Gracias. Gracias. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 94 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de las señoras y señores diputados, pero sí hay cuenta.
Se da cuenta de los siguientes oficios:
Un oficio del Ministerio del Interior, en respuesta a la solicitud de esta comisión dirigida al señor subsecretario del Interior, en calidad de presidente del Comité de Ayudas Tempranas, con el propósito de manifestarle su preocupación por los cambios anunciados por el Gobierno en diciembre del año 2024, respecto a la reducción en un 50 % en algunos casos y la eliminación en otros del bono de acogida que se entrega a las familias damnificadas por el mega incendio que afectó en febrero del año 2024 a varias comunas de la Región de Valparaíso, especialmente en Viña del Mar; y, relacionado con lo anterior, se solicita que se expliquen los fundamentos de dicha medida.
Un oficio de la Defensoría de la Niñez, con carácter de reservado, que es respuesta a un requerimiento de esta comisión en el que se manifestaba la preocupación por el hecho de que, mientras se encontraba en la Región del Bío Bío hace algunos días, ocurrieron incidentes de la mayor gravedad que involucraron a menores de edad, como un tiroteo en la comuna de San Pedro de la Paz, una agresión en Coronel y la caída de dos niños desde un piso 13 de un edificio ubicado en la primera de estas comunas; frente a lo cual, la máxima autoridad de la Defensoría no habría tomado conocimiento, ni con los padres de las personas afectadas, ni con las autoridades municipales u otras.
Un oficio de fecha 18 de junio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, perdón, del defensor, suscrito por el defensor Anuar Quesille Vera, en el cual se manifiesta su malestar por no haber tenido el tiempo suficiente para exponer en la sesión especial celebrada el día de ayer, martes 17 de junio.
Un oficio de fecha 18 de junio del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados comunica a esta Comisión de Desarrollo Social que la instancia competente para abocarse al análisis y seguimiento de lo expuesto en el artículo 22 de la Ley 21.545 –que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista– será la encargada de tratar la materia concerniente a la población de la pobreza y planificación.
Un correo repetido por el señor Andrés Leiva, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, adjunta un documento relacionado con la discusión del boletín N°16.379-04, el cual establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. En este contexto, se comparte con la comisión un estudio elaborado por académicos de la mencionada universidad, titulado Guarderías informales en la primera infancia, experimentos internacionales y una propuesta para Chile. Dicho documento será remitido a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión.
Un documento suscrito por la bancada de Renovación Nacional informa que la diputada Carla Morales Maldonado será reemplazada en esta sesión por la diputada Marcia Rafael Mora, aquí presente.
Finalmente, llega recientemente, presidenta, un correo electrónico suscrito por AMUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile, en el cual, junto con agradecer la invitación extendida por esta comisión para participar en la sesión de hoy, el señor alcalde José Manuel Palacios, en su calidad de presidente de esta institución, excusa su asistencia. Sin perjuicio de ello, solicita la autorización de la presidenta de la comisión para conectarse como oyente, vía Zoom, a la sesión, con el objeto de transmitir las intervenciones al presidente de la entidad y, eventualmente, para que éste pueda ser invitado en una próxima sesión.
Presidenta: Muchas gracias, secretario.
Presidenta: Respecto a la cuenta, la solicitud que se hace para que se pueda conectar telemáticamente un representante, creo que eso debemos autorizar. ¿Para alguien el problema de que se conecte el alcalde? Entonces, tomamos el acuerdo por unanimidad. ¿Quién le avisa? Perfecto, ya no hay ningún problema.
Diputada Ahumada: Gracias.
Diputado: ¿Punto varios? ¿Alguien que tenga algún punto en varios?
Diputado: ¿Cómo se nombra la presidencia de la comisión? ¿Ya está designada?
Presidenta: Gracias. Les vamos a aplicar el procedimiento. El secretario aplicará el procedimiento de cómo se elige la presidencia. El día de hoy, lo que tenemos que hacer es votar la renuncia de la presidenta titular.
