En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria hará lectura de la cuenta.
Y lo reemplazo para la sesión del día de hoy: la diputada Yael Guiomas por el diputado Jaime Sáez.
Igualmente, como ustedes lo vieron en la cuenta del día en las salas, se ha nuevamente colocado urgencia suma para el proyecto de ley que está hoy día en tabla presente, y la Biblioteca del Colegio Nacional remitió un documento que analiza el gasto en publicidad de las universidades chilenas. Este documento había sido pedido por la Comisión y ha sido enviado a sus correos.
“¿Algo sobre la cuenta, diputado? ¿No? Diputado, quiero saber: ¿acaso llegó respuesta en relación a la petición que hice yo al secretario de la Cámara en relación a los salarios brutos? Porque ya hubo un reportaje ayer y yo creo que es súper incómodo para nosotros no poder defender a los funcionarios sin mayores antecedentes. Entonces, sería muy oportuno reiterar que se nos haga llegar dicha información, pues eso fue propuesto en la Comisión Mixta de Presupuestos y quiero reiterar que se soliciten los oficios respectivos.”
Muy bien, diputado, como varios. Después usted contesta, diputado Zaworza.
Gracias, presidente.
Presidente, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que se ha expuesto en la prensa por el director de Impuestos Internos, el señor Echeverry. Primero, lamento que se refiera a los contribuyentes de manera despectiva, diciendo que los que se quejan por el tema de contribuciones provienen del 20% más rico del país, considerando desde ya que él gana 12 millones de pesos y le quiere subir los impuestos a las personas que ganan 1.200.000. Entonces, los que ganan 10 veces menos que él van a ser afectados por este trabajo mal hecho, ya que se ha detectado que, efectivamente, Impuestos Internos tiene un factor equivocado en los avalúos fiscales, lo que ha propiciado un alza importante en las contribuciones.
Además, ayer se anunció la eliminación del factor comercial aplicado en el centro de Santiago, lo que reducirá en un 50% las contribuciones de 3.400 locales, lo cual está muy bien y me alegra. Sin embargo, hicimos un reclamo generalizado respecto del mal cálculo de las contribuciones y aún no tenemos respuesta de ello, sobre todo considerando que hoy día contamos con 990.000 predios agrícolas, muchos de ellos con aumentos de avalúos fiscales sin justificación. No nos olvidemos de que aquí existe el compromiso acordado, y por eso a eso voy.
Respecto a que la Defensoría del Contribuyente, junto con Impuestos Internos, iban a elaborar un documento para establecer la forma en que se puede calcular este impuesto, ya que hoy día esa forma no existe y nadie sabe cómo reclamar; ese es el punto. Además, Presidente, no debemos olvidar que le solicitamos al Director de Impuestos Internos que evaluara la posibilidad de extender el plazo de reclamo, el cual vence el 23 de junio, ya que si nadie sabe por qué ni cómo reclamar, es difícil que haya reclamo. En consecuencia, el Director de Impuestos Internos manifestó que prácticamente no hay reclamo, dado que apenas el 0,23% de las personas presentó algún reclamo. Si los contribuyentes desconocen el motivo del reclamo, tampoco sabrán por qué se está cobrando de más, lo que él mismo reconoció al indicar que existe un mal cálculo o un cálculo difícil de determinar, ya que menos aun un contribuyente cualquiera comprenderá por qué se le está cobrando un avalúo fiscal superior.
Por ello, le pido, Presidente, que la Comisión mande un oficio al Director de Impuestos Internos solicitándole que prorrogue el plazo de reclamo por el alza de revalúos fiscales, situación que hoy golpea seriamente, sobre todo, a los sectores rurales y de clase media. Asimismo, considerando que se enviará un oficio al Director de Impuestos Internos, mandémosle un segundo oficio. No sé si en otras regiones se esté presentando, pero la boleta electrónica es voluntaria para los feriantes, aunque funcionarios de Impuestos Internos, al menos en mi región, están señalando que es obligatoria. Es extraño, pues aprobamos un proyecto que es absolutamente voluntario, dejando a los feriantes la decisión. ¿Por qué, entonces, los funcionarios indican que el sistema electrónico de boleta es obligatorio? Se debe distribuir un oficio que aclare esta situación, ya que resulta sospechoso que quienes deben fiscalizar ello estén promocionando la compra del sistema.
Aprovecho para mandarle dos oficios al Director de Impuestos Internos. Respecto de lo mismo, en nuestra región –similar a la que representa el diputado Naranjo– hemos tenido reuniones con los feriantes, quienes se muestran absolutamente ignorantes respecto de las normas aprobadas. Por ello, tal vez se deba solicitar en ese segundo oficio que se instruya a la Dirección de Impuestos Internos Regionales a realizar capacitaciones para los feriantes. Nosotros organizaremos estas capacitaciones en dos semanas más, pero podría tratarse de una iniciativa a nivel nacional para que todos estén informados acerca de la ley. Si bien se presume que la ley es de conocimiento público, no podemos esperar que todo el mundo actúe de la misma forma que lo hacemos en nuestro trabajo, por lo que quizás se deba instruir a los directores de Impuestos Internos a nivel nacional a dictar dichas capacitaciones, al menos para los feriantes o los dirigentes interesados.
