En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, diputadas y diputados.
Las actas de la sesión 205 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados.
Muy buenas tardes, señor Secretario. El señor Secretario dará lectura de la cuenta y tiene la palabra.
Gracias. La cuenta es la siguiente:
En primer lugar, un oficio del Senado, mediante el cual se comunica que ha aprobado un primer trámite constitucional. El proyecto iniciaba moción que establece multa para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos.
En segundo lugar, un oficio de su excelencia al Presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de los delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.
En tercer lugar, un oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia —calificada de suma— para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento.
En cuarto lugar, un proyecto de ley iniciado a moción del diputado señor Chalper, que modifica la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para quitar el carácter de feriado legal al día fijado para la realización de elecciones primarias.
En quinto término, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Ollarzo, Becker, Berger y Mellado, don Cosme, y de las diputadas señoras Astudillo, Musanti y Pérez, doña Joana, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal.
Sexto, un oficio de la directora de presupuestos, en respuesta a una solicitud de esta comisión, destinado a informar sobre los fundamentos de la decisión del gobierno de no asignar durante 2025 los recursos correspondientes, destinados a la materialización por parte de los gores de diversos proyectos deportivos, culturales, etc., señalando también si es posible revertir esa determinación dada sus graves implicancias.
En séptimo lugar, un informe de la profesional a investigar.
Y ahora, de la BSN, señora Gabriela Zarola, solicitado por esta comisión, sobre el voto de los extranjeros residentes en Chile, informe que incluye antecedentes generales, historia de la ley, regulación nacional y experiencia comparada.
En octavo lugar, un correo electrónico de la asesora legal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, señora María José Rojas, solicitando a la comisión poder exponer sus puntos de vista en relación al proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de… sobre votaciones populares y escrutinios para quitar el carácter de feriado legal al día fijado para la organización de elecciones primarias.
En noveno lugar, un correo electrónico mediante el cual se asignarán las excusas del comandante en jefe del Ejército, General de Ejército, Javier Iturriaga del Campo, quien no podrá asistir a la reciente sesión a la cual había sido invitado.
En perjuicio de lo anterior, comparecerán el subsecretario de Defensa, don Ricardo Montero, acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército, Rodrigo Pino, y el auditor general del Ejército, Eduardo Rosso.
En este lugar, una carta del gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, en representación del gremio empresarial que agrupa un amplio espectro del sector comercio, en la que comunican su interés por participar como expositores en algunas de las próximas sesiones que se leerá esta comisión, donde se aborden las acciones que están desplegando los ministerios de seguridad pública y de salud, junto a los municipios, para el control del comercio informal y la recuperación de espacios públicos. Al respecto, desean aportar antecedentes técnicos y experiencias prácticas que pueden enriquecer el análisis legislativo y contribuir a una mejor articulación público-privada en esta materia.
A continuación, un correo electrónico del asesor al gabinete del Ministro del Interior, mediante el cual expulsará y… estén sancionados en salde por compromisos agendados con anterioridad. Hace presente al mismo tiempo que el Ministerio de Seguridad Pública es el encargado de enseñar las políticas, planes y programas tendientes a resguardar las fronteras y velar por su correcta implementación para evitar la comisión de delitos, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia. Todo lo anterior, de acuerdo al artículo 4º de la Ley 21.730.
Por otro lado, destaca que es del 1 de abril de este año que las fuerzas de orden y seguridad pública dependen del Ministerio de Seguridad Pública.
Finalmente, señala que, conforme a la normativa vigente, se mantienen como competencias del Ministerio del Interior las políticas sobre migración y extranjería y la administración de los complejos fronterizos.
Finalmente, se recibió un oficio de la Ministra de Desarrollo Social y Familia en respuesta a una solicitud de esta comisión, en orden de informar acerca del monto anual en subsidios que se otorga a la población migrante regular en nuestro país, por conceptos de salud, educación y otros rubros. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, no hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Fensalía, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, por su intermedio, saludar a los invitados, a nuestro General Director, a nuestro general Espinosa, que también le tocó servir en Coquimbo, al general inspector, al miembro del ejército, al contralor y al general Pino, saludarlos y agradecerles por haber aceptado primero la invitación de la comisión.
