Muy buenas tardes, en el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El acta de la sesión número 118 se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados.
Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente.
Se han recibido los siguientes documentos:
1. Oficio de la Secretaría General, por el cual se comunica que la Sala ha accedido a la solicitud de la Comisión para refundir los proyectos correspondientes a los boletines 17.284-14 y 17.588-14, con los proyectos ya refundidos correspondientes a los boletines 15.682-14 y 16.913-14.
2. Informe sobre proyectos que buscan establecer la obligatoriedad de instalar mallas de seguridad en edificaciones habitacionales de altura, elaborado por la profesional de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica de la Paz Mellado, en el marco de la discusión general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de medidas de seguridad en departamentos para prevenir accidentes.
3. Oficio de la Municipalidad de Cerrillo, por el cual se informa que los problemas estructurales que presentan las unidades del conjunto Villa Panamericana de esa comuna no son de naturaleza municipal, razón por la cual no es resorte de ese municipio efectuar reparaciones en las viviendas, ya que ello corresponde a la empresa constructora.
4. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se informa sobre el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio en la Región de Valparaíso. Se adjunta la minuta de la Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastre y Reconstrucción.
5. Oficio de la Directora del Serviu, Región del Biobío, por el cual se hace referencia a la situación que afecta al sector del Cerro Lantena de la comuna de San Rosendo, remitiéndose la resolución exenta 243 de 2025 de la Delegación Presidencial Provincial del Bío Bío.
6. Oficio del Director del Serviu, Región de Coquimbo, por el cual se remite información sobre la Villa San Rafael de la comuna de Vicuña, adjuntándose estudio de mecánica de suelos e informe técnico del proyecto.
7. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se remite informe mensual sobre el avance del Plan de Emergencia Habitacional, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público.
8. Correo electrónico de la agrupación de luchadoras y luchadores de Lormida, en el que se solicita audiencia para exponer los graves problemas habitacionales que afectan a las poblaciones de Peñalolén y de todo el país, así como para presentar su postura y propuestas respecto a la legislación que permitiría la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional durante cuatro años.
9. Oficio de las municipalidades de Chillán, Curepto, Pelarco, El Olivar, Puente Alto, Río Claro, San Bernardo, Los Andes, Montepatria, Peyúgue y Providencia, por el cual se refieren a la aplicación del artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios en cada una de ellas.
10. Correo electrónico del arquitecto, señor Juan Pablo Viñó, en el que se solicita que la Comisión actúe en forma urgente para tomar acciones respecto a la concesión del teleférico urbano de Santiago, en consideración a la respuesta de los oficios remitidos por esta instancia a los ministerios, debido a que se afectará la planificación urbana de la ciudad, su parque metropolitano, el río Mapocho y los tiempos de movilidad de las principales vías conectoras. Se adjunta, además, una columna de opinión titulada “La incomprensible concesión del teleférico urbano ex Bicentenario”, que puede considerarse un breve informe sobre las respuestas ministeriales a los oficios aludidos, habiéndose remitido dicho documento a los correos de los integrantes de la Comisión.
11. Correo electrónico del señor Julio Jaramillo, ingeniero civil, en el que se adjuntan documentos solicitando aclarar los artículos 3º, inciso 2º y 8º, letras D y L, de la Ley de Copropiedad, en relación con el dominio que cada comunero posee sobre los bienes comunes, especialmente el dominio del terreno en el que se emplaza el condominio, debido a la notoria falta de certeza jurídica que introducen dichos artículos en la valoración del derecho a la propiedad y el debido proceso. Se señala que la ley impone la elaboración de un nuevo reglamento de propiedad.
