Senado - Trabajo y Previsión Social - 16 de junio de 2025

Buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado de la República. La tabla de hoy la va a expresar la señora Secretaria. Sí, presidente. Respecto de la cuenta, hay que decir que tenemos tres solicitudes de audiencia respecto del proyecto que se va a continuar analizando hoy, sala cuna: la del profesor Jorge Germán, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; la de la Sociedad Nacional de Agricultura; y la de Confusam. Y, presidente, también hay una solicitud del señor Juan Moreno, que hoy presentará la opinión de SILWalmart sobre esa sala cuna, pero también solicita que se le permita exponer en otra sesión respecto de la posición del sindicato sobre el cumplimiento de convenios internacionales ratificados por Chile. Nada más, presidente. Sobre el primer punto, comenzaremos con los tres invitados que están presentes. Quiero advertir que vamos a tener una sesión de audiencias ya solicitadas y, a continuación, el primer miércoles de julio comenzamos la votación en particular. Está presente la señora Ministra del Trabajo, muchas gracias por su asistencia, así como la Subsecretaria de la Mujer. Muchas gracias, ministra. Por lo tanto, vamos a abrir la sesión de hoy con la primera presentación, aproximadamente de diez minutos, de la Sociedad de Fomento Fabril: la presidenta, la señora Rosario Navarro; la asesora legal, señora Camila Madareaga; y los señores Rodrigo Mujica y Cristian Torres, quienes están presentes. Luego, procederemos a abrir las consultas para establecer el orden metodológico de funcionamiento de la sesión. Tiene la palabra, entonces, la Sociedad de Fomento Fabril. Señora Rosario: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por recibirnos hoy, estimados senadores y senadoras. También agradezco a la secretaria de la Comisión, ministra, por estar aquí. Como ya se presentó el equipo, continuaré para cumplir con los tiempos establecidos. Aquí tienen una presentación –no sé si la tienen en mano–: la regulación actual de la sala cuna es una norma centenaria que urge reformar. El actual Código 203 del Trabajo obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a proveer sala cuna, algo que presenta problemas estructurales en la norma vigente, ya que claramente desincentiva la contratación de mujeres.

Especialmente para empresas pequeñas y medianas, y además traslada exclusivamente la responsabilidad y los costos de cuidado a las mujeres, contraviniendo lo deseable en una sociedad moderna como la nuestra, en la que se debiera impulsar la corresponsabilidad y la igualdad. También evidencia la necesidad de que las políticas públicas se actualicen conforme a los nuevos contextos, recordando que esta política se remonta al año 1917, y reconoce que existe un nudo estructural que obstaculiza la inserción laboral femenina. Así que, yendo a la tercera lámina (porque ya la pasamos), vemos desde SOFOFA la urgencia de llegar a un acuerdo. Desde el año 1997 se han presentado múltiples proyectos para reformar este artículo; es decir, durante casi 30 años no hemos podido alcanzar un consenso político, y hacemos un llamado a lograr un acuerdo en el que participen todos los intervinientes afectados. Valoramos enormemente que este debate se haya reactivado y, para poner en contexto, estamos llevando esta discusión en una mesa donde participan trabajadores, todos los representantes de las centrales, las representantes de las pymes y también todas las ramas de la CPC. Ojalá podamos complementar con la visión que se está teniendo desde allí. Hemos estructurado una presentación de la siguiente manera: primero nos concentraremos en analizar las principales cifras relacionadas con la iniciativa legal; luego presentaremos cuáles vemos como fortalezas; a continuación, abordaremos los aspectos que consideramos perfectibles; y, finalmente, expondremos algunas propuestas y conclusiones. Es importante precisar que SOFOFA hoy representa más de 4.000 empresas medianas y grandes, ya que por su tamaño cuentan con más de 20 trabajadoras. Estamos en una situación distinta a la de muchas pymes, pero creemos que es fundamental poner estos puntos de vista sobre la mesa. En cuanto al diagnóstico, si bien valoramos profundamente el impacto de la educación y la estimulación temprana, en esta iniciativa nos centraremos fundamentalmente en los aspectos laborales. Por ello, nuestro análisis se enfocará en cómo contribuimos a la mejora de la participación, formalización y equidad de las mujeres en el mercado del trabajo, sin detenernos en aspectos educativos, que solo se mencionan como contexto. Le doy la palabra a Rodrigo, quien se centrará en los