En segundo término, presidente, la verdad es que me acompaña, como se lo comenté anteriormente, el alcalde de Ovalle, el alcalde Héctor Vega, porque en Ovalle, que es la tercera ciudad más importante de la región de Coquimbo, en el centro de Ovalle tenemos varias situaciones de criminalidad, no menores, que afectan no solamente el quehacer diario y la convivencia, sino también temas de seguridad. Temas de seguridad que abarcan no solamente en el ámbito de nuestras fuerzas de orden y seguridad, sino que también tienen relación con temas de fiscalización por parte, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos o de la Serenidad de Salud. Entonces, en ese sentido, presidente, yo quería solicitar una serie de auspicios, tanto a Carabineros de Chile como a la PDI, así como también a la Cerebi Salud y a la Cerebi de la Cámara de Diputados.
a Servicio de Impuestos Internos que se lo debe hacer llegar al Secretario, pues la verdad es que es un gran número de oficio que coordinamos con representantes del comercio, el comercio de Valle; de hecho, me acompañan también acá, presidente, los representantes de los comerciantes del sector centro, Juan Pablo Vergara y don Oscar López.
Dado la premura del tiempo y en relación con una serie de inquietudes, aprovechando que está nuestro general director de Carabineros, se planteó en la última reunión el motivo de recuperar las brigadas de civiles, ya que en el centro se presentan situaciones delictivas —muchas veces robos pequeños, conocidos como robos hormiga— que afectan a todos nuestros emprendedores de esa ciudad. Además, no debemos olvidar que Valle no es capital de la provincia de Limarí, donde ya enfrentamos una grave situación en materia de narco cultivo y de tráfico de drogas, lo cual afecta a la ciudadanía.
Se propone hacer más controles de identidad en el centro de Valle. Se solicitarán una serie de oficios, que se harán llegar a usted, presidente, y al Secretario, para que se puedan cursar, todos ellos relativos a temas de seguridad. Existe además un asunto particular que toma en cuenta lo establecido por la Cámara de Comercio de Santiago, relativo al comercio ambulatorio, en el marco de la Ley de Seguridad Municipal. Por ese intermedio, cedo la palabra al alcalde para que exponga, en cinco minutos, sobre el comercio ilegal que ocurre en el centro de Valle.
Si hay acuerdo en la Comisión, no tengo inconveniente en escuchar al alcalde.
Gracias, presidente. Saludo también a los generales que nos acompañan, a los representantes de Carabineros del Ejército y a todos los diputados presentes. Comento que la situación es muy grave, ya que contamos con un comercio formal, en tanto que, además, existe un comercio ilegal que utiliza las calles para vender, camuflado, productos que en realidad incluyen drogas, productos veterinarios sin resolución, y productos médicos. Hemos contado con gran colaboración por parte de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para efectuar controles rutinarios, pero no alcanza, y tampoco hay suficiente capacidad en las fuerzas policiales.
Por ello, solicitamos apoyo desde la Municipalidad a través de Seguridad Ciudadana, ya que enfrentamos serios problemas. De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no podemos contratar una mayor cantidad de personal, limitándonos a contratar únicamente un 40% de la planta contratada, es decir, los inspectores municipales. Si bien la Comisión recibió de manera positiva la propuesta de la Ley de Seguridad Municipal, aún faltan trámites para su entrada en vigor. Lo que se ha conversado con algunos diputados es promover una glosa presupuestaria en la Ley de Presupuesto de la Nación, que permita a las municipalidades contratar por Código del Trabajo y, así, avanzar en la contratación de personal de seguridad ciudadana para combatir el comercio ilegal y otras situaciones que afectan el orden en la calle.
Lamentablemente, en este momento no contamos con la herramienta necesaria. Si no modificamos la situación, quizás con esta pequeña glosa presupuestaria, se podría avanzar en dotar de mayor cantidad de funcionarios a las distintas comunas de Chile.
Gracias, alcalde.
Diputado Fuensalida: Muy cortito para ir cerrando el punto y pedir los acuerdos para mandar los oficios. Muchas gracias, presidente.
De poner un tema de relevancia que fue tramitado por esta comisión, que fue la Ley de Seguridad Municipal que hoy día se está tramitando en el Senado y que, lamentablemente, no ha tenido el mismo avance que nosotros le dimos en esta comisión. Se trata de una ley que va a entregar más herramientas y, como lo decía el alcalde, va a permitir, mediante la figura del uso del contrato Código de Trabajo, no solamente dar facilidad de contratación, sino que también mejorar la situación de quienes ejercen la función de seguridad en un municipio, ya que contarán con mayores prestaciones y mejores seguros de vida, lo cual, al fin y al cabo, es un adicional importante en este tipo de trabajo.
