El acta de la sesión 208 se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 209 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados, y el señor secretario dará la lectura a la cuenta.
Gracias, presidente.
Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta en urgencia clarificar la discusión inmediata para el despacho del proyecto de inteligencia económica. En los mismos términos, se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades indicadas, de autoría de don Carlos Bianchi, quien nos acompaña.
Oficio del Gabinete de la Ministra de Salud, excusando su participación en la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad.
Oficio del Director de Gendarmería de Chile, mediante el cual se da cumplimiento a la Glosa Presupuestaria 25, programa 01, correspondiente al mes de mayo, respecto de presos en huelga de hambre.
Llamo la atención respecto al número 5, que es la invitación del Director General de la Policía e Investigaciones de Chile a participar en la ceremonia oficial del 92 – perdón, el 92º – aniversario de la Policía e Investigaciones de Chile, oportunidad que se realizará en la cuenta pública de la Policía Civil y cuyo desarrollo se comunicará a la gestión de la institución en distintos aspectos de la investigación criminal.
Al respecto, señor presidente, hemos recibido una nota del presidente de la corporación, don José Miguel Castro, mediante el cual solicita que esta comisión tome un acuerdo en orden a que uno de sus miembros asista en su representación a la ceremonia de mañana, a las 10:45 horas, en la Escuela de Policía e Investigaciones, en su aula magna. Se ha acordado que el diputado Diego Schalper asistirá en representación del presidente de la Cámara de Diputados a la ceremonia de aniversario de la Policía e Investigaciones, considerándose apto para la ocasión.
Señor presidente, hemos recibido un correo electrónico del señor José Miguel González, director de No Más Víctimas, mediante el cual solicita ser invitado por la comisión para exponer varios casos graves de comerciantes víctimas de extorsión, mostrando una preocupante expansión de esta práctica en Chile y algunas vivencias concretas que requieren de urgente respuesta institucional. La solicitud fue incorporada a la cuenta; sin embargo, al comprobarse que está dirigida a la subcomisión de crímenes organizados, se recomienda redirigirla a la misma.
En séptimo lugar, señor presidente, se recibió una nota protocolar del gabinete del Director General de la Policía e Investigaciones de Chile, en la que se excusa la participación en el día de hoy, aunque su representación asiste.
De la prefecta general, señora Consuelo Peña Sanmiguel, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Nota del gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales: usted también tiene copia ahí en su pupitre, informando que por razones de fuerza mayor, lo que sucede es que hubo un baleo hoy día en la ciudad de Los Ángeles; murió una persona en el hospital de Los Ángeles. El subsecretario de Redes Asistenciales debió dirigirse a la ciudad de Los Ángeles a atender este caso, por lo tanto, no nos acompañará el día de hoy.
Y finalmente, reemplazo del diputado don Cristian Lave, que nos acompaña, por la señora Gloria Navillán.
Antes, presidente, que usted dé la palabra sobre la cuenta, corresponde poner en votación la renuncia de la señora Gloria Navillán. Presidente, si le parece, tomo la votación de inmediato. ¿Le parece a la comisión aceptar la renuncia formulada por la señora Gloria Navillán en la sesión pasada? Hay acuerdo, presidente. Hay acuerdo. Por lo tanto, corresponde reglamentariamente que en la próxima sesión de la jornada, es decir, en la sesión del miércoles 2 de julio, se procederá a la elección del nuevo presidente. Muy bien. Gracias, secretario; sé que usted tiene la palabra ahora.
Quisiera proponerle a la comisión, ya que me lo solicitó el diputado Bianchi, que en razón del tiempo pudiera exponer brevemente acerca del segundo proyecto que es de mi autoría, el que modifica el Código Aeronáutico para exigir a la empresa aérea proporcionar información relativa a sus pasajeros. Se trata de una moción liderada por el diputado Bianchi para exponer este proyecto, y después se citará a otras sesiones para continuar con esta discusión. ¿Habría acuerdo para adelantar aquello, para después darle la palabra al señor Ministro? Acordado.
Diputado Bianchi, tiene el uso de la palabra.
Bien, gracias, estimado Presidente. Un saludo a esta honorable comisión. Hace ya un buen tiempo, y quien me acompaña acá a mi lado, mi colega Jaime Araya, llevamos a cabo un proyecto de ley en el que las líneas aéreas rehusaban obligarse a entregar la información a las policías, tanto de la PDI como de Carabineros, de los listados de pasajeros, todo ello resguardando el libre tránsito y la integridad de las personas. Entonces, ya existe la ley 21.610, que antecede a la que les planteo, y que tiene que ver con los controles ex post de los listados de pasajeros.
Producto de la experiencia que se comenzó a dar en pandemia, cuando era obligatorio contar con los registros de quienes viajaban dentro del territorio nacional en los 16 aeropuertos, se detectó que había un número significativo de personas que tenían causas pendientes y que podían viajar libremente por todo el país sin que existiera control. Además, se impulsaron otros proyectos –ya convertidos en ley de la República– relacionados con los controles biométricos en los 16 aeropuertos. Así como sucede al entrar o salir de Chile, ahora existirá, bajo ley, el control biométrico, ya que curiosamente, cuando se viaja se presenta un carné o pasaporte que luego nadie verifica.