aspectos diagnósticos. Muchas gracias. Podrán ver en la siguiente línea, efectivamente, que respecto de la participación laboral de las mujeres, después de la pandemia hemos tenido dificultades para recuperar la senda que venía sosteniendo la participación laboral. Hoy en día, la tasa de participación se encuentra alrededor del 53%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la tendencia previa a la pandemia, lo que implica que aproximadamente 250.000 mujeres están fuera de la fuerza laboral y resulta relevante poder incorporarlas. Si analizamos la tasa de informalidad por género, aunque se ha observado una disminución en el último año, persiste una brecha importante de entre dos y tres puntos porcentuales en comparación con la tasa de informalidad en hombres. Esto también es motivo para avanzar en medidas que faciliten la incorporación de la mujer al mundo laboral. En la siguiente slide podrán observar el impacto económico que tiene la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Existe evidencia importante al respecto: por ejemplo, algunos estudios recientes, como el de CLAPES-UC, estiman que un punto adicional de participación femenina incorporaría 79.000 empleos y aumentaría el PIB en un 0,5%. Asimismo, la comisión Marfan encontró que un aumento de 4 puntos porcentuales en la participación laboral femenina elevaría el PIB en 1,8 puntos porcentuales de forma inmediata. Finalmente, el director del FMI y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, evidenció que aumentar 10 puntos porcentuales la participación laboral femenina incrementaría el PIB en 4 puntos porcentuales. Por lo tanto, hay evidencia del relevante impacto que tiene la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Respecto de las tasas de fertilidad, se observa que en el último tiempo han disminuido tanto a nivel global como, particularmente, en nuestro país. Hoy en día, la tasa de fertilidad se sitúa en torno a 1,17, muy por debajo de la tasa de 2,1, necesaria para mantener constante la población a largo plazo. Esto no solo supone un problema global, sino que en nuestro país es aún más preocupante, implicando desafíos propios tales como el envejecimiento poblacional, presiones sobre el sistema de pensiones, disminución de la fuerza laboral, entre otros elementos. Finalmente, como parte del diagnóstico, existe evidencia contundente de la baja participación laboral motivada por razones de cuidado.

Esto impacta de mayor forma en aquellos espacios donde hay mayores hijos y también es cuando aquí tenemos evidencia del Observatorio de la Universidad de Guadalajara, del contexto económico. En resumen y para concluir, estos datos evidencian la importancia que tiene avanzar en medidas justamente para fomentar la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo y resolver de una vez por todas la discusión respecto a la cuna, no solo como medida de equidad, sino también como política estratégica para el desarrollo económico y democrático del país. Continuando con la presentación, se exponen las fortalezas y oportunidades del proyecto de ley. Vemos que la sola discusión de este proyecto es una muy buena noticia. Legislar sobre esta materia es urgente y, desde SOFOFA, sostenemos que la certeza jurídica es una de las tres condiciones habilitantes para crecer; por ende, es clave reactivar la inversión junto con la seguridad y la competitividad tributaria. En este punto en particular, la reforma al artículo 203 tiene efectos directos en el aumento del crecimiento económico. Entonces, por todas las variables expuestas anteriormente, es importante seguir empujando este proyecto. Un aspecto positivo es haber ampliado a los padres como beneficiarios el proyecto de ley original, en el cual solo los papás trabajadores que tenían a cargo el cuidado de hijos menores de dos años eran los afectados. En la nueva indicación se reconoce a los padres como beneficiarios en todo evento, promoviendo así una mayor corresponsabilidad en el cuidado infantil. El tercer punto es que estudios actuariales analizan la sostenibilidad del fondo de la cuna; legislar basado en evidencia nos parece fundamental, contando con información financiera más actualizada y marcando un buen precedente en materia de políticas públicas. Por ello, es algo que debemos seguir empujando. Le daré la palabra a Camila, nuestra investigadora. Gracias. Ahora voy a exponer un poco las insuficiencias del diseño propuesto. Creemos que existen cinco puntos sobre los cuales se debiese realizar un análisis más profundo. El primero se relaciona con los efectos acumulados de las reformas recientes respecto de la competitividad laboral. Si bien un alza del 0,2% podría