Ya, en honor al tiempo, vamos a dar inicio. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy bien, acá estamos. El acta de la sesión número 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 113 queda a disposición de la comisión.
El secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, estimados diputados, diputadas. Vamos a dar una lectura a una cuenta extendida.
Se han recibido dos proyectos de leyes. Los dos inicios de mociones parlamentarias, el primero de los diputados señores Santana, Cuello, Ibañez, Melo y Ulloa, y de las diputadas señoras Ahumada, Nullado, Olivera o Sandón y Leroso, que modifica cuerpos legales que allí se indican para reforzar la protección de los derechos de las personas mayores. Y otro proyecto de ley, señoras Baise, Bravo, Doña Marta Pérez, Doña Marlene y Romero, Doña Natalia y de los diputados señores Benavente, Borques, Coloma, Donoso, Lilayó y Von Mühlenbrock, que modifica la ley 20.422 a fin de asegurar la disponibilidad de estacionamientos para personas con discapacidad.
Se recibió, señora Presidenta, un oficio del Servicio Nacional de Aduanas, quien en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre los beneficios tributarios para la importación de vehículos adaptados para personas con discapacidad bajo la ley 20.422. En dicha respuesta explica que se aplica una reducción del 50% en aranceles aduaneros y la posibilidad de pagar el IVA de dichas unidades.
…hasta en 36 cuotas. Se entregan estadísticas en dicha respuesta de importaciones entre el año 2020 y 2024. Respecto a denuncias como las del caso Elmo Ceballos, que allí se indicó en el oficio, se indica que no pueden confirmar si han recibido otras similares sin antecedentes específicos que debiéramos aportarle nosotros mismos.
Un oficio del servicio electoral, quien en respuesta también a uno de esta comisión, informa que desde el año 2012 registra la participación electoral de personas con discapacidad y desde el 2023 incluye el uso de voto asistido. Desde 2024, dice, cruza datos con el Registro Nacional de Discapacidad mostrando una participación del 78 a 80% y uso de voto asistido entre el 15 y el 19%. No lleva registro específico de personas cuidadoras como vocales, pero reporta excusas presentadas. Desde octubre de 2024 se excluye de vocalía a personas no videntes y se implementa media de accesibilidad.
Un oficio del Ministerio de Salud, quien también es respuesta a uno de esta comisión, informa sobre las acciones del gobierno respecto a la distrofia muscular de Duchene y el caso del menor Dante Jara, e informa que la ley Ricardo de Soto no incluyó esta patología en 2018 y 2019. Debido a evaluaciones científicas desfavorables, argumentan en su respuesta. Sostienen que el medicamento Erevidis aún no tiene registro sanitario en Chile ni evidencia suficiente para evaluación formal. Por ahora, sostienen, no existe otro sistema de financiamiento disponible para estos tratamientos.
También presenta otro oficio del Ministerio de Salud, que también en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre el estado de suscripción de convenios de los servicios de salud del país en relación con la implementación del proyecto de atención integral de desarrollo infantil adolescente, conforme a la ley 21.545, sobre derechos de personas con trastorno del espectro autista. Se informa que varios servicios de salud han suscrito convenios y recibido remesas, mientras que otros están en distintas etapas, algunos sin convenio o sin transferencia. Se detallan los casos por región y comuna. Algunas zonas están a la espera de la toma razón del decreto de expansión. El oficio sostiene y cumple con el requerimiento de información solicitada por esta comisión.
Un oficio de nuestro secretario general que comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por el diputado Diego Ibañez Cotroneo, mediante la cual informa que ha decidido retirar su firma al proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para reforzar la protección de los derechos de las personas mayores correspondiente al Boletín 17.685 que está para ser conocido por esta comisión.
Se recibió una nota de la Asociación Nacional de Amigos Mayores, ANAM, quien invita a la presidencia de esta comisión a la inauguración del Tercer Congreso Nacional de Personas Mayores 2025 titulado El futuro del envejecimiento activo, innovaciones en salud y calidad de vida. El evento se realizará el viernes 24 de octubre de 2025 a las 8.30 horas en el Auditorio de Caja Lozán de Santiago. Se espera la participación de autoridades científicas, académicas y políticas.
También, Presidenta, se recibió una nota de un particular quien envía copia de solicitud a Senama Valparaíso para revisar el caso de una pariente denunciando maltrato, aislamiento forzado, ineligencia por parte de sus hijos. Critica la falta de acción efectiva del Senama, CESFAM y el Tribunal de Familia y cuestiona un informe que según ella no refleja la realidad. Pide una reunión presencial y ofrece presentar evidencia para evitar que el caso termine en tragedia.
