Senado - Agricultura - 18 de junio de 2025

A todos y todas, saludar a nuestra secretaría, a los asesores, y damos la bienvenida en conjunto con el senador Durana a esta comisión del día 18 de junio de 2025. Vamos a comenzar con la tabla y agradecer a las personas que hoy se encuentran de parte del Ministerio de Agricultura: la Subdirectora Nacional de Odepa, la señora Daniela Acuña (bienvenida, señora Daniela), y al mismo tiempo la señora María José Pizarro y el señor Fabián Luengo; la señora Laura Reyes, Presidenta de la International Union of Soil Science, quien se encuentra en Zoom; la señora Mónica Antilen, de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo; la señora Paula Candia, de la misma Sociedad; el señor Jorge Wicha, presidente del Colegio de Agrónomos de Chile; y el señor Claudio Ortiz, consejero del Colegio de Agrónomos de Chile. Le damos la bienvenida a las personas que hoy se encuentran por Zoom, agradeciéndoles que estén aquí. Empezamos entonces la exposición con la señora Laura Reyes. Señora Laura Reyes: —¿Está usted ahí? Señora Laura Reyes: —Sí, me escucha, muy bien. Muchas gracias por participar en la Comisión de Agricultura del Senado y por la oportunidad de hablar con ustedes sobre el porqué el suelo es el recurso natural indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, así como de la necesidad, que de ello se desprende, de que Chile cuente con una ley marco que comprenda el recurso natural suelo en toda su integridad y no en su parcialidad. El suelo, como recurso natural, cumple múltiples funciones y nos ofrece diversos beneficios ecosistémicos esenciales para la vida en la tierra, incluida la mitigación del cambio climático.

Depende la posibilidad de contar con alimentos que comer y agua que beber para todas las especies sobre la Tierra, sin igualmente de fibras para vestir, así como combustibles y materiales de construcción. Es el hábitat de una inmensa cantidad de organismos y, por ende, fuente de biodiversidad a nivel planetario. Filtra, recircula y define el reparto de agua, depósitos de residuos y es un catalizador indispensable para la práctica de la química verde. Es el soporte de toda estructura, sustento de toda especie y el elemento imprescindible para la realización y regulación de todos los ciclos biogeoquímicos que permiten a este planeta ser un lugar habitable, así como también es el motor de la economía que sustenta a nuestra civilización. Por todo ello, la indicación sustantiva en su artículo primero se contradice cuando expresa que la ley se aplicará considerando los servicios ecosistémicos del suelo, pero excluye a continuación las fuentes energéticas ubicadas en el subsuelo, pues el suelo como recurso natural es tridimensional e incluye a dichas fuentes energéticas del subsuelo que participan y afectan tanto a la realización de los ciclos biogeoquímicos como a los beneficios ecosistémicos que de ellos se derivan. De hecho, dichos recursos energéticos afectan de forma directa lo contemplado en los principios A, C, D y E del artículo segundo de dicha indicación sustantiva, en cuanto a su protección, conservación, degradación y a todo impacto ambiental que desde el subsuelo se deriva. Pues, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el recurso suelo es, de forma directa o indirecta, el elemento indispensable para alcanzarlos. Por ello, preservar las propiedades y funciones del suelo a través de su manejo sostenible y de la preservación de su biodiversidad es indispensable para su conquista, pues sin un suelo saludable, en el cual se almacene agua limpia y que nos permita producir nuestros alimentos, no es posible alcanzar el objetivo 2 de hambre cero y, por tanto, tampoco será posible erradicar la pobreza para cumplir con el objetivo 1, lo cual a su vez hace imposible garantizar el objetivo 3 de salud y bienestar para todos, así como el acceso a agua potable y saneamiento de acuerdo al objetivo 6. Además, resulta inalcanzable contar con energía asequible y no contaminante, como indica el objetivo 7, o mitigar el cambio climático y preservar la vida de los ecosistemas terrestres, tal y como corresponde al logro de los objetivos 13 y 15. El suelo es el motor de la economía, no solo a través de la generación de alimentos para procesar y mover en el mercado mundial para consumo humano y animal, sino igualmente a