En cuanto a la prórroga del plazo y a la forma de cálculo, que quedaron pendientes de informar para insistir en la solicitud de capacitación de los servicios a las personas con posibilidad de acceder a este nuevo régimen tributario de las ferias, le agradezco, estimado Presidente. Lo conversé con usted y con los colegas y, si se mencionó o no previamente, pido disculpas, ya que acabo de llegar; he citado e invitado al Ministro de Hacienda, en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades. Queda claro que, en el debate, el Director de Servicios de Impuestos Internos ha colaborado poco para que esta comisión obtenga la tranquilidad luego de su última exposición sobre el incremento y aumento de los cobros de contribuciones. Y, dado que esto no ha sido posible –y el Director volvió a señalar que, en definitiva, es un porcentaje muy reducido el que paga estos tributos–, muchos de nosotros hemos señalado que no es así. Son muchísimas las familias, sobre todo adultos mayores, que hoy día tienen impagas sus contribuciones, a pesar de que una persona de clase media, con el esfuerzo que se puede comprender, logra tener una propiedad o una vivienda.
Que tiene plusvalía, que aumentó su valor y luego queda la posibilidad de pagarlo debido al ingreso de sus pensiones, y no alcanza a entrar dentro del grupo que puede quedar excluido o pagar solo un porcentaje. Como esto puede tener efectos y tiene efectos directos en los municipios, a través de la distribución de este Fondo Común Municipal, etc., le pido que agregue entonces este punto para invitar y citar a quienes representan a los municipios y al Ministro de Hacienda, ya no más al director del Servicio de Impuestos Internos, cuyas declaraciones a mí en lo personal me han dejado harto sin sabor.
Muy bien. ¿Les parecen entonces los oficios y la citación del que ha propuesto el diputado? ¿Alguno de los otros? Ya pasamos entonces al objeto de la sesión que tiene por recibir. Ah, faltó responder si el secretario había dado cuenta de lo que había solicitado el diputado Naranjo. Sí, presidente, al diputado señor Naranjo, 99,9% de seguridad de que no fue acá. Pero lo vamos a revisar, porque usted lo vio: puede ser la ley de presupuestos, pero no acá.
Taria, le vuelvo a decir, no fue aquí; fue en la Comisión Mixta de Presupuestos. No, aquí no. Usted no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad. No, no, yo lo dije. Cuando vimos el presupuesto de ambas cámaras en la Comisión Mixta de Presupuestos abordamos este tema y se nos quedó en informar, por ambas cámaras, la situación. Yo solicité el servicio, por eso no es aquí. Por eso, ya que... no, no, no, no es aquí. Es para que el presidente, que es el presidente de la Comisión Mixta, haga ver la exigencia de pedir esa información. Pero no es aquí. Se lo vamos a pedir a mi colega del Senado porque no lo ha mandado.
Entonces, tiene por objeto la sesión recibir en audiencia respecto del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para los estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de las deudas educativas, el Boletín N°17.169-04, calificado con urgencia suma.
Están invitados el señor subsecretario de Educación Superior, bienvenido de nuevo, señor Víctor Orellana Calderón, junto con el jefe del subdepartamento de estudios de la dirección de presupuestos, el señor Pablo Jorquera Armijo. Bienvenido, Pablo.
En audiencia está Acción Educar, con el director ejecutivo Daniel Rodríguez Morales, bienvenido, director, junto con el director de estudio Manuel Villaseca Vian y la directora legal Constanza Lara Ochoa. Bienvenidos a todos de Acción Educar.
También está invitado, de la red de universidades públicas no estatales G9, el presidente Juan Lluís Eisman, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, que se conecta por Zoom. Bienvenido, don Juan. Sí, se escucha muy bien.
Entonces, vamos a partir con los que están presenciales de Acción Educar. Tenemos para las presentaciones 10 minutos; ojalá se puedan ajustar a ese tiempo para que después los parlamentarios puedan hacer preguntas y resolver dudas.
Tiene la palabra, don Daniel.
Muchas gracias, presidente, muchas gracias por la invitación a participar en la discusión de este importantísimo proyecto, proyecto muy relevante que, a pesar de que se dice que es un proyecto que remplace el CAE, es mucho más que eso. Es un cambio bastante importante, un giro bastante copernicano en el financiamiento de la educación superior y, por eso, nos interesa, como centro de estudios que lleva más de 10 años trabajando en políticas educativas, poder participar.
La siguiente, por favor.
