Gracias. La sesión.
Buenas tardes, señor Ministro, bienvenidas diputadas y diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Terminada la cuenta, se ofrecerá la palabra sobre esta y puntos varios.
Señor Presidente, para esta sesión se han recibido los siguientes documentos en la cuenta:
Primer término, proyecto iniciado en moción que prohíbe la promoción, comercialización, distribución, consumo y facilitación de drogas y otras sustancias ilícitas o sujetas a control en entornos escolares y comunitarios y regula otras materias relacionadas.
Proyecto iniciado en moción de los diputados Oyarzo y otros, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar requisitos y establecer restricciones para que personas extranjeras puedan ejercer el derecho al sufragio.
Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de facultar al Presidente de la República para convocar a plebiscito en materia de aborto voluntario.
La moción que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis y aumentar las penas aplicables al delito de violación de secretos. Se han recibido los siguientes reemplazos para esta sesión: el diputado don Jaime Mulet reemplazará al diputado doña Carol Cariola y la diputada doña Jimena Sandón al diputado don Andrés Lotto.
Se ha recibido correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante el cual se confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de los señores Pedro Vega, Max Loli, Francisco León y de los abogados de la División Jurídica, doña María Florencia Treiper y doña Paula Reca Barra, y el señor Francisco Molina.
Asimismo, se tiene correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público confirmando la asistencia de la señora Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de dicha Fiscalía; de doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios; y del analista señor Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios.
Por otra parte, se recibió correo de la Asociación Nacional de Fiscales, por el cual se confirma la asistencia como oyente del señor Luis Herrera, fiscal director de Asuntos Legislativos; y, de manera telemática, la señora Macarena Pino Lorca, presidenta de AFREMSEM.
La biblioteca, por su parte, responde a un requerimiento de la Comisión, señalando que en relación con la solicitud de informe respecto a la historia y fundamento del estatuto de los expresidentes de la República, del artículo 30 de la Carta Fundamental, dicho informe será elaborado por el Departamento de Servicio Legislativo y será entregado en su oportunidad a esta Comisión, acusando recibo del requerimiento.
Don Juan Ignacio Gómez Corbalán, coordinador para el Congreso Nacional del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, solicita poder ser recibido por la Comisión a fin de exponer las observaciones al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de incorporar cambios en el sistema político y electoral.
El señor Marcelo Acevedo, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (OTJ), solicita la posibilidad de asistir a la Comisión el día 18 de junio, es decir, cuando se revise el proyecto relativo al Consejo de nombramientos judiciales, para asistir como representante de la Asociación de Consejeros Técnicos (ANCOT) y de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (OTJ). Además, solicita que en esa oportunidad se posibilite la lectura o entrega de una declaración pública suscrita por cuatro asociaciones del Poder Judicial respecto al proyecto de ley en cuestión.
Señor Presidente, en relación con este tipo de peticiones, la Comisión establece que deben hacer llegar sus planteamientos por escrito. Asimismo, se cuenta con oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se responde a la solicitud del diputado Luis Sánchez Oza en relación al criterio aplicable respecto a personas privadas de libertad que se encuentran con enfermedades terminales, notificándose al señor diputado y haciéndole presente la calidad reservada de la información.
Se tendrá, para efectos de tomar un acuerdo, la solicitud de libertad del programa legislativo Libertad y Desarrollo, que solicita ser recibido por la Comisión a fin de exponer las observaciones al proyecto de reforma constitucional que se tratará en la sesión de mañana. ¿Les parece, dentro de los expositores, recibir a Libertad y Desarrollo con su opinión en el proyecto de mañana? Aprobado.
Por supuesto, todos los diputados estamos disponibles para recibir propuestas de invitados. Se recuerda que mañana es miércoles, hoy es martes y el jueves no hay sesión.
Finalmente, respecto al oficio reservado solicitado por el diputado Sánchez, como es de carácter reservado, los diputados pueden acercarse a la secretaría para leerlo. Dicho oficio se entrega al secretario de la corporación y únicamente puede ser consultado en su oficina. Estos documentos, al no publicarse en la página web, son entregados para conocimiento del solicitante; si alguien desea leer la respuesta, puede acercarse a la oficina de don Patricio para ello. Los invitados que soliciten ser escuchados deberán enviar sus comentarios por escrito, refiriéndose en este caso a la Asociación de Trabajadores Judiciales (OTJ) y a ANCOT, por escrito.