El avalúo fiscal como elemento modificatorio de la propiedad de cada comunero sobre los bienes comunes, siendo el avalúo fiscal un instrumento administrativo variable en el tiempo y arbitrario que debiera tener como base la repartición legal o prorata legalmente constituida de los bienes comunes. Asimismo, se señala que la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de este nuevo reglamento atenta contra la Constitución y el propio reglamento de los conservadores. Indica, finalmente, que la redacción de la Ley 21.442 es insuficiente y equivocada respecto a la legitimidad activa para la representación en acciones que modifican la propiedad y la imaginación de bienes comunes permitida, vulnerando el derecho a propiedad y el debido proceso con una redacción muy equivocada. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Bueno, nos han consultado respecto de distintos proyectos de ley relativos a la seguridad que debe haber en los edificios, y ya obtuvimos la autorización de la sala para que se refundieran los tres proyectos que ingresaron el año pasado, de la diputada Valls, del diputado Ulloa y del diputado Durán, con los que fueron expuestos la semana pasada. Con esto ya podemos ponerlo en tabla para una sesión siguiente.
Se ofrece la palabra sobre puntos varios, diputado Materson. Gracias, señor presidente.
En la región de Magallanes se han suscitado numerosos problemas con la construcción, es decir, con viviendas sociales entregadas y viviendas sociales en construcción. A mí me parece que es por una falta de fiscalización y dedicación por parte del Servio en la construcción de estas viviendas. Por ejemplo, en Puerto Natales, hace un par de semanas se detectaron fisuras en 27 departamentos que fueron entregados hace seis meses. Esto puede deberse a un defecto de construcción, defecto de materialidad o a asentamientos del terreno, pero es algo que hay que determinar.
Por otra parte, en el loteo Los Sauces, etapas 4, 5, 7 y 8 de la ciudad de Punta Arenas, la empresa constructora debió haber entregado las viviendas en el mes de septiembre del año 2024; existen multas que no se han cursado y es de extrema preocupación el hecho de que ya no se cuente con la entrega de esas viviendas. Además, en este loteo se han detectado problemas de mecánica de suelo que han determinado que se han desarmado 60 viviendas, viviendas que ya estaban construidas. También se observan problemas en los loteos originales, ya que se han realizado modificaciones en los loteos sin los permisos de la Dirección de Obras Municipales. Sumado a ello, hay riesgo de colapso del canal de trasvase y aún no se cuenta con suministro de agua potable, porque no se ha terminado de extender la matriz para llegar al terreno donde se construyen las viviendas.
Por este motivo, solicito a la Comisión que se oficie a la Contraloría General de la República para que realice una fiscalización al Servio, a fin de verificar en qué y cómo está actuando, cuál es la dedicación, cuáles son las fallas que se han detectado y si realmente se están tomando las medidas necesarias para solucionar las problemáticas presentadas. Realmente, si los estudios y el diseño de los loteos y de los edificios se hubiesen analizado en etapas de diseño, valga la redundancia, creo que estos problemas no se habrían producido. Todas estas situaciones tienen un alto costo para el Estado y generan una molestia tremenda para los adjudicatarios de las viviendas. Por eso, insisto en que esta Comisión oficie a la Contraloría para que tome cartas en el asunto. Gracias, señor presidente.
Diputada Medino, Diputado Zafirio, Diputado Ulloa, Diputado Bertrán.
Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a la comisión y vengo a exponer y solicitar oficios respecto a un problema que ocurre en la ciudad de Los Ángeles. Vecinos del condominio Mirador de Lauquien, ubicado en la comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío, han denunciado de forma persistente y documentada una serie de graves deficiencias estructurales y de habitabilidad en sus departamentos, entregados por la empresa constructora Icuadra.
Las viviendas fueron recepcionadas hace tres años y los reclamos comenzaron desde el primer momento, sin que hasta la fecha exista una solución efectiva por parte de la empresa ni una intervención adecuada de los organismos públicos competentes. Entre las fallas se reportan: el sistema de red contra incendios no operativo, lo que compromete la seguridad vital del conjunto habitacional; una piscina inutilizada y abandonada, sin conexión ni habilitación técnica; goteras, filtraciones de agua, presencia de humedad, hongos en los muros y techos; terminaciones en bruto y de muy baja calidad, incompatibles con los estándares exigidos; instalación a la vista y otros.