En esa línea, surge este proyecto de ley que busca que, de manera anticipada, se lleven a cabo las verificaciones que actualmente no se realizan. Por ello, hemos elaborado este proyecto de ley de artículo único, que modifica la Ley 18.916, la que establece el Código Aeronáutico, para que efectivamente las policías puedan solicitar los antecedentes de los pasajeros de antemano y las empresas aéreas se obliguen a entregar dicha información. El artículo 90-TER, una vez finalizado el embarque de pasajeros, señala que las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el territorio nacional estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público la información anticipada de los pasajeros, el registro de nombres y los documentos referidos en el artículo 90 de esta ley, según corresponda. Bueno, sin perjuicio de...
La obligación de información obtenida o contenida en el inciso anterior: los transportadores aéreos de pasajeros estarán siempre obligados a informar, en cualquier momento y a requerimiento del Ministerio Público, las policías o el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre la identificación, el lugar de embarque y el destino de cada uno de los pasajeros. Presidente, yo sé que ustedes son una comisión especializada que ha atendido esta preocupación hoy día. Quisimos avanzar en otro proyecto que, estoy seguro, también llegará a vuestra comisión y que tiene que ver con lo que actualmente no ocurre: los controles en los aeródromos, donde ni la DGAC ni, en este caso, la institucionalidad –por ejemplo, el Ministerio de Defensa y otras instituciones del Estado– tienen hoy una relación de control de más de 100 aeródromos, de modo que debemos evitar el tránsito de personas que hoy no están siendo controladas.
Pero, en particular, les pido que ojalá puedan acoger este proyecto de ley, ya existiendo uno en la misma línea, el cual corrige la información necesaria, previo al proyecto que ya es ley de la República, como comenté al comienzo de esta presentación. Estimado Presidente, es cuanto puedo agregar; sé que ustedes lo analizarán. Este proyecto de ley se votó en general –en particular, de manera unánime en la Comisión de Transporte– y, en la sala, se solicitó que pasara por esta comisión en buena hora, para poder engrosarlo –si así lo estiman– o aceptarlo, ya que existe un proyecto de ley y ley sobre esta materia que permita su salida. Presidente, le pido encarecidamente que se actúe cuanto antes, para que puedan sancionarlo y votarlo en el mes de julio en la sala.
Gracias, estimado Presidente. Gracias, diputado Bianchi, por su exposición. Este proyecto tiene suma urgencia, por lo que debe ser revisado sí o sí en las próximas semanas. Además, existe un antecedente relacionado con un proyecto del primer Fast Track, que tengo entendido ya vio la luz y es ley de la República. Me parece fundamental contar con dichos antecedentes para que las policías puedan detectar a aquellas personas con órdenes de detención pendientes, sobre todo considerando que hoy viajar en avión es, prácticamente, como viajar en bus de una ciudad a otra. En ese sentido, resulta esencial contar con estos antecedentes. Tengo algunas dudas respecto a la interoperabilidad de este sistema, pero son temas que se discutirán en el momento, o también en relación con los datos personales, tema que surgió en la discusión. Prioricemos, diputado Bianchi, ponerlo en debate en la próxima sesión; señor secretario, le pido señalar aquellos aspectos necesarios, pues solo ejerzo como presidente accidental de esta comisión.
Cabe agregar que, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, se recibió a la Policía de Investigaciones, la cual informó sobre este proyecto y nos acompañará hoy luego de escuchar al ministro, de tal manera que la discusión general podría concluir el día de hoy. Fueron los únicos invitados a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones; así que, efectivamente, ellos están presentes hoy.
Gracias, señor secretario. Considero que, dada esta situación, sería adecuado realizar posiblemente una sesión adicional, entendiendo que se trata de una suma urgencia, para proceder a votarlo en general y, en particular, fijar un breve plazo de indicaciones que permita cumplir con los plazos de la urgencia. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Bianchi.
Pasamos al segundo punto. Diputado Araya, ya. Diputado Araya, Jaime, capitán de la embarcación. Procedemos al segundo punto de la agenda: continuar con el estudio en general del proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud, originado en moción de las diputadas y diputados: Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Henry Leal, Daniel Lilayu, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay, Boletín N°17.424-25. Para teledefectos se invitó a la presidenta de la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados MUDECU, señora Carolina Lizama Rojas, acompañada de la coordinadora de la Quinta Región de la Organización Yo Cuido, señora Miriam Gutiérrez Cabrera, quienes se encuentran presentes, y al señor ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga. Dicho lo anterior, cedo la palabra al señor ministro, en caso de que tenga alguna presentación o exposición para realizar; posteriormente, se dará lugar a las preguntas de los parlamentarios. Señor ministro, dele usted la bienvenida.
