Cámara de Diputados - Desarrollo Social - 17 de junio de 2025

Bueno, primero que todo, saludarlos. Espero que vayan sumándose más parlamentarios a esta sesión, que creo que es tremendamente necesaria. Vamos también a saludar a quien nos acompaña: el defensor de la niñez, Anuar Quesille, quien está acompañado por la abogada de seguimiento legislativo de la Unidad de Estudios, la señora Katherine Llanos, y su jefa de gabinete y directora de comunicaciones, la señora Andrea Borques. También, por supuesto, queremos saludar al presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz, quien está acompañado por su jefe de gabinete, el señor Nicolás Reyes, y la encargada de comunicaciones, Lorena Pengean. También tenemos invitado al gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, a Rafael Rodríguez y a la coordinadora de incidencia, la señora María José Pérez. Entiendo que aún no han llegado, ya que ayer se indicó que habían confirmado y seguramente deben estar en camino. Bueno, vamos entonces a dar inmediatamente lectura de la cuenta. Señor secretario, por favor. Buenos días, gracias, Presidente. Han recibido los siguientes documentos: en primer lugar, un correo electrónico de la asesora de contenido de la Subsecretaría de la Niñez, usando la asistencia de la subsecretaria de la niñez en esta sesión, debido a que tiene agendado un cometido con la administración de la ciudad de Alto Fragato; y en segundo lugar, un correo electrónico del asesor de gabinete del Ministro de Educación, en el que expresa que, por motivos de fuerza mayor, tampoco podrá participar en esta sesión a la cual había sido invitado, ya que se encuentra citado a la misma hora por la Comisión de Educación de esta corporación, la cual fue citada para tratar los hechos de violencia escolar en las comunidades educativas y las medidas de prevención, investigación y sanción de estos hechos por parte de establecimientos educacionales y entidades públicas. Esa es toda la cuenta, Presidente. Quisiera aprovechar la oportunidad para presentar al nuevo equipo de Secretaría que los va a acompañar. Quiero comunicar a la Comisión que, con mi salida de la Presidencia, también se va el equipo que hemos tenido durante estos tres años. Si yo no estoy, ellos me dijeron que no estaban, así que esperaremos a que pueda presentarlos. El abogado secretario es Leonardo Loaiz, quien ocupará mi cargo de inmediato. Mientras tanto, hoy y mañana seguirán Carolina Queveque y la nueva secretaria ejecutiva, Lissi Diamantidis. Pero antes, no podemos despedir a don Juan Carlos sin agradecerle por su trabajo. Fueron tres años; generalmente es un año la Presidencia, y yo estuve durante tres años. Le agradezco la paciencia, el trabajo y, por supuesto, el compromiso con esta Comisión que nos permitió sacar adelante proyectos importantes y relevantes, no solo a usted, sino a todo el equipo. Para mí, que es mi primer período como parlamentaria, fue una maravillosa oportunidad haber dirigido esta Comisión. Me imagino que tendrá otras comisiones y responsabilidades, por lo que pido a los colegas que le demos un aplauso a don Juan Carlos. Ahora, tiene la palabra Marcelo, que también desea dar unas palabras. Muchas gracias, querida Presidenta. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a nuestros invitados y a los funcionarios de la Corporación. Quisiera sumarme a las palabras de la Presidenta, destacando el profesionalismo de don Juan Carlos, su trato humano, y su carácter caballeroso y atento. Le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones. Tal como mencionó nuestra Presidenta, este es mi primer período como parlamentario, como diputado, representando a la Región de la Araucanía, pero he formado una muy buena opinión de usted y de muchos otros funcionarios de la Corporación. Por ello, le expreso mi agradecimiento de manera responsable y sincera.