Diputado Miguel Ángel Calisto:
Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Miguel Ángel Calisto. Presidente, una consulta respecto de la sesión de ayer: ¿se acordó definir un cronograma por el tema del sistema electoral, la propuesta que viene del Senado? ¿Qué se acordó finalmente?
— No, nosotros quedamos como mesa de enviarles a los diputados un cronograma, una propuesta de cronograma. Y eso está en confección en este momento; les va a llegar antes del término del día de mañana.
Diputada Giles:
Perfecto. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Presidente, usted la semana anterior dijo que, frente a una petición mía de que tramitáramos con un horario semanal para esto —el proyecto sobre las dietas de los expresidentes—, usted lo puso en tabla, pero después se le olvidó el proyecto. En esa sesión le pedí que, por favor, le diera curso a un cronograma de tramitación semanal, y hasta ahora no existe una propuesta. Estará recibiendo usted, sin duda, la exigencia a través de redes sociales de una ciudadanía que, por cierto, está mucho más interesada en ese tema que en el sistema político que favorece únicamente a cinco cúpulas partidarias. Entonces, le pregunto: ¿cuándo vamos a seguir tramitando el proyecto sobre la dieta de los expresidentes, para que estos reciban la dieta parlamentaria según la igualdad ante la ley consagrada por nuestra Constitución, en el mismo momento en que la obtienen el resto de los chilenos (es decir, a partir de cumplir 65 años) y no, en el caso del actual presidente —futuro expresidente—, durante 25 años extras? O, quizás, 45, ya que el promedio de edad en Chile, la expectativa de vida, es bastante mayor? No le he olvidado: es complicado darle el gusto en un 100%, porque por un lado me dice “ponga esto de la dieta de los expresidentes” y después me indica que no se deben realizar sesiones lunes ni jueves. Así, solo puedo atenderlo al martes y al miércoles, día en el que se incluyen fortalecimiento, nombramientos judiciales, dieta de expresidentes y otro proyecto que surja, lo que resulta humanamente imposible considerando que otros 11 parlamentarios también formulan solicitudes.
Diputado:
Señor Calisto, sobre el punto, presidente, muy puntual: Mire, en la comisión tenemos un acuerdo que lleva tiempo en vigor respecto de destinar un día para tramitar proyectos de mociones parlamentarias y otro para proyectos que ingresan con urgencia al Ejecutivo. Considero que sería interesante retomar esa práctica y, de repente, ir turnando también proyectos de nombramientos con el Ministerio Público, dejando un día exclusivo para mociones parlamentarias. Esa es mi sugerencia; presidente, usted decide. (Tras breve pausa:) Sí, estamos en ello y, en cuanto a los nombramientos judiciales, si apuramos el tranco, tendremos un proyecto menos.
Diputada Flores:
Muchas gracias, presidente. Solo respecto del punto: ya que soy autora de uno de los proyectos que se fusionó y que también aborda estas dietas de los expresidentes, me sumo a la solicitud. Considero que es de urgente carácter social y público, pues la ciudadanía espera que avancemos en esa línea, sobre todo ante la pronta expresidencia de este presidente Boric. Resulta, además, sorprendente mantener durante tantos años a un presidente con una dieta —y no solo una dieta, sino todos los beneficios asociados—. Es importante que se tenga presente y se ponga en discusión.
Intervención al señor secretario:
A propósito de eso, señor secretario, nosotros pedimos un informe a la biblioteca sobre un tema muy relevante: la discusión acerca de la causa legal para pagar las asignaciones a los expresidentes. Hoy un diario lo menciona al respecto; entonces, cuéntenos, señor secretario, si llegó ese informe a la biblioteca. Mientras tanto, se ofrece la palabra a la diputada Flores.
Muchas gracias. Bueno, esta petición yo también se la he formulado, también autora desde el año 2022, con un proyecto de estas características, con el diputado Gonzalo Lacarrera y otros. Lo presentamos precisamente en la misma línea que han señalado mis antecesores, de que esta dieta vitalicia sea a contar de los 65 años de edad para cualquier presidente de la República, y por lo tanto es un proyecto que ya lleva tres años.
