Muy bien, se inicia la reunión. Saludos a los senadores presentes, a su secretaria, ¿cómo está? Bienvenida. Hoy día retomamos la discusión del proyecto sobre testimonio cultural. Esta es la segunda charla constitucional, y hemos tenido la sesión pasada seis audiencias, y hoy día tenemos otras seis audiencias, ya, para el día de hoy, de distintas organizaciones y gremios. Y sin más antecedentes, quisiera darle la palabra a quienes nos van a acompañar, el señor secretario está advertido, los nombres, el orden, la duración de las presentaciones, para hacer la vida más fácil a todos. Pero antes de eso, me pide la palabra el senador Keitel.
Muchas gracias, presidente. Presidente, también entendiendo que esta comisión no solamente es de cultura y es de deporte, quería hacer un punto específico el día de hoy sobre un tema deportivo. Y es contar primero que la semana pasada, aquí en el centro, en un kiosco muy conocido, trabaja un suplementero de hace más de 60 años, se llama Víctor Toro. Víctor tiene 84 años, fue campeón subamericano tres veces en atletismo, un gran maratonista y en la misma situación que vive él hoy una situación de alguna u otra manera bien indigna como es de un ex deportista chileno que pasan prácticamente al abandono una vez que se retiran, al abandono de la sociedad, al abandono del Estado y que entendiendo que hay muchos más Víctor Toro a lo largo de la historia,
Las 16 regiones del país son muchos los deportistas chilenos que se han sacado la cresta por llevar a Chile a lo más alto del podio. Y entendiendo también que en Chile se entregan 18.000 pensiones de gracia actualmente. Quiero sacar a la luz y sin querer armar polémica, pero justamente después del estallido social se entregaron 418 pensiones de gracia, de las cuales, lamentablemente, además se llevó a que después de investigación 58 de esas fueron para personas que tenían condenas por delitos sexuales, por tráfico, por soborno, etcétera, etcétera, que obviamente fueron revocadas. Pero tenemos 18.000 personas que hoy día tienen una pensión de grasa, es una pensión prácticamente vitalicia, que significa para el país un costo de varios millones de dólares. Y mi punto, presidente, es que ¿qué pasa con los deportistas de Chile que pasan finalmente al olvido, al abandono y que tienen que llegar a una vida así de poco digna?
Entonces… Quería transparentar esto sobre la mesa. He hecho llegar una carta al presidente Boric solicitando justamente para los ex deportistas chilenos que puedan tener al menos un apoyo psicológico, un apoyo traumatológico, un apoyo académico de que puedan estudiar en alguna universidad con apoyo del Estado. Y obviamente, tomando el punto de las pensiones de gracia, ¿por qué no tratar de buscar de que los ex deportistas chilenos que tengan un nivel subamericano para arriba? Y también si se puede, una vez que se jubilen, ¿por qué no puedan tener también una pensión de gracia? Quería hacer ese punto, presidente, y creo que el deporte no puede seguir invisibilizado, no podemos dejar abandonado y botado a nuestros grandes deportistas, que, insisto, tantos triunfos y tantas alegrías nos han dado al pueblo chileno. Así que eso, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, senador Keitel, por informarnos sobre esto. Fuera de la sesión habíamos conversado esta semana pasada con usted. Y creo que puede ser un camino respecto a estas pensiones de gracia de tal vez dar una mirada y una redirección a ellas o algunas de ellas para casos como este. Muchas gracias.
Muy bien, señor secretario, los expositores que tenemos a continuación. Presidente, efectivamente, con esta reunión, en teoría, concluyen las sesiones destinadas a audiencias, digo, como secretaría, porque nos han llegado otras solicitudes de audiencia, como constan en la cuenta, que no hemos podido dar todavía porque no se ha dado inicio a la sesión formalmente. Son dos solicitudes que además se han formulado, pero para el día de hoy es el segundo grupo de seis postuladores, que es la Sociedad Nacional de Minería, el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile AG, la organización AFIS, que son dos antropólogos y antropólogas físicas y físicos, el comité asesor del patrimonio cultural inmaterial, la asociación chilena de barrios y zonas patrimoniales y el comité de patrimonio arquitectónico y ambiental. Son seis posiciones, si le parece, presidente, iniciarlas en el mismo orden que ha estado de lectura los invitados y recordar a cada uno de ellos que cuentan con un tiempo de diez minutos para efectuar su exposición de manera de permitir luego algunas observaciones por parte de los senadores y algún tipo de debate que pueda ya originar.
Muy bien, muchas gracias señor secretario. Bueno, le doy la bienvenida a todos los expositores y comienzo saludando a la Asociación Nacional de Minería, Sonami, a través de los abogados señores Marco Rivero y Álvaro González, quienes van a intervenir, no sé en qué orden o si uno solo. Así que les dejo la palabra a don Marco y a don Álvaro.
Buenas tardes, senadores. Buenas tardes, subsecretaria, y esperamos que haya superado las molestias que tuvo la semana pasada siendo víctima de una sustracción en su hogar. Le hacemos llegar un cálido saludo por esa circunstancia.