no tener un impacto significativo, éste, sumado a la serie de reformas laborales recientes –como la reforma de 40 horas, la reforma previsional y el alza del salario mínimo, entre otras– requiere un análisis integral, ya que puede afectar negativamente la formalización laboral y la contratación, especialmente de las mujeres, que enfrentan mayores brechas para incorporarse al mercado laboral. Asimismo, se identifica otro costo relacionado con el alza de la cotización. El mensaje original consideraba un top imponible de 60 UFs, y la indicación sustitutiva lo amplía a 90 UFs, sin olvidar los costos administrativos asociados al cumplimiento de la norma. Por ejemplo, los empleadores deberán enfrentar nuevas cargas laborales, como informar a la Dirección del Trabajo sobre la condición del ausente. Desde SOFOFA encomendamos un estudio que analizó el costo laboral de tres leyes mencionadas, acumulado con otros proyectos de ley en discusión, tales como sueldo base, negociación ramal y postnatal. Según dicho estudio, para el año 2033 estas reformas significarían un aumento del costo salarial por hora entre un 20% y un 40% para los trabajadores formales asalariados. Este aumento podría tener un impacto directo sobre el resto de la población, ya que implicaría una pérdida de empleo que oscila entre 388.000 y 717.000 puestos de trabajo. Finalmente, si tomamos los datos de la Superintendencia de Pensiones respecto de los cotizantes y estimamos el 0,2%, la recaudación anual ascendería a 175.000 millones de pesos. A esto se suma el aporte fiscal que contempla el proyecto de ley, equivalente a 100.000 millones de pesos, resultando en un total de 275.000 millones anuales. Esto equivale al 40% del presupuesto total de todos los jardines infantiles públicos dependientes de JUNJI, incluyendo las salas cuna a nivel medio y de transición. En otras palabras, los recursos comprometidos en esta iniciativa permitirían financiar casi la mitad de la oferta pública de educación inicial del país.

Entonces vemos que el costo real de la propuesta y la eficiencia en el uso de los recursos recaudados nos urgen a buscar alternativas más sostenibles. Por eso, nuestra propuesta en esta materia es explorar mecanismos de financiamiento más sostenibles y eficientes que permitan avanzar en la extensión del derecho sin profundizar la carga sobre el empleo formal, especialmente en las pymes. El segundo punto, en relación con la tasa de uso proyectada, es demasiado optimista. La tasa de uso del proyecto de ley, de acuerdo al informe financiero, alcanzaría a 70.000 niños menores de dos años. Actualmente, las grandes empresas, que son aquellas que tienen que cumplir con la obligación de proveer el derecho, presentan una tasa de uso del 28% —equivalente a 10.000 niños—, mientras que a nivel país equivale al 19,6%. Por otra parte, en el informe financiero no se consideran a las madres que, sin tener este derecho, ya hacen uso de la sala cuna. De acuerdo a la encuesta CASEN, estos serían cerca de 16.000 niños en situación de ya estar matriculados. Entonces, consideramos que este ahorro fiscal debiese incorporarse al informe financiero. Se evidencia una brecha significativa entre la proyección de uso oficial y el uso real del beneficio, casi en siete veces: hoy se atienden 10.000 niños y se extendería a 70.000, por lo que no basta con un mayor financiamiento para aumentar el uso de la sala cuna. De acuerdo a un estudio del DESUC, las familias no utilizan la sala cuna por factores simbólicos —como el deseo de estar presentes durante la primera infancia— y por razones prácticas, tales como preferir otras formas de cuidado, características particulares de los niños, incompatibilidad horaria, distancia, ubicación o falta de cupos disponibles. Nos llama la atención que no se comprenda por qué muchas mujeres no utilizan el beneficio, y de hecho, se extraña la eliminación del artículo 13 antiguo, en el que se ejercía un control administrativo en manos del IPS para estimar el número de beneficiarios. Por ello, sugerimos revisar y ajustar la proyección de uso del proyecto de ley para asegurar una estimación financiera y operativa precisa del impacto. El tercer punto se refiere al desfase entre el monto de cobertura y el costo real del servicio. Se establece un 4,11 UTM, lo que equivale a aproximadamente 283.000 pesos, cifra significativamente inferior al costo real. Nuestras empresas, según solicitudes que hemos realizado, pagan más de 450.000 pesos mensuales, lo que se alinea con el promedio del estudio Pluxi, que sitúa el costo de sala cuna en 477.000 pesos, y con lo indicado por Acción Educar para las salas cunas públicas (400.000 pesos directos