Cámara de Diputados - CEI 72 Robo cables de cobre - 9 de julio de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El secretario dará lectura de la cuenta. Buenos días, Presidente. Se dan cuenta de los siguientes documentos llegados a la comisión. Un correo de fecha 2 de julio de la Compañía General de Electricidad Sociedad Anónima, CGE, remitido por el señor Ernesto Peña Fiel Morgan, director de Servicios Jurídicos, en el cual adjunta las respuestas comprometidas en aquella sesión. Respuestas a las preguntas.

formulada por la comisión en la sesión número 3 de esa misma fecha. Y un correo de fecha 8 de julio de la diputada Francesca Muñoz González, en la que manifiesta que en la sesión celebrada el 2 de julio pasado, la dicha compañía eléctrica CGE informó que el robo de cables se ha incrementado en un 14.771% al comparar las cifras de los años 2024 y 2025 en la región del Bío Bío. Ante la gravedad de tal situación, solicita que se pueda recabar el acuerdo de esta comisión para que ésta efectúe una sesión de manera presencial en la región del Bío Bío con el propósito de conocer en terreno y a través de las autoridades y entidades competentes las acciones que ha implementado el gobierno para enfrentar este grave problema, el que impacta directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos. Sobre el punto, presidente, me permito recordar a la comisión que ya se acordó la celebración de dos sesiones en terreno, por lo cual este punto tendría que ser nuevamente sometido a reconsideración y usted decidirá, presidente, si es el momento de volver a someterlo o lo dejamos para otro momento de la sesión o de otras sesiones. Pero esa es la solicitud explícita de la diputada Francesca Muñoz, junto con el cual solicita se tenga por excusada su inasistencia por motivos médicos. Gracias, secretario. No hemos tenido acceso nosotros al correo electrónico de la empresa CGE. No sé si será muy bien. Se adjuntó en los documentos de la comisión, pero podemos hacerlo llegar, Cris. No, son bastante precisas. Incluso creo que perderíamos un poco de tiempo si le diéramos lectura, pero lo adjuntamos al chat de la comisión. Fue enviado a los correos de toda la comisión, a los correos, diputado. Fue enviado la semana pasada, el mismo día que llegaron, sí. Son tres planas. Lo permitimos de inmediato, presidente. Sería bueno que en las comunicaciones tratáramos de tener todos los documentos vía WhatsApp, porque creemos que es la manera más rápida de poder hacerlo. Y respecto de la solicitud de la diputada Francesca Muñoz, yo soy presidenta accidental, entonces no puedo tomar una decisión como esa, pero entiendo que la semana cuando se discutió respecto de las sesiones, inclusive habían otras solicitudes de poder hacer más sesiones en regiones, como la del diputado Tapia, quien había solicitado el poder realizar una sesión en Atacama, pero esta decisión había sido desestimada por cuanto teníamos un calendario que no era un calendario muy amplio, muy extenso, teníamos una serie de invitados, entonces se había desestimado porque habíamos quedado en hacer esto en Coquimbo y en... Lo que se acordó, presidente, fue en definitiva hacer a grandes rasgos una sesión en la zona norte y una sesión en la zona sur. Y en la zona norte absorber los problemas de Atacama, eventualmente Arica y Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo o La Serena. Y en la zona sur, a petición del diputado Zafirio, se acordó hacerlo en la Araucanía, en Temuco, y bueno, ahí se absorberían los requerimientos de la zona sur. La petición de la diputada Muñoz es reconsiderar la localidad o la ciudad donde se haría el encuentro respectivo a la zona sur. Eso habría que reconsiderarlo. Las fechas son el 24 de julio la primera reunión en Coquimbo y la segunda el 7 de agosto en el sur. 24 de julio, dos jueves más. Gracias, presidente. Bueno, para referirme al punto 2 de la cuenta, que efectivamente la diputada Muñoz está con licencia por temas de salud, pero...

