Sobre la cuenta tiene la palabra primero don Agustín Romero, después el diputado Undurraga.
Sí, gracias, presidente. Yo quisiera pedir, de acuerdo a la sala, para poder ver a continuación de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto número 17, que pueda pasar también a la Comisión de Economía. Eso, presidente.
Gracias, diputado. ¿Habría acuerdo para que pasara después de…? No hay acuerdo. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Ya, resultado de la votación. Por la afirmativa 47, votos 31 en contra, 4 en abstención. Aprobado.
Le damos la palabra al diputado Undurraga.
Cuestión de la cuenta.
Gracias, presidente. Saludar a todos los que nos están viendo y acompañando hoy día. El punto 16, que es una moción en la cual modifica y asegura la disponibilidad de estacionamiento para personas con discapacidad. Yo sé que la Secretaría no lo examina a fondo, pero nosotros ya tenemos la ley 18.290 que garantiza estacionamiento de discapacitados en todo Chile cada tres cuadras. Es la obligación que tiene la municipalidad. Entonces, la pregunta es: ¿es una modificación a eso, una profundización de lo mismo, o vamos a repetir prácticamente lo que ya la ley hace desde hace bastante tiempo en este país? Eso por un lado. Y en el punto… Perdón. No, y eso sería. Gracias.
El secretario podrá dar cuenta del fondo.
Sí, efectivamente, señor diputado, modifican la ley 20.422; establece un número de estacionamiento porque la ley actual no lo fija exactamente cuál es. Es una modificación. ¿Tiene la palabra el diputado si quiere agregar algo?
Sí, gracias, presidente. No quiero polemizar, pero la ley de estacionamiento para personas con discapacidad en Chile es la ley 18.290 y establece que las municipales deben destinar dos estacionamientos exclusivos por cada tres cuadras en vías públicas donde se permita estacionar. Se le va a enviar por parte de la Secretaría, en el fondo, un comparado de lo que sería esa ley. Le vamos a pedir al señor Damaso que se encargue de aquello. Y esto es de la ley de inclusión, me dicen. Pero le será enviado.
¿Hay alguna palabra más sobre la cuenta? Nadie más quiere hablar sobre la cuenta. Cerrada la cuenta.
Si le parece a la sala, accederíamos a la petición de la Comisión de Gobierno Interior Nacional, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para refundir, de conformidad con el artículo 17.a de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.621-06 y 17.666-06 que tienen por objeto ampliar la facultad de la Contraloría General de la República. ¿Habría acuerdo para esto? Acordado.
Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, presidente. Si puede regalar la unanimidad de la sala para que, de no llegar a poder discutirse el último proyecto de ley, lo votemos solo con la lectura del informe, un proyecto de seguridad, y creo que todos queremos avanzar rápido en materia de seguridad. Gracias, presidente.
El informe de la misión mixta del robo de cables. ¿Habría acuerdo entonces para votarlo?
El diputado Maruicheri no ha dado el acuerdo entonces. Seguimos entonces. Iniciando el orden del día corresponde.
Antes de eso, vamos a saludar al diputado Tomás Hirsch y a don Miguel Ángel Calisto, que han estado de cumpleaños. Deseamos que hayan tenido un lindo día y les damos un fuerte, fuerte aplauso.
Don Ángel, antes de iniciar. Iniciado el orden del día, le damos la palabra al diputado Agustín Romero. ¿Quiere tomar la palabra? Sí, presidente.
Yo quería solicitar la unanimidad de la sala para pedirle a la mesa que envíe un reclamo formal de la Cámara de Diputados a los dichos del presidente del Senado, señor Manuel José Osandón, que en un punto de prensa la semana pasada dijo que a los diputados había que mandarlos a cierta parte. No lo quiero decir acá en público. Pero me parece que no es la forma de referirse a los diputados de la República. Y yo creo que este presidente debiera proteger o hacerle presente la molestia de esta Cámara a los dichos del presidente del Senado, que además es la segunda autoridad de la República, que no debe referirse así de esta Cámara. Gracias, presidente.
La mesa ya tuvo una conversación con el presidente del Senado, este presidente, pero independiente de eso me dice el secretario que si así lo acuerda la sala también se puede enviar. Existe, no hay acuerdo. Ok, seguimos entonces.
Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje, modificaciones refundidas, que modifica el gobierno judicial, crea el Consejo de Nombramientos Judiciales y corresponde a los boletines 12.607-07, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07, 17.150-07 y 17.193-07.
Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.
