Vamos entonces a partir con la exposición del Ejecutivo, que hizo presentaciones de indicaciones tal como lo habíamos conversado. Y luego vamos a dar la palabra a los invitados que han pedido ser escuchados. Y, obviamente, no creo que nos dé el tiempo para empezar a votar hoy día. Por lo tanto, tenemos que readecuar la agenda para poder ver este proyecto, espero mañana. Señor Ministro, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Bueno, saludar a los senadores que nos acompañan hoy, a los invitados que están conectados. Voy a tratar de resumir lo que ha sido el avance de este proyecto que está cerca de cumplir un año de tramitación.
El origen de este proyecto está en una mesa de trabajo que fue incorporada en la ley que permitió descongelar las tarifas eléctricas y que establecía una mesa de trabajo con ambas cámaras, con los gremios, con la sociedad civil, que buscaba evaluar otras fuentes de financiamiento del subsidio eléctrico y otras políticas destinadas a disminuir la… tarifa eléctrica. Esta mesa técnica, obviamente, participó el Ministerio de Regido, pero también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, distintos miembros de las cámaras de diputadas y diputados y del Senado, así como asesores parlamentarios y miembros de la sociedad civil, y tuvo nueve sesiones, finalizando el primero de agosto de dos mil veinticuatro, el primero de agosto del año pasado.
Después vino la tramitación en la Cámara de Diputados. En la tramitación en la Cámara de Diputados, más allá de que efectivamente hemos tenido, y ha sido bastante público y discutido en los distintos medios,
Medio, diferencias respecto de los pilares de financiamiento, del carácter mixto, de los instrumentos de recaudación.
También es importante destacar que hay artículos que durante su tramitación en la Cámara de Diputados y durante la tramitación también en la Comisión de Energía del Senado, en la Cámara de Diputados fueron aprobados por amplio consenso y en la Comisión de Energía del Senado no fueron mayormente discutidos porque la Comisión de Energía se dedicó principalmente a discutir indicaciones relativas a la forma de financiamiento. Ellas incluyen aspectos como la ley general de servicios eléctricos, incluir a los electrodependientes como beneficiarios prioritarios del subsidio y también establecer algunas normas de calidad de servicio relativas a la priorización de los servicios sanitarios rurales y los comités de agua potable rural, así como la entrega de equipos de abastecimiento.
También incluir algunas modificaciones a la manera en que el subsidio eléctrico funciona, ampliarlo en particular a los clientes electrodependientes, independientes de su pertenencia al tramo del 40% más vulnerable del registro social de hogares, y también sustituir el requisito de la morosidad por condiciones comerciales que se pudieran determinar a nivel reglamentario. Esta era una regla que venía desde hace mucho tiempo y cuya modificación había sido solicitada por distintas bancadas parlamentarias.
A su vez, en el caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, se incorporaron un conjunto de disposiciones, de artículos, destinados a fortalecer varias de las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, como parte de varias de las peticiones que se hicieron en la mesa de trabajo en este sentido y que posteriormente también se reforzaron durante los primeros meses de este año, producto de los antecedentes que hubieron surgido respecto a la explicación del vagón de febrero.
Estas modificaciones esencialmente recogen un proyecto que había sido preparado o avanzado por el gobierno anterior y elige aquellas partes que se consideraban más importantes para efecto de facilitar las atribuciones de fiscalización.
Lo primero es incluir planes de acción o de cumplimiento por parte de fiscalizados y seguimiento de su desempeño. Esto es un cambio bien importante en la manera en que se entiende la fiscalización. Obviamente la fiscalización típicamente la única consecuencia que tiene cuando una fiscalización se estima que determina que hay un incumplimiento normativo es obviamente una multa. Esta multa va a beneficio fiscal y más allá del efecto disuasorio, que obviamente es importante, no hay ningún mecanismo normativo que apunte a evitar que este tipo de incumplimientos se repitan en el futuro.