Para poder hacer énfasis en esto, porque no es una solicitud, a todos nos gustaría que nuestra región estuviera en la comisión, por supuesto, todos tenemos la misma problemática, pero a raíz de que es el mayor aumento que tenemos de robo de tabla, yo creo que sería interesante e importante que esta sesión se pudiese llevar a cabo en algún momento, más allá de la agenda que se tiene, más allá de los invitados, incluso muchos invitados de la zona podrían asistir a la misma comisión, para que se pueda considerar, porque no es reconsiderar lo que ya está, sino que es una nueva solicitud. Yo sé que no está el presidente, pero quizás para que lo tenga en cuenta el secretario y cuando esté el presidente y haya acuerdos suficientes, se pueda tomar un acuerdo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Quizás una de las alternativas sería cuando estemos en Temuco, que ellos puedan asistir también a Temuco a poder juntar, porque en el caso de Atacama lo que hicimos es que para no tener problema de disposición de tiempo es que se pudiesen trasladar. Y secretario, sí, diputado Sánchez. Sí, conversamos efectivamente, presidente, con la diputada Muñoz y, con el producto de la información que ella entregó, acordamos, y así la comisión lo estima, hacer esa sesión del sur en Concepción. Gracias. Y bueno, respecto a la cuenta, la comunicación... ¿Está el resto de la comisión de acuerdo? Ok. Entonces, perdón, para ser bien explícito, la fecha del 7 de agosto la comisión va a sesionar en la ciudad de Concepción. Muchas gracias. Y antes, a propósito de la cuenta, solamente... Bueno, vamos a pasar a la orden del día. Yo solamente me llamó la atención respecto de la comunicación de CGE y lo más relevante creo es que efectivamente nosotros habíamos consultado si había habido un mega robo de cables el día del mega apagón y lo que CGE nos ha señalado es que efectivamente ese día hubo un robo de mil 342 metros de cable, o sea, no fue un robo pequeño el que aconteció ese día, y eso implicó un costo de casi 700 millones de pesos en reposición. Por tanto, cuando nosotros habíamos, porque se criticó en algún minuto que estábamos locurando respecto de esto, que estábamos hablando en base a mitos, y la verdad es que sospechosamente ese día hubo un, casi como... como si se supiera que iba a haber un megacorte, había preparado un mega robo también de cables en el norte. Gracias. Pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto el poder escuchar a la superintendente de Electricidad y Combustible, señora Marta Cabezas Vargas. La acompaña la señora Nadia Muñoz, jefa del Departamento Jurídico, y con posterioridad tenemos al presidente ejecutivo de Chile Telcos, Asociación Chilena de Telecomunicaciones, señor Alfie Ulloa. Tiene la palabra doña Marta. Buenos días, presidente, diputado, diputada y todos los invitados. Trajimos una presentación. Vamos a... Ya. Bueno. Vamos a optar por plan B, que es que no la voy a pasar yo, sino que ahí la va a ir pasando porque no se pudo compartir. Yo creo que puede pasar.

Bueno, esta presentación más o menos considera unos 10 minutos, primero una contextualización respecto de la institucionalidad, para los que no conocen a la superintendencia. La superintendencia es parte del grupo de la institucionalidad de energía, desde el sector público, está el Ministerio de Energía, la SEC, Comisión Nacional de Energía y Comisión Silena de Energía Nuclear. En las dimensiones del mercado que fiscaliza la superintendencia, nos referimos justamente al ámbito eléctrico, combustibles, gas, sostenibilidad y todo aquello que tiene que ver con la certificación de productos eléctricos de gas y combustibles. Aquí vamos a dejar esta lámina disponible porque con esto lo que queremos decir es que la dimensión de fiscalización de la SEC no solamente es el ámbito eléctrico, sino los ámbitos que están señalados ahí. La dotación y el presupuesto de la superintendencia tiene representación en todo Chile, dotación de personal efectiva es de 372 personas, un promedio de 4 funcionarios por región, y ponemos siempre la dotación de vehículos, que es el elemento con el que hacemos nuestra fiscalización en terreno, que son 33. Los presupuestos... ¿si podemos volver a la anterior? Los presupuestos también los señalamos ahí, respecto del promedio, alrededor de 16.000 millones al año, diáticos, para hacer nuestra gestión en terreno al año para todo Chile, lo que está señalado ahí, 44 millones, y el combustible, son 25 millones, para nuestra labor de gestión en terreno de Arica-Montarenas, en un año calendario. Dejamos siempre esa nota, que partimos el año con una reducción de 600 millones de pesos sobre nuestro presupuesto. Estas son las fiscalizaciones directas, que son las fiscalizaciones en terreno, que lo que queremos mostrar aquí es que esto es la capacidad de terreno de la superintendencia con el presupuesto con el que cuenta, que es alrededor de un promedio de 3.000 salidas a terreno en el año en todo Chile. Por lo tanto, esto lo que hace ver es que nuestra fiscalización se basa en una fiscalización de tipo indirecta, respondemos más de 100.000 reclamos al año, 380.000 consultas, son más de 590 millones los productos certificados que llegan a los hogares, y son 310.000 instalaciones eléctricas, más de 70.000 en gas, por dar algunas cifras de la parte que no es terreno de lo que fiscaliza la superintendencia. El mandato legal, bueno, la actividad de la superintendencia, su naturaleza es la fiscalización, esta