Hemos seguido las sesiones con atención y la mayoría de los puntos más relevantes ya se han puesto sobre esta mesa. Vale la pena, quizás, proponer una visión un poco distinta o una perspectiva ligeramente diferente sobre este instrumento. Lo que hace este proyecto, básicamente, es extender la lógica de la gratuidad, extender las regulaciones de la gratuidad a prácticamente la totalidad del sistema —lo que nosotros llamamos la regulación de precios y vacantes o la regulación de aranceles y vacantes— o la prohibición del copago, la prohibición del aporte de la familia, eliminando todo el resto de las ayudas estudiantiles, extendiendo la lógica de la gratuidad. ¿Cuál es la consecuencia o por qué se hace esto? Uno podría preguntarse.
Bueno, se hace para establecer un sistema de pago diferido o un mecanismo que, si bien puede haber debate respecto a cómo se clasifica, para nosotros es claramente una fórmula de impuesto a los graduados, acotada a una parte de ellos, no a todos los deciles, sino a una parte. A grandes rasgos, es distinto, pero como máximo son 20 años, con un pago de alrededor del 8% de sus ingresos como máximo. Esto es progresivo porque tiene la misma estructura de tramos exentos que el impuesto a la renta.
Entonces, básicamente, la herramienta se constituye en un impuesto a los graduados que permite el acceso gratuito de los estudiantes según las lógicas de la gratuidad. Asimismo, en sus artículos transitorios, el proyecto reprograma y condona parcialmente las deudas del CAE, del Fondo Solidario y del Crédito Universitario, traspasándolas a un nuevo sistema. Aquí es importante poner un punto: el nuevo sistema, al cual se traspasa la deuda, no es idéntico al del FES; de hecho, tiene una característica que, a mi parecer, es bastante superior, que es que mantiene el concepto de pasivo, es decir, el estudiante que entra al esquema de condonación sigue manteniendo su deuda, a diferencia del FES, que es un impuesto.
La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos como problemático de este diseño? Lo primero es que este sistema de reparto, finalmente, no es tan progresivo como uno quisiera pensarlo, porque está acotado a las clases medias. Hay que pensar que, del 1 al 6, en los deciles del 60% más vulnerable, existe en la gran mayoría de las instituciones del país —casi todas— la gratuidad. Por lo tanto, ahí no hay restitución de recursos, ya que la solidaridad se hace a través de rentas generales, es decir, de los impuestos de todos los contribuyentes.
Pero aquí se establece para los deciles que no están en gratuidad un sistema de reparto en el cual, como vieron ustedes en comisiones, en versiones anteriores, en presentaciones previas, a grandes rasgos, un 40% sobrepaga, es decir, un 40% de los estudiantes va a pagar más de lo que el Estado contribuyó para su educación y un 60% va a pagar menos. Ese es un sistema que nosotros identificamos como una reforma tributaria solidaria y, con solidaridad forzada o de reparto —si se quiere, para que sea más fácil de entender— orientada a una parte acotada de la población. Sería distinto, obviamente, si en la práctica se incluyeran más deciles. Estoy asumiendo que todas las instituciones que están en gratuidad van a entrar al FES y, cualquier institución que entre al FES, también va a entrar a gratuidad, por una cosa, la verdad, lógica.
Esta reforma reduce los recursos para el sistema. Eso es un hecho; no estoy hablando de recursos públicos exclusivamente, lo reduce particularmente por los recursos privados. Agudizará la crisis financiera de las instituciones; es imposible pensar que eso no vaya a suceder. Las universidades se han manifestado y no hay ninguna razón para creer lo contrario. Y compromete su autonomía, ¿por qué? Porque el 100% de los ingresos van a pasar a ser imputados por el Estado, lo cual es distinto al CAE, que es un préstamo esencialmente privado, con una subvención del Estado, con una fórmula de aval o de garantía. Pero aquí estamos hablando de transferencias fiscales directas. Y cuando se financia directamente un proyecto, el 100%, o casi el 100% de un proyecto, es bastante evidente que el control que se tiene sobre él es superior a si no fuera así.
Y, finalmente, el tercer punto problemático, Presidente, es lo que nos gusta llamar la exposición del fisco. Esto es muy simple: costos ciertos, ingresos inciertos. Tenemos un costo cierto, que va a ser pagar los aranceles de todos los estudiantes de educación superior de Chile de aquí hasta no sé cuándo, y los ingresos dependen de variables que nos son bastante difíciles de controlar, como el crecimiento económico, el empleo formal y el crecimiento salarial. Cualquier recurso que se requiera para reemplazar el pago de alguien que no pueda pagar, o que caiga en una situación socioeconómica en la cual quede exento, tendrá que convertirse en gasto corriente o en deuda. Es decir, nos comprometemos a pagar algo, pero no tenemos certeza de si tendremos los ingresos para pagarlo. Con el compromiso fijo, es el mismo problema que tiene la gratuidad y, a todo esto, es el mismo problema que tiene el CAE, dado que ya estamos comprometidos con un hecho. Cualquier error que tenga este proyecto tendrá que ser financiado con deuda pública o con gasto corriente, y ese tipo de exposición al riesgo es muy grave.
