En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 108 será aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El secretario da lectura a la cuenta.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados.
Se recibieron por la Comisión los siguientes documentos:
Nota del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, quien solicita una audiencia con la Comisión de Personas Mayores para presentar los resultados de un estudio académico sobre políticas, legislación y brechas que afectan a personas con síndrome de Down y sus cuidadores en Chile. Además, desean compartir reflexiones sobre el Registro Nacional de Discapacidad en el contexto de la discusión del proyecto de ley 15.053, relativo a las personas con trastornos del espectro autista, proponiendo que la presentación sea realizada por una funcionaria de la Universidad.
Se recibió también, en respuesta a la consulta que la Comisión formuló a todas las municipalidades, información sobre si cuentan con oficinas específicas o diferenciadas para la atención preferente de personas mayores, que garanticen el acceso universal a sus servicios y dispongan o no de infraestructura adecuada para este grupo etario. De ello se han recibido respuestas.
De las municipalidades Keilen, Algarrobo, Calbuco, Castro, Quilpué y Los Ángeles. Todos estos antecedentes, señor presidente, se los vamos a enviar al WhatsApp grupal, donde los parlamentarios podrán tener acceso en detalle a sus respuestas.
Se recibió una nota de la Fiscalía Nacional, que en su excusa de asistir a esta sesión, debido a compromisos de agenda, sin perjuicio de ello, designa que en su lugar participará la abogada Alejandra Vera, asesora jurídica de la Fiscalía Nacional, quien lo hará en forma telemática.
Asimismo, se recibió una nota de la diputada Marta Bravo, quien solicita a la comisión que reciba, en una próxima sesión, a Jimena Beatriz Muñoz González, estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien denuncia haber sido víctima de discriminación debido a su condición de discapacidad. Se propone que su participación sea también en forma telemática.
También se recibió, Presidenta, una nota de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que envía excusas para poder asistir a esta sesión, dado que se encuentra, como ministra subrogante, tramitando el Boletín 15.940, el cual fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito en el Senado. En su reemplazo asistirá el subsecretario subrogante, don José Ruiz.
Adicionalmente, se recibió una nota de la bancada del Partido Socialista, la que informa que la diputada Ana María Abrao, presente en sala, reemplazará al diputado don Daniel Melos durante esta sesión.
Y sería toda la cuenta, señor presidente.
Gracias, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Dónde está el piso? Bueno, pasamos a varios.
Diputada Marzán:
Muchas gracias, presidente. Junto con saludarle y saludar a toda nuestra comisión y a los invitados e invitadas, quiero solicitar a esta comisión que me patrocine una actividad inspirada especialmente para las personas adultas mayores, dirigentes y dirigentes adultos mayores, así como para las personas con discapacidad y, en realidad, para todas las organizaciones que lo necesiten. ¿Por qué? Porque tuvimos acá al subsecretario del nuevo Ministerio de Seguridad, quien habló sobre varios temas, en particular de la oficina virtual.
En ese momento comenté que, por lo menos en mi territorio, hay mucha ruralidad y muchas personas adultas mayores, lo que inspira esta comisión. Más allá del tema de cómo hacer una denuncia en ese espacio, se evidencia la complejidad que podría presentarse con ellos, ya sea por temas de conectividad, nerviosismo o porque, finalmente, el diálogo cara a cara es muy importante.
Me contacté con la general de la zona, Patricia Vázquez, quien es nueva en su cargo desde el año pasado y mostró mucho interés y motivación, pues sería un trabajo en conjunto que potenciaría el tema de las denuncias. Haríamos un trabajo coordinado con dirigentes y, también por supuesto, con Carabineros, ya que la idea es que se realicen ejercicios, prácticas y se entregue material.
