Regiones - Atacama - 5 de junio de 2025

¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, muy buenas tardes. Damos inicio a la presente sesión ordinaria del Consejo Regional de Atacama, la número 11 del presente año. Saludamos a todos quienes siguen la transmisión vía streaming y por las redes sociales del Gobierno Regional y del Consejo Regional de Atacama. La tabla de la presente sesión fue...

Remitida a todos ustedes el día lunes 2 de junio. No tenemos excusas por inasistencia y por tanto procedemos a la aprobación de las actas de la sesión ordinaria número 10 y la sesión extraordinaria número 4. Ambas, ¿sí? Señor presidente, señora consejera, señores consejeros, muy buenas tardes. Por aprobación de las actas, sesión ordinaria número 10 y sesión extraordinaria número 4 del presente año, a favor, ¿cuántos votos? Unánime, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario ejecutivo del consejo para dar lectura a la correspondencia recibida. Gracias, señor presidente. Número 1, ordinario número 403 del gobernador regional, envía presupuesto de funcionamiento de la corporación CIAN para el periodo 2025, financiado con el 5% del presupuesto del programa de inversión. Número 2, ordinario número 404 del gobernador regional, envía reporte de gestión presupuestaria FNR 2025, periodo abril, elaborado por la DIPIR del GORE de Atacama. Número 3, ordinario número 412 del gobernador regional, solicita aprobación marco presupuestario, programa de interés regional, designación directa, glosa 8%, ley 21.732, año 2025. Número 4, ordinario número 414 del gobernador regional, solicita reunión de la comisión de ordenamiento territorial para dar a conocer dos solicitudes de concesiones de uso gratuito de corto plazo e indica. Número 5, ordinario número 416 del gobernador regional, solicita reunión de la comisión de ordenamiento territorial para dar a conocer una solicitud de concesión de corto plazo. Número 6, ordinario número 97 de don Alejandro Escudero Gallardo, jefe de Iplade del GORE de Atacama, solicita reunión de la comisión de desarrollo social con el fin de coordinar una reunión informativa en relación al COSOC de Atacama. Número 7, ordinario número 421 del gobernador regional, envía invitación a reunión de CONEC, lunes 23 de junio a las 15 horas, en el salón Carlos Bríaz de Llago. Número 8, ordinario número 425 del gobernador regional, solicita reunión de la comisión de ordenamiento territorial para dar a conocer una concesión onerosa que indica. Número 9, ordinario número 441 del gobernador regional, solicita reunión de la comisión de medio ambiente para exponer estudio de impacto ambiental del proyecto Extensión Vida Útil Faena de Coipa y Purén. Muchas gracias al secretario ejecutivo y pasamos entonces a tratar los temas de la tabla de la presente sesión. Tiene la palabra en primera instancia el presidente de la comisión de porte, consejero regional Patricio Alfaro. Señor presidente, muy buenas tardes, señor gobernador, saludar al equipo que le acompaña en este día, a los consejeros y a la consejera en este día tan especial. Bueno, señor presidente, me toca dar cuenta, de acuerdo a la tabla, la carta número 121, la cual no tuvo quórum, por lo tanto no la voy a pronunciar, pero sí, con su permiso, señor presidente, voy a pasar a la carta número 126. De acuerdo a esta reunión es la comisión de seguridad y provincial Copiapó, que guarda relación con la presentación del proyecto Gobernación Marítima Atacama. Los consejeros asistentes a esta reunión, don Miguel Ángel San Martín, el señor Hugo Ugueño, don Emilio Bianque Cañas, don Hugo Ugueño, don Fernando Echeglino Pizarro, don Felipe Fuentes Sumarán y don Jorge Torres Torres. Lo invitado a la Gobernación Marítima, el señor Alejandro Escudero de la Diplade. Puntos tratados, la presentación del proyecto Gobernación Marítima Atacama. Expone primeramente el equipo de la Gobernación Marítima, haciéndose principal interlocutor el gobernador marítimo, capitán de fragata don Cristian Ortega Valdivia, iniciando su presentación sobre la organización jurisdicción de aquella institución y finalizando sobre la postulación a los FNDR. En este sentido se indica que se ha postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional otras gobernaciones marítimas vía directemar, señalando a modo de ejemplo las delegaciones de Talcahuano, Coquimbo, Valdivia, que han logrado adquirir diferentes equipamientos para el pronto y cumplimiento del rol de sus funciones de la policía marítima. Así las cosas, el gobernador marítimo señala que su equipo debe fiscalizar y controlar una zona de 75.000 metros cuadrados y sumándola además que es la cuarta zona menos

