En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión 99 ordinaria de esta comisión de familia. El acta de la sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 queda a disposición de la comisión. El secretario Matías Lindhorst dará lectura a la cuenta.
Muchas gracias, estimado presidente. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas. Se recibieron los siguientes documentos. Un oficio de la subsecretaría de la niñez, quien en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre la factibilidad de crear un sistema de interoperatividad estatal con un expediente único para niños, niñas y adolescentes bajo protección. Informa que legalmente es posible y detalla que ya existe el sistema de información de protección integral, administrado, digo, por la subsecretaría de evaluación social. Este sistema permite la gestión integrada de datos y su interoperatividad con otras instituciones. Además, se está tramitando un proyecto de ley que refuerza y regula este sistema. Se sugiere consultar la factibilidad técnica al organismo administrador del CIPI.
Un oficio de la subsecretaría de la niñez, quien en respuesta también a uno de esta comisión, informa sobre denuncias de participación de niños y niñas adolescentes en fiestas clandestinas, conocidas coloquialmente con el nombre de parcelazos. Señala que su rol es preventivo y que la administración de cuidados recae en el Servicio Nacional de Protección Especializada. Indica que cualquier hecho delictual debe ser denunciado por los equipos responsables y que las investigaciones corresponden al Ministerio Público. En Magallanes se ha priorizado el combate a la explotación sexual comercial infantil y los parcelazos están siendo investigados por la Policía de Investigaciones.
También se recibe una nota de la Fundación Maternidades Singulares, quien solicita una audiencia ante la comisión para exponer antecedentes relevantes sobre el proyecto de ley Boletín 17.337, que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada. Argumenta desde su perspectiva y experiencia personal en medicina productiva y bioética, destacando la necesidad de aportar datos reales para enriquecer la discusión legislativa.
Nota también de la Academia Javiera Navarro Marchal, quien solicita una audiencia a esta comisión para participar en la discusión del proyecto de ley Boletín 17.337, que está actualmente en tabla, adjunta carta formal y manifiesta su interés en contribuir al debate desde su experiencia profesional como psicóloga y docente universitaria.
Nota de la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez Fariña, quien se excusa de asistir a esta sesión por compromisos previamente adquiridos. No obstante, enviará un oficio durante el día explicando la nueva exigencia de boleta de garantía para los organismos colaboradores acreditados del CENAME y del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Esto en referencia al punto 1 de la tabla.
Se recibió, presidente, una nota de la bancada del Partido Comunista, por la cual informa que en esta comisión el diputado Don Boris Barrera, ya presente en sala, reemplazará a la diputada Lorena Bizarro. Y finalmente, una nota de un profesional del área de análisis legal de la Biblioteca Congreso Nacional, que en atención a un oficio de esta comisión solicita la actualización y ampliación del informe sobre el apoyo estatal a jóvenes egresados del sistema de protección. Informa que ya se inició la revisión bibliográfica y se proponen fechas de entrega para el 25 de julio, para la actualización, y el 30 de julio, para la ampliación con experiencias de Argentina, Colombia y Perú. Secretario, dos reemplazos. Ah, llegaron dos reemplazos, presidente. Uno de la diputada Lona Fríes, quien reemplazará a la diputada Consuelo Veloso. Y la portada Flor Báez, que ya está presente en sala, a Felipe Oroz. Ahora sí, presidente, termina rápido. Muchas gracias, secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Aragua. Ah, diputado Andurra. De verdad, lamentar la ausencia de la directora, entendiendo que tiene todo tipo de compromisos y de funciones que realizar, pero sí hacer un llamado a la secretaría: que una vez que llegue el oficio con la respuesta, lo ponga al menos en el WhatsApp de la comisión para poder tomar conocimiento en relación al tema. Y, desde luego, creo, presidente, por su intermedio, hacerle un llamado al gobierno. La verdad es que no basta con una respuesta, sino más bien lo que estamos pidiendo es una solución en relación a esa materia. Y es importante porque, como es sabido por todos, se ha inmovilizado la posibilidad de seguir a través de los cuerpos intermedios que están además consagrados en la Constitución, como son todo este tipo de organismos, el poder ayudar y hacer efectiva una política social que es tan importante como el de ayudar a los niños.
Completamente de acuerdo, diputado. Es más, aquí nos van a exponer hoy día sobre esta problemática las mismas organizaciones colaboradoras y, dependiendo de lo que nos vayan exponiendo, también eventualmente podemos reforzar, si es que se demora en llegar la respuesta de la dirección de presupuestos, con un oficio explicando el problema precisamente para que nos llegue una respuesta con detalle y, como dice usted, ojalá con alguna solución.
