Cámara de Diputados - Hacienda - 18 de junio de 2025

Ponemos de pie entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria de la lectura, la cuenta. Para el día de hoy se han hecho presentes los siguientes reemplazos: la diputada Camila Rojas será reemplazada por el diputado Jaime Sáez, y el diputado Don Gastón von Mühlenbrock por la diputada Marta Bravo. Eso nomás, presidente. Muy bien, algo sobre la cuenta, sobre varios diputados. Donoso y de ahí me llamo. Gracias, presidente. Mire, ¿sabe lo que pasa? Estuvimos en una sesión que estuvo a punto de fracasar. El quórum, reiteradamente asegurado por los parlamentarios de derecha, nos dice que no vamos a escuchar a todos los invitados. Yo lo único que pido, sin que sean muchos los que faltan, es que hagamos las sesiones necesarias para que se escuche a todos los invitados. No es que vayamos a estar seis meses; con una sesión más, dos sesiones más, estamos listos. Por eso, creo que es importante no dar golpes medio censuradores, sobre todo cuando, en definitiva, la capacidad de que esta audiencia funcione está puesta por los parlamentarios de derecha. Diputado Mejía: Sobre lo mismo, presidente. Yo creo que es una falta de respeto que los parlamentarios oficialistas no estén presentes a las 8:30 de la mañana en los días en que se citan las sesiones. Nosotros hemos impulsado estas sesiones porque nos interesa el tema; no tenemos órdenes de partido ni del gobierno sobre cómo votar. Le pido que escuchemos a todos los que debamos escuchar y, además, parece necesario cambiar los horarios, porque los parlamentarios oficialistas no se levantan temprano. Espero que efectivamente se atienda esta cuestión. No lo digo en broma; lo digo en serio, porque la verdad es que estuvimos a punto de fracasar esta sesión. Nosotros estamos dando locura, presidente, pero queremos que se vea el proyecto en profundidad. Lo hablamos fuera de micrófono, y usted dice: "pucha, ya han venido muchos, cada uno con su perspectiva distinta". Ayer aprendimos mucho de las exposiciones, y espero que hoy también los expositores nos den su opinión. Nosotros tomaremos en cuenta algunas cosas, pero la verdad es que tiene que haber un llamado de atención, tanto público como privado, a los parlamentarios que no asisten a estas sesiones, porque después van a preguntar cosas que los mismos expositores dirán o que el gobierno retrucará. Aquí se produce el debate democrático, pero entre cuatro de trece es difícil avanzar en las conclusiones y en las votaciones. Bien, concuerdo completamente con ustedes sobre la asistencia y la preocupación que debemos tener en torno al proyecto. Para que quede claro a quienes nos siguen, hay gente que sigue las comisiones. Este horario fue acordado por la comisión cuando se decidió no sesionar en paralelo a la sala, así que no se crea que esto es una imposición. En cuanto a los invitados, hemos tratado de que participen todos. El diputado Donoso dijo que se siente como una imposición; la verdad es que no lo comparto, pues hemos hecho lo posible para que todos participen. Los que no han venido hasta ahora han presentado excusas o, en algunos casos, simplemente no han respondido.