del país con un equipamiento que sufre cada día desperfectos técnicos tanto en motos, lanchas y vehículos 4x4. Cabe señalar que el equipo que se indica es para uso de policía marítima y no para equipamiento de las Fuerzas Armadas. En este sentido se expone a la Comisión cuáles son las cantidades de materiales que se pretende adquirir a la policía marítima, siendo aquellos los siguientes: un minibús de pasajeros subpolicial, camioneta blindada, camioneta 4x4, moto de agua con carro de remolque, cuadrimoto con carro de remolque, un dron, bote de goma con motor fuera de borda, un minivehículo de operación remota. Además, un dron acuático. Como de acuerdo a la Comisión señala que se realizaron una reunión con el equipo de la DIPLADE a fin de analizar las enmiendas, realizar el proyecto a fin de obtener la ARS. También un tema que quisiera abordar especialmente: una cantidad de observaciones que hace la DIPLADE con respecto a este interesantísimo proyecto que guarda relación y va netamente al apoyo de la policía marítima, que en más de alguna oportunidad nos ha expuesto ahí el gobernador marítimo, el señor Cristian Ortega. Entonces, razón por la cual fue la preocupación de la Comisión poder realizar esta reunión justamente ahí en su jurisdicción, vale decir, en la Capitanía de Puerto de Caldera. Así que un tema muy relevante, especialmente para la región de Atacama. No solamente esto conlleva a la provincia de Coviapó, sino también va en apoyo a la provincia de Chañaral, provincia de Coviapó y la provincia del Huasco. Un tema relevante, lo que puedo informar con relación a estas reuniones, señor presidente. Entonces, si algún consejero quiere también dar un poco de tema a lo que he planteado. Sigue usted con la palabra, presidente, pero nos vamos a referir ahora a la carta 128, ¿no? Sí, gracias, señor presidente. Sí, efectivamente nos vamos a dirigir ahora a la carta 128 que le incorporamos recientemente, que es la Comisión Provincial Coviapó y la Comisión de Educación. Ese tema, situación de establecimientos educacionales de la comuna de Caldera, los consejeros asistentes, don Fernando Yiglino, Miguel San Martín, Jorge Torres, don Felipe Fuentes Sumarán, don Emilio Bianchi; invitados asistentes, la señora Iris Asenjo, representación del SLEP Atacama, la señora Antonella Escobar, jurídica del SLEP de Atacama, y el señor Natán Escobar, concejal de la comuna de Caldera. Y, por supuesto, nuestro gran amigo y de la que viene ahí de Pueblo Hundido, mi gran amigo Freddy Rubina, presidente de la Comisión de Educación. Así que un aprecio para usted, mi amigo Freddy Rubina. Quería saber si estaba atento a los comentarios. Bueno, el desarrollo de esta reunión, señor presidente, en la comuna de Caldera se inicia la reunión de la Comisión Provincial Coviapó con Educación. Los consejeros regionales manifiestan su molestia por la constante ausencia del director del SLEP Atacama en estas instancias políticas, enviando siempre a un representante. Aclarando que no es nada personal con quien lo representa, se reitera que en estas instancias debe participar directamente el director del SLEP. Dicho esto, se da inicio a la reunión formal. Los consejeros regionales, informados por la comunidad ecuativa y por el residir de Caldera, exponen la situación de diversos recintos educacionales que presentan deficiencias que dificultan el normal desarrollo de clases. La Escuela Manuel Orelles Chañes, con una simple llovina, se producen filtraciones debido a los problemas en la techumbre, presencia de roedores y pelea entre alumnos. Liceo Manuel Blanco Encalada, problema de emanación de gases y pelea entre alumnos. El Colegio Bayron Yigú, problemas relacionados con los terrenos. La señora Iris Asenjo, en representación del director del SLEP Atacama, entrega respuesta a las inquietudes a los consejeros regionales, indicando lo siguiente. Respecto a la emanación de gases del Liceo Manuel Blanco Encalada, se detectaron concentraciones de gases y se realizó limpieza de las cámaras por parte de la empresa Anfal, contratada por el SLEP. En otras ocasiones, solo se trató de malos olores y la presencia de gases tóxicos. Nueva Atacama realizó un estudio para subsanar el problema, lo cual requiere una modificación del sistema de alcantarillado. El consejero Emilio Bianque Caña consulta sobre los procedimientos entre la denuncia del evento y la respuesta del SLEP, solicitando que se mejore la rapidez de respuesta, ya que el evento ocurrió el 13 de mayo. El consejero Felipe Fuentes destaca la importancia del principio de coordinación entre los servicios para dar una pronta respuesta. Señala que el municipio generó un decreto de emergencia para agilizar los actos administrativos, pero queda la sensación de que el SLEP queda retrasado y sin capacidad de acción. Finalmente, se informa que el problema radica en las cámaras y el sistema de alcantarillado, por lo que presenta un cronograma de actividades para dar un...

