En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. No se preocupen. Ya está. Déjenlo nomás. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Contenta de poder... ¡Chuta! Claro. Bien, entonces vamos a retomar esta sesión luego de la semana distrital. El acta de la sesión 99 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 100 queda a disposición de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Medio Ambiente, quien en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre medidas de protección para defensores ambientales, especialmente respecto de la señora Alejandra Parra. En él informa que no hay antecedentes específicos sobre su caso, pero que Chile adhirió al acuerdo de Escazú, que protege a defensores ambientales. Se elaboró un plan de implementación participativa con 271 medidas, se aprobó un plan de acción regional con ejes prioritarios y acciones concretas para los años 2024-2030, y se han realizado foros regionales sobre el tema. Adjunta reporte anual del plan y el plan de acción adoptado en la tercera reunión de la COP. Un oficio de la Contraloría General de la República, que en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre la denuncia de discriminación realizada por el funcionario Nicolás Roselot por identidad de género y discapacidad psicosocial. Sobre el particular, señala que se instruyó un sumario administrativo, actualmente en tramitación, y que por ley el proceso es reservado hasta la formulación de cargos. Se está revisando además una presentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y se enviará respuesta una vez finalizado su análisis. En tercer lugar, un oficio del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que en respuesta a un oficio de esta comisión, informa que, respecto al fallecimiento de un menor de edad en la comuna de San Joaquín, no tiene competencia ni información alguna, ya que los centros de internación provisoria están bajo dependencia aún del Sename y Gendarmería, conforme a la ley número 20.084. Explica que, en cuanto a niños en lista de espera por atención médica, no hubo traspaso de datos entre el Ministerio de Salud y el servicio, desde el año 2021 hasta fines del año 2024, pese a las gestiones realizadas. Actualmente, este servicio solo tiene datos públicos del Ministerio de Salud, es decir, el dato de 1.281 niños en lista de espera, mayoritariamente por consultas nuevas. Y sugiere a esta comisión dirigir la solicitud al Ministerio de Salud en cuanto responsable de los datos actualizados. En cuarto lugar, un oficio de Gendarmería de Chile, por el que informa a las comisiones del Congreso sobre salud penitenciaria, conforme a la Glosa número 20 del presupuesto del año 2025. En ella detalla que para el primer trimestre las acciones en salud para personas privadas de libertad mayores de 65 años son las siguientes. 401 casos registrados, 154 con acceso a tratamiento, 157 traslados a centros asistenciales y 90 enfermos terminales. Se destacan convenios con CENAMA y la Universidad de Chile para mejorar las intervenciones en salud física y mental de personas mayores recluidas. Se proyectan capacitaciones y aplicación de herramientas específicas para este grupo. En quinto lugar, un oficio también de Gendarmería,
de Chile que informa sobre la ejecución de la glosa número 16 de la ley de presupuesto del año 2025 que destina recursos para mejorar la condición de habitabilidad para personas privadas de libertad, especialmente mujeres y personas LGBTIQA+. Se implementaron mejoras en infraestructura, mobiliario y condiciones sanitarias en unidades penales femeninas y mixtas. Se identificaron brechas y se establecieron prioridades para favorecer condiciones dignas y con enfoque de derechos humanos. El informe detalla a base por región y acciones realizadas durante el primer trimestre del año 2025. También una nota de una persona particular que formula un reclamo ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la falta de respuesta a sus denuncias sobre vulneración de sus derechos laborales y humanos por parte de la Dirección del Trabajo. En ellas cuestiona la inacción institucional, acusa negligencia y exige que se cumpla el dictamen a su favor. El Instituto Nacional de Derechos Humanos al respecto ha oficiado varias veces ya a la Dirección del Trabajo sin obtener respuesta y le sugiere seguir gestionando su caso con asesoría legal. Una nota del Ministro de Seguridad Pública, el señor Luis Cordero Vega, quien excusa de asistir a esta sesión debido a que se encontrará en actividades ministeriales programadas en el norte del país. Una nota de la Biblioteca del Congreso Nacional que junto al Núcleo de Estudios Intertécnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco invita a la Presidenta, la Diputada Carolina Tello Rojas, al evento Tragún, Parlamentos y Tratados del Pueblo Mapuche en conmemoración de los 200 años del Tratado de Tapihue. Se presentará en la ocasión el libro De la Fuerza de la Palabra a la Palabra Forzada de los profesores José Manuel Zavala y Gertrudis Payás, con comentarios del historiador Fernando Pairicán. El evento se realizará el 10 de julio de 2025 a las 11 de la mañana en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Una nota de la Biblioteca del Congreso Nacional también por la cual se remite un informe en el que se revisan 19 sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos contra Chile hasta el mes de julio del año 2025. En 12 de esos casos se ordenaron medidas legislativas. En 3 de ellas han sido cumplidas, una parcialmente y 8 siguen pendientes. Se destacan leyes como la Ley 19.742 del fin de la censura y la Ley 20.285 de acceso a la información. En algunos casos, sin orden legislativa, Chile igual ha dictado leyes. La Corte exige que los cambios sean efectivos y se garantice la no repetición de las violaciones de derechos humanos. El documento incluye tabla con detalles por caso. Una nota por la cual se invita a la Comisión de Derechos Humanos al lanzamiento del cuarto informe anual, año 2024, del Comité para la Prevención de la Tortura, titulado Prevención de la Tortura y Situación de las Personas Privadas de Libertad en Chile, el día jueves 24 de julio de 2025, de 10 a 12 horas, en el Aula Magna Manuel José Irarra Zaval de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Este evento lo organiza el CPT con apoyo del Centro UC para el Diálogo y la Paz, en el cual participan invitados y representantes de organismos internacionales de derechos humanos. Finalmente y recientemente, Presidenta, han llegado los siguientes pareos. De conformidad al artículo 167 del Reglamento de la Corporación, se comunica que los diputados señores Johannes Kaiser y la señora Lorena Pizarro han acordado parearse durante esta sesión del miércoles 2 de julio, y en el mismo sentido, los diputados señores Cristian Lave y la señora Emilia Schneider han acordado parearse durante esta misma sesión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Hola, ¿cómo está, diputado? Ofrezco la palabra sobre la cuenta, extensa cuenta. Diputada Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, súper extensa la cuenta, pero hay ciertas cosas que son súper importantes. En primer lugar, y lo vamos a ver seguramente en el informe que nos hizo llegar la Biblioteca del Congreso sobre las sentencias contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los primeros fallos que hubo acá fue el fallo que hubo contra ciertos líderes de lo que entonces era la CAM, la original, digamos, porque después se dividió en distintos grupos, dentro de los que estaban un querido amigo mío que era Pascual Pichún, al cual éramos muy amigos en realidad. Bueno, Pascual falleció. Y este veredicto de la Corte Interamericana que hizo que Chile tuviera que pagar de una forma determinada
llegamos a las familias de quienes habían sido condenados injustamente, estableció que se formara una, a ver, se llaman prilonco, digamos. Bueno, estos prilonco, de los cuales nosotros en la comuna de Traillén tenemos dos, uno está en la comunidad de Idaico y el otro en la comunidad de Temulemu, en el fondo son ayudas que el Estado se compromete a entregar a través de la administración de este prilonco, que van orientadas básicamente a lo que es, ponte tú, salud dental, atención primaria, la construcción de un lugar donde pueda ir la salud municipal a atender, salud de adultos mayores, una serie de cosas que son muy beneficiosas para cada comunidad. El problema es que el adjudicatario, por así decirlo, la persona que está a cargo de recibir los fondos en la comunidad de Temulemu es Juan Pichún. Juan Pichún es el vocero actual de la CAM, es el número dos de la CAM, y hace unos pocos días atrás fue detenido por haber participado en varios atentados, entre otros, el atentado que sufrió el diputado Jorge Ratgev en su predio en Traillén. Él está en este momento en la cárcel de Temuco. Incluso la subdirectora de Conadi está cuestionada en este momento, por cuanto para el día de hoy había citado una manifestación en las afueras de la cárcel de Temuco a favor de Juan Pichún, que ella, como subdirectora de Conadi, compartió en sus redes sociales y, por lo tanto, su cargo hoy día está cuestionado. Yo hablé con el alcalde de Traillén y con la persona que está a cargo de la administración de la municipalidad de Traillén, porque para efectos de este prilonco existe un contrato de trabajo entre la municipalidad de Traillén y Juan Pichún, que lleva una serie de años y que es por un monto no menor. Tengo entendido, según lo que me informaron, que Juan Pichún dijo que él iba a renunciar para no perjudicar a su familia; por lo tanto, me imagino que algún otro familiar, que no puede ser el hermano porque el hermano también está acusado de lo mismo, va a asumir la administración de este prilonco. Pero, en caso de que él no renunciara de manera voluntaria, bueno, la municipalidad tiene que ponerle término al contrato. Entonces yo quiero dejar bien claro acá que, efectivamente, tenemos un caso acá de violación de derechos humanos de ciudadanos comunes y corrientes en la Araucanía por parte de miembros de distintos grupos terroristas que operan allá. Uno de ellos es la CAM, que vuelvo a insistir, Juan Pichún es el vocero hoy día y es el que asumió la dirección de la CAM desde que Héctor Yaitul está en la cárcel; no sé quién lo irá a asumir ahora. Su hermano Rafael Pichún también está involucrado en esto. Y, por lo tanto, me gustaría dejar eso establecido para que quedara dentro de los anales de esta comisión el que, efectivamente, una persona que ha sido beneficiada por un proceso internacional en la Corte de Derechos Humanos se ha dado el lujo de participar