Entonces vamos a partir. En nombre de Dios y la patria se abre la función. Muchas gracias.
No le abre tampoco la... acá.
Vamos a pedir asistencia técnica aquí para que puedan registrarse todos los...
Diputadas y diputados a este sistema virtual tan moderno. Bien, el acta de la sesión 100 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 101 queda a disposición de esta comisión. El señor secretario dará lectura. Muchas gracias, Presidenta. El punto de la cuenta lo constituye en 15.
En primer lugar, ha llegado oficio número 3737 de la Corporación Administrativa de Poder Judicial, mediante el cual informa a esta comisión que no puede entregar información solicitada en glosa número 4 de la Ley de Presupuestos del año 2025, debido a que los datos requeridos, como delitos en contexto de reivindicaciones indígenas, etnias, edades, comunas o recintos penitenciarios, no corresponden a conceptos jurídicos registrados en los sistemas del Poder Judicial y, por tanto, no pueden ser extraídos como estadística.
Oficio número 436 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, quien remite informe respecto al deber de información contenido en la glosa 05 del Programa 05 de Fomento al Acceso al Patrimonio y Apoyo a Organizaciones Patrimoniales. Esta glosa dispone que el Servicio Nacional de Patrimonio informará a la Comisión Mixta de Presupuestos y a ambas comisiones de Derechos Humanos de ambas corporaciones sobre la ejecución y distribución del fondo Programa Sitio de Memoria en los meses de julio y octubre del año 2025. El estado de avance del programa se realizará con la participación de la Red Nacional de Sitios de Memoria.
Oficio número 4023 de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se responde a un oficio 251 de esta comisión señalando que no cuenta con información respecto a personas en visión preventiva vinculadas a demandas del pueblo mapuche. Indica que esa información no está bajo su competencia ni es producida por sus unidades. Asimismo, informa que no han recibido solicitudes de audiencia de personas o colectivos relacionados con este tema y que no han desarrollado iniciativas específicas en esta materia.
Oficio número 20.648 del Secretario General de la Corporación, informando que el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el negacionismo pedido por autoridades de elección popular por exclusiva confianza, Boletín 17.708-17, que finalmente destinado a esta comisión ha sido remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana en carácter de primera comisión técnica.
Nota del Comité para la Prevención de la Tortura, quien invita al lanzamiento del cuarto informe anual del 2024, Prevención de la Tortura y Situación de las Personas Privadas de Libertad en Chile. El evento se realizará el jueves 24 de julio del 2025, de 10 a 12 horas, en la Aula Magna de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contará con participación de representantes de organismos internacionales en derechos humanos y el apoyo del Centro UC para el Diálogo y la Paz.
Nota de la organización Techo Chile, por la que solicita ser recibida por la comisión para exponer sobre el aumento de desalojos en campamentos y su impacto en los derechos fundamentales de las familias. La organización, con más de 25 años de trabajo territorial, plantea su preocupación por la falta de alternativas habitacionales y diálogos en estos procesos y busca aportar antecedentes y propuestas para enriquecer la discusión legislativa y promover sus soluciones estructurales.
Nota de la Asociación Chilena de Practicantes de Falun Dafa, quien solicita a esta comisión que se sancione a 16 funcionarios del Partido Comunista Chino responsables de violaciones graves a los derechos humanos durante la persecución contra Falun Dafa. Se denuncian detenciones, torturas, asesinatos y sustracción forzada de órganos desde 1991. También se alerta sobre la creciente represión transnacional. Se adjuntan antecedentes y se insta a Chile a tomar acciones conforme a sus valores democráticos.
Nota del ministro de Bienes Nacionales, quien solicita asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda y retomar la invitación para permitir que su participación se desarrolle en una fecha futura, dada la importancia del tema a tratar. Esta nota era en relación con el punto originalmente 2 de la tabla, que ya no se verá en el día de hoy.