Rinde este informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado don Marcos Ilabaca. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de reforma constitucional refundido, originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, boletines número 14.192 y 17.193 y en las siguientes mociones: boletín número 12.607 de los diputados Tomás Hirsch, Andrés Lonton, Catalina Pérez, Leonardo Soto y el exdiputado Gabriel Boric; boletín número 16.852 de los diputados Jaime Araya, Carol Cariola, Marco Hilabaca, Camila Musante, Maite Orsini y Raúl Soto; boletín número 16.979 de los diputados Lorena Fríes, Andrés Giordano, Javiera Morales, Mayte Orsini, Marcela Riquelme, Camila Rojas, Carolina Tello y la exdiputada señora Mercedes Bulnes; boletín número 17.115 de los diputados Miguel Ángel Becker, Andrés Celis, Eduardo Durán, Camila Flores, Andrés Lonton, Jimena Osandón, Marcia Rafael, Jorge Rathke, Hugo Rey y Frank Sauerbaum; boletín número 17.144 de los diputados Jaime Araya, Miguel Ángel Calisto, Pamela Gilles, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Camila Musante, Loniras Romero, Marisela Santibáñez, Héctor Ulloa y Cristóbal Urruti Cochea; y boletín número 17.150 de los señores Joana Ahumada, Miguel Ángel Calisto, Erika Oliveira, Rubén Darío Oyarzo, Víctor Alejandro Pino, Joana Pino y Jorge Zafirio.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos judiciales.
Durante la discusión del proyecto se recibió al ex ministro de Justicia y Derecho Humano, señor Luis Cordero, al actual ministro de Justicia y Derecho Humano, señor Jaime Gajardo, al subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, al señor Hernán Larraín, ex ministro de Justicia y Derecho Humano, por la excelentísima Corte Suprema, el ministro...
Les pido por favor prestar atención al diputado de La Vaca, quien está rindiendo el informe.
Sí, presidente, es mucho ruido, entonces se puede...
Me gajardo al subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, al señor Hernán Larraín, exministro de Justicia y Derecho Humanos por la excelentísima Corte Suprema, el ministro, el señor Leopoldo Llanos, el vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, señor Guillermo Quirós, el señor Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados de Chile, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y una serie de académicos que están en los informes que cada uno de los diputados tiene en su respectivo pupite.
El proyecto consta de un artículo único con 11 numerales y 8 artículos transitorios.
Se libera al Poder Judicial de formar parte del proceso de nombramiento de los cargos de Ministro y Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Ministro y Fiscales Judiciales de la Corte de Apelaciones, Jueces Letrados y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial.
Para ello, el proyecto de reforma constitucional crea un órgano autónomo denominado Consejo de Nombramientos Judiciales, que estará a cargo de la gestión de los procesos de selección de jueces sobre la base de procesos fundados en el mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva.
De esta manera, el Presidente de la República, a partir de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales, nombrará al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones, ¡Gracias! y a los jueces letrados a proposición del Consejo de Nombramiento Judicial, a los magistrados de la Corte Suprema, a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado.
El Consejo de Nombramientos Judiciales tendrá una composición mixta, que considera una mayoría de miembros juezas y jueces. De este modo, se propone la siguiente integración para el Consejo de Nombramientos Judiciales:
A. Un ministro de Corte Suprema.
B. Un ministro de corta velaciones.
C. Dos jueces letrados del Poder Judicial.
D. Un representante designado por el Consejo de Rectores de la Universidad de Chilena entre las personas que hayan ejercido como decano de alguna de sus facultades de Derecho.
E. Un abogado de reconocida trayectoria profesional o académica que deberá tener al menos 20 años de título de abogado designado por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, previa eterna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.
F. Un abogado de reconocida trayectoria profesional o académica que deberá tener al menos 20 años de título de abogado designado por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio del Senado, previa eterna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Los integrantes del Consejo que formen parte del Poder Judicial deberán ser designados por sorteo a partir de listas elaboradas por el Consejo de Nombramientos Judiciales, integrada por personas que tengan al menos 10 años de experiencia en ejercicio de la función jurisdiccional y que no hayan sido sancionados disciplinariamente en dicho periodo. Estos consejeros no podrán ejercer funciones judiciales mientras desempeñen este cargo y se reintegrarán en sus funciones una vez cumplido su periodo en la forma que determine la ley.
Nuevo procedimiento de nombramientos judiciales. Se propone un procedimiento compuesto por dos etapas. La primera ante el Consejo de Nombramientos Judiciales y la segunda ante el Presidente de la República. Una ley orgánica constitucional determinará la organización, funcionamiento, procedimiento y demás atribución del Consejo de Nombramientos Judiciales y fijará la planta régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.
También se libera a las autoridades del Poder Judicial de tener que ocuparse de la administración y gestión de los recursos de los tribunales de la Nación. Para ello se crea un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales y los otros que se determinen por una ley orgánica constitucional sujeto a la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República.