Mucho afecto, que le vaya muy bien. Le deseo el mayor éxito en cada una de las funciones que asuma de ahora en adelante. Palabras. Dejo entonces de inmediato con el aplauso para los secretarios. Sí, por supuesto. A la futura presidenta y también a Carolina, por todo su trabajo, profesionalismo, compromiso, entrega y vocación de servicio público. Me toca participar en varias comisiones y creo que es muy importante reconocer cuando se hacen las cosas desde la vocación, la amabilidad y la entrega, sobre todo para quienes somos parlamentarios en nuestro primer periodo legislativo. He estado en muchas instituciones públicas y siento que esta quizá es una de las más difíciles en términos de poder relacionarnos y comunicarnos entre pares. Sin embargo, considero que el trabajo primordial es de quienes hacen de esta Cámara un equipo junto a los parlamentarios; un equipo que entrega lo mejor de sí para el desarrollo de las comisiones. Muy bien, querida futura presidenta, si Dios quiere. La elección será la próxima, volviendo a modalidad digital, mañana. Sí, por supuesto. Exactamente, mañana la comisión se pronunciará sobre la renuncia presentada por usted la semana pasada y, de haber unanimidad, se procederá a elegir al nuevo presidente o presidenta de la comisión. Si no, se realizará la votación en modalidad digital. Por una conversación y un acuerdo que tenemos con nuestros parlamentarios, lo haremos volviendo a la modalidad distrital. Así que mañana sería mi última comisión recibiéndose y, luego, procederemos a la votación distrital, estimado secretario. ¿Ya? Y Carolina no se va todavía, ¿cierto? No, mañana continúa. Muy bien, así que no la retiraremos todavía. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo secretario, Leonardo Rey, quien es reconocido y conocido en la Cámara de Diputados. Gracias, Cristina. Bienvenido. De inmediato, contamos con la conexión de personas: el señor Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo; el gerente de Desarrollo, Rafael Rodríguez; y la coordinadora de incidencia, quienes se conectarán vía Zoom. También les damos la bienvenida. Comenzamos la presentación con el presidente del Consejo de Televisión, el señor Mauricio Muñoz, quien viene acompañado, como ya lo habíamos mencionado, por el señor Nicolás Reyes y por Lorena Pengea. Le damos la palabra, estimado. Presidente, buenos días, por su intermedio, a usted y al resto de diputadas y diputados presentes. Muchas gracias por la invitación para permitir al Consejo expresar un punto de vista respecto a una materia que preocupa no solo a esta Cámara, sino que también afecta al país, en relación con la reaparición de la violencia en el espacio escolar, que parecía haberse contenido durante algún tiempo y ha reemergido. No soy experto en violencia escolar, pero, desde el punto de vista de las percepciones, así se aprecia. Lo primero es señalar que, al evaluar el contenido televisivo, hay dos valores, dos bienes públicos sumamente importantes, que deben ponerse en contraste y ponderar. En primer lugar, todo contenido comunicacional se emite en el marco de la irrestricta libertad de expresión y, en este caso, de la libertad de prensa, es decir, la libertad que tienen los medios para emitir los contenidos que estimen adecuados. ¿Con qué bien público se relaciona esto? ¿Contra qué colisiona, en cierto sentido? Con la protección de las audiencias y de las comunidades. Existen valores incorporados en el principio del correcto funcionamiento de la televisión, al cual están sujetos todos los concesionarios y permisionarios que obtienen una concesión o un permiso de funcionamiento por parte del Consejo. Uno de esos valores está contenido, en particular, tanto en nuestra ley orgánica como en la ley.