Señor presidente, estimado senador, nosotros hemos confeccionado una versión resumida de un trabajo más amplio que hemos desarrollado sobre esta materia en atención al poco tiempo que se tiene para tratar de transmitir a ustedes nuestras preocupaciones.
No sé si lo están viendo en pantalla, señor secretario.
Buenas tardes, don Francisco Vives. Buenas tardes, don Marco.
Sí, se está viendo la presentación en la pantalla. No está en formato de presentación, no sé si… Desconozco el formato que se podía exigir a la presentación, pero si se ve bien, creo que se cumple el propósito, el objetivo.
Bien, lo primero es que este proyecto de ley tiene un propósito.
particularmente en el proyecto original que se vio en la Cámara de Diputados, que era superar las deficiencias de la ley número 17.288 y que el proyecto aspira a resolver. Y esos aspectos que se estimaba deseables de corregir eran fundamentalmente los cuatro que ahí se consignan, por lo menos eso es lo que dice el mensaje de dicho proyecto. El centralismo con el que se maneja el sistema, la lentitud en los tiempos de respuesta, obviamente las categorías de protección obsoleta y poco eficaces, el referente que se menciona son los instrumentos UNESCO, la ausencia de un sistema de compensación e incentivos para la conservación, restauración, preservación, puesta en valor y salvaguardia del patrimonio cultural y la insuficiencia de los delitos e infracciones. Se dice en ese mismo proyecto que esta modificación obviamente es coherente con el deber del Estado que consagra la Constitución de protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.
Como les señalaba, ese es el objetivo original del boletín, que era actualizar la 17.288, los aspectos señalados en la lámina anterior, y a raíz de la discusión que tuvo durante su tramitación y de la tramitación de otros proyectos que se han debatido en el Congreso Nacional, se han adicionado implícita o explícitamente otros propósitos a los señalados. Y estos son fundamentalmente el simplificar el sistema de autorizaciones y permisos, especialmente reducir los tiempos de tramitación y entregar mayor certeza jurídica.
Gracias, don Marco. La verdad, como usted compartió la presentación, las láminas no están pasando. Todavía está la primera lámina de presentación y la siguiente no la estamos observando. A ver, voy a correr, voy a... Vamos a corregir esto. Ahí tengo, ahí. Ahí está. Don Marco, ahí está. Por esto, ahí está nuevamente la, ahí está pasando la lámina. Ahí están los propósitos, lo que usted ya dijo, propósitos del proyecto. En consecuencia, sigue con la siguiente. Perfecto. Y felicito a los asesores de los senadores y del Ejecutivo porque varios me avisaron por el WhatsApp que eso estaba ocurriendo. Así que se ve que estamos todos muy atentos a esta discusión. Estamos siguiendo la capa, por si acaso.
Bueno, como les decía, se han adicionado implícita o explícitamente otros propósitos a los señalados anteriormente. Simplificar el sistema de autorizaciones y permisos y entregar mayor certeza jurídica. Con la actual propuesta normativa, ¿se logran los objetivos señalados? Bueno, les puedo anticipar que nuestra conclusión es que no. Pero a continuación vamos a analizar algunos aspectos, y la verdad que ni siquiera analizar, sino que mencionar, atendido el escaso tiempo de que disponemos y lo comprendemos también. Que dan cuenta de algunos avances en ciertas áreas, pero también de otras en que se presentan procesos que van en contra de los objetos planteados.
Aspectos positivos, y hemos incorporado ahí, entre paréntesis, bajo este título, que lo estimamos positivo en cuanto a su orientación. No necesariamente en su formulación como norma jurídica. Y ya explicaré en algunos de los casos por qué hemos hecho esa salvedad.
Se encuentran orientados de manera correcta al cumplimiento de los objetos descritos y, por lo tanto, presentemente, la regulación a nivel nacional de categorías patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial, reconocidas a nivel internacional. Creo que esto es ineludible por cuanto hay obligaciones de ese nivel para hacer esta regulación diferenciada del patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. La distinción también nos parece positiva. La distinción de los regímenes de protección y salvaguardia para uno y otro. También nos parece positiva la desvinculación del Consejo de las Autorizaciones. Positivo también resulta la descentralización de las funciones que actualmente cumple el Consejo de Monumentos Nacionales, la Secretaría Ejecutiva y las nuevas instituciones de autorización, distribuyendo la carga de trabajo y centrándolo en el organismo técnico. También nos parece positiva la limitación conceptual del patrimonio arqueológico para que no aplique a todo el hallazgo. La incorporación, aunque tímida, de técnicas habilitantes también nos parece positivo para eximir ciertas intervenciones de autorización previa de la administración. También es positivo consagrar legalmente el inventario de patrimonio cultural para otorgar certezas sobre los bienes pertenecientes al mismo. También resulta positivo, por lo menos en su...
inspiración, el acuerdo con poder los originarios para la generación de protocolos de participación, en vez del establecimiento de un deber o proceso de consulta previa específica en la tramitación de casos de autorización. Frente a estos aspectos, si bien, por ejemplo, un caso de que la formulación jurídica no resulta tan tan clara. Creemos que es positivo la limitación conceptual del patrimonio arqueológico, particularmente cuando se señala que esto va a abarcar solamente la parte prehispánica y colonial. Creo, y en la sesión anterior uno de los intervinientes propuso que se fijara mejor un año específico y concreto. Y esto es así. En Chile, y nuestros historiadores no son conteste, no es un tema pacífico hasta cuando se entiende que se extiende el periodo colonial. Hay zonas completas de Chile que fueron independizadas con mucha posterioridad, cuál va a ser la fecha, 1810, 1817, en fin, tenemos que en Valdivia, no está el senador Dutresti, pero los cañones de niebla podrían entrar en ese terreno de discusión.