través de todos los bienes y subproductos que de ellos se derivan. Esto significa que el suelo y la salud de nuestros suelos no solo son partes esenciales de nuestro sistema de soporte vital, sino también un bien social, económico, cultural y político. Por ello, la entidad que garantice su gestión y aplicación debe ser contemplada a través de una institución gubernamental propia y propicia para tan grande y compleja tarea. Una entidad gubernamental que lo estudie, proteja y que garantice, a través de la aplicación de la Ley Marco del Suelo, su preservación. Entiendo que el diálogo para elevar la Ley Marco del Suelo al Senado de la República de Chile ha sido arduo y, precisamente por ello, y porque cada uno de nuestros países merece nuestro mejor y más comprometido esfuerzo, el resultado debe ser una ley marco tridimensional que comprenda al recurso suelo en toda su integridad y no en su parcialidad. Una ley marco que no reduzca el suelo al uso y práctica de la agricultura, la que, si bien es obviamente indispensable a efecto de garantizar la seguridad alimentaria, no por ello puede ni debe dejarse de lado su profunda implicación sistémica en la regulación de ciclos biogeoquímicos, en la mitigación del cambio climático, en la preservación de la biodiversidad planetaria y en el bienestar social y económico que permiten a un país ser una nación próspera. Porque, si bien es cierto que no tener un suelo que nos permita contar con suficiente comida y agua representa un grave problema, aún más graves son las situaciones sociales que su déficit engendra: pobreza, desplazamiento forzado.

Desigualdad, violencia e injusticia. Por ello, un objetivo igualmente primordial de todo proyecto de ley marco del suelo debe ser contar, como parte integral, con un ordenamiento territorial que garantice todas y cada una de sus funciones y beneficios, así como una institución propia que las gestione. Una institución ad hoc que sea independiente, con dirección comprometida y con presupuesto propio, que trabaje, dirija, asesore, resuelva y asuma la responsabilidad íntegra de su preservación como un bien común de la República de Chile. Hoy, en sus manos está la responsabilidad de brindar a su país una ley marco del suelo que así lo garantice. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, señora Laura. Y, si fuera posible, que nos pudiera enviar el documento que usted expuso, se lo agradeceríamos para el análisis, sobre todo cuando nos toque revisar el articulado, en particular el artículo primero al que usted hizo especial referencia; asimismo, solicitamos al Ejecutivo tomar nota de las observaciones para contar con la opinión al final de las exposiciones y agradecerle, nuevamente, por su visión más global en relación a lo que se está haciendo aquí en el Senado en materia de ley marco del suelo. Muy muchas gracias. Procederemos a escuchar todas las exposiciones para, posteriormente, realizar las preguntas, las observaciones del Ejecutivo y las intervenciones de los parlamentarios. En este minuto, entramos también en comisión formal. Ofrecemos la palabra a la señora Mónica Antilén, de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Señora Mónica: Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Paso a comentar nuestra exposición, que se basa en el documento que les hicimos llegar y que está preparado por los firmantes que pueden observar. Además, dicho documento se fundamenta en el trabajo previo realizado desde el año 2020 por un gran número de académicos, académicas y profesionales en materia de ciencia del suelo. Perdón, señora Mónica, ¿usted vio a la secretaría el documento? – Sí, fue hoy en la mañana, ya que estábamos revisando y no contábamos con él. Fue reciente; vamos a buscarlo para que lo tengan los senadores y el Ejecutivo. Y la señora Paula, ¿es la misma presentación? ¿Se complementan ambas? – Exactamente, eso es lo que veníamos a mencionar, señora Presidenta. Ahora iniciaré la presentación basada en este documento. Para nosotros es de suma importancia y tomo algunos conceptos que acaba de relatar la doctora Laura Berta Reyes, los cuales se relacionan con el mandato que recibimos desde esta misma comisión en el año 2019. En ese entonces, nosotros, como gran grupo de profesionales y académicos en ciencia del suelo, buscamos establecer cuáles eran los principales problemas