Senado - Gobierno, Descentralización y Regionalización - 5 de agosto de 2025

Muy buenas tardes, senador. Vamos a proceder en comité para escuchar al director. Le agradezco que esté acá y que nos haya esperado. Estamos en sesiones paralelas, así que nuestras disculpas y, por favor, lo escuchamos. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Venimos a presentar un proyecto de ley que tiene en su origen un mensaje del presidente de la República, presentado el 13 de mayo de 2024 en la… digamos la comisión de gobierno en la sala de diputados y que se aprobó de manera prácticamente transversal con un apoyo de todos los sectores que busca básicamente y tiene por propósito realizar una ley o usar modificación a la ley de extranjería e inmigración en cuatro aspectos centrales. Hoy día la ley de extranjería e inmigración establece que el subsecretario de Interior tiene la facultad para dictar expulsiones por motivos de seguridad interior y exterior del Estado. El primer elemento de la propuesta lo que busca es añadir a esta facultad orden público. Vale decir que la facultad puede ser ejercida por el subsecretario de Interior o subsecretaria en materia de seguridad interior y exterior y en materia de orden público. Este es un proyecto que, de alguna manera, tiene una referencia en un hecho concreto. No es que esté inspirado, pero tiene una referencia en un hecho concreto, que fue la agresión que sufrieron carabineros en el año 2000, si no me equivoco, en Puerto Montt, que fueron 13 personas extranjeras que agredieron a Carabineros, y en ese momento lo que se hizo fue que su secretario en su momento dictó una expulsión para esas personas. Y esas personas finalmente fueron expulsadas por un dictamen judicial. Entonces, nos parece que hay aquí un correlato de varios elementos de esta propuesta que tienen relación con ese hecho. Es una primera modificación, ampliar la facultad a situaciones de orden público y no solo de seguridad interior. El segundo elemento importante… No fue por facultad del subsecretario, sino que tuvo que… O sea, el subsecretario dictó la expulsión; sin embargo, no se materializó hasta que el tribunal lo autorizó. Claro, no, por eso estamos… Exactamente. Es que recuerdo que el presidente Boric estaba en Calama, en una ceremonia, y él anuncia y dice, y nos van a pasar, no sé, 24 horas, 48 horas… probablemente desconociendo que esa facultad no le permitía aquello, ¿cierto? Exactamente. La expulsión de todas formas se dictó, pero como había un proceso todavía abierto, no pudo materializarse hasta que el tribunal lo determinara. Finalmente se materializó por la vía judicial. Hay un segundo elemento que surge de una situación compleja que tiene la Policía de Investigaciones, como ya es de público conocimiento. Como ya las distintas instituciones y autoridades, y nosotros mismos lo hemos planteado en el pasado, para hacer más eficientes los procesos de materialización de expulsiones, hay que fortalecer las facultades policiales. Nosotros, en el Servicio Nacional de Migraciones, tenemos la posibilidad de dictar, y hemos mejorado la ley para dictar y que las expulsiones puedan ser notificadas de manera más expedita. Ya estamos dictando más expulsiones, la PIB las puede notificar; sin embargo, hay un obstáculo que es bien significativo que tiene que ver con la facultad de la Policía de Investigaciones. En el caso del proyecto, esta facultad está circunscrita a aquellas expulsiones, bien que hayan sido dictadas por el subsecretario o bien que hayan sido dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, siempre que las personas hayan cometido algún delito, la facultad le ha pedido para ingresar al domicilio, para detener a las personas, para expulsarlas. Hoy día la Policía de Investigaciones utiliza tiempo, funcionarios, recursos.