El llamado, y me he preocupado personalmente de que sus invitados vengan. O sea, de hecho, yo creo que más del 70-80% de los invitados son invitados suyos. De diputados, no, de diputados mellados, del diputado Sauerwald, de von Bühlenbrock. Yo sigo la lista; la tengo completamente detallada, a quiénes hemos invitado, a quiénes no han respondido y de quiénes son los invitados para que no quede ni uno fuera. Por ejemplo, ¿a quién hemos invitado menos? A este diputado, invitémonos, pero principalmente de ustedes, para que sientan que no queremos escucharlos a todos. Vamos a hacer los esfuerzos para tratar de que vengan los que más puedan, pero, como les digo, hay algunos que han rechazado, otros no han contestado y algunos se han excusado o, incluso, están fuera del país. No es porque no haya habido voluntad ni nada de eso. En relación a ese punto, creo que en la tarde ya tendremos una síntesis de todos los invitados que han venido, y a quienes representan, para que sea lo más equitativo posible, aunque no ha sido completamente equitativo porque ha habido más invitados de ustedes que de este sector. Me he preocupado justamente de eso. Si no hay algo más sobre Mario, continuamos. Seguimos con la orden del día, que tiene por objeto continuar recibiendo audiencias respecto del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas (Boletín N°17169-04), con urgencia calificada de Suma. Están invitados el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Bienvenido nuevamente, subsecretario. Es toda la vida; eso es importante porque a veces dicen que con la edad uno se empieza a levantar temprano. Sí, yo igual, y como dice el refrán, quien madruga, Dios lo ayuda. Toda la vida, más encima en el colegio iba en la mañana; nunca fue en la tarde. A las 5 de la mañana. Además, contamos con el jefe del subdepartamento de Educación de la Dirección de Estudios de la Dirección de Presupuesto, el señor Pablo Jorgera Armijo. Bienvenido, don Pablo. En la audiencia tenemos al invitado don Sergio Urzúa, economista de la Universidad de Maryland, invitado del diputado Donoso, quien no ha respondido a la invitación, aunque le enviamos el link. Asimismo, está la señora Pierina Ferretti, Directora Ejecutiva de Nodo XXI; bienvenida, señora Pierina, y don José Joaquín Brunner, académico de la Universidad Diego Portales y experto en educación, que está conectado por Zoom. Bienvenido, don José Joaquín; muchas gracias por asistir. Así que vamos a partir, como es de costumbre en la comisión, con quien está en presencial. Tiene la palabra, señora Pierina Ferretti. Muchas gracias, presidente, y buenos días a los diputados y diputadas presentes. Entiendo que tengo 10 minutos, por lo que me pondré el cronómetro, ya que podría sobrepasar el tiempo al aplausómetro. En primer lugar, agradezco esta invitación. Desde nuestra fundación tenemos un particular interés, hace muchísimos años, en el financiamiento de la educación superior y en reemplazar el CAE por un instrumento de financiamiento más racional, más justo y que sea beneficioso para el fisco y para las familias chilenas. Avancemos. Voy a presentar las razones que nuestra fundación tiene para apoyar el fin del sistema de créditos estudiantiles y su reemplazo; las razones por las cuales avanzar hacia este nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior y los desafíos que este instrumento tiene. Les vamos a compartir, y ya envié a la secretaria de esta comisión un informe que realizamos el año pasado, el cual trae bastante información, argumentos y datos de por qué consideramos que es importante...

Es importante reemplazar el sistema de créditos estudiantiles y avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y me voy a basar en esos datos para esta exposición. Avancemos. Solo recordar que en nuestro país hemos tenido cinco sistemas de créditos desde el año 1981 a la fecha y, por lo tanto, ya tenemos bastante evidencia acumulada para poder plantear objetivamente la necesidad de reemplazar este sistema. Dentro de estos argumentos identificamos cuatro problemas fundamentales que se han producido con los sistemas de créditos estudiantiles. Por una parte, ha aumentado el costo privado, es decir, lo que las familias invierten y gastan en educación superior. Ha habido un sobreendeudamiento de egresados, sobre todo a partir del crédito global del Estado. También observamos un aumento del gasto fiscal en el sistema de créditos y una baja recaudación o bajo retorno, además de problemas de desregulación y lucro. Los créditos estudiantiles se han basado en algunos supuestos y promesas que, como se detalla en nuestro informe, han presentado problemas o no se han cumplido. Por una parte, las promesas de mayor acceso han sido efectivas, pero las de mayor movilidad social están en entredicho. Se plantea, asimismo, que se trata de sistemas más eficientes, con bajo costo público y altas tasas de recuperación, que mejoren la calidad del sistema de educación superior y promuevan costos más accesibles para la familia y para el fisco. Avancemos. Acá tenemos una lámina que muestra que Chile presenta algunos de los aranceles más altos de la OCDE, superados solo por Inglaterra y Estados Unidos, a pesar de contar con niveles de ingreso bien inferiores a esos países para sostener aranceles tan altos. Ahora