También se propone la participación, pues ya se tuvieron reuniones de seguridad con la nueva Seremia de Seguridad, en ese momento con la Seremia subrogante de la misma institución. Es importante destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo del secretario de la Cámara, quien también extendió la sugerencia de plantearlo en la comisión. De aprobarse este patrocinio –el cual debe contar con el respaldo de una comisión– el Congreso podría facilitar, en cada región donde se quiera realizar, toda la papelería y folletería necesaria para difundir y entregar el material de forma didáctica, de modo que al término del encuentro las personas dispongan de material de trabajo y recordatorio de lo tratado.
Así que ha tenido muy buena...
Recepción por parte de las personas que en realidad lo están demandando, así que, en términos muy generales, presidente, y bueno, pido el acuerdo para que la Comisión me pueda patrocinar este encuentro. Gracias.
¿Ese es sobre el mismo punto, diputada, o es otro punto?
Otro punto. Me gustaría someter a la consideración de la Comisión tomar el acuerdo de apoyar a lo planteado por la diputada Marzán. ¿Están de acuerdo?
Aprobado por una…
Perdón, necesito retirarme porque tengo una situación familiar a la que debo acudir.
Así dejo constancia y agradezco, por supuesto, a la Comisión por este encuentro, que es muy relevante para dirigentes y, sobre todo, para las personas adultas mayores que necesitan hoy día ese soporte y esa información respecto de esta nueva institucionalidad que se está formando. Muchas gracias.
Diputada Valencia Gilead:
Gracias, presidente. Saludo a los integrantes de la Comisión y, por cierto, también saluda a los invitados, tanto de la PDI, Carabineros, el Ejecutivo, a todos. Mire, presidente, yo había presentado a algunos diputados y diputadas, un consejero regional que trabaja en todo lo relacionado con la discapacidad en nuestra zona, de la región del Bío Bío, pero se tuvo que retirar porque no tenía un pasaje de retorno. Sin embargo, hemos trabajado en conjunto y quiero pedirle a la Comisión, en la medida de lo posible, poder invitar a la Agrupación de Apoyo de Arauco, provincia de Arauco, debido a la situación compleja que enfrentamos: al menos 500 niños no han podido ser diagnosticados y se encuentran en lista de espera, porque no contamos con profesionales en una zona en estado de excepción, en la cual se ha decretado zona de resaco, y a pesar de existir el programa Buen Vivir, los profesionales no llegan.
Entonces, ¿de qué sirve tener leyes? Lo he mencionado muchas veces aquí y no quiero ser repetitiva, pero no podemos aplicarlas porque no hay el personal adecuado; la gente tiene miedo de acercarse o, en el fondo, la remuneración no se condice con la problemática de la zona. Por ello, me gustaría que analizásemos esta situación en la provincia junto a algunos actores, como la Red de Apoyo, el consejero regional y la Ministra de Salud o quien ella designe, para evaluar la posibilidad de contar con apoyos de neurólogos o duplas psicosociales y así evitar que 500 niños queden en lista de espera sin diagnóstico de TEA.
Que también se busque, quizás, algún apoyo pensando en el año 2026, en estas zonas tan deprimidas que, pese a contar con recursos, siguen siendo escasas en personal para implementar la ley, invisibilizando la realidad de niños, niñas, adolescentes y personas con espectro autista. Así que, solicito a la Comisión darnos un espacio breve para exponer este tema y buscar solución, considerando que se está aportando al presupuesto 2026. Yo sé que de un día para otro no se solucionará, presidente, pero creo que esta situación puede darse también en zonas aisladas, y sería una bonita política pública pedirle al Ejecutivo de turno.
Gracias.
¿Le pedimos el acuerdo? ¿Habría acuerdo?
Acordado.
Bueno, diputado Guzmán, muchas gracias, presidente. Saludo a la Comisión, a nuestros invitados. Presidente, hoy día inició felizmente la discusión del proyecto de envejecimiento activo, digno y saludable. El proyecto tiene urgencia, y, si no me equivoco, dicha urgencia vence el día jueves. Por tanto, uno empieza a revisar y hay más de 40 inscritos para este proyecto. Lo que quiero invitar es que, mañana, independiente de cuántos hayan alcanzado a hablar, ...