Gracias, presidente. Yo me voy a retirar porque estoy un poco enferma, voy a ir escuchando la comisión en el auto, pero quería reiterar la solicitud de que invitemos a la Sociedad de Obstetricia. ¿Se acuerda que lo habíamos visto? Y que yo creo que es interesante que puedan venir en el contexto del proyecto que estamos en tramitación. Gracias. Así será, diputada. Perfecto.
¿Más palabras sobre la cuenta? No. Entonces, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muchas gracias, presidente. Quiero pedir un oficio a esta comisión. Mediante el decreto supremo 250 de 2025 se crea la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del CENAME y/o en sistemas de cuidados alternativos privados entre los años 1979 y 2021. Dicha comisión tiene el deber de reunir los antecedentes que permitan individualizar a las víctimas y establecer las vulneraciones vividas en el CENAME y sistemas de cuidados alternativos, generar espacios de participación de las víctimas, proponer medidas que permitan garantizar justicia a las víctimas y reparación, y proponer las modificaciones legales y administrativas que impidan o prevengan nuevos hechos de vulneraciones a niñas, niños y adolescentes dentro del sistema. Conforme a lo anterior, la semana pasada me reuní con un grupo de sobrevivientes del Sename que han sido parte de la Comisión Asesora como agrupación de víctimas del sistema, donde se refirieron a su preocupación por el funcionamiento de esta comisión. El funcionamiento de esta comisión se encuentra establecido en un reglamento interno de la misma comisión, por lo que, conforme a este, solicito se oficie con el debido resguardo de confidencialidad, si es necesario, a la Comisión Asesora Presidencial para el establecimiento de la verdad y al Ministerio de la Seguridad.
de justicia y derechos humanos para que informe a la brevedad lo siguiente. Dar conformidad en su artículo 14, la entrega de la página web que se dispone para la publicación de las actas de las sesiones celebradas y las actas de las sesiones totales. Nosotros la revisamos y la verdad es que está incompleta. De conformidad con su artículo 17, los convenios de colaboración celebrados con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, para cumplir sus fines y el respectivo protocolo de protección de datos como anexo de dichos convenios. Dar conformidad a su artículo 21 y 33 de la entrega del protocolo que establezca los mecanismos de participación incidente de agrupaciones de víctimas y sobrevivientes y los mecanismos de participación incidente de niños, niñas y adolescentes. De conformidad a su artículo 24 y 33, transparentar el procedimiento establecido por la Comisión para la Escucha y el Reconocimiento de la calidad de víctima, el plan de convocatoria a las víctimas para ser parte de los mecanismos para dar a conocer aquellos relatos, el presupuesto con el que se cuenta el funcionamiento de la comisión asesora con el respectivo detalle de funcionarios e instalaciones.
Y por otro lado me gustaría proponer una sesión especial, presidente, para que los comisionados de esta comisión de verdad y niñez asistan y nos comenten el funcionamiento de la misma y el avance, con el respectivo resguardo, por supuesto, si es necesaria una sesión secreta. Porque acá hay financiamiento del Estado puesto para esta comisión. Nosotros hicimos una revisión, un chequeo bastante completo, lo hizo el equipo por lo demás. Y la verdad es que puedo ver y visualizar bastantes irregularidades. Y creo que es importante esclarecerlo más cuando sabemos que hoy día el actual sistema de Mejor Niñez va por el mismo camino que el ex-Sename, presidente.
Gracias. Aprovechemos de tomar el acuerdo en los términos que lo planteó la misma diputada Arce. No sé si hay acuerdo para solicitar toda esa información.
Acordado.
Sí, a ver, secretario, no sé si nos puede dar luces de eso porque lo podemos acordar, pero no sé si tenemos que definir fecha al tiro, también dependerá de nuestra contraparte cuando puedan coordinar la fecha. De repente podemos hacer que la Secretaría converse precisamente para ajustar una fecha y ahí llevarla a cabo. Pero dejemos que el secretario nos responda.
Yo recomiendo directamente que lo veamos en el transcurso de las próximas sesiones. En otras comisiones hemos pedido sesiones especiales los días lunes y han estado al borde del fracaso, incluso con conflictos internos, porque los parlamentarios no tienen espacio para venir a sesionar.
Y otra opción es sesionar los martes de ocho y media a un cuarto para las diez, digamos, con un margen horario súper estrecho y complicado.
Yo creo que veámoslos en su mérito y, según las circunstancias, tenemos espacio para verlo también en una sesión ordinaria.