sí, avancemos a la siguiente lámina. En ella se observa que, entre el año 2010 y el año 2024, en promedio, los aranceles han crecido un 122%, un 77% por sobre el IPC y un 98% por sobre el reajuste del sector público, evidenciando un alto aumento de aranceles. La siguiente lámina muestra que el costo público, es decir, el desembolso fiscal en el total del sistema de créditos, también se refleja en las columnas de color salmón, evidenciando un incremento muy fuerte, sobre todo a partir del año 2010. Avancemos a la siguiente diapositiva, en la que se observa el porcentaje que el Crédito con Aval del Estado ha representado dentro de los gastos fiscales entre el año 2006 y 2023. Acá tenemos una lámina que muestra la alta tasa de morosidad entre egresados y personas que han desertado de la educación superior; en ambos casos es alta, siendo mucho mayor entre quienes han desertado, lo que evidencia que los niveles de recaudación son considerablemente inferiores a los supuestos cuando este sistema fue creado. El tema de la desregulación del sistema de educación superior ha provocado múltiples situaciones de lucro, con perjuicio para las familias y para los estudiantes, evidenciado en casos como carreras cerradas, universidades en quiebra y universidades investigadas por lucro, lo cual ha deteriorado la confianza y el sentido social de la educación universitaria. Avancemos, por favor. Estos problemas no son la primera vez que se busca enfrentar.

Digamos, los problemas del sistema de créditos y, en general, del financiamiento de la educación superior —de su carácter muchas veces irracional y poco eficiente— no es la primera vez que se trata de enfrentar este desafío. Ha habido políticas, cierto, de condonación de deudas, pero que no han terminado con el sistema de créditos. Tenemos una nueva ley de educación superior, con nueva institucionalidad y gratuidad, pero que tampoco ha terminado con el sistema de créditos. Además, existen tres propuestas de créditos estudiantiles y se observa una falta de acuerdo en esta materia, así como una mirada a largo plazo sobre la educación superior y su rol en el desarrollo del país. Sin embargo, miramos con mucho optimismo que se ha ido generando un consenso, más o menos general a nivel político y social, en el sentido de que el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido un instrumento que ha mostrado deficiencias, que tiene límites y que es necesario reemplazarlo. En ese sentido, valoramos que se ha ido instalando un acuerdo tanto a nivel social como político, y hemos visto voluntad en superar este instrumento. Sigamos. La solución que propone el FES, este nuevo sistema, tiene elementos que nosotros queremos valorar. Por una parte, protege los ingresos de los graduados, pero mantiene una contribución al sistema de educación superior; además, ofrece una mayor regulación, transparencia y trazabilidad de la inversión pública y privada, y simplifica y mejora la eficiencia del sistema de financiamiento. Algo que, como fundación, nos parece súper importante es que elimina a los bancos, sacándolos del sistema de educación superior, lo cual llevamos años insistiendo en ello. Asimismo, propone maneras de reorganizar y condonar, ya sea parcial o totalmente, la deuda estudiantil de quienes todavía cargan con esta mochila, lo que representa un alivio para las familias chilenas de clase media y de sectores populares. Quisiera abordar, en el poco tiempo que me queda, algunas cuestiones que se están discutiendo. ¿El FES aumenta el costo de la educación superior y será lesivo para los graduados? No, pues el FES se ajusta a la realidad de los graduados; es decir, lo que ellos tienen que aportar es contingente a sus ingresos, lo cual es una diferencia súper importante cuando se tiene una deuda que, tradicionalmente, no se ajusta a las contingencias ni a la realidad económica y salarial. La carga financiera en relación al salario será mucho más baja con el FES que con el CAE, y la "mochila" se achica significativamente; de hecho, el 60% de las personas que tienen CAE pagarían menos con este nuevo sistema. Con el CAE se argumenta que los estudiantes van a pagar más que el valor de sus carreras, y eso ya ocurre; el FES, en cambio, disminuiría significativamente ese peso. Respecto a la autonomía universitaria, hay muchos argumentos que indican que el FES no la altera ni afecta, y que la autonomía universitaria no es, en ningún sentido, incompatible con regulaciones claras por parte del Estado, tal como ocurre en todas partes del mundo. Avancemos. Quiero detenerme en los desafíos. Creemos, escuchando también las intervenciones, exposiciones y el debate que han ocurrido en esta comisión y en el ámbito público, que es importante garantizar una contribución individual que sea justa y óptima, limitando lo más posible y de manera razonable el sobrepago, de modo que nadie pague excesivamente y se mantenga la estabilidad del sistema. Por otra parte, consideramos que nuestro sistema de educación superior debe transitar hacia una dependencia cada vez menor de los aranceles de pregrado para sostenerse; esto es algo que debe irse subsanando, avanzando hacia un modelo en que el arancel no sea la principal vía de sostenibilidad de las instituciones y de sus funciones más allá de la formación de pregrado.