Por lo tanto, creemos que la propuesta que se hizo en la sesión pasada de fijar un año concreto y específico es la más sana, reconociendo que puede resultar arbitraria. Hay historiadores que dicen que la colonia es la edad media chilena, en fin, no es un tema pacífico como digo, y creo que conviene mejor fijar un año específico que dé certeza al respecto.
Entre los aspectos negativos, que son bastantes, hemos hecho un resumen de ellos, tenemos, señor presidente y senador, nosotros tenemos propuestas respecto a cada uno de los artículos en cuanto a sus reacciones más convenientes, en un documento que es mucho más amplio, pero que sería imposible exponer en esta oportunidad.
De todas maneras, se lo haremos llegar a don Francisco, para los efectos de que los senadores puedan disponer de él al momento de la discusión y votación de estas propuestas.
Aspectos negativos, se ha señalado que participan representantes del patrimonio cultural inmaterial, que están invitados más adelante al parecer, en procesos propios del patrimonio cultural material. Creemos que la confusión puede llevar a decisiones que no recojan apropiadamente el objeto y el propósito que tiene esta ley.
La no existencia en la determinación de polígonos para todos los casos de declaración de patrimonio cultural material inmueble ni espacio o paisaje inherente al PSI. Aquí esto sí es un tema delicado. La no determinación de polígono simplemente lo que significa es que las decisiones pueden abarcar terrenos muy inciertos, muy indeterminados, muy indefinidos, y se puede prestar para toda suerte de problemas y dificultades.
Hay una indefinición de criterios para la identificación de otros bienes del patrimonio arqueológico, fuera del periodo prehispánico y colonial, y de patrimonio arqueológico y paleontológico de especial relevancia. Se verifican incertezas respecto al contenido de los protocolos de participación. Hay una falta de sistema de contrapeso en el procedimiento sancionatorio. Igualmente, hay riesgo de abuso de las medidas cautelares en los procedimientos de declaratorio y sancionatorio.
Hay superposición con facultades del Servicio de la Superintendencia de Medio Ambiente, en el caso de los proyectos con resolución de calificación ambiental. Hay una superposición de delito de la ley de patrimonio cultural con infracciones administrativas.
No se consideran posibles impactos en actividades económicas o de desarrollo. Sobre esta materia se extendieron varios de los expositores de la semana pasada y nosotros compartimos esa visión de que este proyecto no logra tener un equilibrio entre las actividades económicas y de desarrollo, con la pretensión que tiene la propuesta que se está discutiendo ahora.
Otorga direcciones regionales, poderes sancionatorios excesivos, multas, paralizaciones sin control judicial. Esto es gravísimo. El Consejo con un alto número de integrantes y que no refleja acciones y actores. Reitero lo anteriormente señalado, no hay una presencia de todos los actores o de todas las visiones que a nuestro juicio deberán incidir en esta relevante materia.
La tipificación de delitos bajo conceptos indeterminados. Esto es tremendo. La semana pasada nos abandonó don Luis Ortiz Quiroga, que era realmente el promotor más caracterizado de la exigencia de tipificación de los delitos bajo conceptos claros y definidos. Y hay abundantes definiciones poco claras.
imprecisas, palabras y términos excéntricos a nuestro ordenamiento jurídico, enunciados vagos que no se precisan, como lo requiere una norma legal. Esa sería una síntesis y un resumen, como señalo, de los problemas que este proyecto tiene en su actual redacción, entendiendo que la actual redacción es la que figura en la tercera columna o en la que está a la derecha del comparado con el que ustedes están trabajando.
Voy a dar cita de una lectura que he realizado... del proyecto completo y he seleccionado estas frases que salen y que me exigirían a mí por lo menos soy un abogado, tengo bastantes años de ejercicio y todas estas palabras podrían prestarse para ambivalencia, equivocaciones y dificultades en su interpretación
un bien de especial relevancia no se señala muy claramente qué es lo que significa que Alcanzas tiene paisaje y itinerarios culturales tampoco alterar la apariencia de bienes viene un concepto complejo, subjetivo en el juicio, impida o perturbe la vivencia, creo que es un término que yo no había visto en otra oportunidad en alguna legislación garantizar la viabilidad, salvataje una que es muy preocupante con independencia de su régimen de propiedad, ¿qué significa eso? ¿qué alcance tiene? o sea, puede eliminar de una plumada un régimen de violencia, creo que eso admite una profundización un patrimonio vivo patrimonio dinámico en el tiempo espacios que le son inherentes significación cultural de manera íntegra fecundación recíproca cogestión, todos términos que a mi juicio son eminentemente subjetivos y que generan una tremenda incertidumbre
no hay que olvidar que cualquier cosa que se consigne en una ley llega en algún minuto a constituir parte importante en un conflicto y la interpretación que se haga de ello debe siempre procurarse que sea la más ajustada a la intención de los legisladores
Como ejemplo, he seleccionado este artículo, que la verdad que es un inciso, que está en el artículo 63, que está en la página 101 del comparado que ustedes están trabajando. Lo voy a leer porque me parece útil para transmitir mi preocupación.