Cabe destacar un elemento fundamental: los propietarios accedieron a estas viviendas mediante subsidios estatales y, por el tipo de programa utilizado, la empresa constructora Icuadra fue asignada directamente sin que los beneficiarios tuvieran posibilidad de elegir al proveedor ni las condiciones del proyecto. Esta modalidad es común en los subsidios DS-49 o en los DS-19 de integración social y territorial, lo que implica que la corresponsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio en la fiscalización de la calidad, la habitabilidad y el cumplimiento normativo, debiera ser muy estricta de acuerdo a las normas.
La Ley General de Urbanismo y las Construcciones establece que estos proyectos habitacionales financiados por subsidios deben cumplir rigurosamente con los estándares de calidad. En particular, las fallas en redes contra incendios, instalaciones comunes y terminaciones deben estar cubiertas por garantías técnicas exigidas a las constructoras, que pueden extenderse hasta 10 años. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servicio Regional, tiene responsabilidad directa en la aprobación de estos proyectos, en la fiscalización durante su ejecución y en la verificación técnica, a través de las denominadas inspecciones técnicas de obras, los famosos ITO.
Es por eso, y debido a los reclamos de los vecinos —quienes han tramitado sus denuncias de forma individual (aproximadamente 45 familias, según el sondeo que nos entregaron)—, que pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que oficie para que nos entregue el informe sobre qué tipo de subsidio fue otorgado a los beneficiarios del condominio Mirador de Lauquien y bajo qué programa se ejecutó el proyecto. Que se indique cómo la constructora Icuadra fue asignada al proyecto según las bases del subsidio y si cumplía con los requisitos técnicos para desarrollarlo; que informe si el proyecto fue supervisado por la Inspección Técnica de Obras y que remita copia de los informes emitidos; que indique si existen antecedentes de reclamos o fiscalizaciones posteriores a la entrega de estos departamentos; y que informe si la empresa se encuentra actualmente habilitada para postular a nuevos proyectos con subsidios estatales.
Asimismo, solicito otro oficio al Servicio de la Región de Biobío para que confirme si participó en la visación, aprobación y seguimiento técnico del proyecto del condominio Mirador de Lauquien, y que remita los antecedentes técnicos del proyecto, incluidos planos aprobados e informes de fiscalización, y que se informe si se han recibido denuncias formales por parte de los vecinos y si el Servicio ha adoptado medidas administrativas frente a las fallas reportadas.
Gracias, presidente. Entonces, acordadas las solicitudes de la diputada Medina, del diputado Materson, del diputado Zafirio y del diputado Ulluá.
Ahora sí, gracias, presidente.
El artículo 21 de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social, Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, contenido en el artículo 4 de la Ley 21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, contiene la norma sobre la habilitación normativa de terrenos, la cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Este artículo 4, en su párrafo 2, versa sobre la habilitación normativa de terrenos del capítulo 1 de dicha ley, el cual se conforma con los artículos 3 al 10, y el objetivo de este mecanismo, según se desprende en el artículo 3, es viabilizar la construcción de viviendas para beneficiarios del programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS-49.
Esta herramienta tiene carácter de excepcional, pues resulta aplicable solo en determinados casos bajo ciertas condiciones y con acotados efectos, y es de carácter temporal, puesto que su ejercicio se encuentra circunscrito a la vigencia de la ley que la ampara, la cual, reitero, se extiende hasta el 31 de diciembre del 2025. Podría dar muchos ejemplos, presidente, de que si no se amplía dicho plazo, algunas obras o poblaciones que están por iniciar su construcción –como es el caso de la comuna de Lonquimay, donde el Ejército de Chile entregó o canjeó un terreno para la construcción de algunas viviendas– no se podrán ejecutar. Yo pediría, presidente, dejar el documento para que la comisión pueda solicitar la ampliación de este plazo.
Los oficiales del Ministerio de Vivienda revisarán el tema de la ampliación del plazo. Diputado Ulloa, luego diputado Beltrán, y se concluyen los puntos varios. Gracias, presidente.