De lo que hace la universidad como el cerebro de la sociedad chilena en materia de investigación, de innovación y de desarrollo. No podemos dejar que aquello dependa de los aranceles de pregrado. Y, por supuesto, el desafío de la educación superior está precisamente en convertirse en el motor del desarrollo de nuestro país, avanzando hacia la mayor riqueza nuestra, no sea ni el litio ni el cobre, sino que sean los cerebros y el conocimiento de los habitantes de nuestro país. En eso, las universidades tienen el rol más importante. Creemos que esos son los desafíos fundamentales de este nuevo instrumento de financiamiento, que incluso lo exceden. Este instrumento es un pasito en esa dirección y, por lo tanto, nos parece fundamental que este proyecto avance, se apruebe y se haga realidad. Llevamos mucho tiempo discutiéndolo y nos parece, desde la fundación, que nunca habíamos tenido un contexto, un acuerdo y consensos más favorables a su aprobación como en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pierina. La invitamos a que se quede para que, al final, los parlamentarios y las parlamentarias le puedan hacer consulta. Le damos la palabra, entonces, a don José Joaquín Brunner. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Agradezco la invitación. Un saludo a los miembros de la comisión, al subsecretario y a su equipo. Voy directo al tema. El proyecto en discusión tiene, a mi juicio, un diagnóstico errado, desconoce las dinámicas de desarrollo del sistema y presenta una propuesta incongruente. Iré por partes. Primero, el diagnóstico. Los problemas actuales de financiamiento del sistema desbordan con creces la crisis del CAE y el endeudamiento sobreviniente. En cambio, tienen que ver, primero, con las fallas de la gratuidad y las cargas que imponen a las instituciones; segundo, con los aranceles mal regulados que afectan a un buen número de instituciones; tercero, con el reducido gasto en investigación y desarrollo, al mismo tiempo que la Ley 21.091 obliga a todas las IES, a todas las instituciones, a gastar más en investigación y en innovación para alcanzar la excelencia; y, por último, con el hecho de que el Estado no ha tomado acciones decisivas, al menos en el caso de las dos últimas administraciones, respecto al financiamiento del sector. Segundo, el desconocimiento del desarrollo del sistema. El proyecto que se discute no reconoce ni valora el significativo desarrollo del sistema a partir de 1990 y hasta mediados de la década pasada. Tampoco destaca que un pilar de ese desarrollo ha sido el esquema de financiamiento mixto, estatal y no estatal, que hizo posible la expansión del acceso hasta alcanzar una tasa bruta de participación de prácticamente el 100%, un fuerte desarrollo del segmento no universitario de educación técnico-profesional, un mejoramiento de la calidad académica, evidenciado por el hecho de que casi el 100% de la matrícula hoy se imparte en instituciones acreditadas, y un salto adelante en el volumen e impacto de la producción científica, que nos ubica como el país con la mayor productividad por investigador y el más alto impacto de esa producción en la región latinoamericana. Adicionalmente, el sistema cubre todo el territorio del país, garantiza la autonomía de las instituciones y de sus misiones propias y proyectos, asegura la libertad académica para enseñar, indagar, aprender y deliberar, se ha internacionalizado progresivamente, transita hacia una nueva fase de gestión profesional de las casas de estudio y ha logrado expandir la responsabilidad social y el carácter público de la educación superior, tanto en las instituciones estatales como en las no estatales. Hoy cuenta con un esquema mixto de provisión y financiamiento consagrado en la ley, y las universidades gozan de la confianza de la opinión pública. Con todo, este sólido desarrollo está hoy entre paréntesis debido a la incertidumbre financiera que aqueja al sistema, mientras una serie de instituciones trabajan bajo creciente estrés y algunas se hallan en zona de riesgo. El clima interno que percibo en muchas instituciones es de creciente preocupación frente a las exigencias y presiones que ejerce un régimen de control burocrático, con regulaciones excesivas y un modelo de acreditación con minuciosos estándares evaluativos que comienzan a percibirse.