Las investigaciones participativas corresponden al estudio que permite la contextualización, descripción y caracterización de los elementos, expresión y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, de los sitios de significación cultural y de los conocimientos tradicionales y colectivos, otorgando los antecedentes para efectuar un análisis problematizado y autoautónomo. conmira su reconocimiento, la revisión de su reconocimiento y de resultar necesario el diseño de medidas de salvaguardia para su continuidad, entre las cuales podrán contemplarse políticas, planes, programas e iniciativas.
Tengo que confesar que yo no entiendo este inciso y yo creo que pueden haber personas que lo entiendan, pero les aseguro que las personas que lo entiendan lo van a entender de manera diferente cada una. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo en la redacción y en la clarificación de algunos. de algunas normas que siendo legales requieren de una mayor utilización de términos concretos y que se adapten a nuestro ordenamiento jurídico.
Cabe preguntarse si con el uso de términos como los expuestos y reacciones como las señaladas, el nuevo sistema logrará otorgar un mayor grado de certeza jurídica. Creemos que la respuesta es negativa. Las indefiniciones, subjetividades mencionadas, que no son todas, abren un amplio espacio a la discrecionalidad y a la discriminación arbitraria. En consecuencia, este proyecto aumenta las incertidumbres, contrario a lo que se requiere, que es la certeza jurídica.
Hay un tema que hemos querido detenernos, nos lo he querido omitir, de este trabajo que es más amplio, como les señalaba, que es el tema de la colaboración público-privada en la protección y desarrollo del patrimonio cultural. A nuestro juicio, el proyecto de ley no recoge esta relación, que resulta indispensable, manifestando incluso cierta desconfianza en este tipo de colaboración para la protección y el desarrollo del patrimonio cultural.
En determinados aspectos esto se puede ver reflejado. Obviamente, y la primera, es la ausencia en el Consejo de Patrimonio Cultural de divisiones que representen a las actividades económicas, productivas, sindicales y gremios empresariales. Esto ya lo dijeron los expositores de la semana pasada. Y también en el aumento de penas y multas se refleja un afán punitivo que pone el acento en lo conflictivo y confrontacional, despreciando lo colaborativo. Para reforzar este punto, muchos expositores...
mostraron, exhibieron hallazgos arqueológicos típicos, se mostraban botellas, latas, huellas troperas, herraduras, en fin, telas, zapatos. Yo traerle otras imágenes porque lo que me interesa recalcar es que a nuestro juicio este proyecto no recoge la indisoluble relación entre lo público y lo privado en la protección e incremento de nuestro patrimonio. Y a nuestro juicio este proyecto no lo recoge.
Aquí tenemos, esto es en Tierra Amarilla. Nos marcó aquí Don Ricardo Lago. Solamente para pedirle que acelere un poquito porque nos quedan otras presentaciones y no quiero que no alcancemos la sesión. Por eso, nada más. Ya, pero está buena la presentación, pero... Lo más rápido posible.
Esto es en Tierra Amarilla, esto es en Los Vilos, estos son museos de primer nivel. Estas son las instalaciones que tienen, a la izquierda está Tierra Amarilla, a la derecha está el Museo de los Vilos, aquí tenemos el Gigante Tarapacá y a la derecha Subway.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que a la industria minera no se le puede reprochar nada en materia de resguardo y fomento del patrimonio cultural. Todas estas fotos que ustedes han visto son financiadas, impulsadas, financiado su estudio en el caso del Gigante Tarapacá por la industria y las empresas mineras, incluidas las empresas mineras del Estado, como se puede ver en su bol, claramente en la foto a mano derecha.
Como el presidente me ha pedido que vaya más rápido, voy a pasar derecho a mis reflexiones finales. Simplemente cerrar que es más, sin el concurso de la industria minera no sería posible hoy día tener importantes riquezas culturales en el estado en que hoy día se encuentran, en beneficio de toda la comunidad.
Lo primero en las reflexiones finales es señalarles que todas estas regulaciones, además de decirlo, Tsunami representa a la gran, a la mediana y a la pequeña minería. Tenemos nosotros claro que a los que primero afectan este tipo de regulaciones tan imprecisas es a los más pequeños. Eso hay que tenerlo presente, particularmente ustedes que son los legisladores.