Vamos a solicitar el cierre del debate antes de que termine la sesión y que podamos contar con el apoyo de las distintas bancadas para lograr que se vote mañana, sobre todo considerando que el día jueves, en muchas regiones, se inicia el mes de las personas mayores. Entonces, sería bueno poder anunciar en el mes de las personas mayores que ya al menos finalizamos el trámite legislativo en la Cámara de Diputados, en segundo trámite, y que es un avance más significativo respecto a una ley que lleva mucho tiempo pendiente en nuestro país. Eso, presidente, es una solicitud a cada uno de los parlamentarios presentes para que nos puedan acompañar mañana y, al finalizar la jornada, podamos votar la ley.
Gracias, diputado Guzmán.
Tiene la palabra la diputada Santiago.
Sí, sobre el punto, presidente. A los que van a hablar, no sé en qué punto estoy anotada, ni pretendo alargar el debate; todo lo contrario, estoy muy de acuerdo, a través suyo, con el diputado Guzmán. Pero ojalá se destaque el hecho de haber incorporado el tema del turismo. Lo único que les pido a los oradores es que lo destaquen, porque efectivamente, no se trata de una cuestión personal, ya que esto también lo trajo a colación el diputado Juan Carlos Beltrán. Es algo importante para todos y para el proyecto en sí mismo. Muchas gracias.
Gracias, Santibáñez.
Ahora vamos a suspender por un minuto para hacer el cambio de idioma. La presidenta titular declara la suspensión por un minuto.
Ya, vamos a retomar la sesión. Buenas tardes a todos. No sé si alguien más tiene puntos varios. No, perfecto.
Vamos entonces, hoy día, a abordar el tema sobre los avances en la implementación de la Ley 21.500, que regula el procedimiento unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el Sistema Interconectado. Para estos efectos, se ha invitado a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, quien se excusó; en su reemplazo asiste el subsecretario José Ruiz, quien ya está presente y es acompañado por Camila Beltrán, jefa del Departamento de Tecnología e Investigación, y Alonso Botchkiet.
Asimismo, asiste la abogada Alejandra Vera, asesora jurídica de la Fiscalía Nacional, en reemplazo del fiscal nacional del Ministerio Público. Bienvenida.
Entonces, vamos a escuchar al representante de la Policía de Investigaciones: el prefecto general, señor Hugo Heger Borques, quien expondrá a continuación. También participará la subprefecta, señora Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la Región Metropolitana; el comisario Roberto Cáceres; y el subprefecto Ricardo Gutiérrez. Desde Carabineros, contamos también con el general Jaime Velasco y el capitán Jean-Lot Zúñiga. Bienvenidos.
Le damos la palabra a la PDI para partir en este punto.
Diputada Santibáñez: No sé si me expreso con claridad, pero quisiera, si la comisión lo permite, que iniciemos con la gente que viene en representación de la subsecretaria, pues son ellos quienes darán cuenta de los avances y de cómo hemos progresado en esta ley.
De la Subsecretaría de Prevención del Delito, perdón, estábamos tratando de ordenar los tiempos, efectivamente. Tiene la palabra, y luego le damos la palabra a la PDI, y de ahí en el orden de lectura. Muchas gracias, Presidenta, diputadas y diputados, y a las instituciones que también colaboran y son intervinientes en el sistema. Les cuento que la Subsecretaria de Prevención del Delito hoy se encuentra, como ministra, en la sala del Senado con algunos proyectos que también corresponden a la cartera, por lo que estoy aquí para informarles, tal como decía la diputada Santibáñez, sobre los avances del sistema.