Nota del coordinador de los Observatorios sobre el Crimen Organizado y Terrorismo, OCRIT, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, mediante el cual remite informe que evalúa el impacto del estado de emergencia en la macrozona sur de Chile desde el año 2022. Con base en datos oficiales, concluye que la medida redujo significativamente los hechos de violencia, homicidios, lesionados, incendios y usurpaciones, especialmente en las regiones de la Araucanía y Bío Bío. Se observa un documento que destaca que la medida ha sido eficaz como contención, pero advierte sobre la prolongación excesiva y plantea la necesidad de una estrategia integral de seguridad y desarrollo a lo largo del tiempo.
En décimo lugar, el oficio 4269 del Servicio Médico Legal, que informa sobre el cumplimiento de los siete de la ley de presupuesto del año 2025 relacionado con su participación en la mesa interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares. Detalla reuniones obtenidas entre enero y junio del año calendario, incluyendo coordinaciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y avances en proyectos de ley en una base de datos genética enfocada en casos no judicializados. Además, informa que hasta el 30 de junio del año 2025 se han ingresado 570 perfiles genéticos y emitido 153 informes. También se destaca la reciente ampliación de la acreditación del Laboratorio de Genética Forense del Servicio Médico Legal.
Nota de la diputada Alejandra Plasencia, quien solicita a la comisión que se invite a diversas agrupaciones de víctimas relacionadas con violaciones de derechos humanos de ex colonia de Uribe para participar en la sesión del 23 de junio. Argumenta que es necesario garantizar la representación de múltiples voces, no solo de una organización, y propone la invitación a cinco agrupaciones vinculadas a víctimas, ex colonos y familiares con sus respectivos representantes.
Nota del abogado Winfred Hempel en representación de la Revolución de Colonos por la Verdad, Justicia y Reparación de la Excolonialidad, quien solicita también a la comisión ser incluido en la sesión del 23 de julio del 2025. Su objetivo es exponer sobre la situación actual de las víctimas de la ex colonia de Uribe, la expropiación en curso y el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pide autorización para participar en dicha instancia.
Nota de un estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción y además investigador del Instituto de Humanidad Panamérica Latina y el Caribe en la campaña de una Corte Internacional Anticorrupción. Solicita colaborar formalmente con esta comisión y manifiesta su interés en realizar aportes en proyectos legislativos en discusión mediante su comparecencia o la elevación de informes técnicos, destacando su experiencia en publicaciones jurídicas y compromiso con el debate jurídico institucional.
Nota del Comité UDI informando que el diputado Cristian Moreira, ya presente en la sala, reemplazará al diputado Daniel Leal.
Y por último, nota de la bancada del Frente Amplio, el Independiente, que informa que la diputada Maite Orsini reemplazará el día de hoy al diputado Andrés Jordán.
Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Sí, diputado Cáceres. Hemos recibido respuesta del secretario de la Cámara respecto de lo que era el tema del proyecto de ley. Si mi memoria no me falla, se dio cuenta de la misma hace tres sesiones atrás, pero lo voy a buscar y lo voy a enviar de nuevo al grupo si es necesario.
Sí, tiene la palabra el diputado. Muchas gracias, Presidenta. De alguna manera más fácil, análogo. Si podemos votar entonces el proyecto de ley, que está solamente esperando votación en este momento. Una vez recibida la respuesta del secretario, ya no tendríamos ninguna instancia que esperar antes de tomar una determinación como comisión respecto del proyecto de ley. Muchas gracias, señora Presidenta.
Sí, quedamos justamente en eso cuando decidimos solicitar la consulta, así que lo vamos a tener en consideración para las próximas sesiones.