A su turno, el gobierno de las instituciones se encuentra desafiado por una dependencia creciente de recursos provenientes de fuentes fiscales, que a su vez dependen de la fijación por vía administrativa de los aranceles y de un cálculo de costos que mantiene en vilo a las instituciones. Tercero, por último, la propuesta. En el contexto descrito se discute ahora el proyecto FES, que propone un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Se trata en breve de un proyecto focalizado en el financiamiento de la demanda, es decir, de los estudiantes. Está lejos, por tanto, de hacerse cargo del reto del financiamiento en su conjunto; no considera el lado de la oferta, o sea, las instituciones, ni aborda las fallas de la gratuidad, ni crea nuevos instrumentos de apoyo para la investigación, el desarrollo y la innovación, ni tampoco atiende el aumento de costos originado por la ley que obliga a gastar cada vez más en la búsqueda de la excelencia. Al contrario, antes de comenzar siquiera a solucionar los problemas que la gratuidad genera a las instituciones, el proyecto propone extenderla desde ya a los quintiles 7, 8 y 9, terminando así de desmontar el esquema de costos compartido o copago consagrado en la ley. Lo que, de concretarse, desestabilizaría definitivamente al sistema. Pero, ¿sería efectivamente gratuito ese sistema? En la práctica, solo en el punto de acceso, pues a la salida del mismo el estudiante del FES se convierte en un graduado obligado a pagar un tributo contingente a su ingreso, igual que ocurre con los deudores del crédito estudiantil; solo que ese tributo vendría a sumarse ahora al impuesto a la renta que pagan normalmente los profesionales y técnicos, con insospechadas consecuencias sobre la titulación, el trabajo informal, la erupción de impuestos y otras que se han mencionado durante las discusiones públicas de este instrumento. Por lo mismo, no se entiende esta iniciativa que, en lugar de corregir y mejorar directamente el esquema del crédito contingente al ingreso, busca sustituirlo por un tributo contingente al ingreso, o graduate tax, como se conoce en las discusiones académicas anglosajonas, el cual, sin embargo, no ha sido adoptado duraderamente y a gran escala por ningún país. Nótese que esta solución del graduate tax viene discutiéndose al menos desde hace siete décadas en la literatura académica, en tándem con la discusión sobre el crédito contingente al ingreso, el cual sí ha tenido amplia aplicación. De hecho, tanto una como otra solución provienen de un mismo paradigma teórico: el de la inversión en capital humano y el retorno privado que genera la educación superior. Tal enfoque fue promovido por el Banco Mundial en los años 1990. Resulta una ironía, en verdad, que sean los técnicos del actual gobierno los que ahora reviven una fórmula cuyo origen se remonta directamente al trabajo de Milton Friedman de 1955, quien promovía, en comillas, un impuesto a los graduados como una posible respuesta al problema del mercado de capitales asociado a la financiación de la enseñanza superior. En realidad, la discusión en torno a las propuestas del FES no es doctrinaria, ni menos si acaso su origen es neoliberal o no, pues resulta evidente que se asocia a la verdadera revolución que, en el terreno de la política pública, significó introducir la idea del financiamiento de los estudiantes, de los estudios superiores, a través del endeudamiento a largo plazo, ya sea mediante créditos o mediante un graduate tax. Lo que está en juego aquí es la opción del proyecto por el último de estos instrumentos, su elección, oportunidad, diseño y los resultados previsibles. Concluyo con algunos comentarios al respecto: la elección entre modalidades del endeudamiento a largo plazo no se entiende fácilmente. De hecho, parecía más directo y sencillo partir del instrumento comúnmente usado en el mundo, el del crédito contingente al ingreso, que, además, es conocido para bien y para mal en Chile, que optar por una modalidad hasta aquí no probada, salvo parcialmente y por poco tiempo en Escocia y Etiopía. La oportunidad de esta elección parece poco propicia. Estamos a nueve meses del comienzo de una nueva administración gubernamental, sumidos inevitablemente en un ambiente de competencia electoral donde el cálculo político conspira contra acuerdos duraderos de alcance nacional, sobre todo en materias de gran complejidad y a propósito de un instrumento que prácticamente no ha sido probado.