A continuación, Presidente, si me permite, le doy la palabra al Director de Estudios, Manuel Villaseca, que nos interesa para tratar de aportar cosas nuevas a la discusión, cuestionando algunos supuestos y algunas afirmaciones.
Que se han hecho en esta mesa para poder contribuir al debate con algo un poco más, algo distinto. Se prende así, ¿no? Buenas tardes, Presidente, Diputado, Diputada. Mi intención hoy es aportar a la discusión pública con información que creo relevante respecto a las afirmaciones sostenidas en defensa de este proyecto de ley.
Considero que, en primer lugar, hay que atender lo afirmado de que los aranceles de educación superior en Chile son demasiado altos, pues se asegura que son de los más altos de la OCDE. Efectivamente, están por encima del promedio de la OCDE, pero no se encuentran ni entre los más altos del mundo ni de la propia OCDE. No tiene mucho sentido comparar el costo estudiantil basado en el arancel de lista de las universidades, tal como ha afirmado la autoridad presente en esta mesa, y esa misma autoridad no aplica dicho análisis. La publicación Education at a Glance de la OCDE afirma claramente que Chile no posee los aranceles más altos del mundo, además de señalar que el 75% de los estudiantes de pregrado en Chile recibe algún beneficio de pago en sus estudios, partiendo del 50% que se beneficia de la gratuidad, según los últimos datos de la Subsecretaría.
También se ha mencionado que los aranceles han crecido un 44% por encima de la inflación en los últimos 15 años, y esto es verdad. Nuestros aranceles han crecido, pero, como se observa en el gráfico en pantalla, la mayor parte de ese crecimiento se ha dado en las universidades estatales, donde los aranceles han aumentado un 79% respecto a su valor original en términos reales desde 2010. En contraste, las universidades privadas tradicionales (o las del CRUCH) y las universidades privadas no tradicionales han crecido en línea con las remuneraciones reales. Por lo tanto, atribuir dicho aumento únicamente a las universidades privadas constituye un error.
Otra dimensión del relato que justifica la fijación de precios y vacantes del FES, así como el alza de los aranceles, es que el financiamiento se usa inadecuadamente. Se argumenta que los aumentos de precios no se corresponden ni con el costo ni con la rentabilidad, y que estos incrementos no se reflejan en la inversión en investigación, en la calidad ni en la productividad científica, aduciendo además que no ha habido un aumento de la productividad laboral en los últimos 15 años. Sin embargo, en el gráfico se observa la productividad laboral por hora, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, donde se evidencia un claro aumento. Por lo tanto, afirmar que la productividad laboral está estancada es falso.
El sistema ha mostrado mejoras en la calidad de la docencia, en la investigación y en la productividad científica. Los recursos destinados a estos ámbitos, junto con una buena y sana regulación, han mejorado sostenidamente el producto del sistema. En cuanto a la innovación científica, el número de proyectos patrocinados por universidades privadas no tradicionales pasó de representar un 7% en 2008 a un 23% en 2022, y el número de publicaciones indexadas en revistas científicas de estas instituciones aumentó de 630 en 2008 a 6.949 en 2021, es decir, un incremento del 1.030% en 14 años.
Durante los últimos 15 años en Chile se han registrado, de forma simultánea, un aumento de la matrícula, un alza en la innovación y la investigación científica, y un incremento de la productividad laboral, en gran parte en universidades privadas, tanto tradicionales como no tradicionales. Por lo tanto, afirmar que la regulación es nula, que los aumentos de los aranceles son excesivos, que éstos no se vinculan a una mejor calidad, que la productividad no ha aumentado y que la investigación se ha estancado, resulta en una expresión de un pensamiento poco fundamentado.
Por último, es cierto que el CAE presenta un problema: la alta morosidad. En este contexto, se ha afirmado que dicha morosidad proviene de un diseño estructural y que no tiene relación con las promesas de condonación. Invito, por favor, a los diputados y diputadas, a observar el gráfico en pantalla: la línea roja corresponde al trimestre posterior a la elección del presidente Gabriel Boric Font, cuando en su programa de gobierno se prometió condonar todas las deudas estudiantiles. En ese momento, 73.385 personas que hasta entonces estaban pagando dejaron de hacerlo. No me vengan a decir que las promesas de condonación no tienen efecto en la morosidad. Esto ha traído consigo un creciente costo fiscal y un gran gasto en recompra y recarga, ya que los bancos, por supuesto, no tienen ningún interés en participar en un sistema de recarga.
