En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Muy buenos días tanto a los diputados presentes como también a los invitados a la presente comisión.
El acta de la sesión número 159 se da por aprobada. Hay alguien ahí que tiene el computador. Le pedimos que el volumen para que no se acople a la señora. El acta de la sesión número 159 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión número 160 queda a disposición de las señoras y señores diputados.
El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Muy buenos días, señor presidente.
Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, lunes cuatro de agosto de dos mil veinticinco.
En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Agricultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año dos mil veinticuatro.
Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica.
Oficio del Ministro de Economía con respuesta a la solicitud de extender la resolución número 136 que extiende el área de operaciones para la pesca artesanal de especies de bacalao de profundidad a la pesca de la jibia y se autorice el tránsito interregional a los pescadores de la citada especie. Al respecto, atendida la materia por la que se consulta, se ha estimado del caso, a través de este mismo acto, derivar la presentación a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de que sea atendida e informada directamente a la Cámara de Diputados en aquellas materias que alude y que son de su competencia.
En cuarto lugar, Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, remite a los integrantes de la comisión el informe en derecho titulado
Adquiridos libre competencia y eficiencia económica elaborado por el señor Tomás Menchaca, profesor de Derecho Económico y director del programa de libre competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se han recibido asimismo excusas del señor Andrés Gómez Lobo y del señor Claudio Agostini, quienes excusan su asistencia por motivos laborales. Excusas asimismo del señor Álvaro Ortúzar por motivos de fuerza mayor, quien solicita ser reemplazado por el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Nicolás Vergara. Carta del señor Pascual Aguilera, vocero de la Coordinadora Nacional de Jivieros y presidente de FETRAMAR, quien refuerza preocupación y solicita abordar temáticas ambientales, sanitarias, laborales y de derechos humanos en embarcaciones chinas que utilizan puertos y astilleros chilenos.
Oficio del Servicio Nacional de Pesca por el cual remite lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2025, partida 07, capítulo 04, programa 01, informa respecto del personal destinado a labores de fiscalización de la pesca ilegal en las regiones de Los Lagos y Aysén. Oficio del Servicio Nacional de Pesca, por el cual remite lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2025, partida 07, capítulo 04, programa 01, informa el segundo trimestre de la Glosa 05 del Ministerio de Defensa y de Bienes Nacionales. Excusa de la directora del CERN Apesca quien no puede asistir a la presente sesión por un cometido el día lunes 4 de agosto en la región de Tarapacá; sin embargo, se anuncia que la representa el subdirector jurídico, señor Felipe Ruiz. Y por último, un reemplazo para ambas sesiones del día de hoy del diputado señor Diego Ibáñez por la diputada Carolina Tello.
Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario.
¿Alguna cuestión sobre la cuenta, diputado Orito? ¿Cómo varios? ¿Ya no se cierra la cuenta? ¿No hay ninguna observación sobre la cuenta?
Presidente, saludar a todos, a todas. A propósito de la carta que envía Pascual Aguilera, él es representante de mi región y en ese sentido, él no lo solicita explícitamente en la carta, pero someter el acuerdo de la comisión para poder recibirlo acá y que él pueda exponer directamente sobre este tema. Por favor.
Gracias, diputada Tello. Sobre este punto, he recibido otras solicitudes de otros parlamentarios sobre recibir audiencias. No, por eso. Ahí es un tema que tendríamos que resolver más adelante, porque tenemos en este caso dos proyectos con suma urgencia, tanto la ley general de pesca como también la de fraccionamiento que acaba de ingresar del Senado. Entonces, posterior a ello podríamos quizás buscar una agenda para poder recibir esa audiencia. ¿Sobre la cuenta?
Ya, vamos a cerrar la cuenta entonces.
diputado presidente, no sé si lo escuché mal, pero usted dice que estamos recibiendo dos proyectos nuevos que tienen urgencia y uno de ellos de fraccionamiento, perdón, de remanentes. Para que no se le haya caído el pelo, lo de fraccionamiento ya lamentablemente está sancionado. Sí, sí, sí, respecto remanentes. Cerrada la cuenta. Me han solicitado respecto a varios, el diputado Brito primero, a quien le damos la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, es sabido hace algunas semanas y meses de que había un intento por reconocer a la jibia, al calamar rojo, como altamente migratoria y eso entendemos de que ha ocurrido por parte de las autoridades correspondientes, sin embargo eso levanta las alertas de muchas de las caletas de la zona central y especialmente de nuestra región de Valparaíso, que ven con temor que embarcaciones artesanales, pero que tienen capacidades de bodega muy amplias, puedan venir especialmente a nuestra región de Valparaíso y que ocurra lo que alegan que ocurrió en Perú, en donde los mercados colapsaron. Y es por eso que le quisiera solicitar, si es posible, para no interferir con el trámite de la nueva ley de pesca, que podamos analizar la situación de la jibia, particularmente con el Ejecutivo, para ver que en el reconocimiento de la calidad técnica que altamente migratoria, que eso puede ocurrir, se tomen medidas administrativas que eviten un desequilibrio en el sector. Eso es cuanto vengo a solicitar, presidente, porque...