por niño). Además, no se menciona el costo ni la base de cálculo, siendo en el mensaje original el costo efectivo de la sala cuna con el tope de las 5,79 UTM, sin aclarar cuál es la base para determinar el uso de dicho beneficio. Ante ello, tenemos dudas respecto a la efectividad real del beneficio y sobre trasladar los costos adicionales a las empresas. Por ello, nuestra propuesta dice relación con revisar el cálculo, especialmente en aquellas empresas que no están obligadas, como las pymes. En este sentido, ya sabemos que el 0,2% del aumento de la cotización no sería suficiente para financiar el derecho, lo que nos coloca ante un copago no transparentado donde los costos de contratación y formalidad laboral no estarían incluidos, afectando la competitividad de la empresa. El cuarto punto hace referencia a la omisión de regular el bono compensatorio. Se sabe que, en la actualidad, el bono compensatorio opera en los casos de inexistencia de sala cuna, con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, en faenas mineras alejadas de centros urbanos, en turnos nocturnos y cuando existan problemas de salud del niño menor que impidan su asistencia. Consideramos que esta omisión causa distorsiones relevantes en la estimación real del uso de sala cuna, especialmente al considerar que, por razones culturales, muchos padres y madres no envían a sus hijos a este beneficio. En este sentido, nuestra propuesta dice relación con generar campañas de información y concientización respecto de los beneficios de la educación y de la estimulación temprana en el desarrollo infantil, así como en reconocer dicho aporte.

Autonomía de los padres, permitiéndoles elegir la modalidad de cuidado que consideren más adecuada para sus hijos. Por último, nuestra quinta prevención dice relación con el fondo solidario, dado que este operaría solamente para los establecimientos con reconocimiento oficial, lo que implica un cambio estructural respecto al modelo actual. En este nuevo esquema se elimina la posibilidad de que el empleador y los trabajadores pacten directamente la modalidad para cumplir este derecho, reduciendo la flexibilidad, la capacidad de adaptación a contextos específicos y la eficiencia en el uso de los recursos. Además, al restringir la oferta únicamente a los jardines con reconocimiento oficial, se excluye una parte significativa de la oferta, lo que podría disminuir los cupos disponibles, especialmente en ciertas zonas geográficas o segmentos con mayor demanda. Entonces, respecto de este punto, nuestra propuesta dice relación con reconsiderar esta restricción y explorar alternativas más flexibles. Consideramos, con buen ejemplo, lo que ocurre en el Reino Unido con la figura de los Chaymander. Considerando estas cinco ineficiencias respecto del modelo propuesto, creemos que es urgente revisar alternativas de financiamiento del proyecto. Para nosotros, avanzar en esta reforma es urgente, pero también debe hacerse con responsabilidad, de manera que no se generen nuevas presiones respecto del empleo formal y, como ya se señaló, no se añadan presiones a la contratación formal de las mujeres, quienes presentan mayores brechas. Así, proponemos, a modo de evaluar, tres alternativas de financiamiento. La primera de ellas se relaciona con el seguro de cesantía. Actualmente varía entre un 1,6% y un 2% acumulado, y este fondo ha acumulado más de 10.000 millones de dólares, lo que equivale al 3,3% del PIB. Realizando un estudio riguroso sobre la sostenibilidad del fondo, creemos que podrían destinarse recursos provenientes del seguro de cesantía, recordando que, en el momento más crítico de la pandemia, el monto del fondo se mantuvo en 7.500 millones de dólares. Otra alternativa consiste en utilizar la reforma de pensiones, específicamente el 2,5% adicional del Seguro Social Previsional, que incluye el CIS y la compensación a mujeres por mayor expectativa de vida. De esta manera, se podría evaluar qué parte de estos recursos, originalmente diseñados para corregir las brechas de género, pueden destinarse al financiamiento. Por último, se podría diseñar un subsidio que permita a las empresas —principalmente pymes y medianas— que hoy no están obligadas a proveerse de sala cuna, cumplir con este diseño. Países como Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda cuentan con un financiamiento a través de subsidios estatales que se otorgan según el ingreso familiar, la edad del niño y la situación laboral, sin estar ligados exclusivamente al empleo formal. Cerrando, esperamos que, habiendo cumplido con el tiempo, se comprenda la urgencia de avanzar hacia un sistema de cuidado más justo, inclusivo y corresponsable, un