La ley, que ustedes conocen bien ya que es una moción de este Parlamento, se compone de tres herramientas: una es el sistema, que es el que nosotros presentamos; otra es un instrumento interno, el reglamento, que precisa en detalle la aplicación de la ley; y, por último, un protocolo unificado en el que el Ministerio Público tiene un rol importante, pues existía un protocolo anterior. El objetivo de la ley, como ya sabrán, es regular el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas. Este es un avance significativo en términos de proceso y de herramientas, ya que permite a la Administración y al Estado realizar una búsqueda más eficiente y colaborativa. Además, se dictó un reglamento a fines de 2023 que precisa cómo colaboran e intervienen las instituciones en la ley. Esta comisión nos requirió que, desde enero de este año, reportáramos mensualmente el avance del trabajo con las distintas instituciones. A la Subsecretaría de Prevención del Delito le corresponde coordinar este trabajo, que forma parte de las distintas mesas, y también le ha correspondido la construcción del sistema que vamos a contar ahora.
El protocolo, como mencioné, es una de las dos herramientas más importantes, aunque me centraré en el sistema. El protocolo establece la manera de ordenar las actuaciones y los lineamientos generales para el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. En él se detallan las directrices mínimas: se fijan las diligencias inmediatas después de una denuncia (dentro de las primeras 24 horas), se establecen procedimientos para la actuación respecto a las personas encontradas y se regula la emisión de una alerta de desaparición en los casos correspondientes. Cabe señalar que, antes de la ley, el Ministerio Público había construido un protocolo, y han sido ellos quienes han llevado a cabo el proceso de actualización del mismo.
En la mesa técnica, en la que participan las entidades intervinientes del sistema, nos encontramos representados por Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Durante el mes de abril, la PDI y Carabineros revisaron la propuesta y generaron observaciones al protocolo unificado; hoy, el Ministerio Público se encuentra terminando la última versión del protocolo luego de dichas observaciones.
La segunda herramienta y, quizás, la más importante, es el sistema informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas. Su misión es proporcionar una única plataforma en la que interoperan tanto las entidades intervinientes como las entidades colaboradoras que establece la ley y su reglamento, para que el proceso sea lo más eficiente posible. Si una persona está desaparecida y se pone en contacto con alguna de las instituciones mencionadas, el sistema facilita, mediante alertas y otras herramientas, la disponibilidad de información entre todas ellas, optimizando así la búsqueda.
Esta plataforma web de CISPET, a disposición de las instituciones, se encuentra en etapa de validación final este mes, habiéndose iniciado el pilotaje con CEP y con el BRUPE de BDI. En el screenshot se observa la carga de simulación de esta prueba; por ello, los datos mostrados no corresponden a los datos finales de todas las bases de datos de personas encargadas de la búsqueda.
¿Cómo funciona? Es un acceso web, como les decía, con una base de datos centralizada. Hoy día, Carabineros está justamente realizando la normalización de la base de datos de la PDI y del Ministerio Público, las cuales ya han sido entregadas para completar la información en la plataforma. Además, las instituciones intervinientes cuentan con acceso web, y el Registro Civil posee una API de validación para el RUT y otros datos que, por vía del registro, no estén disponibles.
Acá viene una serie de capturas de pantalla que muestran la plataforma. Esta cuenta con validación de clave única para dejar trazabilidad de quienes la operan. Disponemos de un módulo de consulta de encargos vigentes, un módulo de identificación de la víctima y, en caso de que no exista un encargo vigente, se procede a declarar una nueva víctima desaparecida. También se incorporan un formulario de identificación del denunciante, un formulario de circunstancias de la desaparición y un módulo esencial para la categorización de los riesgos, dado que no es lo mismo la situación de una persona desaparecida que puede enfrentar antecedentes de ideación suicida u otras circunstancias relevantes. Asimismo, se registran los antecedentes laborales, las características físicas de la víctima, los antecedentes médicos y, finalmente, los documentos personales, ropa u otras pertenencias que la caracterizan, lo cual facilita la búsqueda.
En el acceso a la plataforma, es posible agregar información complementaria. Cabe destacar que esta herramienta fue desarrollada en la Subsecretaría, y por ello forma parte del trabajo del departamento de tecnología, en el que también participa Camila. La plataforma es altamente dúctil y está al servicio de los objetivos de la ley. Se registra, asimismo, la solución de un encargo, incluyendo la forma de cerrar las situaciones registradas.