Una nota, Presidenta, de la directora del Centro de la Universidad Católica Síndrome de Down, Macarena Liza Macalvo, quien se ha acusado de asistir a esta sesión, dado que se encontrará fuera de Chile. No obstante, el anterior manifiesta su interés en reagendar para el martes subsiguiente, 29 de julio o el 5 de agosto.
También se recibió, Presidenta, una nota de la CELADE, quien remite invitación de la CEPAL a participar en el Seminario Regional Comillas de Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Oportunidades y Desafíos para las Economías y las Políticas Públicas, que se realizará el 6 de agosto de 2025 en Santiago de Chile. El evento abordará el impacto económico del envejecimiento poblacional y temas como cuidados, protección social, inclusión de personas mayores y diseño de políticas públicas. Participarán expertos, autoridades y representantes de la UNO.
Se solicita inscripción previa mediante formulario en línea. También se recibe una nota de la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, quien se excusa de asistir a esta sesión señalando que asistirá en su representación el director nacional, Raúl García Piyaga, quien ya está presente en sala, bienvenido, quien estará acompañado de la jefa de la Unidad de Comunicaciones, Karen Agüez Echeverría.
Muy bien, también se recibió, Presidenta, un correo electrónico del diputado Roberto Arroyo, quien solicita recabar el acuerdo de esta comisión para recibir a un grupo de personas en situación de discapacidad de la región del Biodío. Denuncian posible fraude de una empresa en la venta de vehículos. No indica ni la empresa ni los vehículos. Invitar, dice, o sugiere invitar al director nacional de Cenadis.
También recibimos de la Biblioteca del Congreso Nacional dos informes a petición de esta comisión. Uno, las excepciones para la obligatoriedad del voto, regulación nacional y experiencia extranjera. Y segundo, derechos políticos de las personas declaradas en interdicción por demencia, obligaciones internacionales y regulación nacional. Y eso sería toda la cuenta, estimada Presidenta.
Tremenda cuenta, muchas gracias, Secretario. ¿Se da la palabra sobre la cuenta?
Bueno, ahí hay varios puntos entre entrega de información, solicitudes y invitaciones que también vamos a compartir para ver quiénes puedan asistir, hacerse parte de estas invitaciones y también ponernos en contacto con algunas personas que hacen denuncia y que necesitamos información y si eso está con causa, bueno, ahí habrá que ver, pero también se agradece que se haga llegar información y podamos contactarnos porque de lo contrario obviamente no podemos tomar acción dentro de nuestras atribuciones por lo demás.
Y respecto a lo del diputado Arroyo, que ahí él habla de una situación que creo que también lo leímos en algún minuto y seguro entiendo por acá también hay un oficio que responde respecto de aduanas, sobre los vehículos adaptados, el número de personas y eso también tiene relación y justamente habla del tipo de las causas que se están viendo por denuncia. Eso lo vamos a agendar, ojalá a la brevedad.
Se da cuenta de dos boletines. El primero, que llega hasta... bueno, llegan dos boletines, y la idea es ponerlo, ojalá lo antes posible, por lo menos para iniciar la discusión, conocerlo y escuchar también de parte del Ejecutivo qué es lo que opina de estos proyectos y así ver su priorización en el debate, un poco respondiendo a esta gran cuenta que hemos tenido el día de hoy.
Se ofrece la palabra en varios para hacer ya. La diputada Erika Olivera, la diputada Santibáñez y la diputada Pérez. Entiendo, diputada Pérez, ya. En ese orden y... por favor, gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Saludos a toda la comisión y a los asistentes. Presidenta, el día 17 de junio de 2025 se dio cuenta en la sala de un proyecto que presenté junto a un grupo de parlamentarios, el Boletín 17.639-35, que busca habilitar la mediación familiar obligatoria en favor de personas mayores y personas con discapacidad.
En términos generales, Presidenta, este es un proyecto de ley que busca ampliar los casos de aplicación de la mediación familiar, entendiendo que ella es un mecanismo idóneo y eficaz para la resolución de conflictos especialmente familiares. Fue un proyecto de ley apoyado por el Colegio de Mediadores y que permitirá reducir los tiempos que demoran la resolución de conflictos familiares, considerando los excesivos tiempos que demoran los procesos judiciales.
Por lo tanto, Presidenta, quiero solicitar a la Comisión ojalá colocar el proyecto pronto en estudio, en discusión y de antemano solicitar la invitación del Colegio de Mediadores para que venga también a exponer sobre este proyecto. Solo decir que la norma de los mediadores es una norma que lleva más de 20 años sin ser modificada. Por lo tanto, lo que hacemos a través de este proyecto es buscar hoy día una mejora, precisamente pensando en la población de adulto mayor y personas en situación de discapacidad. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
proyecto impreso si la Secretaría quiere que se lo deje. Muchas gracias. Perfecto, se agradece, diputada, y por supuesto que lo vamos a sumar a la lista de los otros proyectos para poder escuchar y en base a eso también ver el avance de la discusión.