de un grupo terrorista durante muchos años y no solo eso, sino que, además, de cometer un atentado en un predio de un diputado de la República. Ese es el primer punto que quería establecer. El segundo punto es que yo oficié a Gendarmería de Chile producto de lo que está sucediendo en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Tiltil, que esto es para menores de edad. Este centro está al lado de, digamos, hay dos centros penitenciarios, no penitenciarios porque este no es penitenciario. Está este centro que es de internación de menores; al lado está la cárcel que a ustedes les carga. Bueno, ambas dos tienen la misma falencia, ninguna tiene agua potable. Pero, además, en el caso de este centro de menores hubo un incendio el año 2004 que destruyó, producto de una falla eléctrica, las instalaciones donde habitaban los gendarmes. Entonces, el oficio que me llegó de respuesta, del cual voy a acompañar copia para que lo tengan acá en la comisión también, me lo hace llegar Macarena Cortés Camus, jefa de división de reinserción social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No miento, María Eugenia Fernández, directora nacional del Servicio Nacional de Menores. Y me dice que se...
Tomaron ciertas medidas que han involucrado, con un costo que no es menor, poner ahí unos módulos de cuatro plazas cada uno y un baño para contingente masculino, porque lo de contingente femenino se habilitó en otro lado. Eso tuvo un costo de 35 millones de pesos y fracción. Pero lo que más me preocupa es que la solución definitiva, dice ella, es la reconstrucción completa del segundo piso, cuya superficie es de 245 metros cuadrados. La unidad de mantención y proyectos desarrolló el diseño del proyecto de reconstrucción, el cual tiene un presupuesto de 198 millones y fracción de pesos y un plazo de ejecución aproximado de seis meses si es que estuvieran estos fondos. Dicha solución depende de una redistribución presupuestaria en subtítulo 31, que está solicitado a DIPRES. Esto estamos hablando hace rato ya. Luego de su aprobación se realiza el proceso de contratación directa, etcétera, etcétera. Si es que hubiera esta reasignación de recursos, esto podría estar listo en diciembre de este año. Pero la verdad es que lo que a mí me llama la atención es que me mandan acá las inversiones que ha realizado la Dirección Nacional de SENAME en los últimos tres años y son puros proyectos de arrastre, Presidenta, de una cantidad de plata tremendamente grande y que yo creo que muchos de ellos no se han cumplido, probablemente producto de que no ha habido el dinero suficiente. Entonces me preocupa porque estos niños que están en internación provisoria son los niños que tenemos que rescatar. Entonces, finalmente no basta con que ellos estén ahí en un lugar donde además ni siquiera hay agua potable. Piense usted que uno de los proyectos es ampliar el tamaño del estanque para almacenar agua, sino que también es súper importante que las personas que están al cuidado de estos niños también estén en buenas condiciones. Y eso me tiene realmente muy preocupada. Yo no sé hasta qué punto nosotros podríamos a lo mejor invitar acá a la gente, a esta persona, digamos, del SENAME, de modo tal que ella nos pudiera contar la realidad de este centro. Es un centro que está bastante alejado de los centros urbanos, donde los familiares tienen serias dificultades para poder llegar a la visita. Y como le vuelvo a decir, el mayor problema ahí es que no hay agua. Entonces yo le voy a sacar copia de esto, Presidenta, para hacerlo llegar a la comisión, porque me parece un tema súper relevante. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. ¿Habría acuerdo para poder invitar a esta persona del SENAME? ¿Cuál es el nombre de la persona? Claro, hoy día es lo que es Servicio Nacional de Mejor Niñez. Perdón, es María Eugenia Fernández, directora nacional. Ella pone aquí Servicio Nacional de Menores. Y ella le envía esto, este oficio, como respuesta a mí, a Macarena Cortés Camus, jefa de división de reinserción social de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A lo mejor las dos podría ser. ¿Habría acuerdo entonces? Perfecto. Ok, entonces lo dejamos para la próxima semana. ¿Podría ser diputada, cierto? Ya, dejémoslo para la próxima semana. Le vamos a extender la invitación a las dos personas y por último, si es que ellas no pueden, lo hacemos la semana subsiguiente. Ningún problema. Bien, ¿alguien más sobre la cuenta? ¿No? Entonces, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Estamos listos. ¿Sí? Dele, diputada Navellán. Gracias, yo sé que se tocó la semana pasada, pero como yo no estaba, estoy un poco repetitiva. Pero me asombró profundamente llegar a mi oficina y encontrarme con una caja en que habían 12 ejemplares, 12 ejemplares del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, yo francamente entiendo que nosotros le aprobamos un presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero me parece un poquito excesivo entregarle 12 libros empastados que no deben tener un costo menor. Y tengo entendido que esto llegó a cada diputado de la comisión, o por lo menos a algunos, yo no sé, a lo mejor yo me vi beneficiada, a lo mejor me quieren mucho, no tengo idea, o creyeron que yo lo iba a repartir para algún lado, pero 12. Entonces lo encontré como un poquito excesivo.