Lo dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los señores diputados y diputadas que están presentes, a los invitados y también a la Secretaría de la Comisión. Tenemos una presentación que estamos tratando de poner en pantalla completa.
Bueno, lo primero, presidente, es señalar que el bienestar de los estudiantes y de cualquier integrante de la comunidad educativa es —y esto está archiestudiado y orientado además por el sistema de aseguramiento de la calidad— parte fundamental para garantizar los procesos educativos. No hay aprendizaje sin bienestar y, obviamente, tampoco hay bienestar sin seguridad. Por ello, la violencia en los establecimientos educacionales es algo que no podemos dejar pasar por alto; la estamos observando con mucha atención y requiere medidas concretas, vinculadas a la evidencia y a decisiones de política pública adecuadas.
También es importante señalar que las escuelas deben ser espacios seguros para el aprendizaje y la socialización, debiendo contar con mecanismos de prevención y abordaje de hechos de violencia, sobre todo aquellos relacionados con el uso de armas. Por lo tanto, la ocurrencia de hechos de violencia en la escuela es parte de las preocupaciones y urgencias que estamos abordando, no solo a nivel nacional, sino también en el contexto internacional.
Los registros y datos sobre estos patrones muestran fluctuaciones importantes en el tiempo. Las denuncias relacionadas con violencia en la escuela, tras el retorno pospandémico en 2022, presentaron un aumento significativo, pasando de 7.800 casos en 2022 a 8.500 casos en 2024. Además, los casos de expulsiones y cancelaciones de matrícula —y en esto quiero hacer hincapié, presidente, puesto que se ha sostenido que la normativa educacional vigente no se está aplicando— demuestran lo contrario. De hecho, las sanciones más elevadas en el sistema educativo, que son la expulsión y la cancelación de matrícula, crecieron de 690 en 2019 a 2.396 el año pasado.
Esta realidad exige una evaluación respecto al enfoque adoptado en las modificaciones legislativas recientes que se han planteado como soluciones a la problemática de la violencia, como por ejemplo la Ley 21.128, más conocida como Aula Segura, impulsada en 2018. Dicha ley evidenció un enfoque reactivo y se quedó corto en lo preventivo, que es lo más relevante.
También es importante señalar que el problema delictual dentro de los establecimientos educacionales tiene dimensiones cualitativas y cuantitativas, pero no es el aspecto más significativo, ya que la inmensa mayoría de los hechos de violencia no reviste carácter de delito; estos casos tienen una participación marginal en los datos, sin por ello dejar de ser importantes.
En cualquier caso, es imperativo que las medidas que se implementen se ajusten a los requisitos propios de un Estado de Derecho, garanticen los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y estén previstas en la ley, sin ser arbitrarias ni abusivas, que persigan un fin legítimo y respondan a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
No queremos reservar el debate, como expresé en la sesión anterior y reitero hoy, en lo que concierne a los mecanismos para velar por la seguridad y la convivencia en los establecimientos educacionales. Por el contrario, estamos abiertos a ofrecer una solución integral y efectiva que proteja a los niños, niñas y adolescentes, poniendo además el foco en la prevención de estos graves hechos.
Pasando a la siguiente lámina, la experiencia comparada nos señala que existe una criticidad y urgencia en abordar los problemas de convivencia, particularmente en lo relativo a la prevención de la comisión de delitos dentro de los establecimientos educativos. Esto debe realizarse a partir de la evidencia e implementando mecanismos que sean realmente efectivos. Por lo cual, se puede afirmar, basándose en la experiencia internacional, que la instalación de pórticos y detectores de metales no garantiza evitar la comisión de delitos en los establecimientos, puesto que su instalación puede acarrear efectos adicionales que no siempre son positivos, como la sensación de inseguridad entre las personas y la estigmatización de los establecimientos.
Los detectores de metal en escuelas en Estados Unidos han concluido que las escuelas con detectores no mostraron reducción significativa en incidentes con armas en comparación con escuelas similares sin estos dispositivos. Por lo tanto, el nivel de eficacia tampoco es concluyente. Se evidenció que dichos sistemas tenían impactos no deseados, tales como la sensación de prisionalización entre los miembros de la comunidad educativa, la estigmatización de la comunidad, tiempos de ingreso prolongados, falsa sensación de seguridad y un alto costo para la comunidad. Solo el pórtico, sin considerar la operación, el mantenimiento u otros elementos complementarios que podrían hacer más eficiente el proceso –como, por ejemplo, los escáneres de rayos X instalados en el acceso del Congreso, con un costo de 4.000 a 5.000 dólares– eleva los costos al doble o al triple, sumándose igualmente los gastos de operación y mantenimiento.
Otra de las grandes complicaciones de la instalación de pórticos tiene que ver con los altos costos de implementación. Además, se requiere contar con funcionarios especializados y autorizados legalmente para realizar medidas intrusivas, quienes actualmente están habilitados por ley, tales como Carabineros, la Policía de Investigaciones o guardias de seguridad que actúen luego de realizar el registro de pertinencia en caso de detectarse elementos prohibidos.
