En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Creo que lo he visto todo. El acta de la sesión número 120 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 121 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente.
Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se refiere a la cantidad de personas jurídicas que han obtenido títulos de dominio durante los últimos 10 años a través de los procesos de regularización que contempla el Decreto Ley 2695. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la Comisión.
Un oficio de la directora del CERVIU, Región del Bío Bío, mediante el cual informa el proyecto habitacional Condominio Mirador de la Urquén y comunica que este proyecto fue ejecutado en el marco del Programa de Integración Social y Territorial regulado por el DS número 19 y que dicho servicio participó en la revisión y aprobación del proyecto técnico de arquitectura y urbanización, registrándose desde la entrega del proyecto en noviembre de 2022, cuatro reclamos formales referidos a terminaciones e instalaciones domiciliarias, las que fueron gestionadas y subsanadas por la entidad de desarrollo ahora, en vía antecedente proporcionado por el Departamento Provincial Bío Bío del Servio, que se encuentra disponible en una carpeta digital.
Presidenta, después hay varios oficios de distintas municipalidades en donde se refieren a la aplicación del artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios. Voy a decir qué municipalidades son estas. La de General Lagos, la Municipalidad Peñaflor, Peñalolén, Curicó, La Reina, Cerro Navia, Mulchen, Cauquenes, Calla Larga, Ancud, Coyhaique, Angol, Los Álamos, Alto del Carmen. San Juan de la Costa, Porvenir, Puerto Varas, Antuco, Vitacura. Todas ellas, como dije, dan cuenta de la aplicación del artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios en las distintas comunas.
Un correo electrónico de la diputada señora Claudia Mix, por el cual solicita en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica diversos...
Saludar a todos los presentes. Y en esta ocasión quiero referirme a un tema puntual que ya vimos en esta comisión. El 4 de junio nos visitaron vecinos de la comuna de San Rosendo, expusieron en esta comisión, acompañado de concejales de la comuna, de su alcalde, por un tema de desalojo en un cerro, el Cerro La Antena. Estos vecinos viven en terrenos de Serviu, en terrenos municipales y otros en terrenos propios. Y hoy día están con orden de desalojo. En ese momento yo manifesté lo que me habían dicho vecinos en reuniones en el sector, en la comuna de San Rosendo y también lo dijeron acá quienes vinieron a exponer, que era intenciones de quitarse la vida si a ellos los sacaban de ahí.
Estas tomas no eran las tomas comunes que hoy día estamos desalojando por terrenos forestales, que tenemos en la situación de otras comunas. Esto es una toma de más de 50 años que ha sido avalada por instituciones públicas, que tenía inversión pública a través del gobierno regional, a través del municipio, a través de proyectos donde le habían puesto la luz, el agua, había pavimentación en las calles. Y hoy día se dieron cuenta que esto estaba cediendo el terreno, que habían caídas de tierra, y eso llevó a que con informes de dudosa procedencia, con evaluación a través de drones, estaban decidiendo sacar a esta familia.
Comentarles hoy día que don Luis Fernando González Herrera, de 61 años, que vino a exponer a esta comisión, se quitó la vida. Y hoy día él está muerto. El día de ayer se quitó la vida junto a su sobrino de 40 años. Ambos trataron de suicidarse, su sobrino está hospitalizado grave, pero él desafortunadamente perdió la vida, así es que transmitirle las condolencias a su familia por esta situación.
Y exponer la realidad que vive mucha gente, y que hoy día las instituciones públicas, el Estado, aquí están responsables de lo que está pasando, porque lo dijimos en ese momento, lo dijeron otras diputadas del distrito. Esta era una situación distinta, era una toma avalada por los servicios públicos. Hoy día a ellos no se les buscó solución, se les estaban entregando subsidios para arriendo en una comuna pequeña donde no hay oferta de viviendas. Entonces era tirarlos a la calle, en pleno invierno, cuando el Servio tuvo antecedentes de esta situación hace muchos meses atrás. Empezó a desalojar hoy día, en pleno invierno, a tirar a esta gente a la calle, y las consecuencias son estas. Y es lamentable que hoy día, además, cómplice de esta situación, el alcalde de la comuna que estuvo acá tampoco prestó ni peleó por sus vecinos. Y esto es lo que manifiestan ellos, y lo voy a decir textual. Para buscar los votos, que fue la candidatura hace poco, fue a las tomas a ofrecer que iba a regularizar esas tomas y que los iba a ayudar. Y hoy día les dio la espalda. Esa situación y todo ese acoso que tuvieron estas familias hoy día llevó a esta persona a tomar esa decisión, y no es la única que lo ha dicho, porque ahí tenemos muchos adultos mayores. Los oficios están pedidos, no hay respuesta.