Es importante que toda decisión sea basada en la ciencia, pero también es importante ir fijando criterios para encontrar equilibrios sociales que nos pueden hoy día alterar la economía de nuestra región, que es dependiente de la jibia porque quisimos poder avanzar en otras pesquerías como la merluza y lamentablemente eso no fue posible y hoy dependemos especialmente de la captura de este calamar.
Gracias. Gracias. Diputado Dorito, en la cuenta se hace referencia, parece que una solicitud enviada por la comisión al ministerio fue remitida a la subsecretaría para dar respuesta a este tema.
Hay que recordar que ya hay un acuerdo para eventualmente sesionar este día miércoles, así que quedan audiencias pendientes y podríamos quizás abordar ese tema en particular, porque creo que ha suscitado bastante preocupación o al menos como en el sector de la pesca.
Gracias, presidente, por su intermedio y saludar a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y quería solicitarle también formalmente que la próxima semana ojalá podamos ver el tema de remanente que ya ha salido del Senado. Y segundo, quiero sugerir, presidente, que escuchemos a los invitados, los minutos que usted tiene contemplados, y ojalá nosotros los parlamentarios no intervengamos con preguntas, porque ya sabemos más o menos lo que queremos decir, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, para que tengan tiempo los invitados de exponer todo lo que está en esta primera sesión y lo de la tarde exactamente igual. Esas dos sugerencias, presidente, por su intermedio, muchas gracias.
Gracias, diputado Romero. Como se dio cuenta el día de hoy, al inicio efectivamente ingresó el proyecto de remanente y lo vamos a tener en consideración para las próximas sesiones en razón de que está con suma urgencia. Y también me sumo a su solicitud respecto de escuchar a los invitados particularmente para poder dar celeridad al proceso.
Diputado Badía ha solicitado en puntos varios.
Sí, presidente. En relación a lo que acaba de mencionar, esto de escuchar a los invitados, yo lo primero, presidente, es agradecer que prácticamente se haya acogido el 100% de las sugerencias que hicimos para tener la opinión de algunos académicos y expertos en las materias que vamos a tener que votar en el transcurso de las próximas semanas.
Presidente, pero también yo le pido reconsideración. ¿En qué sentido? Aquí tenemos presente a personas que efectivamente nos pueden ilustrar para que tengamos una votación informada, porque muchos no nos manejamos en los temas que vamos a tener que votar y creo que es importante que escuchemos a quienes saben de estas materias para que así no cometamos errores que pueden significar grandes trastornos desde el punto de vista del empleo a futuro.
Y por eso yo, presidente, le pido que reconsidere lo de los cinco minutos. Creo que, y lo voy a decir así como lo pienso, presidente, pero no me malinterprete, creo que es una falta de respeto invitar a personas que quieren aportar en esto y que les demos cinco minutos. Creo que es tiempo extremadamente insuficiente. Yo le sugeriría, presidente, usted tiene la facultad, que a lo menos les demos 10 minutos, a lo menos, porque creo que en cinco minutos es muy poco lo que se puede decir frente a temas que realmente son trascendentes en materia de pesca para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, presidente, yo le solicito formalmente que lo tenga bien, que extendamos a 10 minutos. Y si es necesario extender las sesiones, las extendemos, pero no creo que sea prudente que les demos solo 5 minutos. Gracias, diputado.
Lo vamos a reconsiderar, lo vamos a dejar en 3. Efectivamente, en conjunto con la Secretaría acogimos todas las invitaciones.
Entonces el llamado a los parlamentarios presentes también a poder dar curso en definitiva a la sesión y poder empezar a recibir a los invitados, cosa de que los tiempos puedan ser acordes de acuerdo a la presentación.
Efectivamente, de acuerdo a lo que hemos conversado con la Secretaría, el tiempo máximo van a ser 10 minutos.
Pero también le solicito a los invitados e invitadas, encarecidamente, que se aboquen al tema para el cual han sido invitados, que en este caso es la posición respecto al título tercero del proyecto de la ley de pesca.
consideraciones generales no tienen ningún sentido porque no estamos en esa etapa de discusión, es más la mayoría de los invitados invitada ya estuvieron cuando se discutió la idea de legislar y fueron recibidos tanto en regiones como también acá en la comisión, veo más de alguna cara conocida en ese y por eso lo planteo. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión; eventualmente, si hay que quizás aumentar la sesión de la mañana media hora para escuchar a otro, vamos a tomar el acuerdo correspondiente en su momento, no hay ningún inconveniente. Y, como también lo había planteado anteriormente, hay que recordar que también está el acuerdo en caso de sesionar este día miércoles a objeto de recibir a quienes queden pendientes en las jornadas del día de hoy. No sé, pero bueno, vamos a dar inicio a la sesión que tiene por objeto recibir a invitados que ilustren el debate en materia específica contenida en el título tercero del proyecto de ley que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica, contenido en el boletín número 16.500-21.
Se cuenta con la asistencia del señor subsecretario de Pesca y Agricultura, señor Julio Salas; del Servicio Nacional de Pesca, el señor Felipe Ruiz; subdirector jurídico, Elizabeth Muñoz, de la División Jurídica; Pablo Ortiz, subdirector de Pesquería; y el señor Manuel Ibarra, asesor.
