Cámara de Diputados - Hacienda - 17 de junio de 2025

Se abre la sesión. Señor Secretario, dará lectura a la cuenta, entonces. Gracias, presidente. Buenos días. Doy cuenta de los siguientes documentos: En primer lugar, un reemplazo. Se informa que el diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Camila Rojas, y el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Gastón von Mühlenberg. También se ha recibido un oficio del Servicio de Impuestos Internos, en respuesta a otro de esta comisión, mediante el cual se requería explicar las razones por las que no se entregaban certificados de avalúo desglosados definitivos, habiéndose entregado solo documentos provisorios. Asimismo, se recibió una carta del Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley que lo crea, en la que se informa que durante el segundo semestre del año 2024 no hubo aportes ni transferencias financieras realizadas por parte del fisco a esta sociedad. El señor Emilio Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, se excusa debido a que se encuentra actualmente abocado a un trabajo riguroso e intensivo de análisis técnico orientado a modelar distintos escenarios derivados de la implementación del FES, según el diseño contemplado en la actual formulación del proyecto de ley. A esto se suma la incorporación de recientes antecedentes presentados por la DIPRES en el informe financiero sustitutivo, lo que ha implicado una revisión y ajuste a las simulaciones y escenarios originales. Este consejo, menciona el señor Rodríguez, se sesionará el día 26 de este mes y se adoptará una posición formal respecto al proyecto; por ello, solicitan respetuosamente que la Comisión considere la posibilidad de reprogramar su comparecencia para una fecha posterior. También se recibió una solicitud de audiencia de Juan Carlos de la Hiera Martín, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respecto al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público, el mismo que está en tabla en esta sesión. Finalmente, se ha recibido una serie de informes en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, los cuales estarán en poder de la Secretaría y podrán ser consultados por los parlamentarios. Eso es la cuenta, presidente. Muy bien. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Hola? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Colegas? ¿No? Ya. Pasamos entonces a la orden del día. La audiencia tiene por objeto continuar recibiendo audiencias respecto del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa, según el Boletín N°17.169-04, con urgencia calificada de suma. En esta oportunidad, está invitado el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Bienvenido, subsecretario, nuevamente. Se encuentra también con nosotros Pablo Jorquera, de la DIPRES, quien estuvo trabajando con la mesa técnica. La audiencia está a cargo de don Ignacio Briones, economista, y del ministro de Hacienda, quien se encuentra por Zoom. Bienvenido, ministro don Ignacio Briones. Muy buenos días, presidente, diputado; encantado. Gracias por la invitación. Está asimismo presente Roxana Peix, ex-rectora de la Universidad Aysén. Bienvenida, señora Roxana. Y se encuentra don Carlos Williamson, investigador CLAPES-UC, quien también está por Zoom. Bienvenido, don Carlos Williamson. Para partir, y como es costumbre en nuestra comisión, vamos a iniciar con la intervención de quienes se encuentran presentes.

