En nombre de Dios y de la patria, se abre la comisión. Le damos la bienvenida al equipo de la ministra, a su equipo que está aquí presente. Bienvenidos todos y a todos. Entiendo que también están presentes la subsecretaría de Seguridad Pública, don José Tomás Humot; no sé si estará Isidora Yañez; Ignacio Guzmán también está presente; la Fundación Jaime Guzmán, la Corporación Humana y la Biblioteca del Congreso, a quienes siempre se agradece la presencia, sobre todo porque vamos a partir, antes de dar la cuenta a la Secretaría, con un proyecto que no es nuevo para el Parlamento, pero sí para esta comisión: el proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. Es un tema que va a ser muy importante discutir, una situación que hay que regular, pues, lamentablemente, los casos que han sido públicos son muy graves y existen otros que, en un ámbito familiar privado, han tenido consecuencias muy complejas para las personas que lo han vivido.
Doy la palabra a la Secretaría para que exponga la cuenta y, a continuación, me tomaré unos minutos para informarles sobre asuntos referentes a ONU Mujeres.
Gracias, Presidenta.
Entonces, la cuenta de hoy, lunes 16 de junio, es la siguiente: se recibió un informe de la investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Pamela Cifuente, quien está presente, sobre la violencia digital, sus conceptos, sanciones y responsabilidades. Además, se han recibido dos solicitudes de audiencia respecto de este proyecto: una del defensor de la niñez, don Anuar Quesille, quien solicita emitir su opinión técnica sobre el proyecto de violencia digital, y otra de la Corporación Humana junto a la Red de Periodistas Comunicadoras Feministas, que también desean exponer su opinión sobre el proyecto.
Nada más.
Bueno, me alegra que haya tanto interés respecto de este tema, que sé que no solamente atraerá a especialistas, sino también a la comunidad en general. Se trata de un asunto que debemos resolver y, si es necesario, mejorar. He estado revisando la historia del proyecto con mi asesor, y hay aspectos que consideramos necesarios intervenir.
Quisiera aprovechar estos minutos para informarles que, en sus carpetas, encontrarán una invitación emitida por la CEPAL, la Cámara de Diputados de México, el Senado y ONU Mujeres, para un encuentro que se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de agosto en la Ciudad de México. El objetivo principal es hacer un estado de avance de la agenda de igualdad de género y ponernos al día sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, en un contexto de crisis y conflictos internacionales muy grandes, donde, lamentablemente, quienes más sufren estas consecuencias son siempre las mujeres, además de que otras prioridades estatales quedan en segundo plano.
Tuve una reunión, el jueves pasado, con las responsables de algunas organizaciones de mujeres en Chile, y ellas manifestaron el interés de contar con la participación de todos los senadores de la comisión —somos cinco—. En caso de que surgiera alguna dificultad por parte del Senado en torno a temas financieros, ellas también estarían disponibles para cooperar. No sé si será el caso, pero lo consultaremos y, de aquí al próximo lunes —o a más tardar durante la primera semana de julio—, preguntaremos la disponibilidad de cada uno de ustedes para participar en esta misión. Considero que, dado que Chile sería el único país, después de Uruguay, en tener una ley vinculada al tema de cuidados, entre otros aspectos, es importante nuestra presencia en estas discusiones internacionales.
Así que les dejo esta invitación y, acá, los antecedentes en detalle. Se los vamos a entregar, querida amiga, para que los reparta, y reitero el agradecimiento por el informe de la Biblioteca del Senado.
Conversando la importancia de analizar la legislación comparada respecto a las sanciones que justamente tiene este delito. Y entiendo, secretaria, que estaríamos en condiciones de darle la palabra, en primera instancia, a la ministra, senadora. Le damos la palabra a los senadores y luego a la ministra. Gracias, Presidenta.
Un punto vario antes, tal vez. Primero, agradecer la invitación de la CEPAL y a unas mujeres. La verdad es que México hoy cuenta con una de las pocas mujeres presidentas de Latinoamérica, lo que es bien importante. A propósito, lo que está haciendo Claudia Chainbaum en este gran país potencia, como es justamente México. Así que, agradecer y, sobre todo, resaltar los avances que han tenido, los cuales son importantes como experiencia, para conocer y debatir en los foros internacionales.
Y lo segundo, Presidenta, hoy hemos conocido la noticia de la pérdida de María Ignacia González, concejal de San Clemente, a quien quisiera, como corresponde, solicitar información y mandar una nota a la Municipalidad de San Clemente. Es bien complejo y doloroso, cuando hay autoridades—también mujeres—que han tenido una labor en la política, en el ámbito municipal, y que hoy tienen consternada a la comunidad de San Clemente. Por ello, propongo enviar a través del Senado una nota de solidaridad, de apoyo y de disposición para cooperar en la medida de nuestras posibilidades, en respuesta a esta tragedia: hace más de 24 horas que está desaparecida y, además, se ha registrado una llamada de ayuda propia de alguien que, según lo que hemos sabido, era una persona muy comprometida con el servicio público y muy querida por su comunidad. Ojalá Dios quiera que la encontremos a salvo y que no tengamos malas noticias. Que Dios la proteja. Así acordamos, Pilar, para poder enviarla a la comuna. Muchas gracias.