El proyecto de reforma constitucional introduce otras modificaciones relevantes, entre las cuales se puede destacar la siguiente. Supresión de la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. La propuesta suprime la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema y en su lugar le confiere una facultad acotada para dictar los autoacordados que fueran necesarias para la correcta administración de justicia.
Disciplina y control de los conflictos de interés. La Fiscalía Judicial, integrada por los fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, estará encargada de velar por la conducta ministerial de los jueces de todos los tribunales de la Nación, con las excepciones que indica el proyecto. Como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, también velará por el correcto actuar de los auxiliares de la Administración de Justicia que señale la ley. En el ejercicio de esta función realizará las investigaciones por falta disciplinaria y a la probidad de las personas señaladas y si fuere procedente, formulará acusación ante el Tribunal de Conducta Judicial.
Tendrá además competencia para prevenir los conflictos de interés e investigar las infracciones de la justicia.
a la probidad, pudiendo emitir dictámenes sobre asuntos vinculados a esta materia, los que tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial. Los fiscales judiciales no podrán ejercer funciones jurisdiccionales. Una ley orgánica constitucional determinará la organización, estatuto del personal, régimen de responsabilidad y funcionamiento de la Fiscalía Judicial y sus demás atribuciones. Se crea un Tribunal de Conducta Judicial que conocerá y resolverá los procedimientos por falta disciplinaria y a la probidad que realice la Fiscalía Judicial. La ley orgánica constitucional determinará los requisitos para integrar el Tribunal de Conducta Judicial, los mecanismos de sorteo, número y designación de su integrante, y la regla del procedimiento e impugnación para el ejercicio de sus facultades disciplinarias.
Supresión de abogados integrantes. Se modifica el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en virtud de la cual el ejercicio de la jurisdicción de parte de los tribunales solo puede ser ejercido por jueces o magistrados legalmente investidos como tales, con excepción de los tribunales arbitrales. De este modo, todo abogado externo que pretenda integrarse a un tribunal para el ejercicio de la jurisdicción deberá pasar a formar parte de aquel como juez o magistrado.
En cuanto al nombramiento de los jueces, se modifica el artículo 78 de la Constitución. Los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado previa audiencia pública. Este adoptará los respectivos acuerdos por dos tercios de su miembro en ejercicio, en excepción especialmente convocada al efecto. Transcurrido 30 días desde la comunicación del Presidente de la República al Senado, sin que se vote el respectivo acuerdo, se entenderá que se ha aprobado la designación del Presidente de la República. Si el Senado no aprueba la proposición del Presidente de la República, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
La ley orgánica constitucional regulará el procedimiento de nombramientos judiciales, así como los procedimientos administrativos que sirvan en base a los concursos, los mecanismos de posición efectiva y las funciones específicas que el Consejo podrá encomendar al órgano encargado de la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios.
Régimen transitorio. Por último, se contempla una serie de disposiciones transitorias que se hacen cargo de la entrada en vigencia de las referidas modificaciones constitucionales. Particularmente se sujetan aquellas que introducen modificaciones a la forma de los nombramientos, la que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales y que reforma la administración y gestión de los tribunales a la dictación de las leyes orgánicas que, respectivamente, desarrollen su regulación normativa. No obstante este necesario periodo de vacancia legal y en concordancia con los fundamentos que justifican esta reforma constitucional, se contempla un régimen transitorio para llevar a cabo los nombramientos de los cargos de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia en el tiempo intermedio que permite aplicar el nuevo procedimiento bajo los principios de prioridad, transparencia y mérito que inspiran esta enmienda. También se ordena al Presidente de la República el envío al Congreso de los proyectos de ley orgánica constitucional correspondiente dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la reforma constitucional en el diario oficial.
Habiendo aprobado la comisión este proyecto, es que igualmente solicito su aprobación en esta honorable sala. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias por haber leído el informe.
Gracias, presidente. Presidente, apoyaré con convicción cualquier reforma que busque mejorar el sistema de nombramientos judiciales. No solo porque responde a una demanda sentida por mayor transparencia y profesionalismo en la justicia, sino porque constituye un paso indispensable para fortalecer los pilares de nuestra democracia. Porque el sistema actual está agotado y las presiones cruzadas, el cuoteo, el tráfico de influencias y los escándalos que todos conocemos no solo dañan la legitimidad del Poder Judicial, sino que toda la confianza ciudadana en las instituciones. Y cuando las instituciones retroceden, avanzan quienes actúan por fuera de ellas, como el crimen organizado y el terrorismo que prosperan en contextos de debilidad institucional. Y por eso también quiero hacer un llamado claro y responsable. Al apoyar esta reforma debemos rechazar con igual fuerza cualquier intento de politización de la justicia. El Poder Judicial no puede ser ni un apéndice del Ejecutivo ni un brazo del Parlamento. Su independencia es la última.
