Nos ponemos de pie, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la Comisión de Salud de hoy, lunes 16 de junio. Partimos.
Señor Secretario, por favor dé lectura a la cuenta. Gracias, señor Presidente.
Han llegado los siguientes proyectos de ley. El segundo trámite que modifica la ley 21.020 para perfeccionar el sistema de identificación y registro de mascotas o animales de compañía, con urgencia calificada de suma. También ha llegado un proyecto de ley iniciado en moción de la Honorable Senadora, señora Fabiola Campillay, que declara el día 8 de junio como el Día Nacional de la Persona Electo Dependiente.
Urgencias. Han llegado tres discusiones inmediatas para el proyecto de ley para optar voluntariamente para recibir asistencia médica con objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Urgencia suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece FONASA y crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorgando facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Por último, urgencia simple al proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior.
Por último, se recibió un oficio de la directora del Instituto de Salud Pública de Chile, con el que se entrega información requerida por el senador Juan Luis Castro en relación al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud.
Solicitudes de audiencia. Se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia para exponer respecto del proyecto de ley sobre derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable: del abogado de comunidad y justicia, señor Roberto Astauruaga; del profesor de filosofía de derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Felipe Guido; de la académica de la Universidad Gabriela Mistral y Bioética, señora Francisca Reyes; y de la abogada investigadora de Idea País, señora Javiera Corbalán.
Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Senadora, órdenes.
Sobre la cuenta... Quiero decir que mañana vamos a tratar el proyecto de eutanasia, de tal manera que vamos a ir a definir cuál va a ser el procedimiento, digamos, una vez que el Ejecutivo presente las indicaciones, porque, dicho de esta manera, se trata de un proyecto prácticamente nuevo, hay mucha novedad y sobre el cual tendremos que opinar. Ahí veremos cómo vamos a dar espacio y en qué momento para las personas que han solicitado ser escuchadas.
Bueno, están claras las urgencias.
¿Puntos varios? Senadora, órdenes. Muchas gracias, presidente.
Yo quiero solicitar el acuerdo de la Comisión para enviar un oficio al Ministerio de Salud. Aprovecho de saludar a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, y a ambos subsecretarios que la acompañan.
En la región de Aysén está a puertas de concluir, o ya ha concluido, la obra que es la construcción del Hospital de Chile Chico, que es el centro de referencia para, en general, la provincia de General Carrera y para los habitantes del lago General Carrera. Y en ese contexto, si bien es una obra muy importante y un cambio significativo en la infraestructura del recinto hospitalario, hay una necesidad que han planteado el alcalde y los concejales respecto de contar con una unidad de diálisis. La distancia entre la ciudad de Chile Chico y el centro de referencia que es Coyhaique para este tipo de servicio es bastante grande y los pacientes se tienen que…
Condiciones que son bien complejas, sobre todo en periodo de invierno, porque no solo el curso del lago, sino también el camino que lleva hasta la ciudad capital. Por eso quiero solicitar que se evalúe la instalación de una unidad de diálisis para dar servicio a los pacientes de esa zona en el nuevo recinto hospitalario del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico. Muchas gracias, presidente.
Yo quiero, aprovechando que está la ministra con ambos subsecretarios, plantear una preocupación. Estamos en puntos varios desde la Región de Los Ríos, producto de lo que pasó el viernes en Panguipulli, lo que implicó la postergación del compromiso ministerial de iniciar el estudio del hospital de Manguipulli, que está postergado prácticamente para el próximo gobierno. De igual manera, se mantienen algunas indefiniciones respecto al Hospital Regional y al Hospital Base Valdivia; son cuestiones que dejo aquí para anunciar que las vamos a conversar, particularmente con el Secretario de Redes, a quien le compete directamente el operativo. Hay preocupación y molestia en la comunidad regional, y es un tema que creo debe ser tratado para ver cómo lo podemos enfrentar y colaborar a fin de concretarlo en definitiva.
Muy bien, sin más, vamos a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y modifica otras normas indicadas en el Boletín 17.375-11. A mi manera de ver, es el proyecto más importante que podrá tramitar el Ministerio de Salud, y queremos darle celeridad realizando los ajustes que estimemos necesarios una vez terminada la ronda de escuchas. Le agradezco mucho a la ministra que esté aquí con los dos subsecretarios, pues en contrapartida están los gremios y las instituciones involucradas en los cambios que, seguramente, se producirán con este proyecto. Repito, se tratará de darle toda la celeridad posible para que, efectivamente, antes de irse el gobierno, este proyecto quede –si no tramitado en su totalidad–, al menos aprobado por el Senado; pero tiene que salir bien. Tiene que ser un proyecto realmente de modernización, de mayor efectividad institucional y de mejor respuesta para el país.