Ahora sí, tiene la palabra nuestra ministra de la Mujer.
Muchas gracias, Presidenta. Tal como habíamos comentado, vamos a comenzar a revisar el proyecto una vez más y retomar el proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. Este proyecto tiene como cámara de origen la Cámara de Diputadas y Diputados, y cuenta con una moción bastante transversal respaldada por los diputados Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calixto, Marcelo Díaz, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida, May Torsini, Marisela Santibáñez y Gael Llamanz.
Quisiera también destacar el rol clave que han tenido las organizaciones de la sociedad civil en la redacción de este proyecto de ley, en particular aquellas vinculadas a los derechos de las mujeres en la esfera digital, tales como ONG Amaranta, Rompiendo el Silencio, Ley Pacahora, el Observatorio contra el Acoso, hablemos de Ciberacoso, Aurora y la Asociación de Abogadas Feministas, entre otras. Este proyecto fue aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y, luego de ser aprobado en la sala, fue enviado a este Senado el 8 de julio del año pasado. En septiembre del mismo año, expusimos junto con el Ministerio del Interior en esta comisión. Es uno de los proyectos que hemos priorizado, pues tiene urgencia suma, y en ese sentido, tenemos una presentación.
En este segundo trámite, quisiéramos retomar algunos datos sobre el contexto nacional. Durante las últimas décadas, los medios tecnológicos y digitales han ido cambiando la forma en la que nos relacionamos, como sabemos, y ha sido una especial preocupación para el gobierno el rol que estos medios desempeñan en el ejercicio de la violencia contra las mujeres en razón de su género. Si bien ofrecen muchos beneficios, como el acceso a nuevas herramientas de comunicación, educación y otros, también se están utilizando como herramientas para ejercer violencia en línea. Y las principales afectadas, al igual que en el mundo offline, son las mujeres, niñas y adolescentes. Vamos a abordar, en primer lugar, la situación nacional.
En esta materia y luego el Ministerio de Seguridad Pública va a profundizar en los aspectos técnicos jurídicos del proyecto en su actualidad. Es necesario comenzar. Yo sé que es de perogrullo, pero la violencia en el ámbito digital no es algo aislado ni excepcional; forma parte de un fenómeno estructural que, además, adquiere nuevos grados de sofisticación y nuevas herramientas, las cuales se encuentran en un proceso de expresión cada vez más acelerada y continua, adoptando nuevos márgenes y mecanismos.
La violencia digital hoy puede adoptar distintas formas, como el ciberacoso, la publicación y difusión de información personal, la suplantación de identidad, y la difusión sin consentimiento de fotografías o videos de tipo sexual, entre otras. La gran mayoría de estas conductas no están tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento, lo que ha implicado que muchas situaciones de violencia digital queden impunes y su persecución muchas veces no sea posible por el propio sistema jurídico.
Las cifras a nivel nacional confirman de forma muy clara algo que se viene señalando desde hace años: la violencia en línea no afecta de la misma manera a mujeres y hombres, ni menos a niñas y adolescentes. Esto no quiere decir, por supuesto, que los hombres no sufran tipos de violencia digital, siendo, por ejemplo, una de las más comentadas y prevalentes la ocurrida en el contexto laboral entre pares, como se ha observado a partir de la aplicación de la ley CARIN, pero que en el fenómeno estructural de la violencia contra las mujeres adquiere otras características.
De acuerdo a la ONG Amaranta, en su estudio "Chile y la violencia de género en Internet", el 62,9% de las mujeres encuestadas respondió haber sufrido violencia digital. En la misma medición, un 10,9% señaló no haber sido víctimas, pero luego respondió afirmativamente ante experiencias específicas de violencia de género digital, por lo que la suma final alcanza el 73,8% de mujeres, principalmente entre los 18 y 35 años, lo cual no es de extrañar, ya que refleja un uso más intensivo de estos medios.
Entre las agresiones más reportadas por el estudio se encuentran la violencia verbal, el hostigamiento o acoso, el envío de imágenes sin consentimiento, la difamación, las amenazas y la pérdida de acceso a la cuenta, entre otros. Por su parte, el Observatorio contra el Acoso en Chile, que fue clave en otro proceso legislativo en este Congreso –como la Ley contra el Acoso Callejero– detectó recientemente que el 52% de las mujeres encuestadas entre 18 y 26 años han sufrido ciberacoso de tipo sexual al menos una vez en su vida, problematizando además el hecho de que esto puede suceder a cualquier hora, lugar, desde el anonimato y con claras dificultades para identificar quién lo comete. Dicho estudio también investigó conductas como llamadas, mensajes, envío de imágenes con contenido sexual, proposiciones y solicitudes de tipo sexual, y la difusión de imágenes íntimas, entre otras.