asociados a la gestión del suelo a nivel nacional. Por ello, levantamos una propuesta que consideraba aspectos tan trascendentales como el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, que por definición es una disciplina científica y una técnica sobre la cual se toman todo tipo de decisiones respecto a cómo van a crecer las ciudades, cómo se van a instalar y todo lo que el ser humano realiza, es para nosotros de suma importancia y debe estar considerado en este proceso. Otro punto importantísimo, vinculado a los suelos, es el cambio climático. A nivel país, cuando hablamos de singularidades, una gran singularidad que tenemos y por la cual somos reconocidos a nivel mundial es nuestra extensión territorial. Contamos con alrededor de 4.000 kilómetros, los cuales presentan una diversidad climática enorme, y esa diversidad ha generado…

Un impacto y una formación muy singular, repito, a nivel mundial respecto a los suelos que nosotros tenemos, desde la zona norte hasta la zona sur. En la zona, por ejemplo, del norte tenemos una reserva genética inmensa que es muy importante proteger y valorar. En la zona centro-sur se desarrollan todo tipo de actividades agrícolas debido a la calidad de los suelos. Debemos considerar que Chile cuenta con alrededor de 4,5 millones de hectáreas sobre las cuales se establece toda su actividad agrícola. Asimismo, los suelos del sur poseen una gran capacidad para el secuestro y la acumulación de carbono. Los suelos de la Patagonia son muy especiales y, aunque han sido escasamente estudiados, es sabido que tienen un alto potencial en este sentido. Por lo tanto, existe una conexión significativa entre el suelo y el cambio climático. Otro punto trascendental se relaciona con la erosión. Sabemos que la erosión implica la pérdida de suelo en distintas situaciones, por lo que es fundamental generar conocimiento en torno a este desgaste progresivo de nuestra superficie. Todas las actividades humanas están ligadas a este proceso, y existe una normativa dispersa a nivel nacional al respecto; justamente, este proyecto de ley viene a abordar de manera pertinente dicho punto. Por último, y no menos importante, se deben considerar los aspectos vinculados a la contaminación del suelo. Este proceso, evaluado desde el punto de vista ambiental, requiere resguardos específicos, ya que incide en los procesos de seguridad alimentaria, uno de los pilares esenciales para nuestro país. Resulta altamente preocupante que el concepto o área de contaminación no haya sido incluido en este proyecto de ley, dado que afecta directamente la seguridad alimentaria. Me permito también señalar que hay participación de nuestra parte, quienes trabajamos en líneas de investigación asociadas a la contaminación del suelo. Participamos tanto en este proyecto de ley como en las mesas ampliadas para la normativa primaria de calidad de suelo. Claramente, en las conversaciones generadas y con toda la información reunida, se observa una gran conexión con lo que propusimos en el proyecto. Incluso se ha ratificado que se está considerando información desde ese ámbito. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que este proyecto de ley se aborde de forma conjunta y alineada con el trabajo que se está realizando en otros ministerios. Por el momento, ese es mi comentario y, si me lo permite, señora presidenta, le doy la palabra a Paula Candia. Muy buenos días, senadoras y senadores. Agradezco también la invitación extendida a los distintos profesionales y académicos que hemos venido trabajando y apoyando este proceso. Es precisamente a partir de esta experiencia que me gustaría transmitir tres cuestiones puntuales, pero de gran importancia, para determinar si una ley de esta naturaleza –una ley marco– cumplirá o no con atender las necesidades que, como país, tenemos en relación con los suelos, tal como acaba de mencionar la profesora Antilen. En primer lugar, presentamos observaciones generales. Consideramos que ha sido recurrente la discusión en torno al objeto de la ley, tal como se expresa en las indicaciones. Nos parece que este objeto debe ser modificado. En nuestra opinión, resulta más apropiado el objeto que figura en la versión original del proyecto de ley o uno similar; lo importante es que contemple los elementos esenciales para convertirla finalmente en una verdadera ley marco.