Sí, Presidenta, lo mío es un dato práctico, voy a hacerlo más breve, aprovechando las visitas y aprovechar de saludar, por supuesto, a través de su vicepresidenta, a todos los presentes. El día de ayer es lunes. El día de domingo es una recomendación. Nosotros somos una comisión que también trabajamos con un chat. En ese chat se daba información el día domingo. Yo personalmente estaba en el funeral de mi abuela, que cumplió 99 años. Falleció lamentablemente justo a días de cumplir sus 100. Por lo tanto, yo recomiendo que esas informaciones, si tenemos que hacer algún tipo de enviar, algún tipo de cosa urgente, claro que sirve. Pero en día domingo, en día en que la Secretaría también descansa, en día en que efectivamente cada uno tiene sus labores familiares, yo recomiendo, porque finalmente también se dan recomendaciones a diputada. A la diputada, por ejemplo, al diputado de Iquique, yo le doy esta sugerencia. Yo lo encuentro un poco imprudente. Todos somos diputados a nivel nacional, además, en el territorio nacional. Por lo tanto, podemos asumir nuestras responsabilidades y queremos tomar acciones respecto de ciertos temas también. Lo digo en un afán de no ser malintencionada con mi comentario, simplemente de mejorar también las comunicaciones. Hay cosas que pueden esperar hasta el día lunes y yo personalmente, bueno, ya estaba en el velorio de mi abuela, que aprovecho también de saludar a mi familia y darle las condolencias a mi madre. Muchas gracias.
Se acogen y también entregamos las condolencias, diputada. Así es que ahí lo vamos a tener presente.
Gracias, también me sumo a las condolencias de la diputada Marisela Santibáñez y lamentablemente yo pedí el barrio también para el cuento porque más allá de que efectivamente un día domingo yo estaba en terreno, estaba en el sector rural, en el sector de la hijuela de Los Ángeles, donde no tenía señal y también empecé a ver mensajes, pero también más allá de, me hice cargo porque efectivamente Lota, la nota era de un adulto mayor de Lota y yo entiendo que la comisión, la integrante, quieren colaborar, quieren ayudar. Todos sabemos que siempre se hace con buen ánimo. Nosotros en esta comisión partimos de la buena fe siempre. Yo sé que también la diputada Marisela Santibáñez también es así porque trabajamos proyectos más comunados. Pero como yo me comprometí a través de ese chat que muchos escribieron el domingo, yo tomé contacto con el adulto mayor que se habla ahí, que también por respeto no lo voy a nombrar. También creo que fue bastante asediada un poco también por una nota, tomamos contacto con su hija quien se volvió un adulto mayor pero también quiero señalar que los adultos mayores en general autovalentes quieren estar en su casa y por lo tanto van a querer volver, tenemos que buscar qué forma, dispositivo, se puede dar con el municipio a través de Senama identificar a esos adultos mayores pero también tener una mirada muy dura con la delincuencia y en Lota, San Juan Pedro Coronel hemos tenido casos que se han hecho viral, me disculpan aquí los invitados a ser ver pero estamos hablando de un tema que fue de público conocimiento, un adulto mayor se le quiso se le intentó robar se lo robó sus seres, también parte de sus recursos y esto se da constantemente, a veces puede ser viral, bienvenido sea y otras veces no pero es una situación.
A mí me gustaría lo único muy breve que le pidiéramos al Senama que también se haga parte en lo que es cierto, cómo está dándose el procedimiento, porque esto está en fiscalía, ya se han identificado las personas, yo espero que esto ande rápido, que nosotros vamos a estar vigilantes de este proceso y que dejamos funcionar las instituciones, pero que es un tema que nos interesa para después tener una mirada global de cómo resolver en adelante, cómo fijar la política pública.
Y también quiero dejar en claro, porque la hija me lo pidió, que ellos nunca, cuando se hizo viral esto, nunca lo hicieron para generar recursos ni esa campaña que se generó, bienvenido sea, pero también para resguardar un poco a las familias que también son de Lota, pero son personas muy humildes, trabajadoras y que en el fondo no buscan aprovecharse a través de los medios, sino que los medios le ofrecieron, se generó una colecta que se valora, pero también quería señalar y la familia prefiere mantener un poco más en reserva en adelante por razones de seguridad y propias. Así que eso, pero agradecer también la preocupación de la comisión.