desafío que Chile no puede seguir postergando. Desde SOFOFA reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y de trabajo conjunto para construir un amplio acuerdo que sea sostenible y a la altura de lo que el país necesita. Estamos convencidos de que mayor equidad, desarrollo de derechos y sostenibilidad —tanto en el cuidado como en la competitividad— no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. En ese sentido, proponemos y ponemos especial énfasis en abrir el debate sobre mecanismos de financiamiento, como mencionaba Camila, ya que entendemos que allí radica uno de los principales nudos para que esta reforma se haga realidad. Les agradecemos por su tiempo y quedamos disponibles para más preguntas cuando se presente la oportunidad de responderlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a SOFOFA por su presentación. A continuación, el Instituto de Libertad y Desarrollo, representado por la economista, señora Ingrid Yones, y el abogado del programa legislativo, señor Esteban Ávila, realizará la exposición de manera presencial. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los miembros de la comisión, senadores presentes, a la ministra y a los demás miembros que nos acompañan. En primer lugar, cabe destacar la importancia de ampliar el derecho a la sala cuna. Sabemos que el diseño actual es una traba para la inclusión laboral femenina, ya que obliga a las empresas de 20 o más trabajadoras a financiar el acceso a este beneficio, lo que genera desincentivos.

Es un incentivo importante, ¿no es cierto?, de ese incentivo para la contratación y de ese incentivo en los salarios. Por lo tanto, es un mecanismo y consideramos que es un mecanismo que debe cambiar. La importancia se sustenta en dos temas relevantes. Uno, la participación laboral: si vemos el gráfico que se encuentra en la esquina superior, observamos que la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres es de cerca de 20 puntos. Ahora, al analizar las razones de por qué se presenta esta brecha, el INE declara que la principal razón en mujeres para no incorporarse al mercado laboral es, precisamente, por razones de cuidado o responsabilidades familiares; en cambio, la principal razón en hombres tiene que ver con temas de estudio. La evidencia internacional es igualmente contundente en esta materia. Existen estudios que señalan que el acceso a la sala cuna es fundamental para aumentar la participación laboral femenina e incorporarla al mercado laboral. En este sentido, contamos con un estudio del Banco Mundial del año 2021, que encontró impactos significativos en 21 de 22 estudios elaborados en diversos países, señalando que la magnitud de los efectos esperados es amplia y depende del diseño del servicio de cuidado infantil. Por otro lado, si bien se ha mencionado antes, también está el estudio de CLATES del año 2020, en el que se señala que esto contribuye al crecimiento económico, dado que un punto de participación laboral femenina aporta un 0,5% al PIB. En segundo lugar, resulta importante destacar el aporte en términos del efecto sobre los niños. Hay abundante evidencia que respalda la conveniencia de invertir recursos en la educación temprana, puesto que el retorno de esa inversión es superior; es decir, cuando se invierte en educación primaria desde los primeros años, el retorno es mayor que el que se obtiene al invertir en educación superior. Ahora, pasando a los comentarios sobre el proyecto de ley, en primer lugar, consideramos complejo el mecanismo de financiamiento de un 0,2% de cotización adicional, teniendo en cuenta que, durante el año 2025, los costos laborales han aumentado cerca de un 19% en términos reales, debido al alza del salario mínimo, a la reducción de la jornada laboral y a la reforma previsional. Además, sabemos que estos costos se irán incrementando a medida que estas reformas entren en régimen. En segundo lugar, también observamos una disonancia entre el costo real y el beneficio que otorga la indicación sustitutiva; en realidad, ¿no es cierto?, las 4,11 UTM representan aproximadamente unos 200.000 pesos de diferencia que se tendrían que financiar mediante copago para la empresa. Por lo tanto, la fotografía es que existe una doble carga para la empresa: por un lado, financiar la cotización del 0,2% y, por el otro, pagar el copago correspondiente según la sala cuna elegida, lo que refuerza la necesidad de focalizar el beneficio en trabajadores de menores ingresos, permitiendo así una mejor asignación de los recursos. En tercer lugar, creemos que existe una subestimación del gasto fiscal proyectado, ya que el número de beneficiarios se basa en criterios excesivamente