Aquí mi reflexión es final. Encercar un reglamento, completar y aclarar definiciones, determinando el alcance y efecto de una norma relevante y de un gran impacto en actividades esenciales, conduce a un sistema de regulación administrativa cuando debiera ser legal. Una ley que contenga amplios espacios para la discrecionalidad hace que los servicios se abroguen, de hecho, de facultades legislativas. Esto está ocurriendo, señores senadores, muy frecuente. Evidentemente, nosotros en la minería tenemos que la inspección del trabajo ha invadido a nuestro juicio normas legales sumamente importantes. Senayomín no está concediendo algunos beneficios que legalmente están contemplados porque la facultad reglamentaria lo han restringido. La DGA, tuvimos que hace poco tiempo, a través de la Contraloría General, hacer reconocer el derecho a las aguas que tienen los mineros. Hay una excesiva judicialización administrativa. Entonces esto hay que tenerlo presente, no se le pueden dejar espacios amplios al reglamento y a la autoridad administrativa en esta materia porque la verdad es que a nuestro juicio lo que hacen finalmente es invadir la facultad legislativa que tienen ustedes.
La falta de definición es clara o la prescindencia de otras leyes que regulan las relaciones del administrado con la administración conducen a debilitar la certeza jurídica que se dice perseguir. Aquí estoy hablando de la 19.880. Estoy hablando de la misma ley que recientemente ustedes han despachado, de permisos sectoriales, que debiera ser considerada casi en su totalidad en esta ley.
El proyecto de soltar la elección es insatisfactorio y resuelve menos problemas que aquellos que produciría de aprobarse. Requiere de una profunda discusión legislativa y en particular, y efectivamente, artículo por artículo.
Y aquí hay una última reflexión, señores senadores. Este proyecto no está... legislativamente en segundo trámite. Reglamentariamente sí, porque un trámite en la Cámara, perfecto, pero ustedes saben muy bien que a través de una indicación sustitutiva, prácticamente integral del proyecto, estamos hablando que en la Cámara esto no se discutió nunca. Además, les quiero decir, lamentablemente, el despacho del primer informe o del primer trámite es la postrimería de una administración. Nunca son buenas las leyes importantes en las postrimerías de una administración. Nosotros en el sector minero todavía estamos sufriendo leyes dictadas en la administración anterior.
A finales, en que mediante el mecanismo de las indicaciones sustitutivas, las urgencias de discusión inmediata o sumas urgencias, finalmente lo que han hecho o lo que lograron es evitar recoger opiniones y debatir y estimar correctamente su efecto. Hoy día muchos pequeños mineros están pagando cuatro o diez veces más de sus patentes por un procedimiento que se hizo al final del periodo anterior. Mediante indicaciones sustitutivas, la modificación más importante al código de minería de los últimos 100 años se hizo mediante ese mecanismo. Yo lo que les transmito es que quisiera que este proyecto no tuviera el mismo rotero que ese proyecto que les menciono.
Quisiera también, y una última cosa tal vez, presidente, con todo el respeto que me merece la subsecretaria, decirle que en la sesión anterior ella sostuvo algo que no es exacto. Ella sostuvo en la sesión pasada que el sistema que se establece para patrimonio cultural inmaterial no incide en el régimen autorizatorio; a nuestro juicio no es así, subsecretaria, por su intermedio, señor presidente, ya que en el plan de salvaguardia el Estado realiza acciones y que pueden implicar prohibiciones y que pueden implicar restricciones a actividades.
Le insisto, este proyecto hay que mirarlo con la mayor atención. No tuvo primer trámite en la práctica.
Y la otra cosa, también, y la última cosa, esto sigue, ahora sí que termino, presidente. Ojo, porque... Vamos, vamos. Sí. Oiga. No, una cosa que me preocupa tremendamente. Para los efectos de ustedes de dar el curso progresivo a la discusión de los proyectos, muchas veces delegan en los asesores tanto del ejecutivo como de los propios parlamentarios, que son excelentes personas, son tremendamente competentes y capacitados, pero hay un problema con lo que realizan. Muchas veces realizan minutas, adoptan ciertos acuerdos que después se los recomiendan a ustedes, pero todas esas gestiones, todas esas minutas, no quedan en un lugar muy importante que es en el registro oficial, que es en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Y estos temas, tarde o temprano, se judicializan. Y la única, y sobre todo en una ley que va a tener tanta subjetividad, tantos términos imprecisos, privar al intérprete posterior, que puede ser el judicial, del elemento histórico de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, es muy delicado. Por lo tanto, yo también les exhorto a que las negociaciones o los estudios o los acuerdos que se adopten a nivel de asesores tanto del ejecutivo como los mismos parlamentarios a lo menos sean incorporadas en un informe; creo que eso es una mínima exigencia de transparencia y de y de pretensión de que nuestro sistema jurídico se vaya enriqueciendo.
Presidente, le tengo que confesar que se me han quedado muchas cosas por expresar, muchas cosas por transmitir. Así que, a través de un documento más amplio, del cual he dado una versión resumida, vamos a hacerle llegar a través de don Francisco Vive a la comisión esas conclusiones y opiniones. Muchas gracias.