La estructura tradicional de los órganos administrativos funciona básicamente sobre este espacio simbólico de disuasión, por llamarlo así. La idea de establecer planes de acciones que en conjunto con la posibilidad de multa o incluso sustitución de las sanciones de multa puedan establecerse planes de acción, compromisos de cambiar ciertas conductas y también de cumplimiento más estructural, incluyendo planes de inversiones y cosas de esa naturaleza que aseguren que las infracciones no se vuelvan a repetir.
También hay fortalecimiento de las facultades propiamente de fiscalización, se aumenta el monto de compensaciones y hay una regla especial para la aplicación de multas máximas en el caso de afectación de la vida de electrodependientes o de la salud de electrodependientes.
A su vez, hay algunas cosas que también tienen que ver con los excedentes del subsidio y una norma particular de crédito tributario para que MIPIMES puedan utilizar estos créditos tributarios en la instalación de paneles solares para el autoconsumo.
Estas normas, en términos generales, amplio consenso en la Cámara de Diputados y también…
No fueron discutidas en la Comisión de Energía del Senado. En términos cuantitativos, el proyecto ingresó el 26 de agosto, como les decía, está pronto de cumplir un año de tramitación. Hubo 16 sesiones en la Comisión de Minería y Energía y dos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y fue aprobado el 13 de enero del 2025, de este año. En la Comisión de Minería y Energía hubo 12 sesiones entre enero y julio de este año y fue aprobado el 2 de julio. El último boletín de indicaciones es del viernes pasado.
¿Cuáles son, de alguna manera, los antecedentes que hay que tener en cuenta en las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo en lo que tiene que ver con el corazón financiero, por así decirlo, de este proyecto?
Ministro, solo para que quede constancia, a la Comisión de Hacienda entró recién el 9 de julio, pese a que se aprobó el 2 de julio. No lo dijo, pero como nos cargan a nosotros que no lo habíamos visto, para que quede constancia. Tiene toda la razón, senadora.
Las indicaciones del Ejecutivo lo que buscan es tratar de, entendiendo la voluntad de cubrir tres grupos de gastos, la nómina de beneficiarios que actualmente está en el subsidio a clientes vulnerables; establecer mecanismos de subsidios especiales para familias de electrodependientes, que esencialmente triplica lo establecido en la ley Lucas; y establecer, a su vez, un subsidio para APR que permita replicar lo que se denominaba como bolsa de energía a precios preferentes. Esas líneas de gastos permiten abordarlas básicamente sobre la base de dos, por decirlo, líneas rojas.
Por un lado, la línea roja que nos hizo saber una parte importante de la oposición, que tiene que ver con los reparos respecto del cargo FED, y, por lo tanto, eliminar esa forma de financiamiento y los reparos también a la bolsa de energía a precios preferentes; y, a su vez, por el lado del Gobierno, el marco fiscal de ajuste que entiendo que va a explicar con más detalle el ministro de Hacienda.
Eso lo que hace, básicamente, las indicaciones del Ejecutivo es permitir financiar el subsidio a clientes vulnerables por este año y el siguiente, y establecer este programa de subsidios adicionales por el 26 y el 27, de tal manera que podamos cerrar este programa de una manera razonable en términos financieros y entregarle un principio de solución al Gobierno entrante del próximo año, que a su vez le permita abordar la futura expansión y desescalamiento de este tipo de programas con una primera ley de presupuesto aprobada por este mismo Gobierno, de tal manera de entregarle un cuadro financiado durante 2026 y que, a partir de 2027, pueda abordar la manera de seguir o no o modificar estos distintos programas con su primera ley de presupuesto, haciéndonos cargo de algo que ocurre en los ciclos de nuestra democracia, que es que los gobiernos entrantes siempre tienen una primera ley de presupuesto aprobada por los gobiernos salientes.
Entonces, respecto de lo que han sido los pilares, hay ajustes a los pilares de recaudación tanto de la sobretasa del impuesto verde respecto de lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, tanto en cuanto a la magnitud, como en cuanto al año, como en cuanto a la base imponible de la sobretasa en particular. También hay un ajuste al pilar fiscal sobre la base de la convergencia al escenario de ajuste fiscal.