Diputada: Efectivamente, presidenta. Disculpamos la omisión; aquí se indicaba que, luego de rendir la cuenta, la comisión debe pronunciarse respecto de la renuncia ya presentada por la presidenta titular, la diputada Marlene Pérez. Eso es lo que debemos hacer en este minuto: los diputados presentes manifiestan su parecer respecto de la renuncia; en caso de que la presidenta renuncie, lo podrá manifestar y, en lo normal, se acepta la renuncia. Ese es el único acto que se realiza en este minuto. En la sesión siguiente, que ya será la vuelta de la distrital, se procederá a la votación de la nueva presidencia, ya sea que corresponda a presidente o presidenta de esta comisión. Esto no se hace en el presente acto, sino en una sesión posterior.
Presidenta: ¿Me permite?
A ver, diputado Celedo, le pido lo siguiente: esos puntos de la orden del día. ¿Me permite cerrar puntos varios? ¿Nadie tiene puntos varios? Entonces, vamos a entrar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar los siguientes asuntos.
En primer lugar, tal como lo tienen en sus computadores, luego de la lectura de la cuenta, pronunciarse sobre la renuncia a la presidencia de la comisión presentada por la diputada señora Marlene Pérez, conforme a lo establecido por el artículo 240 del reglamento, y es lo que acaba de explicar el secretario. Es decir, más allá del interés o las ganas que alguno o cualquiera tenga de presidir la comisión o de proponer a alguien, eso ocurre después de aceptada la renuncia. Eso, entonces, debería ocurrir a la vuelta a la distrital, momento en el que se propondrán los nombres. ¿Está bien, secretario? ¿Les parece que pasemos entonces a la votación que corresponde, para aceptar o no la renuncia de la presidenta? Diputada Marlene Pérez, a mano alzada. Bueno, entonces se acepta por unanimidad la renuncia de la diputada Marlene Pérez. Nos toca agradecerle su gestión durante estos años y, tal como lo explicó el secretario, a la vuelta a la distrital tendremos la votación para elegir a la nueva presidenta de la comisión.
En el punto 2 se indica que se continúa con la discusión general de los siguientes proyectos de ley, con urgencia calificada de “suma”:
A) Sobre armonización de la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica, y la ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia (boletín número 15.351-07, mensaje en segundo trámite constitucional). Vencimiento de la urgencia: 19 de junio, es decir, mañana.
Para este proyecto ha sido invitado el representante de la Fundación YNES (“Ya no están solos”), el señor Edison Gallardo, a quien le damos la bienvenida a la comisión. Es el único invitado en esta discusión; posteriormente se dará paso a la discusión del siguiente proyecto.
Muy bien, don Edison Gallardo, le damos la palabra y la bienvenida a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
— Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio y por la invitación a esta comisión. Saludo a todos los diputados presentes. Esta fundación nace precisamente desde la institucionalización de niños y adolescentes; primero surge como un activismo y hoy es una fundación válidamente constituida. Yo soy Edison Gallardo Llanos, trabajador social, perito forense, psicosocial, penal y de familia, y también ex institucionalizado, es decir, un ex niño Sename. Por lo tanto, hemos trabajado y venimos trabajando en estos proyectos de ley, en los cuales participamos desde su inicio, en el año 2016.
Para empezar, me gustaría, si bien ofrecer un contexto general de lo que ustedes ya conocen, enfocarme en lo esencial para no extenderme demasiado en la presentación, pues estos son contextos generales que ya se han visto y discutido respecto a este proyecto de ley. Los objetivos de la armonización son: resolver la superposición de normativas e inconsistencias técnicas; mejorar la coordinación intersectorial e interinstitucional estableciendo criterios comunes para la atención, derivación y supervisión, que son falencias que he constatado no solo en el ámbito de la fundación, sino también en mi función como perito privado, habiendo tenido que defender a muchos padres y, sobre todo, a muchos niños, evitando su institucionalización producto de informes mal elaborados por el sistema (organismos colaboradores de Mejor Niñez); y fortalecer la implementación efectiva de este marco rector.
Avanzaremos rápidamente en estos puntos, ya que ustedes han discutido previamente sobre las definiciones comunes del marco conceptual, los procedimientos judiciales y administrativos articulados, y la gestión de casos con enfoque en redes de apoyo territorial, aspectos que requieren mayor atención.