Sobre todo si va a ser o puede ser sesión secreta, diputada, requerimos además un quórum altísimo. Son nueve parlamentarios y la única que nos garantiza, al tener un quórum de esa categoría, es la sesión ordinaria, porque en las sesiones especiales los diputados no van a asistir y si fracasan no hay multa. Ojo con eso.
Por eso le digo que la sesión especial es un poquito más complicada. Pero lo podemos dejar acordado y lo vemos en su mérito con el presidente.
De todas maneras creo que podría ser una sesión ordinaria. No habría problema en eso.
El tema es la rapidez con la que podemos responder a eso, porque las próximas semanas, efectivamente, el miércoles es feriado, el lunes va a haber sesión especial, vamos a poder hacer una comisión para suplir la que vamos a perder el miércoles y para la siguiente ya están conversados algunos invitados.
Entonces, efectivamente, no va a poder ser dentro de las próximas dos semanas, sino que tendría eventualmente que ser durante la...
Ahora, eventualmente también, no sé, secretario, quizás se podría hacer una parte de la comisión secreta, por ejemplo una segunda hora, o se requiere, usted cree, diputada, hacer una comisión completa para verlo, usted que ya ha estudiado la situación.
Lo ideal sería una sesión completa porque además de pedir las explicaciones necesarias a las autoridades, a mí me gustaría recibir a aquellos invitados que nosotros también los recibimos ya como diputación, por lo tanto, extendería o necesitaría más tiempo.
Ahora, yo solamente digo que podría ser secreta.
Si es que así se tiene bien, puede que no sea necesario. Lo digo porque evidentemente hay antecedentes que son bastante delicados, pero eso también lo pueden enviar las autoridades de manera confidencial a la secretaría de esta comisión, para que no sea necesario que la misma sesión sea secreta y necesitemos esa cantidad de quórum tan alto. Son una de las posibilidades al menos que veo, presidente. Pero, ¿le parece a la comisión y a usted, diputado, que dejemos tentativamente para el 13 de agosto como tratar de dejarlo amarrado a esa sesión para tratar este tema en particular? Perfecto.
No sé, diputado Undurrago, ¿usted algo quiere decir? Sí.
Perfecto. Entonces vamos a iniciar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Número uno, abordar la nueva exigencia de entrega de boletas de garantías para organismos colaboradores acreditados en el Servicio Nacional de Menores o Servicio de Protección Especializada de la Niñez y a colaboradores acreditados en el Servicio Nacional de Menores. Para ello se ha invitado a la directora de presupuestos, que como se le dio en la cuenta, se ha excusado por los motivos señalados, y al representante de organismos colaboradores acreditados, señor Ignacio Concha, que está aquí presente y que asiste junto a la abogada Paulina Fernández y demás representantes de los organismos colaboradores. Por lo tanto, sin más, tiene usted la palabra don Ignacio.
Gracias, presidente. Voy a partir dando las gracias por la invitación. Bueno, primero quería partir contando un poco. Yo represento y soy parte de la mesa de residencia y director ejecutivo de María Ayuda y quería partir un poco con algo de contexto. María Ayuda es una corporación que tiene más de 42 años trabajando en infancia vulnerada. Hemos atendido desde 1983 a más de 8.000 niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos trabajando con 8 residencias en 6 regiones distintas. Atendemos alrededor de 250 niños, niñas y adolescentes al año. Trabajamos 330 personas y somos un organismo más que colabora con el Estado y estamos acreditados. Somos miembros de la comunidad de organizaciones solidarias, la COS, de la mesa de residencias y de la red de instituciones de egresados que participaron la semana pasada también en la comisión.
También algo de contexto respecto al servicio. Hoy día atiende alrededor de 120.000 niños, niñas y adolescentes al mes. En este sistema hoy día hay 187 OCAS con un total de más de 1.000 proyectos que se dividen principalmente en cuatro programas. Diagnóstico clínico especializado, que atiende alrededor de un poco menos del 10% de los niños, niñas y adolescentes, con 129 proyectos donde hay 8 OCAS. Intervención ambulatoria de reparación, donde se atiende la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, que representan más del 80%, con 876 proyectos y 82 OCAS. Cuidado alternativo en familias de acogida, que es un poco menos del 9%, con 111 proyectos y 20 OCAS. Y por último, el cuidado alternativo en residencias, que es donde está hoy día María Ayuda en la mesa de residencias, que representan el 4,5% de los niños, niñas y adolescentes, que son alrededor de 5.400 niños al mes, con 220 proyectos donde trabajamos 90 OCAS. Un dato importante es que el 53% de las OCAS que está hoy día en trabajo de cuidado alternativo residencial tienen una estructura simple, son en general residencias, o sea, organizaciones más bien chicas, donde el principal financiamiento viene por parte del Estado, o sea, alrededor del 70% viene por ahí.