Quiero ocupar este punto, que creo que todos compartimos, pues fuimos parte de la discusión presupuestaria en el momento en que se determinaron los recursos designados para los decretos 27 o 255, fundamentalmente de mejoramiento. Citamos e invitamos al ministro a exponer sobre esta materia; evidentemente, no representamos los intereses del ministerio, sino que nos interesa representar los intereses de los vecinos. Y lo que me indigna, presidente, y se lo digo con todas sus letras, es que aún no tengamos claridad respecto de estos programas. Peleamos por los recursos; yo creo que se da de manera transversal en esta comisión, ya que quienes recibimos las críticas somos nosotros, pues en nuestros respectivos territorios hay gran cantidad de gente que no ha sido beneficiada. El año pasado se realizó un escaso llamado al decreto 255. En mi zona son más de 700 familias de Alerce, Mirasol y otros sectores de Puerto Montt, lo que representa un 62% de las personas que no salieron beneficiadas, producto del escaso llamado, y el segundo llamado, que iba a ser el año pasado, se resolvió recién el 12 de mayo del presente. Entonces, ¿qué tenemos? Escasos o nulos recursos en materia de mejoramiento de vivienda; en mi zona, incluso, en mejoramiento térmico. En las zonas de ustedes seguramente también es importante contar con esta cantidad de recursos, porque vivienda que no se mejora, cae dentro del plan de emergencia. Por tanto, sugiero y llamo a esta comisión, de forma educada pero contundente, a convocar al ministro para que nos dé razones de por qué en todas las comunas del país los llamados se realizan con recursos nulos o escasos, y quiénes somos los que recibimos las críticas. Creo que, única y exclusivamente, somos los integrantes de esta comisión por no hacer lo suficiente para mantener un programa que siempre ha sido robusto en materia de vivienda. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Ayer hablé con el ministro y con la Directora de Presupuestos y, debido a que se estaban resolviendo ciertos asuntos antes de venir a la comisión, tanto el Ministro de Hacienda como el Ministro de Vivienda, así como la Directora de Presupuestos, vendrán a la siguiente sesión a exponer respecto de todos los temas planteados, entre ellos, el tema de los subsidios de mejoramiento, que fue planteado hace tres sesiones por el diputado Zafirio, y que yo volví a mencionar a raíz de situaciones ocurridas, en el caso de la Región de Coquimbo con los techos polilla. Y, como usted también lo había planteado, el 2 de julio, en esa sesión, asistirán tanto el Ministro de Hacienda como el Ministro de Vivienda y la Directora de Presupuestos. De hecho, hablé con la Directora de Presupuestos el pasado viernes y, para evitar que vinieran por separado, acordamos que vendrían el mismo día, coordinando así el presupuesto de vivienda, el del Ministerio de Hacienda y la Directora de Presupuestos, a fin de resolver ese asunto. Así que creo que es una inquietud que compartimos todos y, además, como lo planteó el diputado Hitch, es necesario revisar la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional, tema que también se abordó en esta comisión.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, para que también podamos tener participación en ese nuevo planteamiento. Así que el 2 de julio van a estar acá y espero que todos podamos traer una buena presentación, por lo que me dijo la Directora de Presupuestos. Diputado Beltrán, ¿y por qué?
Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a los funcionarios de la Corporación y también a nuestros invitados.
Señor Presidente, yo tengo una solicitud para esta comisión en el sentido de oficiar a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de Santiago y me va a permitir dar lectura a un oficio que corresponde al oficio 571 de fecha 6 de mayo del 2024, enviado por el Ceremi Regional de la Araucanía a la Subsecretaría de Vivienda. Esto señala, particularmente, señor Presidente, de acuerdo a lo establecido en el oficio ordinario y antecedente, que en la sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión de Suelos de la Región de la Araucanía, realizada el miércoles 17 de abril del 2024, se analizaron 10 inmuebles ingresados en la plataforma Sistema Integrado de Bienes y Muebles Servios, susceptibles de ser adquiridos a través de fondos SUBDERE.
De la revisión y análisis de la información disponible, la Mesa Regional de Gestión de Suelos determinó que, hasta esa fecha, los siguientes cinco terrenos cumplen, desde el punto de vista técnico y normativo, para desarrollar proyectos habitacionales de vivienda de interés público, y se independizan a continuación: aparecen los cinco comités, particularmente de Comuna de Loncoche, Temuco, Angol, Temuco y Villarrica.