El objeto de la ley, hoy día como está, la verdad es que no atiende a ese requerimiento, ¿cierto? Entonces, el objeto no puede limitarse a acciones de implementación de políticas públicas, de planes, programas y acciones, que es lo que dice, y menos tampoco solamente a la identificación, estudio, clasificación, conocimiento y divulgación. Ya que yo estoy mirando acá, se presentan los conceptos, pero es la forma en que está redactado la que da a entender que se trata de una implementación de política pública meramente orientada al conocimiento, lo que nos parece un paso muy débil. No sé si esto fue a propósito o no, pero, en caso de que no lo fuese, no impacta en los problemas reales y más apremiantes en esta materia. En este sentido, es imperioso retomar los conceptos ya mencionados: la regulación del uso de suelo y la gestión de los suelos, así como su protección, conservación y restauración. Esto fue modificado, y aunque al equipo se le pidió opinión en su oportunidad por parte de Odeba, se realizó ese cambio. Evitar la destrucción y degradación de los suelos es muy importante, al igual que promover la identificación, estudio, clasificación y conocimiento de los mismos. Más allá del orden, es fundamental que el objeto de la ley refleje estos contenidos. Otro tema relevante se relaciona con la función que debe cumplir la UDEPA en la ley marco de suelos, la cual debe tener un carácter transitorio. El proyecto de ley debería contemplar y comprometer, en primer lugar, la creación de una futura comisión interministerial y del Instituto Nacional de Suelo u órganos equivalentes, más allá del nombre. Esto estaba mencionado al inicio del proyecto, en donde se hablaba de la posibilidad de implementar una futura institucionalidad y gobernanza independiente acorde a las necesidades. Nos parece que este tema no puede seguir postergándose, y entendemos que, para dar operatividad a muy corto plazo a una ley como ésta y por temas presupuestarios, se debía encargar la implementación inicial de la misma a una oficina o a un organismo ya existente, lo que tiene sentido. Sin embargo, ello no puede obviar la propuesta de que dicha implementación sea transitoria. Tal aspecto fue reiterado en varias reuniones de trabajo, ya que en el fondo la ODEPA no puede hacerse cargo de los problemas transversales de los suelos, que van mucho más allá de la experiencia y competencia que como oficina puede tener. Además, considerando todos los años que lleva este proyecto en tramitación, resulta responsable que la creación futura de este instituto o de esta institucionalidad quede reflejada en el proyecto, al menos de una manera mandatada. El último aspecto se relaciona con los conceptos y las definiciones, que la profesora Antilén fue a cerrar mencionando con alguna puntualidad. En lo particular, me gustaría enfatizar que, tomando en cuenta lo señalado por la profesora, las indicaciones sustitutivas eliminan todo lo relativo a la contaminación. La contaminación es un problema ambiental grave para los ecosistemas y los suelos. Nos parece que este es un error: se nos informó, se nos comentó, y sabemos que este tema corresponde al ámbito del medio ambiente. En nuestra opinión, es necesario conversar con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que la Ley General de Medio Ambiente (Ley 19.300) incluye al suelo dentro del catálogo de recursos naturales renovables, lo cual es una cuestión fundamental en la matriz de toda la legislación ambiental. Esta fue una de las primeras cuestiones surgidas en la discusión del equipo científico-técnico de suelo, en la mesa que preparó el anteproyecto, y representa un cambio radical respecto a la concepción original de esta ley marco. Por tanto, no podemos seguir promoviendo este tipo de dispersión y fraccionamiento normativo, sino que debemos atender a los problemas de la manera en que hoy se están planteando. Me tomo, por último, las palabras de la señora Laura Reyes, quien destaca que Chile debe contar con una ley que regule el recurso natural suelo en todo su alcance.