Pero lo que yo hoy día voy a pedir aquí públicamente, a través de usted, Presidente, al Ministro de Vivienda, es que mueva a la directora del Serviu. Es una persona que no ha estado a la altura de los problemas que tenemos en vivienda en la región de Bío Bío. Es una persona que aquí, a través de las pantallas, porque estuvo por Zoom, le dijo a este vecino que se quitó la vida, le traía estudiado todo el historial y esta persona efectivamente había tenido un subsidio en Santiago, pero él llevaba muchos años separado y hoy día estaba en trámite de divorcio, entonces ya tenía un beneficio y él no calificaba para ninguna ayuda. Era tirarlo a la calle y arreglártelas como puedas. Mucha gente hoy día está en esa situación, porque nosotros tenemos en la provincia de Arauco muchas tomas que están en la misma condición y nos hemos reunido con los vecinos, nos hemos escuchado su historia. Entonces aquí creo que hay un Estado que además de tratar de cumplir las leyes, tiene que avanzar en soluciones, y en ese sentido el Estado está al debe. Yo lamento muchísimo esta situación y lo digo y lo voy a decir públicamente y le voy a pedir reunión al ministro para manifestar lo mismo. La directora de Serviu debe ser removida porque no ha dado las soluciones en la vía de de verdad ayudar a la gente y están tirando a la gente a la calle, y eso no puede ser.
Y lo otro que quiero pedir unos oficios referente a una materia que está pasando en la comuna de Los Ángeles sobre proyectos de eficiencia energética con instalación de paneles solares ejecutados por la empresa Comaso. Esto hace mucho rato que está terminado, pero falta la autorización de la SEC. Tiene un problema que está, dice, atribuible a errores en los formularios entregados por el Serviu nuevamente. Contexto de los hechos, en la comuna de Los Ángeles, región de Bío Bío, varias familias fueron beneficiadas con proyectos del Ministerio de Vivienda que buscaban mejorar la eficiencia energética, hoy día proyectos muy anhelados por los vecinos, pero estos proyectos fueron ejecutados por la empresa y las obras, a pesar de estar terminadas hace un año, pero sin embargo los paneles aún no pueden funcionar porque no cuentan con autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y frente a esta situación es que pido que se oficie a la SEC para aclarar lo ocurrido.
Ya lo oficiamos eso y fue respondido donde se explica que hay muchos proyectos similares pendientes de revisión en distintas comunas de la provincia de Bío Bío, Arauco, incluido la comuna de Los Ángeles, y también aclaró la SEC que no aprueba ni rechaza proyectos, sino que solo recibe las declaraciones que presentan los profesionales responsables a través de un formulario técnico llamado T1. Este formulario es el que permite que las instalaciones sean fiscalizadas y se pongan en servicio. Y es aquí donde viene el problema, pues la SEC señaló que muchas de estas declaraciones están mal hechas, con errores o datos incompletos y que la responsabilidad de estos errores es del profesional que actúa en representación del mandante del proyecto. En este caso, como los proyectos fueron impulsados por el MinBus y ejecutados por esta empresa, es el MinBus quien debe hacer las correcciones. Por eso, Presidente, pido que se oficie al MinBus para que dé las explicaciones por qué han sido mal ejecutados o mal presentados estos formularios de todas estas familias de Los Ángeles, que señale el rol que ha tenido el Serviu también en la tramitación de los formularios T1 ante la SEC y cuántos de estos formularios han sido observados, devueltos o rechazados por errores atribuibles al servicio, que indique cuáles son las medidas que el MIMBUA2 ha optado para subsanar la falta de autorización de estas instalaciones y asegurar la correcta habilitación de los sistemas fotovoltaicos ya instalados y que informe si se han otorgado algún plazo a las empresas para dar cumplimiento a lo requerido por la SEC, ya que han pasado más de dos años desde la instalación de los paneles sin que hasta la fecha tengan autorización para su puesta en marcha.
Gracias, Presidenta. Entonces, ¿estamos de acuerdo con los oficios? Acordado.
Presidente, yo quiero sumarme a lo planteado por la diputada Karin Medina. Sería importante, en ese hecho grave, tal vez hacer una sesión de carácter extraordinario para abordar esta situación, porque nos encontramos con una cantidad de campamentos y donde también hay diversas tomas y hoy día no hay presupuesto para poder responderle a aquellas organizaciones. Así que sería, si se pudiera, de parte suya coordinar alguna reunión con los encargados y le pudiéramos dar alguna respuesta.
Por otro lado, considero que sería necesario insistir en un oficio con respecto a los contratos de arriendo que todavía no ha habido respuesta ni acercamiento de ninguna autoridad del Serviu ni tampoco de la Seremia para responderle a la solicitud ya hecha al señor ministro de manera presencial, pero también sería importante volver a reiterarla por la vía del oficio. Son contratos de arriendo que no se cancelaron; los que están en deuda son personas que estaban en campamento, que tuvieron la posibilidad de recibir su vivienda, pero a las personas que son dueñas, donde todavía permanece una cantidad, precisamente en el sector de Franklin, la comuna de Osorno, ellos siguen preguntando cuándo van a tener una respuesta y todavía no hay respuesta para ese planteamiento.