Y se debe incluir en esta armonización algo realmente legislado, en realidad con exigencia, que es lo que no hay. Un ejemplo claro: las funcionarias, las duplas psicosociales, tienen prohibido averiguar un poco más allá si el padre o la madre está diciendo la verdad con respecto a la situación que afecta la denuncia que llevó precisamente a una intervención, ustedes lo pueden ver.
Tenemos falencias en ese contexto: hospitales, SESFAM, y cuando hay que hacer una triangulación de la información, estos organismos pueden negarlo, ya que no existe un mecanismo de exigibilidad. Lamentablemente, la falta de esa información es lo que afecta en sentencias judiciales a niños, niñas y adolescentes, muchas veces apartándolos de sus madres, por años, de sus padres.
Sobre todo, cuando existen verdades subjetivas que terminan siendo prácticamente sesgos de anclaje e influyen en el resto del proceso, o cuando los trabajadores funcionan con una especie de sesgo de actor observador. Es decir, me identifico con la denuncia, pero no investigo la denuncia; sencillamente la hago, la presento al tribunal y eso prevalece, afectando vidas de niños, niñas y adolescentes.
No hay una coordinación con protocolos integrados ni una supervisión programática con indicadores de calidad. Llegan de la mejor niñez, inspeccionan de forma rápida, escogen al azar el procedimiento, sin cumplir realmente el protocolo. Tienen que manejar 100 causas mensuales; se terminan las 100 causas, pero no hay un cruce de información con los organismos. ¿Quién supervisa eso? Ellos supervisan solamente que se cumpla con el estándar de cantidad, no de calidad.
Esto vulnera el sistema y, por ende, a niños, niñas y adolescentes. Las tareas pendientes se refieren también a la oferta programática insuficiente. Imagínense: las listas de espera crecieron en un 20% entre 2020 y 2021, con una espera promedio para ingresar a un programa de 217 días. ¿Qué hace ese niño, o ese padre, mientras tanto, con una medida cautelar? El padre y la madre no pueden acercarse si la denuncia resulta falsa. ¿Cómo se soluciona ese tema?
Y ojo, que esto interviene de manera directa. Por ejemplo, tuvimos un caso de una denuncia por ASI y la madre no siguió la denuncia. Obviamente, una persona que quiere resolver la situación, si desea investigar, no presenta la querella; pero cada vez que el padre pedía relación directa, regular o revinculación, decían: es que el padre tiene una denuncia. ¿Por qué? Porque no existe un mecanismo de conexión, no convergen el tribunal de familia, la fiscalía ni los tribunales de garantía en esta materia, lo cual es una falencia gravísima. Y el niño sigue sin ver a uno de los progenitores o al no custodio, según se reconoce.
Por lo tanto, tenemos, imagínense, en el año 2022, al 30 de noviembre, 26.900 niños, niñas y adolescentes en lista de espera para ingresar a un programa, es decir, para un PRM, cuando un niño necesita una reparación, un PIE, un FAE o un cambio, pues no podemos negar que, a veces, la familia es la propia vulneradora. Luego tenemos cuidados alternativos, cuyos datos ya conocen, presentados por Fundación Infancia y por Fundación San Carlos de Maipo.
Por tanto, los ajustes que proponemos incluyen, por ejemplo, una propuesta normativa para cuidados alternativos y una inclusión de participación infanto-adolescente que sea vinculante, no puede quedar fuera. Tiene que ser vinculante, ya que es el mayor afectado. Imagínense: en mi caso, la falta de vinculación me afectó 18 años de mi vida; es decir, 18 años institucionalizado, sin esa red de apoyo, sin un padre o madre cercano, ni celebración del día del padre o de la madre.
Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no involucramos al niño o adolescente en un proceso? No estamos preparados, necesitamos herramientas profesionales de calidad para este tipo de intervenciones, porque estamos hablando de niños. El registro público, un registro público con trazabilidad de derivaciones, es fundamental. No sé si ustedes sabían, pero no existe un registro público. Se termina el caso, se cierra el caso y nadie más sabe que ese niño fue intervenido, a menos que se presente otra denuncia ante el tribunal de garantía; no hay trazabilidad.