La situación que afecta a las niñas y adolescentes en particular es altamente preocupante. ONU Mujeres analizó las experiencias virtuales de niñas y adolescentes chilenas en 2020 y detectó que ellas se encuentran tres veces más expuestas que sus pares varones a vivir experiencias de violencia sexual en el ámbito digital, lo cual tiene una correlación directa con la diferencia porcentual en la violencia sexual dirigida hacia niñas en comparación con niños. No es que no exista violencia contra los niños, pero la prevalencia es mucho mayor en el caso de las niñas.
Este estudio de ONU Mujeres detectó que el 89% de las niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años cuenta con un perfil de Instagram, el 93% utiliza WhatsApp y el 53% Facebook. En ese sentido, para las nuevas generaciones el mundo digital es parte de su cotidiano, y la presencia en redes sociales resulta fundamental en sus vidas, por lo que lo que ocurre en estos entornos también cobra gran importancia. Esto es necesario relevar, ya que el mismo estudio detectó que el 32% de las niñas de entre 12 y 14 años han recibido solicitudes de fotografías íntimas o peticiones sexuales a través de mecanismos en línea, cifra que aumenta al 47% entre adolescentes de 15 a 18 años.
De hecho, y agradeciendo la solicitud de audiencia realizada por el Defensor de la Niña en un evento reciente junto al Consejo Europeo a propósito del convenio de Lanzarote, se destacó que una de las diferencias con la legislación actual en nuestro país y en la región es que dicho convenio incluye una protección especial a niños y niñas respecto al ámbito de la violencia sexual facilitada por la tecnología. En el mismo sentido, se detectó que el 35% de las niñas en ONU Mujeres, en su estudio entre 12 y 14 años, habían recibido...
Fotografías de genitales sin haberlas pedido, lo que aumenta 51% entre adolescentes de 15 a 18 años. Si miramos las cifras que se debatieron para la ley de acoso callejero, esto no dicta mucho de lo que era la realidad offline. Muchas veces la primera enseñanza de anatomía masculina para una niña fue en la calle y en forma no consentida. Pero la característica digital tiene otros peligros, sobre todo la presencia permanente y la dificultad de saber cuándo va a ocurrir de nuevo, porque es un contacto que no cesa.
También, a propósito de esta preocupación y en el trabajo de transversalización de género de nuestro Ejecutivo, la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajó desde el 2022 y luego publicó los resultados de la consulta ciudadana virtual sobre violencia digital el 2023, precisamente para nutrir este debate. Esta consulta ciudadana revela que los grupos más afectados son los niños y adolescentes en un 88%, las mujeres en un 65% y las personas de la comunidad LGTBIQA, en la misma proporción, con un alto componente de acoso y hostigamiento. Asimismo, esta consulta caracteriza a quienes ejercen, de acuerdo a las víctimas –estos no son datos procesales– señalando que son principalmente varones de la misma o mayor edad de la víctima, pero también identifica que un porcentaje no menor de las víctimas no puede caracterizar a quien ejerció la violencia, probablemente por tratarse de cuentas anónimas o falsas.
En otro ámbito, la Organización de los Estados Americanos y ONU Mujeres publicaron el estudio "Ciberviolencia y Ciberacoso contra las Mujeres y Niñas en el marco de la Convención de Belém-Dópará" en 2022, que aborda las consecuencias de sufrir en forma prolongada esta violencia: daños emocionales y psicológicos graves, daños físicos, aislamiento social, detrimentos económicos para la víctima y su familia, y limitación de la movilidad. Es decir, la víctima se resta de espacios de participación no solo digitales, sino también presenciales, lo que impacta en el rendimiento escolar, universitario y laboral, haciendo que estas conductas sean aún más preocupantes y requieran una respuesta y un abordaje estatal.
No hay que perder de vista que el mundo digital se ha transformado en parte importante del mundo público, entendido como el debate público. En el ámbito digital las mujeres nos informamos, participamos, comunicamos, emitimos opinión y tenemos presencia en línea. Es decir, las mujeres habitamos el espacio digital, pero cuando irrumpe la violencia, terminamos siendo aisladas de espacios que hoy son públicos y en donde se desarrollan diversas actividades. Hay países de la región que ya han regulado la violencia digital de género, como Argentina y México, con la denominada Ley Olimpia.
En este mismo periodo de la legislatura hemos avanzado, a través de la ley integral, al identificar un nuevo delito en el artículo 161 del Código Penal, que ya está siendo usado en varias causas. Estamos esperando poder tener un reporte completo, pero ya se ha invocado este delito para formular cargos en causas que llevan tanto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género como al Ministerio Público, sin contar, digamos, las representaciones particulares.
¿Qué hace este nuevo 161D? Sanciona a quien, sin autorización expresa, exhiba un registro de imágenes o sonido en que se represente una acción sexual o imágenes íntimas de connotación sexual, independientemente de cómo haya sido obtenido.
Sin embargo, desde el Ejecutivo –y compartimos esta opinión con el Ministerio Público– consideramos que esa norma requiere adecuación y mejora, para aclarar que se habla de la exhibición, envío, difusión o publicación de imágenes que han sido recibidas con el consentimiento de quien las envía, pero que luego, aun bajo la expectativa de que no fueran exhibidas, se transmiten tanto por medios privados como, a veces, en medios públicos. De esta manera, se distinguiría claramente este delito de otros ya regulados en el Código Penal.