Hoy tenemos invitados al presidente de la Federación de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSAP), don Ernesto Rojas; a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FEDASAP), doña Carmen Skaff (que está por ahí, a mis espaldas, Carmen); a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA (ANAF), doña Maribel González; y al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de FONASA (ANTUP), don Felipe Tamayo. Muy bien, me han pedido que, entiendo, que inicien los gremios de FONASA, que continúe don Ernesto y que finalice doña Carmen. ¿Me lo acaban de decir? ¿Es así? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Ahora, elijan ustedes: ¿inicia la ANAF o la ANTUP? ¿Tenemos las presentaciones, Evelyn? Están todas cargadas y además se encuentran en las tablas de los señores y señoras senadores. ¿Quién inicia, doña Maribel o don Felipe? ¿Felipe? Muy bien, don Felipe, le ruego por favor que utilice diez minutos para que todos tengan el mismo tiempo y queden espacios para preguntas y respuestas. Don Felipe, respecto a las personas que participan por Zoom, ¿asistirán activamente a la sesión? ¿Cómo se carga la presentación? La tiene doña Evelyn; ella es muy ágil en esta materia, y la verificaremos de inmediato.
Mientras tanto, aprovecho para agradecer la invitación y saludar a todas las autoridades aquí presentes, como ya se ha hecho anteriormente con los senadores, compañeros y también con los dirigentes de la Administración Pública, diversas asociaciones y federaciones. Cabe mencionar que estamos recibiendo un pedido crítico, producto de interpretaciones algo extrañas de la Contralora. Por ello, toda la fuerza, compañero, porque sin el sindicalismo es difícil que la sociedad progrese y crezca. Somos la única instancia que equilibra la cancha entre el patrón y el trabajador. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Esta reforma que estamos ahora viendo, digamos, en esta instancia, involucra básicamente esos cuatro aspectos principales: la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud; un fortalecimiento de FONASA –donde vamos a hacer mayor hincapié, por supuesto– y la otorgación de facultades a instituciones autónomas como el ISP y la CENAVAS; y, por último, la creación del Servicio Nacional de Salud Digital.
Esta reforma, que como trabajadores de FONASA nos plantea nuevos desafíos, se materializa en cuatro retos. En primer lugar, el traspaso de funciones del subsidio de incapacidad laboral o licencia médica a FONASA, que actualmente recae en las COMPIN, en cuanto a la revisión, análisis y fiscalización antes del otorgamiento del subsidio.
Adelante, nomás, caballero. Señor, mientras tanto, pregunto: don Camilo no falla nunca, viene a todas las sesiones, pero justo hoy no está. ¿Se sabe algo? ¿Podrá estar? Ah, está representando. Ya, muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Si devuelve la anterior, por favor. La lámina anterior. Ahí está, ya.
Respecto a las licencias médicas, es un tema que está muy en boca hoy día. Esta reforma –o, mejor dicho, yo lo veo como una mejora, más que una gran reforma estructural– es una reforma bastante procedimental que apunta a la mejora continua. Con el tiempo hemos observado una nebulosa en torno a las licencias médicas y una línea poco definida entre las COMPIN y FONASA; hoy día, como institución, queremos tener mayores facultades de atribución en este aspecto.
En cuanto a las compras estratégicas por parte de FONASA, se apunta a hacer la compra más eficiente, mejorando precios y la oferta, lo que implica una optimización en el proceso. Las herramientas que incentivan la productividad, que ya se están implementando desde hace un tiempo y estaban adscritas a una glosa presupuestaria, deben quedar formalizadas para las administraciones futuras.
Por último, algo muy anhelado por los usuarios de FONASA es el tema del prestador GES, que hasta el día de hoy depende de un reclamo y de un proceso bastante burocrático para optimizar la atención asistencial.
Ahora, la pregunta es: ante estos nuevos desafíos –que son cuatro–, ¿seremos capaces? A ver, ¿qué es lo que veremos acá? Un poco de demostración de la capacidad que ha tenido FONASA en el tiempo, sobre todo en los últimos lustros, en los que ha equiparado al Servicio de Impuestos Internos en el Premio Anual a la Excelencia Institucional, reconocimiento que se otorga a los tres mejores servicios públicos del año, donde FONASA ha encabezado este listado junto al Servicio de Impuestos Internos.