Ya, y invitamos entonces al primer invitado, don Tomás Menchaca, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, director del programa de la libre competencia de la misma universidad, a iniciar su exposición. Ahí sí, no tengo que activar el de acá, ¿verdad? Muchas gracias, señor presidente. Dado el breve tiempo, no sé cómo se hace para poner el modo de presentación aquí. Ahí está.
Señor presidente, la verdad es que un tema absolutamente fundamental del que yo quiero hablar es el de la afectación clarísima y evidente a los derechos de propiedad de este proyecto.
La Constitución, todos sabemos, garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Las licencias transables de pesca, evidentemente, no cabe la menor duda de que se trata de bienes incorporales; son derechos. El derecho a pescar está determinado por una proporción de la cuota de pesca. Y la ley es tan clara que dice que estos derechos, estas licencias, son divisibles, transferibles; es decir, se pueden vender, comprar, arrendar, dar en hipoteca; en garantía se pueden embargar; incluso son transmisibles, es decir, se pueden dejar en herencia. Muero yo y lo heredan mis herederos. Son susceptibles de todo negocio jurídico. Eso es lo que dice la ley. Tal amplitud de posibilidades confirma que se trata de derechos, bienes incorporales, plenamente incorporados al patrimonio de sus titulares.
Y lo que dice el inciso segundo del artículo 19, número 24, es que nadie puede ser privado de ningún bien de su propiedad corporal o incorporal sin expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. ¿Cuál es la utilidad pública, me pregunto yo, o el interés nacional si se quitan derechos a un privado para licitarlos y entregárselos a otro privado a cambio de un precio? No hay razones ni sociales, ni políticas, ni de ninguna especie. Es quitar algo a un privado para vendérselo a otro privado. Eso es lo que pretende el proyecto.
¿Se puede quitar un bien de un patrimonio sin expropiación, sin pago y sin razón alguna de utilidad pública o interés nacional? Claramente no. Claramente, esto es un proyecto que, en el aspecto que se refiere a las licencias, es claramente expropiatorio.
Acortar la duración de las licencias transables de 20 a 10 años es quitar parte de un derecho adquirido. Disminuir la participación de la cuota global anual de captura de los industriales que tienen licencias transables clase A a un 50% del 85% que tienen hoy, es expropiarles un 35% de los bienes que están en su propiedad. Afectar sus posibilidades de renovación, que son prácticamente automáticas en la ley actual, también. Y esto, además, considerando que ya estos derechos sufrieron un menoscabo bastante significativo con la ley de fraccionamiento, que, al menos esa, yo creo que también tiene vicio de constitucionalidad, pero al menos se le quitó a uno para entregárselo a los artesanales. Aquí es para venderlo.
Pero, además, y esto es lo más grave, es que el proyecto es un notable retroceso desde el punto de vista técnico. No solo afecta el derecho de propiedad, sino que además es un error desde el punto de vista económico, porque la ley vigente que estableció estas licencias transables de pesca se dictó en la forma más extraña.
estrictamente concordante con las mejores prácticas internacionales, con lo que se ha hecho en Islandia, con lo que recomendó la FAO, con lo que recomendó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que yo tuve el honor de presidir. Mientras yo estaba presidiéndolo, se dictó una proposición de recomendación normativa en que se recomendó establecer un sistema de licencias como el que se estableció en la ley. Y se recomendó también por la Fiscalía Nacional Económica que fuera de la mayor amplitud de tiempo posible y que ojalá fueran transferibles y que hubiera claras causales de caducidad, es decir, que se establecieran derechos de propiedad.
Es la forma de solucionar la denominada tragedia de los comunes, los recursos comunes para que se cuiden, para que la sustentabilidad de los recursos se requiera establecer derechos de propiedad para la pesca. Y la protección de la sustentabilidad se da precisamente porque es la autoridad, es el gobierno el que fija la cuota. Es decir, si hay pocos pescados, se disminuye la cuota, pero los titulares de los derechos tienen derecho a pescar un porcentaje de ella. Si es que cuidan el recurso, ese porcentaje va a ser por una cantidad mayor de toneladas. Por lo tanto, los incentivos económicos a cuidar el recurso lo tienen los empresarios cuando hay licencias transables de pesca, cuando hay derechos de propiedad sobre el derecho a pescar.
Y eso sin perjuicio del tema de la litigiosidad que se va a producir si se afectan claramente los derechos de propiedad. Aquí el asunto se le está quitando un 35% de los derechos a los industriales. Se está vendiendo en privado, va a tener un precio, va a ser muy fácil la demanda de daño de partida porque la base del daño va a ser lo que pagó un tercero por esos derechos que antes eran míos y ahora se le vendieron a otros. Hay severos riesgos constitucionales, pero también económicos y de libre competencia.
La verdad es que la ley vigente, la 20.006.57, tuvo por objeto modernizar el derecho pesquero y adecuarlo precisamente a las mejores prácticas internacionales. No creó, y esto es muy importante tenerlo presente, no creó derechos previamente inexistentes, no sacó derechos de la nada. Lo que hizo fue reemplazar permisos perpetuos de pesca que tenían los industriales, tenían el derecho a pescar el 100% de la cuota industrial y la ley, en su artículo sexto transitorio, dijo: usted tenía derecho a pescar el 100%, le voy a cambiar un derecho por uno mejor, las licencias transables, pero usted va a tener que renunciar a un 15% de los derechos que hoy día tiene. Y tiene seis meses para decirse que se queda con sus permisos antiguos o opta por reemplazarlos por esta licencia, pero en ese caso por solo el 85% del total de la cuota y el otro 15% se va a licitar, que son las denominadas licencias transables de pesca clase B.