Y lo otro, el presidente y también los diversos parlamentarios de esta comisión planteamos la urgencia de que se hagan llamados en este segundo semestre para los mejoramientos de vivienda. El señor ministro respondió que efectivamente se van a llevar a cabo aquellos llamados, y yo quisiera señalar lo siguiente: en Osorno hay 700 familias que requieren postular al programa de mejoramiento de vivienda del PDA y ellos todavía están a la espera de acuerdo al decreto supremo 255 y donde ahora pretenden incorporarlo dentro del decreto supremo 27. Por lo tanto es importante que se pueda también permitir a estas familias que tienen listo ya prácticamente toda su documentación; se les ha hecho las visitas a sus casas; también ellos tienen claridad qué es lo que falta mejorar y, por lo tanto, también se requiere una respuesta. Gracias.
Este también es un oficio. ¿Estamos de acuerdo con los oficios? Acordado.
Gracias, presidente. Presidente, hace unas semanas atrás tuvimos, yo presenté un problema que existía con unos comités habitacionales en la comuna de Puerto Aysén, en la región de Aysén.
Incluso estaba presente y asume el ministro, pero lamentablemente no hemos avanzado mucho. Entonces, a grandes rasgos, recuerdo cuál es el problema: son comités que están con un sitio de hace cinco años atrás, vienen con un compromiso de compra-venta de parte del Serviu, porque los estudios de suelo ya se hicieron, y después de cinco años, con todos los años prometiendo que se iba a comprar y nunca se compró. Finalmente este año les anunciaron a ellos que el sitio no va porque estaría sobre un humedal. Entonces, ahí han surgido varios problemas y yo quisiera poder invitarlo igual a la comisión para que planteen su problema, pero además de eso, verlo más allá del problema puntual que tienen, porque tiene que ver, presidente, con el tema de los humedales. Aysén es una ciudad que se instaló y que creció y que se formó sobre un humedal, y está rodeada de humedales. Vale decir que si fuese por eso, Aysén no puede crecer más. No podría crecer más. Entonces, como la ley de humedales señala que no se puede construir sobre humedales declarados, por lo tanto, en la comuna de Aysén podrían instalarse. Pero sabemos bien lo que pasa con los ambientalistas: a pesar de que no esté declarado humedal, se podría construir porque se ha construido todo así, con varias capas de tierra que finalmente dejan de ser humedales. Pero sabemos perfectamente que si una empresa se arriesga hoy día—porque eso no sucedía antes—a construir arriba de un humedal, finalmente vienen los ambientalistas, instalan un recurso de protección, se paraliza, se vuelve a salir, podría estar eternamente. Por lo tanto, nadie se atreve hoy día a construir en la comuna de Aysén. Entonces, ¿cómo podemos buscar una solución a eso? Yo entiendo que cuando hay turbera tiene mucho más, porque las turberas existen, o sea, es imposible, por supuesto, a raíz también de la ley que no se puede construir. Pero en humedales no declarados sí debiera poder construirse, pero sabemos perfectamente que es muy complejo, es muy complejo. Entonces, a mí me gustaría, presidente, y si la comisión así lo determina, invitar a estos comités para que planteen su problema, buscar entre todos la solución, cómo avanzar, pero además tratar también el tema de la construcción en humedales, porque no solamente la región de Aysén—Aysén, Puerto Cisne, Ibañez—hay varias comunas que están con el mismo problema que no podrían crecer más. Gracias, presidente.
Vamos a incluir también para la próxima sesión que invitemos a distintos comités. Diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Entiendo que lo que conversamos en la mañana con el diputado Zafirio de poder transmitir acá también lo hizo una colega, pero necesito que también ustedes entiendan el dolor que están pasando las familias de una comuna de San Rosendo y, por cierto, también de la región del Bío Bío y del sector La Antena. Hace menos de un mes, yo hace tres meses pedí esta sesión, presidente. Lo pedí a esta comisión. Yo valoro la voluntad. Se pudo citar acá. Estuvo el ministro conectado unos minutos. ¿Y qué es lo que pedíamos? Que el Estado funcionara, presidente. Y nosotros ser garantes de eso. Pero usted sabe lo que sucedió. Personas que vivían cincuenta años en un cerro, sector La Antena, catastrado como asentamiento precario por un decreto del propio Serviu y que finalmente, en un sector de cien familias—porque había una remoción en masa que no pudieron explicar en detalle todo lo técnico, porque fue un dime y direte de informes mal habidos y después profundizados o no, como en tantas comunas como Lota que tenemos remociones en masa, Curanilagüe y, en fin, en toda parte de la región del Bío Bío y muchas de sus comunas. Pero esas remociones en masa de las cien familias llegaron a catorce familias. Entonces el Serviu dijo, bueno, entonces vamos a sacar a las catorce que están en nuestro territorio, pero no le importó nada que los que estaban en remociones en masa de propiedad privada del mismo sector, municipio, pero ellos se empecinaron en sacar a esas familias, les ofrecieron subsidios. Y esta persona que estuvo ahí, que una directora regional les dijo que no tenía derecho a tener el subsidio de apoyo porque estaba casado cuando estaba separado, o sea, nos metimos hasta en la familia. La persona dijo, mire, tengo tanto miedo que yo creo que me voy a tomar una decisión drástica. Y las familias, varias, pensaron en eso. Bueno, les quiero decir a esta comisión que esta inacción del Estado, del Ministerio de Vivienda, terminó con la vida de esa familia, por una inacción, porque se empecinaron en un señor y yo también.