Adicionalmente, en los últimos dos años se han recibido premios de índole nacional e internacional que premian la capacidad de innovación del servicio. Es destacable el Premio Anual a la Excelencia Institucional obtenido el año pasado, en el que se presentó un sistema basado en inteligencia artificial para agilizar la revisión de la Ley de Urgencia, sistema que ya está vigente, funcionando y fortaleciendo nuestro servicio.
Esto, por supuesto, responde también a la necesidad de cerrar ciertas brechas que existen tanto en el ámbito laboral como en el institucional. Entre estas brechas se encuentra, desde el punto de vista estructural, el tema de los grados de inicio y de tope de nuestro DFL Planta, que ha quedado muy desmejorado.
Muchas gracias.
Con muchos servicios de la Administración Central del Estado, pero esto se agudiza también con los servicios de salud. Por ejemplo, vemos que el estamento administrativo –que es donde tenemos nuestro fuerte, es decir, las personas que atienden al público– solamente puede llegar al grado 14, mientras que en otros servicios de salud, como hospitales, ya pueden llegar al grado 12. En el Registro Civil, por ejemplo, los funcionarios administrativos alcanzan grados superiores, lo que evidencia una gran brecha.
También hay diferencias con otros servicios relacionados con asignaciones adicionales a la escala única de sueldo. Por ejemplo, si observamos los bonos de trato usuario, la asignación de fortalecimiento y la asignación de fiscalización: CONASA no cuenta con ninguna de ellas, en cambio, el Impuesto Interno posee bonos de trato usuario y fiscalización; los servicios de salud tienen bonos de trato usuario; el ISP tiene asignación de fortalecimiento; y tanto las Ceremis como el Registro Civil cuentan con dos de tres.
¿Cuáles son nuestras demandas? Tenemos pendiente, aún con la ministra, el tema del descanso reparatorio, que todavía no se materializa, y, por supuesto, esta asignación de fortalecimiento que viene a cerrar la brecha que se evidencia en las cifras. Estas demandas, afortunadamente, ya han sido protocolizadas y formalizadas a través de un protocolo firmado el 22 de octubre de 2024, en el que, con la ayuda de la ANEF –ahí está, Carmen Luz– se espera que, mediante la ley de reajuste, se aborde el tema del descanso reparatorio. En materia de cierre de brecha remuneracional, también está consignado que la asignación de fortalecimiento está en curso y ha sido solicitada al Ministerio de Hacienda.
Quiero mostrar algunos datos al respecto. Esta asignación de fortalecimiento viene a cerrar algunas brechas en los servicios públicos del sector salud. Está asociada a las nuevas obligaciones y facultades; no solamente estamos observando esta nueva reforma, sino que además nos hacemos cargo de la ley corta, que se implementa mediante esta modalidad de cobertura complementaria. Desde el punto de vista económico, esta asignación estaría rondando los 4 millones de dólares anuales. Y lo que nosotros queremos y pedimos es que dicha asignación sea equivalente –ojalá– a la que se consagra en la ley 20.865, que otorga la asignación de fortalecimiento para las áreas públicas.
Y aquí les pido que hagan el match: se solicita que algunos funcionarios de las COMPIN pasen a FONASA, en primera instancia, cerca de treinta y tantos compañeros. Por supuesto, ellos no querrán incorporarse a FONASA si ello implica ganar menos dinero. Por ello, la idea es que esta asignación de fortalecimiento equilibre, de alguna manera, esa mochila extra que tienen estos funcionarios, de modo que el traspaso de COMPIN a FONASA sea transparente para todos. Ojalá se haya entendido.
Respecto al descanso reparatorio, cada vez son menos los compañeros en esta situación; apenas 350 funcionarios, ya que la mayoría se está jubilando, están a la espera de estos 14 días, deuda que aún pesa sobre nosotros.
Queda poco tiempo para cerrar. La pregunta de fondo, que debería preocupar mucho al Ministerio de Hacienda, es: ¿cuál es el impacto de esto? No sé si pueden mostrar la última diapositiva, por favor. La diapositiva anterior… la siguiente también. Viene una animación; debería aparecer. Ahí está.
¿Qué hicimos? Rápidamente, tomamos la Ley de Presupuesto 2025, consideramos el subtítulo de gasto en personal, que en este caso es de 31.862.048, lo dividimos por la cantidad de dotación máxima autorizada y obtuvimos el siguiente resultado.
Vuelvan lo gráfico, ministro.