Registro público que pueda decir, “oye, este niño ya fue intervenido, ¿cómo lo vamos a sobreintervenir?”, después de cinco, seis años en que un niño ha estado sometido a programas intensos sin que exista una vinculación adecuada. Entonces, ¿qué estamos haciendo en materia de normalización? Tenemos que legislar sobre esta materia y hacerla exigible, estableciendo una observación independiente para prevenir daño institucional, porque dicho daño se manifiesta tanto en el padre como en la madre. Muchas veces, como ya lo mencioné, se presentan denuncias falsas que se han comprobado, y que terminan generando un sesgo que afecta a uno de los padres. Sin embargo, si lo miramos desde una visión adultocentrista, el mayor afectado es el daño socioemocional, que puede llevar al niño a refugiarse en la calle, derivando en delincuencia o drogadicción.
Si logramos legislar sobre esta materia, automáticamente ayudaremos a disminuir la delincuencia juvenil. La sugerencia adicional es incorporar indicadores de bienestar infantil objetivos, no subjetivos, ya que la subjetividad nace de lo que uno cree que necesita el niño. Pero, dado que ya se ha hablado de que el trato con el niño sea vinculante, debemos hacerlo objetivo, porque sabemos lo que él necesita de forma directa, no indirecta. En este sentido, la Defensoría de la Niñez debería tener un rol más vinculante y supervisivo, aunque actualmente sólo puede actuar en casos de connotación pública. Hoy debería ser un escándalo público que el sistema, en lo que respecta a “mejor niñez” o “peor niñez”, no funcione como se espera, afectando —aunque suene cliché— el futuro de los niños, quienes podrían ser mañana los que dirijan el país.
Es imprescindible contar con un financiamiento basal no concursable para programas críticos, pues existen iniciativas que carecen tanto de idoneidad como de la especialización necesaria de sus profesionales; aspectos que detallaré posteriormente, evidenciando la gran falencia existente. No todos los funcionarios o duplas psicosociales tienen la especialización requerida en la dinámica infantojuvenil, lo cual es realmente inaceptable, puesto que estamos tratando con niños y con daño psicosocial, un asunto sistémico y biológico que afectará a niños, niñas y adolescentes en el futuro.
No todos, ni siquiera, son peritos. Se presenta un informe de un programa determinado en tribunales, y el magistrado lo toma como una pericia, cuando en realidad se trata de un informe sobre habilidades para el cuidado, que se coloca por encima de lo que presenta un perito calificado en materia privada, como nosotros en pericias forenses, psicosociales y de familia. No quiero parecer que esto me afecta personalmente o que tengo intereses creados, ya que mi señora trabaja en un programa, pero es fundamental que exista la idoneidad y la preparación necesarias en pericias forenses para eliminar la sobrevaloración que se otorga a los informes de peritos en tribunales de familia, en comparación con los informes de especialistas. No puede ser que, habiéndonos preparado en pericias, presentemos un proyecto y se base en un informe de un programa determinado con falencias en procedimiento y metodología, sobrevalorado por pertenecer a una entidad del Estado, cuando nosotros estamos habilitados por la Corte. Se debe eliminar ese peso que no corresponde, garantizando la igualdad de condiciones, y si además contamos con especializaciones, mejor aún.
Tampoco puede ser que un informe dependa de la vida de un niño, cuando el profesional que lo elabora a menudo incurre en sesgos —por ejemplo, juzgando por cómo estaba vestida u olía la madre—. Hay madres que llegan del trabajo, han solicitado permiso y, por ello, no logran arreglarse para asistir al programa, presentándose en condiciones que afectan determinadamente el resto del informe, lo cual resulta desastroso. Es necesario legislar en esta materia para que los tribunales de familia comiencen a ponderar la prueba del informe al mismo nivel que una pericia particular, lo que emparejará la cancha y respetará el principio del debido proceso y la igualdad ante la ley, ya que no se trata únicamente de padres.