Gracias, presidenta, eso es. Si les parece entonces propongo un oficio que se haga llegar a la fiscalía.
Ya la pedí y a la PDI, ya que ellos tomaron la denuncia y se están canalizando esto y un oficio a Senama para que también se hagan parte, porque ellos no se han hecho parte, al menos en lo que yo sé, solo la municipalidad y nosotros. Gracias. Tomamos ese acuerdo, sí, para sumarnos y hacer la solicitud a Senama y también a las instituciones. Y agradecer a la diputada Joana Pérez por haber canalizado y haber logrado contactar a la familia y conocer un poco más en detalle algo que lamentablemente hoy día está ocurriendo en reiteradas ocasiones. Así es que muchas gracias.
Bueno, vamos a dar inicio a la citación del día de hoy. La orden del día tiene por objeto primero abordar las diferencias de la normativa y procedimientos administrativos vigentes en casos de excusas de vocales de mesa y excusas por no concurrir a votar en proceso eleccionario para personas en situación de discapacidad, electrodependientes u otras condiciones que impidan su participación, eso también incluye a nuestras cuidadoras, como así mismo los desafíos en materia de voto asistido y la garantía del ejercicio al sufragio de personas en situación de discapacidad. Para tales efectos, tenemos aquí a quien hoy día nos va a acompañar, Raúl García, y también a la jefa de unidad de comunicaciones, Karen Aus. Vamos a darle la palabra para que nos pueda exponer.
Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludarla a ustedes, naturalmente, y a los demás integrantes de esta comisión. Como se ha señalado, en primer lugar, señalar las excusas de la presidenta del Consejo Directivo, que le habría encantado estar en esta sesión, pero por razones de fuerza mayor no pudo hacerlo y me ha pedido a mí que la represente. Y también transmitir nuestras condolencias a la diputada Santibáñez por el fallecimiento de su abuela.
Como se ha dicho, me acompaña la directora de comunicaciones del servicio electoral, doña Karen Aus. Si algo no logro comunicarlo bien yo, estoy seguro de que ella lo va a hacer mucho mejor.
Bien, entrando en materia, presidenta, lo primero que quisiera decir es que para el servicio electoral es de la máxima importancia la situación de todas aquellas personas que puedan tener algún nivel o alguna situación de limitación o de dificultad para que esas personas puedan ejercer su derecho a sufragio y ejercer sus derechos políticos también como corresponde. Esa es una prioridad, es una preocupación y el servicio electoral ha estado trabajando desde hace ya varios años por tratar de entregar las mayores facilidades posibles para que todas esas personas puedan ejercer sus derechos políticos como corresponde.
En ese orden, quisiera referirme, habiendo dicho aquello, al marco normativo y legal dentro del cual el servicio electoral puede y debe hacerse cargo de estas situaciones.
Como antecedente, señalar que la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que hoy día nos convoca e invita, solicitó información respecto a la aplicación de multas por no sufragar a personas postradas, electrodependientes o con condiciones médicas graves, específicamente refiriéndose al caso de doña Ginetta Macías Testa, persona con parálisis cerebral y aciduria glutárica tipo 1, paciente postrada y dependiente de su cuidadora, quien ha sido multada por no concurrir a sufragar en uno de los plebiscitos que se llevó a cabo con ocasión del proceso constitucional.
La actuación del servicio electoral se enmarca, como es obvio decirlo, dentro de lo que la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales disponen, especialmente las leyes 18.556, que regulan al servicio electoral, y 18.700 de votaciones populares y escrutinio.
Corresponde a este servicio llevar el registro electoral y realizar la inscripción electoral de todos los chilenos y chilenas mayores de 17 años y también de los extranjeros avecindados, mayores también de esa edad, que cumplen con los requisitos legales y constitucionales establecidos conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y siguientes de la ley 18.556 a la cual ya me he referido.
El artículo 8 de la señalada ley 18.556 señala los datos que debe contener el registro electoral, siendo estos, y me refiero textualmente a la norma, comillas, los nombres y apellidos de los...
y indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna, o del país y ciudad extranjera, según corresponda, a que pertenezca, y el cumplimiento de los requisitos de avecindamiento, si procede.
A su turno, el inciso segundo de la citada norma preceptúa que, comilla, el registro electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra este suspendido. Cierra de comillas.
Para mantener actualizado el registro electoral, el servicio debe tener en consideración las circunstancias siguientes. Primero, el fallecimiento de una persona inscrita, la cual deberá ser eliminada del registro. Segundo, la pérdida de la ciudadanía de una persona inscrita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República o su recuperación. En tercer lugar, la suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República o el cese de dicha suspensión. Cuarto, la pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita que deberá ser eliminada del registro. Sexto, las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados también del registro. Y por último, las reclamaciones al padrón electoral provisorio auditados acogidos de conformidad a la ley.