Atendido que quería aprovechar, y a propósito de esto mismo, comentarles que a propósito de la solicitud que estaba en el punto número 2 de tabla, la diputada Ana Bellán hoy día por razones médicas no podía estar y me pidió que sus invitados pudieran quedar para la próxima sesión, a lo cual yo accedí evidentemente porque además se habían excusado los ministros que habían sido invitados. Por tanto, la intención y a lo que me comprometí es que para una próxima sesión queden invitados para tratar este tema en particular y en extenso y también considerando, por cierto, las solicitudes que han llegado también acá a la comisión. Así que lo vamos a tener en consideración dentro de lo que es la tabla, diputado. No me comprometo exactamente para la próxima porque, como le digo, esto lo conversamos el día de ayer con la diputada Ana Bellán, pero ya estando el informe en conocimiento de la comisión estamos en condiciones ya de proceder.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Si pudiésemos, lo que pasa es que nos falta única y exclusivamente la votación en ese proyecto de ley. Eso no demora más de cinco minutos. La verdad es que si la Presidenta pudiese, ya sea por sí o por no, ya sea con informe positivo o informe negativo, pero para que despachemos eso de una vez por todas a sala, para cumplir también con el compromiso que en esta comisión se cerró con los representantes del pueblo huilliche que estuvieron aquí haciendo sus presentaciones, que viajaron entonces tremendas distancias para poder estar con nosotros y hacernos presente cuáles eran sus inquietudes. En ese sentido, creo que sería, no importa si la decisión es negativa o positiva, pero tiene que tener una resolución en esta comisión ese proyecto de ley, para que podamos de una vez por todas también pasar al siguiente punto y no dejemos esto de manera indeterminada abierto, menos aún si al final incluso podría quedar para la próxima legislatura, eso no corresponde. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muy bien, diputado. Como le digo, lo vamos a considerar dentro de la tabla en las próximas sesiones. Como le digo, la próxima la tenemos en ese sentido, pero justamente como ya estamos en condiciones... No, pero no estaba citado para esta sesión, por tanto, lo vamos a hacer en las subsidios.
¿Qué más? Sobre la cuenta, usted quería puntos varios, diputado Palma. Si nadie más tiene...
Presidenta, muchas gracias. Saludar a la comisión y a los invitados. Presidenta, hay algunos temas que son de preocupación a nivel social. El primero, Presidenta, es que se ha ido normalizando la desaparición de personas, fundamentalmente mujeres, mayores. Estamos en democracia, y es preocupante. Partimos con Julia Chuñil, que desaparece el 8 de noviembre del año pasado, y también tal que había sufrido amenaza. Después sucede también el 12 de mayo del año pasado lo de esta señora que está celebrando el Día de la Madre con su familia y desaparece, no hay rastro. Y recientemente la concejala, ¿no es cierto?, de Villalegre. La verdad que a mí, y espero a la comisión, me imagino también, es preocupante lo que está pasando. ¿Cómo es posible que desaparezcan personas, mujeres, mayores, en distintos contextos, y no haya ninguna explicación, no haya claridad? Las coberturas mediáticas han sido bastante disímiles, no es lo mismo la cobertura que se le ha dado a la concejala, que se le ha dado a Julia Chuñil, que ha sido literalmente invisibilizada. Entonces, quería primero manifestar esa preocupación y, por su intermedio, pedir si recaba el acuerdo de esta comisión para que oficiemos al Ministerio de Seguridad, que está con el Ministro Luis Cordero, para saber cuáles son las líneas investigativas.
Respecto de lo último, pedí hace varias sesiones, yo, desgraciadamente, por razones de salud, me ausenté en una sesión donde estaba invitado el señor Ministro y entiendo que expulsó su ausencia. No sé si mandó algún representante o no, pero creo que sería importante insistir en que él pueda venir y, a lo mejor, tratar estas materias que son de impacto público.
Lo otro, Presidenta, hoy día de hecho estuvo en la cuenta del Congreso esta preocupación por esta fuga de un sicario que me parece que es realmente impresentable. Pero, ¿cómo es posible que se haya dado una situación de esa envergadura? Hasta el punto que hoy día se desvió toda la atención de la cuenta justamente a ese punto.
Y finalmente, Presidenta, una preocupación no menor que tiene que ver con que el narco se haya infiltrado en algunas filas militares norte de Chile, toda vez que además estamos apostando permanentemente, por ejemplo, en los estados de excepción de la zona norte, por toda la infiltración de migración ilegal. Entonces, es llamantemente preocupante que en algunos recintos militares o que algunos militares, y no quiero culpar a justos por pecadores, yo creo que no es toda la milicia ni todas las fuerzas armadas, pero creo que es realmente preocupante. Creo que todos estos temas, presidente, con eso termino, se inscriben en una preocupación por el comportamiento
De las aristas de la justicia y creo que amerita que el señor ministro de Seguridad pueda venir a la comisión y tal vez responder a, no sé si a una sesión especial como usted lo determine, Presidenta, pero creo que hay bastantes materias de preocupación de la Cámara y del país en general. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Palma.