Y me preocupa porque la verdad es que los presupuestos, sobre todo en años de vacas flacas, hay que cuidarlos y hay que tratar de gastar las platas bien, po. Si yo digo ¿cuánto habrán costado? 12, y son unos libracos, súper bien impresos, presidenta, preciosos, pero 12; yo les juro que con uno me basta y me sobra. Sí, claro, pero gordo, po. Sí. Sí, yo sí quisiera... Ponga ahí su micrófono para que quede registro de su intervención, porque esto, de hecho, tuvimos los libros acá mismo, diputada Navellán, en presencia de todos los diputados y diputadas de la comisión. Yo no recibí nada, encantado, pero me donó uno, o el suyo, el diputado Lave, tengo entendido. Sí, bueno, ese día pudimos descubrir que efectivamente se trata del informe anual que por ley tiene que entregar, estaba tratando de buscar el artículo, pero no lo encontré, y lo leímos incluso en la sesión anterior, como para efectos de tranquilidad desde el punto de vista de que se está cumpliendo una obligación legal. Ahora, tenemos sí esa incógnita de por qué les llegó a algunos, a otros no, y por qué les llegó a tantos. Entonces, yo creo que lo más probable es que haya sido mal distribuido, porque, por ejemplo, a mí no me llegó; el diputado Celedón, tampoco. De hecho, podemos dejarlo acá como en custodia de la comisión para que los diputados que también les interese tener alguna copia lo puedan también tener vía, digamos, material, porque también esto está vía digital. Para los que somos un poco más viejos es mucho mejor leer en papel. ¿Qué quiere que le diga? Sí, porque de hecho la obligación legal dice, o sea, tiene que ser entregado el informe. Entonces también se ocupa la versión virtual, digamos, para que sea más cómodo y no tengamos que andar trayendo. Pero eso era el objetivo, digamos, de ese informe y quedó aclarado ese día. Pero quedó como para la posteridad también que a algunos les llegó una caja y a otros no les llegó nada. Entonces, bueno, pero ya por lo menos pudimos discernir de qué se trataba eso.
Sí, diputado Celedón. En este mismo sentido, el miércoles pasado me parece que era semana distrital, ¿no es cierto? Concurrí a un salón cerca de la Universidad de Chile, en Santiago, en Arturo Prat. No recuerdo cómo se llama el local. Invitado por el Instituto Nacional de Derecho Humano, quien dio un informe sobre Colonia Dignidad. Y había invitados especiales, gente de Colonia Dignidad, de Parral, de Linares, de Talca. Estaba también el Ceremi de Justicia. Y hubo un foro que intervino una de las autoras del informe y como comentaristas José Elwin y Carlos Basso. Y por lo menos en las pantallas aparecía un libro sobre el informe y me parece muy pertinente que lo tengamos, sea de manera digital o manual, si es que es posible. Porque hay varias cosas relevantes de ese informe. Entonces sugiero oficiar o consultar y, eventualmente, quizás cuando lo tengamos, ver si hay alguna sesión especial de parte de esta comisión en relación a ese tema.