A nosotros, como organismo colaborador del Estado, nos rigen una ley que está estipulada especialmente para regular el régimen de los aportes financieros del Estado, y que el objeto que tiene esta ley, 20.032, es establecer la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Protección Especializada se relaciona con sus colaboradores acreditados.
O sea, hoy día ya existe una ley que regula todo lo que tiene que ver con los aportes financieros. Y para ser más específico, el artículo 36 y siguientes habla de la evaluación, fiscalización y la supervisión de los convenios.
Hoy día están en discusión las obligaciones de la Ley de Presupuestos 1025, que es la 21.722, que habla de algunas obligaciones que afectan a las instituciones privadas que suscriben convenios con el Servicio de Protección, donde dice que en el artículo 25, letra B, exigen una garantía de fe de cumplimiento del 5% del total del monto a transferir en el periodo del convenio. Y esto es para convenios sobre 1.000 UTM. Y para eso ofrece distintas alternativas: vale vista, boleta de garantía, pólizas de seguro, depósito a plazo, certificado de fianza o cualquier otro instrumento que permita su cobro inmediato. Pero hay una salvedad que habla del artículo 23, que queda explícito que salvo que la ley expresamente señale lo contrario. Y que creo que es un antecedente para considerar más adelante, pero está incluido en la ley.
¿Qué entendemos nosotros por un instrumento de garantía? ¿Cuál es la función? Principalmente la garantía de fe de cumplimiento asegura que una parte cumpla con las obligaciones de un contrato. Es una protección financiera que cubre al contratante en caso de incumplimiento por parte del contratista, asegurando una compensación económica. ¿Y para qué? Sirve como respaldo para el contratante, quien puede verse afectado por el incumplimiento del contratista. En el caso de incumplimiento, la garantía proporciona una compensación económica para cubrir los costos o daños sufridos.
Nosotros hicimos el ejercicio para entender qué significa este instrumento de garantía. Y averiguamos las distintas alternativas que nos ofrece la ley para poder costear. Entonces, hoy día la boleta de garantía tiene un costo de 1,9 UF fijo más 2% anual; el certificado de fianza lo mismo, 3%; depósito a plazo, está asociado al costo de oportunidad porque finalmente hay que dejar movilizado un montón de recursos; la póliza de seguro tiene un costo del 4% superior y cada vez que se emite hay que hacer un análisis de riesgo.
Y como ustedes sabrán, hoy día el sistema financiero, que son principalmente los bancos y las compañías de seguro, para otorgar una póliza o una boleta de garantía a una organización sin fin de lucro es prácticamente imposible, lo que nos obliga a garantizar con depósito a plazo por el mismo monto, que en la práctica significa contar con un monto importante de recursos y dejarlo inmovilizado; que como sabrán, hoy día en general las organizaciones y las OCAS principalmente estamos con situaciones financieras bien al límite en el fondo y las necesidades son mucho mayores a los recursos que tenemos.
Se hizo una encuesta: la mesa de residencia, que agrupa a más de 40 organizaciones, hizo una consulta y preguntó de cuál es la capacidad institucional de financiar la garantía, y más del 60% dijo que no puede. Y frente a la pregunta de la capacidad institucional de financiar el 100% de la garantía de los proyectos, el 75% no puede. Lo que hace aún más compleja la situación frente a la imposibilidad de contar con esta exigencia.
Yo traje acá un ejercicio de un posible convenio, un ejemplo, para poder tratar de aterrizar el tema. Hoy día solicitó una residencia de cuidado alternativo para adolescencia temprana, que es para niños, niñas y adolescentes.
entre 9 y 13 años, para 12 específicamente, para 12 plazas en Los Ángeles, y que inicialmente el convenio partía en agosto de este año. Este convenio considera un aporte financiero mensual de un poco más de 1.700.000 por niño, que eso es más o menos entre un 50 y un 70% del costo. Con esto quiero decir que... Con este aporte mensual, en general no alcanza para cubrir todas las necesidades que tienen los niños. O sea, el costo de atención de un niño hoy día es entre un 30 y un 50% más alto del aporte del Estado. Por lo tanto, tampoco está 100% financiado la atención del niño con este aporte financiero.