Me refiero, en particular, porque esto tiene que ver con mayores de edad. ¿Por qué? Porque las imágenes o sonidos que representan una acción sexual, imágenes íntimas de connotación sexual, han sido abordadas por la judicatura como delitos; en el caso de menores de edad, se tipifican como delitos de pornografía infantil, como ha sido el caso de un colegio bastante conocido. ¿Por qué? Porque no importa el medio de generación, …
Obtención, en este caso inteligencia artificial, sigue refiriéndose a un niño o niña, ¿cierto? Pero es donde, con las mayores de edad, tenemos la mayor dificultad de procesamiento y abordaje de estas denuncias. Adquirimos un compromiso como Estado con la ley 21.675, pero esta es una ley marco, lo que nos exige una regulación que se adapte a nuevos medios de ejercicio de la violencia de género y que, por lo tanto, permita que estos nuevos tipos sean los más aptos penalmente para garantizar una persecución penal efectiva. Además, la discusión debe permitir identificar las acciones preventivas más efectivas; por ejemplo, y perdón que ponga un ejemplo de apoderada, está siendo cada vez más común el uso de redes sociales por parte de niñas y niños. Hace poco, una amiga tuvo que pedirle a otra apoderada que bajara de YouTube las imágenes de su hija, porque las niñas habían grabado una receta de queque. Sin embargo, al revisarlo, se constató que el canal de YouTube no era público ni estaba difundiendo el contenido, aunque los seguidores superaban los 50 y ninguno correspondía a compañeros de curso o de su edad.
Hay, pues, una parte importante que abordar en cuanto a la formación ciudadana en temas de violencia digital y los riesgos que esto conlleva. Esto nos parece una oportunidad para mejorar. En resumen, el 161D, tal como quedó redactado, permite una persecución penal más efectiva para abordar aquellos tipos que no fueron contemplados en la Ley Integral contra la Violencia, al tiempo que se buscan mecanismos para enfrentar este fenómeno social en el que tenemos distintas responsabilidades, siendo la formación un aspecto fundamental.
Sigue con el contenido específico el Ministerio de Seguridad.
Gracias, Ministra. Damos la palabra, entonces, al Ministerio de Seguridad a través de su subsecretario.
Muchas gracias, Presidente. Saludo, por su intermedio, a la Comisión. Efectivamente, como señaló la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, este es un proyecto que se ha trabajado en conjunto entre ambos ministerios. Fue parte del segundo fast track legislativo en materia de seguridad que se concordó entre el Ejecutivo y el Congreso en su oportunidad, tramitado por el entonces Ministerio del Interior y por el Ministerio de la Mujer en el primer trámite.
Una de las cuestiones que más interesa, en particular a este ministerio, además de la urgencia de abordar el problema, es que este proyecto viene a llenar un vacío de larga data en el Código Penal, ya que propone tipificar conductas que hoy día no se consideran delitos y, por lo tanto, no pueden ser perseguidas. En muchos casos, la Fiscalía nos comentaba que, por ejemplo, en situaciones de hostigamiento, tienen que recurrir a otras figuras legales—a veces con interpretaciones algo forzadas, como amenaza o injuria—precisamente porque no existe una conducta detallada que describa los hechos contemplados en el tipo penal propuesto.
El proyecto tipifica, en primer lugar, la exhibición de material íntimo sin consentimiento, figura que hoy día ya se encuentra en el Código Penal, conforme a lo señalado por la Ministra a partir de la ley 21.675 sobre violencia en contra de las mujeres, y sobre la que se ha estado trabajando para ajustar el texto legal vigente. Luego, se propone tipificar el delito de hostigamiento, siguiendo el modelo que ya emplea el Código Penal español; si revisan esa legislación, verán muchas coincidencias, al igual que en el anteproyecto de Código Penal, el último que se presentó y que está actualmente en trámite.
Asimismo, esta figura de hostigamiento contempla un tipo agravado cuando el hostigamiento consiste en el envío insistente de material sexual no solicitado. También se tipifica la difusión de datos personales para cometer otros delitos, conducta conocida como doxing, y se establecen agravantes comunes a esta clase de delitos. Se incluyen reglas de concurso, en particular una regla de subsidiariedad, que establece que, en caso de que los hechos sean constitutivos de una conducta más grave, se aplicará aquella medida. Se tipifican estos delitos como de acción penal pública.
...de la instancia particular y se modifica el actual artículo 214 del Código Penal, que sanciona la usurpación de identidad, para explicitar que esa conducta puede cometerse por medios reales o presenciales, pero también digitales.
Por último, Presidenta, señalar que se ha estado trabajando en indicaciones al interior del Ejecutivo que, naturalmente, quisiéramos conversar con esta comisión. En particular, la propuesta será la de ajustar y concordar las penas con los delitos actualmente vigentes, adecuar el contenido del proyecto de ley a lo establecido en la Ley 21.675 en relación a este tipo penal específico de difusión de contenido íntimo no autorizado e incorporar, y esto sí sería una novedad relevante, el delito de producción, exhibición y difusión de deepfakes, es decir, material de contenido sexual producido con inteligencia artificial; aclarando naturalmente que, cuando las víctimas de estos delitos son menores de edad, se estará a lo que establece el delito de producción y difusión de pornografía infantil.