Que al momento de separarse tienen violencia cruzada. Estamos tratando al niño. El foco esencial tiene que ser el niño, niña, adolescente, víctima de precisamente la dinámica familiar que se ha otorgado. Muchos programas ni siquiera tienen herramientas o programas habilitantes que enseñen la relación comunicacional entre los padres. Yo estoy implementando un programa, por ejemplo, que se llama Coordinación Parental, en donde, a pesar de la violencia cruzada, después de tres meses de tratamiento intensivo con ambos padres, terminan comunicándose y entendiendo que el foco esencial es el niño; no es la madre, no es el padre, es el niño.
Luego tenemos los desafíos, que son los cambios normativos sin articulación que generan revictimización —lo acabo de decir—, la falta de mando único y trazabilidad en redes territoriales, que también viene un poquito más adelante, y urge una gobernanza sólida, roles claros, financiamiento y evaluación real. Eso tiene que agregarse, sobre todo, en esta propuesta de armonización que incluya, para poder hacer un balance general el día de mañana y decir: “Sí, está completo; está real”. Esto lo vienen diciendo, por ejemplo, la Fundación San Carlos de Maipo, que estuvo acá; la Fundación Infancia que estuvo acá; la Defensoría de la Niñez; San Marquesillo; y un mecanismo de exigibilidad a entidades públicas y privadas. Sanción a instituciones que incumplan con la entrega de información oportuna.
Yo no sé si ustedes saben, pero para hacer un cruce de información, por ejemplo, en mi caso, recuro a todo el círculo social que contempla la dinámica del niño, la vida diaria. Pero los colegios, ni los hospitales, ni los SPAM están obligados a entregarlo; por tanto, dependemos exclusivamente de la voluntad de quien nos atienda, es decir, de la voluntad del profesor, de la TENS que atiende al niño, o de la enfermera o el doctor, para que nos pueda entregar sus antecedentes. Muchas veces estos antecedentes influyen, porque me he encontrado con madres y padres que denuncian que la madre tiene al niño sin sus controles de “niño al día” y, a menos que el tribunal solicite un oficio, una copia del carné de control “Niño Sano”, no se puede probar si eso es verdad o mentira, y esto realmente afecta la sentencia final de un juicio determinado. Por eso, tiene que existir una sanción para estas instituciones que se nieguen a entregar información relevante en un proceso judicial para pedidos públicos y privados, sobre todo en las instituciones de salud y educacionales. Ni los DAM, ni los PPF, ni los PRM, ni los DCE, ni los PIE, ni los FAE tienen facultades para exigirla; tienen que hacerlo de forma directa. Disculpe, ¿me puede entregar usted la información de este niño o niña? Y si se niegan, se llena el informe con lo que hay, con lo que queda. Eso no puede ser posible, porque afecta, al día de mañana, la resolución futura y la vida del niño.
No se cuenta con un mecanismo de exigibilidad o solicitud de relevancia para desarrollar informes periciales. Por lo tanto, piensen que eso va a definir una sentencia. Los peritajes psicosociales, sin estándares comunes, muestran que muchos peritos carecen de la formación especializada; pero, igualmente, sus informes —lo vuelvo a repetir— son considerados por los tribunales de familia como verdad única y absoluta, sin un cruce de información relevante que verifique lo que allí se dice. Por lo tanto, tiene que existir en esta ley una forma de exigibilidad a estas instituciones para que el informe realmente sea una pericia, como corresponde, y esté estandarizado.
Estos son obstáculos que evitan un cruce de información relevante y coherente para poder presentar ante un tribunal o ante el mismo Servicio de Protección Especializada. ¿Cómo hago un reclamo cuando una pericia está mal hecha? ¿Cómo hago un reclamo de un funcionario que tiene sesgo, si no tengo la trazabilidad que corresponde, si ni el mismo servicio lo conoce? Entonces, las decisiones judiciales, por falta de antecedentes oportunamente entregados, se deciden sobre la vida de niños sin datos clave.
2.600 casos mensuales. Nos estamos viendo afectados. En el 2023, aproximadamente, habían 260 proyectos – PIE, PRM, DAM, FAE, PPF – activos con una medida de...