Es decir, reemplazó permisos perpetuos de pesca de los que eran dueños, sus titulares, y que lo habían adquirido a cambio de un precio también. ¿Cómo se daban los permisos antes? A cambio de construir una nave. Se le daba a la nave el permiso. Yo construía la nave, gastaba millones de dólares en construirla y le daban los permisos. Eso era muy engorroso transferirlo, se podían transferir, pero se transferían junto con la nave. Se reemplazó por las licencias que son más fácilmente transferibles y lo cual es muy positivo desde el punto de vista de la entrada al mercado, de la mayor competencia, porque permite que estas licencias se transfieran más fácilmente y por lo tanto que puedan haber entradas al mercado mayores.
En cambio, con el sistema de las licitaciones cada 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense, hay gente que es dueña de sus instalaciones, su planta pesquera, sus naves pesqueras, tiene la licencia. Se la quitan para rematarla y, supongamos, que quiera entrar un tercero. Tiene que comprar esto, pagar un precio y en 10 años conseguir los permisos para construir la planta y la nave, construir la planta y la nave y hacer rentable esa licencia en 10 años. Se demoró cinco años los permisos, otros cinco en recuperar toda la inversión. Imposible, ¿verdad? Y no solo eso, ¿cuál va a ser el incentivo de ese pescador? Arrasar con el recurso, porque tiene que recuperar su inversión en 10 años.
En cambio, con un permiso perpetuo, o sea, que dura 20 años pero es renovable, si no se incurre en muy estrictas causales de caducidad, es decir, si el industrial hace algo mal, no pesca, tiene incluso problemas laborales, le quitan los permisos y eso está bien, pero se lo quitan por causales establecidas previamente en la ley. Eso es lo que ocurre. La licencia clase A y clase B dan derecho a pescar una cantidad, no una cantidad determinada, no dan derecho a los pescados. Los pescados son bienes nacionales, son recursos comunes que pertenecen a la sociedad toda. ¿Qué es lo que da la licencia? El derecho a pescar una proporción de la cuota que el Estado determine que es pescable sin causar daño ecológico.
¿Y eso qué incentiva? Incentiva que los titulares de las licencias cuiden el recurso para que la cuota se incremente al año siguiente. Los primeros interesados, ya lo decía Santo Tomás, todos ponen más cuidado en las cosas propias. Cuando hay un derecho que me va a permitir, si yo cuido el recurso, tener una cantidad de toneladas mayores el próximo año, lo voy a cuidar. Y es lo que ha ocurrido. Es cosa de ver. El jurel en la última década ha ido aumentando la cuota todos los años. ¿Y por qué ha ido aumentando? Porque los pescadores industriales y artesanales están todos preocupados de que la cuota crezca y que se reproduzcan los pescados porque así van a tener un mejor negocio. Si los hombres responden a los incentivos, lo decía en la introducción.
La economía del señor Mankiw, yo le enseño a mi alumno de primer año eso, son los incentivos adecuados los que han permitido la sustentabilidad del recurso. Y esos incentivos se están quitando en este proyecto de ley, señor presidente. Las licitaciones no solo aumentarán, tienen todos los problemas que se señalaron, sino que además van a aumentar la concentración en el mercado.
Porque ¿quién va a ir a parar el dedo en la licitación? No cabe duda que son los incumbentes, los que ya tienen las inversiones hechas, porque esos van a poder salir a pescar al día siguiente. Esos van a poder recuperar lo invertido en la licitación. Y por lo tanto, los más grandes, los que tienen más recursos económicos y pueden ir a esa licitación, son los que se van a quedar con la cuota o con las licencias nuevas que se liciten. Va a aumentar la concentración, eso lo dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo dijo la Fiscalía Nacional Económica, lo dijo la FAO, lo ha dicho todo el mundo.
Es absolutamente impensable que en diez años un nuevo entrante pueda hacer todas las inversiones necesarias para explotar el recurso y recuperar esa inversión. Y lo otro que también es absurdo desde el punto de vista de la eficiencia económica es que el que ya hizo la inversión y le quitan esta cuota para entregársela a otro, pierde lo invertido. Es decir, hay recursos que se están oxidando, que no se usan, y un señor que tiene una licencia y no tiene recursos para explotarla.
Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que el sistema de subastas puede ser un sistema adecuado para asignar inicialmente un recurso cuando ese recurso no tiene dueño alguno. Pero cuando el recurso ya está en uso, reasignarlo implica quitárselo al que tiene hechas las inversiones para entregárselo ¿a quién? Probablemente a ese mismo que va a parar el dedo en la licitación, pero si no a un entrante que no tiene ninguna inversión efectuada. Y eso lo único que va a lograr es una sobreexplotación de los recursos pesqueros y menor eficiencia económica en su explotación.