Cuando detecta a una persona que tiene un decreto de expulsión, en hacerle el seguimiento, en esperar que salga al domicilio, en fin. Entonces, esto de alguna manera amplía la facultad de la Policía de Investigaciones para ingresar al domicilio, para detener a la persona y matizar la expulsión. Y como digo, esto está circunscrito a las expulsiones que dicta el subsecretario interior por motivos de seguridad u orden público, y aquellas que se dictan en el Servicio Nacional de Inmigraciones en el caso donde el fundamento de la expulsión sea el haber cometido un delito. En tercer lugar, también tiene que ver con la facultad de la Policía de Investigaciones. La ley busca añadir una labor más a la definida en la Ley de Extranjería e Inmigración para la Policía de Investigaciones, que es el registrar biométricamente a todo migrante en situación irregular que esté en el país. La Policía de Investigaciones no está en la ley de inmigración esa facultad. Entonces, lo oponemos, la idea como una facultad legal que esté dentro de la ley de extranjería e inmigración, lo cual va también a entregar más herramientas para que la policía pueda hacer de mejor manera su labor de contralora en materia migratoria. Y en cuarto lugar, señora presidenta, por su intermedio… A propósito de la referencia que acabo de hacer a las 13 personas expulsadas por agredir a carabineros, el proyecto propone que en aquellos casos donde haya una expulsión dictada y donde haya un proceso judicial pendiente todavía no resuelto y la condena proyectada sea de menos de tres años… las personas puedan, se pueda pedir la autorización al tribunal para expulsar de manera inmediata a las personas. Una suerte de lógica como opera hoy día la suspensión condicional del procedimiento. Estamos hablando de personas que pueden obtener una condena baja, no son delitos graves, y que en el fondo se propone que con autorización ciertamente del tribunal poder expulsar administrativamente a la persona antes de que termine el proceso. Se la expulsa sobre la base de una causal asociada, digamos, migratoria o asociada al delito, pero que está dentro del proceso judicial. Y esto sí habría permitido, en el caso, si esto fuera ley, si esos secretarios de Interior podrían haber expulsado de manera inmediata a esas 13 personas que agredieron a carabineros. ¿Por qué no pudo ocurrir en 24 horas o en 48 horas? Porque había un proceso abierto. Entonces, no estaban los mecanismos y finalmente el tribunal efectivamente resolvió hacerlo judicialmente. Después de un periodo bastante más largo, esto sería, fija un procedimiento más expedito para que esto ocurra. Respecto, señor presidente, y con esto ya voy terminando, respecto del ingreso al domicilio para detener a una persona que tenga… una orden de expulsión, ya sea por haber cometido delito o por ser una amenaza para la seguridad interior o exterior del Estado, el ingreso al domicilio se hace con un control de legalidad expuesto en la Corte de Apelación. Es decir, el subsecretario ordena la detención, el ingreso al domicilio de la persona, se lo detiene y después se hace control de legalidad en la Corte de Apelaciones, con plazos bien acotados para que esto pueda proceder. Finalmente, ahora sí, señora presidenta, por su intermedio, se establece como plazo de reclamación ante tribunales de justicia, se reduce de alguna manera el plazo para recurrir ante los tribunales de justicia de 10 a 5 días en los casos de aquellas expulsiones dictadas por el subsecretario interior por motivos de seguridad o de orden público. Esto con el objeto de que se ejecuten con mayor prontitud por su carácter. Eso señora presidenta por nuestra parte. Muchas gracias.

Así que me castigo. Director, en general, ¿usted cree que este proyecto está, lo que le escucho, va en un correcto sentido? ¿Tiene alguna crítica o mejora o algo que pudiéramos considerar? Porque también usted ha citado algunos casos que son como aplicables a la normativa que estamos dictando, digamos, es decir, son como reactivos a ciertos casos que se han detectado en expulsiones, que además en algunos casos han sido bastante comentados por la prensa. Entonces, tal vez con un criterio más preventivo de otras cosas que pudieran agregar, siendo también parte de la idea matriz y que pudieran mejorar el proyecto, si no lo tiene ahora o no puede esbozar algo también. Agradeceríamos después tal vez tener alguna opinión más adelante para poder mejorarlo, que veamos unas indicaciones, porque la idea es que este proyecto sirva al fin que todos queremos, que ustedes puedan cumplir con la norma. Y aprovecho y preguntarle la noticia que venía hoy día en el diario de las expulsiones, que había una cantidad de menores de edad. Eso a ver si se puede referir al… a ese tema mientras. Respecto de lo primero, Fernando. Gracias. Señor presidente, respecto de lo primero, efectivamente, bueno, este es un proyecto que ya lleva discusión bastante tiempo, que pasó a la Cámara, que fue aprobado transversalmente, que se le incluyeron algunas indicaciones. Es un proyecto que originalmente estaba dentro del misceláneo y en algún momento se toma la decisión de presentarlo en paralelo para su más rápida tramitación, entendiendo que al ser más agotado, podría avanzar más rápido por la urgencia que tiene. Y en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados hay algunas cuestiones que yo diría son más bien formales, formales que habría que revisar. Le menciono simplemente una, se incorporó una indicación, o una modificación más bien, digamos que en su fondo no hay ningún problema, es totalmente consensuada, donde se señala que toda medida de expulsión permanecerá vigente y surtirá sus efectos desde el momento en que es decretada y hasta que efectivamente es ejecutada. Ahí, por ejemplo, nosotros sugerimos incorporar que más que esté vigente hasta que sea ejecutada es extender su vigencia hasta que se cumpla la prohibición de ingreso que acompaña siempre una expulsión. O sea, no deja de estar vigente cuando se materializa la expulsión, cuando la persona