En la siguiente lámina se aborda la experiencia comparada respecto a la otra cara de la moneda, en relación a estudios sobre prevención del delito en adolescentes. Dichos estudios han sido categóricos en cuanto a la importancia de implementar la educación socioemocional y de mejorar los espacios de convivencia, como métodos efectivos no solo para prevenir el delito, sino también para responder, formar y prevenir problemas de convivencia, ya que la convivencia es un aprendizaje. Un estudio de 2015 de la Universidad de Chicago, basado en un meta-análisis de 203 estudios que incluyó a más de 270.000 estudiantes de primaria y secundaria, concluyó que la educación socioemocional y el desarrollo de habilidades para gestionar problemas docentes redujeron hasta en un 24% la agresión física y verbal en dichas comunidades.
En línea con lo anterior, se investigó el Positive Behavior Support, una metodología para la prevención del delito en la escuela, que concluyó que las escuelas que aplican este mecanismo, basado en el fomento de comportamientos positivos, registran significativamente menos incidentes de violencia y comportamientos disruptivos. Además, se observó una disminución en las tasas de suspensión y expulsión, lo cual se relaciona con una reducción de conductas disruptivas e incluso eventualmente delictivas.
Es importante considerar también las voces expertas que se han pronunciado en las últimas semanas, recomendando no tomar decisiones en caliente, sino analizarlas con mayor distancia y racionalidad. Por ejemplo, Roberto Bravo, director del Tribuelas School de la Región Metropolitana y de la Fundación Líderes Escolares, advirtió que la violencia no se solucionará únicamente con la instalación de detectores de metales. Asimismo, Paulina Guzmán, investigadora de la Universidad San Sebastián en el área de bienestar y clima escolar, problematizó el carácter social de los conflictos de violencia en la escuela, evidenciando la necesidad de abordar el fenómeno con un análisis que contemple la complejidad y la multiplicidad de variables involucradas.
Ahora, paso a la valoración del proyecto de ley y las recomendaciones para lo que continúa en el debate legislativo. Lo primero a señalar es que la convivencia es un aspecto que, desde el Ministerio, se considera prioritario. De hecho, existe un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional y que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado; se votó la idea de legislar en la sala y la discusión particular se abrirá el próximo 27 de junio. En la Comisión de Educación se acordó que, una vez vencido el plazo de indicaciones, este tema se convertirá en prioritario. Dicho proyecto aborda aspectos relacionados con la prevención, el resguardo del bienestar y la mejora de las relaciones en el interior de los establecimientos, proponiendo además mecanismos de control de sanciones que combinan medidas de apoyo con medidas de responsabilidad para distinguir aquellos conflictos que rara vez constituyen ilícitos penales, crímenes o delitos, y que requieren un abordaje particular con la mayor efectividad y dignidad posible. Por ello, se considera que la mera instalación de pórticos...
Detección de metales, a partir de lo que se indica en la experiencia comparada, no demuestra ser una medida eficiente y efectiva, arrastrando efectos indeseados que pueden ser perjudiciales para la erradicación de estos hechos. Señalamos que, con el afán de buscar soluciones efectivas y en diálogo con la complejidad de este debate, lo primero que nos parece relevante es asegurar la proporcionalidad y la idoneidad de las medidas de acuerdo con la naturaleza del conflicto en cuestión, además de resguardar la protección ante la vulneración de derechos y la revictimización.
También se deben considerar los costos y las capacidades instaladas necesarias para la implementación de detectores de metal en los colegios. La inefectividad mostrada en estos casos indica que medidas como esta no pueden pensarse en abstracto, sino que deben analizarse en función de la realidad de la implementación. Por ejemplo, cabe hacerse preguntas como: ¿cómo se financia, cómo se aplica, quién controla y qué ocurre si hay armas?
Asimismo, se debe valorar la evidencia como herramienta de mayor efectividad y pertinencia en el abordaje de conflictos de convivencia, junto con la formación socioemocional y la gestión institucional para la resolución colaborativa de conflictos. Todos estos aspectos se encuentran abordados en nuestro proyecto de ley de convivencia, el cual fue aprobado hace ya unos meses. Estas medidas pueden complementarse con acciones de seguridad proporcionales y específicas que, en ningún caso, deben reemplazar las medidas primarias. Es fundamental analizar en profundidad la opinión de las comunidades educativas, ya que no existe una única opinión concluyente. Por ejemplo, la Escuela Nuevo Horizonte manifestó abiertamente que lo que no deseaban era instalar pórticos, sino que preferían mejorar la seguridad perimetral, considerando que fue esa condición la que permitió el ingreso de las personas que balearon al estudiante al establecimiento. Otras comunidades, en cambio, respaldan medidas de estas características.