fiscalización que es la supervigilancia del cumplimiento de la normativa, que en el fondo lo que hace como propósito final es comprobar que se cumpla la normativa vigente para el sector energético, esto quiere decir que, reconocido un incumplimiento, se produce, se provoca un proceso administrativo. Y como decía, las actividades de fiscalización pueden desarrollarse de manera de revisión de datos, de información. Nosotros revisamos las siete y media boletas que se emiten a los usuarios, a los clientes de distribución todos los meses, en terreno, como señalaba, y otro tipo más tecnológico de fiscalización del que no me voy a referir en detalle ahora. Ahora, detectada una desviación normativa o un incumplimiento, es ahí donde actúa la SEC con esta lógica de fiscalización con un rol de policía. Nosotros damos siempre el ejemplo que respecto del incumplimiento normativo, es la constatación de este incumplimiento el que hace gatillar los procesos de, ya sea formulación de cargo, investigación, que pueden llegar a esas sanciones. También lo hacemos a través del análisis de antecedentes, y acá me refiero al mandato legal, lo que decía, el rol de la superintendencia es un rol represivo, un rol de policía, y el modelo institucional le asigna responsabilidad de continuar el suministro a las empresas distribuidoras, generadoras y transmisoras. Este es el punto por donde nos vamos acercando a la temática. El sistema eléctrico en Chile es clave en señalar las responsabilidades y los roles. Los roles, que ya les señalaba desde la lógica de la fiscalización, están en la superintendencia.

Es obligación en materia eléctrica dar continuidad de suministro a las empresas distribuidoras y transmisoras. En el caso de las empresas distribuidoras son 27 a lo largo del país, entre empresas y cooperativas, y el sistema en general, que está contenido en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional, tiene como coordinados a las 833 empresas que constituyen este sistema. En este sentido, la inversión para mantener la continuidad de suministro le corresponde a los gobiernos corporativos y a las empresas. Sobre el robo de cables, lo vamos a ver más adelante, la SEC no tiene atribuciones en esta materia porque este es un delito que se aborda en tribunales jurisdiccionales. Adicionalmente, la SEC fiscaliza, como decíamos, por el desempeño, por el resultado: dio continuidad a suministro, fue en la pronta recuperación, respondió a los reclamos de sus clientes, facturó correctamente, es decir, cumplió o no cumplió los mandatos que le da la ley. El robo de cables es un factor que nosotros consideramos en los procesos de fuerza mayor, que voy a explicar más adelante, y las interrupciones de suministro en general se pueden sancionar por incumplir los índices de continuidad de suministro que están establecidos en las normas técnicas y en la ley en general. Y llegamos al punto donde se conecta el robo de cables con la función de la superintendencia, que es determinar si alguna falta de continuidad de suministro fue objeto de fuerza mayor, y dentro de la fuerza mayor, como puede ser choque a poste, eventos irresistibles, está también, por ejemplo, el robo de cables. Ahí se conecta entonces esta temática con el rol de la superintendencia. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de continuidad de suministro, es que la superintendencia lleva adelante el control del indicador de continuidad de suministro, que es SAIDI, por sus siglas en inglés, y lo que mostramos en este gráfico es cuántas son las horas en promedio de interrupciones que afectan a las personas explicadas por diferentes factores. Uno, por causa interna, que es el color azul. Otra, por causa externa, que es el verde. Y el naranjo o rojo, fuerza mayor. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que cada año, el año pasado, fueron 27,60 horas en promedio de interrupciones, dadas preferentemente por los eventos de agosto del 2024 que afectaron a las regiones del centro sur del país, y veníamos con un promedio de 12 horas de indisponibilidad anual. Vemos que entonces el artículo 222 se refiere explícitamente a este reglamento de la ley de servicios eléctricos, que estipula que la responsabilidad por el cumplimiento de la calidad de servicio exigida en dicho reglamento es de cada concesionario. Revertimos entonces el concepto de que son las empresas las encargadas de dar la continuidad de suministro a sus clientes. Además, para dar la calidad de suministro es exigible que las instalaciones sean utilizadas desde la lógica de un sincronismo con el sistema eléctrico, que es el del Coordinador Eléctrico Nacional. Además, la norma dice que el proveedor, esta empresa, es responsable frente a sus clientes por la calidad de suministro que entrega. Entonces ya incorporamos el concepto de seguridad y el concepto de calidad. Salvo en aquellos casos, y aquí está el punto, en que la falla no sea atribuible a la empresa, no sea imputable. Es decir, frente a un corte, la empresa es la llamada a mostrar las pruebas de por qué ese no se le debería considerar en la multa, en la amonestación o en las medidas pertinentes por la entrega de calidad de servicio, sino por haber acontecido dentro del marco de la fuerza mayor. En el caso de la actualización de la fiscalización de la superintendencia respecto de la temática robo, en el año 2019 se modificó un proceso del análisis de las fallas generadas en el sistema, definiendo el robo o hurto como...