En el caso de nuestro proyecto alojado en esta Comisión, sin tramitarse, usted accedió a la petición que yo le hice ya hace varias semanas de buscar una instancia para discutirlo, pero pasan y pasan las semanas y, la verdad, hay mucha ansiedad por parte de la ciudadanía de que ojalá esto se comience a tramitar lo antes posible. Y a eso se añade lo que usted acaba de señalar a propósito de esa nota de prensa que, probablemente, todos vimos, en la que no hay un sustento constitucional para estos pagos, estas asignaciones a los expresidentes de la República, a propósito de la modificación que se hace a la Constitución. Entonces, ahí hay un vacío legal que también creo que es oportuno aprovechar en este mismo impulso de hacernos cargo y resolverlo, Presidente.
Muchas gracias. ¿Les parece que la próxima vez que citemos –que va a ser muy pronto este tema de las dietas de los expresidentes– citemos también a Miguel Landero y a Raúl Guzmán? Raúl Guzmán es el secretario del Senado, el que ha estado pagando durante estos dos años y medio esas asignaciones, para que explique cuál es el sustento legal; y Landero, como contraparte experta de la Cámara de Diputadas y Diputados, también pueda explicarlo. Recuerden ustedes que fusionamos 11 proyectos, y algunos de esos 11, de las diputadas que están acá –de la diputada Giles, de Víctor Pino–, también hay uno que está firmado por Gonzalo Vinter y Claudia Mix. Entonces, es importante quizás citarlos también cuando lo veamos por segunda vez. Como el diputado Vinter ahora es candidato a presidente y posible beneficiario de esto, hablaría bien de él que quisiera derogarlo, o al menos preguntarle si está todavía de acuerdo con el proyecto que firmó hace un tiempo, y lo mismo la diputada Mix. O sea, esto es súper transversal. Lo mencionaba un medio: creo que es desde republicanos hasta comunistas, en cuanto a los 11 proyectos.
(Diputado Sánchez)
Muchas gracias, Presidente. Me comparto la inquietud que señalaba recién la diputada Flora respecto de las asignaciones; lo comenté en la sesión pasada. Quisiera hacer una precisión: el medio de prensa en cuestión también usa este concepto de vacío legal. En el derecho público no existen los vacíos legales; solo se puede hacer lo que la ley expresamente establece. Entonces, aquí existe una reforma que se hizo a la Constitución en el año 2020, sobre la base de distintos proyectos de ley que estaban suscritos por el actual presidente Gabriel Boric, así como por George Jackson y otros representantes del oficialismo. Ese proyecto de reforma constitucional fue aprobado y se eliminó una parte del artículo 62 de nuestra Constitución que establecía la posibilidad de pagar asignaciones. El pago de asignaciones no está establecido en la Ley Orgánica del Congreso, en ninguna normativa.
O sea, comparto su inquietud. Me gustaría que venga acá el secretario del Senado a explicar sobre la base de qué norma legal se siguen cursando esos pagos, porque, hasta donde yo entiendo, no hay ninguna norma legal que lo permita, y esto nos podría meter en una espiral bien compleja, si es que llevamos cinco años –más o menos desde 2020, cuando entró en vigencia esta norma– en la que se seguiría aplicando el artículo 62 tal como estaba hasta antes de la reforma. Creo que este es un tema de la mayor urgencia, señor Presidente.
Y me gustaría pedirle, en complemento a lo que usted había planteado, que así como nos gustaría recibir al señor Secretario del Senado acá, venga también con un informe escrito, para que no quede solo en la conversación. De hecho, hoy en la cuenta está la respuesta de la biblioteca, que acusó recibo de la solicitud y nos comunica que están trabajando en ello. Me llamó hoy un abogado constitucionalista, justamente preocupado por este tema, que había visto la nota de prensa y se preguntaba cuáles fueran las causas legales que pudiera tener este pago de asignaciones en la Constitución, dado que ya no se encuentra en la Ley Orgánica del Congreso. La única posibilidad remanente sería una glosa en la Ley de Presupuestos. Yo también pedí a mi equipo que revisara la Ley de Presupuestos para ver si había algo específico respecto a asignaciones de expresidentes, porque, si no está en ninguna de esas tres normativas, el que paga mal, paga dos veces lo que nos enseñaron en la universidad.