Garantía de los derechos de las personas frente a los abusos de poder. Lamentablemente esa independencia está siendo puesta a prueba, no solo por las malas prácticas internas, sino también por una preocupante tendencia externa, la del abuso de creyas de parlamentarios en causas de alto impacto político. Muchas veces sin contar con la legitimación activa real ni aportar al éxito de las investigaciones, más bien al contrario, exponiendo al sistema judicial a presiones indebidas, a filtraciones de información reservada y a un uso instrumental de los tribunales con fines comunicacionales o electorales.
Es por eso que hemos presentado un proyecto de ley que debería estar en la Comisión de Constitución prontamente. Además, esto no lo digo yo, lo han dicho el Colegio de Abogados, la Academia y lo han denunciado fiscales y jueces que han debido actuar bajo la sombra de la presión política. Por eso esta reforma debe ir de la mano de una defensa firme y coherente de la autonomía del Poder Judicial. No queremos un sistema opaco ni corporativo, pero tampoco podemos reemplazar un modelo viciado para mantener elementos igualmente riesgosos donde los jueces se vean forzados a fallar mirando las redes sociales, los titulares de la prensa o los tuits de los parlamentarios que actúan más como litigantes que como legisladores. Presidente, una justicia que no es independiente no es justicia y una política que no respeta los límites de su poder es una antipolítica que termina siendo enemiga de la democracia. Y es por eso que nosotros lo votaremos a favor. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Queremos saludar el día de hoy de parte de doña Natalia Romero, quien ha invitado a dos clubes de adulto mayor. Primero, el Club de Adulto Mayor Siempre Joven. Sean todas muy y todos muy, muy bienvenidos acá a esta Cámara de Diputadas y Diputados y también al Club de Adulto Mayor Sol Naciente. Les damos un fuerte y cariñoso abrazo. Muy, muy bienvenidos a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Espero que lo pasen bien con la discusión que aquí se da en los distintos proyectos de ley.
Vamos entonces ahora a darle la palabra a doña Clara Zagardía. Diputada, tiene la palabra, por favor.
¿Qué duda cabe que el Poder Judicial o órgano judicial necesita cirugía mayor? No es suficiente este cambio, pero sí es un avance. Importante para nuestra democracia la probidad y la transparencia en materia de nombramientos de jueces de la República. Lamentablemente, como sociedad, hemos sido testigos de jueces involucrados en casos de corrupción que hasta el día de hoy son investigados. En este proyecto cabe destacar la separación de funciones jurisdiccionales con las no jurisdiccionales, en lo cual caerá el Consejo de Nombramientos Judiciales. También hay que ver que, además de separar las funciones jurisdiccionales, generará procedimientos objetivos de transparencia para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición efectiva, dejando atrás los mecanismos que no permiten evaluar el mérito y las capacidades de cada candidato. También con fijar criterios estrictos para el desempeño del sistema judicial y la regulación de la gestión de los conflictos de interés, reduciendo así el riesgo de corrupción. Cabe destacar que el Consejo de Nombramientos Judiciales estará integrado por siete miembros, en lo cual representantes de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los letrados del Poder Judicial, un representante de las universidades, dos abogados de reconocida transparencia y trayectoria en sus profesiones con más de 20 años de ejercicio. El proceso de nombramiento judicial es elaborado con carácter objetivo, técnico y profesional y de independencia. En cuanto a la gestión administrativa, es positivo que se subdivida la parte administrativa de la parte jurisdiccional. Guardemos silencio, por favor. Y con respecto a una acción importante, es que ya se van a eliminar la facultad disciplinaria y la prevención de conflictos de interés. También se eliminarán los abogados integrantes, que muchas veces son más influidos por los intereses y se hace presente que es mucho mejor que se seleccione y hagan los casos...
funcionarios de carrera que tiene el Poder Judicial. Y por eso, señor presidente, voy a aprobar este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, le otorgo la palabra al diputado don Bernardo Berger.