una interrupción y esto concatenado a la necesidad de las empresas de presentar un probatorio para exigir la fuerza mayor o postular la fuerza mayor como la interrupción producida por el robo o hurto de componentes de la instalación. Entonces, aquí lo que debe presentarse como probatorio, que está incluido en esta resolución, es un registro fotográfico, las coordenadas, la denuncia de Carabineros y una declaración jurada de los hechos indicando el número de eventos similares de la instalación. Presentados estos probatorios, la superintendencia va a analizarlos para que esta postulación sea aceptada o no, y eso incidirá en la medición de los indicadores SAIDI, que son los tiempos medios de interrupción por cliente, y SAIFI, que es la frecuencia de interrupciones por cliente, que está exigida en la normativa y que las empresas deben cumplir. El no cumplirlo, vamos a repetir, puede deberse a fuerza mayor, y dentro de la fuerza mayor está contenido el robo de cable. ¿Qué se hace más allá de reconocer la fuerza mayor y rebajarla de la imputabilidad por incumplimiento? Nosotros participamos en todas las regiones con las autoridades regionales en mesas regionales que están guiadas por el Ministerio Público, coordinando actividades y definiendo protocolos de colaboración entre las instituciones. Ahí no se ve, pero acompañamos las medidas que han ido surgiendo de estas mesas y que ha ido instruyendo el Ministerio Público, las CREMI, con la participación de los gobiernos regionales, lo propio también a nivel nacional. Y la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, a través del protocolo de colaboración de robo de cable, que aplica a las empresas denunciantes y al sistema de análisis criminal y focos investigativos, es claro en señalar cuáles son las actividades que deben realizar las empresas y organismos coordinados. En este sentido, por constituirse esto en un trabajo que tiene que ver con un delito en las instalaciones de las compañías eléctricas, de telecomunicaciones y ferroviarias, nosotros somos aportantes de información para estas mesas permanentemente. En la siguiente podemos ver que, en materia de robo de conductores eléctricos, aparte de tomar conocimiento de los hechos, como decíamos, y ver la postulación de fuerza mayor que es remitida por parte de las empresas, no realizamos denuncias al Ministerio Público por cada evento postulado por fuerza mayor, puesto que la empresa, al ser afectada por este hecho delictual, siendo la propietaria de la instalación y la principal perjudicada de esta situación, es la que debe realizar la denuncia o interponer la querella. Esto ha sido señalado por el propio Ministerio Público a la superintendencia y adicionalmente está claro en la normativa de la superintendencia que se entiende que el ámbito de la investigación de delitos no está en sus facultades. Por lo tanto, la autoridad policial es la que debe analizar los hechos. En concreto y en conclusión, el rol de la superintendencia está fuera del ámbito delictual, salvo que somos participantes permanentes de las mesas de trabajo con las delegaciones, con el Ministerio Público, y adicionalmente solamente nos referimos a la calificación de la fuerza mayor cuando ha habido este robo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, doña Marta. Perfecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a los integrantes de esta comisión. El gremio de Chile Telcos agrupa a las empresas de telecomunicaciones.