es expulsada, sino cuando la persona es expulsada y luego cumple con los 5, 10, 15, 25 años de prohibición de ingreso. Entonces, ese tipo de cosas que, de alguna manera, no hay nada tan sustantivo, quizás eso es lo más relevante que habría que revisar, y el resto son cuestiones menores. Hay alusión a las expulsiones que se realizan por el director del Servicio Nacional de Migraciones, a lo que nosotros sugerimos agregar «o a quien delegue la expulsión», puesto que en el caso del servicio nosotros hemos delegado en las direcciones regionales de la macrozona norte el dictar expulsión. Pero son cosas muy, muy menores. Creemos que el proyecto, la discusión que se dio en su primer trámite, es una discusión que lo fortaleció también en la decisión de manera transversal. Respecto de lo segundo, claro, ayer efectivamente en la sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara expuso el general de Carabineros, el general Monrad, y él se refirió a los procesos en que Carabineros conducen, no reconducen, conducen a los detenidos en la frontera hacia la Policía de Investigaciones. Entonces, a las personas conducidas, ahí hay un error en el titular que salió hoy día: las personas que son conducidas por Carabineros... Algunas de ellas son reconducidas, efectivamente. Por eso es que había un volumen tan significativo de menores de edad en ese procedimiento. Aproximadamente, el proceso de reconducción efectivamente está funcionando en todas las fronteras. Hay un volumen importante de personas reconducidas a ciudadanos de terceros países. Son más de mil las personas que han sido reconducidas en virtud del acuerdo. Son más de mil personas que se han reconducido desde el 28 de mayo a la fecha por la Policía de Investigaciones. Y evidentemente que el mantener esto, el hacer que este acuerdo siga funcionando, nos obliga a seguir manteniendo el diálogo, la conversación con la autoridad de la contraparte.

En Bolivia para que finalmente esto siga de manera fluida y siga creciendo también la capacidad de ir reconduciendo personas en esa frontera que es la más compleja que tenemos hoy día. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, director. Senadora. Gracias, presidente. Respecto a este último tema, efectivamente lo que señala Carabineros es que ellos han entregado en las fronteras del norte 5.989 personas que han sorprendido ingresando ilegalmente. Y el director acá presente y la PDI, ¿no es cierto?, han dicho que 1.412 se han reconducido, de las cuales 872 son ciudadanos de terceros países, es decir, no bolivianos. Pero si yo resto 5.989 menos 1.412, es una cifra bastante menor la que se ha reconducido, que ha aumentado en relación a años anteriores, por cierto, si hasta años anteriores el propio gobierno había dictado un instructivo, una resolución que prohibía la reconducción de terceros de una nacionalidad distinta a la boliviana. Pero sería interesante saber estos 872 de tercera nacionalidad de qué países son, porque efectivamente la migración complicada o la más complicada, toda es complicada, pero la más complicada en el norte, particularmente en Tarapacá, son los venezolanos y eso hay que decirlo. Y acá no se trata de estigmatizar a nadie, porque de la misma manera que decimos que la migración clandestina más complicada es la venezolana, también hemos dicho que hubo un ingreso legal de muchos profesionales venezolanos en el tiempo de la pandemia y que rescato sobre todo a los médicos que en el caso de Tarapacá salvaron a muchos ciudadanos tarapaqueños que sin ellos no se habría podido funcionar el hospital de Iquique porque todos sabemos que el hospital de Iquique tiene una grave crisis y la zona extrema en realidad un gran déficit de especialistas. Pero yo quisiera saber qué pasa con esa diferencia. Si Carabineros las entrega en frontera dentro de los 10 kilómetros, ¿no es cierto?, que es lo que dice el Mercurio, que son los que ellos han pasado a la Policía de Investigaciones, tanto en la frontera de Arica, de Colchane como de Antofagasta. En la frontera, por lo tanto, esos 5.989 estaban en posición de ser reconducidos, salvo que un número importante de ellos, ¿no es cierto?, hayan sido menores. Aquí hay otro punto muy grave, porque el gobierno tenía una política de prohibir la reconducción de menores de edad. Pero yo creo que uno tampoco puede, y que parece lógico a todo evento, pero uno tampoco puede desconocer con esta gran cantidad de menores que hoy día se está utilizando a los menores para ingresar clandestinamente y luego no ser expulsados, porque no solamente no se puede expulsar a los menores, sino que también a los adultos que los acompañan. Entonces, nos vamos quedando con esta gran cantidad. ¿Cuál va a ser la política? No puede ser simplemente esa la política, porque frente a esto, las diferencias que van quedando afuera y la posibilidad de reconducir no van más allá de los 1.400 versus los casi 6.000 que solo Carabineros, porque a esto habría que sumarle lo que encuentran los militares, en fin. Y, Presidenta, yo quisiera saber algo con lo que yo no estoy, y el director lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que es de las cosas más graves que el país puede hacer. Él anunció en su cuenta pública la regularización de los 182.000 migrantes que fueron pasados por el control biométrico y a mí eso me parece una aberración. Creo que esa es una verdadera llamada a que sigan viniendo, porque cuando un migrante que quiere buscar o, no sé, quiere elegir un país donde irse, bueno, mira los países. Perú ha fortalecido mucho su legislación contra la migración clandestina. Bolivia es un país que siempre ha sido inestable y cuando vienen a Chile entonces los reconocen, los ayudan, los ayudan a buscar trabajo, les dan alojamiento, les dan almuerzo. Y solo ellos tenían que hacer este control biométrico y ahora no solamente los ayudan a buscar trabajo, lo que es ilegal, porque la ley migratoria prohíbe y sanciona tanto al migrante que trabaja como al empleador, ¿no es cierto? Y ahora los quiere regularizar. A mí eso me parece...