Sistema donde puede ser que se condonen todas las deudas y que la plata que ellos inyectan al sistema – que, si no me equivoco, son por lo menos 7.000 millones de pesos o 7.000 millones de dólares –, si existe el peligro de que no se la devuelvan, ¿por qué van a participar con interés? Entonces, por eso se subió la recompra de recarga y se implementó un incentivo que originalmente se diseñó para que los bancos participaran en este sistema, el cual hoy día, obviamente, no está resultando por la gran incertidumbre que han traído las promesas de condonación. Y esto no lo digo solo yo, lo dice la Comisión Ingresa en su última cuenta pública. Ustedes lo pueden buscar en Internet. Entonces, ningún sistema es sostenible si un sector político completo ataca completamente su legitimidad.
Siguiente, por favor.
Lo otro que se ha dicho en esta discusión es que la gratuidad no daña a la universidad. Hay dos razones por las cuales la daña. Primero, afecta su sostenibilidad financiera a través de la fijación de precios vacantes, lo que genera un déficit financiero sostenido y, en consecuencia, un déficit de excedentes que finalmente no se invierten en calidad. En la pantalla ustedes pueden ver los ingresos reales por matriculado de las universidades que ingresaron a la gratuidad en 2016, identificados en la línea roja de abajo, y los ingresos reales por matriculado de las universidades privadas, que eran elegibles para ingresar a la gratuidad en 2016, pero que no lo hicieron. Como pueden ver, la brecha entre ambas era muy, muy chiquitita en 2013, pero finalmente se ha expandido considerablemente. Además, se observa que los ingresos reales por matriculado de las instituciones que se sumaron a la gratuidad han estado bajando, cayendo un 13% en total en términos reales en el período.
También se ha sostenido en esta comisión que existe un estudio de la Superintendencia de Educación Superior que muestra que la gratuidad no tuvo un daño inmediato respecto a la salud financiera de las universidades. Sin embargo, hay que señalar que ese estudio no corrige los valores por inflación. Si los valores no se corrigen por inflación, uno no puede ver cuántos bienes reales pueden adquirir las universidades y, por tanto, cómo pueden financiar su operación. Si los ingresos reales, al corregirse por inflación, caen –que es lo que ocurre–, entonces la capacidad financiera de las universidades disminuye, como ha sucedido desde 2016 en adelante.
La otra razón por la cual la gratuidad daña a las universidades es que afecta negativamente su autonomía y desarrollo, debido a la regulación de las celas y vacantes. Esta regulación permite al gobierno de turno alterar arbitrariamente tanto el monto transferido por alumno beneficiario como el límite de crecimiento de la matrícula de las universidades que participan en la política. Un ejemplo de la arbitrariedad efectiva del fisco en la regulación de aranceles de la gratuidad se muestra en pantalla con la última resolución: la universidad más pequeña del sistema, que es la Universidad de Aysén –con 662 matriculados en 2024– es considerada como grande, mientras que universidades que tienen 13 o 14 veces más alumnos son consideradas normales, y por lo tanto, la Universidad de Aysén recibe más dinero. Esto es una muestra de la arbitrariedad que deriva de la discrecionalidad que entrega la ley 21.091, la ley de educación superior, al fisco.
Hay que decir que los datos y las afirmaciones que estamos planteando muestran que gran parte del diagnóstico que ha sostenido la defensa de este proyecto no se ajusta a la realidad ni a la evidencia.
Para cerrar, presidente, la siguiente, por favor, que es la última. Como mostró Manuel, el diagnóstico en el cual se basa este proyecto es cerrado y existe mucha evidencia que demuestra casos contrarios a los que se han sostenido en la tramitación. Esto tiene una consecuencia muy importante, presidente: la solución que se plantea frente a un problema compartido –la morosidad del CAE y el financiamiento de la educación superior– no es necesariamente la que se propone ni la mejor. Este no es el único camino, ni el mejor. Y eso es lo que ponemos sobre la mesa ante ustedes. La salida que vemos posible, dado los tiempos políticos que consideramos, es la separación del proyecto. ¿Qué queremos decir? Que el esquema diseñado para la condonación del CAE, su reorganización y pago, es el esquema de cobranza…
Todo eso está bien diseñado, se puede perfeccionar. Hay algunas ideas que no voy a profundizar. En particular, focalizar socioeconómicamente las condonaciones, es decir, condonar primero a los más vulnerables. Es posible tramitar ese proyecto y creo que es necesario, siendo esta la sección del proyecto que es efectivamente urgente. Respecto al FES, el elemento de continuidad o el elemento en régimen que se pretende para reemplazar el CAE nos parece que debe ser rechazado o reformulado completamente, convirtiéndolo en un instrumento como el que se aplica en los países de los dos académicos británicos que vinieron aquí a exponer, como el de Inglaterra, en un crédito contingente al ingreso y no en un impuesto a los graduados. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, pero... Gracias, presidente. Yo solo quiero hacer una pregunta sobre la presentación, que podrán responder después. Ustedes señalaban argumentos sin entregar ningún tipo de referencia, ya que la presentación no especifica las fuentes de información en las que se basan. Hablan de que la productividad no está estancada, pero la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en su último informe del año 2024, estima que el estancamiento de la productividad se arrastra ya por 16 años y que contribuye negativamente al crecimiento de nuestra economía. Entonces, presidente, quisiera pedir que al presentar argumentos en contra de un proyecto se haga con rigurosidad y con fuentes fiables, en lugar de entregar datos sin referencia que no se condicen con la información oficial. Vamos a contestar todas las preguntas al final. No puedo dejarlo. Ya, ya, responda; pero terminamos aquí, y si no necesitamos más preguntas, las dejamos para el final. Responda. La variable que está en ese gráfico, presidente, por su intermedio, es la productividad del trabajo, no la productividad total de factores —que es la que ha citado muchas veces el subsecretario por su intermedio y probablemente la que lee el diputado en su teléfono—. Y segundo, citamos la fuente directamente y de forma oral. Espero que no tenga que estar todo por escrito. Gracias.