Y haciendo el ejercicio de cuál es el monto que hay que garantizar, estaban trabajando dos alternativas. La alternativa uno era garantizar, dado que esta es la ley de presupuesto 2025, todos los aportes que entran este año, que sería entre agosto y diciembre. Y eso equivale para una residencia de 12 niños entre agosto y diciembre de 106 millones de pesos. La alternativa 2, que es en el fondo la... que es la duración total del convenio, que en este caso son convenios que duran 3 años, por lo tanto son 36 meses, lo que son casi 800 millones de pesos.
Y para poder también aclarar qué implica esto, nosotros hoy día, como OCA, recibimos el pago de este aporte financiero, que es el que nos están pidiendo garantizar. Ahora, ¿cómo se paga este aporte financiero? Se paga primero sobre prestaciones ya efectuadas. O sea, a mí me depositan, pero previamente tengo que rendir financieramente los gastos del mes anterior. O sea, a mí no me depositan por anticipado lo que yo voy a gastar a futuro. En este caso es al revés. Yo rindo y una vez que rindo me depositan. Si yo no rindo, no me depositan. Por lo tanto, es sobre prestaciones ya efectuadas. Y por último, este aporte se deposita mensualmente. No es que se nos hace una vez al año y yo tengo que rendir un año después, sino que es por periodos de un mes. Por lo tanto, la figura de la garantía o de fiel cumplimiento es distinta a otras instancias.
Nosotros ayer tuvimos una reunión con el director del servicio, donde nos confirmó que la Contraloría, para tomar razón, es necesario exigir la garantía por el 5% de los ingresos del 2025, es decir, de agosto a diciembre, en el caso que el convenio parta en agosto. También presentó que todos los concursos públicos que se licitaron en diciembre de 2024, que fue la última licitación que se hizo para residencias, que incluyó cuatro regiones, el 67% de los proyectos residenciales se declaró desierto. No hubo oferentes, OCAS, interesadas en poder postular a estos convenios.
Y pasó algo en menor medida, pero igual preocupante, respecto a los proyectos ambulatorios, donde el 19% de los proyectos se declaró desierto. Y otro antecedente importante es que en los últimos años se han cerrado alrededor de 24 residencias. O sea, más del 12% de la oferta hoy día ya no está. Y hemos visto, y es como de público conocimiento, que hay listas de espera importantes, tanto para los programas ambulatorios como para los residenciales, y que suman alrededor de 41.000 niños que hoy día necesitan este tipo de atención.
Y por último, para no alargarme, les quería plantear en fondo varios desafíos como comisión. Y el primero tiene que ver con cómo facilitamos el trabajo de las OCAS, ya que hoy día ustedes saben que existen suficientes desafíos y dificultades para poder atender. Por un lado, las listas de espera. Por otro lado, los sobrecupos. Las licitaciones desiertas.
Y el déficit en el financiamiento. Nosotros vemos que la forma en que hoy día se está financiando a través de los aportes financieros es algo que también en algún momento hay que mirar, porque el aporte no es suficiente y viene, en el fondo, a ser una rendición una vez que se ejecuta el gasto. La figura es distinta. En este caso, desde las OCAS y el aporte financiero del Estado, dado los resguardos legales que ya existen, porque hay una ley propia que nos regula, que no son anticipos sino rendiciones posteriores al gasto, las garantías que se exigen solo dificultan y generan incertidumbres adicionales que obstaculizan el trabajo de las OCAS y que afectan directamente a los niños. Por lo tanto, lo que hoy día necesitamos es ver cómo pueden excluir a las OCAS de la aplicación del artículo 25 de la ley de Presupuestos, que es la que exige las garantías, y pensando ya en el próximo año, cuando empecemos el trabajo legislativo para la nueva ley de Presupuestos 2026, que la ley de Presupuestos 2026 señale expresamente la exclusión de las OCAS de la aplicación del artículo 25. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ignacio, por su presentación.
Les faltó ahí, entre los desafíos, y a mí me quedó dando vuelta en los puntos varios, el tema pendiente que tenemos con los turnos de las residencias. Si la comisión me lo permite, ustedes saben que hay un problema con la política de la Dirección del Trabajo respecto de los turnos que tienen que tener las residencias, que tienen que funcionar las 24 horas. No sé si esto es a propósito de la ley de 40 horas o viene de antes, pero quizás la ley de 40 horas lo complicó un poco más. Los ELEAM tuvieron el mismo problema y lo resolvieron bastante rápido con la inspección del trabajo, para que ajustaran esos criterios en la implementación de los turnos de este tipo de organismos que funcionan las 24 horas. Aprovecho de cerrar este punto. A propósito de esa experiencia, según pude averiguar, invitaron a los ELEAM y al inspector del trabajo a una sesión para analizar el problema, otra para solucionarlo, y se resolvió la semana siguiente. Como no hemos podido citar al inspector del trabajo o a las mismas OCAS antes de la próxima sesión, porque tenemos feriado y sesión especial, ¿les parece que oficiemos nosotros a la inspección del trabajo para ver si la solución dada a los ELEAM se puede implementar también en los organismos colaboradores con la flexibilidad que requiera? Según nos explicó Paulina, no es exactamente el mismo problema, pero sí de la misma naturaleza. Con eso podríamos avanzar bastante: primero para que la inspección del trabajo visualice el problema y segundo para que, incluso antes de una citación, pueda reordenar esta situación y evitar que las OCAS enfrenten el mismo inconveniente. ¿Les parece? Excelente, de acuerdo.