Así que me sumo a lo solicitado por el alcalde y solicito ver la posibilidad de oficiar al Ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos respecto de la propuesta que plantea modificar la glosa a fin de poder contratar, de manera más personalizada, la figura del Código de Trabajo. Voy a tomar el acuerdo en ese sentido y enviaré los detalles de la situación de Ovalle directamente a usted, presidente, y al secretario, para que se oficie a los distintos entes, tales como el Servicio de Impuestos Internos, la Seremi de Salud, Carabineros y a la misma municipalidad. Muchas gracias, presidente.
Diputado, entonces se toma el acuerdo.
También quiero mencionar que el acuerdo que tomamos en comisión fue de tramitar proyectos de ley en temas de comercio informal. Se trajeron algunos proyectos de ley que estaban en otras comisiones y vamos a abordar sesiones especiales para ver este tema. De hecho, se presentó en tabla hoy el boletín 17.615, que entrega más facultades a las municipalidades para enfrentar el tema del comercio ilegal. Así que estamos trabajando en este asunto y tomamos el acuerdo para enviar los oficios correspondientes.
Se pregunta: ¿Puedo dar la palabra sobre varios? ¿No? No hay más palabras sobre varios, entonces pasamos a la orden del día.
La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En la primera hora se analizarán las medidas que han adoptado el Ministerio del Interior y de Defensa Nacional para prevenir el tráfico de migrantes y la participación de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas en hechos ilícitos vinculados al referido delito, a raíz de los casos que han ocurrido, especialmente, en la zona norte y, muy en particular, el recientemente conocido que involucra a 14 carabineros de la subcomisaría de la comuna de Huara, quienes fueron formalizados por cohecho y asociación criminal.
Para tal efecto se encuentra presente el general director de Carabineros de Chile; del lado del Ejército, el jefe de Estado Mayor, don Rodrigo Pino, y el auditor general del Ejército, general brigada, don Eduardo Rosso; asimismo, el general director de Carabineros de Chile, don Marcelo Araya, quien está acompañado por el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector, don Rodrigo Espinoza, y el contralor general de Carabineros, general inspector, don Jean Camus.
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en esta sesión; es un tema muy relevante e importante para la ciudadanía, dado el contexto de crisis migratoria que vivimos. General director, le ofrezco la palabra para que exponga sus comentarios, por favor.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los presentes, diputados y diputadas. Permítanme realizar una consulta, señor presidente: ¿cuánto tiempo dispongo? No quiero abusar de este espacio, pero con la finalidad de tratar un tema que es relevante para nosotros, que no solo implica adherirnos a las políticas de gobierno y a la política de Estado en temas prioritarios de combate a la corrupción en organismos policiales, sino que también forma parte de una política institucional para combatir severamente este tipo de situaciones.
Antes de referirme al sistema de control interno y al caso particular, quisiera comentar que, en relación al tráfico de inmigrantes, estamos trabajando en nuestro despliegue, particularmente en la Región de Tarapacá, en los sectores fronterizos. No se trata solamente de Colchanes, sino que existen otros sectores de alta complejidad, como Alcovinto, Paradiso, Chisco, Puerto Rico y el sector hacia Cancosa, que, junto con lugares como Panza Barajaya, registran un considerable desplazamiento. Aunque se suele asociar principalmente al sector de Colchanes, nuestra preocupación también se centra en aquellos sectores custodiados por el retén de Cancosa y por la tenencia Ujina, los cuales se vinculan debidamente con las regiones anexas, como es el caso de…
De Arica, Parinacota y también la provincia de Alnoa, en la región de Alto Fagasta. Esto nos lleva a que estemos coordinados con los retenes de Arica, es decir, Chilcaya y Guayatire, que son lugares que se encuentran en situaciones muy complejas, en un sector de desarrollo capital. En lo que se refiere a la provincia de Alnoa, particularmente en Ollagüe, Azcotán y Nacalire, hoy en día tenemos un significativo despliegue y presencia. No me quiero extender demasiado en este tema, pero también estoy muy preocupado por la implementación futura de este corredor.