Y probablemente esto que nosotros tuvimos un problema de deterioro en la biomasa bastante grande por varias décadas, se dictó esta ley y empezó a aumentar. Los jureles han aumentado la cuota todos los años desde que existe esta norma. Y va a empezar a disminuir de nuevo si se cambian las reglas del juego que fueron establecidas, que además ya están establecidas por ley por este mismo Congreso Nacional hace no tantos años. Los incumbentes tienen mayor disposición a pagar, es evidente, y por lo tanto lo único que va a pasar es mayor concentración.
Para terminar, solo voy a decir lo que dijo el tribunal. ¿Qué es lo que recomendó el tribunal en su recomendación normativa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, proporción número 12 del 2010? Recomendó, letra A, primera recomendación, establecer un sistema de plena y libre transferibilidad de las cuotas individuales de captura que contemple la disibilidad de las mismas por una parte y la posibilidad de transferir tanto su titularidad como su goce o uso por la otra, recogido plenamente por la ley. Esto es lo que recomendó el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica también. Y letra D, considerar una mayor extensión de la duración de las cuotas individuales de captura, pudiendo incluso establecerse su duración indefinida. Eso recomendó el Tribunal de Libre Competencia. En caso de que se opte por no hacerla indefinida, que fue lo que ocurrió, se propone establecer un mecanismo de reasignación de las mismas a su vencimiento claramente determinado al momento de su asignación inicial. Y es lo que ocurrió. La ley dijo veinte años y dijo cuáles son los mecanismos para reasignarlo y cuáles son las razones para quitarle las licencias a quien las tenía. Y con eso termino, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Tomás, por su presentación. Vamos a invitar entonces al diputado Berger.
Cortito, presidente, bueno, saludar por supuesto por su intermedio a todos los invitados. Sería interesante que en la medida en que se vayan exponiendo nos vayan haciendo llegar también las presentaciones, porque esto está tan apretadito que tenemos que madurar un poco también, un poco más las presentaciones que en el día de hoy nos van a entregar. Gracias.
Perfecto, diputado Berger. Entonces le solicitamos a los invitados e invitadas que puedan remitir a la secretaría las presentaciones que hagan el día de hoy con anticipación, objeto de que cada uno de los parlamentarios también la pueda tener para hacer seguimiento de la misma durante la presentación.
Dicho aquello, invitamos a don Julio Peña Torres, economista, a hacer su presentación. Don Julio tiene diez minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, soy economista, hice mi doctorado en regulación de pesquerías marinas a inicios de los años 90. Volví a Chile en esa época para ayudar a implementar por primera vez el sistema de las cuotas individuales en el gobierno de Ricardo Lago. Desde entonces me he mantenido investigando, tengo más de 30 publicaciones en revistas internacionales sobre el tema de regulación pesquera. He escrito varios informes, el último lo escribí a mediados del año pasado, solicitado por la empresa Limar. Y lo que quiero hablar hoy día es sobre los objetivos que uno persigue cuando quiere licitar cuotas de pesca. ¿Qué realmente es lo que estamos tratando de buscar con esto?
Instrumento. La primera idea de fondo es que la verdad que si uno intenta licitar más de lo que ya se está licitando, da lo mismo si sea 50, si sea el 100, si sea 70, el porcentaje da exactamente lo mismo. Uno sabe lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. No va a ocurrir entrada de nuevas empresas, de nuevas entradas.
Si ustedes revisan todas las licitaciones que tenemos en Chile, que ya son cerca de 60, 70 distintas licitaciones, gracias. En veintitantas distintas pesquerías a lo largo de casi dos décadas, no ha ocurrido jamás entrada. Y no es que esto sea una casualidad. Los patrones en el tiempo y la historia tienen justificaciones.
La razón es muy simple. Tiene que ver con que en esta industria, esta es una industria que está madura, consolidada, hay inversiones que se comenzaron a hacer en los años 40 en Chile, y por lo tanto hay una serie de empresas ¿Verdad? que han ido acumulando inversiones no solamente en las flotas pesqueras, sino que también tienen inversiones en plantas, tienen inversiones en valores de marca. Han invertido en abrir canales de comercialización internacional con el resto del mundo a través de exportación y crear reputaciones en esos mercados. No son mercados triviales de consolidar en el tiempo.
Y esas inversiones además tienen la peculiaridad de que son de un valor muy particular y específico a este negocio. Dado que en la gran parte del mundo moderno las pesquerías industriales están absolutamente en plena explotación, no hay nuevas pesquerías donde uno pueda agregar nueva capacidad instalada, nueva capacidad extractiva. Esos activos que hoy día tenemos en Chile, si esas empresas tuvieran que venderlos, la verdad es que lo venderían por prácticamente nada, porque no hay un mercado secundario, no hay un precio de reventa que sea similar al costo de inversión que representan esas inversiones.
Y cuando uno tiene industrias donde están estas inversiones, que en este caso son costos fijos irrecuperables, lo que ocurre es que una economía muy sencilla indica que lo único que puede pasar en una licitación es que ganen las empresas incumbentes. Y la razón es muy sencilla, estos pequeños números ayudan a entenderlo. Cuando uno tiene un negocio donde hay una parte importante que son costos fijos, en estos, por ejemplo, imagínense que el costo total son mil y hay 300 que son costos operativos que dependen del volumen de extracción que uno haga y hay 700 que son costos fijos. El valor de los barcos, el valor de las plantas, el valor de los valores de marca que uno ocupa para exportar. Esos 700, imagínense que no son fáciles de revender. Si es que uno se tuviera que ir del negocio porque... que pierde la cuota y viene alguien más.