Se eliminan un conjunto de herramientas de recaudación. Se perfecciona, a su vez, la norma de excedentes de subsidio y se crea una mesa técnica para la reforma fiscal verde, que esto lo que busca es abordar el compromiso de… Hay, de alguna manera, un consenso bastante extendido respecto de la necesidad de reformar nuestros impuestos verdes. Y, obviamente, esta sobretasa necesita, o sea, la imposición de esta sobretasa obviamente necesita también resolver esa pregunta que queda, de alguna manera, flotando sobre el destino del tema de fondo de la reforma fiscal verde, y por eso se establece una mesa de trabajo específica en ese sentido.
Respecto de la sobretasa de emisiones, hay una disminución de cinco dólares nominales a tres dólares nominales, quitando un año. Hay que recordar que el devengo de este impuesto y la recaudación están relativamente distanciados en el tiempo sobre las emisiones anuales que se recauda en conjunto con la operación renta. Entonces, la recaudación de lo que se apruebe este año recién se va a materializar en abril mayo del 2025 y en abril mayo del 2026. Por eso, cuando decimos que está en particular esta herramienta de financiamiento tiene más bien con… Tiene más que ver con darle al futuro Gobierno un programa financiado por un año y una posibilidad de decidir sobre su expansión o desescalamiento futuro con algunos recursos disponibles.
Y a su vez se eliminan algunas restricciones respecto de la manera de traspasar eso a los contratos de suministro, particularmente en clientes industriales, que son los principales consumidores de este tipo de energía. En términos de volumen global, es una reducción de más de un 60% respecto del monto original, lo cual tiene que ver también con la reducción en la expectativa de gasto.
También, como mencionaba, hay un perfeccionamiento de la regla sobre excedentes del subsidio, de tal manera de simplificar algunos de los flujos. Nuevamente, esta regla de excedentes del subsidio también tiene que ver con algo que ejecutará el próximo Gobierno. Para este ejercicio es imposible que existan excedentes. La nómina, de alguna manera, está topada en su gasto. Por lo tanto, esto es más bien una regla que tiene que ver con entregarle herramientas al futuro Gobierno para abordar expansión o desescalamiento, cambio de instrumentos en esta materia y la mesa técnica de impuesto verde que ya mencioné.
Concluyo simplemente con algo respecto de los aspectos financieros que es importante aclarar. ¿Alguien podría preguntar por qué es posible financiar un semestre de una nómina de un millón ocho, un millón nueve, solamente con lo que tenemos actualmente, que es un cargo por servicio público de hasta 100 millones de dólares anuales y un aporte fiscal de 20 millones, y no es posible hacer lo mismo el siguiente año, el año 2026? Y la razón de eso tiene que ver con el orden en que se ha ido legislando en esta materia. El cargo por servicio público que establece la contribución, esas, digamos, otras fuentes de fondo que están establecidas en esa tabla, son esencialmente el cargo por servicio público. El cargo por servicio público fue establecido en la ley PEC II, pero no fue utilizado sino hasta la implementación de la ley PEC III. Eso significa que durante cerca de un año estuvo recaudando sin tener presiones de gastos. A su vez, la ley PEC III estableció límites anuales para la utilización.
Para su destinación al subsidio, pero su gasto por primera vez en el segundo semestre de 2024 fue de un solo semestre. Entonces, el hecho de tener cerca de 12 meses de recaudación sin gasto y que un tope anual pudiera ser utilizado para un gasto semestral generó un excedente de esa fuente de financiamiento, que es lo que ha permitido financiar la expansión de la cobertura del subsidio a clientes más vulnerables durante este año. Pero esa fuente de financiamiento se agota este año, porque de alguna manera ese excedente de recaudación deja de estar disponible y, por lo tanto, es necesario establecer otras formas de recaudación que la complementen, que en las indicaciones del Ejecutivo son precisamente lo que tiene que ver con la sobretasa del impuesto a las emisiones.