Su integralidad, no solo de forma parcial. La propuesta y las indicaciones del Ejecutivo están haciéndolas de manera muy parcial; es un paso muy lento. Por tanto, ese es el mensaje general en estos tres puntos que nos gustaría destacar, pues creemos que son relevantes y que, de alguna manera, determinan algunas de las observaciones generales que hacemos al proyecto, el cual va acompañado del documento que enviamos recientemente y que volvimos a reenviar. Así que les agradezco la atención y ahora devuelvo la palabra a la profesora Antilén para que pueda cerrar con las observaciones conceptuales. Muchas gracias, senadoras y senadores. Si me permiten, continúo con una información importante: el suelo es un recurso natural no renovable. Diez centímetros de suelo requieren 2000 años para lograr la calidad que observamos en muchas zonas de Chile. Es fundamental reforzar las definiciones. Para nosotros es muy importante mencionar que, en los procesos en los que hemos participado junto a un gran número de personas de la academia y del ámbito profesional, hemos generado diversas definiciones que consideran esta integralidad. No se trata de definiciones del suelo únicamente para la agricultura, o solo para la minería o el medio ambiente; son conceptos y definiciones con una integralidad absoluta, que permiten avanzar en esa totalidad y que, quizás, es uno de los mayores impedimentos para alcanzar una gobernanza interministerial. La consideración de un concepto de recuperación de suelos, que se centre exclusivamente en indicadores, se ajusta casi únicamente a la legislación existente. Sabemos que la nueva ley, que reemplaza al sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, está incorporando indicadores que antes no existían. Hemos participado en ese proceso, comentando. Sin embargo, esta ley es distinta. Este proyecto de ley pretende incorporar la normativa que se encuentra en el Ministerio de Agricultura, pero con una visión mucho más amplia. Asimismo, la consideración de conceptos de rehabilitación y de remediación, tal como fueron propuestos por este grupo y por este proyecto, debe incluirse para que tengamos una noción clara de lo que se está discutiendo; es decir, que no se trate solamente de indicadores, sino también de la recuperación de las funciones a largo plazo, lo que nos permitirá reutilizar los suelos de acuerdo con nuestras necesidades. Otro punto importante es que estas definiciones nos permitan avanzar en el proyecto de ley y no queden, como se mencionó anteriormente, simplemente como normativas. También es fundamental la gobernanza. La propuesta de un Instituto Nacional de Suelos es una gobernanza muy interesante que debe integrarse en este proyecto de ley y evolucionar de forma progresiva con el tiempo. Es necesario, pues, no concebir una institucionalidad orientada únicamente a los procesos agrícolas, sino contar con una gobernanza que reconozca que existen otros objetivos. La idea es que no se quede vinculada exclusivamente a esta oficina, sino que progrese de manera transitoria, respondiendo al deseo de todos los que estamos vinculados de diversas maneras a la ciencia del suelo. Con eso, señora presidenta, concluyo mi intervención. Muchas gracias, señora Mónica, y también a la señora Paula, por las observaciones, críticas y complementos al proyecto de ley, los cuales el Ejecutivo está atentamente tomando nota para revisar y dar su opinión en relación al tema; posteriormente, atenderemos las preguntas. Queremos saludar a don Jorge Wicha, presidente del Colegio de Agrónomos de Chile. Don Jorge, tiene usted la palabra.

Está muteado, no escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Ahora sí. Sí, yo había enviado una página para poder ir ordenando la conversación y que ustedes la pudieran visualizar. ¿O fue dejada en las carpetas de los honorables? No, no tenemos el documento. ¿Usted cuándo lo envió? Lo envié hoy en la mañana. No importa, pero es un punteo en realidad, un punteo de temas; no es una presentación. Honorables senadoras y senadores, gracias por permitirnos exponer la visión del Colegio Ingeniero Agrónomo sobre este relevante proyecto. Como presidente del gremio, pero también como ingeniero agrónomo con años de trabajo en terreno, quisiera transmitirles nuestra preocupación fundada y propositiva ante esta ley marco de suelo. Lo primero de todo, valoramos el objetivo del proyecto y reconocemos el esfuerzo por visibilizar la protección del suelo como un recurso estratégico. Para nosotros, el suelo es mucho más que un soporte físico para la producción; es la base de nuestra soberanía alimentaria, ambiental y territorial. Observaciones generales: Primero, se observa un exceso de principios normativos generales sin definiciones operativas claras, lo que deja espacio a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad futura. Segundo, existe riesgo para la propiedad privada mediante restricciones o condicionamientos no compensados sobre el uso del suelo, incluso en predios de actividad productiva consolidada. Tercero, hay incertidumbre institucional por la creación de un Instituto Nacional de Suelo y una comisión interministerial con amplias competencias, sin definiciones claras sobre su operación y relación con el productor. Cuarto, falta la distinción entre suelo