Le vamos a dar la palabra entonces al presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales, don Juan Yus, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, y después dejamos las preguntas, por favor, todas para el final. Tiene la palabra, don Juan.
Muchas gracias, presidente. Agradezco a usted y, a través suyo, a los diputados y diputadas. Saludos a todos los presentes y gracias por la invitación. Mi excusa por no poder estar presencialmente es que, dado que la confirmación fue a última hora, no pude cambiar mis planes; estoy fuera del paraíso, así que es bueno que tengamos esta posibilidad a través de Zoom. Voy a compartir una breve presentación que tengo como apoyo. Deberán estar viéndola en pantalla. ¿Me confirman? Sí, la vemos, perfecto.
Entonces, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales —o también conocidas, tradicionalmente, como universidades privadas—, las cuales constituyen parte de la historia del sistema universitario chileno. Estas universidades no estatales existían desde aproximadamente el año 1980 y corresponden a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, de la cual soy rector, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Temuco, la Universidad del Maule y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Nosotros somos parte del CRUCH, y en esta lámina se muestran algunas cifras fundamentales. Tenemos cerca de un 42-44% del universo de estudiantes en programas de grado o pregrado. Más del 80% de nuestra matrícula corresponde a colegios particulares subvencionados municipales, y más del 60% de nuestros estudiantes, según datos del CIES, estuvieron adscritos a gratuidad durante el año pasado; estos números varían, por supuesto, de universidad en universidad y de carrera en carrera, pero son promedios integrados. Asimismo, de nuestras nueve universidades, el promedio de años de acreditación es de seis, y tres de las cinco universidades con siete años de acreditación en el país pertenecen a nuestra red: la Universidad Católica de Chile, la Universidad del Paraíso y la Universidad de Concepción. También es relevante destacar nuestro compromiso con iniciativas estatales —como el fomento de la participación de más mujeres en la ciencia—, ya que hemos logrado atraer un número importante de nuevas alumnas.
Nuestro compromiso con reducir dichas de género en carreras STEM se evidencia en el especial foco que, como universidad –en el caso de Santa María– hemos puesto, obteniendo buenos resultados en ese esfuerzo. También es importante mencionar que somos responsables de una parte importante de la actividad e investigación, medida en proyectos y en papers que se desarrollan en el país y, asimismo, en el mundo CRUCH. Esto como contexto.
Quisiera enfatizar que, si bien nosotros somos del grupo de universidades no estatales y no tenemos obligación de transparencia activa con las universidades del Estado, hemos demostrado mediante hechos concretos e iniciativas –como el seminario que realizamos en marzo pasado– nuestro compromiso con responder a nuestra vocación pública. Hemos adoptado prácticas de transparencia comparables, dentro de las limitaciones legales que tenemos (como la apertura de datos y lo establecido en el Código del Trabajo), en línea con nuestras instituciones hermanas del CRUCH, es decir, la Universidad del Estado. Durante ese seminario, en el que se mostraron las experiencias de diversas universidades, se puede consultar en nuestros portales de transparencia la centralización de informes de acreditación, presupuesto, estado financiero y escalas de remuneraciones de nuestra alta dirección. Asimismo, en la Universidad de Santa María –somos la única universidad no estatal que cuenta con un representante del Presidente de la República en nuestro directorio– se encuentra disponible en la página de transparencia la liquidación de sueldo del rector, como muestra de la responsabilidad que tenemos en el uso de fondos públicos y en el cumplimiento de los estándares de transparencia y responsabilidad que la ciudadanía exige.