Muchas gracias, presidente. Señor Presidente, Honorable Cámara, el escándalo Audios y ahora la inexplicable libertad del sicario han sido la gota que rebasó el vaso frente a una reforma que debió haberse hecho hace mucho rato, tanto para fortalecer la transparencia e independencia del Poder Judicial, como también para asegurar los mecanismos de sanción a las repulsables conductas de jueces y magistrados que así como se han dado los hechos, claramente no obedecen a errores, sino que a cuestiones mucho más graves a las que no me referiré en esta sala, en espera de que el Ministerio Público haga lo que es debido. El presente proyecto que va en el sentido correcto, al separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas que hoy están concentradas en la Corte Suprema, cuestión que ha derivado en una falta de independencia interna debido a que hoy en día la carrera judicial está supeditada al criterio de los superiores jerárquicos en lugar de estarlo en conformidad al mérito y criterios objetivos. La creación del Consejo de Nombramientos Judiciales vendrá también a asegurar la independencia externa del Poder Judicial, desligando las designaciones de jueces y magistrados del poder político. Valoro además la creación de un Tribunal de Conducta Judicial para que sea este el que conozca y resuelva los procedimientos por faltas disciplinarias y a la probidad iniciadas por la Fiscalía Judicial. Espero, señor Presidente, que a la luz de este inexplicable escándalo de la libertad del sicario y las innumerables irregularidades que estamos evidenciando en el Poder Judicial, aprobemos este proyecto con la máxima celeridad para dar las señales que corresponden a la ciudadanía que está horrorizada con los últimos eventos. He dicho, señor presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Berger. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Carmen Gertz.
Muchas gracias, Presidente. Presidente, aprobaremos este proyecto que modifica el gobierno judicial, es decir, tanto como la estructura y los mecanismos mediante los cuales se dirige y administra el Poder Judicial, estableciendo un nuevo sistema de nombramiento que constituye un avance concreto en la democratización de ese poder, elemento clave del Estado de Derecho. Esto implica, por una parte, asegurar la independencia, imparcialidad y acceso a la justicia, tal y como lo afirma la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados, y por otra parte, hacer efectiva la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, integrada por el debido proceso. En esa línea, el proyecto reduce la discrecionalidad política y amplía la participación de la sociedad civil mediante mecanismos de transparencia activa y audiencias públicas para que la administración de justicia sea ejercida por autoridades elegidas en procesos públicos y objetivos sin cooptación partidista o criterios clientelistas, abandonando la lógica del lobby y favoritismo por un procedimiento competitivo, transparente y participativo.
Junto con ello se disminuyen los niveles de centralización al crearse órganos técnicos autónomos que tendrán atribuciones históricamente radicadas en el Ejecutivo y la Corte Suprema. Estos son el Consejo de Nombramientos Judiciales, la Fiscalía Judicial, el Tribunal de Conducta Judicial y un órgano encargado de la administración y gestión de los recursos de la Nación.
Asimismo, hay atendido los delicados casos de corrupción con alcances que aún desconocemos y que evidentemente vulneraron los sistemas de nombramientos y correctivos. Es relevante que el proyecto establezca un circuito disciplinario autónomo con un control preventivo.
compuesto por la Fiscalía Judicial del Tribunal de Conducta Judicial para elevar así los estándares de la fe pública. Por todo lo anterior, aprobaremos este proyecto. He dicho. Muchas gracias, diputada Hertz.
A continuación, le ofrezco la palabra al diputado don Jorge Zafirio.
Gracias, Presidente. Presidente, desde el año pasado hemos sido testigos de la crisis que enfrenta el Poder Judicial en Chile a raíz de diversos hechos que han significado críticas y problemas que no podemos seguir ignorando. Los casos revelados por la opinión pública evidenciaron las falencias del Poder Judicial y cómo el actual sistema de nombramiento de jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones se transformó en una instancia altamente politizada que giraba en… torno a los favores y gestiones a ciertas personas, utilizando para el beneficio propio a quienes en algún momento apoyaron para formar parte de los escalafones más altos de los tribunales de justicia. Lo anterior no es solo lamentable, sino que también preocupante y gravísimo, pues la independencia de los poderes del Estado es la piedra angular de nuestra democracia y no debe, por ningún motivo, tener interferencias políticas, amiguismos o privilegios. Yo me pregunto, ¿cómo le explicamos a los vecinos y vecinas de Victoria, Curacautín, Lautaro y en otras tantas comunas del país que en Chile no hay privilegio, si ellos ven que hay ministros de la Corte Suprema removidos de sus cargos por intervenir en favor de determinados grupos? ¿Cómo les pedimos que crean en la justicia si sienten que el sistema está capturado? Perdón. Es por ello, colegas, que necesitamos avanzar y hoy tenemos la oportunidad de apoyar esta reforma constitucional que propone la implementación de un sistema que provea íntegramente la independencia de los poderes del Estado con la creación de un nuevo Consejo de Nombramientos Judiciales, quitándole a la Corte Suprema la facultad de proponer a los nuevos jueces y juezas del país, pasando a ser definido por este nuevo organismo autónomo que estará compuesto por representantes ajenos al Poder Judicial, por ejemplo, abogados de reconocida trayectoria profesional propuestos a través del Consejo de Alta Dirección Pública, eliminando así cualquier incentivo político con miras de construir una institución sólida y totalmente autónoma de los demás poderes. Valoro también la incorporación de la Fiscalía Judicial que velará por el correcto funcionar de los tribunales, pudiendo investigar faltas disciplinarias y a la probidad. Esto es clave para evitar que sean los propios pares quienes definan sanciones tan importantes como la remoción de un juez o una jueza. Por eso, señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa, porque estoy convencido de que Chile necesita fortalecer a un poder tan importante como el Poder Judicial, corrigiendo las actuales falencias y demostrándole al país que no existen grupos privilegiados, que la justicia es igual en el norte como en el sur y que somos un país donde todos y todas estamos bajo la misma ley sin distinción. He dicho, Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Zafirio. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez.