Y de ahí continuamos con nuestros invitados que están vía Zoom. Son 10 minutos, ojalá, por exposición, para que después los parlamentarios tengan oportunidad de hacer preguntas en caso de que hayan dudas. Así que, señora Roxana, bienvenida y tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, la comisión. Un saludo al presidente de la comisión, diputado Boris Barrera, y al subsecretario, a quienes están también por Zoom y que acompañan en esta sesión. He partido por esta frase para educar, sin endeudar, que es el sentido que tiene la propuesta que se discute. Ha sido, sin duda, uno de los grandes problemas de la educación superior, como voy a explicar: el endeudamiento estudiantil atenta contra aspectos muy profundos de la educación superior, más allá del problema de cada familia y de cada persona endeudada; es un problema social. No sé si podríamos seguir con la siguiente. Tanto es así que me permito recordar algunas de las grandes manifestaciones que han habido: en 2011, grandes manifestaciones estudiantiles, ¿cierto?, para terminar con el lucro, terminar con el CAE, y determinar el endeudamiento; pero luego también han existido manifestaciones de otra índole que muestran el impacto que ha tenido el endeudamiento. Tres recordatorios solamente: en 2014, un tal Papa Frita se permitió quemar los pagarés de la Universidad del Mar; y en 2019 se le llamó el cobrador generoso, quien compró por un millón de pesos los documentos que adeudaban muchos estudiantes – 7.000 estudiantes – y, en lugar de usarlos como se temía, este modesto trabajador, un comprador de chatarra, los quemó y los devolvió. Un cobrador generoso, dos acciones que resolvieron un problema que el sistema político no podía, o no hacía, y hasta el día de hoy seguimos en lo mismo. La Ministra de Educación prometió eliminar el CAE, ¿cierto? Y varios otros ministros y ministras también lo han intentado en diversos gobiernos, y pues seguimos con este grave problema social. Pasemos a la siguiente. Se trata de un problema que se suscita a partir de una política pública de subsidio a la demanda que produjo, en efecto, la privatización de la educación, creando forzosamente un mercado donde antes no lo había, y una relación entre instituciones y personas de tipo privado, aun cuando fuera con plata pública, en su momento con escasa fiscalización y rendición de cuentas – lo cual se ha ido mejorando, sin embargo, el endeudamiento ha seguido produciendo su efecto, induciendo también conductas monopólicas, segmentación de mercado y alza arancelaria de una manera no regulada hasta ahora. Decimos, ¿cierto? Muchas personas afirman que esto ha producido un deterioro profundo de la educación superior, no solamente por el endeudamiento, sino que afecta a la educación superior en muchos aspectos. Vamos a la siguiente lámina. Este esquema de financiamiento, de subsidio a la demanda y de endeudamiento ha atentado contra la estructura del sistema con el...

Ha afectado el sistema de acceso, el aseguramiento de la calidad y la estructura de los procesos formativos y sus etapas. Desde luego, la confianza y la credibilidad social se han visto comprometidas. Es un endeudamiento injusto e ineficiente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, al que se han sumado el conjunto de rectores del CRUT, lo que representa una inmoralidad. Vamos a la siguiente. Entro en estas materias porque es necesario repetir y recordar el contexto en que se discute la propuesta del FES de financiamiento público de la educación superior. Es en este contexto que se arrastra, desde la creación del CAE, y en los últimos tiempos. A la fecha, hay 1.300.000 estudiantes de educación superior; sin duda ha crecido la matrícula, pero un grueso de estos estudiantes termina endeudado, lo que incide en que la educación superior, además de educar, termina endeudando a los estudiantes, lo cual refleja lo que el país les está enseñando. Es sorprendente cómo la matrícula se concentra en unas pocas instituciones, y esas mismas instituciones que concentran a los estudiantes con CAE son las que acumulan el grueso de las utilidades de todo el sistema: el 56% de las utilidades y el 67,9% de los recursos de la educación superior, mientras que la matrícula estatal se ha mantenido en torno al 16,4%, según se observa en el período 2004-2005. También hay que recordar que, por ahora, tenemos los créditos, especialmente el CAE, con la participación de la banca, en particular tres bancos: Scotiabank, Banco Estado e Itaú. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es importante no perder de vista de quiénes estamos hablando. La mitad –más de la mitad de los deudores, un 59,8%– cae en morosidad. Esto es un dato relevante que no hay que olvidar cuando hablamos de recuperar la deuda. Además, el 50% de los deudores tiene ingresos bajos, y el 57% son mujeres, quienes tuvieron la necesidad de obtener el apoyo del CAE. También es importante tener presente que la morosidad sube al 85,7% entre quienes no terminaron sus estudios, un panorama que se agudiza y diferencia entre quienes se gradúan y quienes no logran graduarse por diversos motivos ocurridos durante el proceso formativo. A continuación, se presenta información muy relevante para discutir el FES, ya que, aunque se ha tratado de presentar el CAE como una inversión, en realidad es un gasto del Estado. Se han gastado 10 billones de pesos en el CAE, y esto no se debe a que se hayan otorgado beneficios a estudiantes, sino a que se ha pagado la recompra y la recarga de créditos, alcanzando hasta un 20% en recompra y un 4,9% en recarga. Ustedes lo saben.