Solución definitiva, ya que hasta ahora solo se han realizado limpiezas de las cámaras. El presidente de la Comisión de Educación, el señor Frey Rubina, comenta que al recibir la información de los consejeros, realizó gestiones directas con el director del ELEP, quien le señaló que no existe un protocolo respecto a la emanación de gases, lo que representa un importante desafío, pues estos eventos pueden repetirse en cualquier recinto de nuestra región. La asesora jurídica informa que existe un proyecto de conservación para dar soluciones definitivas y se está analizando el informe de Nueva Atacama. Se indica que el problema podría tener relación con la construcción de un supermercado cercano, ya que los gases podrían provenir de la parte pública del colector y ascender hacia el recinto educacional. Los consejeros insisten en la necesidad de establecer protocolos de emergencia, claro, ya que actualmente solo se cuenta con la intervención de bomberos y luego los estudiantes deben retornar a clases sin una solución definitiva. El compromiso es solicitar el informe de Nueva Atacama, realizar una jornada de trabajo con la Comisión de Educación, el ELEP y la Dirección Pública para abordar los protocolos de emergencia, el convenio de reprogramación y otras infraestructuras y conservación con el fin de tener una mirada integral de la problemática de la región. Sin más que tratar, se da por finalizada esta importantísima reunión, reitero, realizada en Caldera y sobre todo hay un punto muy aparte que yo quisiera mencionar, la muy buena intervención del consejero Miguel Ángel San Martín, lo que guarda relación en la infraestructura; tiene una perspectiva bastante relevante el señor San Martín, así que se destacó mucho su conversación y se destaca eso por parte del consejero Miguel Ángel San Martín. Lo que puedo informar con respecto a la carta antes mencionada, señor presidente. Muchas gracias, consejero. A ver, la carta 143 tiene relación con el tema de la policía marítima, ¿no? O sea, es lo mismo o hay algo que agregar? Pero va a dar un informe de eso, ¿sí? Entonces tiene la palabra don Patricio. Sí, me tocaron todas las comisiones del inicio del partido, pero como siempre hay abordando en primera instancia. La carta número 143 de la Comisión de Inversiones, que lo preside mi colega acá al lado, don Fernando Yiglino Pizarro, y la Comisión Provincial Copiapó. Tema análisis, proyecto de gobernación marítima. Los consejeros asistentes, don Fernando Yiglino, don Jorge Torres, don Francisco Cortés Payauta, don Hugo Bugueño, don Patricio Alfaro, que les habla. Estuvo el señor Cristian Ortega, Alejandro Escudero, Angélica Silva y equipo de Iplades. Punto tratado, análisis y proyecto de gobernación marítima. Se analiza el tema de la carta de citación a fin de buscar y allanar camino con el objetivo de subsanar la presentación que realizó la gobernación marítima y directa y mar frente a su proyecto de compra de equipamiento para la policía marítima, en la cual presentaba nueve observaciones, las cuales a modo de ejemplo son uno, aclarar el valor del dron a comprar, dos, actualización de las tres cotizaciones, tres, definir claramente el contexto del problema, el proyecto y por qué del problema, cuatro, listado de vehículos operativos, años de fabricación y cuál es su vida útil. Son algunas observaciones. Cabe recordar que la presente reunión realizada el 3 de junio tiene su origen en el acuerdo de logro de la Comisión de Seguridad más la Comisión Provincial Copiapó, en la que sesionó en la gobernación marítima de Caldera el día 24 de mayo. La carta recientemente la entregué. Así las cosas, con fecha 24 de mayo, el gobernador marítimo expone el proyecto de recambio de vehículos y la compra de drones acuáticos a fin de mejorar la función y trabajo de la policía marítima de la región de Atacama, la cual compromete minibús de pasajeros, subpolicial, camioneta blindada, camioneta 4x4, moto de agua con carro de remolque, cuadrimoto con carro de remolque, dron, bote de goma con motor fuera de borda y el minivehículo. Después de analizar las nueve observaciones, se levanta la reunión a fin de que se subsanen aquellas observaciones que plantea la Diplades. Aquí existió, señor presidente, un diálogo bastante relevante, especialmente con el equipo que preside Alejandro Escudero y el gobernador marítimo, justamente para que exista esa alianza y, a la verdad, poder subsanar estas nueve observaciones que, entre comillas, tienen trampada, digamos, este interesantísimo proyecto que también estuvo presente mi colega Fernando Yiglino en la Comisión de Inversiones, justamente para ver el marco presupuestario con relación a lo que está solicitando ya, reitero, hace bastante tiempo, la Gobernación Marítima de Atacama. Bien, muchas gracias al presidente de la Comisión Provincial de Copiapó. Tiene la palabra el consejero Fernando Yiglino. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, a nuestro administrador, a los funcionarios de la Comisión Provincial de Copiapó.