Atención de 40 niños por programa. Se proyecta una cobertura aproximadamente de 10.400 niños, niñas y adolescentes mensuales. Entonces, la prolongación injustificada en base a lo que ya he explicado, sin duda, ayudaría a la disminución de la delincuencia juvenil. Ya tenemos los ejemplos de Cizarro si queremos ahondar en las fallas sistémicas que tiene este servicio, que si bien ha mejorado, sí, seguimos en deuda con niños, niñas y adolescentes. No vamos a disminuir la delincuencia juvenil si no hacemos hincapié en estas indicaciones que hemos entregado para que podamos tener una justicia efectiva que realmente favorezca el pleno uso y goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Una propuesta concreta es la extensión de protección hasta los 20 años; esto es precisamente para la institucionalización. ¿Por qué lo digo de esta forma? Cuando yo egresé de la institución, egresé con 18 años, con una bolsa negra en mi ropa y dos papeles en blanco. En una tenía los números de todas las entidades de urgencia, porque en ese tiempo había teléfonos públicos, y en la otra las direcciones de todas las casas de acogida por si yo quedaba en la noche y mi familia me rechazaba.
Yo creé un programa que se llama Egreso Asistido. Lo presenté a Mejor Niñez y lo presenté, precisamente, al Servicio Nacional de Menores, quienes ya me habían robado la infancia y la adolescencia. ¿Saben qué me dijeron? Que no correspondía, porque después de los 15, o cuando el niño egresa, ya no era parte del sistema. Cuando tú no eres habilitado en lo social, en lo emocional, en lo laboral o en lo técnico, y tienes una familia con problemas y un Estado que no te escucha, ¿qué te queda? Esencialmente, señores, la calle; y es allí donde empieza a aumentar la delincuencia juvenil.
Entonces, la propuesta de Egreso Asistido es que se legisle para agregar, en esta armonización de la ley, una normativa exigible: acompañar al niño en su egreso hasta por lo menos los 20 años. Si saliste a los 15, tienes 5 años de cuidado externo, que te preparen para la vida libre, social, emocional y psicológicamente, porque no te puedes enfrentar al mundo cuando lo único que has hecho es defenderte.
Y esto, ¿en base a qué lo digo? Lo digo porque el Departamento de Psicología de la Universidad del Uruguay hizo un estudio en donde reflejó que, por cada tres meses de institucionalización, un niño tiene un mes de retraso cognitivo. La transitoriedad en Chile no es de seis meses como debería ser, y lo establecen todos los estudios; es de años, de cinco a diez años. Cuando yo egresé con 18 años y muchos de mis compañeros teníamos una mentalidad de 14, biológicamente éramos adultos, pero psicológicamente éramos niños, porque no sabíamos cómo enfrentar la vida.
Y eso es lo que está afectando hoy también, por lo que solicitamos que se extienda y se legisle sobre una extensión de la protección hasta los 20 años, con un programa que sea una política pública y que se denomine, precisamente, Egreso Asistido. Hoy, como ex-ENAME también, producto de todo lo que sufrimos, estamos siendo partícipes de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, gracias a denuncias que realizamos ante la ONU y que fueron sugeridas en su artículo 56. En 10 años más, si no hacemos esta armonización, si no implementamos estos cambios, si no legislamos a favor de los niños de hoy, van a ser ellos quienes exigirán una comisión el día de mañana; van a demandar al Estado por la falta de garantías, porque tenemos una ley de garantías que, en lo que menos, ofrece garantías.
Segundito, ¿te falta mucho? Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, para el resto de los invitados es importante que hagan referencia a las modificaciones del proyecto en sí. Nosotros ya estamos discutiendo la armonización de la Ley de Garantías, entonces, cuando en las exposiciones se haga referencia a la ley que está funcionando, en eso podemos coincidir en el diagnóstico, incluso en los datos; pero cuando se planteen observaciones, hay muchas duplas psicosociales, muchos datos, nosotros no nos basta ese dato si no hay un soporte de la fuente en relación a los porcentajes y al número, porque tenemos que hacernos cargo de revisar una ley de armonización que viene del Senado. Por ello, se les pide a los invitados que nos ayuden a revisar esta propuesta y que, si tienen observaciones, las expongan.