Eso es, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro, entiendo que va a hablar el ministro Marcel en el informe financiero. Ministro, tiene la palabra.
Buenos días, Presidenta; buenos días, los senadores integrantes de la Comisión. Tenemos también, respecto del informe financiero, una presentación. Ahí está. Ok. Entonces, respecto de los costos de este proyecto, hay todo un primer capítulo que se refiere a institucionalidad, que abarca en la lámina siguiente los costos del nuevo modelo de gestión hacia un enfoque preventivo en la subvención de electricidad y combustibles, la administración del subsidio en la subvención de energía y un gasto transitorio de la Tercera Región de la República para administrar el pago del subsidio. Todo eso totaliza 984 millones de pesos en el 2025, 526 en el 2026 y 2027, y 284 millones en régimen. Eso respecto de los costos de la institucionalidad.
Del lado de los ingresos, hay dos efectos sobre los ingresos. En primer lugar está la recaudación de la sobretasa a las emisiones de CO2 equivalente a 3 dólares por tonelada emitida. Eso reporta ingresos por 39.637 millones de pesos en el 2026-2027, que son los dos años en los cuales está vigente. Y, por otro lado, hay un crédito tributario que rebaja la recaudación, que corresponde al crédito tributario para promover la inversión en sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en mipymes. Eso representa un costo fiscal en términos de menor recaudación de 14.110 millones de pesos. Con lo cual, entonces, del lado de los ingresos tenemos un efecto negativo en el primer año de 14.000 millones de pesos y positivo en los dos años siguientes, de 25.557 a 39.667.
Luego está el efecto sobre el Fondo de Estabilización Tarifario, que como sabemos se financia con diversas fuentes privadas y públicas, y donde hay un aporte fiscal que ya está comprometido en el subsidio actual, de acuerdo a la Ley 21.667, que es el equivalente a los 20 millones de dólares de los cuales hablaba el ministro, tanto para el 2025 como para el 2026. Y luego hay un aporte fiscal para el subsidio proyectado, que está condicionado a la aprobación de la solicitud transitoria del impuesto a las emisiones y que, en la estimación de aporte público en el cuadro de abajo, está estimado en 19.350 millones, los mismos que actualmente se aportan, 71.081 con un incremento de 51.732 respecto a lo actual y 9.665 el 2027, que es el aporte neto total.
Con esto, la lámina siguiente resume el efecto sobre FED, consolidando todos estos elementos de gastos e ingresos. Perdón, sí, ahí está la lámina. Donde el efecto fiscal real pasa a ser, al juntar los dos elementos que hemos mencionado hasta ahora, 19.350 millones de pesos el 2025 y 31.400 millones de pesos.
el 2026 y menos 29.992 millones el 2027, que tiene que ver básicamente con la trayectoria del gasto que está proyectado. Esto lo podemos comparar a continuación con lo que se planteó en las acciones correctivas en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre del año, porque recordemos cierto que los ajustes a este proyecto fueron parte del listado de acciones correctivas que se presentó en aquel momento como parte de las medidas para asegurar la convergencia del balance fiscal estructural a la trayectoria fijada en el nuevo decreto sobre la materia. Entonces, acá lo que vemos es una diferencia entre aportes del orden de 185.000 millones de pesos en 2025-2026 y 165.000 millones en el año 2027, con los aportes que acabamos de listar, y eso entonces da una diferencia de 165.000 millones en el año 2025, 113.000 millones en el año 2026 y 155.000 en el 2027, y ahí se compara con lo que se estimó en acciones correctivas en la presentación del informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Entonces esto, Presidenta, bueno, en otras oportunidades yo he destacado el apoyo que hemos visto en la comisión en el sentido de poner en tabla los proyectos que están alineados con las acciones correctivas del presupuesto. En este caso, esas acciones correctivas están en línea con una cobertura del subsidio eléctrico que es la que está alcanzando actualmente, es decir, no implica una disminución de cobertura respecto a lo que actualmente se propone. Absorbe en parte la eliminación del aporte de PMGD al FED, pero sí toma en cuenta un aporte menor a lo que estaba considerado originalmente derivado del impuesto a las emisiones de 5 dólares por tonelada a 3. Eso sería, presidente.