Muchas gracias, señor Presidente. Hoy el Poder Judicial está bajo la lupa de la opinión pública. La inexplicable liberación de un sicario por una jueza nos lleva a la pregunta una vez más de cómo están funcionando los tribunales por dentro. Esta reforma llega a tiempo, pero me preocupan algunas de las soluciones propuestas. Puedo entender el resquemor de muchos al involucramiento de la política en el nombramiento de jueces. Pero peor aún me parece esta propuesta que favorece una autarquía total de los tribunales. La natural autonomía de los tribunales en su función jurisdiccional no puede significar que destruyamos uno de los pocos contrapesos que existen al poder casi total que hoy día tienen los jueces en nuestro país. Es cosa de ver para qué se ha usado en los últimos días esta autonomía radical. No se ha cobrado una sola responsabilidad aún en el Poder Judicial por la liberación de un sicario que supimos ya escapó del país. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la única votación separada que hemos planteado los republicanos en este proyecto de ley, que es el artículo 76 bis, que es la integración del Consejo de Nombramientos Judiciales. El Consejo de Nombramientos Judiciales propuesto tiene siete miembros, y de esos siete miembros, cuatro provienen del Poder Judicial. Esa es la propuesta que estaría avanzando hoy si el proyecto se aprueba como está. Eso sería un error garrafal, sería dejar escrito en piedra.
que los tribunales de justicia solo se responden entre ellos mismos, que esa reproducción interna que existe hoy día de favores, de amiguismos, de beneficios, una verdadera transacción de amistades al interior del Poder Judicial, va a seguir reproduciéndose con mayor radicalidad aún. Lo que planteamos entonces los republicanos es que, en una votación separada, se rechace este artículo para que esto pueda discutirse de nuevo en el Senado, porque no puede ser que por eliminar... por razones muy respetables que puedan ser, la intervención de la política en el nombramiento de jueces, esto termine en que los jueces solo se gobiernan a ellos mismos, que no le rinden cuenta absolutamente a nadie y que en escándalos de la envergadura de lo que hemos visto en los últimos días siguen con impunidad total favoreciéndose entre ellos mismos. La independencia de los tribunales es razonable, pero no puede llevarse a este extremo. He dicho muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.
Diputado Sánchez, diputada Camila Musante tiene la palabra. Presidente, me parece que estamos discutiendo un tema que es de primera prioridad para nuestro país. Porque hoy este proyecto que se nos presenta va a determinar la manera en la que se nombra a quienes deben impartir la justicia en nombre del Estado de Derecho. Y yo, presidente, la verdad es que lamento que se haya perdido esta oportunidad de poder blindar al máximo la independencia del poder judicial. Porque acá hay todo un país que está siendo testigo de una justicia inoperante y que llega tarde. De una jueza que dejó libre a un sicario. De un abogado que llamaba por teléfono para decir cómo tenían que quedar integrada la Corte de Apelaciones y Corte Suprema y fallar de acuerdo a él se le ocurriera. Tribunales que han terminado secuestrados por el cuoteo político y lo peor de todo, presidente, por el tráfico de sabores. Entonces yo me pregunto, al igual que todos los chilenos y chilenas que nos están viendo desde sus casas, ¿a quién le responde la justicia en Chile? ¿Al sicario? ¿Al señor Hermosilla? ¿Al Tren de Aragua? ¿Al crimen organizado? Yo lamento de verdad que se haya dejado pasar la oportunidad de blindar realmente la independencia del poder judicial, porque queríamos más presidente. Y presentamos más. Yo presenté una reforma mucho más ambiciosa en esta materia. Pero lamentablemente parece que cuando derecha e izquierda están unidas jamás serán vencidas. Estamos al borde del abismo, presidente, de terminar transformándonos en un narcoestado. Estamos recorriendo el mismo camino que recorrió México, que recorrió Colombia. ¿Y qué estamos haciendo si dejamos la oportunidad de legislar como corresponde? Presidente, por su intermedio quiero hacerle un llamado al señor ministro. Y es que... Como existió en algún momento el ímpetu de reformar la base, el corazón de donde nace la corrupción en el poder judicial, se creen tribunales especializados en materia de crimen organizado, presidente. Porque si no lo hacemos pronto, si no abrimos pronto los ojos en esta materia, que es la justicia, el primer poder del Estado que tenemos que reformar, para cuando ya nos hayamos dado cuenta, seguramente va a ser demasiado tarde. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Muzante.