Quiero que se pidan explicaciones del ministro, de la delegada, de la directora del Servio, porque no podemos seguir en esta indolencia del Estado, de un gobierno que se dice que defiende a los más vulnerables y por otro lado los ataca, no solo con la delegación y la fuerza, con carabineros asusándolos día a día. Un municipio que no les prestó ni siquiera un camión para trasladar sus cosas y ellos tuvieron que desarmar sus casas sin ninguna alternativa. Yo creo que esta comisión tiene que hacerse cargo.
Don Luis González ya no está en este mundo, pero nosotros sí estamos. Y le pido, presidente, que no pueden haber más Luis González en cada uno de los campamentos y más cuando son del Servio. Más cuando el Servio le exige a los privados. ¿Qué sentido social puede tener el Servio si no ayuda al más desvalido? Y lo dejo aquí.
Por cierto, transmito nuestras condolencias a las familias de personas trabajadoras de esfuerzo que construyeron por más de 50 años sectores donde además el Estado ha invertido. Pero se le ocurrió de un día para otro que había que eliminar el cerro. ¿Para qué? No lo sé.
Entonces, perdónenme, colegas, pero esto afecta. Uno se siente tan bien que finalmente su rol no tiene sentido cuando no es capaz de intervenir y hacerle ver a las autoridades. ¿Para qué estamos si no somos capaces de cuidar una vida?
Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Joana Pérez.
Nos sumamos también a las condolencias y ya pedimos los oficios que había solicitado la diputada Karen Medina.
Diputado Borges, puntos varios y luego diputado Araya.
Mire, le cuento que quiero solicitar un oficio al Servio en relación a poder fiscalizar el estado de los departamentos de un condominio que se entregó en el mes de enero de este año en Puerto Montt que se llama Portal Altos de Mirasol 2. La entrega la tuvimos con mucha alegría y mucha felicidad de las familias porque fue en enero, fue en verano, pero ahora, ya llegando el invierno, empezaron a tener problemas los departamentos, estimado presidente.
Y en esos problemas no solamente son de humedad, sino que tienen problemas con habitabilidad desde el punto de vista de las ventanas, de que en los primeros pisos las canaletas que se deberían haber funcionado de buena manera no lo hicieron como correspondía y hoy día tenemos humedad en casi todos los pisos de los departamentos.
Son 220 familias que tenían toda la ilusión de haber tenido un hogar, una vivienda como corresponde y llegado este invierno los departamentos nuevos están casi el 60 o 70 % con problemas.
Me gustaría que el Servio, por lo menos, fuera a fiscalizar, pero también fuera a las reuniones que le ha solicitado la comunidad para que pudieran hablar con la empresa mandante y poder ir ejecutando algunas obras que vayan mitigando esta problemática que hoy día tienen las familias.
Es un condominio nuevo y lo más probable es que, si es que van a seguir entregando viviendas en las mismas condiciones, vamos a seguir teniendo problemas.
Así que me gustaría que la comisión oficiara al Servio de la Región de Los Lagos para que vea el estado de estos departamentos, estimado presidente.
Entonces, acordado.
Solicitar que oficiemos al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad a propósito de los avances, los alcances de la ley 21.633, que es la ley contra usurpaciones, para ver cómo ha sido el avance en la aplicación de esta regulación aprobada por el Congreso Nacional. Eso sería el fiscal nacional en ese caso.
y el Ministerio de Seguridad. ¿De acuerdo? La presente sesión tiene por objeto 1. Continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza el artículo 13 del decreto ley número 1939 de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado correspondiente al boletín 17.581-14.
Asiste el ministro de Bienes Nacionales, señor Francisco Figueroa Cerda; el subsecretario de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Cristian Cuevas Vega; el señor Carlos Olavarría Barrera, biólogo marino; y el juez de policía local de Bichuquén y presidente regional de los jueces de policía local del Maule, señor Mirko Bonacic Doric León.
Perfecto. Gracias. Entonces, ministro, le ofrezco la palabra.
Buenas tardes, diputadas y diputados. Presidente, por su intermedio, agradecer la oportunidad de presentarnos nuevamente a esta comisión con el objetivo de, nosotros ya hicimos una presentación, de, en primer lugar, responder algunas de las consultas que nos hicieron en la sesión anterior a la que asistimos; también de precisar algunas consultas que requerían de nuestra parte mayor detalle. En segundo lugar, ilustrar mejor el problema que queremos atacar con este proyecto de ley. Y en tercer lugar, cómo las innovaciones que incluye este mensaje se hacen cargo de esos problemas.