La modificación, es decir, a la ley de armonización y no a la ley original, se convoca precisamente porque podemos coincidir que la ley original presenta un montón de vacíos. Entonces, a veces lo que me sucede —y espero que si existe una opinión distinta también se exprese— es que no sé si estás criticando la armonización o la ley de garantía existente, o bien los servicios actuales, ya que entiendo que, por tu experiencia y desde tu juventud y niñez, tienes mucho que criticarle al SENAME; pero mejor no el espacio, ¿me entiendes?
Para que tu aporte sea aprovechable y fructífero, te sugeriría que, igualmente, nos hagas llegar aquellas modificaciones que le harías a la armonización, para que podamos revisarlas y evaluar si están acordes a lo que estamos pensando para mejorar tanto la armonización, la ley de garantía y los dos servicios creados. Evidentemente, hay aspectos en los que todos coincidimos en que era el momento de hacerse cargo y cambiarlos.
Entonces, te pido eso, Edison. Si no tienes más información, abriré la palabra para preguntas, pero quería señalar lo anterior, ya que no se trata de facilitarnos la tarea, sino de proporcionar datos precisos. Hay información tan imprecisa que nos cuesta entender si corresponde a la actualidad, si viene de arrastre o si se remonta a tu experiencia de hace 20 años; es decir, existe un problema de temporalidad que me cuesta seguir.
Fraternalmente te lo digo, porque nos interesa que nos aportes propuestas a la discusión de la ley de armonización. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tú estuviste invitado en el Senado para exponer? Ah, perfecto. Entonces se entiende que hubo aspectos que no pudiste plantear en el Senado y que, evidentemente, no fueron los que se debatieron acá. ¿Sería posible ordenar las observaciones a esta armonización y no a lo que ya sabemos que presentaba falencias? Sí, ya, perfecto.
Ahora, abro la palabra para preguntas. He enviado las minutas que remití a la secretaria, junto con el PPT, y los datos que se han proporcionado son recientes, reflejando las falencias actuales del sistema, que, como usted indicó, debemos mejorar. Precisamente por ello hablé de la especialización, que es lo que necesitamos para que se incorpore a la armonización.
Asimismo, mencionaste que, por ejemplo, las duplas de la OLN no están capacitadas —no sabemos cuántas ni de dónde provienen— y te agradeceríamos que, si disponen de información al respecto, se la compartieran, ya que para nosotros es muy útil.
Abro la palabra para los parlamentarios que deseen formular preguntas a Edith John, quien venía representando a la Fundación YNES (“Ya no están solos”). Se abre la palabra, por ejemplo, al diputado Meza.
(Intervención siguiente)
Bueno, compartiendo las solicitudes que hace la Presidenta al expositor y agradeciendo también que venga a aportarnos todos estos datos e información, uno de los puntos que llamó mi atención en la exposición es que me gustaría profundizar en una cuestión. Cuando nos explica esta diferencia —por así decirlo, en términos procesales, de valoración de la prueba, como sucede en los tribunales de familia— entre los informes que pueden realizar, por ejemplo, expertos de organizaciones privadas, como puede ser la Fundación que usted dirige, y aquellos informes que pueden ser elaborados por organizaciones públicas, ¿podría profundizar en qué, …?
Que fuera posible, ¿en qué casos concretos podemos ver esa preferencia? Entendiendo que una preferencia, digamos, que no es justificada –por ejemplo, a lo mejor frente a un profesional con más experiencia y una gran calificación, pero que pertenece a una ONG, versus un profesional –aunque no desmerezco, por supuesto, al profesional de los espacios públicos, pero que quizá cuenta con menos capacidades o que pudo dedicar menos tiempo a elaborar un informe psicosocial– ¿cómo podemos graficar esta preferencia? Porque a mí se me surge la siguiente duda, y disculpe que me extienda un poco: estoy tratando de explicarme bien. Las reglas de valoración de la prueba en materia de tribunales de familia se rigen según la sana crítica. Entonces, el juez es el que, por su experiencia, por los conocimientos científicamente afianzados y por las máximas de la lógica, determina: “mira, este me produce un mayor nivel de convencimiento que este otro”. Entonces, ¿hasta qué punto podemos introducir elementos de valoración reglada de la prueba en un sistema de valoración semilibre, cuando la doctrina procesal ha estudiado esta cuestión durante décadas? Presidenta, muchas gracias.