Abordar los casos en que concurran varias de las agravantes especiales que contiene el proyecto, que me parece fue un comentario realizado por la senadora Pascual por su intermedio en la sesión anterior. Por último, otro de los comentarios realizados en esta comisión es el de recoger una regla de competencia jurisdiccional, dada la naturaleza digital de estos delitos, es decir, que pueden cometerse en varios lugares a la vez o, en muchas ocasiones, es difícil identificar el lugar en que se cometen. Se regula esa situación en particular. Esas son las propuestas que tendríamos y en las que estamos trabajando.
Agradecerles a la ministra y al subsecretario, y hacer una proposición, dado que se trata de un proyecto de artículo único, que fue ingresado al Senado en julio del año 2024 y presentado por primera vez en esta comisión en septiembre del 2024. Hoy día ya estamos, prácticamente, en la última semana legislativa del mes de junio, lo que nos permitiría aprobarlo en general ahora y dejar un plazo de indicaciones, ya que vamos a tener que trabajar en una mesa técnica con todos los asesores y los senadores, estableciendo como fecha máxima para recibir indicaciones el 21 de julio.
¿Y por qué quiero explicarlo? Primero, porque se trata de un artículo único. Segundo, porque todos estamos de acuerdo en que esta es una iniciativa de urgencia. Cada día que pasa hay más delitos informáticos de este tipo en Chile, y la situación hoy no es la misma que recuerdo cuando me tocó discutir la ley de una vía sin violencia. Imagínense: llevo, voy a cumplir siete años y medio acá, y han cambiado mucho las circunstancias. Por ejemplo, hoy día, y voy a poner un ejemplo de un país vecino, para las últimas elecciones hubo un expresidente que mandaba, llamaba a votar, lo que pudo haber confundido a algunas personas, haciéndoles creer que era él cuando no lo era. Esto podría, perfectamente, ser hoy día una herramienta para cometer este tipo de delitos contra niños, adolescentes y mujeres.
Por ello, solicito a los senadores, si así lo consideran, votar en general este proyecto para dar una señal de la importancia que tiene para el país la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Luego, dedicar este mes a la tramitación del proyecto de ley y a atender las indicaciones que se reciban hasta el 21 de julio. Si alguien no estuviese de acuerdo, escucharía sus argumentos.
Senadora Pascual:
—No, estoy de acuerdo. Lo que sí quería pedir es si puede repetirse la propuesta de plazo de indicaciones, por favor.
Senadora:
—Sería un mes, es decir, hasta el 21 de julio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proponer, como siempre se ha hecho, es trabajar con la Secretaría Técnica, es decir, con ambos ministerios, además de los asesores legislativos de cada uno de los senadores, a partir ya de la próxima semana. No quisiera perder la semana distrital, que es tan relevante por estar en terreno; pero ustedes pueden seguir trabajando acá para ir avanzando en las ideas que han propuesto tanto el subsecretario como la ministra.
Vamos a proceder a votar y, posteriormente, atender todas las consultas que sean necesarias. Espero que esto favorezca la instrucción. Sin duda, creo que este es un proyecto de sumo interés que, por supuesto, reviste urgencia y…
Pasar de los días es un retardo, porque cada vez las tecnologías son mucho más avanzadas. No tuvimos ocasión de, en algún minuto, presentar algún proyecto de esta naturaleza, por supuesto con un desfase importante en la Cámara de Diputados, y hay mucha emoción en relación a esto.
En relación a la propuesta, Presidenta, me parece importante entender que estamos con urgencia, pero igual yo me daría una semana más para votarlo en general, si es que es posible. Si me dan los argumentos, ni un problema. Lo digo sinceramente, ministra, porque llevamos un año desde que ingresó este proyecto al Senado. Entonces, para mí, del punto de vista político, no tiene mucha explicación: es que nos demos una semana. Quizás en una semana vamos a… no sé, porque estamos pensando en qué semana es; quizá la próxima semana, entonces son dos semanas. ¿Qué le decimos a la ciudadanía o a las mamás que hoy día están viviendo una situación en que sus hijos están siendo afectados por este tipo de violencia y que se encuentran con tratamiento psicológico, e incluso psiquiátrico?
Y por eso es importante debatir los temas. Es la primera vez que conozco el proyecto como senadora; no había tenido ocasión de revisarlo. Le pregunté a mis colegas—yo no estuve la semana pasada, pero entiendo que tampoco lo revisamos esa vez—y creo que existe un ánimo y un sentido de urgencia que es esencial en esto.