El servicio electoral para cada elección o plebiscito debe elaborar padrones electorales, uno para los electores que sufragen en territorio nacional y otro para electores que sufragen en el extranjero. Según el tipo de evento electoral de que se trate, cada uno de estos padrones debe contener la nómina de los electores inscritos en el registro electoral que reúne los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él, dentro o fuera de Chile, según corresponda.
La exclusión del padrón electoral solo procede por causales expresamente establecidas en la Constitución Política de la República y en la ley 18.556, solo en esos textos normativos se contemplan las causales de exclusión de un padrón electoral.
Para el caso particular que nos ocupa, en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, señala lo que interesa, comillas, el derecho de sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia, cierre comillas.
En concordancia a la normativa vigente, la sola condición de discapacidad Gracias. No es causal legal de exclusión del padrón electoral ni de suspensión del derecho a sufragio.
La normativa electoral contempla un procedimiento de reclamación al padrón auditado para reclamar respecto de eventuales datos erróneos con que el elector pudiera figurar en él, que se encuentran contemplados en los artículos 48 y siguientes de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y servicio electoral.
Finalmente, es importante destacar que una vez concluido el proceso de reclamación ante la justicia electoral, el servicio electoral procede a determinar y publicar el padrón electoral con carácter definitivo 60 días antes del proceso electoral respectivo y en el que se establece con absoluta certeza jurídica y para todos los efectos previstos en el sistema electoral público chileno, el electorado de un determinado acto electoral.
En el caso que nos ocupa, estamos refiriéndonos al plebiscito constitucional que se desarrolló el 17 de diciembre de 2023.
Como ya se indicó, en términos generales, una situación de discapacidad no constituye por sí sola una causa legítima para la exclusión de personas de los padrones electorales.
Por lo contrario, el Estado de Chile tiene el deber de garantizar Gracias. la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, asegurando el ejercicio efectivo de sus derechos políticos en condiciones de igualdad con las demás personas.
Por lo tanto, cualquier restricción al derecho a sufragio de las personas con discapacidad debe ser interpretada restrictivamente y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, evitando prácticas que, directa o indirectamente, generen exclusión o discriminación por motivos de discapacidad.
En el caso de doña Ginetta Macías Testa, no existía habilitación legal ni causal para excluirla del padrón.
Tampoco se reclamó a la justicia electoral su inclusión en dicho padrón en la oportunidad de vía. El artículo 160 de la Constitución Política de la República estableció el carácter obligatorio del sufragio para el evento electoral que nos ocupa, esto es el plebiscito del año 2023, razón por la cual se denunció su inasistencia al proceso electoral del año 2023. Cervel, siguiendo el mandato del señalado artículo 160 de la Constitución Política, efectúa la denuncia ante el juzgado de policía local, el cual estableció un procedimiento de justificación mediante escrito tipo, correo electrónico y código QR informativo. La cuidadora o su representante no presentó en dicha instancia previo a la aplicación de la multa el impedimento grave de su hija, que la imposibilitó de concurrir a su fragar.
El tribunal posteriormente dejó sin efecto la sanción. No existieron retrasos atribuibles al CERVEL toda vez que las denuncias se efectuaron en el plazo establecido en la Constitución. Esto es dentro del año siguiente a la fecha en que se realizó el señalado plebiscito.
El mismo artículo 160 de la Constitución Política también estableció causales de excusa o justificación para presentar al juzgado de policía local y de esa manera evitar o eximirse de la sanción por no haber concurrido a sufragar. Estas causales son las siguientes, comillas, me refiero textualmente a la norma. No incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrara registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave. Debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Cabe ser presente el servicio electoral, en base a la gran cantidad de denuncias que debe realizar respecto de electores que no concurren a sufragar en el contexto del voto obligatorio, ha ido incorporando, y esto es muy importante recalcarlo, dentro de las denuncias presentadas ante los juzgados de policía local, antecedentes que sirvan al tribunal para ponderar, en base a su discrecionalidad, el procedimiento a seguir en las tramitaciones de las denuncias. Estos datos proporcionados por el servicio electoral, que no son ordenados ni mandatados por la ley, sino que han sido fruto de las decisiones administrativas que esta institución ha tomado justamente para permitirle a los juzgados de policía local discriminar de mejor manera a qué persona se multa o no se multa, en definitiva, por no haber concurrido a sufragar.