Luego de este paréntesis, ¿alguna consulta u observación respecto de la exposición? Más bien algunas consultas. Usted habló del costo real, pero no mencionó cuál es el costo real numéricamente. El 5% del cumplimiento del contrato, claro, complica, dice usted,
Pero si no existiera ese 5% que garantice el fiel cumplimiento del contrato, ¿cómo a la vez se garantiza que los organismos colaboradores cumplan con el contrato? Habló también de alguna cantidad de niños en lista de espera. Siento que no pudiese contar también qué cantidad de niños hay en lista de espera. Habló también de que el aporte no es suficiente. Bueno, a lo mejor lo pregunto en la primera consulta, pero ¿cuál realmente es el monto que ustedes estiman que se puede atender a un niño como corresponde? Porque de repente nosotros hemos escuchado cifras acá, de repente han hablado de cuatro millones, cuatro millones y medio por niño, y de verdad uno dice, guau, qué harto, pero... Ah, lo otro es, ¿cuál es la atención que se le da al niño por ese monto que ustedes estiman que sería suficiente? Eso, presidente.
Diputada Báez, ¿se quiere agregar algo en ese sentido? En relación a lo preocupante de lo que plantearon, que se podía atender, o si lo entendí yo lo menos, el costo o el monto que dan, que es 1.773.573, quiere equivaler al 50 o 70% del costo real. O sea, que no se atiende o no se logra atender o entregar la cobertura. ¿Dónde se le disminuye esa cobertura de atención? ¿En la parte psicológica, en la parte de alimentación, en la parte de infraestructura? ¿En qué? Porque es preocupante. Es preocupante tener claridad de que lo que se está entregando no es lo que se debería entregar y que no cubre efectivamente el óptimo, ¿cierto? Y por eso que se acaba la cuenta que, claro, cuando alguien habla de cuatro millones no es tan lejano, porque si es la mitad que se está entregando, en el caso del millón siete, digamos a tres millones quinientos y cuarenta y siete, ya es del cincuenta al setenta, así que puede ser que en alguna hora, porque esas diferencias también, no sé si es por el caso, digamos, no lo sé. Por eso no quiero entrar en lo que ustedes nos puedan decir.
Y claro, el capital en el fondo es un reembolso que se hace de los costos, las Ocas. Claro, hay que tener ese capital de trabajo, podríamos decir capital inicial, no sé cómo denominarlo para la institución, y a eso le sumamos el 5%. Claro, es un monto importante. Es que, por eso, hay que tener el respaldo para pagar todo lo que hay que pagar y después se reembolsa. O sea, no es contra reembolso, que después de todo lo que hemos visto en materia del convenio y cosas, recuerdo con los públicos, claro, también creo que son dos miradas.
Y en esta pregunta, es pregunta cuando dijo que se habían cerrado, ahí no anoté las cifras, dijeron que se habían cerrado 24 o así. Eso. Y si puedes darnos en qué regiones o dónde. O sea, tener ese formato. Lo podríamos mandar después. Mandar después, porque en el caso mío, el caso de Bío Bío se han cerrado, no sé qué clase de centros, pero tuvimos escándalos nacionales en Bío Bío respecto a estas situaciones. Eso, en realidad, es lo general. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Saludar a los expositores, agradecerles por su exposición y, sobre todo, agradecerles por la vocación de servicio que tienen ustedes.