que es relevante porque el presidente anunció, creo que el año pasado, la expropiación se ha materializado en eso, expropiación de parte, pero creo que sería un tema pertinente para la comisión, y creo que es relevante tener ese informe antes para conocer en toda su integridad la temática. Claro. Diputado Celedón, y ahí tendríamos que invitar al subsecretario de Justicia, ¿no? Por lo que entiendo de su alocución... No, estaba el Ceremi de Justicia, porque si bien se realizó aquí en Santiago, el tema... Maule. No, Maule. Maule es más sur, más cerca de mi hombre. Entonces creo que sería muy interesante conocer ese informe por parte de la comisión, analizarlo y ver si procede alguna sesión especial en relación a todo el tema de Colonia de India, que es bastante sensible. Claro. Sí, yo por mí no tendría problema, no sé si los demás diputadas en Avellano. ¿Sobre el punto, cierto? Sí, sobre el punto. Es que, junto con lo mismo, a mí me preocupa sobremanera también la situación de quienes hoy día viven ahí, porque, en el fondo, el anuncio del presidente fue que se iba a expropiar una buena parte de esto para un parque conmemorativo, pero lo que yo he leído en prensa —la verdad es que no he tenido más información que esa— es la preocupación que manifiestan los que viven ahí, que son personas que trabajan sus campos ahí, que pertenecían a la colonia algunos, otros eran empleados de la colonia, y esas personas hoy día están en un tremendo signo de interrogación sobre qué va a pasar con ellos. Entonces, junto con lo que plantea el diputado Celedón, creo que sería súper importante también si pudiéramos... yo no los conozco; yo creo que el diputado Celedón podría tener más acceso a ellos porque están en la región suya; pero sería interesante también poder invitar a las personas, por lo menos a representantes. Yo no sé si ellos tienen alguna organización de las personas que viven ahí, algún tipo de junta de vigilancia, no sé cómo estarán organizados, pero también sería interesante escuchar la problemática que tienen ellos, porque el temor que tienen, lo que yo he leído, es que se van a quedar sin nada, y eso los tiene tremendamente preocupados. Y otro punto, nada que ver: Presidenta, quiero recordar que, desgraciadamente, con este estado de excepción de mentira que tenemos en el sur —porque es bien de mentira, para serle sincera— no sacamos nada con que se supone que hay militares que pasean por los caminos principales, cuando en realidad los atentados generalmente ocurren en los caminos interiores. En fin, bueno, sí, está bien que han disminuido, pero en el último tiempo han aumentado; en el último tiempo hemos tenido así como uno semanal, no todos salen en prensa, pero ayer hubo uno, y a mí me preocupa mucho, Presidenta, porque lo que pasó fue que en una faena forestal llegó una camioneta roja con personas armadas, golpearon al chofer de un camión bastante fuerte, y a otro lo balearon en una pierna, sin ninguna necesidad, la verdad; y después quemaron un camión y quemaron una máquina, una finia neumática. Bueno, finalmente, por lo que pude averiguar hoy día, la persona que recibió el balazo en la pierna fue trasladada primero al Cefam de Ercilla, de ahí al Hospital de Victoria; pero, dado la complejidad porque tienen que operarlo y probablemente va a quedar con alguna secuela, fue trasladada al ex hospital de la clínica de la Universidad Mayor, que creo que es Bupa hoy día, no estoy segura, que está en Temuco. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, de alguna manera, nosotros también tenemos que preocuparnos como Comisión de Derechos Humanos de los civiles que han tenido este tipo de atentados y que quedan bien a la mano de Dios, porque yo sé que en todos los gobiernos, en este también, se supone que a cargo de la delegación presidencial hay un área de apoyo a víctimas, pero la verdad es que funciona, Presidenta, para serle bien sincera, con suerte con un par de psicólogos para una cantidad enorme de gente; respecto a recuperación de lo que han perdido físicamente en plata, pucha, tienen que postular a proyectos.
de Cercotec, para volver a invertir en la misma zona donde les quemaron. Entonces, la verdad es que el sistema funciona bien, bien como la mona presidenta. Y a mí me preocupa porque es mucha gente, gente mapuche, gente no mapuche, pero gente civil, común y corriente, choferes de camiones, dueños de parcelas, gente incluso, he tenido víctimas que simplemente iban pasando por la carretera. Entonces, nosotros como comisión nunca hemos tomado ese tema. Y a mí me preocupa porque ahí tenemos asociaciones de víctimas, hay por lo menos dos en la zona, por lo menos una en Coyipulli y una en Temuco, tres hay en realidad, y la verdad es que esas víctimas están bien desamparadas. Entonces, en algún minuto, presidenta, a mí me gustaría si pudiéramos invitar al delegado presidencial de la Araucanía, como la persona que sabe, digamos, cómo funciona desde el Estado la ayuda a las víctimas, y también a los representantes de estas asociaciones de víctimas, porque ellos tienen el catastro. Y esa parte yo siento que ha sido súper débil en todos los gobiernos, presidenta, absolutamente en todos. Muchas gracias.