La verdad es que esta reunión se gestó en base a la primera que se realizó en Caldera porque, tal como lo expresó el jefe de división Alejandro Escudero, había nuevas observaciones que no eran muy gravitantes, que eran fáciles de solucionar. Por lo tanto, había que analizarlas una por una para poder irlas destrabando, porque no sacamos nada con seguir meses, porque es lo que decía el gobernador Marito: me han pedido tres cotizaciones de los vehículos, ya ninguna empresa me quiere dar más cotizaciones y, lamentablemente, este proyecto que nació con la idea en esta región se implementó en otras regiones mucho antes que nosotros. Ahora, yo tuve la conversación con William y, la verdad, es que no tenemos un presupuesto digamos sobrante como para poder atender todas las necesidades de este año, pero sí se podría, si aprobáramos este proyecto, subsanar las nuevas observaciones que no son muy complejas; podría este año partir con algunas adquisiciones y, posteriormente, en el 2026 sería para completarlas. Entonces, en ese tono fue más o menos la conversa. Igual que lo muy de acuerdo, está toda la colaboración de la DIPLADE con Alejandro Escudero, con Carlos Treisman, que también estuvo ahí, y yo creo que esto se va a subsanar luego para que pueda usted después enviarlo al CORE para poderlo analizar y decir que podemos aprobar este proyecto. Gracias. Muchas gracias, consejero Yiglino. Nadie más. Bien. Tiene la palabra la consejera Fabiola Pérez, presidenta de la Comisión Provincial del Huasco. Buenas tardes, presidente, saludo a todos los presentes y me corresponde entonces dar cuenta de la Comisión Provincial del Huasco y la Comisión de Infraestructura, citada de acuerdo a la carta número 134. El tema a abordar fue el análisis del estado de avance de la ejecución del proyecto planta desaladora de la localidad Chañaral de Aceituno. Esta reunión, como señalo, se hizo en conjunto a la Comisión de Infraestructura presidida por el consejero Miguel Ángel San Martín. Contamos con la presencia del consejero ya mencionado, de don Jorge Torres, de don Igor Verdugo y de quien les habla. Y respecto de los que formaron parte de la misma reunión, estuvo el alcalde de la comuna de Freirina, don Fernando Rull, el administrador regional, don William García, jefe de la división de Presupuesto del gobierno regional, el jefe de división de Fomento, don Gonzalo Sangüesa, la señorita Angélica Silva de la división de Infraestructura y Transporte, el representante también de la Seremi de Salud, don Rodrigo Loyola. Se sumó también el director de obras portuarias del MOP, don John O’Brien, la presidenta de la junta de vecinos de la Caleta Chañaral de Aceituno, la señora Paola Yarzún Segovia, representantes también de la APR y, en representación del sindicato de pescadores, don Ángel Calandianos, además de otras personas que se sumaron a la reunión. Solamente quiero señalar que este proyecto, que surge como una iniciativa de relevancia para la región de Atacama, en términos de que daba respuesta a una problemática sentida del territorio, que era la necesidad de contar con una fuente de agua. Entendamos que la localidad de la Caleta Chañaral de Aceituno depende del agua a través del sistema sanitario rural o ex APR de Carrizalillo. Por lo tanto, la APR de Carrizalillo alimentaba tanto la localidad de Carrizalillo como la caleta y, en ciertas temporadas, que cada vez se estaban haciendo más frecuentes, se generaba una caída del sistema de dotación del elemento vital que es el agua, porque no daba abasto, dado que la Caleta Chañaral de Aceituno tiene una población en ciertas temporadas muy alta en virtud de la actividad turística que se desarrolla en la misma. Por lo tanto, cuando en la comunidad se planteaba cuál era la necesidad primera que tenía la Caleta Chañaral de Aceituno, la primera necesidad era agua. Desde esa perspectiva, el municipio de la comuna de Freirina, en un trabajo también colaborativo con el gobierno regional, presenta este proyecto de la instalación de una planta desaladora que venía a constituirse como una fuente que alimentaba el sistema sanitario rural de Carrizalillo y que resolvía, por lo tanto, el problema en cantidad y en calidad. Era un proyecto que fue evaluado por la DIPLADE.

ya no, obviamente por las características del mismo se analizó en ese momento, no pasó obviamente por el Ministerio de Desarrollo Social, y el proyecto era un proyecto, se suponía de rápida ejecución. Vamos hablando de que el proyecto en sí, para ejecutarlo, era una instalación rápida, dos meses aproximadamente, y ya la caleta y el sistema iba a contar con esta fuente, con esta nueva fuente de agua. No obstante, en el desarrollo en sí del proyecto se ha manifestado una serie de dificultades, dado que ni siquiera voy a dividir el análisis en dos instancias, la instancia de los permisos necesarios para la instalación y funcionamiento de la planta y la resolución sanitaria. El problema en la actualidad está enfocado en la primera etapa, que tiene que ver con los permisos necesarios para el funcionamiento de la planta, ¿ya? Y es aquello que, ¿cómo se llama?, que durante todo este tiempo, desde que la planta ya está instalada prácticamente operativa, no ha podido entrar en funcionamiento ni tampoco pagársela al proveedor que participó del proceso de la licitación porque, obviamente, no está formalmente funcionando. La municipalidad presentó ante la Seremia de Salud la carpeta para poder, obviamente, obtener los permisos necesarios, pero, entendiendo, y así lo planteó la municipalidad en la