A grandes rasgos, recordarles que este proyecto tiene por objetivo no ampliar el catálogo de bienes nacionales de uso público correspondientes a playas y cuerpos de agua que hoy día son susceptibles de fijación, de tener un acceso libre, gratuito, garantizado, sino que es de perfeccionar el procedimiento que permite hacer efectivo ese derecho garantizado en el Código Civil y en la Constitución también, y en el Decreto 1939.
Vamos a partir con la respuesta a algunas preguntas.
Contarles que actualmente en la normativa vigente y algo que no estamos modificando con este mensaje de ley, dónde aplica y dónde no aplica la aplicación del artículo 13. El artículo 13, que fija acceso, aplica para las playas de mar, ríos y lagos, sean naturales o artificiales, y sean o no navegables por buques de más de 100 toneladas, que es la definición técnica de un lago menor, uno inferior a que no sea navegable por un buque de más de 100 toneladas. Esto último en función de un dictamen del año 2022 de la Contraloría General de la República, que sí lo estableció y que de hecho funda que estemos ampliando, dejando expresamente que este tipo de cuerpos de agua también son susceptibles de ser accesibles gratuita y libremente. Donde no aplica, esto es una cita textual del artículo 13 del 1939: primero, en vertientes que nacen, corren y mueren dentro de un mismo predio; en segundo lugar, en aguas de lagos menores, no navegables por buques de más de 100 toneladas, situados dentro de una sola propiedad; y en tercer lugar, en estanques de propiedad privada, cuyas aguas acumuladas se fundan en la titularidad de derechos de aprovechamiento de aguas o concesiones marítimas.
Esto responde a algunas de las consultas que hicieron el diputado Hirsch y el diputado Araya también, respecto de situaciones en las que tenían la duda de si aplicaba o no este procedimiento.
Vamos a contarles también con la lámina siguiente, que actualmente de los 76 accesos fijados a nivel nacional en Chile, en los 48 años que desde que el Estado tiene esta facultad, el 30% han sido fijados por acuerdo con los propietarios de los terrenos colindantes y el resto han sido fijados judicialmente. Este es un dato importante que yo relevaba para que no quede tanto la idea instalada de que esto necesariamente es un procedimiento contencioso con los propietarios colindantes. No es menor que el 30% de los accesos sea con acuerdo de los propietarios colindantes.
Y el diputado Mattinson también hizo la pregunta acerca de qué significa concretamente que apliquemos prudencialmente los accesos.
Contarles que desde el año 2024 el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un manual para la fijación de accesos y la gestión de las denuncias que establece, primero que nada, con la idea fuerza de evitar daños innecesarios; señala algunos criterios para la fijación de estos accesos, cómo evaluar la distancia con el camino público más cercano; identificar y estudiar bien las características geográficas del cuerpo de agua y la playa en cuestión; el fin...
que funda la fijación, de ahí que estemos ampliando los fines que fundamentan. El fin es importante para determinar la longitud y la anchura, por ejemplo, de un acceso. Es distinto a un acceso que sirve a pescadores, recolectores, a un acceso puramente recreacional. Y finalmente se tienen a la vista, por supuesto, los instrumentos de planificación territorial.
En la práctica esto se traduce, lo vamos a ver con un ejemplo ahora, en que se intenta fijar el acceso allí por donde cause el menos daño al inmueble colindante y evitando cortar a los inmuebles.
Acá hay un caso de un acceso fijado en abril del año 2024, solicitado con el fin de pesca en la comuna de Navidad, es la Vega de Pupulla en la región de O’Higgins. Aquí pueden ver en amarillo la huella histórica a través de la cual ingresaban a la playa los pescadores y los recolectores, pero esa huella estimamos en el Ministerio que afectaba demasiado al propietario de lo que es el lote A, Hijuela 3, porque cortaba por la mitad ese inmueble completamente. Después, en un diálogo con los pescadores y el propietario, se estudió la posibilidad de una segunda alternativa que afectara menos al inmueble, no se llegó a acuerdo por esa vía y finalmente se terminó fijando el acceso a través de una línea recta, pero finalmente, topográficamente, no era llegar y tomar esa decisión, pero era la que permitió que se fijara el acceso produciendo el menor daño y garantizando el acceso a los solicitantes de este bien nacional de uso público.
Esto es un ejemplo de, concretamente, cómo trabaja el Ministerio de Bienes Nacionales para, ojalá, fijar por acuerdo y, si no, poder sostener en tribunales la fijación del acceso que aquí se determina.
A continuación, recordarles cuáles son los problemas y vamos a ver un par de casos, uno por uno, de situaciones muy concretas que seguramente alguno conocerá en su distrito o le resonará con situaciones que conozca. Nos queremos hacer cargo de cinco problemas.
Primero, el hecho de que hay cuerpos de agua que son bienes nacionales de uso público susceptibles de ser accesibles gratuitamente, pero que no tienen playa por razones morfológicas.