Estos datos proporcionados por el servicio electoral corresponden, en primer lugar, a la edad del elector. El servicio electoral informa la edad del elector que no sufragó. Informa también la existencia de constancia en Carabineros de Chile de estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Este es un antecedente que el servicio electoral también proporciona a los juzgados de policía local, junto con las denuncias que efectuaron. Y por último, si el elector se encontraba fuera del país el día del evento electoral, conforme a información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, el servicio electoral no sólo denuncia al elector o electora que no ha sufragado individualizándolo con su nombre, sino que ha agregado datos importantes para que los juzgados de policía local puedan ponderar mejor la situación de cada uno de estos electores o electoras que no han concurrido a sufragar.
El año 2024. Se firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Registro Civil, institución que tiene a su cargo la custodia, el manejo, actualización del registro nacional de discapacidad, con la finalidad de acceder a dicho registro y con el propósito de que las juntas electorales del país puedan dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 18.700, esto es, con la finalidad de evitar la designación de vocales no videntes y también facilitar la accesibilidad de personas inscritas en el referido registro para el ejercicio del derecho a sufragio, pero en ningún caso dicha información puede utilizarse para excluir personas del padrón por razones de discapacidad. En resumen, el servicio electoral está usando esta información, en primer lugar, para evitar que sean designados, porque así lo dispone la ley, como vocales de mesa a personas no videntes y, en segundo lugar y con cargo a los procesos de georreferenciación de lectores que hace nuestra institución con el objeto de poder acercar más aún a todas estas personas con situación de discapacidad a su respectivo.
locales de votación. En el marco de una permanente mejora de los procesos electorales en su conjunto y en todas las dimensiones que conlleva su realización, actualmente el Servicio Electoral y el Servicio de Registro Civil se encuentran trabajando en la celebración de un anexo al convenio vigente entre ambas instituciones con el objeto de que el Servicio Electoral, al momento de efectuar la denuncia por electores o electoras que no hayan sufragado, pueda comunicar, junto con los otros datos ya informados y a los que me refería hace un instante atrás, a los juzgados de policía local cuáles de las personas que no sufragaron en una determinada elección o plebiscito se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, sin especificar la causa o el grado de discapacidad, limitándonos únicamente a señalar si el elector forma parte o no del referido registro.
Lo anterior permitirá que los jueces de policía local cuenten con estos antecedentes al momento de conocer las denuncias por electores que no sufragaron y puedan, en uso de sus facultades legales, requerir o no la comparecencia de dichos electores o eventualmente eximirlos de dicha obligación de oficio.
Las personas postradas, electrodependientes o con condiciones médicas graves que han recibido multas por no sufragar, en virtud de la normativa vigente, el Servicio Electoral no posee las facultades para excluir a dichas personas del padrón electoral por razones médicas o de discapacidad, salvo en los casos específicamente establecidos en la Constitución, como la interdicción judicial por demencia que ya mencioné hace un instante atrás y que está señalada y plasmada en la Constitución Política de la República, cuya circunstancia debe ser informada al Servicio Electoral por parte de los organismos públicos correspondientes.
La sola condición de discapacidad, aunque conste en registros como el Registro Nacional de Discapacidad, y al cual prontamente tendremos acceso y podremos utilizar, no es causal de exclusión ni suspensión del derecho a sufragio. Por tanto, si la persona no es excluida legalmente y no sufraga, coloca al Servicio Electoral en la obligación legal de denunciarla. La normativa vigente no permite establecer una exclusión a priori por dicha circunstancia. Solo establece causales de excusa ante el juez competente una vez que la denuncia es presentada por nuestra institución y cuyo proceso se sustancia por los respectivos juzgados de policía local.
La legislación vigente no permite que las multas puedan, comillas, corregirse administrativamente por el Servicio Electoral, por cuanto no es el órgano que las impone, recayendo esa facultad en una de naturaleza jurisdiccional. La única vía es judicial ante el juzgado de policía local competente que debe resolver si concurre alguna de las causales contempladas al efecto. Cualquier modificación del sistema de responsabilidades y excusas requiere una reforma legal.
En el marco de la normativa vigente no es posible establecer un sistema de exclusión automática o administrativa para personas con discapacidad severa, toda vez que no existe habilitación legal para que nuestra institución pueda excluir discrecionalmente a personas del padrón electoral. Si existieran registros que contienen información sobre personas electrodependientes, postradas o con discapacidad severa, como el Registro Nacional de Discapacidad, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Registro Social de Hogares, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no obstante, la normativa vigente no habilita al Servicio Electoral para utilizar dichos registros con el fin de excluir personas del padrón electoral ni eximirlas del deber legal de sufragar.