Marco, bien. Uno, tomamos en consideración todas sus preocupaciones sobre el proyecto en general. Quedamos a la espera de su informe que va a enviar por escrito más grande. Reiterarle que no es la única posibilidad que va a tener que participar porque este proyecto va a ir, sin duda, a tercer trámite. Y yo creo muy probablemente porque hay una indicación sustitutiva que la Cámara no ha conocido, así que va a haber espacio ahí, me imagino, para poder recibir más opiniones. Y por último, entendiendo que es un deseo de que las Administraciones no aprueben proyectos en los últimos días, etcétera, dos comentarios rápidos de eso. Uno, referente al día, los periodos duran legislativos, que los periodos presidenciales duran lo que duran. Si en todo caso el proyecto original de esta materia fue aprobado el 3 de marzo de 2022, ya nueve días antes de que terminara la administración del expresidente Piñera y que Paz descanse. Entonces usted ve que hay gente que le gusta elegir hasta el último día. Bien, dicho eso, muchas gracias don Marco. Muchas gracias. Parece muy mal eso, este o cualquier gobierno. No, no, si no me queda muy bien. No tengo ni duda de que eso piensa lo mismo, que mantiene la opinión. Bien, a continuación...
El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, con su presidenta, doña Verónica Baeza, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Presentaré aquí un extracto de las observaciones y comentarios que tenemos como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos a este proyecto de ley, que hemos enviado al mail de la comisión. Voy a leer en honor al tiempo.
Desde el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile agradecemos esta instancia de participación en la discusión de una nueva legislación para el patrimonio cultural. Entendemos que a más de 50 años de la promulgación de la Ley de Estos Nacionales y considerando que este periodo ha estado marcado por transformaciones sociales, políticas y disciplinares profundas, resulta indispensable revisar el contenido de este marco legal, adecuarlo al contexto histórico contemporáneo, así como mejorar y agilizar los procedimientos. También compartimos la obsolescencia de un enfoque centrado exclusivamente en los monumentos materiales, así como la incorporación de la noción de patrimonios culturales diversos y los criterios de mínima intervención que se proponen en la indicación sustitutiva.
Compartimos los objetivos de la iniciativa legislativa propuesta, a saber, modernizar la institucionalidad patrimonial, actualizar las categorías de protección, garantizar una salvaguarda efectiva del patrimonio cultural y reconocer los patrimonios culturales de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Sin embargo, consideramos que estos propósitos no se ven respaldados cabalmente por la propuesta, donde hemos detectado varias debilidades que plantearemos a lo largo de esta exposición.
Respecto del rediseño institucional, la propuesta reduce gravemente las atribuciones del actual Consejo de Monumentos Nacionales, que pasará a ser el Consejo de los Patrimonios Culturales, transfiriendo atribuciones claves tanto del Consejo Monumental de monumentos actuales como de su Secretaría Técnica a las direcciones regionales del servicio de los patrimonios. Además, este consejo solamente tendrá representación a nivel nacional y no regional. Todo lo anterior, estimamos que más que agilizar los procedimientos y la tramitación de los permisos, podría entorpecerlos enormemente, es decir, aumentar las demoras junto con debilitar la protección del patrimonio. Asimismo, la remisión de aspectos esenciales a reglamentos aún no definidos genera un marco normativo incierto.
Respecto de la composición del Consejo de los Patrimonios, cuestionamos el evidente desequilibrio que representantes del Estado y de la sociedad civil que se propone. Dieciocho consejeros de un total de treinta son representantes de los organismos estatales o bien elegidos por representantes del Estado. Ocho de ellos son subalternos de la Subsecretaría del Patrimonio, además de un especialista en patrimonio cultural elegido por él o la ministra de Cultura. Al contrario, solo 12 consejeros representan a la sociedad civil organizada. Para cumplir los objetivos que se declaran, es fundamental fortalecer la competencia técnica, colegiada y ciudadana del futuro consejo, impidiendo su excesiva politización. Lo que se había constituido hasta ahora como un órgano colegiado del Estado, pasa a ser en esta propuesta un espacio netamente político.
En el marco de esta sobrerepresentación del gobierno de turno que se propone, también objetamos el voto dirimente del presidente, director o quien presida la sesión del Consejo.
Por otro lado, esta propuesta condiciona la representación de la sociedad civil con la introducción de la posibilidad de ser sujetos de sumario administrativo a consejeros que no son funcionarios públicos o bien pasan a ser funcionarios públicos pero solo en cuanto a obligaciones y no así en derecho.
El traspaso de funciones desde el Consejo de Monumentos y su Secretaría Técnica a las direcciones regionales del servicio del patrimonio es poco claro. Se omite completamente la competencia ambiental del órgano sucesor del Consejo de Monumentos y su actual Secretaría Técnica. Además, la Secretaría Ejecutiva propuesta retrotrae la institucionalidad al 2015, cuando se creó por ley la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, traspasando ahora estas tareas a las direcciones regionales.
Para que las atribuciones que actualmente radican en el Consejo de Monumentos y la Secretaría Técnica puedan ser abordadas apropiadamente por las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio, se debe asegurar la disponibilidad de presupuesto suficiente para dotar la nueva institucionalidad patrimonial del personal necesario a nivel nacional, que hemos estimado mínimo solamente en términos de planta profesional especializada en 48 funcionarios, además de la infraestructura que todo ello requiere. Sin embargo, en el proyecto de ley se omiten los costos que esta modificación legal implica.