Otra cuestión relevante para nuestro departamento de Tecnología e Innovación es el desarrollo de herramientas tecnológicas para la prevención, junto con la analítica de datos para mantener una información transparente de lo que ocurre. La implementación de CISPE en el mismo sistema y plataforma no solo permitió generar la herramienta que acabo de presentar, sino también una serie de aplicativos API (interfaces de programación) para que las distintas instituciones puedan incorporarlos en sus sistemas. Esto posibilita no solo la interconexión al momento de entregar información, sino también la recepción de alertas respecto a nuevas situaciones de personas desaparecidas.
Existen APIs para consulta de encargos y otras, más complejas, destinadas a la gestión de los mismos. En términos de consulta, las instituciones intervinientes —como la PDI y la Fiscalía— ya poseen estas APIs, las cuales permiten acceder a información detallada de cada encargo y consultar diversas situaciones. Por ejemplo, si Gendarmería, a través de su sistema, consultara en la plataforma por medio de una API, podría alertar o señalar si una persona cuenta con un encargo vigente y proceder a su cierre.
Finalmente, se han desarrollado otros aplicativos de interfaz que permiten ingresar la información necesaria en cada encargo, ya sea de forma web o a través del sistema propio de cada institución.
Como les decía también, estas pequeñas aplicaciones de interfaz no solo son para la consulta y para el funcionamiento regular de lo que estableció la ley en el sistema, sino que también para alertar algunas situaciones a las instituciones que correspondan. En este caso, además, el Ministerio Público nos solicitó que los fiscales pudiesen tener acceso a alertas en caso de que se generen nuevos registros de personas con encargo. Y esto, finalmente, es un registro. Los informes que ustedes nos requirieron son, obviamente, más completos respecto al avance de la plataforma. Creemos que, al día de hoy, podemos decir que muchas de las actividades que determinan que el sistema esté operativo se han cumplido. Existe un registro bastante simplificado de lo que nos ha correspondido hacer. La verdad es que ha sido un trabajo de coordinación con las distintas instituciones, donde todos han colaborado para que esto llegue a buen puerto en este tiempo. Así que esta es la presentación que me toca hacer, quedo disponible a las preguntas que correspondan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a escuchar a todos y después haremos preguntas. Entonces, le damos la palabra al prefecto general, don Hugo Giger.
Buenas tardes, Presidente y a cada uno de los diputados presentes. Como mencioné y como dijo el subsecretario, estamos participando de manera periódica en las sesiones semanales para la implementación de la Ley 21.500, ya sea para confeccionar el protocolo de operación respecto de la actuación en casos de presuntas desgracias, o en la ejecución y confección del sistema del CISPED para implementarlo en la unidad correspondiente.
En base a lo mismo y de acuerdo con las etapas que hemos ido operando en el tiempo respecto a la PDI, lo que se ha hecho, más allá de aportar de manera general y en detalle en cada una de las operaciones ejecutadas y cómo se han protocolizado en los documentos, es que hemos entregado nuestra base de datos de presuntas desgracias de personas. En primera instancia, en el mes de enero, entregamos una base de datos de un poco más de 7.500 personas aproximadamente a Carabineros, que es la entidad encargada del CISPED. Posteriormente, en el mes de mayo, esa cifra fue acotada, ya que al no existir una plataforma que unificara todos los sistemas de registro de presuntas desgracias, se procedió a depurar la información. Así, en el mes de mayo, de aproximadamente 7.000 registros se extrajeron y se realizaron los cruces correspondientes, llegando a una cifra de 5.381 personas que tienen registro de presuntas desgracias en el país con la Policía de Investigaciones.