En ese sentido, segundo punto señalado en este contexto, los cinco inmuebles señalados precedentemente se presentan para su adquisición mediante financiamiento SUBDERE, en el marco de aportar al cumplimiento establecido en el Plan de Emergencia Habitacional. Señor Presidente, me refiero al Comité Habitacional El Trencito de Angol, cuya superficie es urbana y corresponde a 5.318,66 metros cuadrados, y solicito oficiar al subsecretario de Vivienda para que se entregue la información detallada sobre las razones por las cuales no se ha respondido este oficio; y, en segundo lugar, oficiar a SUBDERE a objeto de intervisarnos si se encuentra dentro de la cartera para poder ser financiado y, en definitiva, adquirir el terreno respectivo para el comité ya señalado.
Eso es, señor Presidente, agradecería que se tome el acuerdo para poder oficiar, agilizar y dar respuesta al comité ya señalado.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Sería bueno que nos hiciera llegar el oficio a la Secretaría para que se adjunte al oficio que acordemos ahora. ¿Acorda usted el oficio? Sí.
Señor Presidente, solamente para complementar, efectivamente tengo la información técnica de Frontel y también la información de Agua de la Orcanía. Muchas gracias, Presidente. Nos entregó en la Secretaría.
Diputado Nullado, último punto de varios, tiene la palabra.
Gracias, presidente. También le había solicitado esta proposición al señor ministro, pero el presidente, en aquella oportunidad, se rió de mí, ya que me tomó en serio la proposición, que era solicitarle al señor ministro la situación de los contratos de arriendo. Hay muchas personas que se han demorado seis meses, siete y ocho y no les han pagado. Y tenemos el problema en el que las personas que actualmente le están arrendando están solicitando el desalojo, por lo tanto, afrontamos esa complicación, la cual tiene que ver también con presupuesto. De Osorno son 150 familias en el sector de Franquie, donde la vocera, señora Patricia Andrade, hará exactamente 20 días que le expuso al Ceremi; el Ceremi de Vivienda le escuchó, pero él tampoco cuenta con un mecanismo regional para resolverlo. Por lo tanto, en la instancia nacional, el señor Andrés Palma debiera colaborar en esta resolución y tampoco hemos…
He visto una respuesta de parte del Ministerio. Los comités Bienestar, el Comité de Futuro Mejor, por un Futuro Mejor 3 y otro, están a la espera de esta resolución. Anteriormente, estos pagos se hacían a través de las delegaciones; posteriormente se hicieron los cambios vía los municipios, y esos convenios, al parecer, no se han realizado. Por lo tanto, hay muchas personas que comentan que, habiendo tenido la posibilidad de cambiarse a una nueva vivienda, la persona que las arrendaba, por falta de pago, dejó dentro de su vivienda gran parte de las camas, entre otros colchones y enseres, hasta que estos sean cancelados.
Quisiera pedir, señor Presidente, que se emita un oficio para dar respuesta a la brevedad a esta familia; pero no se trata solo de una situación en Osorno, sino de un problema de carácter nacional, ya que en la misma Región de Los Lagos se presentan otras situaciones similares. Asimismo, me sumo a lo que planteaba el diputado Ulloa, y considero importante la solicitud que se va a hacer al señor Ministro y también al Ministro de Hacienda y a la Directora de Presupuestos, a fin de que se incorporen los decretos mencionados por el diputado Ulloa, relacionados con los mejoramientos de las viviendas. Hay muchas familias que están esperando y otras que, habiendo postulado, quedaron en lista de espera por falta de asignación presupuestaria; e igualmente, señor Presidente, se debería incorporar la posibilidad de tener información respecto de los contratos de arriendo que no han sido cancelados.
Perfecto, diputado Anullado, entonces lo incluiremos también en la citación y se oficializará el pago de los arriendos planteados en los comités, lo mismo que sucedía con los damnificados del incendio que hubo en Valparaíso y que llevan mucho tiempo esperando una solución.