urbano, rural, agropecuario y forestal, aplicándose un mismo tratamiento regulatorio que no respeta las particularidades ni la vocación productiva. Quinto, se señala la participación subciudadana sin contrapeso técnico, ya que se proponen procesos participativos que podrían frenar proyectos productivos si no se garantiza una evaluación fundada y con criterios científicos objetivos. Sexto, se evidencia la ausencia de disposiciones transitorias que aseguren la continuidad operativa y protejan las inspecciones vigentes ante la entrada en vigencia de nuevos instrumentos de planificación y regulación. Por otra parte, identificamos vacíos que pueden afectar la eficacia del texto. Nos preocupa, en primer lugar, que no se distinga adecuadamente entre suelos productivos y no productivos. Además, no se apoya en catastros validados técnicamente, por ejemplo, por el SACA, considerando que existe el SIREN con una formulación diferente a lo que requerimos. Asimismo, se omiten criterios de compatibilidad productiva entre conservación y desarrollo económico, y se carece de una evaluación de impacto económico, algo esencial si se van a afectar decisiones productivas, inversiones u otros usos del suelo. El enfoque actual privilegia la dimensión ambiental sin balancear los aspectos productivos. Si bien el proyecto tiene un fuerte acento en el rol ecológico del suelo —lo cual valoramos— lo hace sin integrar adecuadamente la dimensión agrícola, forestal y territorial, generando incertidumbre en sectores que sostienen miles de empleos y gran parte de nuestras exportaciones. En resumen, sugerimos, en primer lugar, agregar un principio de compatibilidad productiva que asegure que la protección del suelo no implique la parálisis de sectores como la agricultura o la silvicultura sostenible; y, en segundo lugar, establecer un Catastro Nacional de Suelos Productivos actualizado y validado por organismos técnicos con experiencia. El SIREN aporta una base valiosa, pero no suplanta la necesidad de un catastro nacional normativo.

Que esté validado por todos los servicios técnicos, SAC, CNR, Ministerio de Medio Ambiente u otros, sea oficial para las decisiones de uso, restricción o fomento y tenga rango legal o reglamentario para la aplicación territorial. Por otra parte, se deben incluir disposiciones transitorias claras para resguardar inversiones en curso o derechos previamente adquiridos. Segundo, incorporar estudios de impacto económico y productivo ante cambios normativos relevantes; fortalecer la gobernanza interinstitucional, incluyendo actores productivos, científicos y gremiales, no solo la institucionalidad ambiental. Asimismo, existe una falta de conexión con las políticas vigentes. Esta ley debe dialogar con instrumentos como, por ejemplo, el INDAP, los incentivos de recuperación de suelos degradados, la política forestal y el ordenamiento territorial, ya que la desconexión podría llevar a conflictos normativos o a la superposición de funciones. En conclusión, el país necesita una ley de suelo, pero una ley que proteja, sin paralizar, oriente, sin castigar y que se construya sobre la experiencia de los territorios y el conocimiento técnico acumulado por décadas en el sector agronómico chileno. Estamos disponibles, como gremio, para aportar técnicamente en este proceso y asegurar que Chile cuente con una ley moderna, justa y útil para el desarrollo sustentable. Muchas gracias. Don Jorge, representante y presidente del Colegio de Agrónomos de Chile, ofrece la palabra al Ejecutivo para recoger las observaciones que han hecho nuestros invitados. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho para saludar a las senadoras y senadores. Disculpe, se fue el audio de la comisión; no se escucha. No escuchamos, yo tampoco escucho. No, no se escucha nada. Tampoco se escucha. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, licenciadores. Nos están boicoteando la reunión. El Ejecutivo: Bueno, muchas gracias. Espero que ahora se escuche. Reitero que los comentarios y observaciones expresados en esta sesión demuestran la relevancia del suelo a nivel nacional y para las distintas actividades que en él se realizan. Desde el Ejecutivo reiteramos la importancia de contar con una ley marco en este sentido, y valoramos todos los esfuerzos y la información que nos han entregado hoy. Creo que, además, la presentación de la señora Laura Reyes, Mónica Antilén y Paula Candia genera un contrapeso a lo expuesto por don Jorge. Probablemente, don Jorge no contaba con la versión definitiva de las indicaciones, ya que también evidenció las visiones contrapuestas sobre lo que debiera ser una ley marco de suelo. Las indicaciones que hemos realizado reflejan una mirada que recoge en parte ambas perspectivas. A continuación, entraré en más detalle en algunas observaciones, pero quiero dejar claro que tenemos toda la voluntad para seguir conversando, analizar los antecedentes y ver qué elementos podemos ir incorporando para lograr un mejor proyecto. Creo que todos los representantes presentes estamos totalmente de acuerdo con la importancia del suelo y con la relevancia de contar con esta ley. En relación al artículo 1 y al objeto, podemos revisar la redacción, puesto que se han planteado varias observaciones y eso es algo que podríamos ajustar.