Respecto al FES, tema que nos convoca, inicialmente se esperaba la presencia del rector Emilio Rodríguez, vicepresidente del CRUCH, quien se disculpó por no poder asistir hoy. Sin embargo, es fundamental recordar que todas las universidades del G9 somos parte del CRUCH, foro a través del cual hemos estado conversando, debatiendo y analizando la propuesta del proyecto de ley que nos convoca. De hecho, el rector Emilio Rodríguez presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara en diciembre del año pasado y, en marzo de este año, a través de nuestra Comisión Económica, se preparó una minuta con propuestas de indicaciones para dicho proyecto de ley.
Quisiera resaltar, además, los siete puntos principales en los que compartimos el diagnóstico respecto al crédito con alto estado, un tema que debemos enfrentar como país debido a la deuda, la morosidad y la dificultad de pago que afecta a un número importante de deudores, como demuestran las cifras observadas. Asimismo, como país no es sostenible financieramente, tanto por el volumen de recursos inyectados, las bajas tasas de retorno, como por la cada vez mayor carga financiera que el Estado ha tenido que asumir, lo que probablemente impide que otras áreas del quehacer universitario sean financiadas adecuadamente.
Por supuesto, hemos mantenido múltiples reuniones con el subsecretario, presente en los plenos del CRUCH, y con el ministro, debatiendo y participando activamente en este tema. Los siete puntos antes mencionados están consignados en la minuta remitida tanto a la subsecretaría como a la Cámara, en la cual, por supuesto, coincidimos en la necesidad de regular un sistema en el que el Estado invierte un alto volumen de recursos, requiriéndose estándares mayores de transparencia sobre el uso de dichos recursos por parte de las instituciones.
También hemos planteado la necesidad de garantizar que, en la implementación de este nuevo sistema –que pone un fuerte énfasis en el financiamiento de los estudios de los estudiantes– se asegure que la situación actual de nuestras instituciones no se deteriore. En este sentido, consideramos fundamental revisar uno de los puntos principales del proyecto, que es la limitación del copago. Hoy en día, la historia del sistema universitario chileno se ha caracterizado por un cofinanciamiento público y privado, y creemos que es importante abrir la posibilidad de copago más allá del establecido por CIL-10, de modo que se suavice el impacto en nuestras instituciones y se garantice el desarrollo a mediano y largo plazo de las mismas.
También valoramos una modificación que tiene el FES comparado con la gratuidad, ya que se adapta a la realidad de hoy en día, en que la duración real de las carreras en Chile supera la duración nominal. En las presentaciones previas se ha evidenciado que la gratuidad cubre únicamente hasta la duración nominal; más allá de ese plazo, es necesario otorgar una beca a las instituciones, y solo después de esos dos años se habilita la posibilidad de solicitar pago o copago de los estudiantes.
En ese sentido, el FES extiende dicho plazo y pensamos que pudiera considerarse incluso la posibilidad de ampliarlo aún más, puesto que sistemáticamente las carreras en nuestro país exceden la duración nominal.
Asimismo, resulta clave el tema de la contribución futura que define el proyecto, la cual consideramos requiere una revisión. Existe el potencial de que un número de graduados y titulados acaben pagando, en exceso, en comparación con el costo real de su carrera, por medio de una contribución establecida en un plazo de hasta 20 años con una tasa del 8%. Recordemos la presentación del rector Saavedra la semana pasada, en la que se propuso, por ejemplo, utilizar la base imponible como techo para dicho cobro o algún mecanismo similar.
Creemos además fundamental que, dado que este proyecto busca reducir la carga financiera del Estado mediante la liberación y redirección de recursos —que de otra forma seguirían siendo absorbidos por el CAE tanto en el presente como a mediano plazo—, estos recursos puedan financiar otras tareas esenciales de nuestras universidades, como la investigación, la vinculación y otras actividades fundamentales para el desarrollo del país.
Por ello, la lámina presentada en esta minuta representa la posición oficial del CRUCH, a la cual el G9 adhiere. En ella se exponen algunos de los puntos debatidos internamente, diferenciando a la izquierda los beneficios percibidos del proyecto y a la derecha algunas preocupaciones naturales.
En cuanto a los beneficios, se ha mencionado la posibilidad de asumir la realidad de los deudores del CAE, ya sea por morosidad o por la imposibilidad de que, debido a sus ingresos, se hagan cargo de la deuda. Además, la carga fiscal asociada al CAE ha sido un tema recurrente, ya que las universidades deben destinar recursos adicionales, por ejemplo, en casos de deserción estudiantil o para participar en el pago de garantías. Este proyecto supone un beneficio al evitar que asumamos dichas cargas.
También consideramos favorable la modificación introducida en el artículo 108 de la Ley 21.091, que establece la duración por sobre la nominal, pues permite asumir la realidad de que los incobrables asociados a los pagos de arancel se reducirían. Del mismo modo, el proyecto posibilita el acceso a los montos acumulados en el Fondo Solidario del Crédito Universitario.