Gracias, ministro. No sé si los colegas quieren hacer alguna pregunta a los ministros, porque si no vamos a pasar a las audiencias. Tenemos una larga lista de participantes.
Que se respondiera un poco la pregunta, la crítica que ha salido en todas partes, en el sentido de que esto es, como se ha dado a llamar, una reforma tributaria escondida, porque la plata que hay actualmente es más que suficiente para cubrir el subsidio tal como fue fijado, y al mismo tiempo porque se otorga al Ministerio de Hacienda la posibilidad de resolver el destino de los fondos que sobran, que según lo que plantean estos son cerca de 200.000 millones de pesos. Solamente yo voy a contestar a esa pregunta, si hay un excedente realmente, si hay un excedente, y por qué ese excedente en el fondo está para, para, para, para, como, bueno, está conseguido para fondos generales, para ampliar para usar esta recaudación en lo que el Gobierno estima conveniente. Yo creo que es importante que se explique eso porque es la principal crítica que yo he escuchado, reconociendo que hay una cantidad de otros temas que ha propuesto el ministro. Creo que esto sería muy importante declarar. Ofrezco la palabra a los ministros.
Sí, gracias, presidenta. Muchas gracias al senador Insulza por su intermedio por la pregunta. Bueno, Presidenta, en primer lugar, usted se imaginará que esto de usar el concepto de reforma tributaria escondida como una etiqueta para descalificar cualquier cosa que aumente ingresos, la verdad es que es algo que nosotros, desde el punto de vista de la gestión fiscal, nos parece...
Esto es una caricatura, una distorsión. Chile va a seguir necesitando impuestos para financiar sus gastos, ya se verá cómo se irá modificando en el futuro, pero por supuesto no cualquier cosa que modifique los ingresos fiscales o las tributarias escondidas, porque si fuera así, entonces simplemente tendríamos que... Entonces tendríamos que suponer que no hay nada que el Ejecutivo pueda hacer en materia de ingresos que no pudiera ser calificado de esa manera. Así que desde ya, ese concepto es un concepto que para nosotros no es muy razonable.
En segundo lugar, desde un comienzo en este proyecto se contempló que los beneficios o el financiamiento del subsidio tuviera una estructura compartida, entre otras cosas porque de la existencia de este subsidio también se beneficia todo el sector eléctrico. Porque esto lo que está permitiendo es que le dio viabilidad a... la normalización de las tarifas eléctricas.
Si no se hubieran normalizado las tarifas eléctricas y se hubiera seguido acumulando deuda, habría llegado un momento probablemente en que esa deuda no se habría podido pagar o habría estado sujeta a algún otro tipo de consideración. Entonces, es todo el esquema que se ha venido articulando desde las leyes ya aprobadas hasta ahora lo que ha permitido darle sustentabilidad al sector eléctrico y reducir la incertidumbre respecto del futuro.
Dado que en este caso, con estas indicaciones, esos otros aportes se están reduciendo y se están acotando en el tiempo, en primer lugar por no contemplar el aporte de PMGD y por otro lado por reducir la tasa a las emisiones de carbono. En realidad, el aporte de esos otros sectores se está reduciendo. Y, por otro lado, ese aporte se está reduciendo en parte debido a que ha habido una menor demanda por el subsidio y esa menor demanda por el subsidio se refleja, a su vez, en el aporte fiscal al FED para poder financiarlo.
Esa es la visión de conjunto de lo que aquí está. Es decir, en este esquema, el aporte en particular de la tasa a las emisiones de carbono se está reduciendo, se está haciendo temporal, se considera como parte de un ajuste de más largo plazo al tema de cómo se graban las emisiones de carbono en Chile para efectos de… no de recaudación, sino que es de reducir emisiones.
