a instituciones públicas, las licencias que existen, estas licencias fraudulentas, los grandes emisores con emisión del extranjero, y que es imperioso desde nuestro punto de vista cuidar el uso y destino de los recursos de la seguridad social.
En este sentido, la estrategia de enfrentamiento de la Ejecutiva ha tenido tres ejes, como también anuncié anteriormente, ir contra la conducta fraudulenta y los grandes emisores a través de la Ley 21.746, que ya está vigente, los arreglos institucionales para fortalecer la fiscalización, que están en el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y los arreglos estructurales para mejorar los incentivos o el proyecto de ley para cambiar los parámetros de las licencias, como se comprometió en la negociación de presupuesto del sector salud y que es lo que se está cumpliendo con la presentación de este proyecto de ley.
Lo que nosotros enfatizamos con esto es que no falta una sola medida, sino que tienen que ir medidas relacionadas con los emisores, con la fiscalización y también con los incentivos que hoy día existen hacia las personas que buscan este subsidio de incapacidad laboral, incluso en condiciones en las cuales no hay un fundamento médico.
Sobre los emisores, solamente repasar cuáles son las medidas que se han tratado de implementar. La protección de los pacientes y médicos, fortalecimiento de licencia médica para la recuperación. Se estableció el concepto legal de falta de fundamento médico. Se integró con telemedicina. Se estableció un sistema de control reforzado. Hay sanciones administrativas más fuertes sin criminalizar el error médico.
En caso de los arreglos institucionales, que son el proyecto que ya se revisó en esta comisión y que está en espera, entiendo, de la Comisión de Hacienda, que es el Boletín 17.375-11, que crea la Contraloría Médica en FONASA, tiene acciones a nivel de la COMPIN, le deriva en el fondo toda la parte de Contraloría Médica, de manera que COMPIN queda como una instancia de segundo nivel para revisar las licencias médicas que la gente pueda apelar contra las definiciones de FONASA. Y sin embargo, la COMPIN mantiene la fiscalización del reposo médico, para la cual en el actual boletín, como ya mencionó el secretario, se fortalecen las atribuciones para efectivamente fiscalizar el tema del reposo médico.
Bueno, sin más preámbulo, pasemos un poco a detallar las medidas del Boletín 16.678-11, que es el que estamos viendo en este momento.
El objetivo es realizar ajustes específicos destinados a resguardar el correcto uso y funcionamiento del subsidio de incapacidad laboral, mejorando la eficiencia y la equidad del sistema.
Los principios son la equidad, tratar de tener mismas reglas para trabajadores públicos y privados, eficiencia, incentivos para el uso responsable, la sostenibilidad, la protección del sistema de seguridad social y la transparencia a través del fortalecimiento de la fiscalización.
Los parámetros de la licencia médica que podían ser sujetos de la modificación son la carencia, el umbral de la carencia, la tasa de reemplazo y el tope imponible. En este proyecto de ley se modifica la carencia, el umbral de la carencia, no se modifica la tasa de reemplazo y sí se modifica o se aplica el tope imponible.
La medida 1, el periodo de carencia unificado, se establece un periodo de carencia de dos días para todas las licencias médicas por accidente o enfermedad común, independiente de su duración. El beneficio para las licencias menores de 10 días es que ganan un día adicional de subsidio. Para las licencias mayores de 10 días se introduce la carencia de solo dos días. Elimina los incentivos a prolongar innecesariamente el subsidio. No habrá más concentración artificial en los 11 días. Tiene un mismo tratamiento independiente de la duración de licencia y del tipo de trabajador, para nosotros esto elimina distorsiones y por lo tanto hay un mayor subsidio para licencias cortas legítimas y fin a las manipulaciones de la duración. Por lo tanto, con esto se elimina la regla actual que genera incentivos para otorgar licencias artificialmente más largas para evitar la carencia y mantiene el desincentivo al ausentismo repetido por periodos breves, que es propio de todas las carencias y se le aplica también a las licencias
También al sector público. No es conveniente optar por la alternativa de eliminar toda carencia, pues ello generaría otros incentivos, como lo muestran, como lo mostraban los gráficos que ya demostramos anteriormente respecto a la concentración de estos subsidios breves en algunos días de la semana y no en forma, como uno esperaría, más uniforme a través de la semana. En esto, por cierto, hay un balance óptimo.