En ese sentido, queremos señalar lo que corresponde al proyecto de ley que estamos discutiendo. Lo primero es que, como ministerio, estamos incorporando –o vamos a incorporar– la habilitación expresa del uso de tecnologías destinadas a resguardar la seguridad de la comunidad educativa. Esto se realizará dentro del proyecto de ley de convivencia educativa, identificado en el Boletín N°16.901.04, el cual se encuentra en segundo trámite. De esta forma, por intermedio del presidente, se someterá a consideración de los diputados la medida de incorporar en dicho proyecto el uso de tecnologías para la seguridad.
La proposición del Ministerio de Educación es que esta discusión continúe en ese proyecto, permitiendo regular y acompañar esta medida junto a las demás que lo complementan. La experiencia de la semana pasada dejó en claro que, en la opinión de todos los parlamentarios –más allá de su posición respecto al uso de pórticos en particular– se reconoce que el uso de estas tecnologías, por sí solo, no es la solución. Por lo tanto, nuestra sugerencia es regular la materia en ese proyecto y asumir, como Ejecutivo, el compromiso de abordarla en la tramitación correspondiente.
Por otra parte, es relevante mencionar que este proyecto se encuentra en su segundo trámite, a puertas de concluir su proceso legislativo. Por ello, si se trata de una urgencia, resulta aún más conveniente que la discusión continúe en ese espacio.
Ahora, es importante señalar algunos antecedentes en relación con nuestra normativa. El artículo segundo de la Ley General establece que uno de los principales fines de la educación en Chile es desarrollar en las personas las cualidades necesarias para la vida en común. Dicho artículo enmarca la educación en el respeto y la valoración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, capacitándolas para conducir su vida de forma plena y convivir pacíficamente, de manera responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad.
La convivencia educativa, el bienestar socioemocional y la educación transversal son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que la convivencia debe situarse en el centro del quehacer educativo. La Agencia de la Calidad ha otorgado cada vez mayor relevancia a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), los cuales permiten aproximarse al bienestar general de la comunidad a través de la evaluación continua. No sólo se evalúa a los estudiantes –como ocurre, por ejemplo, al aplicar el CIMSE–, sino también a las familias, quienes reportan cómo perciben el estado de dichos indicadores en la comunidad educativa, proporcionando información valiosa sobre el desempeño de los establecimientos.
Finalmente, el proyecto de convivencia, entre otras medidas, crea un observatorio para la convivencia que posibilita un seguimiento longitudinal de la información que el sistema va construyendo.
Hoy día no dialoga con la toma de decisiones de política pública, entonces estamos creando un ecosistema que nos va a permitir de manera más integral abordar esta problemática desde el bienestar laboral de los trabajadores y trabajadoras de la educación, el bienestar de los estudiantes, medidas de acompañamiento, sanciones también y, lo que estamos sugiriendo nuevamente, lo reitero, es continuar esta discusión sobre el uso de tecnología de seguridad, para decirlo de otra forma, los pórticos, en ese proyecto de ley, de modo tal que sea coherente con toda la discusión.
En consecuencia, la mejor forma de proteger los establecimientos educativos es proteger su entorno, es decir, a los integrantes de la comunidad. Sin embargo, no podemos perder de vista que los centros educativos son instituciones insertas en territorios, comunidades y entornos locales, de tal manera que se convierten en un reflejo de los contextos donde se encuentran emplazados. Esto implica prevenir que los hechos de violencia que ocurren en los establecimientos y sus entornos sean tratados únicamente como un problema del sector educación, sino que se requiere un trabajo intersectorial, considerando algunas iniciativas que se han venido ejecutando.
En primer lugar, se han implementado programas de iniciativa relativa a la convivencia escolar a nivel promocional. Como Mineduca, atendiendo a la recomendación y mirada de los expertos, hemos abordado la convivencia educativa con una perspectiva de sistema multinivel, organizado en nuestra institucionalidad en modelos de tres niveles de acción: el contractual (promocional), el focalizado y el específico. A nivel promocional, nos referimos a acciones pedagógicas para todos los integrantes de las comunidades educativas, con un fuerte enfoque en la promoción del bienestar.
Se han desarrollado líneas como la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa, la actualización curricular para el aprendizaje socioemocional y el programa de intervención directa en las comunidades, denominado A Convivir se Aprende, que, dicho sea de paso, se encuentra en fase de cierre de evaluación con muy buenos resultados, habiendo intervenido en cerca de 160 comunas del país. Este programa se creó en el año 2022, en el marco de la reactivación post pandemia. Asimismo, se ha impulsado la formación y el acompañamiento para el bienestar de los equipos educativos y la ampliación de la cobertura del programa Habilidades para la Vida, otro programa tradicional de la CUNAEV, que ha mostrado efectos positivos y una excelente valoración en sus evaluaciones, destacando en particular los componentes HPV1 y HPV2. Además, el desarrollo de talleres deportivos y artísticos ha contribuido, según la evidencia, a mejorar la convivencia.
Por otro lado, se ha articulado una oferta programática intersectorial, en colaboración con el Ministerio del Interior y, nuevamente, con el Ministerio de Seguridad, complementada con el sistema de monitoreo de la convivencia establecido en conjunto con la Agencia de la Calidad.