Entonces, el oficio sería al Ministerio de Seguridad para que informe sobre los tres casos que usted acaba de exponer, ¿cierto? Ya. ¿Habría acuerdo? Sí. Ya.
Entonces, sobre las cuatro personas. Sí, pues, si estamos en conocimiento de eso, claro.
Muchas gracias, Presidenta. Solamente se presenta que las líneas de investigación normalmente son secretas. Y en el sentido de consultar que esta comisión consultase por esas líneas de investigación, tendría que hacerse, si es que nos llega alguna respuesta, tendría que hacerse con la reserva que corresponde. Y eso significa también que las personas que tengan conocimiento de esta información, si esta se filtra, tienen que ser responsabilizadas como corresponde por la justicia. Ya hemos tenido casos en comisiones secretas donde el contenido se ha filtrado. En ese sentido, tener especial cuidado, solamente con la prevención. Muchas gracias, señora Presidenta.
Obviamente, hagámoslo en los términos que...
Diputada Pizarro y diputado Lago Marcino. Entendiendo lo que han dicho los dos diputados que antes se dieron, a mí me parece que es de alta preocupación lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, quería sugerir, porque efectivamente si se filtra no corresponde. No tengo la menor duda. Quería sugerir una sesión secreta para tener información de esta Comisión de Derechos Humanos en relación a lo que está sucediendo. Porque a mí no me parece menor, no quiero decir que esté ligado al narcotráfico necesariamente, pero no es normal que ocurra. Entonces, no sé si más que un oficio, no sé cómo se hace, secretario, para una sesión secreta donde invitemos a los incumbentes para ver cómo se hace esto.
Sí, es que me informan que para poder tomar el acuerdo, diputada, para poder hacer una sesión especial y secreta para este tema, necesitamos un quórum mínimo de nueve diputados. Y en este momento no lo tenemos. Sí, hay siete. Hay siete votos porque hay un pareo. Sí. Ah, toda la razón. Entonces, sí tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estamos justo. Ya.
Entonces, saquemos el acuerdo, ¿les parece? Para poder hacer una comisión. Ya, lo hacemos. Súper bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ya lo hicimos, diputada Pizarro. Estamos listos. Su sugerencia ha sido acogida, acordada, con el quórum que corresponde. Así que vamos a fijar una fecha. Ojalá que sea la primera semana de la vuelta de la distrital, dependiendo de la disposición de las autoridades correspondientes que tengan que venir. Y vamos a acordar acá con la secretaría para cuándo va a quedar. Así que, muy buena.
Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Hace pocos días asumió el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jekyll Juvett. No sé si lo pronuncié bien. Juvett. Y en ese sentido, Presidenta, yo quería solicitarle si se le pudiera invitar en un plazo prudencial. Hace pocos días…
Seguimos una entrevista en un diario de circulación nacional donde planteaba cosas... alguna de ellas bastante interesante, y otra en particular que uno podría tener algunas diferencias, especialmente respecto a la Comisión de Derechos Humanos en la que planteó el poco trabajo legislativo. Y al respecto me gustaría señalar que esta no es una comisión legislativamente proveniental, esta es una comisión de derechos humanos que no solamente tiene el rol de legislar, porque uno siempre se puede perfeccionar todo, pero no estamos inventando el hilo negro, para nada. Entonces, en ese sentido, efectivamente, esta no es solamente una comisión que tiene el rol de legislar, sino también de escuchar, de discutir, de debatir, y creo que ese rol no puede ser obviado ni soslayado como se ha hecho. Aquí hay un rol que va más allá de lo legislativo, de hecho hemos escuchado víctimas de derechos humanos, hemos escuchado materia respecto a tratados, a causas que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ese rol que va más allá del exclusivamiento del legislativo, yo creo que es muy importante estarlo permanentemente reivindicando. Muchas gracias, presidente.