Pero aquí el que paga mal tendrá que devolver el que recibió mal. Así es. ¿Sobre este tema? Si no está vivo, bueno, que descanse en paz. Es conocido por su generosidad.
Muchas gracias, Presidente. Una vez más vengo a esta comisión a hacer una solicitud. Yo sé que la comisión siempre está compleja con sus tiempos de discusión de proyectos, sobre todo cuando son mociones. Este es un proyecto que llegó a la comisión, de mi autoría, identificado en el Boletín 16.773 y 1107, que busca modificar el Código Penal para establecer una excepción a la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con los antecedentes penales del país de origen de un imputado extranjero. La verdad es que creo que es muy relevante iniciar la discusión en este tema, ya que tenemos vasta experiencia en situaciones complejas que agravan nuestra seguridad. Por ello, considero que, si se tiene bien y la comisión lo entiende, se puede dar espacio para el inicio de esta discusión.
¿Ofrezco la palabra? Ministro, no sé si ha escuchado que, en los casos en que hay un extranjero detenido y no se puede recabar información sobre sus antecedentes penales al no existir hoja de vida, se le aplica irreprochable conducta anterior sin la información. Es una pregunta más para la Fiscalía, en base a su experiencia de abogado, porque me imagino que…
Ministro, muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Saludo a todos los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, el problema es el de los extranjeros indocumentados, a quienes no podemos acceder a sus hojas de vida o estas nos llegan muy tardíamente. Eso es un problema actual. Solo para que conste, hemos tenido cambios en la composición del sistema penitenciario, con más extranjeros que antes y nacionalidades que también han cambiado. Anteriormente teníamos principalmente extranjeros de países fronterizos, es decir, de Perú y Bolivia, y hoy la mayor presencia corresponde a personas provenientes de Venezuela y Colombia. Con Venezuela, en particular, enfrentamos el problema de no contar actualmente con una relación diplomática que nos permita acceder con la rapidez necesaria a las hojas de vida o antecedentes de quienes ingresan al sistema penitenciario.
¿Qué se ha hecho? ¿Qué hemos estado trabajando con los países de la región? Se está desarrollando un sistema que nos permita estar más alineados en cuanto a esta información. De hecho, hoy día se está llevando a cabo en Lima un encuentro del Programa para el Combate al Crimen Organizado Transnacional, en el que el subsecretario representa a nuestro país. Allí se está institucionalizando una forma de traspaso de información que, lo más probable, requerirá algún convenio internacional para que esto sea mucho más despelto.
Ahora bien, en términos prácticos, ese es el problema que enfrentamos. Luego, si una persona no tiene antecedentes en el país de origen, se aplican las mismas atenuantes que para cualquier persona sin antecedentes. Claro, eso dependerá de disponer de la información; y si esta no llega, tenemos dos inconvenientes: uno es que no se puede obtener y, por ende, no llega, y el otro es que llega tardíamente, lo cual también ocurre. En el fondo, si una persona no tiene antecedentes en un país, no se le pueden aplicar agravantes respectivos. En cuanto a la práctica, creo que es importante que la Defensoría y la Fiscalía nos informen con más detalle, ya que este es un problema real en el que hemos estado trabajando.
Desde el punto de vista internacional con el resto de los países para obtener información mucho más certera y oportuna, actualmente esto funciona, en algunos casos, con aquellos países con los que mantenemos una relación mucho más fluida a través de nuestra embajada; con otros, puede que no funcione realmente. No existe un sistema internacional que nos permita obtener esta información de manera oportuna, que es precisamente lo que estamos trabajando. Ya contamos, por cierto, con un acuerdo que avanza de manera importante. Resulta muy pertinente el proyecto y me imagino que, con países de menos recursos, como Haití, donde probablemente ni siquiera exista una base de datos digital, esa consulta se hace imposible, ni siquiera lenta, sino verdaderamente imposible.
De hecho, lo hemos venido impulsando durante varios años. Queremos avanzar en un piloto con aquellos países con los que se disponga de información más rápida. En su momento lo he conversado con la ministra de Colombia y con el ministro Lewandowski en Brasil, para generar, al menos, con esos tres países que tienen mayor capacidad, un piloto; lo que también hemos ofrecido al resto de los países, para posteriormente ir sumando. Pero, lo que usted dice, es efectivo. Es efectivo. Existe un problema real en esta materia.