Pero me parece relevante reiterar esto: que el gasto fiscal, digamos el CAE, ha sido de irresponsabilidad fiscal. Es un instrumento que ha mostrado irresponsabilidad, ya que esta plata, que representa un porcentaje muy significativo de la partida de educación superior, ha sido destinada principalmente a recompra y recarga de crédito, con un escaso impacto positivo en la educación superior. Por supuesto, se dice que permite aumentar la matrícula, pero el lema que escuchamos en su momento –primero cantidad y luego calidad–, sumado al impacto fiscal, da para un análisis sociológico y político más profundo sobre su responsabilidad. Vamos a la siguiente. Me voy a pasar bien rápido esto porque quiero llegar a mis dos láminas finales, entonces se las dejo ahí, pero continuemos. Quiero decir, respecto del FES, en ese contexto, que hay que considerar la precariedad financiera de las instituciones de educación superior en las que se encuentran. El problema de financiamiento de la educación superior no puede seguir resolviéndose a costa de los estudiantes y sus familias. El PES propone la entrega de recursos a la institución superior de manera consolidada, dando el número de estudiantes beneficiados por un monto, lo que, de alguna manera, rompe el carácter de voucher y de trato individual. Eso es algo positivo. Y luego, esto es muy discutido: el arancel regulado y el posible copago que ustedes han analizado. Yo no me voy a meter al detalle de eso, pero quiero enfatizar que, en la discusión actual, el hecho de que esto se ponga como un problema, uno podría decir, viene a ser una suerte de confesión de partes. Es un sinceramiento de que, efectivamente, se desvían recursos desde los pregrados –desde los aranceles y matrículas– para financiar otras actividades y funciones de las instituciones de educación superior. Esto constituye, podemos decirlo estirando el término, un lucro encubierto, es decir, trasladar una partida de un destino a otro. No quiero usar otras palabras más duras, pero me voy a quedar con el término “lucro interno”: se está financiando la totalidad de las funciones a costa de las familias, y eso se ha sincerado más ahora, aunque siempre se ha mantenido; el FES lo pone en evidencia. Entonces, como propuesta complementaria, creo que debe tenerse a la vista que los aranceles regulados, que ahora reflejan mejor el costo de las carreras y el costo de estudiar, evidencian la necesidad de sincerar y rendir cuentas respecto del costo de las carreras para el cálculo de dichos aranceles, lo que no afecta la autonomía, sino que mejora el rol social que tienen las instituciones. A esto debieran sumarse otros instrumentos de financiamiento. Al dejar de desviarse recursos de pregrado hacia otras funciones, se debería considerar un financiamiento a la investigación más sólido o, por la vía de recursos basales, un financiamiento basal. Estoy dejando esto en rojo, lo pongo como propuesta. Vamos a la siguiente, que es mi última lámina, ya estoy en el tiempo, entiendo. Quiero también comentar el llamado componente de solidaridad de la retribución del FES, que es uno de los argumentos de discusión. Se ha señalado que, en un porcentaje de beneficiados, se llega a pagar un valor mayor –se ha dicho hasta 3,5 veces en un 1% de los beneficiados–, estoy citando el espléndido informe y estudio de la Universidad de Cambridge.