Diputado Gustavo Benavente tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto nace de un diagnóstico transversal respecto a que actualmente los ministros de la Corte Suprema tienen excesivas responsabilidades no jurisdiccionales, los cuales los distraen del ejercicio de su labor principal. Esto es... la labor jurisdiccional, como también su labor de ser un tribunal unificador de la jurisprudencia. Además, también viene a hacerse cargo de la opacidad que hoy existe en el sistema de nombramientos judiciales. En términos generales... Resulta positivo que existe un órgano llamado Consejo de Nombramientos Judiciales, el que tenga como su nombre lo indica un solo objeto. Esto es ser el responsable del proceso de selección de los jueces en Chile. Sin embargo, presidente, por nuestra parte tenemos algunas críticas. En primer lugar, no estamos de acuerdo con la mantención del presidente de la República en la elección de todos los jueces. Ministros y Fiscales de las Cortes, por nuestra parte hubiésemos preferido que la facultad del Presidente de la República se mantuviera solo respecto del nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, revisando también quizás el quórum del Senado.
o rebajándolo un poco, o bien estableciendo un silencio positivo por parte del Senado. En segundo lugar, Presidente, respecto a la integración de los miembros del Consejo de Nombramientos, no puede ser que el Consejo de Nombramientos esté integrado por un ministro de la Corte Suprema. Esto significa que por cinco años, un ministro de esta Corte no podrá dedicarse a resolver causas judiciales, lo cual obviamente perjudica la administración de justicia. En esta materia hicimos una propuesta de que fuera un representante de la Corte el que integrara el Consejo de Nombramiento. Lo mismo en el caso de que uno de los representantes o integrantes del Consejo de Nombramiento sea designado por los decanos del Consejo de Rectores. Con ello quedan afuera muchas facultades de derecho que han alcanzado un prestigio en nuestro país. Por lo tanto, también preferiríamos que fuera designado por los decanos de Derecho de todas las universidades reconocidas en Chile y que tengan la carrera de Derecho. Presidente, en todo caso, vamos a pedir votaciones separadas respecto de esta norma porque en general nos parece un buen proyecto. Pero esperamos que en el Senado se arreglen algunos aspectos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Benavente.
Gracias, señor presidente. Presidente, estamos votando un proyecto que sin duda es muy importante y que se generó a propósito de todo un escándalo que vivimos en nuestro país con el nombramiento de jueces y cómo se hacían triangulaciones para los nombramientos. Este es un proyecto que tuvo un debate muy intenso en la Comisión de Constitución y que en términos generales tuvo un apoyo bastante transversal. De que pueda satisfacernos en la totalidad, a lo menos en lo personal, creo que no. Pero creo que es un avance, creo que es significativo, porque si hay algo que muchos al presentar este proyecto intentamos hacer era poner en valor la importancia del mérito de las capacidades intelectuales y personales de cada persona que postule a estos cargos que son tan importantes como es el entregar justicia, el hacer justicia sobre todo en los tribunales superiores de nuestro país, donde lamentablemente, por los hechos que ya todos conocemos, el pituto, el amiguismo, el parentesco fue lo que fue predominando y no el mérito de cada uno de los postulantes. Pero es importante señalar también que quizás a algunos de nosotros nos hubiese gustado que exista mayor equilibrio en la toma de las decisiones a la hora de que se generen estos nombramientos. Porque si hay algo que hoy día muchos nos quedamos con la sensación, y sobre todo con los hechos que hemos visto en el último tiempo en nuestro país a propósito de esta liberación del sicario, es que en el Poder Judicial muchas veces pasan cosas horrorosas como esta y no pasa nada. Tenemos jueces activistas que hacen política literalmente, abiertamente, a través de redes sociales y cada vez que pueden y no pasa nada. Se les intenta sancionar y queda todo en nada, ni siquiera para un tirón de oreja da. Y si queremos realmente que el poder judicial comience a hacer justicia, con objetividad, con prescindencia absoluta de la política y de las motivaciones personales, tenemos que sacar esos malos elementos. Y yo espero que al menos este proyecto contribuye en algo a que efectivamente se le tome la importancia a la labor de ejercer justicia. Porque aquí no nos podemos seguir permitiendo como país justitos personales de algunos jueces que cometen errores, que hacen activismo político y no pase nada. El país ya se está acostumbrando a los errores más terribles y que queden en total impunidad. Espero que esto al menos sirva en algo para ir modificando un sistema que a ratos... Por cierto, que uno tiene que concluir que esto sí que es lo que necesita una reforma estructural, el Poder Judicial. Gracias, Presidente.