Por último, el Servicio Electoral no tiene habilitación legal para acceder o cruzar registros administrativos externos, como el Registro Nacional de Discapacidad, por ejemplo, con fines distintos a los expresamente permitidos por la ley. En resumen, el Servicio Electoral está muy consciente, muy interesado y muy preocupado de la situación de electores y electoras que puedan estar en alguna situación en particular, y con cargo a ello es que hemos hecho distintas gestiones de índole administrativa, sin recurrir a ningún tipo de modificación legal, con el objeto de poder gestionar mejor el ejercicio del derecho a sufragio de esas personas.
Como ya han visto, estamos haciendo gestiones con las juntas electorales, de manera tal de que no sean designados vocales de mesa aquellas personas que tienen alguna situación de discapacidad visual. Estamos haciendo gestiones con los juzgados de policía local, objeto de que se hagan de más información relativa a...
y que ponderen de mejor manera cómo tramitar las denuncias que nosotros, forzosa y necesariamente, estamos obligados a realizar. Es un tema que nos ocupa, que nos interesa de sobremanera y que estamos siempre a disposición de seguir explorando nuevas formas de contribuir a que todos esos electores y electoras con alguna situación de discapacidad tengan la mejor experiencia posible en estos períodos electorales.
Muchas gracias. Gracias, Raúl, por su posición.
No sé si la jefa de la unidad de comunicación le quiere agregar algo antes que le hagan las preguntas a los diputados. Gracias, presidente. Por su intermedio, sí, también agregar que además de las facilidades para ejercer el derecho a sufragio, nos hemos preocupado de que tengan un acceso a la información y que puedan tener una participación electoral informada con distintas medidas, tanto desde la unidad de comunicaciones como de la unidad de atención ciudadana, y facilitar, por cierto, que estas personas también se puedan informar a través de medios con lengua de señas. Un visor que fue el ganador, de hecho, de un premio a nivel internacional, y también proveyendo de nuestro sitio web y todas las campañas que hacemos de videos, subtítulos y todas las normativas que Senadis ha dispuesto para ello.
Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Cáner.
Ofrezco la palabra al diputado, la diputada Marisela Santiago.
Muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle las condolencias, muy amable. Agradecer la presentación, extensa pero clarísima, clarísima en cada uno de sus puntos, porque efectivamente como legisladores, bueno, nos queda la alternativa de nosotros poder hacer esta modificación, reforma, o como quiera llamarse. Y además también acá yo creo que también tiene que haber disposición no solo de Senadis, sino que también de Desarrollo Social, las entidades pertinentes, porque como usted bien se refería a través de su, presidente, desde el CERVEL hablan de efectivamente si está en un registro, por ejemplo, de discapacidad, en un registro también en el caso de los electros dependientes que existe, producto del Registro Social de Hogares que ya lo hemos hablado suficiente con el tema del alza de la luz y toda esa proyección que hicimos por lo menos de parte de mi equipo y de mi diputación que ha sido bien favorable, ¿no? En ese sentido, hemos hecho cambios, y refiriéndonos efectivamente al tema de la votación, que lo lamentable no es que sean llamados a votar, ¿cierto? O no que estén, digamos, en el padrón electoral. El tema es todo lo que viene posterior. Cuando ellos no pueden hacerlo, cuando ellos efectivamente responden a un parte, a una situación, en algún momento están amenazados incluso con el tema de perder la libertad, o sea, de ser tomados, digamos, detenidos, o pagar una multa enorme. Se les hace más difícil, sobre todo cuando esa persona está a cargo de un cuidador, que es el tema que nos compete en esta comisión y que entiendo también al CERVEL le preocupa. Le preocupa para que ir, digamos, avanzando en toda la garantizar a la persona que efectivamente no tenemos por qué que pierda sus garantías, que pierda sus derechos. Yo no tengo por qué nombrar a mi hija o a mi hijo interdicto para que finalmente salir y zafar de este tremendo problema, porque se vuelve un tremendo problema. Ir, venir, contestar, no contestar, qué sé yo. Entonces yo, la verdad que creo, yo quedo muy conforme con su respuesta, muy conforme con la respuesta del CERVEL, a quien también honro y relevo por su capacidad a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto, todo lo que ya sabemos que conlleva. Pero siempre es bueno relevarlo, siempre es bueno destacar ese trabajo y también la respuesta que nos están dando hoy. No sé si es Desarrollo Social, presidente, a quien tendremos que hablarle directamente qué es lo que podemos hacer, o ser nosotros los legisladores los que nos queda la competencia de cambiar esto. Yo creo que por ahí va el tema. Si nos hacemos cargo, nos tenemos que hacer cargo con todo. Ah, por algo esta comisión existe, por algo se le dio un vamos, que es discapacidad y personas mayores, quizás por lo mismo no se había dado esta problemática quizás en el Congreso. No sé si porque no había el espacio, no sé si porque no se había escuchado efectivamente a personas que están en esta situación, como el caso de la señora de Arica, que estuvo hablando acá respecto de su hija, con la que está en contacto, que ella también está hablando de un tema que va más allá de la votación. Pero en este caso, presidente, yo quisiera que viéramos el tema de una posible solución, porque ya entendemos que del CERVEL se han hecho todas las gestiones, se hacen todas las gestiones y que no están sus competencias. Eso, presidente.
Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, diputada Marisela Santibáñez.
Ofrezco la palabra. de Wudao Jorge Uman
Muchas gracias, Presidente. Bueno, agradecer la presentación que nos han hecho llegar. Valorar mucho este anexo o ampliación del convenio que tienen con el Registro Civil e Identificación que permite acceder al Registro Nacional de Discapacidad, que va a permitir que cuando se pongan los antecedentes de los juzgados de policía local se sepa que esa persona está registrada en el Registro Nacional de Discapacidad, haciendo las prevenciones y las observaciones que nos ha hecho en la presentación respecto a no dar el grado de discapacidad. Pero sin duda que ese es un insumo muy importante para los juzgados de policía local al momento de conocer y resolver estas causas. Pero efectivamente comparto lo que dice la diputada Santibáñez. Aquí hay un espacio que está habilitado para los legisladores para avanzar en alguna iniciativa legislativa. Los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional también así lo hacen ver. Yo creo que tenemos una posibilidad de trabajar en algún proyecto de ley donde desde ya, lo hablaba con la diputada Camila Rojas también, tenemos algunas ideas que podemos trabajar en conjunto desde la comisión. Eso, presidente, muy agradecido por lo ilustrativo de la presentación. Gracias, diputado Jorge Guzmán.
Le ofrezco la palabra al diputado Renzo Sistotti.
Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer y saludar a los representantes del servicio. No, yo solamente, además de valorar los esfuerzos que efectivamente ustedes están haciendo, yo no sé si tienen la información concreta de procesos anteriores respecto de cuántas causas efectivamente en materia de personas con discapacidad llegaron a los juzgados de policía local y si ellos efectivamente terminaron con algún fallo condenatorio de aplicación de multa o derechamente fueron consideradas estas atenuantes o estos hechos concretos para liberarlas de ellas. Yo no sé si les llega alguna respuesta, algún feedback a ustedes respecto de la aplicación práctica o los efectos nocivos pese a la discapacidad que pudiera tener esa aplicación en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Renzo Tristotti. Yo le pido al diputado nacional que pueda ir anotando las preguntas. Al final las contesta de una sola vez para no estar dilatando el tiempo diputado por diputado. Es la forma que tenemos acá normalmente.
La diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es excusarme porque tuve que salir entre medio, pero este tema ha concitado bastante interés en la comisión, así que agradezco la presencia de usted y del servicio. En la sesión pasada también lo revisamos, entonces creo que ahora todavía queda más clara la situación. La biblioteca nos hizo una minuta de legislación comparada, aparecen ejemplos de otros países, y tal como mencionaba el diputado Guzmán, mi impresión es que para solucionar el problema que se nos vino a plantear acá tenemos que legislar, que no hay alternativa de hacerle una exigencia al CERVEL sobre el punto, porque la situación que nos ocurre es bien concreta, que personas postradas no pueden ir a votar y que tienen que enfrentar el proceso judicial al que hacía alusión el diputado Tristotti. Entonces esa es la situación que a nosotros nos parece que hay que intentar que no ocurra, porque son personas que están postradas. Y también la diputada Santibáñez mencionaba el caso de los electrodependientes y otros. Que uno podría decir, ¿para qué les vamos a hacer vivir esa situación? Y no es quitarles el voto, no es que estén interdictos, sino que es una situación específica de que no pueden ir a votar. Y como el voto hoy es obligatorio para todos y todas las chilenas, terminan teniendo esta situación judicial. Y creo que para solucionar eso, al menos con las dos sesiones que hemos tenido, lo que queda claro es que habría que tener una legislación específica sobre la situación. Yo le pregunto, si usted está por su intermedio, presidente, si cree que efectivamente tendríamos que legislar sobre el punto. Yo revisé los otros casos y, por ejemplo, en el caso de Perú, aparecía la situación que en Perú, una vez ocurrida la votación, existe un mecanismo digital en donde las personas pueden subir los antecedentes y presentar la razón, y eso evita entonces que enfrenten un asunto judicial o una multa. Entonces, claramente tiene que ser debidamente justificado y aparece también el caso de Argentina, si no me equivoco, con una situación similar. Entonces, tengo yo la impresión de que hace falta una legislación específica para el caso, pero se lo pregunto de todos modos.