Por lo tanto, respecto al tema de los migrantes, estamos adoptando una serie de medidas coordinadas en el tratamiento de la situación. La figura se encuentra en estado de reconducción, detención y flagrancia, haciendo presente que en el último tiempo se ha aumentado considerablemente el número de detenidos, especialmente en relación con el tráfico de drogas. A la fecha, Carabineros ha incautado aproximadamente 28 toneladas de drogas, mayoritariamente provenientes de la zona norte, las cuales vienen tanto de Bolivia como de Perú, en un contexto de aumento de cocaína. Si el año pasado se incautaron 38 toneladas, solo a la fecha se ha registrado este volumen, lo que demuestra un trabajo de control intenso, con alta presencia de vehículos y operaciones en el altiplano, en un terreno complejo y de considerable exigencia.
Me quiero ceñir a estos casos. En primer lugar, se ha implementado una política institucional de control interno, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de seguridad institucional. Esto implica determinar acciones orientadas a detectar, alertar, prevenir e investigar acciones u omisiones que contravengan el ordenamiento jurídico, reglamentario, institucional y disciplinario. La finalidad es anticipar los riesgos, peligros, amenazas y vulnerabilidades a los que se enfrenta, no solo el personal institucional, sino también sus instalaciones —cuartel, unidades móviles y operaciones policiales.
Esta política, basada en la seguridad institucional, nos impulsa a detectar, alertar, prevenir e investigar dichos riesgos y vulnerabilidades, que pueden afectar la operación, el personal y las instalaciones. A raíz de ello, hemos intensificado y fortalecido nuestro sistema de seguridad institucional, a través de la creación de una dirección de asuntos internos. Anteriormente, esto se concentraba en un ámbito muy restringido, y en la actualidad se organiza como una subdirección bajo el alero de nuestra Contraloría General y un sistema de auditoría, lo que ha permitido detectar a tiempo este tipo de inconductas.
En este contexto, se atendió, por ejemplo, el caso de los 14 ex carabineros involucrados en hechos ilícitos en la comuna de Huara, quienes fueron debidamente denunciados mediante los canales correspondientes. La institución adoptó medidas de transparencia: no se tapa ni se oculta información, sino que se denuncia abriendo una investigación coordinada con el Ministerio Público, en conjunto con el sistema de asuntos internos del departamento, sin perjuicio de las investigaciones en curso.
Cabe señalar que, en ocasiones, se han manifestado dudas respecto a los tiempos, ya que en el caso de Huara se trata de un procedimiento que se inició a comienzos de 2024 y que concluirá este mismo año. Son situaciones complejas, pues dichos funcionarios continúan en funciones y, en coordinación con el Ministerio Público, se van configurando los hechos, siendo necesaria la acreditación de pruebas de manera correcta. En definitiva, se van sumando situaciones que se alejan totalmente del quehacer policial.
Y en este caso, si bien se encuentra todo en esta etapa de conocimiento en el Ministerio, ...
Lo cual no puedo entrar en detalle específico, pero solo hago presente que se trata de esta inconducta de cohecho, de cobrar dinero e incluso de soborno, y asociada a una estructura integrada por personas que indudablemente no merecen vestir el uniforme. Hago presente que esto se investiga, se denuncia y se rinden cuentas, y en este momento, además, se encuentran dados de baja, que es la figura que corresponde.
A esto sumamos otro caso ocurrido la semana pasada, en el cual nueve funcionarios vinculados al sistema judicial a raíz de la incautación de vehículos estuvieron involucrados; estos hechos se contraponen a lo esperado y fueron desvinculados, denunciados al Ministerio Público, y todo aquello relacionado con este tipo de conducta seguirá el mismo camino. Esa es una política institucional de aseguramiento, teniendo en cuenta que una institución policial –y lo he conversado también con varios directores de otras policías–, y no es una justificación, pero indudablemente se pretende vulnerar la seguridad institucional a través del involucramiento en organizaciones ilícitas, principalmente por la facilitación que pueden dar algunos funcionarios policiales para la comisión del delito.
Eso es lo grave, lo complejo y lo que tenemos que atacar. Para ello, contamos con mecanismos dentro de la institución que tienden a detectar estos hechos. Por ejemplo, el sistema de detección de drogas: si bien somos 55.000 efectivos, en un año nuestro sistema alcanza a realizar entre 28.000 y 30.000 controles de drogas a la totalidad de los funcionarios, muchos de ellos sometidos a exámenes de droga en los tiempos correspondientes, sin perjuicio de otros mecanismos.