Gracias, ministro. Diputada Flores, perdón por interrumpir, pero a propósito del proyecto que usted menciona, es un tema súper importante, muy importante, presidente. Cabe señalar que tanto usted, presidente, como la diputada Humada, firmaron un proyecto que cuenta con informe desde el año 2023, el cual ustedes vieron en la Comisión de Seguridad. Dicho proyecto no solo aborda la irreprochable conducta anterior, sino que establece la posibilidad de detención para estos extranjeros hasta poder identificarlos y, en consecuencia, evitar que representen un peligro o un obstáculo para la investigación judicial. Ese proyecto ya salió de la Comisión de Seguridad; desconozco los motivos por los cuales aún no se ha puesto en tabla, pero han pasado prácticamente dos años en los que esto se pudo haber resuelto legalmente, producto del proyecto en el que ustedes también son firmantes. Quizás, presidente, usted podría hacer los oficios correspondientes para solicitar al Presidente de la Cámara la inclusión de este proyecto en la tabla, ya que cuenta con un informe favorable desde hace bastante tiempo. Nosotros ya ampliamos el plazo de dos días a cinco en esta Comisión; eso ya es ley, para darles más tiempo para recabar información, ¿se acuerdan? Cuando le iba a la diputada Giles.
Gracias, presidente.
Presidente, la situación es realmente complicada. Tenemos expresidentes que han recibido, aparentemente, asignaciones eventualmente ilegales durante períodos que podrían alcanzar décadas. Asimismo, enfrentamos una situación con migrantes ilegales en la que, hasta ahora, las autoridades no parecen saber cómo proceder, y también contamos con diputados que firman proyectos que luego quedan olvidados. Considero que sería muy importante poder darle curso efectivamente a este proyecto que propone la diputada Humada, ya que, de manera muy simple y clara, resuelve un problema que hasta ahora las autoridades no han logrado solventar. Muchas gracias.
Diputado Soto: Presidente, mire, algo de esto lo conversamos en la ocasión anterior. Suena interesante fortalecer la persecución penal en varios aspectos, incluso lo que plantea la diputada en cuanto a eliminar la atenuante de conducta anterior respecto de extranjeros que no tienen antecedentes penales. Sin embargo, esas decisiones sobre atenuantes se aplican al momento de dictar sentencia, no antes. El hecho de que un extranjero no tenga antecedentes penales se evidencia particularmente al momento de su detención; es allí donde ha operado la extensión del plazo y, de forma urgente, también el criterio de Valencia, con el objeto de retener bajo prisión preventiva a las personas hasta que llegue la información. El problema de dictar sentencia es real, no digo que no exista, pero es bastante menor que el problema inicial.
Porque ya a esa altura muchas veces ya se encuentran los antecedentes. Pero yo le pediría al presidente que, si queremos realmente fortalecer la persecución penal, fortalezcamos el Ministerio Público, fortalezcamos el Ministerio Público, los fiscales. Mire, existe la posibilidad de que nosotros podamos conseguir cerca de mil profesionales y técnicos que puedan perseguir estos delitos si simplemente nos ponemos a votar el proyecto de ley que está en situación hoy día y que ha conseguido que vengan desde Santiago 10 personas: del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de organizaciones de todo tipo, que buscan que se le dé la posibilidad de contar con casi mil profesionales más para perseguir el delito.
Pero han transcurrido 30 minutos desde que comenzó este debate, y en ese tiempo no hemos hablado de este tema, no hemos puesto nada en votación. Quedan cerca de 30 votaciones. Hemos votado una indicación en el último tiempo por sesión; es decir, vamos a estar 30 semanas más. Y todavía estamos hablando de proyectos que no conocemos, tratando de ponerles urgencia. Y usted, presidente, cuando asumió se comprometió a poder resolver y responder a las urgencias que ponga el Ejecutivo. Este proyecto tiene suma urgencia, presidente. Estamos perdiendo tiempo precioso para fortalecer la persecución penal y el Ministerio Público. Le pido, presidente, que comencemos a votar. Este proyecto es un fortalecimiento del Ministerio Público.