Bien, entonces, en conclusión, un oficio para que se nos pueda remitir una copia del informe sobre el tema de Colonia Dignidad a la comisión, y una vez ya con el informe, uno para todos, digamos, le sacamos copia. ¿Sí? Ah, perfecto, tenemos el informe. ¿De archivo digital? Ya. ¿Y puede ser por correo electrónico? Bien, lo podemos enviar por correo electrónico. Entonces, desde la secretaría nos van a remitir el informe que nos menciona el diputado Celedón, entonces no sería necesario en este momento oficiar, pero una vez que ya lo tengamos en nuestro poder, tomamos la decisión de invitar a quien corresponda para que pueda ahí también hacer una breve exposición y podamos resolver preguntas. ¿Le parece? Diputada Navellán en el WhatsApp, acaba de mandar el contacto. Yo no tengo ningún problema que veamos la situación que describe él. Sí, súper. Entonces, habría acuerdo para invitar también al delegado presidencial de la Araucanía y a algún representante de la asociación de víctimas, que dice la diputada Navellán, de las dos asociaciones. Perfecto.
Bien, entonces, si no hay más puntos varios, estamos listos. Vamos a pasar a la orden del día.
Bien, entonces, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibir a la Biblioteca del Congreso Nacional, representada por el investigador Jaime Rojas, quien nos acompaña, por cierto, sesión a sesión en nuestra comisión, así que lo invitamos a tomar asiento, quien dará cuenta del informe del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria titulado Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Condenatorias del Estado de Chile, con indicación de aquellos casos en que se ha ordenado la adopción de medidas legislativas a nuestro país. Así que agradecemos que nos haya llegado el informe también con anticipación y le doy la palabra a la diputada Navellán.
Disculpe, es que tengo reunión con un ministro ahora, así que me voy a tener que ir. Vaya nomás, diputada, no se preocupe. Muchas gracias. Ningún problema y le vamos a informar. Ay, mire, de hecho le van a entregar una copia al tiro para que no tenga que esperar cuánta eficiencia de nuestra secretaría, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Diputado Celedón, haga uso de la palabra. Yo no puse como punto vario algo que se refiere al sistema interamericano de derechos humanos que comprende la comisión y la corte. Pensando primero a escuchar, pero quiero así también informar y poner en conocimiento temas que me resultan, que los conozco y me resulta relevante que la comisión lo pueda ver. Relativo al sistema interamericano, no solo a la corte. Y ahí hacer proposiciones concretas para asumirlas. Perfecto. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a nuestro investigador.
Jaime Rojas para que nos pueda dar cuenta del informe. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Con su venia y por su intermedio, saludo a los parlamentarios, diputadas y diputados presentes. También a la Secretaría y a los colegas que nos acompañan. Voy a sentar aquí, un honor estar a su lado. Se le ha pedido a la Biblioteca del Congreso Nacional que informe sobre la situación de la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado de Chile, con especial énfasis en la adopción de medidas legislativas. Eso es lo que se le ha pedido a la Biblioteca por parte de la Presidencia.
Presidenta, con su venia y por su intermedio, no sé si le parece que esta exposición siga el siguiente orden. Primero me voy a referir a la importancia del Poder Legislativo y de sus integrantes en la protección de los derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos, para continuar específicamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál es su competencia, y luego, referente a la sentencia de la Corte Interamericana contra Chile, un pequeño análisis, porque si no estaríamos, esto va para un curso, y finalmente voy a terminar, concluir con la adopción de medidas legislativas.
Pues bien, dicho esto, honorables diputadas y diputados, en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos, se dice que los parlamentarios y las parlamentarias tienen una importancia central. ¿Por qué? Porque cumplen tres funciones que son esenciales. A saber, la primera, la incorporación del tratado en el derecho interno, eso es lo que significa para nuestro caso, de acuerdo con nuestra Constitución, la ratificación de un tratado para que éste tenga fuerza obligatoria, con independencia de algunas discusiones que existen al respecto. Segundo, respecto de la adecuación del derecho interno al tratado, ya tiene importancia muy relevante, y finalmente, respecto de la aprobación de los presupuestos. ¿En qué sentido? Que para ejercer los derechos, normalmente se necesitan presupuestos, ya sea para los organismos especializados en derechos humanos, como para ejercer los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, como también para los derechos políticos, por ejemplo, para las elecciones, para ejercer el derecho a voto.