Ahora, me adentro en lo que es el sistema de control interno. Quiero dejarlo abierto a todas las consultas que se puedan realizar en materia de este caso en particular. Como les digo, fue absolutamente nefasto para la institución y nos molesta en demasía, pero hay que asumir estas vulnerabilidades que existen en nuestros sistemas. Fueron detectadas, pero hay que acreditarlas, denunciarlas como corresponde y proporcionar las pruebas; una vez obtenidas las debidas autorizaciones, se procedió a las detenciones y, en este momento, los involucrados se encuentran en prisión preventiva.
Lamentablemente, en Guara tampoco hace mucho –hace un par de años– se presentó un suceso muy similar con un menor número de carabineros involucrados; pero ahora, sin lugar a dudas, llama la atención la cantidad de funcionarios desvinculados. Esto nos obliga también a reponer las rotaciones, a disponer de otros mandos y a generar una renovación, ya que es un sistema que, dentro de las políticas de personal, requiere evaluar cuándo se deben realizar dichas rotaciones. Tenemos plazos establecidos, tiempos mínimos en determinados lugares, pero es un tema que habitualmente se está evidenciando; no es que no se tenga control. El Contralor General, presente conmigo, puede dar cuenta de cómo han sido los controles, no solamente aquí en Guara sino también en la región y en otros sistemas, en los procedimientos, procesos, instalaciones y en otros controles móviles realizados al mismo personal que presta servicios policiales.
En definitiva, lo que quiero dejar en claro es que esto no es un fenómeno estacional; todo lo contrario, forma parte de una política institucional de no permitir ni aceptar este tipo de inconducta, y de adoptar las medidas asociadas, independientemente de que algunos casos deban seguir el sumario administrativo o esperar el desarrollo completo del proceso. Sin lugar a dudas, cuando hay argumentos suficientes en casos tan graves, la respuesta es la desvinculación a través de la baja o la separación del servicio.
En este caso, el proceso de control interno en la institución está liderado por el General Director, por el alto mando y por las direcciones, y se ejecuta en conjunto. Aquí es donde nosotros adquirimos y adherimos al sistema gubernamental de control correspondiente, el modelo estándar de control interno COSO y todo lo que dice relación con la gestión de riesgo, en este caso para Carabineros. Y aquí nosotros actualmente le hemos entregado y proporcionado el máximo de herramientas para…
Para que los mandos actúen en este control, existe una segunda línea de control que corresponde a la Contraloría General nuestra, encabezada por el general inspector Jan Camus, y una tercera línea que concierne a la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, organismo que vino a fortalecer este trabajo y al que se le entregan todas las instituciones que trabajen directamente con el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí estamos, accionando en este tema que es de suma importancia.
Entonces, la primera línea está conformada por los mandos directos a nivel operativo y administrativo, quienes deben implementar los controles establecidos: visitas domiciliarias, encuestas personales, revisiones de antecedentes, revisiones de armamento, de inscripción, etc.
La segunda línea, a cargo de la Contraloría General, supervisa todo lo relacionado con la gestión.
Finalmente, la tercera línea se encarga del aseguramiento independiente y objetivo, además de asesorar desde la Dirección de Asuntos Internos.
En esta política de integridad se mezclan aspectos de ética, valores, monitoreo y vigilancia del control de la gestión, así como la comunicación de los riesgos, en concordancia con el sentido de seguridad institucional. Aquí actuamos basados en los verbos rectores: prevenir, detectar, enfrentar y retroalimentar; y, sobre todo, propiciar canales de denuncia que estén disponibles para anticipar situaciones.
Hemos adoptado conceptos internacionales, adaptándonos a temas de conocimiento y debidamente establecidos, de modo que en cada etapa se efectúa un chequeo y contrachequeo. La idea es mantener siempre un desempeño y una evaluación permanente del sistema.
Asimismo, se actualiza continuamente el sistema según los cargos, ya que se nos consulta habitualmente sobre el mecanismo de aseguramiento para el ingreso. Existe un sistema asociado a las postulaciones, que no solo regula el ingreso al período de formación de Carabineros, sino también el acceso a cursos de perfeccionamiento o a puestos de relevancia, en los cuales el personal es sometido a un riguroso chequeo basado en su declaración de historial personal.