Entonces, como ya se señaló, se refundieron los proyectos contenidos en los boletines números 17.284-14 y 17.588-14, con los proyectos de ley correspondientes a los boletines números 15.682-14 y 16.913-14, que ya están refundidos a su vez, y que guardan relación con modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de seguridad en departamentos para prevenir accidentes.
Hoy día van a exponer los padres de Valentín Brain Gutiérrez. Se encuentra la señora Pamela Gutiérrez; muy buenas tardes, es un gusto tenerla en esta comisión. También se encuentra el señor Fernando Brain, quien, junto a su esposa, quiere dar testimonio de la situación para efectos de la discusión de los proyectos incluidos en la agenda de hoy.
La estimada Pamela, estimado Fernando, les ofrezco la palabra para que puedan exponer y hacer las propuestas que han traído. En ese sentido, la comisión los va a escuchar para poder dar inicio, en la próxima sesión, a la tramitación de estos proyectos. Asimismo, en nombre de muchos parlamentarios, expreso la preocupación que han manifestado varios colegas, quienes, aunque no formen parte de esta comisión, están sumamente preocupados por este tema.
La diputada Flor Valls presentó el año pasado un proyecto de ley, antecedente a un proyecto relativo a esta materia. Este año se han presentado otros proyectos, entre ellos, el de la diputada Marlene Pérez, el del diputado Ulloa y el de la diputada Mix.
Que lo había presentado también a principios de año y el diputado Durán, o sea, es un tema que se está viendo, que estábamos revisando, como yo les había planteado en forma privada, el tema de las modificaciones reglamentarias o de ordenanza y también en el que el diputado Ailla nos solicitó poder invitarlo a esta sesión para que nos diera los contactos y poder llamarlo. Asimismo, el diputado Arroyo, quien en la cuenta de la sesión anterior mandó un correo y se rindió cuenta en esta comisión, también fue mencionado. Quiero hacerle presente a usted, Pamela, a usted, Fernando, que en nombre de los diputados y parlamentarios existe preocupación por tenerlos acá, escuchando su testimonio y las propuestas que puedan formular. Creo que serán muy importantes para esta comisión y espero que también resulten significativas para el Ejecutivo, que en definitiva tendrá mucho que decir respecto del patrocinio de ciertas normas de exclusiva competencia del Ejecutivo. Sin más trámites, les ofrezco la palabra.
Primero que todo, muchas gracias a todos por el espacio. Saludo a cada uno de los honorables, señor presidente, y agradezco a todos por sensibilizarse ante nuestra pérdida como padres, lo que justamente nos trajo acá para ofrecer nuestro testimonio como víctimas de una situación que evidencia muchísimos vacíos legales en el sistema, en cuanto a la seguridad que nos ofrecen hoy día las edificaciones, considerando que existen 4.25 millones de chilenos que viven en edificios.
Saco esas cifras porque fue lo que logré rescatar; sin embargo, en la encuesta a nivel nacional no se distingue claramente, mediante una pregunta exacta, entre lo que constituye una vivienda, es decir, si se vive en un edificio o en una casa. De acuerdo a los datos estadísticos arrojados por la inteligencia artificial, con la que también logramos buscar más información, algunas referencias bibliográficas y contar con el aporte de profesionales de arquitectura e ingeniería civil, y, por supuesto, gracias a los senadores y diputados que se acercaron a nosotros tras esta tragedia, pudimos articular diferentes puntos de vista en relación a estos vacíos legales que hoy comentaremos.
A Dios gracias también, nuestros diputados presentaron hace tiempo leyes sobre la utilización de mallas, lo que permite discutir este tema de manera mucho más ágil. Deseamos de corazón que puedan contemplar esta iniciativa, la cual llevé a cabo junto a mi esposo recopilando toda esta información que, de cierto modo, es el esqueleto que esperamos ustedes puedan robustecer y complementar, representando un gran cambio en la legislación y, sin duda, mejorando la seguridad en todos los edificios, ya sean de vivienda popular, de clase media o de alta gama. En el fondo, esto compete a lo que es resguardar la vida. Así que le doy espacio a mi esposo para que le detalle los aspectos técnicos que recopilamos para ustedes.
Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Me sumo a los agradecimientos por la invitación y por todo el apoyo recibido, el cual ha sido muy transversal. Con algunos hemos hablado más directamente que con otros, pero ha sido un trabajo en conjunto. Hoy, conversando con un diputado, se señaló que, de haberse legislado antes – no es que se hubiera aprobado, pero de haberse logrado que se aplicara la ley que propuso la diputada Baize, el diputado Ulloa o quienes impulsaron medidas de seguridad con anterioridad – hoy no estaríamos aquí.
Nuestro hijo cayó en un piso décimo tercero por una negligencia que hoy no puede catalogarse como tal en el ámbito legal. ¿Por qué digo negligencia? Porque, según palabras del padre y arrendatario del edificio, es decir, del padre del otro niño que resultó afectado, se optó por no instalar sistemas de seguridad en las ventanas, pues se consideró suficiente con instruir a un niño de 5 años para que no las abriera. Lo cual, para mí, constituye una negligencia moral.
...Momento, porque no tenemos cómo cubrirlo legalmente. A raíz de este suceso, nos sentamos a decir: ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Fallamos nosotros? Porque no estuvimos 24/7, cada segundo que pasó al lado de nuestro hijo, para evitar que salte, que haga una pirueta, que eso era lo que estaba haciendo. ¿Fallan los otros padres? ¿Hay un fallo legal? Y ahí nos dimos cuenta de que había fallos en la normativa de construcción, fallos que puedo leer.
Hoy día, las ventanas se instalan a una altura mínima de 95 centímetros del suelo, con un antepecho de 95 centímetros. Afuera, en otros países, la altura mínima es de 110 a 120 centímetros, lo que significa un cambio de medida totalmente significativo. Los antepechos no son escalables según las normativas internacionales. En Chile también se exige que no sean escalables, pero no se especifica de forma clara.
Asimismo, las ventanas no requieren de uso obligatorio de limitadores, a menos que estén a menos de 60 centímetros del suelo. Esta norma, que no debiese existir, obliga a que ninguna ventana se instale a tan sólo 60 centímetros, considerando que un niño de 3 años mide 60 centímetros o más. Hoy en día, las ventanas no deben cumplir con una normativa y certificación específica, tal como lo hacen las normativas de fuego o de gas, que requieren cientos de certificados para que una obra sea recepcionada al final del día.
Por lo demás, esto tiene una mirada a futuro, ya que se espera modificar la situación a través de la Ley General de Urbanismo o mediante una ordenanza que regule los sistemas técnicos correspondientes. Sin embargo, esa solución es solo la mitad del camino; quizás ni siquiera la mitad, porque hoy Chile está construido en altura, en grandes medidas. No quiero saber el número de edificios en Santiago, y en Concepción es un sinfín de construcciones de más de tres pisos.
Por ende, nuestra tarea es, además de brindar nuestro testimonio, aportar lo que identificamos. En la normativa y en las legislaciones internacionales se establece la necesidad de obligar a que todas las viviendas vigentes –ya recepcionadas y sin incorporar nuevas modificaciones normativas– implementen, en lugar de mallas (que resultarían engorrosas y costosas), limitadores de apertura en las ventanas, limitadores a 12 centímetros. ¿Saben por qué 12 centímetros? Porque ese es el diámetro del cráneo de un pequeño, de modo que el niño no pueda pasar por esa abertura. En nuestro caso, la ventana se abrió más de 30 centímetros, suficiente para que dos cráneos pasaran por ahí.
Se debería hacer obligatorio para todo sostenedor no solo en el caso de la presencia de un niño menor de 12 (o quizás 10, siendo esta edad discutible), sino también para quienes cuidan a personas con alguna discapacidad o incluso mascotas. Hoy, una de cada cinco mascotas –más de 4 millones y medio en el país– cae de altura y termina en urgencias veterinarias.