Como le digo, los otros antecedentes también nos parecen bien respecto del tema de la institucionalidad, que creo es uno de los aspectos que ha salido más en la discusión y que, desde el Ejecutivo, lo que buscamos es, por un lado, la eficiencia y la coordinación interinstitucional, y, por otro, evitar duplicar funciones con instancias que ya existen. Es por eso que en la propuesta se establece el rol de ODEBA, que ya se ha discutido, pero también el establecimiento de comisiones regionales o macroregionales que puedan recoger la visión de distintos actores a nivel de los territorios y permitir tomar decisiones en ese nivel. Además, se plantea la incorporación en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático de las distintas decisiones que se tomen en este marco, así como la política de suelo mencionada, en la lógica de lograr mayor eficiencia y coordinación interinstitucional. Muchas gracias. Agradezco, por su intermedio, al saludar a las senadoras y al senador aquí presentes. La subdirectora ha mencionado diversos aspectos y solo quería complementar, destacando la relevancia que compartimos respecto al rol del suelo y su importancia para el cumplimiento de los ODS. En algún momento, no recuerdo si fue Mónica o Paula, se comentó si el objeto se cambió a propósito; la verdad es que no fue así. Me gustaría recalcar que, en ningún caso, nos interesa modificar el sentido del proyecto. En conjunto con SECPRESS realizamos algunas correcciones de técnica legislativa y, efectivamente, al leerlas puede entenderse que se cambió el sentido, pero sin duda tenemos la voluntad de revisarla para encontrar una redacción que refuerce el sentido original, que nunca fue limitarlo a la agricultura, sino incorporar aspectos técnicos, por ejemplo, destacar que los tratados internacionales, una vez ratificados, deben cumplirse, esté o no escrito. Lo mismo sucede con las definiciones mencionadas en todas las sesiones con invitados. Aunque no soy abogada, he aprendido mucho en este proceso y, en el CIGES, también se utilizan términos de técnica legislativa que luego no se repiten en la ley, pero sin duda hay algunos de gran relevancia, como se ha señalado en sesiones anteriores. Podríamos revisar cuáles son indispensable mencionar y tal vez hacer referencia a ellos en otra parte del proyecto. Respecto a la contaminación, es importante destacar, como hemos señalado en otras ocasiones, que para la elaboración de esta indicación participaron varios ministerios que la revisaron y estuvieron de acuerdo, razón por la cual surgió el asunto de la contaminación, que está regulado en otra norma, la 19.300. Con relación a la institucionalidad del suelo, como indicó la subdirectora, en el escenario fiscal actual sabemos que avanzar en esta línea es difícil, por no decir imposible; sin embargo, consideramos necesario destinar políticas orientadas directamente al suelo. Sobre lo que mencionó Jorge Wicha, del Colegio de Agrónomos de Chile, comparto la duda, si es que leyó la última versión, porque en nuestra indicación hay varios temas que no estaban incorporados en el proyecto original, por ejemplo, el Instituto del Suelo y otros aspectos; quedé con dudas. Es importante mencionar, además, los derechos adquiridos, entre ellos el derecho a la propiedad, una norma transversal de nuestro ordenamiento jurídico reconocida por la Constitución y que solo puede ser afectada por sentencias ejecutorias o por expropiación. Considero fundamental, incluso al comparar el original y la indicación, no tener aprensiones que se alejen del objetivo y el espíritu del proyecto. Tal como señaló la subdirectora, estamos disponibles para revisar estos elementos. Nosotros, en conjunto con otros ministerios y con SECPRESS, hicimos el mejor esfuerzo, y estamos totalmente abiertos a revisar lo que sea necesario para lograr una versión óptima de este proyecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, senadora Aravena. Primero, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente a las que se han conectado.