A nivel específico, existen también otras iniciativas relacionadas, como las acciones formativas disciplinarias para grupos reducidos de individuos, que se activan de manera reactiva cuando ya se han presentado hechos de convivencia que no han sido prevenidos oportunamente; estas acciones se abordan a partir de reglamentos y protocolos. Asimismo, se han implementado intervenciones caracterizadas por una articulación intersectorial, particularmente en lo referente a la salud mental de las comunidades educativas, así como a la protección y seguridad en contextos educativos, apoyadas en instrumentos de la Superintendencia de Educación.
Un ejemplo de lo anterior es lo que se está llevando a cabo en la Escuela Nuevo Horizonte, donde, además de las medidas propias del sector, se han activado los DPEAS (dispositivos de emergencia socioemocional de Habilidades para la Vida), que han sido complementados con el despliegue de la fuerza policial tanto en el interior del colegio como en su entorno, mediante operativos permanentes. Adicionalmente, se ha instalado un dispositivo de control en la entrada del establecimiento educacional por un tiempo determinado, vinculado a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
También están las recomendaciones del Consejo Asesor para la Convivencia Educativa, convocado por el Ministerio de Educación y compuesto por el Consejo de Bienestar y Salud Mental, cuyas recomendaciones fueron publicadas en el año 2023 y se plasmaron en un documento técnico que fundamentó parte importante del proyecto de ley de convivencia educativa y otras medidas adoptadas por el Ministerio. Es fundamental resaltar que las principales recomendaciones del documento incluyen elementos que ya hemos discutido en la presentación, tales como la necesidad de abordar la convivencia desde un enfoque pedagógico, la importancia de contar con una política de convivencia con un fuerte componente preventivo de la violencia, y el fomento del desarrollo de capacidades.
Aquí quiero detenerme un segundo, porque hemos pasado conceptualmente a algo que pareciera trivial o que no se le ha prestado la debida atención, refiriéndome a los actores externos al sistema educativo. Sin embargo, en el ecosistema educativo esto tiene un gran valor, ya que se trata de pasar del concepto de convivencia escolar al de convivencia educativa. Y esto no es casual, ¿no? Porque tiene que ver con una premisa fundamental: si la convivencia es un aprendizaje, éste debe ser adquirido desde los primeros años de formación de los niños y niñas, sobre todo en su etapa inicial de socialización que ocurre en la educación parvularia. Por eso, también se ha incorporado al debate de la convivencia una perspectiva de trayectoria, es decir, cómo vamos monitoreando y formando este aprendizaje desde que el niño…
Niña entra a la educación parvularia, a la cuna o niveles iniciales, hasta cuarto medio, incluso articulado con la formación superior, para que este proceso continúe desarrollándose a lo largo de la trayectoria educativa.
Por otro lado, está la mesa técnica de establecimientos educacionales como espacios protegidos, trabajo que se desarrolló desde el año 2023 mediante una mesa intersectorial de centros educativos, la cual reunió a actores públicos y privados para generar un diagnóstico compartido y establecer recomendaciones en dos ejes. En primer lugar, se destaca la articulación entre instituciones públicas intersectoriales y el fortalecimiento de políticas, programas, iniciativas, acciones y herramientas del sistema. Aquí se pueden encontrar, por ejemplo, medidas de prevención integral de la discriminación en los procesos educativos, la promoción y valoración de la diversidad de identidades, lengua y cultura, así como el abordaje específico de discriminaciones y abusos por motivo de género; en el ámbito de salud mental y seguridad también se plantearon diversas recomendaciones.
El programa tiene como propósito promover la articulación intersectorial para una respuesta oportuna y el desarrollo de capacidades de prevención, preparación y respuesta de sostenedores y comunidades educativas, a través de los ajustes en los planes integrales de seguridad escolar y parvularia. Además, contempla el establecimiento de comunidades educativas protegidas.
El producto principal que emerge de este trabajo plantea cuatro ejes de acción:
1. La articulación con mesas regionales y comunales de seguridad, constituidas en todas las regiones del país, lo que incluye la recomendación del proyecto de ley de seguridad comunal de incorporar a las direcciones provinciales de educación en los consejos comunales de seguridad, ya que hasta ahora el sector educativo no está presente en la red de seguridad territorial.
2. El acompañamiento a la comunidad educativa, orientado al desarrollo de capacidades de prevención, preparación y respuesta tanto a nivel de sostenedores como de la comunidad, mediante la implementación de metodologías y apoyos para la actualización de los planes integrales de seguridad.
3. La coordinación programática de la prevención, asistencia y apoyo a los niños, niñas y adolescentes.
4. Los ajustes legislativos planteados en el proyecto de ley de seguridad comunal y en el proyecto de ley de convivencia educativa, buen trato y bienestar, que se encuentra en segundo trámite y en el cual se ha decidido continuar la discusión.