Sí, diputado Soto. Solo le pediré a la Secretaría que retire el acta de “perder el tiempo”, porque yo creo que el proyecto de la diputada Ahumada es súper atingente, tanto que opinaron el ministro y los diputados: es algo útil y relevante. Entonces, quizá se deba destinar el tiempo a otra cosa distinta, pero “perder el tiempo” parece un poco duro.
En votación, entonces, el artículo 20. ¿Quedamos viendo, diputado de La Vaca?
Sí, me parece súper interesante la propuesta que hace la diputada Joana Ahumada. Pero aquí presente hay también un operador del sistema. Sería interesante conocer cómo el Ministerio Público, que cuenta con operadores, conoce y está efectivamente resolviendo este tema en particular, porque podemos empezar a hablar de lo positivo que podría ser una resolución como esta, y quizá el Ministerio Público ya lo tenga avanzado. Pero, disculpe, diputada, cosa diferente. Es algo que he venido señalando desde hace rato, presidente; se lo dije al presidente Calixto también en su momento, ex presidente Calixto, que es necesario poder, en la agenda de la Comisión, tomar un proyecto y sacarlo, ¿ya? Porque, de lo contrario, lo que dice el diputado Soto se transforma en realidad. Este viene como proyecto en segundo trámite y sería súper potente poder sacarlo. Hoy día la cantidad de causas que tienen los fiscales en nuestro país es inhumana. Yo lo he dicho hasta el cansancio: por ejemplo, la capital provincial de La Unión, la segunda comuna más importante de mi región, tiene un fiscal para hacerse cargo de 2.000 causas. Y en la medida en que no seamos capaces de sacar este proyecto, no vamos a avanzar, ni siquiera en sentencia o en investigación.
Así que, presidente, le pediría eso. Gracias.
Invitamos a la mesa a Mónica y Ana María de la Fiscalía y al ministro, o a alguien de su equipo que se siente a nuestro lado. Ex presidente Calixto, ex presidente sin dieta, tiene la palabra.
Sí. Los ex presidentes de la comisión no tenemos dieta, pagos o asignaciones irregulares. ¿Podríamos tramitar? Es broma, es broma.
Presidente, a propósito del debate que se está dando, que a mí me parece bien interesante y no una pérdida de tiempo, como ha señalado mi colega: lo que pasa es que nosotros estamos hoy día hablando sobre el fortalecimiento y la modernización del Ministerio Público, que está muy bien, y que la hemos tramitado ya durante toda la semana. Me parece correcto que le demos celeridad a la tramitación dentro del marco de los tiempos que defina la Comisión. Reitero la necesidad de disponer de un día para funciones parlamentarias, lo cual veníamos manejando en su minuto, y creo que es importante retomarlo. Pero quisiera hacer una pregunta por su intermedio, presidenta, al señor Ministro que nos acompaña, porque cuando hablamos del fortalecimiento del Ministerio Público lo que nos interesa, finalmente, es poder agilizar las causas que hoy día están paralizadas en distintos procesos judiciales y también en el interior del Ministerio Público. Y creo que en algún momento lo planteó el diputado Gilabaca. Hoy día hay una sobrecarga en...
Dentro de la estructura de los tribunales, es fundamental poder también pensar, porque hay una propuesta que ingresó acá el Poder Judicial respecto de aumentar la cantidad de jueces, particularmente en lo que se refiere al tema de tribunales de familia. En distintos tribunales existe la necesidad de mayor estructura para poder agilizar que estas causas tengan resolución para la gente que finalmente está esperando.
Entonces, también se le pregunta al señor ministro: ¿cómo se ha pensado para que esta sea, en definitiva, una labor de fortalecimiento orgánico, sistémico e integral de toda la cadena? Porque aquí estamos fortaleciendo un área de la cadena, que es el Ministerio Público, lo cual está muy bien, pero falta lo relacionado con los jueces, los tribunales laborales, los tribunales penales y los tribunales de familia, donde hay sobrecarga. Además, la Corte Suprema planteó, presidente, una propuesta a esta Cámara de Diputados para aumentar la votación de jueces. Y, creo que con las nuevas leyes que hemos sacado nosotros mismos, se ha aumentado la sobrecarga, pero no se ha aumentado la votación. Por ello, es importante ver si, en algún minuto, podremos conocer también detalles de esa propuesta que hizo el Poder Judicial.