Esto tiene, para nosotros, un objetivo muy trascendental que abarca todo el extenso territorio nacional: prevenir muertes, no solo de niños, sino de personas y mascotas. Esperamos que lo que estamos sufriendo no se le regale a nadie; nadie tiene que pasar por esto. No sé si en esta mesa alguien lo ha vivido, pero no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Creemos que hay camino. Quizás hemos pecado o ignorado ciertos temas constitucionales –algo que conversamos brevemente en el pasillo–, pero pensamos que es posible modificar tanto la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para adecuar estas obligaciones a lo tradicional, como la Ley General de Urbanismo y Construcción para futuras necesidades, especialmente considerando que el suelo en Chile está tremendamente caro y que la solución para hacer rentable la inversión, por parte de inmobiliarias y privados, es construir en altura.
Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada Pamela, estimado Fernando. Ofrezco la palabra al diputado Bobadilla, a la diputada Flor Baiz, y al diputado Arroyo. Diputado Ovadía tiene la palabra. Presidente, solo quiero agradecerle la buena disposición cuando le solicité...
Esta posibilidad de poder escuchar el testimonio de los papás de Valentín tuvo una respuesta inmediata, y eso se valora, porque lo expuesto debe y tiene que ser un insumo importante para el trámite de los diversos proyectos que se han refundido, los cuales evidencian que esto se necesita de manera urgente. Cada día que pasa podemos estar exponiendo a muchos niños, adultos y mascotas a una situación tan trágica como la que han vivido los papás de Valentín. Por lo tanto, presidente, le reitero mis agradecimientos por su disposición y hago un llamado, estimados colegas, a que le pongamos la mayor urgencia posible, ya que este trámite debe realizarse con la mayor rapidez.
Muchas gracias, diputado Vadilla; diputada Flor Báez; gracias, Mónica; y muchas gracias, presidente. No es la primera vez que me encuentro en esta comisión en relación con estas situaciones tan trágicas. Acá estamos con una familia de nuestra región del Bío Bío, lo que evidencia la urgencia de tratar este tema. Ayer se registró otro accidente en el que también falleció un niño que cayó desde una altura; cada día que pasa, el riesgo de otra tragedia es real. Esperamos que el Gobierno comparta esta visión. Agradezco a Fernando y a Pamela, quienes, a pesar de su dolor, han transformado esa pena en fuerza e incluso en un incentivo para garantizar, recopilar cifras y plantear temas técnicos con una racionalidad que va más allá de la emocionalidad inherente a la tragedia. Han demostrado la capacidad de pensar en otros niños, en los niños de Chile, y eso es tremendamente importante.
Por mi parte, presidente, les aseguro que no los defraudaremos y seguiremos luchando hasta que logremos la protección de nuestros menores. Cuando vine a hablar, presenté un proyecto que, aunque a veces se confunde con otras prioridades, es prueba de que este es el momento de actuar sin abandonar la causa. Agradezco la fuerza que ustedes han demostrado y, evidentemente, Valentín ya es parte de lo que se va a lograr. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, diputado Arroyo.
Primeramente, saludo a Fernando y a Pamela y agradezco la celeridad con que esta Comisión ha abordado esta situación tan grave, respondiendo con lo que corresponde. Aprecio que, valientemente, en medio de un dolor inmenso, hayan venido a aportar, ya que ninguna familia ni matrimonio en Chile debería tener que pasar por una situación como ésta. Si los proyectos de ley que se han venido discutiendo hubiesen sido tramitados con anterioridad, hoy no estaríamos enfrentando esta tragedia. Gracias al testimonio de los padres de Valentín, tenemos la posibilidad de agilizar, de manera transversal, una legislación que, incluso, podría no tener que pasar por el Ejecutivo. Por ello, pido al Presidente y a todos los diputados que trabajemos de forma seria.
Por último, es importante resaltar que los padres de Valentín trabajaron junto a un equipo de expertos en el área de construcción y vivienda, tomando incluso estudios comparados de la legislación de otros países, y de esa manera aportaron un insumo fundamental.