En conjunto con investigadores chilenos que el Ministerio encargó, se propone entonces, para atender ese punto de ese pago mayor, ese componente de solidaridad, incluir un tope y considerar además el decil de origen de la persona, del estudiante. No solamente el decil del momento del pago, sino que el decil de origen, porque ahí hay una trayectoria que no puede ser castigada, sino que debe ser premiada. Se incluirá este cálculo o ponderador —este elemento—, lo cual no es difícil de incorporar con los sistemas de modelamiento que ya incluye este modelo, este informe. Enseguida me quiero referir al beneficio tributario para quienes ya han pagado. Este fue, en su momento, uno de los argumentos en contra de la condonación de las deudas y en contra de terminar con el CAE. Yo celebro que el FES incluya este beneficio tributario para quienes han pagado, porque es algo de toda justicia. Ahora propongo profundizarlo y no solamente entregarlo a quienes han pagado el 50% o más de su deuda CAE, sino hacerlo proporcional a las cuotas ya canceladas a partir de la primera, y no solo a partir del 50%. Me quedan solo dos puntos, que tal vez son para mí los más importantes. El otro elemento que me parece relevante comentar es el cobro de la retribución que se espera realizar, es decir, el cobro por planilla o por la operación de renta. Esto sin duda puede incidir en el mercado laboral, ya que tiene implicancias en la contratación de personas que tengan esa carga, por lo que es necesario simular y analizar cómo impactaría en el mercado laboral un descuento por planilla o en la operación de renta a esos trabajadores que vienen con esa carga. Vivimos con el CAE, que no fue simulado adecuadamente en su momento, y luego nos encontramos con sus creadores diciendo: “esto es una sorpresa, esta distorsión que produce”. Sin embargo, hay que reconocer que reducirá la morosidad, pero el descuento por planilla resulta apoyable, siempre en el contexto de que se está condonando, es decir, dentro del marco de la pandemia y considerando que el proyecto de ley incluye ambos componentes: la condonación para resolver el problema del CAE y el nuevo instrumento de apoyo a los estudiantes. Separar esto o dividir el proyecto lo hace inviable, casi como para proponer que se retiren sus partes, por lo que no nos podemos quedar solo con el mecanismo de pago sin incluir el de condonación y el de nuevo instrumento de apoyo. De hacerse inviable esta propuesta o proyecto, habría que plantearse la única alternativa posible, que es avanzar hacia la gratuidad universal, como correspondería en este país con los recursos que tiene. Para terminar, expongo que, para avanzar en gratuidad universal, no hace falta una nueva ley ni una gran discusión parlamentaria, sino solamente modificar la tabla de gatillos que quedó puesta como bloqueo al avance de la gratuidad universal, para poder salir de ese sexto desil en el que nos encontramos y avanzar hacia el séptimo, octavo y noveno de manera rápida. De dividirse el proyecto y hacerlo inviable, habría que plantearlo nuevamente.

Gratitud universal, que es un camino abierto, posible y deseable para Chile. Gracias. Muchas gracias, señora Roxana. Le vamos a dar entonces la palabra a don Carlos Williamson, que estaba esperando de los primeros vía Zoom. Así que don Carlos tiene la palabra y le invito a quedarse, señora Roxana, para las preguntas al final de la exposición. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco esta invitación. Quisiera partir primero con un planteamiento general, ¿no es cierto?, de lo que hoy día tenemos en el sistema de educación superior chileno. Hay que recordar que, desde hace varias décadas, el sistema se sostiene sobre dos pilares básicos: por un lado, la provisión mixta en cuanto a la oferta – universidades privadas, públicas, estatales, regionales y nacionales – y, por el otro, el financiamiento mixto, es decir, un cofinanciamiento público-privado. El Estado aporta bienes públicos, lo que desde un punto de vista económico y de justicia justifica la asignación de recursos, sin dejar de lado la participación del sector privado. Quiero referirme a la nueva propuesta de financiamiento del FES, que conocemos en esta comisión, y abordarla desde el impacto que puede tener. Primero, es importante señalar que el FES avanza en un tema fundamental. Recordemos que hoy tenemos un sistema en el que existe la gratuidad para quienes no pueden pagar; en el otro extremo, quienes pueden pagar, lo hacen en su totalidad. Entre ambos extremos, desde hace muchos años se ha financiado a los sectores de ingresos medios. Inicialmente, hace más de 20 años contábamos con el Fondo Solidario de Crédito, que era un aporte estatal para financiar a aquellos que no tenían los recursos para sufragar su educación. Posteriormente, apareció el CAE, y desde entonces se ha mantenido un esquema de cofinanciamiento: el Estado realiza un aporte que se trata de recuperar, y, por ello, se establece el copago. ¿Qué es lo que hace el FES? Este propone abordar el fracaso del CAE, evidenciado en que la metodología de recuperación de los recursos del Estado no ha permitido su efectivo abono, resultando en tasas de morosidad promedio de alrededor del 70%. Con el CAE, y