En segundo lugar, playas de difícil determinación. Playas cuyo deslinde, aguas máximas en el caso de ríos o línea de playa oficial en el caso del mar, son de difícil determinación por varias razones que vamos a ver.
La desaparición de playas, producto del efecto del cambio climático, un fenómeno que llegó para quedarse en nuestro país.
La inexistencia de un ente facultado para ordenar la abertura y contarles por qué esto es tan importante para procesar muchas denuncias que tenemos hoy día.
Y la existencia de fines muy limitados para fundamentar un acceso que hoy día son solamente turismo y pesca.
Vamos a avanzar para contarles que, entre enero y abril del año 2025, hemos recibido 155 denuncias admisibles, es decir, denuncias que han pasado el examen que determina que aquí corresponde la aplicación del artículo 13, y se distribuyen de la siguiente manera. El 30 % de estas denuncias son por cobro de accesos allí donde no corresponde; el 26 % es porque hay accesos que están fijados pero están cerrados en la práctica materialmente; el 22 % es porque, si bien no hay un cierre material, hay terceros que regularmente impiden el ingreso; el 9 %, casi el 10 %, es porque allí efectivamente no hay un acceso fijado; y otro 9 % corresponde a otras razones. Con estas modificaciones nos hacemos cargo de una proporción importante de las denuncias que hoy día recibe el Ministerio y que no puede procesar adecuadamente.
Vamos a pasar a ilustrar algunos de los problemas. Primero, cuerpos de agua que no tienen playa porque existen, como les decía, cuerpos de agua que, pese a ser bienes nacionales de uso público por sus características, no la tienen.
Acá estamos viendo un caso que está en estudio en la región de la Araucanía, comuna de Villarrica, el río Melilagüen, donde, pucha, tenemos un río que está rodeado por roquerío y la determinación tanto del cauce, es decir, de las aguas máximas y mínimas, es técnicamente muy difícil y no hay a la vista lo que tradicionalmente se conoce como playa, lo que no quiere decir que este cuerpo de agua reúna las características de ser un bien nacional de uso público. Hay muchos casos de este tipo, pero ustedes se imaginarán la cantidad de ríos que en nuestro país tienen características como las que aquí se muestran.
Después tenemos el problema de la determinación de la playa. Actualmente la normativa exige que se determine…
Administrativamente la línea de playa que la fija el CHOA o de aguas máximas en lagos y ríos que la fija la DOH con colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales. Ambos procedimientos muy complejos y que se traducen en dificultades como las que les quiero mencionar aquí.
Aquí estamos viendo al sector del puerto Pirihueico en Penguipulla, región de los ríos, donde el pronunciamiento interno de Bienes Nacionales, no el procedimiento desde la denuncia hasta la fijación, sino que simplemente entre la recepción de la denuncia y el pronunciamiento de la División de Bienes Nacionales, que es la unidad técnica que se pronuncia, se demoró mucho el estudio y la fijación de la línea de playa en circunstancias que aquí lo que estamos es ante una playa estacional, es decir, una playa que se modifica producto de las estaciones del año. Entonces tenemos una playa muy extensa en verano, que es la foto que se ve a la izquierda, y a ese sector, permanentemente inundado durante el invierno. Pero esta es una playa donde efectivamente hay un cuerpo de agua donde se solicita acceso y no se puede acceder por la existencia de propietarios colindantes.
Vamos a pasar un paso a un caso también un poco típico. De nuevo en la región de Los Ríos, una de las regiones donde más denuncias por acceso tenemos. Aquí hay una playa que había sido usada tradicionalmente por la comunidad en el río Calle Calle, en el sector de Quitacalzón, pero que al cambiar de propiedad en el terreno en cuestión colindante, este nuevo propietario eligió cerrar este acceso. Antes el propietario permitía el acceso y por eso no había sido fijado administrativamente este acceso. El nuevo propietario lo impidió. Materialmente, la comunidad utilizaba este terreno, esta ribera del río, para acceder al río. Y acá lo que costó determinar fue la existencia de una playa y fue fruto de un análisis con imágenes satelitales que demostró que efectivamente aquí había una franja que reunía las características de una playa, pero ese trabajo que 14 meses entre el pronunciamiento de la División de Bienes Nacionales y el procesamiento como admisible de la denuncia hizo que se tardara demasiado en circunstancias que acá estamos hablando de un cuerpo de agua que por su naturaleza es bien nacional de su público. Es decir, era un análisis que estuvo, a nuestro entender, de más. Acá, obviamente, también me dio un análisis que indicó que no habían otros accesos cercanos a este cuerpo de agua. Como les mencionaba en el manual, es algo que tenemos que aplicar, de lo contrario el Ministerio no puede sostener un acceso en tribunales. Se tiene que demostrar que el cuerpo de agua no es accesible en otro lugar. El más interesado en hacer eso es el Ministerio de Bienes Nacionales para poder sostener estos accesos.