Cabe señalar que cumplimos con las obligaciones derivadas de la declaración de patrimonio y de intereses de los respectivos mandos, implementando diversos mecanismos para mantener el sistema. Tenemos en cuenta que la amenaza es permanente y debemos asumirla para evitar la vulneración de los mecanismos, de manera que nuestro personal no se vea involucrado en situaciones de esta naturaleza.
En cuanto a los controles, contamos con revistas económicas propias, controles orgánicos, visitas de inspección, fiscalizaciones, revistas de vestuario y equipo, y revistas de armamento, con el objetivo de verificar el estado de la institución. También se realizan exámenes de confianza, declaraciones, pruebas de detección de drogas y visitas in situ que han permitido, incluso, establecer flagrancia, ya que ser policía, ser carabinero, implica adherirse a estos principios.
Asimismo, se realizan auditorías por parte de la Dirección de la Secretaría Interna y se recopilan reportes de operaciones sospechosas, cumpliendo con los imperativos legales, y se entregan todos los antecedentes para facilitar las denuncias a través de canales formales, denuncias anónimas, entrevistas y controles regulares.
Esto nos permite proponer lineamientos, gestionar y capacitar para investigar las denuncias, acumulando los antecedentes necesarios, y, por supuesto, cursar los oficios de denuncia correspondientes, lo que contribuye a un monitoreo permanente de las funciones.
Como dato, del total de casos relacionados con drogas en el año 2024 se registró un 0,34% correspondiente a 53 casos. La gran mayoría de estos casos pasan a ser licenciados, algunos incluso de manera voluntaria, sin perjuicio del sumario que corresponda.
Y si no, se encuentran sometidos a sumario en espera de la resolución que corresponde. Hemos cursado oficios del año 2024, 224 oficios que permiten alguna señal o indicio respecto de inconducta. Estamos preocupados por las bajas; tenemos indicadores de cuáles son las causales o los motivos por los cuales el personal está siendo licenciado. Pero, principalmente, lo que nos interesa son las conductas graves, mayoritariamente asociadas a temas de cohecho, de sobornos o, directamente, en algunos ilícitos cuando son parte de alguna organización criminal, lo que es lo más complejo. Tenemos un universo de 55.000 carabineros; por lo tanto, no se minimiza, pero, por supuesto, es grave que un carabinero se haya involucrado en una situación. Y eso es lo que vamos a seguir. O sea, la política institucional aquí no admite interpretaciones: vamos a ser estrictos y severos en ese aspecto.
La verdad es que, con esto, estoy graficando y quiero reflejar todo lo que estamos realizando en materia de controles. Estos son controles cruzados; controlamos al controlador —como se le llama en concepto— y, de esa manera, pretendemos reducir todos estos niveles, que quizá antes eran muy evidentes en otros aspectos, pero hoy la gravedad viene dada por el involucramiento del crimen organizado, lo que no podemos permitir.
Gracias, General Director, don Marcelo Araya. Le doy la palabra a la diputada Danisa Astudillo.
Lo que sí quiero dejar una pregunta: ¿esto fue un trabajo conjunto con el Ministerio Público? Es decir, lo detectaron y, a partir de ahí, el control interno de Carabineros trabajó para identificar a estos 14 funcionarios que están cometiendo este posible ilícito.
Gracias, presidente.
Bueno, tengo varias dudas, porque la situación es preocupante. Si las personas encargadas de la seguridad en una institución con bastante prestigio como Carabineros, y únicamente en mi región, en un solo procedimiento, caen 14 funcionarios por cohecho, uno se pregunta: ¿qué más nos queda? ¿Llamar al Chapulín Colorado? ¿Quién podrá salvarnos, de verdad?
Me surgen muchas dudas respecto a este tema. Primero, quiero saber efectivamente cómo se descubrió: ¿hubo una investigación previa? ¿Tenían sospechas y, luego, en la investigación, se encontró que estos funcionarios estaban cometiendo un acto de corrupción? ¿Fue a partir de una denuncia ciudadana? ¿Cómo fue el procedimiento para llegar a la decisión de desvincular a estos 14 carabineros?