En 1838, según las normas generales sobre la emisión de contenidos audiovisuales –particularmente el artículo séptimo y el artículo octavo– se establece que debe existir una especial preocupación respecto de las infancias, es decir, niñas, niños y adolescentes, a quienes no se les puede emitir imágenes o contenidos que permitan individualizarlos, ya que ello podría constituir un impedimento para su normal desarrollo. El defensor de la infancia que nos acompaña tiene bastante claridad al respecto; lo hemos conversado y, de hecho, tenemos un trabajo conjunto en esta materia. Ahora bien, en términos generales, quisiera agregar un par de antecedentes que se relacionan no con lo exhibido, sino con las restricciones mencionadas. En términos prácticos, ningún niño o niña puede ser mostrado en pantalla, salvo que se difuminen sus rasgos de modo que no sea posible identificarlos. Contamos con amplia jurisprudencia que sanciona a concesionarios cuando se vulnera ese principio, habiendo exhibido infantiles en contenidos que emiten. Quiero destacar, además, que la mayor parte de estos contenidos no se visualiza a través de la televisión abierta, es decir, la televisión tradicional. En particular, solo el 2% de los niños ven televisión abierta; en Chile, salvo el canal NTV, no existe programación infantil en este medio. En general, entre el 60% y el 70% de los niños acceden a plataformas OTT (Over the Top), que son servicios de video a la carta donde tanto niños como adultos pueden programar lo que desean ver. Ustedes lo han constatado en plataformas conocidas como Netflix, HBO y, en el caso del contenido televisivo, el canal más visto por los niños es Disney. Sin embargo, el tema no radica únicamente en eso, sino en que los niños consumen fundamentalmente contenidos en plataformas de intercambio de videos que carecen de una regulación explícita, por ejemplo, TikTok y YouTube. Es especialmente preocupante que, a partir de los 7 años, los niños tengan acceso a dispositivos –teléfonos, televisores, smartphones en sus habitaciones o tablets– sin que exista una práctica socialmente instalada para regular el contenido que consumen. Cabe mencionar que el Consejo Nacional de Televisión recibió un oficio de esta nueva Cámara en el que se plantea la situación de dos casos particulares. Debo aclarar que tengo restricción absoluta de referirme al contenido específico de dichos casos, ya que están en tramitación y no deseo incurrir en prejuzgamientos. Solo puedo comentar que ambos casos revisten características suficientes para ser considerados admisibles, tratándose de dos programas reportajes de un concesionario. En su debido momento se harán públicas las decisiones del Consejo respecto del análisis de esos contenidos y, por supuesto, se informará a esta Cámara –que ofició para que se estudiaran en detalle– sobre lo ocurrido. Además, el Consejo cuenta con una extensa jurisprudencia; les haré entrega de una minuta especial que elaboramos, relativa a cinco casos muy emblemáticos, en los cuales las Cortes han ratificado el pronunciamiento del Consejo imponiendo las respectivas sanciones. Muchas gracias, Presidenta. Quiero dar la oportunidad a alguna colega que desee formular alguna pregunta. Sí, diputada Mix tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo a nuestros invitados. Considero que efectivamente es una oportunidad, ya que nos ha tocado escuchar al directorio del Consejo Nacional de Televisión por otras denuncias; pero, en general, las denuncias…

Realizan instituciones, pero no la ciudadanía. Y la ciudadanía en general se incomoda por reportajes de esa naturaleza, y también les parece que rayan un poco la línea de lo obsceno, en términos del aprovechamiento del contenido y del consumo que finalmente instalamos en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión abierta. ¿No hay alguna forma —o, más bien, una pregunta— de fomentar la denuncia, de impulsar procesos de denuncia ciudadana, de modo que la gente, al notar que algo que ve en la televisión le incomoda o le molesta, pueda generar canales ciudadanos de denuncia respecto de los contenidos que se transmiten? Porque, más allá de que se estipule que a las nueve de la noche está prohibido ver programas para menores de 18 años, lo concreto es que eso no ocurre, ¿no? Y, en efecto, los niños aparecen en la televisión a más altas horas de lo que uno quisiera. Entonces, más allá de ello —que bien podría interpretarse como un aviso por cumplir de los canales—, ¿han evaluado la posibilidad de canalizar la denuncia ciudadana respecto de contenidos que puedan incomodar a cualquier padre de familia, madre de familia o inclusive a los mismos niños al verlos en la televisión? Eso nada más, decir. Gracias, librado Mix. Tiene la palabra el librado Beltrán. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, Mauricio Muñoz, quisiera hacerle una consulta con respecto a la eventual denuncia de un ciudadano ante el Consejo. ¿Cómo opera específicamente el Consejo para dar una respuesta? ¿Cuánto tiempo tiene y cuáles son los pasos que sigue? Es decir, si una persona común y corriente realiza una denuncia, ¿cómo se evalúa y en qué plazo se responde? Muchas gracias, diputado Beltrán. Le doy la palabra al diputado Celedón. Gracias. Quisiera plantear un par de consultas respecto al Consejo y a una información que usted mencionó. ¿Quién informa sobre el funcionamiento de este Consejo? He observado que existen muchos canales históricos que se han multiplicado. ¿Quién realiza estas concesiones? ¿Por qué son siempre los mismos y no otros? Además, usted señaló que solo el 2% de los niños ve televisión al día. ¿Se trata de una encuesta? ¿Cuál es la fidelidad de esa cifra? Es un asunto grave, ya que efectivamente los niños pasan demasiado tiempo frente a la pantalla y, en ese contexto, parece que no hay control. Gracias, diputado Celedón. Le doy la palabra para que pueda responder a los parlamentarios. Posteriormente, cederé la palabra al Defensor de la Niñez y, por supuesto, a quienes nos acompañan vía online, quienes también tienen mucho que comentar; asimismo, a la diputada Morales. Perfecto, diputada Morales. Antes de continuar, y luego le cederé la palabra a Martí, quiero expresar lo siguiente: Buenos días al Defensor y también al presidente —o, mejor dicho, al presidente del directorio y del Consejo. Soy consciente de que no podemos referirnos al caso puntual por el que fue citado a esta Comisión, ya que debemos resguardar no solo el caso en sí, sino también los datos concretos. Sin embargo, quisiera consultar, a grandes rasgos, sobre la ética profesional de quienes emitieron los reportajes, es decir, de los profesionales encargados de transmitirlos por televisión, considerando que desconozco cuáles son los antecedentes que se evaluaron antes de emitir un reportaje.

Porque específicamente la intervención estaba realizada y estaba ejecutada por muchos servicios en su conjunto y de manera simultánea. Entonces, si usted quiere, me responde abiertamente o me puede responder después, porque lo que no apareció precisamente en el reportaje es todo lo que se había realizado en términos de intervención. Gracias, diputada Morales. Ahora sí le hago la palabra al presidente del Consejo Nacional de Televisión, que es el Mauricio Muñoz. Gracias, y por su intermedio responder a la consulta de los diputados y diputadas que la han formulado. Lo primero, respecto de las denuncias ciudadanas y del fomento por parte del Consejo para que estas se realicen de manera permanente, es que el Consejo está capacitando a comunidades para poder conocer cuáles son las dimensiones que constituyen infracción al correcto funcionamiento de la televisión. Esto se debe a que no todo lo que aparece en televisión, por más que a uno le disguste, constituye una infracción. Entonces, lo primero es formar en ese sentido. Existe una estrategia que, en todo caso, va acompañada de las capacidades reales que tiene un Consejo que cuenta con ocho fiscalizadores. La queja es lo tradicional que ha existido en una institución centralizada, que solo tiene oficina en Santiago y sin presencia en las regiones; de todos modos, recoge esa preocupación y ha impulsado la formación de comunidades. Quiero dar unos datos que demuestran las ocasiones en que la ciudadanía ha formulado denuncias de manera masiva: 7.000 denuncias en contra de un programa de televisión con ocasión del Festival de Viña, donde se discutía sobre si alguien estaba capacitado o no para ser rey nato; 3.000 denuncias en contra de una periodista que reportó de una manera considerada inadecuada los incendios que hubo en la región de Valparaíso años atrás; y, con ocasión de una rutina humorística en el Festival de Niña del Mar, llegaron 1.700 denuncias. Es decir, la capacidad de formular denuncias existe, generalmente en contenidos televisivos que tienen mayor audiencia, como pueden ser noticias, programas deportivos o de entretenimiento, por ejemplo, en festivales. Esto le genera al Consejo la obligación de procesar cada una de las denuncias; es decir, en algunos casos se deben evaluar las 7.000 denuncias que se refieren al mismo hecho, que quizá no es evidente, ya que puede tratarse del mismo contexto sin ser realmente el mismo hecho. Esto tomaba bastante tiempo. A esto lo vinculo de inmediato con el procedimiento al que se refiere el diputado por su intermedio. El Consejo recibe cada una de las denuncias o bien realiza fiscalizaciones de oficio. Nosotros tenemos dos maneras de hacerlo: primero, el método tradicional, con visualizadores que están en una pantalla revisando el contenido de manera aleatoria (recuerden que no solo fiscalizamos televisión abierta, sino también el cable y los canales permisionarios, es decir, cable y satelital). Además, contamos con un mecanismo de inteligencia artificial, relativamente reciente. Se hubiera podido implementar con antelación, pero es un poco más caro; por ello, estamos recién estrenando ese mecanismo para fiscalizar en regiones, ya que no tenemos oficinas en dichas localidades y desplazamos equipos a esas zonas. ¿Cuánto tiempo demora un caso no demasiado complejo, es decir, aquel que tiene una o cinco o diez denuncias? Tiene una admisibilidad relativamente corta en nuestro Departamento de Fiscalización, que puede tomar aproximadamente una semana, es decir, de una sesión de Consejo a otra. El Consejo toma conocimiento de la situación en la sesión en la cual están listos los antecedentes y se pronuncia respecto de si existen elementos suficientes como para formular cargos. Esa es la primera actuación del Consejo, que puede pasar entre una y dos semanas desde que se recibe la denuncia o el informe del fiscalizador realizado de oficio. Luego, la demora del procedimiento restante depende de cuánto actúe el concesionario al que se le solicitó informe. Si un canal de televisión dice: “ok, acepto que tengo culpa”, el proceso se termina de inmediato y en tres semanas está listo y sancionado; o bien, si no se sanciona, es porque efectivamente no se demuestra que se infringió la ley. En cambio, cuando un concesionario se defiende —y eso significa que pide, por ejemplo, término probatorio, yo quiero demostrar que no se defiende.

Que las imágenes que emití no vulneran la ley. Se abre un término probatorio que puede tomar dos o tres meses y ahí se dispara el proceso. Ahora bien, también los concesionarios pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones. Esto significa que, una vez que el Consejo emite un pronunciamiento –acuerdo que, en términos generales, demora alrededor de dos meses– el caso se traslada a la Corte, donde el trámite del recurso de reclamación puede extenderse, dependiendo de las circunstancias, hasta seis meses, y si se lleva a la Suprema, podría resolverse en un par de años. Sin embargo, estrictamente dentro del Consejo el plazo es de entre dos y tres meses. De hecho, hemos logrado reducir una brecha que durante la pandemia alcanzaba hasta un año entre la formulación de una denuncia y el pronunciamiento del Consejo. Hoy en día, contamos con un rendimiento bastante eficiente de dos a tres meses desde que se formula la denuncia. Respecto a las preguntas del diputado por intermedio de la presidenta, cabe decir que el Consejo se integra por 10 consejeros y consejeras, propuestos o designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. El presidente del Consejo es de libre designación por parte del Presidente, y su periodo dura hasta un mes después de que finalice el periodo presidencial del designante. Esto, en buena medida, refleja la composición del Senado. Entre otros, hoy integra el Consejo el exdiputado Andrés Gagaña, la exsenadora Adriana Muñoz y la distinguidísima académica y escritora Daniela Castileo. Respecto a la multiplicación de canales tradicionales, en Chile existen 90 canales regionales, cifra que no muchos conocen. Estos canales ofrecen una diversidad inmensa de contenidos y proyectos programáticos. Además, tras muchos años de operar al margen de la legalidad –sin afirmar ilegalidad– hoy se han otorgado concesiones para 15 canales comunitarios. Hasta hace pocos años, muchos de ellos emitían sin concesión alguna, pero actualmente todos cuentan con la correspondiente autorización y participan en proyectos de financiamiento tanto de la SUTEL como del Consejo Nacional de Televisión. Nosotros, además de fiscalizar, financiamos series de televisión, y algunos canales comunitarios han obtenido recursos del fondo, lo que demuestra la pluralidad de la oferta en lo que se denomina televisión de proximidad, regional, local o comunitaria. A nivel de canales nacionales, se ha producido una multiplicación de señales gracias a la televisión digital, que permite incrementar por tres las capacidades de un canal tradicional y disponer de al menos tres señales. Asimismo, existen reglas que obligan a las compañías de cable a transmitir al menos cuatro señales que de otro modo no se verían. Por ejemplo, BTR –los de Sonoma– incluye en su parrilla el canal comunitario Pichilemu TV, permitiendo que contenido de otro tipo se difunda por todo el país, gracias a las reglas instauradas con la televisión digital. Finalmente, con la televisión por internet las posibilidades se han ampliado aún más, de modo que los canales tradicionales tienen señales 1, 2 y 3; el canal público dispone de una señal 3, concebida como la “televisión del recuerdo”, y de NTV infantil, también de señal pública, lo que explica la multiplicación en la oferta. En cuanto a los datos, realizamos anualmente una encuesta nacional de televisión con una muestra de más de 6.000 casos, con especial atención a las regiones, ya que anteriormente los datos de rating se concentraban en Santiago. Estos datos muestran que, en Chile, solo el 2% de los niños ven televisión abierta; el resto prefiere otros tipos de contenidos audiovisuales, generalmente asociados a TikTok y YouTube.