restrictivos. En el caso de las madres, solo se consideran aquellas que hayan cotizado durante cada mes del año 2023, y en el caso de los padres, se incluyen únicamente quienes cotizaron todos los meses del mismo año y cuya pareja no lo hizo. Con esta metodología se ignora un número significativo de potenciales beneficiarios, por lo que puede existir un mayor requerimiento de recursos públicos al proyectado. A continuación, traemos una propuesta alternativa, que es la que comentará la economista Indy Jones. Gracias. Bueno, sin duda sabemos que la política de sala cuna es una política pública fundamental para implementar en Chile. En vista de los reparos y de los aspectos que consideramos necesarios mejorar, nosotros aquí traemos una propuesta alternativa. Por supuesto, nuestro mejor escenario sería poder financiar este tipo de política pública con impuestos generales, pero sabemos que, con la estrechez fiscal que tenemos hoy y hacia adelante, eso es muy difícil. Y nuestra propuesta, de la mano con también…

No perder de vista que no podemos seguir incrementando los costos laborales, sino que tenemos que fijarnos objetivos de aumentar la tasa de participación, aumentar la contratación y mejorar las condiciones laborales. Nuestra propuesta consiste en destinar una fracción de lo que hoy se cotiza al Seguro de Cesantía, que es de cargo del empleador, a financiar el beneficio de sala cuna. Esta propuesta implicaría una reducción de la cotización que se destina a las cuentas individuales en la misma proporción de lo que se decida financiar en sala cuna. Actualmente, son tres porcentuales los que se destinan a financiar el Seguro de Cesantía. En el caso de los trabajadores a plazo fijo y de casa particular, ese porcentaje es de total carga del empleador, destinándose gran parte de esos puntos porcentuales a las cuentas individuales, mientras que una parte menor va al seguro de cesantía. En el caso de los trabajadores con contrato indefinido, además del aporte del empleador, existe un aporte adicional de los trabajadores. Nuestra propuesta consiste en que parte de lo que hoy destina el empleador se canalice a financiar el beneficio, y la magnitud de ese porcentaje dependerá de dos factores: de cuánto queramos cubrir del costo total del beneficio y del grado de focalización que queramos darle. Para ilustrar esto, hemos planteado dos escenarios dentro de los múltiples que se pueden construir. Inicialmente, tomamos la CASEN 2022 para analizar a los niños que tienen menos de dos años y, a partir de allí, usamos la proyección de crecimiento de este grupo para ajustar los datos al 2025. Además, aplicamos una tasa de uso del beneficio, es decir, estimamos cuántos de estos potenciales niños podrían ver en sus padres el ejercicio del derecho a sala cuna. Consideramos ambas tasas de uso: la indicada actualmente por el Ejecutivo, de un 46%, y la tasa de uso propuesta por el proyecto de sala cuna que ingresó al final del gobierno del presidente Piñera en segunda instancia. De un total de beneficiarios potenciales, estimamos que un número cercano entre el 30% y el 40%, dependiendo del escenario, accederá al beneficio, considerando como restricción principal que al menos uno de los padres debe tener trabajo. Posteriormente, se asigna un beneficio uniforme de 280.000 pesos mensuales por niño, monto similar al que propone el proyecto de ley de la indicación del Ejecutivo, ajustado según el decil de ingreso al que pertenezca cada niño, excluyendo el 10% de mayores recursos. Lo relevante es que se decide focalizar en aquellos hogares más vulnerables. Con este enfoque, se financian los 280.000 pesos, es decir, el aporte que propone el Ejecutivo, y además el Estado aportará una parte para costear la totalidad del beneficio en las familias más vulnerables. Los resultados demuestran que, en estos dos escenarios, cerca de la cuarta parte de lo que hoy destina el empleador a financiar las cuentas individuales de cesantía podría destinarse a financiar parte importante de la política de sala cuna ampliada. Por ejemplo, si el 46% de los potenciales beneficiarios hicieran uso del derecho, con entre 0,45 y 0,32 puntos de lo que actualmente se destina al Seguro de Cesantía se podría financiar el aporte para sala cuna; y, además, con un aporte fiscal del 0,06%, es decir, menos de 0,1 puntos del PIB, se podría complementar hasta cubrir la totalidad del costo de sala cuna para aquellas familias que se ubican en el 60% más vulnerables. Estos porcentajes serían menores si menos niños accedieran al beneficio, y en caso de focalizar en el 40% en lugar del 60%, los porcentajes también serían menores. Finalmente, estas cifras son mayores a 0,2.