Quiero saber también cuántos funcionarios han sido formalmente sancionados, ya sea en mi región —que está para acá, por cierto— o en el resto del país, y que tengan alguna relación con algún delito de cohecho, de colusión, de banda de tráfico o ingreso irregular de migrantes en los últimos 24 meses.
También me interesa saber si este hecho es aislado o si, en el interior, existe alguna red que deba investigarse a fondo, ya que en otros países ocurre. Creo que es mejor prevenir que lamentar.
Asimismo, ¿existen protocolos de rotación para evitar que funcionarios se enraícen en zonas donde hay contacto permanente con estas redes delictuales, sabiendo que por Colchane ingresan muchas bandas del crimen organizado?
Finalmente, quiero saber si el jefe zonal de Tarapacá ha asumido alguna responsabilidad o si, simplemente, se limitó a derivar esta información a Santiago.
Creo que estas dudas surgen porque es muy importante brindar tranquilidad a la ciudadanía; que, si efectivamente hoy existe un acto gravísimo de corrupción al interior de Carabineros, se tenga la certeza, con hechos concretos, de que esto se está investigando, de que no volverá a ocurrir y de que las sanciones serán ejemplares.
Gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Inés Artudillo tiene la palabra, el diputado Matías Ramírez. Gracias, presidente. Saludo a los invitados de hoy a la comisión. También me toca representar a la región de Tarapacá. Creo que el General Director conoce bien la zona de Andena, por lo que puede aportar bastante a la discusión.
Yo creo –y esto es una opinión personal– que no se trata de un caso aislado. Cuando se revisan los hechos en la región de Trabacá, haciendo una búsqueda en medios abiertos, se encuentran no solo el caso de los 14 uniformados detenidos, sino también el del 12 de diciembre (6 uniformados detenidos), el del 3 de septiembre de 2020 (7 uniformados) y el del 7 de septiembre de 2018 (2 uniformados). Sin contar que, por ejemplo, el 30 de enero otros 5 uniformados de la Comisaría de Altos Pisos fueron detenidos por apremio ilegítimo. Podría retroceder más en el tiempo. Me tocó, inclusive, representar a algunas víctimas que en algún momento fueron condenadas por Carabineros por robo, en casos que involucraron a comerciantes bolivianos que vienen a Zona Franca y fueron, en este caso, asaltados por la misma institución.
No creo que se trate de una cuestión netamente puntual, sin desmerecer la investigación interna que pueda hacer Carabineros en este caso. Lo que me genera mayor preocupación es la existencia de una cultura institucional que brinde marco a cierta impunidad en situaciones de esta naturaleza, considerando que Tarapacá es una región compleja, no solo por la situación del contrabando y del tráfico de drogas, sino también por contar con una frontera bastante amplia en la que Carabineros cumple un rol importante en el control.
Es preciso analizar cuáles han sido las enseñanzas de estos casos. Me refiero, primero, a la formación policial. No lo escuché en la alocución las medidas adoptadas en la formación de Carabineros, por ejemplo, en cuanto a la incorporación en las mallas curriculares de normas relativas a la probidad, la transparencia y la existencia de mecanismos internos de denuncia. Me sumo a aquello, ya que esta situación –tal como se evidenció en el caso del cónsul boliviano– demuestra que, cuando la víctima es extranjera, existe temor de denunciar a la misma institución de quienes están involucrados. ¿Cuál es, entonces, el procedimiento en estos casos?
En segundo lugar, usted señaló lo ocurrido respecto de los controles de drogas en el interior de la institución. Se mencionó que, de entre los 55.000 funcionarios, se realiza un muestreo relevante y se indicó que el 0,34% resultaba positivo, sin claridad acerca de si este porcentaje corresponde a un control efectivo. En la región también hemos tenido casos complejos sin una explicación clara. Me refiero, en particular, al caso del Teniente Coronel Baris Rastivicio, quien dio positivo por el consumo de cocaína y, este año, fue nombrado como encargado del retén de Colchanes o del control fronterizo de Colchanes, según tengo entendido. Una vez que se hizo pública la denuncia, el funcionario fue resguardado en la prefectura de Iquique; sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido una respuesta clara. Incluso, la semana pasada se dio a conocer otro caso positivo, aunque no se han difundido mayores detalles. En este punto se evidencia una diferencia en el tratamiento entre un oficial y un suboficial cuando dan positivo.