Bueno, aquí podemos ver que FONASA, para el Estado de Chile, significa –si no el peor, al menos el segundo peor.
Servicio público tratado por el Estado de Chile, ya que apenas el Estado invierte 25.029.103 pesos per cápita. Dividimos, tomamos el gasto en subtítulo 21, lo dividimos por la dotación máxima autorizada y obtuvimos esta sorpresa. Es decir, el Estado de Chile gasta más plata en el FOSIS, en los funcionarios del ISP, en los funcionarios de la Dirección del Trabajo, en la Dirección de Compras, y eso es lo que queremos, que se cierre esta brecha. Eso sería. Muchas gracias.
Sin comentario por lo pronto. Muy bien, le ofrezco la palabra a continuación a la señora Maribel González, representante de la Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA. Doña Maribel, por favor, sus 10 minutos.
Anaf. ¿Aló? Ahí sí.
Bueno, primero que todo saludo a todas las autoridades acá presentes: a la señora ministra, a los senadores, al subsecretario, a la subsecretaria, a nuestro representante de FONASA, don Matías Goyen Echea, y a las asociaciones de funcionarios y federaciones que se encuentran acá presentes, y a todos los funcionarios que nos están acompañando. Por favor, indíquenos cuándo desea que le cambie la lámina.
Nosotros, como Asociación de Funcionarios ANAP, queremos presentar primero quiénes somos. Somos una asociación de funcionarios que data del año 1994, contamos con 31 años de vida y representamos a todos los estamentos de nuestra institución: auxiliares, administrativos, profesionales y directivos en todo Chile. Del universo de funcionarios asociados a una de las dos asociaciones, poseemos un 62%, donde destacan principalmente mujeres jefas de hogar. Junto a la transversalidad de estamentos y la presencia nacional que tenemos, otra fortaleza es la capacidad de diálogo de ideas para aportar mejor a la gestión institucional y a sus trabajadores y trabajadoras, independientes de la administración de turno.
¿Qué hacemos en FONASA, las y los trabajadores que allí laboramos? Realizamos múltiples tareas, que van desde el pago de los subsidios de incapacidad laboral, con las transferencias de los recursos a las entidades pagadoras, hasta atenciones en terreno; pasando por la inclusión de prestadores al MSC, venta de programas, préstamos médicos, atención GES, aplicación de la ley de urgencia, acreditación, gestión de los programas “Panamá” y “MLE”, compra de medicamentos, asesoría de salud, adquisición de prestaciones, aplicación de la ley Ricardo Soto, atención virtual, convenios de diálisis y coordinación de grupos relacionados con el diagnóstico y los GRD. Estas son, entre otras, las gestiones de atención al público que realizamos en nuestras sucursales a lo largo del país.
Acá también se observa la población beneficiaria que tenemos en FONASA. Como seguro público de salud, cubrimos a más del 84% de la población. Como se aprecia en el gráfico, en el año 2014 contábamos con 13.399.822 beneficiarios, y hoy, en el año 2025, alcanzamos a 16.855.003 personas beneficiarias, lo que evidencia un aumento considerable en este periodo.
Asimismo, nuestra población beneficiaria a febrero del año 2025 es de 16.855.003 personas. Contamos con una caracterización general de la población que muestra diversos porcentajes, distribuidos en tramos de clasificación: tramo A, B, C o D. El tramo A, que agrupa a las personas carentes de recursos para salud, ha cambiado muy poco, mientras que los otros tramos han variado, en parte, debido a la llegada de mucha gente proveniente de SAPRE FONASA.
¿Con qué contamos nosotros para desarrollar nuestras funciones en FONASA? Nosotros en FONASA tenemos funcionarios. Desde el 2020 éramos 1.222 personas y en el 2025 somos 1.273. Como pueden ver, la cantidad de personas ha aumentado en aproximadamente 51 funcionarios. Tenemos sucursales a lo largo del país, distribuidas por direcciones zonales, el nivel central y la región de O'Kiggins, sumando 94 sucursales que atienden a todos nuestros beneficiarios.
También, como recordaba nuestro compañero Felipe Tamayo, en FONASA hemos recibido reconocimiento de la ciudadanía, destacándose en la encuesta ACADEM que reconoce a FONASA como marca líder en la categoría de sistema de salud. Además, FONASA obtuvo el premio Aboni a la innovación y los premios a la excelencia, como mencionó nuestro compañero presidente Felipe Tamayo.