anteriormente también con el Fondo Solidario de Crédito, se evidenció la falta de capacidad de recuperación. En ese sentido, valoro que se opte por un sistema de recuperación mediante descuento en planilla, en el que se restituyan los recursos aportados por el Estado y se evite financiar la gratuidad para estos sectores de ingresos medios a largo plazo. Asimismo, me parece muy valioso que se logre eliminar la intermediación de la banca, que en el sistema antiguo representaba una carga bastante onerosa para el Estado. Por último, en relación al tema de la condonación, reconozco que es un asunto muy complejo y motivo de amplio debate. Me parece adecuado que el Gobierno haya dejado de lado la bandera de la condonación universal, tan discutida durante la campaña presidencial, y que se oriente hacia una condonación acotada, que pretenda resolver los problemas de sobreendeudamiento –puesto que el CAE se diseñó de forma deficiente y ha generado que algunas personas estén sobreendeudadas–, al tiempo que sirve de incentivo para transitar a un sistema distinto que ofrezca beneficios o incentivos. Sin embargo, el problema que presenta el FES es que, además de lo señalado, introduce dos elementos que, permítame, señor presidente, se incorporan de contrabando; es decir, desnaturalizan completamente el sistema de financiamiento de una manera que resulta tremendamente peligrosa y gravosa hacia el futuro. Dos comentarios breves: primero…

Respecto al tema, digamos, de si hay impuestos o no hay impuestos, lo cierto es que el FES, que leen con atención, tiene en el fondo una reforma tributaria con tasas exentas para un determinado contingente de estudiantes; luego la tasa va creciendo y finalmente llega a un 8%. Esto, en términos muy sencillos—según un estudio que realicé—indica que, aunque solamente un 1% podría pagar 3,5 veces más, una persona que gana un millón y medio de pesos mensuales, que no es un tremendo sueldo, tendría que pagar, de acuerdo a la tasa del FES, un 7% durante 20 años. Si uno multiplica ese gasto para un arancel promedio razonable, significa pagar el doble, o incluso un poco más. Son muchos los contribuyentes, las personas que recibirían este aporte y, al mismo tiempo, estarían pagando tasas tremendamente gravosas. ¿Por qué son gravosas? Porque esta reforma tributaria afecta a los profesionales que han alcanzado cierto éxito. Ganar un millón y medio no es una gran remuneración, pero deben pagar más de dos veces lo que recibían de parte del Estado. Es, en definitiva, una reforma injusta, que impacta particularmente a los sectores de ingresos medios, la tan vapuleada clase media, que en este sistema se vería obligada a pagar un impuesto al grado, el cual prácticamente no existe en ningún otro lugar del mundo. El primer aspecto peligroso es el efecto negativo en el mercado formal, ya que la gente buscará mecanismos para evadir o medir dicho impuesto. En segundo lugar, se elimina el copago. Se remueve, sin que se considere un impacto fiscal ni se contemple en el proyecto de ley o en los comentarios realizados al respecto. El copago ha sido una fuente de financiamiento importante para las universidades. Todos lo sabemos; he sido directivo y soy profesor de la Universidad Católica. El copago financia fundamentalmente el aporte a la investigación, el desarrollo y la innovación, puesto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología financia únicamente los gastos variables, mientras que los gastos fijos deben ser asumidos por las propias universidades. Dicho financiamiento permite sustentar, entre otras cosas, el sueldo de los profesores dedicados a la investigación. Además, no es cierto que los estudiantes de pregrado no se beneficien de la investigación, ya que en las universidades se enseña lo que se investiga. La investigación genera condiciones para desarrollar el fondo de bienes públicos, que a la larga impacta a la sociedad, y mejora la calidad de la formación de los estudiantes. Por tanto, eliminar el copago significa cercenar o cortar una fuente crucial de financiamiento para la investigación, el desarrollo y la innovación, con impacto social y económico, y afecta también la calidad de la formación de los estudiantes. Hice una estimación: tomando la diferencia entre el arancel final y el arancel regulado—este último muy por debajo del costo—se llega a un impacto cercano a los 350 millones de dólares, lo que, en algunos casos, afecta fuertemente el financiamiento y baja la calidad. Ahora bien, sin decir algo más, el Ministerio no se pronuncia. Me parece que en este aspecto se ha sido irresponsable. Cuando se elimina una fuente de financiamiento importante, sería deseable que el Ministerio indicara cómo se compensará, ya que los montos son muy significativos. La situación resulta especialmente crítica para las universidades, sobre todo aquellas que necesitan invertir en investigación. La ley de acreditación obliga de forma taxativa a todas las instituciones de educación superior a investigar, pero, ¿cómo pueden hacerlo sin los recursos necesarios para asegurar la calidad y mantenerse acreditadas y operativas? La desaparición del copago afectará sin duda la calidad de la educación superior, sin que se haga ningún comentario al respecto.