reunión, que el proyecto que se instaló no es el proyecto prácticamente que se adjudicó o contrató. Ya, desde esa perspectiva han tenido que modificar planos y otro tipo de exigencias que también pide el sector de salud para poder otorgar los permisos necesarios. Lo más grave en esto es que a la fecha se plantearon en un primer término treinta y tantas observaciones, me parece que fueron treinta y dos observaciones, de las cuales, a la fecha de la reunión, quedaban ocho por resolver, ya algunas de mayor complejidad y otras de menor complejidad. Dentro de las de mayor complejidad es que tenían que tener un pronunciamiento del servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Y es así que se ingresó ya la carpeta al CEA para poder obtener y que el CEA determinara si correspondía evaluación ambiental y si era así o no. Si era así, ¿qué tipo de evaluación ambiental iba a corresponder? ¿Una DIA o un estudio de impacto ambiental? Ya, a la fecha de la reunión, esa información no había respuesta del CEA. Pero lo más grave es que, en virtud de que el sector de salud recibe esta información, que está iniciando un proceso para normalizar todo el tema de los permisos, se vio obligado, de acuerdo a lo que se planteó en esa instancia, a notificar a la superintendencia de medio ambiente respecto a que había iniciado el proceso y que no se contaba, ¿me entiende?, con el pronunciamiento del servicio de evaluación ambiental. Por lo tanto, la superintendencia de medio ambiente inició un proceso de fiscalización de todo esto. ¿Por qué es grave? Porque pudiera ser que, frente a la solicitud que hace el municipio, el servicio de evaluación ambiental dijera, ¿sabes qué? No corresponde que exista evaluación ambiental, dadas las características del proyecto, etc. Pero si la superintendencia de medio ambiente señala que sí corresponde evaluación ambiental, el CEA se va a tener que subordinar a la decisión de la superintendencia. Y esa decisión de la superintendencia o pronunciamiento recién se va a determinar en un plazo aproximado de dos meses. Por lo tanto, esperamos que, en ese lapso de tiempo, se puedan levantar el resto de las ocho observaciones y saber qué es lo que va a pasar, entendiendo que cualquier proceso de evaluación ambiental, pudiendo ser una DIA, nunca va a demorar menos de seis meses. Nunca va a demorar, si es que fuera una DIA. Si fuese un estudio de impacto ambiental, puede demorarse fácilmente dos años sin tener esos permisos. Ni siquiera, obviamente, se puede aspirar a tener la resolución sanitaria para el funcionamiento. Esto conlleva diferentes problemas. Tenemos a un proveedor que instala, hay varias situaciones ahí porque la apreciación de algunos es señalar, de alguna de las voces que estaban en la mesa, es decir, bueno, pero era de responsabilidad del proveedor. Entendemos que esto está complejo desde el comienzo. Ustedes saben que, además, en el proceso de licitación hubo reclamaciones de un proveedor que resultó no adjudicado, ¿no es cierto? Pero más allá de eso tenemos un proveedor que instaló, la planta en la actualidad está funcionando con el generador de respaldo, no con el generador oficial. Ya ha habido vandalismo.

han ingresado a, se robaron 500 litros de combustible, entre otras situaciones, y además para que la planta se mantenga, a lo menos tienen que hacerla funcionar una vez a la semana. No obstante, pudiera ser que si esto se dilata demasiado en el tiempo, tengamos una infraestructura, un equipamiento más bien, que obviamente va a sufrir deterioro sin todavía estar al servicio ni cumplir el objetivo para el cual fue financiado. Es una situación sumamente compleja de gravedad, entendiendo sí que este es un proyecto que siempre tuvo gran valor, porque daba respuesta a una necesidad que era la necesidad primaria que manifestaba la comunidad en términos de resolver el tema del agua: el agua para el uso de las personas como prioridad, pero también el agua para el desarrollo de la actividad turística en un territorio que ha sido priorizado también por la inversión en esta materia, especialmente de difusión. Por lo tanto, estamos en una situación sumamente compleja. Un proveedor que, además, porque esto fue en una glosa específica, que era la adquisición de la planta, por lo tanto aquí no hay estados de pago que diga: ya, se instalaron las obras, se paga el 5 %; ya, hubo tal nivel de avance, se paga el 20 %. No: aquí se paga cuando la planta esté funcionando. Es lamentable realmente lo que está ocurriendo. No obstante, lo que conversamos también con los consejeros y los presentes es que no nos queda nada más que la función de tener permanente control y seguimiento a lo que está ocurriendo y solicitar también que la división correspondiente, que me imagino debe ser la división de infraestructura, pueda también tener como prioridad el seguimiento permanente de este proyecto. Porque pudiera ser que al final se dilate demasiado en el tiempo una infraestructura que se va a deteriorar, que vamos a tener que después levantar, o que se va a tener que levantar un programa para mejorar la planta que aún ni siquiera entra en funcionamiento. Aparte del costo social que manifiestan los representantes de las organizaciones de la caleta, pero que ya hasta este momento —voy a utilizar un término bien especial— están tan entregados al respecto que lo único que señalan es la esperanza de que este proyecto pueda entrar en funcionamiento en el mes de diciembre, porque inicia ahí la temporada alta para ellos, vinculados también a la actividad turística. Nosotros