—Sí, gracias, ministro. Tome la pregunta y, después, en la discusión de la ley se puede ir comentando el tema que plantea el diputado Calisto, muy relevante.
Habíamos quedado en el artículo 20, en el tema del organigrama, si recuerdan ustedes; lo proyectamos ahí. Ah, el diputado Leiva tenía dos segundos. Oiga, muy breve, es importante —35 segundos—, es importante discutir todos los proyectos de ley en esta comisión también. En el caso del proyecto de ley de la diputada Ahumada, al modificar el numeral 11 número 6, yo creo que, más simple incluso, es que la irreprochable conducta anterior deba acreditarse. Cualquier nacional lo acredita con sus certificados de antecedentes, y la persona extranjera, ya que no se debe hacer discriminación entre chilenos y extranjeros, debe venir y acreditarlo, pues no tendría otra forma de hacerlo. Más simple y puede ser un muy buen proyecto. Pueden firmarlo en conjunto los dos de repente.
Respecto al artículo 20, no sé si proyectamos una propuesta del Ejecutivo en la pantalla o si hay algún comentario sobre el organigrama que publicamos el otro día, que también proyectamos. Señor ministro, habíamos dejado el artículo 20 pendiente; estábamos en el artículo 22, eso fue lo último que discutimos. El artículo 20 requiere un poco más de tiempo porque, a nuestro juicio, las indicaciones que hay agregan funciones y, al agregarlas, es necesario revisarlas con el sector presupuestario, ya que no son tan sencillas. Dejamos el 20 pendiente y pasamos al 22. Es decir, el tema del organigrama queda en espera y pasamos al artículo 22.
En el artículo 22 hay una propuesta del Ejecutivo. Los diputados que quieran firmarla están acá. Además, del diputado Calisto también hay indicaciones. Si puede darle lectura a la propuesta del Ejecutivo, el señor secretario, le pregunto: ¿qué página es el 22? Es la página 19 del comparado.
Señor presidente, en relación con el artículo 22, tenemos dos propuestas: una suscrita por usted, que se basa en las orientaciones del Ejecutivo, y otra del diputado Miguel Ángel Calisto, que también incide sobre el artículo 22. Existe además una indicación en la página número 19 del diputado Sebastián Videla, relativa a la misma disposición. Así, tenemos tres indicaciones. En el documento que acabo de recibir —que es el suscrito por usted, señor presidente, y que contiene las orientaciones del Ejecutivo— se presenta de la siguiente forma, utilizando colores: en rojo aparece lo aprobado en primer trámite y en verde la nueva agregación. De esa manera se exhibe cómo queda la norma en virtud de las indicaciones presentadas, de igual forma que en relación con lo aprobado por el Senado.
En primer trámite constitucional respecto al artículo 22, lo pueden ir comparando con el artículo vigente que está en la misma página 19, en la primera columna, para ver las diferencias, teniendo en consideración que indicaré qué es lo que viene del Senado y qué es lo que se agrega, además de eso.
Artículo 22. Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra C del artículo 17 será dirigida por un director designado por el Fiscal Nacional y, esto es algo que se agrega ahora, no viene del Senado, y será de su exclusiva confianza. De tal manera que cada una de las unidades especializadas será dirigida por un director que será de exclusiva confianza del Fiscal Nacional, y ese es, digamos, algo nuevo en relación con lo que viene del Senado. Previa audiencia del Consejo General, este director de la unidad especializada deberá contar con la previa audiencia del Consejo General.
Luego continúa: retomamos la propuesta que nos viene del Senado, la cual está incluida en el proyecto. Tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen mientras ejerza dicha labor y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo; esto viene del Senado.
A continuación, volvemos al texto vigente que dice: Estas unidades dependerán del Fiscal Nacional y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinadas categorías de delitos; o, lo que viene en el proyecto que aprobó el Senado, se incluirán fenómenos criminales, entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, la corrupción y el lavado de activos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte quien corresponda.
Finalmente, en este inciso primero, y después viene la propuesta del Ejecutivo: asimismo, asesorarán al Fiscal Nacional en la elaboración de instructivos, protocolos y estándares de actuación que contribuyan a la eficiencia investigativa y a la unidad de acción del Ministerio Público, lo cual también es algo nuevo. Esta es una propuesta de artículo 22 que se supone consensuada entre Ejecutivo y Fiscalía. ¿Tienen copias para repartirlo a los diputados? No, no llegó hoy.
Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra C del artículo 17 será dirigida por un director, designado por el Fiscal Nacional y de su exclusiva confianza, previa audiencia del Consejo General. Tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen mientras ejerza dicha labor y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Hasta ahí, diputado Vilavaca.
Lo que pasa, presidente, es que esto lo habíamos discutido y, efectivamente, se incluyó lo de exclusiva confianza, pero también habíamos ampliado el marco de aquellos que podrían asumir esas direcciones respecto a los demás abogados. Eso fue materia de discusión y, por el momento, no lo he incorporado.
Estas unidades dependerán del Fiscal Nacional y tendrán como función principal colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos y fenómenos criminales, entre los cuales se considera especialmente el crimen organizado, los delitos económicos y medioambientales.
Corrupción, lavado de activos, de acuerdo con la instrucción que al efecto aquel, el Fiscal Nacional les dicte. Asimismo, se asesorará al Fiscal Nacional en la elaboración de instructivos, protocolos y estándares de actuación que contribuyan a la eficiencia investigativa y a la unidad de acción del Ministerio Público. Si le sumáramos lo que dice el diputado La Vaca, que también otros abogados pueden colaborar, esto tiene un poco lo del Senado, lo del Ejecutivo, lo del Ministerio Público.
Después, en virtud de lo anterior, el Fiscal Nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.
Y en el último párrafo, créase al menos una unidad especializada para asesorar a la Dirección de la investigación de los delitos de la Ley 20.000 (drogas) y para la búsqueda de activos que den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 45 de esa ley. Eso es lo que ya está dentro de sus funciones, debiendo auxiliar a los fiscales en la identificación, búsqueda y localización de bienes, ganancias e instrumentos que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en dicha norma.
¿Querés revisarla? Ministro, ¿querés comentar al Ministerio Público sobre esta propuesta de redacción y lo que dice el diputado La Vaca?
Sí, conversan antes los proyectos, pero igual le damos la palabra al Ministerio Público.
Señor presidente, saludar a la comisión y señalar que, efectivamente, fue una propuesta que se trabajó con el Ejecutivo y que busca plasmar varios de los aspectos que a nosotros nos preocupaban. Sobre todo, el reconocer que el cargo de exclusiva confianza del Fiscal Nacional —precisamente, el de Director de la Unidad Especializada— en la redacción del Senado venía con la acotación de que debían ser fiscales. En realidad, nosotros no vemos ningún problema en que también puedan ser abogados asesores, siempre en la medida en que se genere, particularmente en el caso de los fiscales, la suplencia en la Fiscalía de origen, para no dejar vacíos en ese ámbito, quedando de forma lo suficientemente flexible para crear esta unidad especializada de acuerdo a los fenómenos emergentes que, en realidad, era nuestra preocupación. Asimismo, se dejará consignado que efectivamente se puede prestar apoyo a los fiscales regionales en las investigaciones desarrolladas en virtud del artículo 19.
En este momento hay siete unidades especializadas, dos de las cuales fueron creadas en esta actual administración: la unidad de crimen organizado, la unidad de corrupción, la unidad ULTECO (delitos económicos y ambientales), la unidad de género, la unidad de delitos sexuales, la de derechos humanos y la de responsabilidad penal adolescente.
Diputado Calixto, está pidiendo la palabra. Y después, al Ejecutivo le damos un tiempo para que comente. Los cambios son muy menores respecto a lo que viene del proyecto, pero, si al Ministerio Público le parece, se incorporará lo que decía el diputado La Vaca de que sean otros abogados, junto con lo que ahora va a contribuir el diputado Calixto, que, estoy seguro, le dará mayor realce a este artículo.
Diputado, listo.
Presidente, yo presenté una indicación en la misma línea, recordando a usted la semana pasada cuando discutimos este tema, y me parece muy bien que el Ejecutivo haya recogido las ideas que planteamos en esa oportunidad y que están plasmadas en la indicación propuesta en esta Comisión. Ahora, yo sigo con una duda respecto de si no es limitante continuar, porque cuando se detalla el inciso primero de la propuesta, cuando se señala el detalle de los delitos, especialmente, claro, nosotros habíamos acordado que quedara hasta donde los delitos…