Bien, diputado Lago Marcino, le comento que para esta sesión inicialmente estaba invitado el nuevo director del Instituto Nacional de Derecho Humano en el contexto de lo que era la conversación que íbamos a tener respecto de excolonia dignidad. De hecho, estuvo hoy día también acá en la cámara, en la cuenta pública, así que está cordialmente invitado. Ahora me parece muy importante los puntos que usted hace en relación al desarrollo de esta comisión, yo concuerdo con aquello, así que vamos a evidentemente reenviarle la invitación al nuevo director. Ahí le vamos a pedir que, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a pedir que nos dé unas palabras y, por cierto, lo vamos a también invitar para que pueda estar presente en esta sesión de la próxima semana que va a ser bien importante. Así que, a lugar, totalmente a la solicitud, porque además así ya venía en la tabla inicialmente para el día de hoy en el punto 2. Así que la vamos a reiterar para la sesión del día 5 de agosto, 6 de agosto, 6 de agosto, que es de vuelta de la semana distrital.
Bien, entonces, voy a tocar la campanita para que se entienda que eso está cortado. Ahora suena fuerte porque está enganchado. Bien, entonces vamos a proceder. Si es que nadie más tiene puntos varios, a dar inicio a la orden del día.
Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, recibir a solicitud del diputado Celedón y por acuerdo unánime de esta comisión al embajador Tomás Pascual, director de Derechos Humanos de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien está presente aquí en nuestra sala, para que informe sobre las sentencias de la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Chile que suponen la adopción de medidas legislativas, como también frente al mecanismo de política de priorización de peticiones y casos para la protección de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el deber de armonizar el principio de control de convencionalidad.
Previo a ofrecer la palabra, quiero pedirle a esta comisión atención y acuerdo para enviar una nota de reconocimiento a quien nos acompaña semana a semana en nuestra comisión y que nos expuso latamente en la sesión anterior de la cual surge esta invitación en relación a los casos de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y en relación al cumplimiento de nuestro Estado, de nuestro país. Y yo, a propósito de lo mismo, tuvimos una comisión muy enriquecedora donde pudimos además ponernos al día y hacer un reconto histórico también de lo que ha sido esto. Me refiero al señor Jaime Rojas que está acá presente, así que le quería pedir el acuerdo de la comisión para que podamos mandar ese reconocimiento a la biblioteca.
Toma el acuerdo entonces, muchas gracias y aprovechamos de extenderle el agradecimiento también a don Jaime acá. Bien, entonces, dicho eso, porque también para dar contexto a esta invitación, le ofrezco la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, Presidenta. Con su intermedio saludo a todas las y los diputados que se encuentran el día de hoy presentes. Agradezco la invitación.
La intervención va a abordar los tres aspectos que se señalan acá, pero con especial énfasis en las medidas legislativas que están pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Chile. Esto no es que estén pendientes de cumplimiento por parte del gobierno, el Ejecutivo. Esta es una obligación que incumbe a todo el Estado.
En el caso de Chile, las decisiones en materia de derechos humanos provienen principalmente de dos fuentes. Una que es convencional, derivada de los órganos de tratados de Naciones Unidas, comités, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Ahí en el título dice Corte Internacional de Justicia, pero en realidad lo que yo entiendo es que quiere decir Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es el único tribunal de derechos humanos sobre el cual existe jurisdicción sobre Chile.
Y en segundo lugar, mecanismos extraconvencionales derivados de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos días estaba la Relatora Especial para la Libertad de Asamblea y Reunión, por ejemplo, visitando el país. Mecanismos de expertos, así como el trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.
En total, el Estado registra un total de 2.214 recomendaciones provenientes del sistema de Naciones Unidas, aquí no estoy incluyendo las del sistema interamericano, y que se derivan en 20 mecanismos distintos.