Y los que ven contenido infantil lo ven en la plataforma de Instagram. Esos son datos de la Encuesta Nacional de Televisión, disponibles en la página web del Consejo, y respecto de la pregunta de la diputada Morales por su intermedio, Presidenta, efectivamente no debo referirme, de forma particular, a la cuestión de debido proceso para no anticipar juicios. Pero ciertamente el Consejo tiene un punto de vista respecto de las materias que dicen relación con la ética profesional y la manera debida y adecuada de enfocar los contenidos periodísticos. No es todo el contenido televisivo, pues también existe contenido de diversión, deportivo y de entretención; sin embargo, en ese caso las reglas del Consejo sobre el ejercicio de la profesión no son tan finas como las del Consejo de Autoregulación ni tan finas como las del Colegio de Periodistas, sino que son más bien gruesas, dado que las transgresiones al principio de correcto funcionamiento de la televisión están establecidas en la ley. La ley, impregnada de ética periodística, reclama que los datos se presenten de forma digna, pero no toda transgresión a la ética periodística implica una vulneración al principio de correcto funcionamiento de la televisión. Coincide muchas veces, pero no en todos los casos. Yo me quedaría hasta ahí. Perfecto, perfecto. Le agradezco, presidente. Vamos a continuar con la sesión. Quiero recordar que esta sesión tiene como objetivo abordar la problemática de la violencia en los establecimientos educacionales. Se invitó al ministro de Educación, pero este se ha excusado de no poder estar presente, y además abordaremos el tema de la explotación sexual. Hace pocas semanas vimos, a través de las redes, una campaña llamada Actuar es Urgente, que hacía referencia a la explotación sexual infantil, la cual lamentablemente ha aumentado de forma considerable. Por lo mismo, dejaremos a continuación al gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, el señor Marcelo Sánchez, junto a Rafael Rodríguez, para que, posteriormente, se integre el defensor y nos pueda explicar y terminar la presentación. Le damos la palabra al señor Marcelo Sánchez y Rafael Rodríguez. Estimada Presidencia, por su intermedio, si ustedes prefieren, podemos iniciar por el tema de la explotación sexual o por el de violencia; cualquiera de los dos temas. Considero que la explotación sexual es un tema que ya han abordado y, además, es preocupante, tal como lo demuestran recientes cifras. Si la comisión está de acuerdo, partiríamos por ello, dado que es un tema relevante. Perfecto. Señora Presidenta, diputados, gracias por la invitación. A la secretaria le enviamos una presentación; no sé si la presentará ella o si yo debo compartir pantalla y presentarla por mi cuenta. Por favor, indíquenme si comparto pantalla. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, agranden un poco más. Ahí está, perfecto. Bueno, estimados diputados y diputadas, como ustedes saben, nosotros hemos realizado, desde hace algún tiempo, un seguimiento a temáticas relacionadas con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y hemos presentado esta información a la Cámara. En paralelo, también nos hemos reunido con distintos actores de la política pública para sistematizar la realidad de esta tragedia en Chile, pero lo hemos hecho no solo desde una lógica de denuncia, sino también adoptando una perspectiva propositiva, que busca construir soluciones en conjunto con todos los actores. Esto no estuvo pensado como una campaña para señalar al culpable o a los culpables, sino como un esfuerzo colaborativo, ya que se trata de un problema sistémico que no se resuelve con una medida particular. Esto ya lo hemos presentado en sesiones anteriores; como contexto, cabe señalar que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes está en aumento. Del 2021 al 2023 creció casi un 30%, y desde la época pre-pandemia hasta la actualidad ha aumentado más de un 300% en cuanto a la cantidad de denuncias de víctimas de explotación. Está claro que este fenómeno afecta, en mayor medida, a las niñas y adolescentes.