asumimos compromisos de trabajo, de seguimiento, junto a la comisión de infraestructura, y le solicitamos al municipio que nos enviara un informe de todo el proceso: un informe técnico de todas las etapas que han tenido que seguir avanzando. Por otra parte, la Seremía manifiesta su compromiso de no aplicar la norma en cuanto a los tiempos y a las interacciones, porque si hubiesen aplicado esa normativa ya tendrían que volver a ingresar la solicitud prácticamente de nuevo; en cambio, han aplicado esa flexibilidad. Nosotros tenemos acuerdos, pero son acuerdos de trabajo, nada que se tenga que votar. Aprovechamos en esa oportunidad también, junto a los consejeros que estuvimos presentes, porque sabíamos que iba a surgir el tema, surgieron consultas —y lo quiero mencionar, no haber estado dentro de la carta— pero era un tema que sabíamos que se iba a generar y estaban los actores en la mesa para responder, y tiene que ver con el programa aprobado a INDESPA para la compra de motores de la Caleta Chañaral de Aceituno, que es para los pescadores en realidad; esto es un monto de inversión aprobada de 801 millones de pesos. Se informó que el programa se encuentra en la DIPRES, en el proceso de creación presupuestaria, y se estima que la aprobación de todo esto se debería llevar a más tardar en el mes de julio, luego de lo cual habrá un plazo de dos meses para que se inicie la ejecución del mismo. Surgió el compromiso de que, en ese tiempo, se va a formalizar el convenio de colaboración, se enviará a la Contraloría para la toma de razón y posteriormente se realizará el proceso —todo lo que corresponde—, ¿no es cierto? Pero aquí es muy importante un trabajo que se tiene que realizar entre la división de fomento, que es el levantamiento del requerimiento técnico de los motores, porque también lo conversamos con el consejero Miguel Ángel: para este tipo de embarcaciones, porque este proyecto va asociado a lo productivo, pero no a la pesca, sino al tema turístico, y como es un sitio también de protección y que debe cumplir ciertas características de acuerdo a la normativa vigente. Desde esa perspectiva, nosotros le solicitamos al jefe —él señaló que cuando, en una mesa o en algo regional que se va a hacer con la pesca, iba a tener esa instancia de trabajo—, pero nosotros le solicitamos, gobernador, que siguiera en el marco del trabajo de la comisión, cosa de que pudiéramos llevar una reunión específica junto a los integrantes del sindicato para definir la…

Ya tener eso preparado para cuando llegue efectivamente el momento de que INDESPA pueda definir los términos de las bases, del proceso de compras y todo lo demás. Eso, fundamentalmente, no tuvimos mayores dificultades en aquello, los pescadores asumen los tiempos y también entienden el valor, pero es el mismo requerimiento, que ojalá esto pueda estar para el proceso de la temporada alta, que es en los meses que ya señalé. Se solicitó que se cumplieran los plazos, recordando que la fecha de entrega inicialmente comprometida por alguien por ahí era en el mes de marzo y, actualmente, no el gobernador, por el Mario, y actualmente estamos en mayo, entonces hay que manejar bien el tema de los plazos. Y vamos a realizar, el acuerdo fue realizar una reunión con DIFO, como ya lo señalé, en este contexto, como parte del trabajo de la comisión. Y el tercer punto que salió en la conversación, gobernador, tiene que ver con el convenio de obras portuarias, con el proyecto de obras portuarias para la Caleta de Chañaral de Aceituno, un proyecto de larga data. Ese proyecto está súper avanzado, se licitó la obra, la ejecución. La disponibilidad era de 8.000 millones, pero las ofertas se superaron y, por lo tanto, la oferta más baja es de 11.000 millones y la más alta de 16.000 millones. En este momento, Obras Portuarias de la región de Atacama ya presentó la solicitud para la Dirección Nacional de Obras Portuarias para no tener que hacer todo de nuevo y que vaya una revaluación al proyecto, que pueda, desde el nivel central, entregársele la diferencia y así poder, en el mes de julio aproximadamente, ya tener resuelto este tema. Ellos estiman que ese es el plazo y que, si todo resulta favorable, en agosto se podría adjudicar la obra con inicios de trabajo en el último trimestre del presente año. Ese es el escenario ideal, que, dado la historia del proyecto, dado que ya se licitó la ejecución y que hay un problema de una diferencia, ese sería el escenario ideal. El escenario negativo sería que, efectivamente, tendrían que revaluar el proyecto y todo lo que ello involucra. Eso es lo que puedo informar, presidente y consejero. No sé si el consejero San Martín va a agregar algo, pero los acuerdos son acuerdos de trabajo, y fue muy valorado por la comunidad de La Caleta, a pesar de que hubo momentos; bueno, usted también sabe cómo la dinámica y la identidad de los territorios, igual se agradecen los espacios de trabajo donde se transparentan las situaciones, donde se transparentan porque ellos, mejor que nadie, saben que, al menos en el tema de la planta desaladora estamos en una situación que podríamos catalogar de una gran complejidad, entendiendo sí el valor del proyecto, que eso no le queremos restar el mérito y el sentido por el cual surgió, pero no se consideraron aspectos técnicos esenciales que, en este momento, nada ni nadie, si es que no se cumple aquello, va a permitir que, si no se cumple todo lo que tiene que ver con permisos y todo lo demás, se le paga al proveedor ni, mucho menos, que la planta entre en funcionamiento desde la