En relación con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el único tribunal internacional de derechos humanos con jurisdicción sobre nuestro país. Este ha dictado un total de 19 sentencias condenando al Estado. En nueve de ellas ha ordenado medidas de adecuación normativa como forma de reparación. Ejemplo de un correcto cumplimiento de estas medidas son el caso de La Última Tentación de Cristo del año 2001, que derivó en reforma constitucional a propósito de la censura previa, y el caso Claude Reyes de 2006, que dio paso a la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública y al Consejo para la Transparencia como lo conocemos hoy.
Por otro lado, continúan pendientes de cumplimiento medidas vinculadas a reformas legales en siete sentencias. Se trata de los casos Palamara e Iribarne del año 2005, Almonacid Arellano 2006, Poblete Vilches 2018, Urrutia Labró 2020, Barahona Bray 2022, Vega González 2024 y Wilcamán Paillama 2024, los cuales están relacionados con temas tan variados como jurisdicción militar, prescripción penal, libertad de expresión, debido proceso y derechos de las personas mayores.
Para el cumplimiento de estas medidas, el Estado se vale de la Comisión Coordinadora para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Derecho Internacional de Derechos Humanos, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la División de Derechos Humanos, que dirijo, y con la asesoría técnica de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Este mecanismo encuentra su fuente normativa en el Decreto Supremo 323 del año 2006, que fue actualizado recientemente a través del Decreto Supremo 67 del año 2024. En esta instancia convergen secretarías de Estado y otros órganos del Estado, con el objeto de dar seguimiento a las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos. De hecho, uno de los objetivos de esta comisión es que se incluyan a las secretarías de ambas comisiones de derechos humanos del Congreso Nacional.
Hoy daré cuenta exclusivamente de aquellas medidas que emanan de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que refieren la necesidad de abordar reformas normativas a nivel interno. Lo vamos a dividir en tres principales temas: justicia transicional, debido proceso y personas mayores.
En materia de justicia transicional tenemos marcos normativos pendientes de modificación a partir de los casos Almonacid Arellano y otros versus Chile, García Lucero versus Chile, Maldonado Varga versus Chile y Vega González y otros versus Chile. Se trata, en definitiva, de modificaciones al Decreto Ley 2191, más conocido como el decreto ley de autoamnistía, para que este no siga representando un obstáculo en las investigaciones de aquellos casos vinculados con ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
En cada uno de estos casos existe una medida de reparación dispuesta, vinculada con la modificación o el hecho de que este decreto ley no surta efectos. En la práctica, el decreto ley no está surtiendo efectos en la actualidad porque no está siendo aplicado por los tribunales de justicia, justamente, entre otras cosas, a partir del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, en que los tribunales nacionales han de alguna manera armonizado, que tiene que ver con el punto 3 de este informe.
El control de convencionalidad que les asiste a objeto de no incorporar estatutos legales que puedan intervenir con el juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso García Lucero también se solicitó que el Estado... en un plazo razonable, no solo investigue la situación del señor García Lucero, sino que el decreto ley de autoamnistía tampoco constituía un obstáculo. En el caso Maldonado Vargas, que tiene que ver con los consejos de guerra seguidos contra oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, la Corte Interamericana sostuvo que el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía. Y finalmente, en el caso Vega González y otro versus Chile, que es el más reciente a propósito de la aplicación de la media prescripción, se dispuso que el Estado adecuó su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción o prescripción gradual que está incorporada en el artículo 103 del Código Penal no sea aplicable bajo ningún tipo a delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
Desde el Ejecutivo, a partir del boletín 977307-07, se ingresó un paquete normativo para adecuar la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. Tuve iniciativa por vía mensaje. La fecha de ingreso fue el 10 de diciembre del año 2014. Actualmente se encuentra el primer trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No cuenta con indicaciones y tiene urgencia suma por última vez ingresada el 11 de marzo del 2025.
Además, existen otros dos casos que son de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están vinculados tangencialmente con esto, que dice relación con los casos de Carmelo Soria, Espinoza y Samuel Catalan Lincoleo, que también están vinculados a desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, donde se solicitó dejar sin efecto el decreto ley 2191. Eso en materia de justicia transicional.