Oiga, presidente, con cariño y respeto, y esto no es un punto, es un punto político, pero no un aprovechamiento político. Esta misma exposición habría que hacerse a los gobernadores que se robaron a través de las fundaciones los dineros en todas y cada una de las regiones, a los genios de Democracia Viva y a todos esos que pusieron problemas a estas fundaciones. Y hablemos las cosas en castellano, esta gente viene trabajando hace 20 años, 30 años, gente honrada, honorable, y que ha hecho la pega como corresponde, pero se han visto involucradas en un manto de duda que es legítimo para toda la ciudadanía, porque evidentemente los escándalos nunca antes vistos hacen que el Hogar de Cristo cierre sus atenciones, que antes de eso tenga que vender la funeraria para poder financiar lo poco y nada que hoy día está haciendo. Lo mismo le pasa a la Fundación Las Rosas, no hablemos de Coaniquén, de Coanil, no hablemos de las fundaciones tradicionales, con gente que nosotros, como por ejemplo, Benito Aranda, que lo conocemos de millones de fundaciones, que nunca se ha robado un peso y que tiene que estar aquí viviendo la de Kiko y Kako por estos delincuentes.
Está bien, además el gobierno está ahorrando dinero aquí, porque corríjame, pero cuando se declaran desiertas, esa plata no se reinvierte o no se reparte. Porque si se declararan desiertas y a ustedes les dijeran que aquí queda un monto, entonces lo vamos a repartir entre los que tienen para que no tengan que salir a buscar, a través de la caridad y la beneficencia, las diferencias de dinero que provoca la asistencia de todo y cada una de las personas, bueno, vaya y pase.
Pero el Ministerio está haciendo una política de recorte, que puede ser legítima por la crisis que estamos viviendo; bueno, pero está haciendo un abuso de estas fundaciones que además vienen de la caridad, vienen a mendigar al Congreso y le mendigan a la ciudadanía para poder vivir en circunstancias que se están preocupando de los niños de Chile.
Entonces, aquí, honestamente, yo creo que hay que llamar a la cordura, no a este Congreso, sino al Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros tenemos que ver cómo poder incorporar o no incorporar o transparentar. Este no va a ser un país que va a poder atender a los niños; vamos a tener 40.000 resegados todos los años y que el año siguiente van a ser 80.000, y así nos vamos a ir, y olvidémonos los niños primero de la pila. O mire que yo soy bueno, y por qué le estamos haciendo pasar a fundaciones que están haciendo bien su trabajo por un tamiz como si fueran delincuentes.
Yo entiendo que las platas del Estado hay que y deben ser rendidas. Yo no creo que eso sea excusable, pero a mí, solo en la exposición, se me habría ocurrido que en vez de exigir el 5%, bueno, que cada tres meses —o sea, que le den tres meses para echar a andar el tema— se rindan los dos primeros meses y se arme la ola así. Además, cuando ustedes están rindiendo, presidente, por su intermedio, no me queda claro: tienen que tener un departamento de contabilidad, y ese departamento de contabilidad tiene costos reales y legítimos, porque si tiene contadores, tiene profesionales. Entonces no es solamente el 5%, el 5% más todo el departamento de administración y finanzas para poder hacer la ayuda social que ustedes están haciendo.
Desde ese punto de vista, yo me gustaría, presidente, que el Ministerio y la subsecretaría pertinente nos informaran a través de, y le enviáramos un oficio para saber qué pasa en términos presupuestarios cuando se dejan sin efecto porque no se presentan o porque se declaran desiertas la cantidad, como aquí se señaló, de 60 programas que no se van a poder, que están vacantes. ¿Qué pasa con esos mineros? Ya, bueno, segunda y tercera y todo lo demás, pero hay 40.000 personas hoy día, niños, que están afuera.
Entonces, ¿aquí hay urgencia en este tema o la urgencia la vamos a tener los legisladores que no manejamos la chequera y que tampoco podemos hacer ningún proyecto de ley que tenga que ver con eso, porque es inconstitucional?
Y aquí la chequera, por decisión del año 1930 y tanto, la maneja el Ejecutivo, y está bien que así sea. Yo no estoy diciendo que no —y por eso es el Ejecutivo, y por eso se elige Presidente de la República y un gabinete—; si no, nosotros estaríamos en las eternas donaciones como parlamentarios.
Dicho eso, yo honestamente creo que los admiro y me parece heroico lo que ustedes están haciendo, pero veo que aquí el compromiso no es solamente del Congreso; aquí el compromiso tiene que ser indudablemente de quien maneja los recursos, recursos que hoy día son escasos y que probablemente en el próximo gobierno van a seguir siendo más escasos, porque seguramente le están debiendo plata que no se la han pagado, y vamos a seguir en esta ola. Vivienda, niños, hospitales, lucha contra la droga, demasiadas prioridades.