Sostenemos que quitar atribuciones al Consejo de Monumentos y delegarla a las direcciones regionales sin aludir al presupuesto necesario, en la práctica no va a agilizar la emisión de permisos ni la gestión respecto del patrimonio arqueológico.
Respecto del estatuto de protección del patrimonio arqueológico que se propone, no estamos de acuerdo con los límites cronológicos propuestos, básicamente porque consideramos que el establecer el límite cronológico en la colonia es una postura carente de sentido teórico, metodológico y práctico, y que además...
amenaza la protección de diversos y relevantes patrimonios materiales del devenir histórico de Chile. Por ejemplo, testigos materiales de nuestro pasado industrial, minero y ferroviario, los restos asociados a contextos de violaciones a los derechos humanos, los sitios indígenas o pertenecientes a modos de vida tradicionales, aquellos abandonados en el curso del siglo XX, por ejemplo, en el contexto de las migraciones masivas campo-ciudad, la colonización chilena tardía de territorios de la Patagonia, infraestructura estatal temprana, o bien importantes espacios productivos de la historia de nuestro país como son las salidas.
El reconocimiento de la importancia del periodo republicano y sus procesos se ve reflejado en la declaratoria como patrimonio de la humanidad por la UNESCO de sitios que atestiguan el momento cúlmine de un siglo de cambios, cuyo estudio desde lo material se encuentra recién en auge. Sin embargo, en esta propuesta de ley se impide su protección inmediata, sobre todo en cuanto a su integración al sistema de evaluación de impacto ambiental.
En paralelo a lo anterior, explicitamos la necesidad de establecer el abordaje diferenciado de materialidades históricas según criterios de abundancia, forma de producción y representatividad. Estamos conscientes de la necesidad de acotar, hay que hacerse cargo del volumen de material que se ha generado, pero planteamos que se puede gestionar sin necesariamente desregular un periodo completo. Sugerimos que se incorpore la propuesta de un rango epocal hasta 1930 para lo arqueológico por el solo Ministerio de la Ley y dejar a guías que se revisen periódicamente los muestreos para tales contextos y materialidades. De este modo, estamos dejando fuera los materiales recientes, producidos en serie y/o descontextualizados.
Lo que hemos propuesto desde hace al menos cuatro años al servicio del patrimonio es reconsiderar los criterios metodológicos con que se abordan los sitios históricos, introducir muestreos y analizar los contextos para definir lo que puede o no ser arqueológico. La respuesta no puede ser simplemente la desregulación.
Sobre las autorizaciones de intervención, el texto de las indicaciones sustitutivas no señala los criterios rectores que definirán cuál patrimonio requiere o no una autorización previa, lo que genera alta incertidumbre. Debería abordarse en la ley qué sitios requerirán autorización previa o no, además de la definición de lo que se considerará, entre comillas, poco significativo.
Además, en este proyecto se propone entregar los permisos de intervención tanto a personas naturales como jurídicas, siendo que las personas jurídicas no pueden ser sancionadas penalmente en nuestro país. De esta manera se están generando diferencias en las responsabilidades que asumirán los profesionales versus las empresas de cualquier índole. Sostenemos entonces que los permisos deben ser otorgados únicamente a personas naturales, dado el carácter de delito que se mantiene en esta propuesta de ley para los daños al patrimonio arqueológico.
Respecto de los plazos de respuesta, este proyecto de ley no los acota, sino que los amplía. Por ejemplo, una solicitud de intervención podría tomar hasta 100 días hábiles en resolverse. Para las declaratorias de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, hablamos de hasta 180 días, es decir, nueve meses, porque son días hábiles los 180; nueve meses para lograr una declaratoria. Además, las medidas provisorias de resguardo se pueden adoptar a los 25 días hábiles de iniciado el proceso, es decir, más de un mes.
Por último, y para ir terminando, respecto del registro de profesionales, todo lo relativo al registro de profesionales se deja a un reglamento que no existe y que puede tardar años en redactarse y aprobarse, lo que hace de esta indicación sustitutiva una propuesta que aumenta las incertezas respecto del manejo de componentes que han demostrado ser críticos y aumenta la posibilidad de pérdida patrimonial. Consideramos que se debiera indicar en este proyecto cuáles serán los criterios de experiencia, cómo se definirá esta última y qué requisitos se deben cumplir para formar parte del registro de arqueólogos. ¿Quiénes evaluarán el cumplimiento de tales requisitos y cómo se postulará? Es decir, se requieren mecanismos claros.
Sobre la inhabilidad por cinco años, nos preguntamos, ¿por qué se sanciona a profesionales no funcionarios públicos con la sanción más gravosa existente en el estatuto administrativo, si ya existen las responsabilidades civiles y penales en el mismo cuerpo legal?
En resumen, la institucionalidad propuesta no se hace cargo del perfeccionamiento de las estructuras y procesos involucrados en la actual gestión del Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Técnica. No se mejora la capacidad de respuesta técnica ni se genera una estructura administrativa idónea a lo que se requiere. Tampoco se consideró la necesaria armonización de esta propuesta con leyes ya promulgadas, por ejemplo, la ley 19.300, su reglamento y su modificación.