En materia de debido proceso están los casos Palamar y Libarne versus Chile. El caso Ruti Alabró versus Chile, el caso Barahona Bray versus Chile y el caso Daukán Wilkamán, Consejo de Todas las Tierras versus Chile.
En estos casos, el caso Palamarey y Barne tiene tres medidas distintas vinculadas a las modificaciones normativas. Es necesario hacer presente que, a propósito de este caso y otros, se dictaron las leyes 20.477 del año 2010 y la ley 20.968 que fueron sustrayendo paulatinamente de la jurisdicción militar a los civiles.
Entonces ahí hay un elemento relevante a destacar. Sin embargo, lo que dispone en estos casos no ha sido completamente satisfecho por parte del ordenamiento jurídico, porque habla de derogación o modificación de normas internas que sean incompatibles con estándares internacionales en materia 1, de libertad de pensamiento y expresión. La adecuación en un plazo razonable del ordenamiento jurídico interno a los estándares interamericanos sobre jurisdicción militar, de forma tal que en el caso que se considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, esta se limite solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo.
Y en último término, vinculado a este... A este caso, no, perdón, estas son las dos medidas de reparación vinculadas al caso Palamara y Ribalme.
Luego el caso Rutia Labró tiene relación con la modificación o la supresión del numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. Y en el caso Barabana-Abrey tiene que ver con medidas legislativas relacionadas con la tipificación del delito de injurias. En cada uno de estos casos hay boletines que están en actual trámite, que intentan hacerse cargo de las adecuaciones normativas que se le han impuesto al Estado de Chile.
En el caso Palamara-Iribarne, por ejemplo, está el boletín 14.795-07 que establece un nuevo código penal y que elimina el actual artículo 264 del código penal que tipifica el delito de amenaza a la autoridad. El boletín 12.519-02 que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas de delitos comunes cometidos por militares y entregados a la justicia ordinaria.
Luego, el caso Urrutia logró nuevamente el nuevo Código Penal.
También se hace cargo de esta modificación, aun cuando hay un boletín, el 13882, iniciado por moción, que expresamente deroga el numeral 4 del artículo 323 y que fue iniciativa de los senadores de Urresti, Araya, Lizalde, Guillén y Buenchumilla. Este se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No registra indicaciones y no tiene urgencia. En el caso Barabán-Abray, vinculado a la ratificación del delito de injuria, el nuevo Código Penal de aprobarse también se hace cargo de esta modificación legislativa y en el caso Wilkaman-Paillama versus Chile, donde se estableció una presunción de culpabilidad respecto al delito de hurto-robo, el nuevo Código Penal también se haría cargo de esta modificación normativa. A todo esto, el nuevo Código Penal, Boletín 14.795-07, está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y tiene urgencia simple.
Por último, vinculado al envejecimiento, está el caso Poblete-Vilches y otro, que dispuso que el Estado deba adoptar medidas necesarias a fin de diseñar una política general de protección integral a las personas mayores. En este caso está el Boletín 13.822-07, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, iniciado por mensaje, está en tercer trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidades, bueno, en realidad en esa comisión, pero con mixta, y las últimas indicaciones formuladas por el Ejecutivo son de junio pasado.
En consecuencia, tenemos, ese es el estado actual de modificaciones normativas, cada una de estas tiene distinta tramitación en el Congreso Nacional y tienen un avance diferenciado conforme lo pueden señalar. Se trata de casos que van desde el año 2006 al año 2024, por lo tanto también las modificaciones incorporadas varían según la fecha de implementación.
Relacionados con el segundo punto sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile tiene en la actualidad 372 casos que está conociendo. 372 casos, 248 de ellos en fondo y 124 en admisibilidad. Hay algunos de ellos además que están en etapa de transición, quiere decir que la Comisión Interamericana ha dictado el informe de fondo. El Estado de Chile tiene un plazo para cumplir las recomendaciones. Si el Estado de Chile no cumple esas recomendaciones, el caso podría pasar eventualmente a la Corte Interamericana. Recordemos que tenemos 19 sentencias en la Corte Interamericana y, por lo tanto, el procedimiento ordinario en el sistema de peticiones y casos del sistema interamericano es que si un caso que transita por la comisión sobre el que existe un informe de fondo desfavorable respecto al Estado de Chile y el Estado de Chile no cumple las recomendaciones que están dispuestas en ese informe, el caso podría pasar a la Corte y podríamos eventualmente ser condenados.