En el sistema interamericano de derechos humanos, especialmente la Comisión, se ha pronunciado en algunas referencias, con algunos informes, respecto a la importancia de la obligación de adoptar medidas legislativas y también respecto de los mecanismos de cumplimiento de las decisiones del sistema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, por información que tengo en los mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencia, no contemplaba específicamente la participación de los integrantes del Poder Legislativo en este mecanismo de seguimiento y supervisión de cumplimiento de sentencia. Acá podemos notar un quiebre, un cambio de estrategia de la Corte Interamericana, que ya está incorporando a representantes de los poderes legislativos y de la instancia legislativa en estas sesiones de supervisión de cumplimiento de las sentencias, tanto así ocurrió respecto de nuestro Estado en el mes de abril, donde participó la presidenta de nuestra Comisión, y esto nace específicamente de ahí, y también lo ha hecho respecto de otros Estados. Entonces, esto ya es importante.
También han participado en el sistema universal, por ejemplo, específicamente en el examen periódico universal, representantes del Congreso Nacional. Entonces los sistemas conocen ya de primera mano cómo opera el Parlamento respecto de uno de los órganos políticos específicamente.
Dicho esto, el Estado de Chile, ya entrando al tema de la Corte y su competencia, el Estado ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en agosto del año 1990, tras retornar a la democracia. En ese caso, lo que hizo el Estado fue, además de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte, en este caso, es competente para conocer los casos relativos a la interpretación y a la aplicación de la Convención. Y el Estado, a su vez, se compromete, Presidenta, por su intermedio, a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que el Estado…
Aparte, respecto de eso no hay discusión. Ahora bien, si la Corte en ejercicio de esta competencia decide que el Estado ha violado un derecho o una libertad protegida por la Convención, ¿qué dirá? Primero, dirá que se garantice al Estado, obviamente, que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad que ha sido conculcado, que se reparen las consecuencias de la medida, que obviamente podrá ser una medida legislativa, y así consta en los diferentes casos que existen a nivel del sistema y a nivel nacional, o la situación que ha configurado esta vulneración. Y finalmente, si es procedente, el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A partir de esto, la Corte ha elaborado su famosa doctrina de la reparación integral. Y esta medida, la Corte a través de esto dicta una serie de medidas, partiendo por, si uno ve la sentencia, lo primero que dice la Corte después de declarar los derechos vulnerados, lo que hace es decir, la Corte decide. Y decide, lo primero que decide es que la sentencia dictada constituye per se una forma de reparación. Es decir, reconoce que a esta persona, a esta víctima, efectivamente se han vulnerado sus derechos y lo reconoce. Y segundo, se dictan otro tipo de medidas, de diferente índole según el caso. Por ejemplo, y refiriéndonos exclusivamente a Chile, que estamos viendo acá, se ordena generalmente la publicación de la sentencia en el diario oficial o en un diario de circulación nacional, a título de ejemplo, avisos radiofónicos, dar difusión a la sentencia en términos generales, colgar la sentencia en un sitio web, por ejemplo, de los ministerios, también de la Corte Suprema, o en el caso del Poder Legislativo no lo ha dicho así, pero sí lo ha dicho también respecto de un ISAPRE, respecto a un caso específicamente, ordenó que esta sentencia fuera colgada en el sitio web de un ISAPRE. También otorgar becas de estudio, otorgar prestaciones de salud, atención psicológica, formación de, como decía, de no repetición específicamente, formación de funcionarios y funcionarios públicos, y también acá dispone medidas legislativas como una medida de no repetición. Cuando dicta una sentencia, la sentencia de la Corte, señoría, presidenta por su intermedio, esta sentencia es el carácter que tiene que es definitiva e inapelable, en virtud del artículo 67 de la Convención. Solo procede respecto de esta sentencia una solicitud de interpretación en caso de desacuerdo dentro de un plazo determinado. Pero además la Corte decide que ella va a supervisar el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso, cerrado el caso, una vez que el Estado haya dado cumplimiento pleno a cada una de las medidas que están establecidas en la sentencia. Si no, el caso sigue abierto. Tenemos el caso de Chile, que hay casos que llevan 20 años y que están abiertos, y justamente porque una de las medidas de más difícil cumplimiento y donde la Corte está haciendo este huelco también que afecta al sistema en general es respecto de las medidas legislativas. En el caso para la Mayri Barne, según lo que tienen ustedes, señorías, por