Mujeres que dan niños, el 89% son mujeres. Tenemos un aumento significativo en víctimas de protección especializada, niños y niñas que han sido sacados del cuidado de sus cuidadores principales para estar bajo tutela de protección estatal. Dentro de esa protección estatal existen dos grandes medidas: las familias de acogida y la residencia (aunque también está la opción, por supuesto). En las residencias se ha aumentado de manera significativa la cantidad de denuncias y, por ende, el número de víctimas o posibles víctimas de explotación. Esto que quede claro: en el lugar donde el Estado ha jurado proteger a niñas y niños de vulneraciones graves de derechos es donde hoy día aumenta la probabilidad de que sean víctimas de una vulneración tan grave como la explotación. Las redes de explotadores, ya sean redes informales —pequeñas redes de explotadores, como se ha visto en informes y en televisión, donde grupos que operan a pequeña escala logran tomar un territorio para capturar niñas—, hasta redes más profesionales de crimen organizado, en donde una de sus líneas de negocio es la explotación de niñas, ven en la residencia un lugar idóneo para captar víctimas. Tenemos regiones en las que todas las residencias están tomadas por redes de explotación, como es el caso de Valparaíso, según información proporcionada por una jueza de Tribunal de Familia; asimismo, se han publicado noticias en Magallanes y en Puerto Varas, donde con frecuencia aparece el reporte de alguna niña víctima de explotación y que, lamentablemente, se encuentra en residencias de protección estatal. Por último, dentro de las noticias terribles a destacar, el proceso de persecución penal para los abusadores y explotadores es un mecanismo que, lamentablemente, muestra poca efectividad. Se conoce que la Fiscalía ha pedido mayor dotación para poder asumir el aumento de denuncias, pero cuenta con la misma capacidad que tenía antes de la pandemia, lo que dificulta aún más procesar todos los casos. Hoy día se registran tasas de efectividad en condena de entre el 1% y el 5% en los procesos de investigación por explotación. Con estos datos queremos evidenciar que estamos viviendo un escenario en el que la situación empeora y no se están tomando las medidas suficientes para controlar este aumento. Sin duda, quienes explotan sexualmente se benefician de un sistema que facilita la explotación en lugar de dificultarla, y eso es precisamente lo que queremos cambiar. Por ello, se ha conformado una plataforma digital que actuará en Urgente.org, compuesta por nueve organizaciones de la sociedad civil, en las cuales, en general, no existen conflictos de interés (aunque una entidad también administra un programa público). La labor que se realiza tiene como fin prevenir, visibilizar e incidir en las políticas públicas para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Lo que se hizo fue generar esta plataforma en la que se recogen todas las indicaciones y recomendaciones que fueron levantadas por la Cámara de Diputados en el año 2021, dirigidas a los distintos actores del Estado para administrar mejor una complejidad que, evidentemente, nos desborda. Estas recomendaciones, sistematizadas tanto por la Cámara de Diputados como por organismos internacionales, buscan mejorar la administración de las políticas públicas, programas, proyectos, estrategias e iniciativas, de modo que se dificulte la ocurrencia de este delito.