Lo que ocurre económicamente es que el valor que uno va a considerar cuando esté dispuesto a poner plata sobre la mesa en la licitación va a incluir el valor de esos 700, porque ya no es un costo económico. Si yo me voy, lo pierdo. Por lo tanto, el verdadero costo económico para la empresa es cero, o algo muy cercano a cero. Y por lo tanto, lo que una empresa está dispuesta a pagar, y es lo que uno ha visto en todas las historias de las licitaciones que hemos visto, es que los precios terminan pegándose prácticamente a los márgenes variables.
Lo que las empresas terminan colocando sobre la mesa en la licitación no es la utilidad del negocio. La utilidad económica del negocio, obviamente, uno le tiene que descontar el porcentaje de las ventas que va a pagar los costos fijos de las inversiones. Pero en este caso peculiar, donde tenemos estos costos fijos significativos, donde son costos fijos irrecuperables porque no hay mercados secundarios de reventa, porque no hay mercados donde usar estos activos productivos, sean plantas o barcos, lo que la empresa naturalmente va a intentar hacer, si es que quiere asegurar las cuotas, es en el límite pagar hasta su margen variable.
Eso significa que, en mi ejemplo, esos 700 pesos que son costo fijo, un incumbente, una empresa que está en el negocio, los va a poner sobre la mesa. Si viene alguien nuevo, un nuevo entrante no tiene esa inversión. Tiene que financiarla. Y por lo tanto, para decidir cuánto pone, tiene que descontar del valor que pueda vender, del precio de venta, la amortización y el pago de los costos fijos, los 700.
En mi ejemplo, la utilidad que tendría este negocio serían 100. El precio de venta, 1.100. 1.000 pagan los costos, 100 de utilidad. Un no entrante pagaría como máximo 100, siendo que un incumbente está dispuesto a pagar en el límite hasta 800. Por lo tanto, no es extraño que si ustedes midan cada una de las licitaciones que han ocurrido, jamás ha ocurrido entrada o no entrante. Siempre han ganado los incumbentes. Así que ese es el primer punto.
Hay un segundo punto fundamental que hay algunas opiniones que han sugerido que el hecho de que hayan empresas ya consolidadas en el negocio y que tengan estos costos fijos, que en el fondo es una ventaja de costo respecto a un nuevo entrante, es una ventaja ilegítima. Es contraria a la libre competencia porque sería un regalo que el Estado le hace a las empresas que ya están entregándole un derecho de pesca por el cual no estarían pagando lo que se entrega por asignación histórica. Ese es un argumento que se ha planteado últimamente. La verdad que eso es 100% equivocado, porque estas empresas han pagado, no es un regalo.
La razón de por qué tenían presencia histórica es porque hicieron inversiones y asumieron riesgos e incertezas. Varios de ellos murieron en el camino, había rotación, muerte y entrada de nuevas empresas desde los años 40 que tenemos la industria pesquera en Chile. Por lo tanto, no es cierto que esto se entregue gratuitamente cuando es por asignación histórica. Si es por asignación histórica, tal como lo dijo Tomás, es porque esas empresas en su momento para poder adquirir una autorización de pesca tuvieron que hacer inversiones caras, riesgosas, en plantas, en flotas y en valores de marca.
Entonces, es una falacia absoluta de que esto es una ventaja de costo que es ilegítima. Al revés, es totalmente legítima, es la forma eficiente de hacer el negocio y refleja el premio a los que en ese minuto se arriesgaron, pusieron su plata de su bolsillo en duda, en riesgo, y en algunos casos resultó y les ha ido bien si es que han sido eficientes en mantener el negocio. Por lo tanto, es un resultado que ganen los incumbentes una y otra vez, algo totalmente legítimo, no hay nada malo, es simplemente un reflejo de una condición de eficiencia de aquellos que han logrado sobrevivir por cerca de 40 años en el negocio.
Si uno observa cómo está la concentración industrial en otros países pesqueros importantes en el mundo que usan cuotas individuales de pesca, la historia es la misma. Con o sin licitaciones, lo que uno observa es que, y en el caso de Noruega e Islandia hay una extensa literatura, en mi último informe la cito, para el que esté interesado está la copia en la biblioteca acá del Congreso, ese informe de junio del año pasado, en Islandia, en Noruega, que tienen cuotas, sistemas de cuotas individuales de pesca, las pesquerías industriales se han concentrado todas, aún sin licitación; en esos casos no ha ocurrido jamás licitación, igual se han concentrado, y la razón de nuevo no es casual, es porque la forma eficiente de hacer este negocio es teniendo escalas amplias, expandidas, teniendo más toneladas que poder procesar, porque esa es la forma más eficiente de amortizar y financiar bien estas inversiones en costos fijos, que son cuantiosas y que son después irrecuperables. Amplia evidencia de que esta es la forma eficiente de hacer el negocio.
La segunda razón, uno podría decir, bueno, en realidad acepto el argumento de que no va a ocurrir entrada, pero igual me interesa aumentar el porcentaje licitado porque con eso vamos a poder aumentar la recaudación fiscal. Es uno de los objetivos posibles en el instrumento de la licitación.