No se hace ningún comentario, claro, porque no tiene impacto financiero desde el punto de vista fiscal. Se trata de una relación, básicamente, entre la universidad y, en este caso, el estudiante. No se incluye un análisis detallado al respecto, pero, dado que estamos en la Comisión de Hacienda, me parece extremadamente necesario y valioso preguntarse: ¿qué ocurre al reducirse el copago con aquellas instituciones que deben acreditarse y demostrar la calidad, considerando que esto se enmarca en un imperativo del marco legal? Por último, quiero referirme a algo que ha pasado desapercibido. Hasta ahora hemos escuchado que se presentó un informe financiero sometido a una revisión profunda. El informe presentado en diciembre es distinto al que se presentó hace tres semanas, dado que se redujo de forma muy significativa el ahorro fiscal. No sé exactamente por qué razón la IPRES hizo un cambio tan radical en el informe financiero actual. Realicé un análisis profundo del informe, me adentré a investigar detenidamente e incluso solicité, por transparencia, la información respecto a los ingresos (llamados contribuciones) que recibe el Estado, así como los desembolsos y la proyección en términos financieros de lo que esto significa en líneas generales. En una presentación que preparé y que tenemos para compartir, se muestra, en la primera página, el modelo de IPRES que se presentó en diciembre de 2024 ante la Comisión de Hacienda. El modelo de IPRES muestra que los desembolsos totales, identificados en las columnas rojas, aumentan inicialmente, pero luego comienzan a disminuir tenuemente, mientras que las contribuciones –es decir, los pagos realizados por los estudiantes– van en aumento. El informe financiero, que proyecta hasta el año 2100 (tiempo en que muchos de nosotros no llegaremos), indica que el balance final es positivo, es decir, se genera un ahorro fiscal. Entre paréntesis, agrego que, a mi parecer, un sistema de financiamiento en el que el Estado pone fondos y luego los recupera no debería ser aquel en el que se observe un ahorro fiscal, pues esto implica que el Estado recibe más de lo que aporta. De hecho, el propio informe financiero de la DIPRES revela que, en el fondo, se está aplicando un impuesto al grado. Con base en la información obtenida por transparencia –agradezco al Ministerio de Educación por haberme enviado la información– reconstruí, mediante una hoja de cálculo, la trayectoria de los desembolsos y las contribuciones. Los datos evidencian que los desembolsos totales son mayores que las contribuciones, resultando en un balance fiscal negativo. Es sorprendente y, a mí, me asombra que exista tal contradicción entre un informe y otro.