formalidad. Eso, presidente. Muchas gracias a la presidenta de la comisión. Solo quiero agregar un concepto. ¿Puede opinar? Por supuesto, consejero Santana. Bueno, yo no estuve en esta reunión en la Caleta. Este es un proyecto aprobado por el Consejo Regional y tiene un valor de, entiendo, cercano a los 2.000 millones de pesos, ¿no? La planta desaladora, 1.500 millones de pesos, no es menor. Y lo aprobamos nosotros. Esto se aprobó en el Consejo Regional de Atacama y yo no sé realmente, o sea, yo encuentro, gobernador y colega, yo encuentro acá un nivel de negligencia pero gigantesco. Gigantesco. O sea, ¿cómo es posible que un proyecto, en primer lugar, en el municipio de Freirina, no se considere todas las cosas que tenía que tener este proyecto? Todos los permisos, las autorizaciones, los planos; aquí se plantean planos, en fin, una serie de situaciones, digamos, de requerimientos que tenía un proyecto. En primer lugar, la negligencia del municipio y de las autoridades, digamos, municipales. Y, en segundo lugar, yo tampoco me explico cómo pasó por acá, por el gobierno regional, cómo aprobamos un proyecto, ¿verdad?, que no tenía ningún anexo, no tenía nada. ¿Cómo eso puede pasar? Se le dio la recomendación técnica y se lo…

derivó al Consejo Regional para que nosotros aprobemos. Yo entiendo que cuando nosotros aprobamos acá, estamos hablando de un proyecto de 1.500 millones de pesos, cuando nosotros aprobamos, estamos aprobando iniciativas que vienen completas, que vienen con su documentación, con sus anexos. Nada de eso hay acá y pasó por todo estado y lo aprobamos. A mí realmente me parece esto de una negligencia. Ahora, ojo, esto se puede traducir porque vamos a ver cuál es la reacción que va a tener el privado. Porque el privado acá hizo una inversión, yo creo, importante, muy importante, que está instalada ahí y lo que está ocurriendo ahora es que se están robando las cosas. O sea, si esto permanece y se extiende en unos meses más, como sabemos nosotros que a veces ocurren estas cosas, capaz que, y por lo tanto no sabemos qué respuesta o qué reacción va a tener el privado, ¿verdad? Y qué consecuencias va a tener para el Estado esto. Para la municipalidad y para el gobierno regional, que es el responsable financiero de este proyecto. Yo no sé qué es lo que corresponde. Yo creo que acá, gobernador, hay que ver las responsabilidades de las personas. Porque claro, nosotros podríamos permanecer sin hacer nada, dejar ser, ver que toda esta situación ocurre, que todas estas negligencias ocurran, y finalmente tener un desastre como ha ocurrido en otras oportunidades, digamos. Entonces yo no sé cómo se maneja ahora el tema de las responsabilidades acá. ¿Qué hacemos nosotros que en su momento aprobamos esto? No sé si la comisión fiscalizadora entra a ver, digamos, en detalle toda esta situación. Si derivamos todo esto a la Contraloría para que la Contraloría le eche una miradita a todo esto. Ya estuvo en la Contraloría en una primera parte, ¿verdad? En el momento de la licitación, porque no sé qué cosa ocurrió ahí, ¿verdad? Y entiendo que alguno de los participantes de las empresas ya hizo en ese momento ya una presentación a la Contraloría, pero ahora el panorama que tenemos es completamente un desastre en esto. Entonces yo no sé, colegas, no sé, la comisión de fiscalización irá a evaluar toda esta situación, qué es lo que corresponde que nosotros hagamos, ¿verdad? Como consejero regional. Eso quería agregar, pero me parece de una negligencia. Sí, muchas gracias, consejero. Yo no sería tan categórico, yo creo que en esto hay que poner un poquito de paño frío. Este tipo de proyectos, en todo caso yo le voy a hacer llegar a la comisión del Huasco que ha estado encabezando esta tarea junto con la comisión de infraestructura, un informe que estamos preparando respecto de las competencias y las obligaciones que tiene este tipo de iniciativas. Cuando partimos con este proyecto, lo hicimos sobre la base del convencimiento de que no eran iniciativas que ingresaban al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, no todos los proyectos ingresan al CEA. Eso también hay que tenerlo presente. Por eso es que nos llama profundamente la atención la intervención de la superintendencia. No todos los proyectos ingresan al CEA. Y por lo tanto vamos a solicitar los antecedentes respectivos para poder fundamentar esto. Y en segundo lugar, hay que tener presente que cuando se toma la decisión de financiar esta planta, estábamos bajo la vigencia del decreto de escasez hídrica, que estuvo vigente en la región de Atacama hasta noviembre del año 24. Y el decreto de escasez hídrica también flexibiliza algunas normas. Por algo se dictan estos decretos. Cuando se dicta un decreto es como los decretos de emergencia, que te inhiben de cumplir con todos los requisitos administrativos para garantizar, en primer lugar, el abastecimiento de agua potable. Que es la prioridad, digamos, ¿no? Es la prioridad y es la razón por la cual se tomó la decisión de avanzar con esta iniciativa, con la modalidad de financiamiento del subtítulo 29. Ahora, en esto también, obviamente, vamos aprendiendo respecto de las decisiones que tomamos. De hecho, siempre pensamos que Chañaral de Citono podía ser un modelo bien interesante a replicar en otras localidades del borde costero, pero ya a la luz de lo que pasó en Caldera, por ejemplo, el municipio de Caldera está pensando en un proyecto similar, pero lo van a ingresar al subtítulo 31 y van a pasar por mi idea de eso y se van a demorar 6 años. Pues esa es la...