Después vamos a contarles un poco el fenómeno de la desaparición de playas, producto de los efectos del cambio climático y la intervención humana, rellenos, entre otros fenómenos. Muchos cuerpos de agua, que de nuevo son bienes nacionales de su público a los cuales les es aplicable el artículo 13, cuentan con playas que están desapareciendo. En esta tablita que viene a continuación, se nos pegó el computador. Tenemos una información del Observatorio de la Costa, un informe del año pasado, 2024, donde tenemos identificado la cantidad de metros que año a año se reducen en distintas playas bien emblemáticas en distintas regiones del país: Ornitos, Antofagasta; Pichicuy en Valparaíso; la Bahía de Concón en la región de Valparaíso también; Reñaca; Caleta Portales; Algarrobo, es un caso muy mediático; Cartagena; Santo Domingo; Los Molles; Pichilemo. En esos casos, pese a la reducción de la playa, sería un absurdo también concluir que por la reducción y eventual inexistencia de esas playas tengamos que dejar de garantizar el acceso a estas playas que históricamente han sido disfrutadas.
Internet se... se cayó el internet. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Volvimos, volvimos. Ahí estamos.
Como ven, como ven la desaparición de playas es un fenómeno que es posible constatar y cuyo avance rápido es una realidad en distintas playas de nuestro país.
Y finalmente, perdón, penúltimo, nadie ordena hoy día la apertura de accesos cerrados. Actualmente los jueces de policía local se encuentran facultados para cursar una multa.
Como ustedes lo saben, producto de una modificación que se hizo al artículo 13, sin embargo, no tienen la facultad expresa de ordenar su apertura y como vimos en la distribución de las denuncias que recibimos, la mayoría son por accesos que están fijados por la administración, pero que materialmente están cerrados y que esa situación permanece ahí porque nadie ordena que se abran y eso ha dado lugar a situaciones conocidas.
Pasemos a la siguiente. En la segunda comuna que más denuncias tiene por acceso a playas, que es la comuna de Tomé, en la región del Biobío, pese a que tenemos un acceso fijado del año 2013, todos los años seguimos recibiendo denuncias por cierre de este acceso. La misma cosa pasa en Pichilemu, en la playa Mónaco, estamos hablando de un acceso fijado del año 1983 en dictadura, y hasta el día de hoy recibimos denuncias por cierre de este acceso.
Y en cuanto a los fines limitados, aquí no me voy a extender porque para eso están acá los invitados y el subsecretario de Ciencias. Pese a que por definición el uso de los bienes nacionales de uso público pertenece a toda la nación, el uso, no su dominio, el uso, la normativa actual garantiza su disfrute a través de este procedimiento exclusivamente para fines de turismo y pesca.
Es decir, nosotros tenemos que fundar en un fin para poder sostener y fundamentar la fijación de un acceso y poder después defender sus características, su ancho, su longitud. Y uno de los ejemplos que quizás justo el diputado Fonsalía salió, porque es un ejemplo de su región, porque es el caso que más conocemos en el Ministerio, en la zona de Panul, comuna de Coquimbo, tenemos una bahía de mucho interés científico, por razones que el experto subsecretario puede conocer, explicar mejor, pero que es inaccesible por la cantidad de condominios privados que impiden el acceso de una bahía en un sector muy, muy extenso.
Voy a finalizar recordándoles cuáles son las innovaciones, las modificaciones que en virtud de estos problemas trae este mensaje. El objetivo, nuevamente, es garantizar el acceso libre a playas y cuerpos de agua en tanto bienes nacionales de uso público, mediante, insisto, no una ampliación del catálogo de bienes nacionales que son susceptibles de ser accesibles gratuitamente, como establece el Código Civil, la Constitución, el Código de Aguas, no estamos ampliando el catálogo de bienes nacionales de uso público, sino que perfeccionando el mecanismo que nos permite garantizar ese acceso.
La normativa actual se fundamenta precisamente en dos artículos del Código Civil y el artículo quinto del Código de Aguas, y mencionarles que a grandes rasgos muchos son los países en el mundo que garantizan el acceso libre a playas y a cuerpos de agua, unos en virtud de lo que se ha dado en llamar el derecho a la naturaleza o el derecho al acceso a la naturaleza. Esto está presente en los países nórdicos y en Inglaterra particularmente, que por características históricas y culturales lo que establecen es la obligación del propietario de permitir el libre tránsito hacia el cuerpo de agua; es decir, allá no tienen instrumentos muy sofisticados para que sea la administración del Estado la que fije, sino que pesa una obligación sobre el propietario para que permita el libre tránsito. Incluso está en los países nórdicos garantizado el derecho a pernoctar en propiedad privada colindante con bienes nacionales de uso público, por supuesto sujeta al respeto de la propiedad privada misma y la seguridad de las personas.
El otro gran paradigma es de los bienes nacionales de uso público, situación en la que se inscribe nuestra normativa y que se relaciona también con lo que pasa en países como España y California, que es países que tienen como el nuestro instrumentos como las servidumbres de paso, de tránsito, y esta fijación de acceso que es muy parecida a una servidumbre de paso efectivamente.