TEL, Claro VTR, Movistar y WOM. Y hemos estado trabajando en este tema del robo de cable de cobre y otras partes de las redes con bastante dedicación, más o menos desde el año 2019, en que los delitos en torno a esto aumentaron fuertemente. Lo cierto es que el robo de cable de cobre es un delito muy antiguo. Tuvo un aumento súper importante en 2009-2010, básicamente por una banda liderada por el señor Italo Nolli, que en la zona de Rancagua inició este negocio de una manera muy virulenta. Italo Nolli además le entregó a la PDI dos mártires a los que mató en la puerta de una empresa recicladora de cobre, para luego él morir en un enfrentamiento. Dado eso, cuando resurge el robo de cobre como delito bien masivo a mitad de los 2010, vinculado al precio del cobre, o sea, cuando el cobre sube su valor, la demanda por chatarra de cobre sube su valor, y por lo tanto el mercado internacional es el destino final de estos robos. Sobre todo ahora que, a propósito de Italo Nolli, ninguna empresa recicladora local compra chatarra de cobre a menos que tenga una trazabilidad muy bien definida. Entonces eso hace que el proceso sea bien de robo hormiga y parta con ciertas personas subidas en el poste, bien robos más masivos con camionetas y con equipamiento; ya les voy a contar un poquito cuál es la diferencia entre estos dos. Se acopia a veces en chatarreras y de ahí termina típicamente siendo exportado, porque, como les digo, no hay demanda local para estos bienes hoy día. El objetivo principal de esto era básicamente el cable de cobre. Los cables nuestros y los de electricidad son un 99% de pureza, o sea, es el cobre más fino que existe, y nos transformamos en un exportador muy grande de chatarra de cobre con envíos superiores a los 300 millones de dólares en algunos años. El destino de estos envíos eran principalmente Corea del Sur y China, que son países que tienen grandes fundidoras, pero no tienen mineral, y que ponen órdenes de compra, yo diría, ilimitadas, digamos, y cualquiera llega y las suple, y eso es lo que nos estaba ocurriendo. Entonces, partimos con esto, entre el 2020 y el 2023, llegamos a tener prácticamente 60 000 eventos de robo, presentamos cerca de 5 000 querellas y denuncias. Estamos hablando de los efectos directos sobre nosotros, pero lo cierto es que imagínense el 2020 o 2021, en plena pandemia, cuando la conectividad era clave para los hogares y las empresas, lo que ocurría cuando en el proceso de robo de estos cables se vandalizaba la red y se interrumpía el servicio. Parte de lo que ocurre es que la red de cobre era la red más antigua, porque era el par de cobre, el cablecito que llegaba al teléfono fijo, digamos, en la casa. El grueso de esa red, de los cables donde hay más componentes, viene todo soterrado porque pesa mucho y no pueden estar colgados en los postes. Estamos hablando de cables de 600 o 1 000 pares de estos cablecitos de cobre que pueden pesar media tonelada, digamos, por kilómetro, 600 kilos por kilómetro. Entonces, partió este negocio con personas que se subían y cortaban 3 kilos, típicamente personas en situación de calle, pequeños, ¿no es cierto? Personas con adicción iban y cortaban 3 kilos, 4 kilos, lo vendían en la chatarrera y así las chatarreras acopiaban, y después una chatarrera más grande juntaba todo y esto terminaba en definitiva en la aduana. En el proceso de búsqueda de cobre, a nosotros nos afectaba mucho la fibra óptica, porque los ladrones llegaban a cortar el ducto a buscar el material de cobre, y cuando no lo encontraban dejaban tirado lo que había. Como el material de cobre es el cable más antiguo, viene soterrado en la parte más profunda de los ductos; por lo tanto, muchas veces tenían que cortar todos los ductos que hay superiores, que eran todos fibra óptica, para llegar finalmente a lo que estaban buscando, que era el cobre. Entonces, si bien nosotros teníamos afectación muy directa por el robo del cable, la afectación indirecta, voy a decir, pero era bien directa para el usuario final, era muy grande porque con este corte de la fibra óptica el Ministerio Público se quedó sin internet durante 48 horas, el Banco del Estado se quedó sin funcionar, Transbank se quedó sin funcionar, el 30 % de los semáforos de Santiago se quedaron sin funcionar porque la unidad de gestión de tránsito no tenía. Se caen los SESFAM, como la ficha clínica es digital, las personas que estaban esperando horas y que tenían 6 meses