No obstante, existen preocupaciones. Es importante señalar que, incluso dentro del G9, se han identificado diversas situaciones; algunas universidades se verán más afectadas que otras, como manifestaron el exrector Sánchez y el rector de La Higuera de la Universidad Católica en sus declaraciones. Sin embargo, se valoran los beneficios que presenta el proyecto al abordar el problema que representa el CAE para el país.
Las inquietudes se centran fundamentalmente en la sostenibilidad del instrumento y en el impacto que podría tener en nuestras instituciones. Hay que recordar que el proceso de implementación de la gratuidad aún no ha concluido. Además, junto con el subsecretario y dentro del CRUCH, hemos analizado los impactos del último grupo de carreras que han comenzado a regularse; para la mayoría de las instituciones esto representa una mejora, pero en algunas se prevé un impacto negativo. También existen costos adicionales, por ejemplo, la reforma de pensiones que comienza a implementarse este año.
...desafíos al esquema de aranceles regulados y cómo se costean, y que no van a ser reformados, no van a ser renovados esos cálculos hasta cinco años más, que es el plazo que establecen en las resoluciones. Tenemos un análisis del impacto tanto de aranceles regulados como del FES, que está pendiente en el CRUCH; la Comisión Económica está trabajando en ello. Esperamos a fin de mes poder tenerlo para revisarlo en detalle con la Subsecretaría y hacerlo llegar también a ustedes en el Parlamento.
Y los puntos que he mencionado antes, respecto a la sostenibilidad, cómo garantizar la adscripción de los estudiantes, la tasa de reproducción futura y la apertura del copago, son parte del modelo que, bajo diferentes supuestos, puede llegar a escenarios en que el impacto a las instituciones no queremos que sea un riesgo.
Aquí también aprovecho para enfatizar un cambio de paradigma que tal vez no se ha planteado en la discusión con la suficiente claridad. La Ley 21091 establece la gratuidad y establece un esquema de acceso regulado, pero mirando solo los costos justos y razonables de la docencia. Esa fue una decisión de este Parlamento, una decisión del país, de avanzar hacia ese modelo. Pero, a la vez, la misma ley establece que las universidades tenemos que ser complejas, que debemos seguir haciendo investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y vinculación con el medio, etc. Entonces, mientras no tengamos fondos estructurales importantes que permitan garantizar el desarrollo del resto de las actividades, esto va a seguir poniendo al sistema en tensión, ¿cierto? Y por eso la relevancia del cambio que se propone en el financiamiento.
En ese sentido, todas las universidades, creo yo, celebramos la creación del Fondo de Investigación para Universidades en la Ley del Presupuesto de la Nación del año pasado, aunque con montos bastante bajos si uno considera que son fondos a repartir entre más de 50 universidades en todo el país. Y si bien hubo un incremento al doble en 2025, aún creemos que es insuficiente para llamarlo realmente un fondo estructural. Asimismo, con el Ministerio de Ciencia hemos estado conversando activamente. A mí, además, dentro del CRUCH me corresponde estar a cargo de la Comisión de Investigación, así que es un tema en el que hemos estado muy activos. Se nos ha dicho desde el Ministerio de Ciencias que debemos preocuparnos, contactarnos y trabajar con los gobiernos regionales para acceder, por ejemplo, al Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo. Pero, mientras no tengamos claro de qué forma garantizar el acceso mediante instrumentos o fondos basales a ese tipo de fondos regionales, eso va a depender de la voluntad del gobernador o gobernadora de turno, o vamos a seguir la lógica de proyectos concursables y no de instrumentos realmente estructurales que nos permitan desarrollar el quehacer relevante para el desarrollo y progreso del país desde las regiones.
Para concluir, presidente, solo recalcar que creemos que la implementación del FES y la discusión que está en curso en la Cámara, posteriormente en el Senado, tiene que moverse en un balance de tener un sistema de financiamiento que sea justo y eficiente, que se haga cargo de los problemas que ha mostrado el CAE y de la forma en que ha crecido el sistema de educación superior, pero que a la vez permita y garantice que las instituciones puedan seguir desarrollándose de manera sostenible. Y creemos, por sobre todo, que cualquier ahorro fiscal –que es parte de las motivaciones de reducir la carga que hoy en día implica el CAE– requiere, por el futuro del país y por el aporte que hacen las instituciones del CRUCH, que se redirija para fortalecer la calidad y la equidad del sistema. En particular, aquellas universidades que han demostrado, por casi 100 años –y algunas incluso por más de 100 años– la vocación pública para el desarrollo del país.
Eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan. Entonces abrimos las palabras para consulta. ¿Alguien quiere consultar? ¿Alguien más? Aparte de Miguel, Camila. Ya, entonces está diputado Mellao, Camila Rojas, Sauerbaum y… ¿quién más? ¿Cómo? ¿Usted es igual acá? Me preparé para esto. Para este momento, claro. Diputado Mejía.