Entonces, recordarles, este mensaje tiene cinco innovaciones. En primer lugar, incorpora a los cuerpos de agua, ese concepto, cuerpo de agua como bienes nacionales de uso público susceptibles de ser accesibles gratuitamente; recordarles que esto no aumenta el catálogo de cuerpos de agua susceptibles de fijación, sino que se complementa actualmente la norma con esta mención a las lagunas, sean o no artificiales, sean o no naturales, y esto permite agilizar el procedimiento de fijación por los casos que yo les detallaba antes, cuerpos de agua que pese a no tener playa son bienes nacionales de uso público a los cuales los chilenos y chilenas deberían poder acceder. En segundo lugar, incorporamos la recreación y el deporte y la investigación científica entre los fines que pueden motivar un acceso, porque pese a que la sola naturaleza jurídica de bienes nacionales de uso público es lo que permite fijar un acceso, se mantiene el deber del Ministerio de Bienes Nacionales de fundar en un fin ese acceso.
que insisto, es relevante también para las características específicas de ese acceso. En tercer lugar, queremos establecer expresamente la competencia de los juzgados de policía local para ordenar la reapertura de accesos que, estando fijados, están cerrados u obstaculizados. Se establece un procedimiento claro para esto y no se elimina, por supuesto, la facultad del delegado presidencial regional de solicitar el auxilio de la fuerza pública. Se prohíbe expresamente la fijación de accesos por artículo 13, no cualquier tipo de acceso, sino que por artículo 13 del 1939 a través de áreas protegidas y de recintos militares, porque acá pesan otras consideraciones como la protección del medio ambiente y la seguridad nacional.
Y finalmente, con algunas modificaciones en el artículo 13, clarificamos el rol de cada institución, del Ministerio de Bienes Nacionales, fiscalizar, proponer, requerir y asesorar, de la delegación presidencial regional, citar a audiencia, buscar acuerdo y fijar prudencialmente. Esto es relevante porque en algunos casos las delegaciones han citado a audiencia a los propietarios y no han convocado al Ministerio de Bienes Nacionales. Y es el Ministerio de Bienes Nacionales el que tiene la experticia, hace el trabajo técnico para poder intentar llegar a un acuerdo. Y finalmente se clarifica cuál es el tribunal competente para conocer la reclamación. Estaba la justicia ordinaria y estamos dejando expresamente que es el juez de letras el que debe recibir una reclamación. Y así quedaría el artículo 13 con estas modificaciones, que presentación que, como ustedes saben, será complementada en particular en lo relativo a la importancia que tiene poder fijar, fundándonos el interés científico, quienes también están invitados hoy día, así como también por parte de los jueces de policía local que nos cuenten cómo... como lo ven desde esas instituciones.
Muchas gracias, a nuestra presentación. Muchas gracias por su presentación, ministro. No sé si les parece, tenemos dos posibilidades, ir a preguntas o quizás mejor escuchar primero al subsecretario de Ciencias, ¿no es cierto? Tenemos cuatro invitados para este proyecto, entonces puede ser bueno escucharlos y vamos agrupando preguntas, si les parece bien.
Entonces le damos la palabra al subsecretario don Cristian Juevas Vega.
Muchas gracias por su intermedio, diputados, saludar a todas las y los diputados de la comisión, agradecer además al ministro por el principio de coordinación del Ejecutivo para efectos de presentar este proyecto de ley. Agradecer también al doctor Carlos Lavarría por la gentileza también de acompañarnos, quien a continuación nos va a hablar desde un punto de vista de real expertise, del biólogo, gracias a la diputación. Y además director del centro CEASA, que está en la cuarta región, un centro de alta excelencia en materia de investigación medioambiental, con foco en Biodiversidad Marina y quien también de manera testimonial nos va a poder dar cuenta de cuáles son las dificultades que desde la investigación nos encontramos en estas dificultades de acceso ordenado y libre a estos cuerpos de agua.
Primero como principio, reflexionar en torno a por qué es importante investigar. En estas materias, la perspectiva nacional que la lleva a cabo el Consejo Nacional de CT6, un órgano autónomo, asesor de presidencia, ha identificado que los fenómenos globales que estamos enfrentando a propósito de la triple crisis climática obliga hoy día a los Estados a generar conocimiento público en materia de biodiversidad. Pero no tan solo con fines de conservación, sino que también... Aquello que está depositado en esa biodiversidad también tiene un propósito y tiene un potencial de desarrollo productivo sostenible. Hoy día la biotecnología es una manera a través de la cual uno podría avanzar en diversificar y sofisticar una matriz productiva. Como ministerio estamos empujando una agenda en el desarrollo biotecnológico. La responsabilidad de los estados por generar bienes públicos en esta materia tiene que ver con propiciar lo que también es un desarrollo productivo sostenible. Entonces, bueno, la investigación científica necesita acceso físico para poder cumplir con su objetivo.