Julio, le queda un minuto.
Ok. La verdad que si uno aumenta el porcentaje licitado es indudable que eso va a aumentar la incertidumbre, los riesgos del negocio, y no hay que saber finanzas para entender que cuando algo se vuelve más riesgoso lo que los empresarios van a estar dispuestos a pagar por ese permiso productivo va a ser más bajo, porque es un negocio más riesgoso. El precio de las cuotas va a caer si es que se licita más.
Si es que el objetivo es conversar sobre posibilidades de incrementar la recaudación, hay un secreto que es mucho más fácil, mucho más simple, políticamente mucho más sencillo de establecer un acuerdo, que es establecer un cobro por tonelada desembarcada. Es muy fácil implementarlo, los costos de monitorear los desembarques, tenemos un sistema que ha funcionado ya por varias décadas en el caso chileno, prácticamente más de dos décadas, y es muy sencillo, poco costoso, no agrega incertidumbre, es predecible, y de hecho es el mecanismo que ha ocupado Islandia para resolver estas mismas controversias que tenemos en Chile ya por varias décadas de cómo repartimos las rentas del negocio pesquero. Los islandeses lo han solucionado con discusiones políticas de cuál es el precio a pagar por tonelada. Un impuesto, una especie de royalty. Si queremos recaudar, hablemos de eso, no nos enredemos, las licitaciones son un instrumento complicado.
Y por último, para cerrar, recordemos que cuando uno quiere sacarle leche a la vaca, hay límites. ¿Hasta cuánto queremos seguirle sacando impuestos a este negocio? Ustedes tienen acá unos números que son dramáticos. Yo revisé con mucho cuidado lo que se paga en impuestos y pagos que son específicos a la pesca industrial en los principales
Países competidores chilenos, Islandia, Nueva Zelanda, Namibia, Perú. La última columna y los números que ven ustedes ahí en amarillo son los porcentajes que se pagan de todos estos pagos que son específicos al negocio pesquero, más allá por sobre los impuestos a la renta. En esos países, según el país, esto fluctúa entre 2 y 3,5% del valor de las ventas medido a precios de exportación. ¿Cuánto estábamos pagando en Chile en el año 2018, el último año que yo hice este cálculo con mucho cuidado? 7,3%. He escuchado que han habido unos cálculos de actualización que dicen que este número hoy día está como en 11 o 12, versus 2 o 3 de los competidores. Es decir, el Estado chileno está cobrando 3, 4 veces más en impuestos específicos al negocio, grabando la renta pesquera, que lo que pagan los competidores. Pregunta. ¿Cuánto más creen ustedes que van a poder seguir luchando las empresas chilenas y ganando y consolidando estos mercados cuando el Estado le está cobrando tres, cuatro veces más que sus competidores en el resto del mundo? Yo creo que la respuesta es bien clara.
Gracias, don Julio, por su presentación. Ya han sido enviadas, por si acaso, al WhatsApp de la Comisión algunas de las presentaciones efectuadas hasta el momento. Invitamos a doña Macarena Cepeda, Presidenta de Pescadores Industriales del Bío Bío, y a Verónica Ceballos, Gerente de Asuntos Públicos, para que puedan responder.
Bueno, muy buenos días, Presidente, y saludar a los seis miembros de esta comisión que hoy día nos acompañan, así que les agradezco que puedan estar aquí. Primero quiero expresar mi excepción por la decisión de esta comisión de atender un tema tan complejo y delicado para el equilibrio económico de la región del Bío Bío, recibiendo por cinco minutos a quienes deseamos expresar nuestros puntos de vista, o diez. Son miles de familias de la pesca industrial las que dependemos de esta ley, por lo que darle solo cinco minutos a 6.500 trabajadores, la mitad jefas de hogar, y a 400 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios para la pesca industrial, empleando a otros 4.000 personas, es una decisión incomprensible y al mismo tiempo ausente de equidad o de igualdad.
Respecto a las subastas, este es un tema zanjado. Fue llevado a la comisión mixta en el proceso de discusión de la ley de fraccionamiento y fue rechazado en una instancia legítima y democrática. Ya se traspasaron 160 millones de dólares en pesca al sector artesanal. La pesca industrial no puede ahora financiar la protección social del mundo artesanal, que si bien es necesaria, no puede ser a costa de un sector que no resiste más decrecimiento. Esta es una obligación del Estado, que no puede ser endosada al sector privado.
Durante la discusión de la ley de fraccionamiento, se buscó evitar el cierre de la empresa Pacific Blue, a fin de evitar un impacto social en Talcahuano. Pues bien, la pérdida del 30% de las cuotas que nos dejó la ley de fraccionamiento, más las subastas propuestas en esta ley, significará perder hasta el 60% de las cuotas actuales. Un escenario abiertamente expropiatorio de nuestra capacidad de trabajo y de la estabilidad de nuestro sector.
Por ello, quiero advertir ahora con toda claridad, Presidente, que con esto no solo dejaría de operar Pacific Blue, sino que también un grupo importante de empresas que operan sobre el jurel, como también sería Landes en Talcahuano y Foodcourt y la planta de conservas de Camantaca en Coronel. Ninguna de esas cuatro empresas es viable elaborando el 40% de lo que hoy procesa. Y aquí estamos hablando de la principal pesquería de Chile, el jurel, que parece ser que muchos creen que resiste cualquier cosa. Y al mismo tiempo se piensa que es como la minería de la Centro Sur. Pero a esta comisión es mi deber decirle que eso no es así.