Gracias, diputada Camila Flores.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos me ha solicitado la palabra. Ministro, muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludar a todos los honorables diputados y diputadas. Lo primero, presidente, escuchando las palabras de los distintos diputados y diputadas que han intervenido, me parece que en buena onda.
Ahora que hay un acuerdo bastante transversal de la necesidad de modificar el sistema de nombramientos judiciales. Este ha sido un largo anhelo de nuestro sistema de justicia. El exministro cumplido del presidente Elwin presentó la primera modificación o la primera reforma al sistema de nombramientos de jueces y juezas. Y estamos viendo el día de hoy cómo hemos llegado ya a este punto donde probablemente y esperamos que así sea. El día de hoy se pueda despachar a segundo trámite este proyecto de reforma a la Constitución.
En segundo lugar, me parece también muy rescatable señalar que en general se ve un acuerdo transversal similar al que logramos en la Comisión de Constitución de la Cámara y, por cierto, hay ciertas diferencias respecto a puntos concretos, pero me parece que la estructura del proyecto que ha presentado el Ejecutivo es una estructura que satisface y logra un amplio acuerdo y consenso de las distintas fuerzas políticas y eso a mí me parece muy relevante porque en una materia de este tipo necesitamos precisamente de acuerdos que sean transversales, de acuerdos que nos permitan saber cómo, país, cómo sociedad vamos avanzando en esta materia.
Además, presidente, por su intermedio señalo que en el año 2024 nuestro sistema enfrentó quizás una de las crisis más graves de su historia institucional. Una investigación penal de alto interés público sacó a la luz casos de presunto tráfico de influencia en los nombramientos de la Corte Suprema, así también como de intercambios de información reservada sobre causas radicadas en el máximo tribunal del país. Estos hechos no solo profundizaron, sino que también amplificaron las críticas que desde ese año advertían sobre la fragilidad del actual sistema de nombramientos judiciales, en el cual consideraciones de índole político o personales pueden prevalecer por criterios de mérito o capacidad. La consiguiente pérdida de confianza pública en nuestras instituciones judiciales impulsó al gobierno del presidente Gabriel Boric a enfrentar con urgencia este problema, promoviendo la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un nuevo Consejo de Nombramientos Judiciales.
Esta relevante iniciativa es la que hoy se somete a consideración y votación de esta Honorable Cámara. El mensaje presidencial reconoce el amplio consenso académico, institucional y político que existe en torno a la necesidad de separar de manera efectiva las funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias que actualmente se concretan en los Tribunales Superiores de Justicia. La acumulación de dichas atribuciones en manos de las y los ministros de la Corte Suprema no solo sobrecarga su labor, sino que también puede comprometer su capacidad de impartir justicia de manera oportuna y eficaz. Más preocupante aún es la concentración de funciones, que pone en riesgo la independencia interna del Poder Judicial, toda vez que son los mismos tribunales superiores, llamados a conocer de los recursos contra las resoluciones de los tribunales inferiores, quienes gestionan simultáneamente la carrera judicial de las y los jueces.
En este contexto resulta especialmente relevante recoger lo señalado por la Relatora Especial de Naciones Unidas en su informe sobre la independencia de magistrados y magistradas. La imperiosa necesidad, señaló la Relatora, de establecer un sistema de nombramientos fundado en criterios objetivos, claros y transparentes, que resguarde el mérito, la formación y la integridad de quienes postulan a cargos judiciales. Esto además ha sido reconocido en las propias jornadas de reflexión de la Corte Suprema y, por cierto, es algo que forma parte del largo camino que lleva a que este proyecto pueda estar hoy superando o buscando superar el primer trámite constitucional, ya que tiene muchos antecedentes de reformas constitucionales pretéritas, como de la propuesta que estamos realizando el día de hoy.
Así, la iniciativa crea un Consejo de Nombramientos Judiciales encargado de los procesos de selección de los ministros y del fiscal judicial de la Corte Suprema, de los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, jueces letrados y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Este Consejo de Nombramientos Judiciales, a través de procesos de selección fundados en principios de carácter objetivo, técnico, profesional y de independencia, elaborará las ternas de candidatos ordenadas en forma descendente según los resultados de su evaluación.
De esta manera, la iniciativa pretende generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición efectiva, dejando atrás los mecanismos que no permiten, como los que funcionan actualmente, evaluar el mérito y las capacidades de cada candidato o candidata que busca ser juez de nuestra República.
En materia de gestión administrativa, la reforma reconoce la existencia de un órgano autónomo encargado exclusivamente de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la Nación, con excepción, por cierto, de aquellos tribunales que no forman parte del Poder Judicial.