Gracias, Diputado. Le damos la palabra a don Edison. Si hay más preguntas, también piden la palabra.
Presidenta, me gustaría contestarle al Diputado. Bueno, nos hemos encontrado, señor Diputado Mesa, con la dificultad de contar con informes incompletos en materia metodológica; por ejemplo, no se explica la metodología ni el porqué ni el cómo. Yo uso a veces la metodología Barudi cuando el padre lleva mucho tiempo alejado de la familia, obviamente porque no se le puede realizar el E2P. Y resulta que, a pesar de ello, se le da mayor validez al informe del programa por pertenecer a un programa del Estado. Tal como usted lo dice, depende de la sana crítica, pero pareciera que, en el ambiente actual, esta no está funcionando demasiado entre los magistrados, siendo casi como si se tuviese la credencial de “soy del Estado, merezco la validez máxima en este tribunal”, y así se ha procedido. Tenemos casos, por ejemplo, en que se ha comprobado una falsa denuncia o una falsa memoria en el niño, y lamentablemente, al no poder intervenir al niño –salvo mediante una pericia, cuyas pericias nuestras no son aprobadas por el tribunal– se queda únicamente el informe. Muchas gracias.
Como se creó la Ley General de Garantías de la Niñez y esta armonización de la misma, es necesario crear una metodología que nivele; es decir, el tribunal debe considerar algunas sugerencias. Yo me estoy recién preparando para abogado, y usted es abogado, por lo que imagino que existen herramientas para solicitar eso, sobre todo al Poder Judicial. Muchas gracias.
Conforme, diputado, quizás sería bueno que don Eich participara en la discusión de la reforma a los tribunales de familia o, a lo mejor, en la Comisión de Constitución, ya que hay aspectos que se plantean y que más tienen que ver con la modernización de los tribunales. Diputado, se le da la palabra.
Muchas gracias. Encuentro extremadamente interesante la exposición, porque el derecho se nutre de la realidad, y más aún cuando hay que armonizar. La experiencia vital que usted posee y expresa, además, en cómo se traduce hoy día en los tribunales, es sumamente relevante para aquellos que tenemos la obligación legal de armonizar la legislación.
Primero le agradezco mucho, porque reconozco la realidad que usted transmite; me parece que es muy próxima. Me atrevo a hacer una sugerencia general: dada la complejidad de esta tarea y, con todo respeto, creo que la Comisión – responsable de pronunciarse sobre un proyecto del Senado y de revisar una propuesta – debería considerar constituir una mesa de trabajo integrada por actores concretos, preferentemente con formación o respaldo jurídica, y parlamentarios, pero fuera de las labores ordinarias de la comisión, ya que de lo contrario no cumpliremos nuestra tarea con excelencia.
Por ejemplo, yo, que me he obligado a adentrarme en leyes que no conocía, señalé en otra sesión que no veo cómo se armonizan las definiciones de principios que comparten las tres leyes que deben armonizarse. Es fundamental que el primer paso sea contar con principios uniformes o únicos que guíen el actuar de todo el sistema, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, en relación al tema de la niñez. Esto no se contempla en el proyecto de ley actual.
Por ello, considero que, de crearse un instrumento ad hoc en forma de mesa de trabajo, se podría disponer de la experiencia y el tiempo –quizás 48 o 72 horas de trabajo– para, a partir de la realidad concreta, armonizar y mejorar sustantivamente la realidad jurídica en la que se enfrentan los actores institucionales administrativos y judiciales. La poca experiencia que tengo en la vida parlamentaria y lo observado en la comisión me hacen pensar que es fundamental utilizar una herramienta que, como ocurre en otras instituciones, reúna las razones y a los actores pertinentes, sumando incluso a parlamentarios de manera eventual, para hacernos cargo de un asunto tan relevante como lo es el bienestar de los niños.
Gracias, diputado. En general, cuando se tratan proyectos muy extensos, se organizan mesas de trabajo con asesores y organizaciones para recibir observaciones, ya que la labor de la comisión se ve afectada por la ausencia de algunos de los 13 parlamentarios, lo que ralentiza el avance; sería mucho más eficaz si contásemos con la participación completa.