El diseño técnico presupuestario del FES aparece especialmente débil y confuso a la luz de la discusión pública. Hay una maraña de cifras contradictorias. Los supuestos del cálculo han sido contestados. No existe un acuerdo entre las y los expertos en cuanto a su interpretación, condiciones bajo las cuales es imposible formarse un juicio fundado sobre la magnitud de los recursos envueltos. Por último, los efectos previsibles del diseño propuesto debieran ser objeto de especial atención, a lo menos en dos niveles. A nivel de los graduados individuales, sería importante prever el impacto directo que tendría el tributo contingente al ingreso, una vez que las personas acceden al mercado laboral, así como cuán distinto sería respecto al pago de un crédito contingente al ingreso bien diseñado y administrado. A nivel de las instituciones y del sistema, el efecto inmediato de suprimir el esquema de costos compartidos —en el caso de los deciles 7, 8 y 9— sería letal, según han manifestado diferentes autoridades institucionales. Lo mismo ocurrirá a mediano plazo si no se corrigen las fallas del régimen de gratuidad. En el largo plazo, el principal y más grave efecto del FES sería la casi completa dependencia de las universidades y demás instituciones de los recursos fiscales, con las previsibles consecuencias del clientelismo político y la pérdida de autonomía de las instituciones. Los gobiernos autoritarios suelen utilizar esa dependencia para amenazar o castigar ideológicamente a las universidades o para acallar las voces críticas de sus académicos, como observamos todos los días ocurrir hoy en día en los Estados Unidos. Cabe esperar, por consiguiente, que esta comisión, luego la Honorable Cámara y más adelante el Senado de la República, consideren y sopesen los riesgos de una política de financiamiento mal concebida o equivocadamente diseñada, como, por las razones expuestas, se estima sucede con el proyecto en discusión. Muchas gracias, presidente. Quedan abiertas entonces las palabras. Se anotó el diputado Jaime Sáez. No sé si hay alguien más. Diputado Donoso, diputado Mayán. Vamos a juntar entonces todas las preguntas a nuestros invitados y después las responden de acuerdo al orden de la exposición. Quería, presidente, saludar primero y hacer varias preguntas. La primera, a Pierina Ferretti, es sobre el alza de los aranceles, porque ayer hubo otra organización, Acción Educar, que hizo un énfasis importante subestimando el alza de los aranceles; pusieron una serie de gráficos y cifras que indicaban que, básicamente, el tema arancelario no era tal. Me gustaría poder conocer un poco más en profundidad, hacer una comparación, porque lo que nos presenta hoy es diametralmente distinto a la presentación que tuvimos el día de ayer. Y respecto a los comentarios del señor Brunner tengo también algunas inquietudes. En primer lugar, preguntarle si no le parece alarmista sugerir que el FES podría abrir la puerta al clientelismo o al autoritarismo, en definitiva, al debilitamiento institucional de las instituciones de educación superior, considerando que nuestro sistema contempla a día de hoy distintas garantías y autonomías de pluralismo. Me gustaría que pudiera hacer un mayor énfasis en eso, porque en definitiva, en Chile, el financiamiento público de las instituciones públicas y privadas ha existido hace muchos años y eso en ningún caso se ha traducido en una pérdida de autonomía. Si consideramos “pérdida de autonomía” que le digan a usted cómo tiene que ordenar determinados procesos contables o ciertas cuestiones vinculadas a la acreditación, bueno, son cuestiones básicas, creo yo, para poder darle viabilidad o buen uso a los recursos públicos. Y, por último, preguntarle si considera que es legítimo suponer que una mayor participación fiscal en el financiamiento va a conllevar necesariamente, como comentaba anteriormente, la pérdida de autonomía universitaria, considerando que, además, en numerosos países —por lo menos a nivel de la OCDE— existe financiamiento público y hay altos estándares de libertad académica. Muchas gracias, diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio a la invitada. Ella plantea, como uno de los problemas, el alza de los aranceles de manera brutal, pero veíamos dentro de las exposiciones que la mayor alza se da en las universidades públicas, donde se encuentra siempre presente un miembro designado por el Gobierno en su directorio. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces que...