Me voy al contexto para preguntar lo siguiente: hay algunas legislaciones en el mundo que han abordado este asunto de una manera bien administrativa, más que legal. Es decir, el control de las plataformas hoy día es posible. Hay contenidos, y me refiero a latitudes como China, por ejemplo, y en otros países en donde existe un control absoluto de lo que ingresa o no por Internet. Es más, si uno, por ejemplo, pretende llevar un contenido político a Google, este lo detecta inmediatamente y lo hace pagar porque entiende que se trata de una campaña política. Entonces, uno se pregunta si efectivamente hoy día existen las herramientas tecnológicas para que, a través de normativas de tipo más institucional, se puedan impedir, por ejemplo, contenidos que tengan connotación sexual a menores. Yo no lo sé, pero me interesa saberlo, porque creo que el camino jurídico es relevante, el legislativo es importantísimo, y asimismo hay herramientas que permiten un mayor control, y yo deseo conocerlas.
Lo segundo tiene que ver con el ámbito de acción de este proyecto. Yo no quiero pensar—y también lo deduzco de las observaciones y presentaciones que han hecho la ministra y el subsecretario—que se haga solo referencia a imágenes de contenido sexual. Cuando hablamos de difamación o de información incorrecta, que muchas veces no es atribuible a personajes conocidos—porque uno sigue una cuenta y, en política, sabemos que se puede decir algo sin ningún fundamento, lo cual se propaga en la red de forma incluso peor que durante los temporales del día—, es fundamental dejar claro que no solo se hace referencia al ámbito de transgredir la dignidad humana o a la connotación sexual. Esto debe reflejarse en un contundente elemento que nos permita perseguirlo.
Y por último, también es importante, creo yo, conocer qué herramientas prácticas existen cuando se tiene evidencia—por ejemplo, en la referencia que hacía la ministra—de que alguien pudo haber tenido el consentimiento para grabar cierta imagen en el bolso, y hasta dónde llega el ámbito de ese consentimiento. Hoy día, Chile es uno de los países que tiene más aparatos celulares en el mundo; podemos tener la mejor legislación y el mejor proyecto, pero si no somos capaces de controlar efectivamente el anonimato, que es lo que está detrás de todo esto, la verdad es que va a ser bien complejo.
Entonces, si usted quiere, Presidenta, sin ningún problema podemos votarlo en general, pero creo que es súper importante tener esto claro para que, al momento de presentar las indicaciones, sepamos dónde abordarlo y, en mi caso, descartar que no existan otros mecanismos más ágiles, más urgentes y de persecución más inmediata desde el punto de vista de la administración estatal.
Solo aclarar dos puntos, sin problema: lo bueno es que esto no es dictadura, y de tal manera, si no hay opinión unánime y alguno de los senadores fundamenta el porqué no quiere aprobar la obra, no hay ningún problema. Solo se debe dejar constancia, para efectos de la historia de la ley, que esta fue presentada el 9 de septiembre del dos mil veinticuatro, que hubo exposiciones de los dos ministros que están aquí presentes —del administrador y del subsecretario— en el dos mil veinticuatro, y que estaba Loreto, en ese momento de Presidenta, estaba Claudia Pascual, quien hizo observaciones, y el señor Gustavo Sangüesa; es decir, este proyecto fue discutido al menos…
Se presentó. Ahora, obviamente, después hubieron otras urgencias, pero también entiendo que podemos cambiar las fechas y dejarlas para más adelante. Este es un proyecto que está vinculado principalmente a temas penales y que busca cambiar los tipos, detallar los tipos y aumentar, probablemente, las penalidades, aunque son muy bajas. No tiene carácter administrativo, sino que se enmarca en una función que podría realizar el gobierno de forma paralela en la administración del Estado, de modo que, aunque sean caminos distintos, ambos estén orientados a prevenir y fiscalizar que esto ocurra.
Entonces, le damos la palabra ahora a la senadora Pascual.
Gracias, presidenta.
Yo quiero apoyar la propuesta de votarlo hoy en general. Me parece que es importante porque, independientemente del desarrollo y del despliegue de las indicaciones que vendrán posteriormente, este es un tema que se demanda desde hace ya varios años para legislar. La ministra lo decía: el proyecto integral, el proyecto marco que garantice una vida libre de violencia para las mujeres, tenía como único tipo penal la tipificación de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aspecto que fue retirado para tratarlo aparte.
Por lo tanto, en este proyecto, en el que hemos ido postergando la discusión, creo que no nos hace bien como país, independientemente de los acuerdos o diferencias que tengamos en el contenido. Me parece muy relevante. Chile está rezagado en materia de legislación en estos ámbitos y, lamentablemente, estamos viviendo fenómenos muy complejos tanto en las comunidades escolares como en general. Quisiera comentar, por ejemplo, casos de personas vinculadas al mundo del espectáculo en 2015 y 2016, en los que no pudimos protegerlas adecuadamente porque no contábamos con un solo artículo del Código Penal del cual basarnos, por así decirlo de manera coloquial. Entonces, esto es una necesidad. Presidente, yo apoyo su propuesta de votarlo hoy; si podemos hacer un esfuerzo mayor para concluir antes con las indicaciones, mejor aún, estableciendo un plazo máximo y disponiendo de todos nuestros asesores y asesoras para llegar al mejor perfeccionamiento. No sé si, al concluir la exposición, podamos dejar algunas preguntas, ya que me quedó una duda.