No tenemos hoy día casos pendientes de conocimiento en la Corte Interamericana, tuvimos cinco casos en estos dos años, que venían evidentemente de mucho tiempo atrás.
La política de priorización de casos está dada en general por la Comisión Interamericana y tiene que ver con adultos mayores, grupos de especial protección, tiene que ver con personas privadas de libertad, niñeces, ¿no? Y casos vinculados con graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, cometidos en dictadura, que tienen un espacio temporal muy importante.
En función de eso, también se ordena la respuesta del Estado. Nosotros, en el año 2022, teníamos un atraso que podía ser fácilmente de cinco años en la respuesta. Al terminar esta gestión gubernamental, vamos a estar al día en la respuesta de cada uno de los casos. De modo que, hoy día, por ejemplo, tenemos 11 casos pendientes en admisibilidad y 50 en fondo para quedar al día.
Toda esta información, que suena mucha, está muy sistematizada. En una minuta queremos llegar a la Secretaría para efectos de que tengan la información, sobre todo si es de interés de la Secretaría o de la Comisión, de conocer el estado actual de los proyectos de ley. Están vinculados a medidas de reparación para que ubiquen en qué comisiones se encuentran y en qué estado del trámite legislativo también se encuentran. Muchas gracias a nuestro invitado, es información muy valiosa en relación a lo que habíamos venido conversando.
puedan hacer llegar esa minuta para poder hacer un seguimiento con mayor claridad respecto de dónde están las propuestas que hoy día están dando respuesta a esta situación que es tan relevante. Creo que hay que agradecer además la iniciativa del diputado Roberto Celedón, que fue quien pidió que hiciéramos esta invitación a su persona. Así que le voy a ofrecer la palabra, diputado, para que pueda también ahí hacer las preguntas y comentarios pertinentes. Muchas gracias.
Bueno, agradecer la presencia del jefe de la división de derecho humano de la Cancillería. No sé qué efecto tiene el título de embajador. No tiene un efecto jurídico concreto porque soy un embajador sin embajada. Sin embargo, es un decreto supremo de nombramiento, no es solamente un título. Tiene que ver con unas disposiciones reglamentarias de la Cancillería que cambiaron el 11 de marzo del 2022. Pero en términos de la administración del Estado, soy un jefe de división más. Y lo que yo conozco es que es bastante competente.
Pero me preocupa, bueno, primero tenemos que como país, como Estado, tenemos que cumplir con todas las resoluciones de la Corte Interamericana que impliquen cambios legislativos. La Corte no cierra los casos mientras no se cumpla íntegramente con lo que se resolvió. Entonces creo que nosotros tenemos el deber de... de cumplir con lo que ordena la Corte Interamericana, porque sus resoluciones son completamente vinculantes para el Estado de Chile. Y en ese sentido, me atrevería a proponer, Presidenta, de que quizás podamos constituir una comisión de trabajo de esta comisión con el Ministerio para analizar cada uno de los casos y en qué sentido son las...
Él señaló el decreto ley de amnistía. Efectivamente es un instrumento que ya no se utiliza por los tribunales, como también la prescripción. Pero la verdad es que en los juicios... Independientemente de que los tribunales de justicia en Chile hoy día no están aplicando esa norma, en las defensas se interponen siempre estas excepciones que perturban de alguna manera el fondo del tema.
Acabo de conocer, por casualidad, una sentencia de primera instancia en que por prescripción no se accede a la reparación. Prescripción de la acción penal y consecuencia de la acción civil, de acuerdo a lo que... Un magistrado que sistemáticamente aplica ese criterio con completo... Tiene autonomía para hacerlo, pero no...