su intermedio presidenta, en su informe, las medidas ya van a cumplir en noviembre 20 años y están pendientes. Entonces ahí se hace un quiebre. En virtud de esta competencia de la Corte, haciendo un resumen general, el Estado y situación de Chile respecto de las sentencias, podemos decir que se han dictado desde la primera sentencia del año 2001, que fue el caso La última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros, un total de 19 sentencias contra el Estado, de las cuales solo se encuentran cumplidas, archivadas por cumplimiento de sentencia, es decir, haber cumplido a cada una de los mandatos que contenía la sentencia, tres. De esas 19 existen 12 donde se han dispuesto medidas legislativas, de las cuales solo tres sentencias se han declarado cumplidas en el ámbito de las medidas legislativas. Ocho en cuenta pendiente y una parcialmente cumplida, es decir, hay una parte del Estado dictó una norma, una ley en este caso, pero que la Corte ha declarado que no satisface plenamente lo que ella ha dispuesto. Recordemos que la Corte dirige la supervisión de la sentencia. En otros casos la Corte no ha dictado una medida legislativa, pero sin embargo el Estado, considerando que…
En colectivo dentro del Estado tiene una situación similar, ha dictado una sentencia. Por el caso, es el caso de profesores de Chañeral y otras municipalidades relativo a la deuda histórica, donde ahí se ha dictado una ley para solucionar también las personas que están en esa situación y no han cumplido o no han demandado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Ahora bien, dentro de las sentencias, señoría, por su intermedio que se ha cumplido el Estado, se encuentran dos sentencias. Cuando a uno le corresponde estudiar esto en el sistema interamericano, hay una sentencia que es paradigmática, icónica del sistema, que es la última tentación de Cristo, el nuevo gusto y otros versus Chile, que es del año 2001, la primera sentencia. Y esta sentencia es importante justamente porque la Corte, a raíz de esta sentencia, lo que hace es elaborar su jurisprudencia sobre la responsabilidad internacional del Estado a partir de la presencia de una norma en la Constitución política. Es decir, no tan solo se pueden violar los derechos a partir de una norma que está en un texto de una ley, sino también a partir de aquellos que están en la Constitución política. Y específicamente la situación de la censura previa en materia cinematográfica. ¿Y qué hizo el Estado? La Corte obviamente nos dijo en esa oportunidad, que sí lo ha dicho después en casos respecto de México, solo ordenó que se adecuara el derecho interno a los estándares establecidos en la Convención. Y justamente la norma que violaba derechos era la que estaba en la Constitución, y por lo tanto no cabía otra posibilidad sino que reformar la Constitución. Y se reformó la Constitución, y por lo tanto el Estado dio por finalizado el caso. El otro caso es Claude Reyes versus Chile del año 2006, y en este caso también se dictó una importante ley, que es la ley 20.285, que es la ley de transparencia, y donde también ha habido acá un cambio sustancial, si se puede decir de esa manera, en la forma de cómo las personas accedemos a la información pública en manos del Estado. Y que rompe, decía la Corte, con esa cultura del secretismo y rompe precisamente con ese paradigma. Hay un caso, que es el caso para la Mani Varne versus Chile del año 2005 y el caso Almonacía Arellano, que son los casos más antiguos que tiene el sistema y que tienen medidas que hay que cumplir. Primero el caso y Varne, que cada uno tiene los derechos en el informe; están los derechos que se vulneraron en el caso, el estado de las medidas específicas de cada uno de ellos; y aquí la Corte ordenó en este caso lo siguiente: primero, derogar o modificar cualquier norma interna incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión; segundo, adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar; tercero, garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las autoridades militares. En este caso, lo que había que decir la Corte era lo siguiente: adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales de jurisdicción penal militar. Señaló la Corte que, si existía la necesidad de contemplar la jurisdicción penal militar, esta debía limitarse al conocimiento del delito en el ejercicio de la función cometido por militares en servicio activo. Por lo tanto, debía establecer en su legislación interna los límites de la competencia tanto material, respecto de los casos, como personal de los tribunales militares. Cuestión que hizo el Estado con la ley 20.477 que modifica la competencia de los tribunales militares del año 2010. Entonces el Estado dicta la norma respecto al poder legislativo. Pero, sin embargo, a partir de esto, la Corte ha señalado que la medida no satisface la medida legislativa en forma plena lo ordenado por la Corte, y solicita aclarar cuál es la definición de militar, qué se entiende por militares, segundo,