Es probable que esta cifra también se refleje en Carabineros, ya que el Ministerio Público dispone que el encargo se haga a ambas policías. En ese sentido, hemos entregado estos registros completos con todos los antecedentes que corresponden a la presunta desgracia, ya sean antecedentes personales, familiares o del estado del arte, considerando que en algunos casos efectuamos el encargo de presunta desgracia y en otros no hemos realizado la investigación, dado que puede disponer el Ministerio Público que esa investigación la realice Carabineros o la haga la PDI. No obstante, el encargo se efectúa de todas maneras por la Policía de Investigaciones y ahí es donde cobra relevancia el sistema unificado, el CISPED.
Con este sistema, al existir un encargo vigente de una persona que registra una presunta desgracia y es hallada por cualquiera de los intervenientes del sistema, se podrá cancelar dicho encargo. Hoy día tenemos falencias en ese aspecto, en el sentido de que, eventualmente, si existe un encargo en la PDI y la persona es encontrada por Carabineros, no significa que se pueda cancelar ese cargo, ya que podría seguir vigente para la PDI y no para Carabineros. Esto se solucionará con el CISPED, ya que al tener unificadas las bases de datos y contar con el acceso en línea para todos los organismos intervinientes, existirá una única información oficial en la cual cualquier institución podrá establecer o cancelar el encargo a la persona, y a la vez, con el protocolo vamos elaborando formas de...
La situación está sistematizada en diferentes etapas, como detalló bien el subsecretario, donde ya se realizó la última reunión el día de hoy durante la mañana. Se encuentra en la etapa final del protocolo y prácticamente definido, y a la vez se está implementando el sistema de la marcha blanca. Por parte de la Brigada de Educación de Personas Metropolitanas, a través de los diversos procedimientos que se están ejecutando hoy, se está probando la base de datos y realizando un proceso de ensayo y error. Con lo construido en el tiempo, hoy se cuenta con un sistema bastante sólido, el cual se encuentra en una etapa final con un 95–98% de avance para poder ejecutar el 100% de lo que establece la ley 21.500.
En rasgos generales, eso, Presidenta, quedo atento a las preguntas de cualquiera de ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Vamos a dar la palabra entonces al General Jaime Velasco, de Carabineros, para que exponga.
Soy el General Jaime Velasco, de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, institución en la que me he desempeñado desde el año 2003 y que cuenta con amplia experiencia en relación a bases de datos de personas desaparecidas. Esta labor está marcada por una historia muy trágica y dolorosa, relacionada con la desaparición de menores de edad en altos pisos. Fue a raíz de esa grave situación que Carabineros de Chile, a partir del año 2003, incorporó en el departamento de encargos una base de datos orientada a mejorar la gestión de las personas desaparecidas. Por ello, me acompaña el Capitán Zúñiga, jefe de la sección de encargos de personas.
Desde esa fecha, Carabineros, a través de su departamento encargado, tiene la obligación y responsabilidad de gestionar, a nivel nacional, un catastro de personas desaparecidas, así como coordinar diversas diligencias relacionadas con su búsqueda. En atención a la nueva ley, existen distintas fases de avance. A través de esta nueva plataforma, implementada en los servidores de Carabineros de Chile, se evidencian las condiciones y los avances tecnológicos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Sin embargo, confluir los metadatos provenientes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de las causas integradas por el Ministerio Público en un solo sistema no es tarea fácil.
Se tuvo que determinar, entre otros aspectos, la identificación de registros duplicados y la depuración de datos provenientes de diversas instituciones. Recientemente, se reforzó el sistema mediante el aporte de la Dirección de Información, Tecnología y las Comunicaciones de Graneros, quienes sumaron ingenieros especializados para optimizar la gestión de este sistema.
Para nosotros es fundamental que el sistema opere al 100%, considerando no solo la denuncia de una persona, sino también todo lo que implica y lo que hay detrás de una persona desaparecida. En ese sentido, es muy importante ponerse en la posición de cada carabinero a nivel nacional, ya sea en una comisaría o en un vehículo policial, que pueda recibir una denuncia de cualquier parte del país, desde Arica a Punta Arenas. Por ello se han realizado más de 1.700 capacitaciones respecto a esta ley, para que el carabinero se familiarice con las nuevas responsabilidades asignadas por ley y con los sistemas que deberá utilizar.