una muy mala política pública. Yo quisiera saber cuál es el trámite que el gobierno le va a dar a esto, si es efectivo y en qué plazo piensa el gobierno regularizar a estos 182.000 migrantes. Y cuál es la política que como Dirección Nacional Migratoria va a tener frente a... porque el gran caos lo está creando la Dirección Nacional de Migración, ¿no es cierto? Porque si usted regulariza eso, yo lo invito a que vaya a la región y vea cuántas vacantes nos faltan en jardines infantiles, cuántas vacantes nos faltan en colegios, cuántas vacantes nos faltan para ser atendidos a nuestros niños y nuestros con nacionales, y también a los migrantes regulares en materia de salud, en consultorio, cómo las tomas han aumentado. Yo fui intendenta y ustedes lo saben muy bien. Y entregué en marzo del 2014 mi región con seis campamentos y hoy día hay 63. ¿Qué vamos a hacer ahora frente a una sentencia de la Corte Suprema? No es cierto que ordena desalojar uno de los campamentos más grandes de la región, el campamento Alto Molle, que es de propiedad privada y acogió un recurso interpuesto por el dueño. Y la Corte Suprema, en una sentencia ya ejecutoria y notificada, ordena desalojar la toma, pero a la vez le ordena al gobierno y las municipalidades a solucionar el problema de vivienda de esas personas. Y que de alguna manera entras en desacato o tienes que hacerlo. Y en esa toma, y en la mayoría de las tomas de mi región, el gran porcentaje de ellos son personas ilegales. ¿Por qué le vas a dar entonces una solución habitacional a un migrante ilegal por sobre los chilenos, no solamente los que están en toma, sino los que llevan 10 y 12 años esperando y respetando el conducto regular que vive una familia de seis personas en una pieza o de allegado y hoy día vas a venir y le vas a solucionar a la gente de campamento? Porque en el fondo también eso termina siendo bueno: ya no respeto más el conducto regular y me voy a tomar un terreno porque tengo una solución habitacional más rápida. Entonces, los servicios públicos no pueden tener una mirada cerrada de “esta es mi materia y estas son mis políticas”, sino que el Estado debe ver cómo con esta política de regularizar 182.000 inmigrantes afecta a todos los otros servicios públicos que ya están colapsados, al menos en la región de Taravacá. Gracias, Presidenta. He dicho respecto al proyecto. Bueno, yo lo voy a mirar con buenos ojos. Y me parece fantástico que se avance en esto, pero también está aquí en trámite y que venía de la Cámara y venía con amplia mayoría el que vuelve a convertir en delito el ingreso clandestino. Creo que yo estoy disponible a avanzar en eso siempre y cuando, ¿no es cierto?, se ponga una indicación que… diga que es la autoridad migratoria, la Dirección Nacional de Migraciones o la Subsecretaría del Interior, ¿no es cierto?, quien determine si va a seguir la acción penal del delito de ingreso clandestino o va a renunciar a la acción penal y va a preferir la expulsión administrativa. Porque si eso no lo tenemos en la ley, ¿no es cierto?, el día de mañana dejas muertas las expulsiones porque, como nos pasaba antes de la actual ley migratoria en que era delito, las Cortes de Avelación y también la Suprema, la segunda sala, cogían todos los recursos de amparo porque decían: “oiga, el ingreso clandestino es un delito; ¿dónde está la sentencia ejecutoriada que condena por ingreso clandestino?”. Y mientras eso no esté, no puede usted expulsar porque no ha acreditado el ingreso clandestino. Entonces, creo que hay mucho que mejorar, Presidenta, pero acá en la Comisión tenemos varios proyectos que sería interesante que pudiéramos… Yo sé que podemos tener distintas visiones, pero tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos y a puntos comunes porque de verdad, al menos en mi región, mire, yo empecé a volver a ver carpas la semana pasada precisamente alrededor de la catedral en Ramírez con Esmeralda y tengo la foto que después se la puedo mostrar; cosas que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que avanzar en estos temas, presidenta, y vuelvo a decir, no estaremos de acuerdo en todo, pero hay que buscar los puntos de encuentro para mejorar la calidad de vida y todos los problemas que se están suscitando, al menos en la región de Tamaulipas.