El proyecto de ley del Gobierno de cotización, en parte porque nosotros lo que proponemos es financiar la totalidad del beneficio para quienes son parte de los desfiles más vulnerables. Aquí va a depender de a quiénes queremos cubrir totalmente con el beneficio, a quiénes queremos cubrir con cotización y, a la vez, con aporte fiscal el monto de la sala cuna. Y, por otro lado, es porque el número de niños que tenemos es más alto que el presentado en el informe financiero de la indicación, en parte por la restricción que hablaba Esteban hace un minuto. Ahora, si las cifras que usáramos fueran las de los niños estimados en el informe financiero, el costo también disminuiría a una tercera parte de lo que acabamos de demostrar. Lo que proponemos es redireccionar una parte de la cotización que va al seguro de cesantía, de cargo al empleador, para financiar este beneficio y, de ese modo, no tener que generar nuevos aumentos de cotización. Pero esto, sin duda, va a generar que los recursos acumulados en las cuentas individuales del seguro de cesantía disminuyan. Como se mencionó anteriormente, tenemos más de 10.000 millones de dólares acumulados, que equivalen a 3,3 puntos del PIB; y las cuentas del fondo de santidad solidario no se tocan con esta propuesta, ya que actualmente representan un punto del PIB. De acuerdo al último informe de la Superintendencia de Pensiones sobre la sostenibilidad actuarial del fondo, entregado la semana pasada como obligación legal, este fondo, incluso en el acumulado de recursos en las cuentas individuales y frente a una crisis de empleo que se modeló, seguiría aumentando en los próximos diez años. Sin duda, como lo manda la ley, cualquier modificación que se le quiera hacer al Seguro de Cesantía en cuanto a sus prestaciones, además del estudio que se encarga cada tres años por ley, requiere también la realización de un nuevo estudio de sustentabilidad. Esta propuesta se enmarca en esa exigencia. A pesar de que nosotros creemos que existiría un margen para evaluar, al menos, el uso parcial de estos recursos, es necesario obtener el respaldo de un estudio actuarial que nos permita garantizar que la sostenibilidad del fondo no está en riesgo. Y, finalmente, para terminar, sabemos que es necesario poner fin al actual método de financiamiento del beneficio de la sala cuna, lo cual es fundamental para aumentar la participación laboral de las mujeres y, con ello, la tasa de ocupación. Con la propuesta actual, al incorporar a los hombres, se transforma en un financiamiento que se traduce únicamente en un aumento de costos, lo que pone en riesgo no solamente la contratación femenina, sino también la de cualquier persona que pudiera ser potencialmente favorecida por el beneficio. Para evitar continuar incrementando los costos laborales como resultado de las sucesivas alzas de los años recientes con las distintas implementaciones, creemos que vale la pena evaluar la propuesta que presentamos, en vista de que evitar la creación de nuevos impuestos al trabajo es necesario para focalizar los recursos de mejor manera, tratando de socorrer a las familias que más lo requieren y, así, no cargar nuevamente a las empresas y a la contratación de empleo formal. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del Instituto Libertad y Desarrollo y de los expositores. De inmediato, le damos la palabra y saludamos a los representantes del Sindicato Walmart: don Juan Moreno, quien está acompañado de Bárbara Caro y de los asesores Claudio Díaz y Víctor Salinas. Bienvenido, Juan; tiene usted la palabra. Primeramente, saludo a la mesa de la Comisión de Trabajo: al senador Gastón Saavedra, a la senadora Alejandra Sepúlveda, a la senadora Loreto Carvajal y al senador Ruminón. Asimismo, saludo a la ministra de la Mujer y Queda de Género, Antonia Orellana, a la subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, y a los representantes del Ministerio del Trabajo. Quisiera dirigirme a todos los presentes acá: la verdad es que cuando se habla de esta materia, que tiene que ver con la sala cuna, en una sesión de trabajo, no se puede poner el énfasis únicamente en el tema económico.