Como digo, yo estoy usando la información que recibí por transparencia. Ahora, ¿cuál puede ser el origen de lo que está detrás, digamos? A mi juicio, es precisamente el tema que creo –y perdone, presidente– que la Comisión de Hacienda tiene que preguntar de modo riguroso, explicando bien cuál es el origen del financiamiento, es decir, de las contribuciones y los ingresos que permiten conocer el balance fiscal. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace, digamos, el fondo DIPRES? DIPRES supone que van a tomar el FES –aquellos que hoy día tienen CAE y becas–, llegando a una cifra de 200.000 personas en régimen, 200.000 personas que se financian a través del FES, bajo el supuesto de quienes toman, o sea, los que tienen CAE y FES. Entonces, me pregunto: ¿qué pasa si aumenta el número de personas que toman el FES? ¿Y por qué podría aumentar respecto a lo que tenemos hoy? ¿Por qué, personas que están pagando el arancel completo, se podrían disponer a traspasarse al FES? Es muy simple, porque resulta que el FES promete copago cero. Por lo tanto, se produce lo que, en economía, llamamos un comportamiento oportunista. La posibilidad de un copago cero puede hacer que muchas personas que hoy, eventualmente, no countan con beca opten por tomar el FES. Entonces, al suceder esto, en vez de 200.000 –que es lo que supone el modelo de imprensa– pueden ser 300.000, es decir, un aumento. Cabe recordar que hoy día, los que no están en gratuidad –todo el resto– pueden acceder al FES en el esquema propuesto por el proyecto de ley. Si ocurre lo anterior y son 300.000, aumentarán los desembolsos, obviamente, porque son personas que se van a endeudar y el Estado tendrá que regularlo; además, habrá contribuciones. ¿Pero por qué las contribuciones pueden ser menores de lo que aporta el Estado? Porque el proyecto de ley supone –y esto es algo que nadie ha señalado– que existe un tramo exento que no pagará en el futuro por sus ingresos y que corresponde al 60% de lo que se endeuda con el FES. Es decir, el 60% gana menos de 7,5 UTM, por lo tanto, está exento. Entonces, cuando aumenta el número de personas que toman el FES, se incrementan inmediatamente los desembolsos, pero las contribuciones pueden reducirse en el tiempo de forma tal que, en el neto, sea negativo. De modo que tenemos un problema adicional a lo que mencionaba acerca del impuesto al grado, sumado al copago, es decir, un tema entre la universidad y también un tema fiscal. No se ha transparentado lo suficiente para explicar realmente lo que hay detrás. ¿Qué es lo que yo habría esperado de DIPRES y que no se hizo? Sin simular distintos escenarios, sin el escenario que ellos suponen –que 200.000 personas se van al FES– y sin agregar un escenario en el que más personas tomen el FES. Porque la medida de que más personas tomen el FES, suponiendo que existe un tramo exento que no paga, significa que, a largo plazo, en vez de tener un superávit fiscal o un ahorro, tendremos un déficit fiscal. Por lo tanto, aquí hay un impacto fiscal que se está dejando de lado, y me parece extremadamente importante pedir, por intermedio suyo, presidente, que la Comisión de Hacienda solicite al PRI que desarrolle distintos escenarios, de modo que finalmente tengamos una visión completa de cuál puede ser el impacto de este nuevo sistema de financiamiento. Termino, por lo tanto, presidente, señalando que, insisto, creo que el proyecto de ley debería haberse limitado simplemente a un cambio del CAE: reemplazar el CAE, eliminar los problemas asociados, y crear un FES remodelado que, de alguna forma, represente un avance en términos de lo que tenemos y permita a Estado recuperar los fondos. Sin embargo, hay dos elementos que son extremadamente graves. El primero es el impuesto al grado, que ya señalé: es un impuesto al grado muy gravoso contra la clase media y eso me parece injusto. En segundo lugar, el copago no puede simplemente eliminarse sin explicar cómo se financiarán las universidades, especialmente considerando que necesitan recursos por razones de calidad y acreditación. Por último, se requiere una revisión profunda del informe financiero respecto a los supuestos que están detrás, que permitan saber efectivamente si hay un déficit o un superávit fiscal, de acuerdo a lo que se ha presentado por parte del IPRES y del Ministerio de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Tiene la palabra entonces el exministro Ignacio Briones.