Haya habido esta explosión de alza de aranceles, que principalmente se concentra en las universidades estatales, las cuales además tienen financiamiento basal. Entonces, ¿por qué esta distorsión entre estos dos modelos de universidades? Gracias, presidente. Sí, primero a la señora Ferretti. Usted afirma que los aranceles han subido ciento y veintitantos por ciento a partir del dos mil. ¿Nos podría decir cuánto han subido los costos de las universidades? Para hacer una buena evaluación es necesario tener en cuenta tanto los ingresos como los costos, ya que realmente han aumentado los costos de los profesionales, los investigadores y la mano de obra. Por favor, ¿podría precisarnos cuáles son los aumentos? En particular, ¿cuánto han subido los costos entre 2010 y 2024? También se observa un aumento en este periodo, ¿qué pasó a partir de 2010? Porque antes de 2010, en el 2006, Ricardo Lagos implementó el CAE y Mario Marcel, actual Ministro de Hacienda, fue el encargado de su puesta en marcha. Entonces, uno se pregunta qué ocurrió entre 2006 y 2010, cuando en 2010 se produjo una marcada curva ascendente en el financiamiento del Estado. Respecto a las universidades investigadas por lucro, se olvidó mencionar el caso del Instituto Arcos, que el secretario insistió en que fuera comprado por la USACH, dado que también se encontraba en quiebra. En ese contexto, había lucro tanto en el ARSI como en Arcos. Mire, sobre proteger los ingresos de los graduados, ¿cómo se logra cuando se imponen impuestos? Porque, como comenté ayer, si se sostiene que a quien le va bien le corresponde devolver al Estado lo que se invirtió, ¿por qué no hacer lo mismo con quien estudió en condiciones de gratuidad financiadas por todos los chilenos? Podríamos considerar que, si a alguien le va bien tras haber recibido un estudio gratuito, este debería devolver un porcentaje, de modo que no se castigue a quienes provienen de familias mejor posicionadas con un crédito o impuesto del 8%, mientras que otros no lo hacen. Asimismo, considero que en su momento, con Ricardo Lagos y Mario Marcel, se creó el sistema en que antes se accedía a la universidad de manera muy elitista, con pocas instituciones y con una claridad en el pago. Sin embargo, hoy la cantidad de alumnos ha aumentado notablemente: usted misma señala que pasan de 200.000 a 1.300.000, lo que implicó una movilidad social considerable y un mayor financiamiento del Estado (FES). No obstante, aún no están claros los números. Nosotros estamos solicitando que se entreguen los datos de los supuestos de esta base, en cuanto a ingresos y a la cantidad de alumnos que ingresarán y pagarán. Además, aunque se plantea que el sistema es más justo y óptimo, no sabemos si es justo tener un sobrepago en la carrera. Por ejemplo, si uno gasta 24 millones y termina pagando 48, ¿es justo o se trataría de usura en lo que se cobra? Yo creo que, a pesar de que se fortalezca financieramente por una vía directa, no hay recursos suficientes en el país para financiar de forma directa todas las universidades, incluidas sus áreas de investigación y extensión; por ello, resulta inviable. Y aunque se mencione que existe un gran consenso, yo diría que en este momento no hay consenso en el país para cambiar el FES tal como está. Y a don José Joaquín Brunner, estoy 99% de acuerdo con lo que expresó, pero hay algunos puntos…