Llevamos más de un siglo que esta ley no ha cambiado sobre el tema del tope de las 20 mujeres, así lo han señalado. Más de una oportunidad se ha tratado de romper ese tope para que todos los hijos de las trabajadoras y trabajadores puedan tener acceso a una educación inicial. Hoy, y como se ha señalado muchas veces, existe una falta de mano de obra debido a la disminución de la natalidad y al envejecimiento de la población, por lo que se quiere recurrir a la mano de obra femenina, en busca de contraponer el punto de pérdida de empleo. Nosotros, como sindicato con cobertura nacional que cuenta con más de 10.000 trabajadores y trabajadoras a nivel país, conformamos una de las organizaciones más grandes del comercio y servicios. No solo se destaca por el número de trabajadores, sino también por su participación en el mercado y por generar miles de empleos, incluso indirectos. Nos preocupa que esta discusión no tenga mayor participación de otros actores de la sociedad, de otros sindicatos y de otros trabajadores que deseen opinar. Para algunas políticas públicas se señala que el Estado es muy intervencionista y, por otra parte, se advierte la falta de una posición más proactiva del Estado. Queremos decir que, desde nuestro punto de vista en el ámbito del comercio, el ingreso de la mano de obra no calificada –en su mayoría mujeres que no tienen acceso a una educación formal o a una formación calificada– genera preocupación sobre las condiciones en que quedan los hijos. No solo se trata de un tema económico o de la fuente laboral, sino también del abandono que sufren los hijos de muchas mujeres, quienes a menudo deben autocuidarse y autoeducarse. Creemos que no se le puede cargar el costo únicamente a los trabajadores o al Estado; también debe formar parte de la responsabilidad de los empleadores, en cuanto al cuidado y a lo que implica el ingreso de la mujer al puesto de trabajo. La tasa de natalidad ha bajado, y cabe preguntarse por qué, después de la pandemia, no todos volvieron al mundo del trabajo, situación que va más allá de la informalidad y se relaciona con la búsqueda de recursos para poder sobrevivir en un hogar. En este contexto, señalamos, basándonos en el artículo 203 del Código del Trabajo, que actualmente solo pueden acceder a esa disposición las empresas que cuenten con hasta 20 trabajadoras. Se trata de un asunto que se ha discutido en numerosas ocasiones y al que el gran empresariado se ha opuesto por el costo que implica. Nos preocupa, insisto, el tema educativo de los niños y niñas que quedan en situación de abandono, ya que esto representa una barrera de entrada impuesta por el Código del Trabajo. Asimismo, nos inquieta que, en este caso, los empleadores no quieran asumir parte de la responsabilidad en la inclusión de mano de obra, intentando trasladar todo el costo al Estado. Con respecto al fundamento estadístico, se ha hablado de aspectos negativos, pero queremos resaltar lo positivo que supone la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Por cada 1% de aumento en la participación laboral femenina, el Producto Interno Bruto del país se incrementa en 0,4%, evidenciando el potente impacto de dicha inclusión. Además, la actual cobertura indica que solo el 19% de las trabajadoras formales acceden a este derecho, lo que pone de manifiesto la necesidad de eliminar barreras de ingreso en el ámbito laboral. Por otro lado, para el mundo sindical no basta con discutir las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, sino que es fundamental abordar la incorporación integral de todos los sectores en el mundo del trabajo.