Creo que es importante poner este tema en la palestra, ya que resulta insostenible que la explicación de que este Teniente Coronel haya dado positivo por un medicamento recetado por su dentista sea tomada en serio, incluso por los propios profesionales del área. Esa fue la información que proporcionó el Carabinero en Tarapacá. En este tipo de situaciones no solo debe existir colaboración en el esclarecimiento de los hechos –como ocurrió con los 14 uniformados detenidos– sino también respuestas contundentes frente a casos en que funcionarios den positivo al consumo de estupefacientes. La respuesta, en estos casos, resulta irrisoria, ya que es cuestión de consultar a cualquier dentista para evidenciar que la explicación no resulta convincente.
Saben que esos medicamentos ya no se utilizan. Entonces, claro, ¿cuál es el precedente que se dé? Y eso, yo creo, evidentemente preocupa y es parte de las consideraciones que nosotros hemos oficiado de manera reiterada, lo digo a título personal, pero hasta el momento se desconocen cuáles son las razones para mantener a una persona en ese sentido en su cargo.
Cierro con esto, presidente, por ahora, en orden a que… insisto: ¿cuáles han sido las medidas específicas que se han adoptado para mejorar los controles internos? También, en el caso de la formación policial, yo creo que es sumamente importante no solamente la oficialidad, sino también la participación de los suboficiales, para evitar estos nuevos casos de corrupción. Gracias, presidente. Gracias, diputado.
Vamos a juntar más preguntas. Diputado Berger tiene la palabra.
Gracias, presidente, por su intermedio y, por supuesto, saludar a nuestros invitados que tenemos en esta importante sesión de la Comisión del Gobierno Interior. Teniendo presente, por supuesto, lo que ha informado el general director y también la participación de otros colegas, es una situación que, yo creo, a todo el mundo nos preocupa.
Estos 14 carabineros de la subcomisaría de la comuna de Huara, que fueron formalizados y desvinculados, digamos, por temas de cohecho y, por supuesto, también por asociación criminal o ilícita, es un tema que preocupa a todos, empezando por la institución de Carabineros y toda la comunidad. Ahora, a mí me gustaría que ustedes nos pudieran informar cuál es la votación de personal que tiene la subcomisaría de Huara, porque me parece que, siendo una localidad bastante pequeña –yo soy de la Región de Los Ríos– uno podría pensar que quizá eran 14 el total de personal que tenían allí, pero me imagino que es mucho mayor la dotación que existe en esta subcomisaría.
Sé que hay protocolos internos, ¿no es cierto?, de los mismos estatutos que regulan las dotaciones de personal en las distintas regiones y en las distintas unidades de Carabineros. Me imagino que existen plazos definidos para que cierto personal permanezca un determinado tiempo y, de esa forma, se deba relevar, considerando que hay zonas con mayor riesgo en materia de seguridad y otras con menor riesgo. Aquí se están viendo situaciones anómalas que se producen entre el mismo personal y que, con el devenir del tiempo, seguramente van tomando cuerpo.
Y yo creo que, mientras más largo sea el plazo durante el cual esa dotación esté asignada a esta subcomisaría –o comisaría, como se le quiera llamar–, habrá mayores controles. Sería bueno, también, tener en conocimiento si, con la experiencia acumulada, han observado que en tiempos anteriores se habían presentado situaciones anómalas y, en tal sentido, determinar si existe una rigurosidad adecuada en los controles internos para que esto no se repita.
El diputado Berger tiene la palabra.
Muchas gracias.
Muchas gracias. El secretario no quiere que hable, parece.
A usted, presidente.
Bueno, saludar a mi general, a los generales que lo acompañan y también a los generales del Ejército, señor Pino, y a los diputados. A mí me parece que, dentro de las preguntas, hay aspectos que probablemente no debieran ser públicos, señor presidente. Por ello, pienso que usted debiera dejar abierta la situación para que el propio general director pueda determinar qué información puede o no entregar con micrófonos abiertos a la comunidad y qué otra información es mejor no ventilar.
Obviamente, la transparencia de Carabineros se ha demostrado una y otra vez cuando se han tomado medidas. Entonces, a propósito de las medidas adoptadas, empezar a cuestionar me parece, al menos, extraño, pues si en otras instituciones se adoptaran las mismas medidas que en Carabineros, se estaría reduciendo el quórum, señor presidente. Pongámonos de acuerdo: creo que aquí hay información específica respecto a lo solicitado.