Gracias, diputado. ¿Le parece a la comisión que en el oficio que mandemos, bueno, mandemos el oficio que ha solicitado el diputado Undurraga, pero también el que le mandemos a la directora de presupuesto incluya esta misma consulta, cierto? ¿Qué pasa con los recursos que no se ejecutan por las licitaciones que fueron desiertas? Perfecto. Hoy día no vino la directora de presupuesto, pero fíjese que tenemos la suerte que está el presidente.
Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Cayó como anillo al dedo y quizás nos puede, efectivamente, tiene contacto permanente con la Dirección de Presupuestos y eventualmente le podemos encomendar, si usted lo permite, de diputado con todo cariño, algunas de estas cuestiones que usted ha escuchado hoy día. Y por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Sí, bueno, me sumo a la solicitud del oficio que ha dicho el diputado Ndurraga a través de su intermedio. Creo que es importante colocar ahí también, o sea, bien detallado, el presupuesto que había para este tipo de instituciones, el nivel de ejecución también hasta el momento, porque, o sea, para hacer un poquito de memoria, el año pasado, cuando tramitamos la ley de presupuestos de este año, un sector, que es el sector que representa el diputado Ndurraga a través de su intermedio, le solicitó al gobierno que bajara del presupuesto 1.500 millones de dólares. Al final se llegó a un acuerdo y fueron menos de 1.500 millones de dólares, 600, claro. Entonces eso se le bajó al presupuesto completo. Y los únicos que quedaron excluidos de esa rebaja del presupuesto fueron seguridad, salud, me parece que educación; el resto, todo tuvo una rebaja del presupuesto. Entonces esa rebaja también les tocó a las instituciones que se ven financiadas con el presupuesto de la nación.
Pero este año también se le está exigiendo al Ejecutivo que rebaje de manera administrativa 600 millones de dólares más. Entonces, en esa rebaja —y el Ministro de Hacienda en algún momento se comprometió hace un par de meses— quisiera preguntarle si esa rebaja que hizo el año pasado para la tramitación de la ley de presupuestos y la que está haciendo ahora de manera administrativa está afectando también a esas instituciones. Me gustaría agregar eso en el oficio, por favor, presidente. Gracias.
Sí, voy también a consultar a la directora de Presupuestos. De hecho, la próxima semana que estamos votando el FES en la Comisión de Hacienda está yendo la directora de Presupuestos. Entonces le voy a hacer mención de estos oficios también para que lo conteste la comisión lo antes posible.
Perfecto, diputado. Efectivamente, aquí el problema que tenemos es que, en particular a raíz del caso convenio, en la ley de presupuestos se exigió un estándar más exigente con el que muchos organismos colaboradores del servicio de protección especializada no pueden cumplir. Entonces, a ver si de alguna manera, bueno, para la próxima ley de presupuestos queden expresamente excluidos, pero también para este año a ver si se les puede dar alguna solución.
Perdón, y no sé si quieren tomar acuerdo para lo que dice el diputado Barrera de pedir cómo afectaron las rebajas presupuestarias a este asunto.
Perfecto. Sí, tienen anotadas las preguntas; entre medio tuvimos algunos puntos.
Sí. Yo quería solo un punto cortito. Paulina.
Sí, yo quería hacer como una distinción en los puntos planteados. Efectivamente, lo que estamos pidiendo hoy día, bueno, no solo la excepción para el próximo año, sino también para este año, considerando que efectivamente están todos los resguardos respecto a las garantías del uso de los recursos públicos por esta ley especial, que es la ley de subvención y su reglamento. Por lo tanto, lo que consideramos es que no hay ningún fundamento legal ni administrativo que justifique, a nuestro juicio —y les podemos mandar un informe que preparamos a este respecto en derecho— que la Contraloría y la Dirección de Presupuestos hayan tomado la decisión de que hoy día los organismos colaboradores tengan que presentar esta boleta del fiel cumplimiento. O sea, aquí no nos interesa que se nos exima de los resguardos que hay que tomar. Tenemos conciencia y el proceso de acreditación así nos solicita, a través de un modelo de prevención del delito, que el servicio tiene todos los mecanismos de supervisión, fiscalización, sanciones, revisión de cuenta, auditoría para fiscalizar cada uno de los recursos que financiamos.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuál es el riesgo que tiene el Estado hoy día respecto a posibilidades de mal uso de los recursos públicos? Nos atreveríamos a decir que es prácticamente nulo con la ley de subvenciones. Por lo tanto, creo que esa es una discusión importante. Hoy día hay instituciones no solo de residencias, también los programas ambulatorios; alrededor del 70 % nos dijeron en esa encuesta que mostró Ignacio que no tienen posibilidades de entregar boletas de garantía ni siquiera por los cuatro o cinco meses del año, o que tienen posibilidades de entregar garantías.