Hasta antes de la ley de fraccionamiento, las compañías chilenas podían comprar materia prima, en este caso jurel, en el mercado internacional. Esa tonelada de pescado que a cualquier país competidor de Chile le cuesta unos 300 dólares por tonelada aproximadamente, a las empresas pesqueras del Bío Bío ahora le cuesta 30% más caro. Este producto es el producto del arancel impulsado por el gobierno y aprobado por el Congreso que grava estas compras internacionales.
Quiero comentar que hasta antes de este arancel, las empresas de menor tamaño de nuestro gremio, particularmente Landes y Foodcourt, podían operar entre dos a cuatro meses más tras cumplir su propia cuota nacional. Esos meses extra de operación hoy están en riesgo, lo que no solo es negativo para esas empresas, sino que mucho peor para sus trabajadores que viven en Coronel, en Lota.
En Talcahuano, Hualpén o San Pedro de la Paz, que verán disminuidas sus oportunidades laborales y prosperidad. Esa es la cara del arancel propuesto por el Ministerio de Economía. Esto no se trata de empresarios o industriales, sino de trabajadoras y trabajadores que ustedes podrían dejar cesante.
Durante la tramitación de la ley de fraccionamiento se pusieron en riesgo miles de empleos en Coronel, Talcahuano, Hualpén y el Gran Concepción por la proposición de un traspaso irracional de recursos pesqueros desde las cuotas industriales a las artesanales, que en la práctica nos dejaba con los brazos cruzados.
Y fue el Ejecutivo y este Congreso quienes se comprometieron con corregir y no repetir una situación similar y a no poner en riesgo los puestos de trabajo y el dinamismo económico del bio-bio. Entonces no entendemos por qué insistir ahora en las subastas y volver a tropezar con el mismo problema.
El insistir con este proyecto de ley y en especial con la subasta de la cuota industrial me parece que es inconsecuente e incluso irresponsable por parte de este gobierno porque vuelve con una medida que destruirá empleo y que afectará gravemente al mismo sector que dijo no querer dañar durante la tramitación del proyecto de fraccionamiento.
Nuestra región enfrenta una enorme y profunda crisis social y eso lo saben los diputados de nuestra región. No sería comprensible que el gobierno, vía las subastas, impulsara el cierre de tres nuevas empresas tras la caída de Guachipato. Bio Bio no puede permitirse seguir decreciendo y eliminando las pocas oportunidades que tiene. Nuestra región no soporta más desempleo, presidente. En Bio Bio el desempleo ha aumentado un 17% en los últimos ocho años. Y los cambios que propone la nueva ley de pesca solo contribuirán a aumentar la cesantía y la pobreza.
Para finalizar, solo quiero hacer un llamado a entender que este no es un tema de derechas o de izquierdas. Se trata de trabajadoras y trabajadores y sus fuentes laborales. Por eso, llamamos a revisar la evidencia y evitar la angustia de la cesantía que provocarían algunas de las medidas aquí propuestas en este Título 3 sobre acceso a la actividad pesquera industrial.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Macarena, por su presentación.
A dar paso a Zona Pesca, en cuarto lugar los señores Felipe Sandoval y don Héctor Basigalupo, presidente y gerente general respectivamente. Ahí entonces le damos la palabra para que inicie. Gracias, presidente. Disculpenme
El proyecto que propone una nueva ley general de pesca debe ser revisado con calma. Hace muy poco se acaba de aprobar la nueva ley de fraccionamiento que implica un cambio profundo y radical para la operación de la industria. Muchas empresas estuvieron al borde de cerrar y hoy su solvencia tampoco está asegurada. Por lo tanto, lo razonable sería revisar los impactos de esta nueva ley en todo el sector pesquero y promover una correcta implementación antes de integrar una nueva regulación, sobre todo si implica cambio nuevamente en las cuotas de las empresas.
El artículo 54 del proyecto de nueva ley de pesca establece que las LTPB se incrementarán del 15 al 50% en todas las pesquerías. De aprobarse esta norma, tendría dos efectos para las empresas que operan con LTPA. Se les impondría un alza de impuesto específico, ya que hay un polinomio que va modificando el impuesto específico en función del valor de las licitaciones y quedarían operando bajo la cuota mínima que las viabiliza económicamente, porque les quitarían un 35% o el 50% de lo que quedaron después del fraccionamiento.
Durante la discusión de la ley de fraccionamiento, ya se resolvió no licitar el incremento de la cuota del jurel. ¿Por qué insistir ahora en licitar el 50% de la cuota en todas las pesquerías? Después que ya se votó que no se iba a licitar el incremento de la cuota al jurel.
El alza del impuesto específico, producto de la licitación, subiría más de un 100% en promedio en todas las pesquerías. Y la disminución de la cuota de las LTPA por efecto de la licitación será de 389.000 toneladas, que a valor de sanción son 165 millones de dólares. Si uno le suma esto a lo que costó la ley de fraccionamiento...