—Sí, por supuesto, todas las que sean necesarias. ¿Algún otro senador desea intervenir?
Senadora: Sí, gracias, presidenta. A ver, empiezo diciendo que, si bien estoy de acuerdo en votar hoy en general, quiero hacer dos alcances respecto a lo que podría suceder si avanzamos en esa línea. Primero, que aunque se vote en general en el pleno, eventualmente alguien podría solicitar que se revise en otra comisión, ya que estamos hablando de tipificar delitos, por ejemplo, relacionados con la seguridad. Yo aprecio la Constitución y creo que bastaría, a lo mejor, con que esta comisión lo revise, pero puede que eventualmente se quiera ver desde la perspectiva de seguridad. Eso lo dejo sobre la mesa.
En segundo lugar, estoy de acuerdo en que, cada vez que se vota un proyecto en general, sin importar los años que lleve, es esencial que, durante la revisión en comisión, se escuche a los organismos involucrados en el tema que tienen algún interés —por ejemplo, la Defensoría—, para no tener que volver a debatir las indicaciones. Es decir, una vez que regresemos de la sala, deberíamos ponerlo en tabla para recibir las opiniones de quienes han pedido ser oídos o de quienes consideramos importante escuchar, antes de analizar en detalle el proyecto. Esto ayudará mucho a esa discusión y, eventualmente, a la redacción de algunas indicaciones.
Le pido a Pilar, ya que, no siendo abogada ni teniendo tantos años en el Parlamento, percibo que, siendo un proyecto tanto general como particular, no se requiere lo que se me ha planteado; pero le solicito a Pilar —que lleva muchos años en este ámbito— que aclare este punto.
Sí, presidenta. Este proyecto es de artículo único; por lo tanto, conforme a nuestro reglamento, se puede discutir en general y en particular, sin necesidad de llevarlo primero a la sala. Es una forma de agilizar el trámite sin dejar heridos en el proceso.
Porque le voy a recordar que hay dos solicitudes de audiencia respecto de este proyecto. Por lo tanto, se puede aprobar en general, se fija un plazo interno de indicaciones y, mientras tanto, se va escuchando a las personas que han pedido audiencia. Yo dije desde el inicio, cuando partimos, que era un artículo único y, por esa circunstancia, lo pedía. De todas maneras, esto no se trata de discutir sobre el procedimiento, sino sobre la importancia que tiene el proyecto, Senador Sangüesa, y si no hay unanimidad, no hay problema: en dos semanas más recién se votaría en general.
Senador Sangüesa: Sí, Presidenta, yo creo que es más relevante que, en vez de debatir si votamos o no, nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el procedimiento. Vamos a tener un tiempo de escucha, que claramente no debiese ser más de una o dos semanas, porque a través de las escuchas uno puede extraer las conclusiones de las indicaciones que se presenten. De esa forma, no nos quedamos solamente con la idea del círculo más cercano, sino que podemos recabar información, como la que hoy ha entregado la biblioteca en materia de estudio. Entonces, entiendo que, al tratarse de un artículo único, el proceso de votación es también único, ya que se vota en general y, en lo particular, se va votando en la misma ocasión. Eso es lo que creo, Presidenta, que debemos concordar, en lugar de debatir las fechas para la escucha y la presentación de indicaciones, que se fijó para el 21 de junio, julio y, de ahí, dar un plazo acotado para el proceso de votación.
Voy a responderle primero, Senadora Carvajal, al Senador Sangüesa: Yo mencioné que me parecía importante, por una señal política, dado que se trataba de un artículo único, votar hoy. No ha habido coincidencia y han surgido dificultades; por lo tanto, si se estima inconveniente, lo dejamos para dos semanas más. También dije que íbamos a discutir y escuchar a todas las personas que ya han solicitado audiencia y a las que ustedes deseen escuchar. Propuse, sin insistir, que, si a ustedes no les parece bien, lo dejamos para el 28 en lo de las indicaciones; ese es el tiempo en que se escucharán a los especialistas y se trabajará en comisión técnica, con todos los abogados, ustedes y el Gobierno, y, tras todo ese trabajo, en un mes más se ingresarían las indicaciones para luego ser votadas durante el mes de agosto. Eso es lo que yo dije y está grabado en el sistema. Si no se entendió bien, pido disculpas, pero estaba todo conversado previamente con Secretaría para poder ofrecerles una alternativa de trabajo para esta comisión.