Quisiera terminar abordando el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar, correspondiente al Boletín N°16.901, que plantea las ideas matrices para establecer y precisar el marco normativo de la convivencia, otorgándole un enfoque preventivo, formativo e integral, orientado a las necesidades de los establecimientos en articulación interinstitucional. Esta es la primera vez que se legisla integralmente sobre convivencia, ya que, si bien existe amplia legislación, esta resulta dispersa y carente de un sentido orgánico. Se ha tratado, por tanto, de crear un marco normativo único y coherente, en el cual sus partes dialoguen entre sí.
Asimismo, el proyecto contempla la creación y promoción de un nuevo estándar para la gestión de la convivencia, estableciendo condiciones y requisitos, junto con el alineamiento, orientación y acompañamiento institucional. Por ejemplo, se crea la obligatoriedad de que los establecimientos educacionales cuenten con un coordinador de convivencia, puesto que hoy en día este rol lo desempeñan muchos profesores o asistentes de la educación sin contar con horas disponibles para ello; en ocasiones, un profesor de historia, con 44 horas de aula, debe asumir también el rol de coordinador de convivencia, utilizando sus horas no lectivas.
Adicionalmente, se consideran diversas iniciativas legislativas sobre convivencia educativa y las recomendaciones técnicas del Consejo Asesor. Por último, se destaca el rol del Estado en la promoción del nuevo estándar de gestión de la convivencia —asociado, entre otras cosas, a la figura del coordinador—, junto al reforzamiento de los deberes de los sostenedores. Es importante señalar que, en ocasiones, los actores responsables de la comunidad –no solo directores, sino también sostenedores y docentes– no denuncian a tiempo situaciones que pueden generar efectos nocivos y culminar en hechos muy graves. Casos como el de la profesora Caterine Lloma, cuyo caso se encuentra en juicio y en el que la inacción del empleador al no activar los protocolos de salud mental y de seguridad correspondientes, terminó en una tragedia, ilustran de forma lamentable cómo estas fallas afectan a los profesionales de la educación.
También estudiantes. Hace poquitos días atrás, no sé si ustedes lo vieron, el caso de Catherine Winter, en el que los tribunales terminaron por sancionar al establecimiento educacional por no haber actuado a tiempo. En este caso, un colegio particular de notado prestigio. Esto pasa en todo el sistema, y lo que quiero decir es que no es necesaria un arma de fuego para poner en riesgo y comprometer la vida de las personas. La evidencia nos indica que hay más personas que han muerto no por el uso de armas al interior de la comunidad educativa, sino por acciones vinculadas al bullying, al ciberbullying u otros casos de maltrato psicológico o físico. Lamentablemente, esa evidencia es más profusa que la vinculada al uso de armas. Por último, está la promoción y protección del bienestar de los equipos directivos.
Quiero pasar a lo siguiente. ¿Por qué me detengo en este punto, presidente? Porque, así como hemos recogido en esta comisión la invitación a discutir el uso de tecnología aplicada a la seguridad en los establecimientos educacionales –más lo digo en un sentido general, ya que de hecho es el título del proyecto–, resulta coherente llevarlo al debate sobre la convivencia, ya que está junto a otras medidas que complementan esta discusión. Otro elemento que será incorporado en el debate, y que es parte de los acuerdos que tenemos en el Senado, es la incorporación del Programa Nacional de Bienestar Socioemocional e Educación Integral. Se trata de un trabajo que hemos venido desarrollando con varios parlamentarios, encabezados por el senador Kast y con Fundación Kiri, entre otros, respecto a la inclusión de acciones de bienestar integral transversal con un enfoque pedagógico preventivo durante la jornada escolar completa. Esto tiene que ver con retomar, de alguna manera, cuáles fueron los propósitos y los efectos esperados de la jornada escolar completa.
Esta iniciativa hoy día se encuentra en el presupuesto de la Nación, con el objetivo de pilotar esta medida, la cual se implementó en mayo en cinco servicios locales; la idea es incorporarla posteriormente como ley de la República, en el marco del Proyecto de Ley de Convivencia, poniéndola como sistema de apoyo a la convivencia, de bienestar socioemocional y con carácter universal, es decir, con cobertura en todo el sistema, tanto en el ámbito público como en el particular. Por lo tanto, se trata de una medida estratégica que implicará recursos significativos y que pretende dar el uso adecuado a la jornada escolar completa, en virtud de lo que las propias comunidades han solicitado y siguen solicitando. De hecho, en el pilotaje se desarrollan más de 150 talleres distintos; son más de 3.000 talleres que se ejecutan durante los tiempos de la jornada escolar completa en estos cinco servicios locales, donde se decidió realizar el pilotaje según la Ley de Presupuesto. Quería destacar esto, pues a nuestro juicio la mirada tiene que ser equilibrada: debemos poner el foco en la seguridad, pero también en los aspectos formativos y educativos, ya que, al final del día, de lo que estamos hablando es de convivencia escolar y educativa, y no de otra cosa, digamos. Presidente, no quiero alargar más la presentación; ha sido extensa, y tenemos otra audiencia. Me gustaría también escuchar la reacción de la comisión ante lo señalado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro.