Y por otra parte, el aporte fiscal se reduce para adecuarlo a lo que es la demanda efectiva de este beneficio y evitando, como estaba en la versión anterior de este proyecto, evitando que quedara comprometido un aporte fiscal más allá de lo que realmente fuera demandado por los beneficiarios.
En ese sentido, el tema de los excedentes que menciona el senador Insulza por su intermedio presienta, tiene que ver con que una vez cumplidos los objetivos del proyecto respecto del subsidio a los consumidores finales, más las otras medidas o los otros beneficios ligados a... a las mejoras de eficiencia energética.
Si una vez hecho todo eso, hay una diferencia, que esa diferencia pueda ser asignada a otros objetivos fiscales. De la última postulación durante el 25 y durante el primer semestre de 2026.
O sea, más bien lo que vemos es que hacia el segundo semestre del 2026 el próximo Gobierno, si no tiene nuevas fuentes de financiamiento, o va a tener que reducir la nómina o va a tener que reducir la canasta. Ese es el esfuerzo que está tratando de abordar esta ronda de indicaciones, más bien pensando en el margen de acción de la siguiente Administración, no tanto de esta.
Y por eso es que la fuente de recaudación adicional que propone esta sobretasa del impuesto a las emisiones es una sobretasa que se empieza a recaudar en mayo del próximo año. Y lo que más bien permite es hacerse cargo de esta situación deficitaria de mantener la nómina, más todavía si uno extiende la presión de gasto con un subsidio adicional a APR y un subsidio adicional a electrodependientes, especialmente con miras al 2026. La única situación real de posible excedente es más bien el 2027.
Y eso tiene que ver con entregarle una pequeña herramienta al siguiente Gobierno de abordar la continuidad, desescalamiento, modificaciones de este programa, incorporando la posibilidad de hacer gastos en infraestructura también.
Esa es esencialmente la regla de excedente. Y, obviamente, por cierto, el proyecto y su corazón podrían seguir subsistiendo sin esa regla de excedentes, una regla que no es fundamental para este Gobierno, por cierto, pero ni siquiera tanto para las herramientas que hoy día existen, sino más bien para darle una herramienta adicional al segundo año del siguiente Gobierno.
Obviamente es cierto que algunos de los instrumentos de recaudación contemplados en el mensaje original fueron objeto de controversia y de observaciones y de críticas por parte de distintos actores, pero esos son suprimidos, digamos, en esta ronda de indicaciones.
Lo que existe hoy es, en verdad, una aproximación bien pragmática que lo que busca es cerrar de la mejor manera posible la continuidad de la nómina de clientes vulnerables actualmente, darle un margen de solución a las familias de electos dependientes y a las APR, que son dos de los sectores donde necesitamos una solución rápida, donde es necesario establecer una intervención urgente y hacerlo de una manera que sea razonable con las perspectivas de acción que va a tener el gobierno entrante en marzo del próximo año.
Eso soy yo la presidenta. Gracias. Gracias, ministro.
Vamos a partir con las audiencias. Tenemos diez invitados. Vamos a partir por la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, ACERA. Está la directora ejecutiva, señora Analia Rojas. Con tiempo, yo les voy a pedir de verdad que se ciñan los tiempos. Nosotros les habíamos dicho a través de la secretaría que tenían cinco minutos, así que por favor sean tremendamente estrictos con ese uso de tiempo para poder escucharlos a todos. Muchas gracias.
Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, que es parte también de nuestro propósito a lo largo de las sesiones que mencionaba los ministros.
Y básicamente a través de principios, la suficiencia fiscal, entendemos que el IVA adicional, los fondos de la ley 21.667 y las multas de la SEC serían suficientes para poder cubrir los subsidios a los postulantes que han llegado hasta el momento, pero también a otros grupos de interés que fueron parte de la tramitación y que requieren el subsidio. Se mencionó a los electrodependientes, a los sistemas medianos y a los servicios sanitarios rurales. Con distintos cálculos, que por cierto hicimos llegar a esta comisión en semanas anteriores, damos muestra de que sería una recaudación suficiente para poder enfrentar este subsidio.