La realidad de las iniciativas de inversión. Entonces pensábamos que por este camino íbamos a ir un poco más rápido, pero teníamos esa certeza, que eran proyectos que no ingresaban al CEA, que además estaban bajo el paraguas del decreto de escasez hídrica, que es importante tenerlo presente. Y en tercer lugar, contaba con una autorización del sindicato de pescadores de la caleta Chañar del Aceituno, que tiene una destinación de una concesión otorgada por el Servicio Nacional de Pesca. Por lo tanto, con eso el sindicato facultaba a la planta para que pudiera funcionar. Lo que no estaba muy claro era si el funcionamiento de la planta estaba dentro de los usos definidos en el plan de administración de la destinación. Y eso se corrigió por parte del sindicato. Se corrigió, se modificó ese comodato y además avalado por el Servicio Nacional de Pesca. Y lo que está pendiente ahí es la convocatoria a un comité interinstitucional que tiene que ratificar esta decisión del Servicio Nacional de Pesca. Entonces, ojo ahí, seamos cuidadosos con las afirmaciones, porque creo que en esto no hemos cometido errores. De hecho, este proyecto... Eso fue muy radical. Siempre podemos cometer errores. Lo importante es no cometer horrores. Podemos haber cometido errores. Los errores se pueden corregir. Ahora, esto se basó en el modelo de la planta de la caleta Duau, donde estuvo presente una comitiva de Freirina. Esa planta está funcionando. Funciona perfecto para los habitantes de la caleta Duau en el sector de Iloca y no tiene ningún inconveniente en materia de funcionamiento. Y lo otro que hay que tener presente, porque aquí también ha habido varias conversaciones. Yo personalmente he sostenido algunas conversaciones con la Seremia de Salud, con la directora regional del CEA, y quiero ser súper responsable con esto, con la directora nacional del CEA y también con la ministra de Salud. A mí lo que me preocupa es cuando los servicios se arrogan facultades más allá de las que tienen, porque el Ministerio de Salud tiene que velar porque se cumplan las disposiciones que tienen que ver con la salud de la población. Pero me llama la atención cuando el Servicio de Salud también se mete en otras áreas que no son de su competencia. Y de hecho, no todos los servicios están obligados a consultar al Servicio de Evaluación Ambiental. Eso también me lo dijo muy claramente la directora nacional del CEA. De hecho, Caldera, en su proyecto, no va a ir de consulta al CEA porque entienden que ese proyecto no ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por la cantidad de personas que van a beneficiarse de la planta y por el monto de la inversión. Ahora, si tú le vas a preguntar a la superintendencia, obviamente que te va a decir que sí, porque es parte de sus funciones fiscalizadoras. ¿Me entiendes? Pero por eso es que es un tema que hay que conversarlo, hay que ver cómo lo resolvemos, porque ahí también están las esperanzas de las personas. De este tema del agua se viene hablando hace muchos años. La primera vez que me junté con la comunidad de Carrizalillo, una de las primeras cosas que plantearon fue esta, porque el APR de Carrizalillo no daba abasto para cubrir las necesidades de la caleta y de Carrizalillo. Por lo tanto, esta solución era una demanda que se venía trabajando de hace bastante tiempo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder resolver este problema, porque efectivamente están los intereses de la comunidad, hay un contratista al cual no se le ha pagado, efectivamente, y eso también puede tener otro tipo de consecuencias. Y hay una planta que, no sé si la han visto, que es un buen proyecto, digamos, ¿no? Es un buen proyecto que va a ser funcional a los intereses que tiene ese sector. E insisto, para nosotros era un buen modelo como alternativa de solución para los problemas de escasez hídrica que tienen varias localidades. Incluso estábamos pensando en una figura similar para los problemas del sur de Bahía. Pero obviamente esto que ha ido pasando ahora es muy bueno y no sé si a través de la comisión podemos trabajarlo, pero que los servicios también nos digan antes, antes cuáles son sus exigencias, porque los servicios son re buenos para intervenir después, pero nunca antes, porque tú vas antes y le quieres preguntar, nunca te dicen cuál es el criterio, por ejemplo, para inversiones de pequeña escala, cuáles van a ser los criterios de salud, cuáles van a ser los criterios en materia medioambiental. Porque si estamos hablando de soluciones de pequeña escala, ¿qué sentido tiene ir al CEA para que me obliguen a presentar una vía? O sea, eso no es viable. Mejor me voy por un proyecto de largo aliento.