¿Qué es lo que sucede a nivel internacional con estos temas de carencia? Bueno, es bien disímil. La verdad es que no siempre es fácil comparar las estadísticas del subsidio de incapacidad laboral, porque no en muchos países tenemos la separación que nosotros tenemos, la segmentación entre la enfermedad laboral y la enfermedad común. Entonces, eso lleva a que haya que considerar eso cuando se compara con otros países.
Y ahí observamos que la situación de carencia existe en varios países. También hay otros que no tienen carencia, pero que tienen otros mecanismos de control. Y lo que ningún otro encontramos nosotros es que tenga este umbral a la carencia, que sobre cierta duración, en el fondo, no exista carencia.
Entonces, Chile, en relación a los países de la OECD, está en una posición intermedia, con tres días de carencia, al igual que España, Francia, Reino Unido y Suiza, mientras que países como Alemania, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y los Países Bajos no tienen. Bélgica tiene un solo día de carencia e Islandia presenta un periodo muy extenso de 14 días.
La particularidad nuestra es la condición a este umbral, porque es poco usual esta experiencia internacional. Como digo, hay que considerar que en estos otros países está integrado el sistema del subsidio de incapacidad por enfermedad laboral con la enfermedad común.
En Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay tiene tres días de carencia, como Chile, pero no aplica a los casos hospitalizados.
En el caso de la tasa de reemplazo, que como mencionaba, en este proyecto finalmente no se modifica. El 21% de 145 países que introducen en su sistema de seguridad social el subsidio de incapacidad laboral cuentan con una tasa de reemplazo del 100%, mientras que el 65% de los países tienen coberturas de reemplazo menores que van entre el 50% y el 75%. Por ejemplo, Alemania tiene una tasa de reemplazo del 80%, Suecia un descuento adicional del 20% en los primeros 15 días, y Francia, España y Portugal tienen tres días sin cobertura.
Esto sobre la carencia.
Sobre la homologación del sector público y privado, se establece que los funcionarios tengan el mismo régimen que el sector privado, como leyó el secretario, dado que el DFL 44 solo se aplica al sector privado, se crea en cada estatuto público una nueva remuneración durante la licencia con un monto de un trigésimo de la remuneración bruta mensual, con el tope máximo imponible, carencia de dos días y con los requisitos que son los actuales para tener subsidio de incapacidad laboral, que son seis meses de afiliación y tres meses de cotización. Eso no tiene modificación.
El impacto que elimina las diferencias de incentivo entre los sectores y mejora la equidad del sistema alineando el comportamiento de uso.
La medida número tres, el cómputo mejorado para la vacancia, se incluyen días de licencia rechazada.
¿A qué se debe? Que nosotros hemos estado tratando de mejorar el proceso de las personas que tienen licencias médicas prolongadas.
Recordamos que el subsidio de incapacidad laboral es para discapacidades o discapacidad a una enfermedad temporal, no es para una situación definitiva, y que aquellas licencias médicas que se prolongan más allá de 180 días tienen que ser sometidas al proceso de evaluar si tienen una salud compatible o si la situación es recuperable o irrecuperable.
Sin embargo, en ese cómputo de los 180 días, en la actualidad no se puede incluir los días de las licencias médicas rechazadas, pero en los cuales la persona no asistió y la licencia médica, aun cuando fue rechazada por el subsidio, sí justificó la inasistencia.
Por lo tanto, produce limitaciones en el análisis de las personas que tienen esta condición de ausencia prolongada, independiente de si la licencia fue aceptada o no, a pesar de que hay una justificación del ausentismo.
Entonces, no se computan esos días que la persona no estuvo efectivamente trabajando dentro de los 180 días. Entonces, no operan las sanciones, tampoco opera el mecanismo de revisión.
Esto da mayor precisión, una evaluación más exacta de la incompatibilidad laboral, permite hacer un cierre de brechas, evita que los rechazos técnicos oculten el ausentismo real, porque de alguna forma esa persona no está ausente y no se puede computar esos días al ausentismo, y lleva a una aplicación universal.