Otros principios de eficiencia, estabilidad regulatoria y transparencia también forman parte de esta propuesta de ACERA. Esta posición fue técnicamente respaldada por los estudios que encargó ACERA a la consultora de Mercado Eléctrico Vinkel, asociada a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como les indico y repito, están disponibles para los senadores para entender también la mecánica de esos cálculos y simulación.
Vemos que en la presentación de las indicaciones ingresadas el viernes pasado hay algunos planteamientos recogidos por el Ejecutivo, que valoramos positivamente y que intentan ordenar un proyecto de ley más efectivo, eliminando parte del principio de autocontención, que establecía que una política pública debía ser financiada con cargos a un sector específico productivo del sector privado. Esto ha avanzado en la corrección de dicho principio y, específicamente, en la eliminación del cargo a pequeños medios de generación distribuida y de lo que se denominó bolsa PYME, que en realidad graficaba la intervención de los contratos de generadoras a las distribuidoras que suministran a los clientes regulados. Este cambio reduce el riesgo y evita sentar el precedente de un financiamiento sectorial de políticas públicas que podría replicarse en otras industrias, algo que vemos como muy negativo.
Creemos que los números demuestran que los fondos de la ley 21.667, las multas de la SEC y la recaudación adicional del IVA, pilar esencial de nuestra propuesta, son suficientes para financiar este subsidio con los datos presentados por el Ejecutivo. La experiencia internacional muestra que los subsidios directos son mucho más eficientes y competitivos que los indirectos, que generan distorsión y sobrecosto, caso particular de la bolsa PYME. Celebramos que la incorporación de los servicios sanitarios rurales esté dentro del financiamiento como subsidio directo con enfoque en grupos prioritarios.
Por último, una mención sobre el impuesto a las emisiones: aunque mantiene un carácter recaudatorio y no correctivo, valoramos el compromiso de establecer una revisión metodológica mediante la mesa técnica que el ministro ha señalado en los plazos definidos. No obstante, y habiendo escuchado al ministro de Hacienda, creemos que esta materia debiese ser parte de una reforma tributaria más amplia y no de este proyecto en particular.
En mi cierre, simplemente valoro la corrección del principio de autocontención de este proyecto de ley para tener tarifas más competitivas y convenientes, y poder cerrar la discusión de un proyecto que ya nos ha tomado casi un año. Muchas gracias por escucharme.
Vamos a dar la palabra a la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra. Cinco minutos, por favor.
Voy a compartir rápidamente mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Me ayuda? Sí, se ve. Muchas gracias, senadora.
Buenos días, agradezco la invitación a exponer en esta comisión. Mi nombre es Javier Piedra Fierro, soy director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, organización con la que desde hace nueve años trabajamos juntos.
Municipalidades y organizaciones sociales con el objetivo de levantar proyectos de energía renovable y licencia energética a escala local y además soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
El objetivo de esta presentación es evaluar el impacto en la ciudadanía de las políticas públicas en discusión que en este caso es la impresión del subsidio eléctrico.
Una familia promedio en Chile, si en junio de 2024 pagaba 30 mil pesos en una cuenta de la luz, hoy luego de cuatro alzas paga 51 mil pesos, 70% más. Con este ejemplo se define rápidamente el problema. Alza de la tarifa eléctrica y es por ello que el mismo día que comienzan las alzas, el 1 de julio del año 2024, desde La Moneda, se anuncia un proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico como respuesta. Proyecto que discutimos el día de hoy.
Analicemos el problema. Aprobada la ley de estabilización tarifaria y el consecuente descongelamiento de tarifas, ya llevamos cuatro alzas desde julio del año 2024, todas vinculadas al descongelamiento de tarifas. Esto ha significado un golpe muy duro para las familias, que durante el 2024 fue catalogada la peor noticia económica, según el estudio de Cifra publicado la tercera a fines de diciembre del año pasado.