En definitiva, nos preguntamos también, ¿existirán los recursos, infraestructura y plantas funcionarias suficientes para cumplir con todas las funciones que se están atribuyendo a las direcciones regionales del servicio del patrimonio? Porque en el texto de las indicaciones sustitutivas se omite este aspecto.
Es bueno mencionar, solo como un punto comparativo, que en toda la historia de implementación de las oficinas técnicas regionales, desde la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que fue en 2015,
A la fecha no se ha logrado cubrir la totalidad de plazas a nivel regional. Entonces, ¿cómo se van a gestionar las autorizaciones en regiones donde no se cuente con los profesionales idóneos? Este, como les decía al inicio, es un resumen de un documento bastante más extenso que yo llegar a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Verónica.
Sí, aquí llegaron tres documentos, dos antiguos y un listado de adepentes de organizaciones. Agradece eso. Bien, a continuación le ofrezco la palabra a la organización AFIS, de Antropólogos Físicos y Físicas.
Ah, perdón, antes de eso, para que tengan sentido también las presentaciones de ustedes, le he pedido a la subsecretaria, y está disponible para, luego de estas dos primeras iniciales presentaciones, recoger algunos puntos que se han planteado, para que no queden un listado de audiencia y sin mayor retroalimentación. Que la idea de esta sesión es que nosotros nos formemos una opinión respecto a dónde están los puntos que a los gremios o a las organizaciones le generan dudas, etc. Entonces, su secretaria, al menos lo que dice en relación con la presentación de asociaciones de minería y del Colegio de Arqueólogos y del Colegio de Chile, le dejo la palabra para después seguir con la audiencia. Este es el sentido de pedirle los diez minutos para tener este espacio de conversación.
Su secretaria le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente.
Voy a hacer breve, pero sí me parece importante dar respuesta a algunas inquietudes. También debo decir, agradecer aquellos aspectos positivos que se ponen sobre la mesa respecto a esta propuesta legislativa y también algunas cosas que considero imprecisiones y que creo que es importante que en el marco de esta conversación podamos ir precisando.
Lo primero tiene que ver con la participación de los representantes del patrimonio cultural inmaterial en precios prohibidos del patrimonio cultural material. Es muy importante decir que toda la norma internacional, cuando hablamos de los convenios ratificados por el Estado de Chile, las convenciones de la UNESCO, ¿cierto? Patrimonio cultural inmaterial, sitio de patrimonio mundial, tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales, en fin, tenemos un set, ¿cierto? De definiciones de carácter internacional que siempre hablan de la integralidad con la que debe tratarse el patrimonio cultural en general. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el ejercicio de tener un gran consejo que es capaz de integrar las diferentes visiones y expertices vinculadas al patrimonio, consideramos que eso es bien fundamental. Lo decíamos en la sesión pasada, ¿cierto? Al igual que cómo funciona este Senado, se propone en la ley que existan diferentes comisiones temáticas. Por lo tanto, si vamos a hablar de patrimonio vinculado a la arquitectura, efectivamente eso se va a tratar en una comisión que luego lleva parte de la discusión al Pleno. Y es importante decir que aún dentro del patrimonio material, como funciona el Consejo hoy día, vamos a encontrar expertices distintas. Por ejemplo, arqueólogos opinando sobre patrimonio arquitectónico, arquitectos opinando sobre patrimonio arqueológico y consideramos que eso le hace bien a Chile, consideramos que hace bien que el representante del Ministerio de Obras Públicas pueda compartir con el representante de la Sociedad de Arqueología o del Colegio de Arquitectos en torno a cómo entendemos el patrimonio cultural. Por lo tanto, es importante defender la visión integral de un consejo donde tiene que haber muchas voces desde la perspectiva técnica, pero también ciudadana. Y en ese sentido, es importante decir, además, que aquellas decisiones que tienen relación con el régimen autorizatorio, ya fuera del consejo, obviamente se tratan solamente desde el ámbito de la expertiz. Por ejemplo, una autorización de carácter arqueológica es revisado por un arqueólogo o arqueóloga de la cartera, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de tener diferentes visiones entre lo inmaterial, lo material… Los pueblos originarios estamos hablando de qué entendemos como patrimonio cultural y qué declaramos o reconocemos como patrimonio cultural, pero no nos referimos al régimen autorizatorio que se da a nivel regional.
Lo segundo tiene que ver con que efectivamente hay un error en una de las presentaciones. Si se exige la determinación de polígono para las declaratorias de patrimonio material, es súper importante decir que esta propuesta legislativa hace algo que no tiene la ley actual, que es establecer el contenido de los decretos. Y eso es solamente certeza, solamente certidumbre. Hoy día tenemos en Chile muchos decretos de declaratoria de patrimonio material que son distintos según la época de nuestro país. Algunos tienen polígonos, otros no, otros tienen atributos, otros tienen valores, etc. Por lo tanto, poder tener hoy día una propuesta legislativa que establece el contenido que debe tener todo decreto es fundamental y es importante decir que para el patrimonio material se establece la necesidad de un polígono. También es importante decir que efectivamente tenemos varios temas que se levantan como frases imprecisas o que son de difícil interpretación. Yo voy a pasar a leer todas las que tienen que ver por lo menos con las...