Entre las medidas, la cuarta…
El fortalecimiento de la fiscalización, hay nuevas facultades para la COMPIN, el acceso a información de organismos públicos y privados que están obligados a colaborar, habilita el cruce de datos, fortalece el control preventivo con autorización especial para licencias de mayor de 180 de año, todas esas licencias van a tener que ser fiscalizadas y permite solicitudes de FONASA, puede FONASA solicitarle a la COMPIN también fiscalizaciones fundadas. En esto, por cierto, siempre hay resguardos a la privacidad con los estrictos principios de finalidad, idoneidad, legitimidad y proporcionalidad y hay sanciones por el mal uso de la información como falta a la prioridad administrativa.
¿Cuáles son los logros esperados con esta propuesta? Van en línea con los objetivos que se plantean en los principios, mayor equidad, mejor protección, un uso responsable de los incentivos y un sistema fortalecido con una visión de futuro en que el sistema de seguridad y sus recursos no queden limitados, puesto que no son ilimitados y pueden ser usados eficientemente en aquellas personas que lo requieren, sin arriesgar con eso la financiación de todo el sector público. Como ustedes saben, este ha sido un tema relevante en la ciudadanía y aquí pasamos al Ministro de Hacienda que va a continuar la presentación. Tiene la palabra el Ministro Mario Marcel.
Gracias, presidente, y muy buenos días a los senadores e integrantes de la comisión, así como a los invitados a esta sesión.
Presidente, como usted sabe, el tema de la trayectoria de las licencias médicas ha sido un tema que nos ha preocupado por bastante tiempo, lo hemos comentado en esta comisión, en la sala, en el presupuesto, en diversas instancias.
Y por lo tanto, este es un tema que no partió con las fiscalizaciones de la Contraloría, una preocupación que arrastramos durante más tiempo. Hay varios recortes de notas anteriores a los informes de la Contraloría.
En la lámina siguiente, siempre es bueno recordar, y la Ministra sí lo hacía, que esta distinción entre público y privado, desde el punto de vista del empleador, no tiene relación con la distinción entre FONASA y SAPRE, que es quien es el asegurador. Sin embargo, hemos visto que se confunde mucho en la discusión pública una cosa con la otra y, por lo tanto, es bueno tener claro que FONASA, en realidad el mayor número de afiliados que tiene, por supuesto son del sector privado y, en el caso del sector público, si bien proporcionalmente hay más afiliados a FONASA, los números son bastante más reducidos.
Hay varios compromisos que hemos ido asumiendo con el tiempo. El primero es el que citó la ministra, bueno, no el primero, porque el primero fue en esta misma comisión cuando se discutió, ¿cierto?, las reformas a la ley corta, cuando se discutió la ley corta de ISAPRE, y se discutió ajustes a FONASA a la subvención de salud, se incluyó un artículo en que específicamente se hace referencia a las reformas al sistema de salud, se habló en aquel momento explícitamente del tema de licencia y luego lo recogimos en la discusión de la ley de presupuesto, donde hubo muchas intervenciones relacionadas con este tema y quedó registrado el texto que vemos aquí en la pantalla y que está citado al comienzo de la presentación.
Es decir, que durante el primer semestre del 2025, el Ejecutivo ingresará a un proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, lo cual lo hemos ido refiriendo en el tiempo como una reforma paramétrica para extinguirlo de la reforma del control, que es la que ya se aprobó sobre grandes emisores.
Este es un tema que también tratamos con las organizaciones de trabajadores del sector público, en la mesa del sector público. Yo quiero decir, no porque estén aquí presentes, pero quiero decir que las organizaciones de trabajadores del sector público, respecto a este tema, han sido plenamente conscientes del problema que tenemos en el sector público con esta situación y por una razón bastante obvia, porque cuando hay ausencia injustificada o hay abuso del uso de licencia, quienes tienen que asumir el costo de la mayor carga de trabajo son los trabajadores que permanecen en sus puestos. Y también, por supuesto, porque el abuso de licencia en el sector público también desprestigia la función pública.