Antes de ceder la palabra a los señores y señoras diputados, vamos a dar la palabra por cinco minutos a la presidenta de la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados MUDECU, señora Carolina Lizama Rojas. Tiene la palabra, señora Rojas.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas presentes y a los secretarios. Desde la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados MUDECU, agradecemos sinceramente la invitación a participar en este espacio y, especialmente, al diputado Andrés Lonton, quien facilitó nuestra presencia. Somos una organización compuesta por mujeres cuidadoras que trabajamos por una sociedad más justa, inclusiva y con enfoque de derechos. Comprendemos la preocupación por la seguridad en los espacios escolares; sin embargo, creemos que las soluciones no pueden centrarse únicamente en la vigilancia o el control, como la instalación de pórticos y detectores de metales. Esta medida, aunque bien intencionada, no aborda las causas profundas de los conflictos que hoy se evidencian en nuestras escuelas. Después de la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes regresaron a la presencialidad con importantes secuelas emocionales; durante meses, su “metro cuadrado de vida” se redujo al espacio del hogar. Hoy, al volver a convivir con otros, muchos se sienten invadidos y sobrepasados.
Sin las herramientas necesarias para regular sus emociones ni establecer límites sanos, y sin el apoyo suficiente del sistema educativo para acompañar esta transición, desde MUDECU creemos que esta situación debe abordarse como una crisis de salud mental y, como decía muy bien el ministro de convivencia, no como un problema policial. La instalación de pórticos puede incluso generar mayor ansiedad o sensación de criminalización en los propios estudiantes.
Recordamos que Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo tercero establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las medidas que le afecten, y en el artículo 12, que niños y niñas tienen derecho a ser escuchados. Sin embargo, las comunidades escolares no han sido parte activa de este debate. También apelamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que este tipo de medida puede afectar desproporcionadamente a estudiantes neurodivergentes o con discapacidades invisibles que ya enfrentan múltiples barreras.
Desde una perspectiva de género, queremos recordar que las principales responsables del cuidado emocional en la escuela siguen siendo mujeres, madres, profesoras y asistentes. No podemos seguir delegando en ellas esta tarea sin recursos, sin apoyo y sin una política de cuidado clara. La seguridad se construye cuidando, no solamente controlando. Por eso, proponemos fortalecer con urgencia los equipos de salud mental en las escuelas, invertir en formación en convivencia y gestión emocional para toda la comunidad educativa, e incorporar a las familias cuidadoras en el diseño de políticas de bienestar escolar. Se deben evaluar mecanismos de control físico solo como última opción, aplicando protocolos claros y respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y queremos dejar tres reflexiones para esta comisión: en primer lugar, los pórticos no son la solución a los problemas de salud mental que afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes; en segundo lugar, no será el momento de revisar nuestras políticas públicas en salud mental, por ejemplo, exigiendo que las universidades que imparten la carrera de Psicología establezcan prácticas profesionales obligatorias en establecimientos escolares, como ocurre con otras carreras, como la de Derecho; y, en tercer lugar, para ofrecer apoyo a estudiantes, docentes, asistentes y familias, necesitamos una mirada interdisciplinaria, no punitiva. Debemos preguntarnos quién cuida a estos niños y niñas, cómo se ejerce ese cuidado y cómo la falta de redes de apoyo, las extensas jornadas laborales, la escasa conciliación entre trabajo y familia y el uso indiscriminado de redes sociales están afectando su bienestar. Como Fundación MUDECU queremos ser claras: ¿pueden instalarse pórticos? Sí, claro, pero no resolverán el problema si no se enfrentan sus causas estructurales. La seguridad se construye con vínculo, la educación es una comunidad y la comunidad se cuida. No queremos más barreras y queremos más cuidado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Lizama. Ahora sí, diputado Lave, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Agradezco al ministro y a la dirigente que expuso recientemente. Presidente, mire, yo sé que el proyecto todavía no se va a votar, pero quiero hacer una reflexión y pido que me tomen la palabra un momento, porque lo que está pasando hoy en los colegios no comienza hoy, sino desde hace ya un tiempo largo atrás. Voy a ir a una fecha puntual con un caso específico. En 2006, el famoso jarrón. ¿Por qué lo traigo a colación? Evidentemente, eso no es un cuchillo, no es un arma letal, etcétera, pero ahí parten las malas señales. La educación, presidente y ministro, es un tema que no necesariamente implica empezar a encarcelar a los niños. Ojo, porque en 2006, cuando existía el movimiento de los pingüinos, destruían colegios por completo, ocasionando daños que costaban cientos de miles de pesos para recuperarlos. Un grupo, con legítimas aspiraciones de cambio, se manifestó de manera no pacífica, y cuando un grupo de personas se toma un colegio y le quita la libertad a otros de estudiar, creo que eso también debe ser sopesado. La historia cuenta que, con el tiempo, esto fue escalando, escalando y escalando.