Senadora Garbajal: Sí, Presidenta. Yo creo que, quizá, uno no se explica bien o puede interpretarse de maneras diferentes. Aquí, en ningún caso se pretende retardar un proyecto. La discusión en un espacio como el Senado o en el Parlamento en general implica disponer de tiempo para desmenuzar el contenido de un proyecto presentado por el Ejecutivo. Si bien hoy puede tratarse de un artículo, mañana podría pensarse que no sea solo un artículo, y esa es la posibilidad. Siempre ha habido disposición; efectivamente, este proyecto se presentó en general, pero me pregunto: en un año pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, este proyecto no contiene, hasta el momento, la implicancia que puede tener la inteligencia artificial, y hoy creo que hay que incorporarla de forma más concisa y decidida. Para ello, también debemos nutrirnos de información. Ahora bien, una semana más o dos semanas más no implica que vayamos a tener que abrir una discusión adicional sobre las indicaciones, sino que se trata de ampliar, muchas veces, el conocimiento y la percepción de los acontecimientos actuales, lo cual es relevante. Yo me quedo ahí, Presidenta, y no sé si habrá también un espacio para hacer las consultas. Reitero mi pregunta, particularmente al subsecretario de Seguridad Pública, en relación a lo que mencionaba hace un rato. Por supuesto.
Preguntas, ya me imagino, ¿hay alguien más de los senadores que tiene consultas a la senadora Pascual? Sí, lo primero es una pregunta en relación a los contenidos del proyecto. Cuando hablan de incorporar en el 161 del Código Penal la regulación de un régimen especial de solución de concursos, ¿lo pueden explicar más, por favor? Porque veo el comparado, digamos, que se hizo con el texto aprobado de la Cámara y no me queda tan claro cuál es la resolución de concurso.
Y lo segundo, presidenta, no sé si le parece, pero a lo mejor podríamos, si usted tiene a bien, estudiar que el lunes 30 de junio —que además tenemos sala, ya estamos convocados—, vamos a sesionar en Valparaíso; tener la Comisión de Mujeres con audiencia el lunes 7 de julio y, hasta, adelantar las indicaciones al viernes 18 para poder empezar. Yo, la verdad, propuse el día 21.
Senadora, primero ya teníamos planificado citar el 30. Si es necesario, conversaremos internamente con Carlos Senadores para ver si les parece bien reunirse aquí en la mañana o, directamente, si las citaciones resultan muy tempranas, el lunes en el Senado lo haríamos allá, tratando de que no sean paralelos para que asistan todos. Y, respecto al tema de las indicaciones, yo preferiría —ya he hecho una primera propuesta del 21—, pero aquí se ha escuchado que la mayoría de los senadores tienen mucho interés en ver en detalle las exposiciones. Entonces, puede que no alcance el tiempo para poder presentar indicaciones independientes, dado que el propio Ejecutivo ya tiene bastante avanzadas. Por eso, podríamos decidirlo el 30, ¿le parece, senadora? Veamos cómo se dan las cosas de aquí al 30 y, luego, retomamos el tema de los plazos e indicaciones para resolver cómo se va a tramitar el proyecto durante los meses de julio y agosto.
No sé si hay más preguntas; además de la senadora Pascual, entiendo que la senadora Carvajal también tenía consulta, la senadora Sangüesa, ¿la senadora Paulina Núñez tendrá alguna?
–No, estoy de acuerdo, presidenta, con esa fecha. Creo que… no, le dije que no tengo ninguna duda, y a propósito de que me dé la palabra, estoy de acuerdo con esa fecha porque, igual que usted, considero importante discutirlo. Solo insisto en que otra comisión pueda volver a revisar el proyecto para, ojalá, legislarlo rápidamente. Quiero decir solo eso: recién, yo no la había escuchado bien y tampoco la había revisado, cierto, lo del artículo único, pero entendiendo y conociendo perfectamente cómo funciona el mecanismo de votación —que evidentemente se votaría tanto en general como en particular— habría que considerar la posibilidad de que, al menos en esa sesión, podamos recibir a quienes debemos escuchar. Nosotros vamos a escuchar a todos los que sea necesario; tenemos un mes para escuchar a todas las personas y, si en algún minuto hay más quienes quieran intervenir, podremos extender la sesión media hora más en una comisión, con tal de que nadie quede fuera.
Ya hay muchas solicitudes de participación en esto y es muy normal que así sea. Ahora, vuelvo a insistir: no es por ser pedante, pero hace un año ingresó esto al Senado. Por eso me comprometí, a mí, conmigo misma y con la secretaria, a ofrecerles una alternativa que fuera eficiente, a fin de que esta comisión cumpla con el deber de avanzar en algo que es penal. A mí me encantaría, como dice la senadora Carvajal, que en paralelo se tomen otro tipo de decisiones administrativas, que no dependen de este Senado y que tienen que ver con temas tecnológicos, dado que efectivamente hemos hecho muchas leyes que hoy están vigentes respecto a estos temas y que se pueden discutir en paralelo, incluso en alguna sesión especial.
Ahora le doy la palabra a los ministros con las consultas que han hecho y, si hay algún senador que tenga alguna consulta más, me indique para poder darle la palabra. Muchas gracias, presidenta.
Bueno, independiente de lo que decida la comisión por su intermedio respecto a la votación o no, yo quería recalcar que, retomando un poco el hilo del 2024, efectivamente este proyecto de ley fue derivado inicialmente de la Comisión de Constitución, que, por su alta carga legislativa, no lo había puesto en tabla y, por lo tanto, se había definido que pasara, porque evidentemente está dentro de la especialidad de esta comisión. Ahora, independientemente de lo que resuelvan, nosotros manifestamos la disposición del Ejecutivo.