En verdad, todavía falta la última...
Nuestros Carabineros de Chile continúan con su labor, habiéndose capacitado ya a más de 1.700 efectivos en todo el país. Se ha enfatizado la importancia de que, en el ejercicio de la función, se atiende a las personas, más allá de lo gravoso que pueda ser cualquier delito, ya que detrás de cada intervención está el respeto a la vida. Por ello, se está realizando una marcha blanca en el marco de los procesos de incorporación y adecuación de los datos, de las capacitaciones institucionales y del protocolo –actualmente en su última etapa por parte del Ministerio Público, de manera conjunta con los demás intervinientes–, junto con nuevas capacitaciones que se implementarán una vez que el protocolo esté debidamente establecido. Desde el año pasado, con la puesta en marcha de la ley, se ha venido trabajando en estas capacitaciones para que no resulte algo nuevo en Carabineros de Chile, ya que, aunque la responsabilidad recae en el departamento a cargo, cualquier carabinero del país podrá afrontar la denuncia y las primeras actuaciones de búsqueda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Me gustaría partir señalando que, para el Ministerio Público, las causas de presuntas desapariciones son de extrema relevancia. Este asunto se viene evidenciando desde hace tiempo, y fue en el año 2020 cuando el Ministerio Público innovó con la creación de un protocolo de actuación en materia de presuntas desapariciones, en un contexto en el que aún no existía un estándar para las diligencias investigativas en este ámbito. Este avance ha continuado, reconociendo además el profundo sufrimiento que implica para las familias tener a un ser querido desaparecido.
Por ello, ha resultado imperativo priorizar este proyecto, y desde ya agradecemos la dictación de la ley 21.500, que refuerza la relevancia otorgada a las causas de presuntas desapariciones por parte de todas las instituciones. Asimismo, se resalta el esfuerzo realizado –en el que se integran todas las instituciones comprometidas– para poner en vigor esta ley a la brevedad, en especial mediante el sistema interconectado denominado CISPE (Sistema Interconectado de Personas Desaparecidas). Desde el Ministerio Público hemos trabajado en la unificación de criterios, y el protocolo de actuación en esta materia se encuentra en su etapa final. Se culminó la reunión hoy con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, conforme a lo señalado en la ley, y se espera que el protocolo se implemente conjuntamente con el sistema, tratándose de un protocolo operativo.
Es fundamental que tanto los fiscales como los funcionarios policiales conozcan las acciones que deben ejecutar frente a este nuevo sistema. Incluso, si se llegara a pensar que inicialmente se dio prioridad a la búsqueda de vehículos en lugar de personas, el sistema unificado reitera su enfoque en la búsqueda de personas, presentándose como un instrumento operativo que no solo contempla las diligencias investigativas, sino también la forma en que un funcionario policial debe ingresar al CISPE, registrar la denuncia y gestionar el encargo. Para ello, trabajamos en conjunto con las policías en la realización de un formulario único para el ingreso de denuncias de personas desaparecidas, diseñado con un estándar internacional que, conforme a lo señalado en la ley, estandariza las preguntas al denunciante. Dicho formulario recoge desde datos básicos, como los rasgos físicos y la contextura, hasta aspectos esenciales como la disponibilidad de un celular, número de contacto, correo electrónico e incluso cuenta de Instagram, con el objetivo de obtener la mayor información posible para orientar eficazmente la búsqueda.
Que se incorporó en el CISPE, que actualmente tiene unas casillas que son fáciles de completar por parte de los funcionarios para que el fiscal, una vez que reciba la información, tenga la mayor cantidad de información posible y, con ello, oriente de inmediato la búsqueda, emitiendo prontamente la orden de investigar.