Este problema ha significado un aumento en la inflación, que según nuestros cálculos, del 4,3% de variación internanual publicada el viernes recién pasado, un 24% se debe al alza en la tarifa eléctrica. En otras palabras, un cuarto de la inflación del último año se debe al alza en la tarifa eléctrica.
Para no perder de vista una visión general, transmitir que en Chile las tarifas son distintas según comuna, teniendo comunas con unas tarifas más caras y otras más baratas. Por lo mismo, las alzas también son distintas. Mientras en Talca las alzas acumuladas son de un 54%, en Santiago son de un 78%, y en Valparaíso están entre un 85% y un 98%, dependiendo de la distribuidora.
Este es el gran problema a solucionar, y la solución que plantea el gobierno es la ampliación del subsidio eléctrico en cobertura. Pasar de 1,5 millones de hogares a 2 millones de hogares, aumentando en un año su ejecución, llegando así al año 2027.
Nosotros creemos que la primera pregunta debería ser ¿cuánto cubre el subsidio eléctrico? ¿Es un monto suficiente para cubrir las alzas? El consumo eléctrico es distinto todos los meses, por tanto la cuenta de la luz también. Siendo el invierno los meses de mayor consumo, el monto del subsidio no varía según mes, y para el caso del segundo semestre de este año, se entregará de manera acumulada en el mes de septiembre. Pero, simulando el aumento en el gasto para una familia promedio para este segundo semestre del año 2025, con el aporte del subsidio eléctrico que está pensado para un hogar compuesto para dos o tres personas, podemos concluir que el subsidio absorbe el 38,8% del aumento en la cuenta de la luz.
Ahora, en términos de cobertura, el subsidio eléctrico busca llegar a 2 millones de hogares. Solo realizando una proyección de los datos entregados por el Ministerio de Ruedas Sociales en la mesa técnica realizada el año pasado, podemos estimar que el subsidio podría estar llegando al 20% de la población total de Chile.
En resumen, con este proyecto, 4 de cada 5 familias tendrán un aumento de un 70% en su cuenta de la luz y la familia restante subsidiada tendrá un aumento de un 43% en su cuenta.
Vamos al financiamiento del proyecto de ley. Según los datos entregados por el Ministerio de Hacienda en la mesa técnica ya acabado el año pasado, solo con el aumento del IVA se recaudarían 250 millones de dólares entre el año 2024 y el 2027 por parte del Estado. El cargo por servicio público a grandes consumidores que ya contempla la ley 21.667 recauda 200 millones de dólares más entre el 2025 y el 2026 y el aporte estatal ya dispuesto en la misma ley se obtienen otros 40 millones de dólares más. En total se recaudarían 490 millones de dólares, suficiente para cubrir la ampliación.
Sin embargo, hay que especificar que financiar la ampliación del subsidio con los exigentes del IVA es regresivo, puesto que aportarían más quienes más consumen y no quienes tuvieran más recursos. De los otros medios de financiamiento está el impuesto verde transitorio, que bajo nuestro particular punto de vista no tiene sentido como política pública, puesto que es un impuesto verde correctivo, no es recaudatorio. Y para el caso de captar rentas de los PMGD, nosotros nos inclinamos por la primera propuesta del Ejecutivo de usar esta energía para reducir en un 7% la tarifa para todos.
Como últimos comentarios, según lo que nosotros observamos durante la terminación de este proyecto de ley, es que el foco del proyecto se ha ido desviando, incluso contemplando financiar paneles solares por la baja participación en el subsidio. Si el objetivo era hacer frente a las alzas, esto es renunciar a la solución. Nada contra los paneles fotovoltaicos. Pero el problema no es la falta de maneles, sino que el alza de la periferia eléctrica. Ese es el problema. Ahora, la realidad soluciona el problema.
Para cerrar esta intervención, plantear que el...