Asimismo, dentro de las distintas actuaciones que estamos contemplando en el protocolo se incluye la diferenciación de aquellos casos que son de alto riesgo, como exige la ley, versus aquellos casos que no son de alto riesgo y tienen una tramitación diferenciada. Se establece que los casos de alto riesgo pasen de inmediato a fiscales especializados en materia de presuntas desgracias, lo que, por su parte, implicó que se nombraran fiscales especializados a lo largo de todas las regiones del país. Así que actualmente existen fiscales especializados o preferentes en materia de presuntas desgracias, de manera que tengan toda la capacitación que se requiere y sepan cuáles son las diligencias fundamentales a ejecutar en este tipo de causas.
Como vemos, las presuntas desgracias también evolucionan, al igual que la forma en que las personas desaparecen y la forma de búsqueda que nosotros podemos tener incorporando tecnología, la cual resulta indispensable hoy en día para poder acceder prontamente, por ejemplo, a las redes sociales. También contemplamos ese aspecto en el protocolo.
Otro aspecto fundamental que se relaciona mano a mano con el sistema interconectado son las alertas, las cuales contempla tanto la ley como el reglamento y que son esenciales, porque de lo contrario el sistema no estaría interconectado. Dentro de estas alertas se establece, por ejemplo, que al momento de recepcionarse una denuncia por presunta desgracia se informe inmediatamente al fiscal, ya que si no, el fiscal no tendrá conocimiento de que ingresó una denuncia y, en consecuencia, no podrá impartir la orden de investigar de forma oportuna.
Este tipo de interconexión, que quizá en un principio pueda parecer sencilla, ha resultado compleja de implementar, pues todas las instituciones cuentan con sistemas distintos: Carabineros tiene el AUPOL, la Policía de Investigaciones tiene el BRINE y nosotros, el SAF. Por ello es necesario que funcione esta interconexión para que el fiscal pueda conocer, por ejemplo, que ingresó una denuncia por presunta desgracia.
Otra alerta fundamental son los nuevos antecedentes, ya que la idea ahora es consolidar en un solo sistema, existiendo un único encargo por presunta desgracia en el caso de que la persona esté desaparecida. Anteriormente, un familiar podía denunciar, por ejemplo, en Punta Arenas y otro en Arica, generándose denuncias duplicadas por una misma persona desaparecida. De modo que los datos que tenemos de ingresos de presunta desgracia deben corresponder a la realidad de las personas desaparecidas. Incluso se llegaban a registrar hasta 50 denuncias por una misma persona. Así, teniendo un ingreso vigente, no se podrá volver a ingresar otro encargo, aunque sí se podrán incorporar nuevos antecedentes. Esta es otra alerta indispensable para el Ministerio Público, ya que el fiscal debe tomar conocimiento de que existen nuevos antecedentes con respecto a la causa que tiene vigente.
La tercera alerta importante es la de la persona encontrada; en el caso de que las policías logren encontrar a la persona, se debe informar también al Ministerio Público para que se cumplan los requisitos de la ley: se verifique biométricamente su identidad, se revise un video conforme a lo exigido y, posteriormente, el fiscal proceda al cierre del encargo. Una vez efectuado dicho cierre, se libera el caso, y si posteriormente la persona vuelve a desaparecer, se podrá establecer un nuevo encargo.
Todo esto implica que el protocolo va de la mano del sistema interconectado. Así, tanto el Ministerio Público como las instituciones participantes –Carabineros y la Policía de Investigaciones– se encuentran ya en una etapa final. En el momento en que el sistema interconectado esté listo para implementarse, se dispondrán de los instrumentos necesarios para que fiscales y policías estén plenamente informados acerca de lo que deben hacer frente a una denuncia por presunta desgracia y cuáles serán los pasos a seguir.
Muy bien, muchas gracias.
Diputada Marisela Santibáñez, diputada Joana Pérez:
Sí, muchas gracias, presidenta. Yo, primero, quisiera agradecerles a todos los que están exponiendo acá. De verdad que esto parece un déjà vu, sin duda. Quiero agradecer especialmente a las policías, porque se esfuerzan notablemente.