Permito hacer una sugerencia para optimizar al máximo el tiempo y abordar los aspectos más sustantivos: eviten, para los siguientes expositores, repetirse, ya que de lo contrario se pierde valioso tiempo destinado a alcanzar su objetivo. Muchas gracias.
Ahí se presentan nuevamente los premios a la excelencia y, como dije anteriormente, hemos incrementado en 51 funcionarios entre 2020 y 2025.
Desde la creación de FONASA, los funcionarios han sabido ser flexibles, pasando del bono manual al electrónico, y han impulsado la creación del auge y la asesoría en salud. Nos enorgullece ser testigos de cómo se ha superado la imagen de ser simples cajeros de venta de bonos para transformarnos en asesores de salud y profesionales enfocados en importantes temas como los prestadores, el recartestoto, etc. También nos satisface el consenso de todos los sectores políticos representados, ya que contar con el 84% de la población en Chile otorga un poder de negociación directamente proporcional a todos los beneficiarios.
Como organización de los trabajadores y trabajadoras de FONASA, que estamos en ANEP, siempre hemos asumido desafíos. Esta ley no es la excepción, por lo que la respaldamos. Coincidimos en que deben venir nuevas reformas estructurales, y este es un paso en esa dirección. Por ello esperamos que se asignen recursos financieros para fortalecer la dotación de personal y el desarrollo digital.
Asimismo, enfrentamos el desafío de la modificación de nuestro DFL, que, a pesar de haberse reformado en 2017, presenta falencias que impiden el desarrollo de una carrera funcionaria eficiente en la institución. Es necesario que las futuras reformas permitan una mayor dotación, ya que, pese a contar con un número reducido de funcionarios, asumimos cada día más tareas, como las relacionadas con la MSC y el tema de las COMPIN, siendo que, a pesar de la salida de la ley de autoridad sanitaria, FONASA nunca ha recibido mayor dotación.
Las reformas futuras deben también considerar el presupuesto para infraestructura, puesto que, conforme se incremente el personal, se requerirán más espacios físicos tanto en las oficinas centrales como en las sucursales, que actualmente cuentan únicamente con los espacios destinados para los funcionarios presentes.
Por último, pusimos acá también el bono de trato al usuario, que en algún momento tuvimos, pero que fue favorecido mediante la Ley de Fortaleza.
Que nosotros no la tenemos y, si la tienen, la Ceremi—junto a varias otras instituciones de salud pública—, es algo que reviste especial importancia para nosotros. En algún momento volveremos a retomar este espacio, con la esperanza de que así pueda ser. Asimismo, como sabemos, van a ser traspasados funcionarios desde la COMPIN a nuestra institución, y nosotros esperamos que las personas que vengan tengan perfiles de flexibilidad, que sean clave en los procesos de transmisión de conocimiento para aquellos que no conocen a fondo el sistema. Ya sabemos lo justo para orientar a nuestros beneficiarios y materializar el compromiso de asignación de fortalecimiento, comprometido por la ministra, mediante un protocolo firmado el año pasado y que llevamos presente. Hoy, además, estamos en un oficio que fue remitido a la DIPRES, y esperamos que se concrete en un proyecto de ley. Ojalá ese proyecto salga lo más breve posible. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doña Maribel. A continuación, le ofrezco la palabra a don Ernesto Rojas. Al final de las cuatro exposiciones, si ustedes lo desean, podrán redondear algunas ideas que estimo complementarias, para dar paso a la opinión del Ministerio y a las conversaciones entre nosotros, senadores.
Don Ernesto, por favor.
Agradezco, presidente, a senadoras y senadores presentes, así como al ministro de Salud, a la subsecretaria y a la subsecretaria de redes asistenciales. Nosotros, como FENFUSSAP, representamos a 19 asociaciones de funcionarios de la Ceremi y Salud en 15 regiones, y somos uno de los integrantes de la mesa del sector público que negocia cada año con la autoridad. Desde su creación, sin presupuesto y despojada de su rol fiscalizador, la ministra que está acá sabe todo lo que hemos sufrido por esta nueva entidad. Esto es solo una introducción, presidente.
Hemos enfrentado en reiteradas ocasiones el desmantelamiento de nuestra federación por parte de la autoridad sanitaria y hemos indicado que la salud es un tema de seguridad nacional. La pandemia, a través de la prevención y fiscalización de la autoridad sanitaria, nos dio la razón, salvando miles de vidas gracias al trabajo de los funcionarios de la Ceremi de Salud en su labor fiscalizadora. Con PIN, el primer ente fiscalizador de esta institución, se duplicó la emisión de licencias médicas, alcanzando 8 millones el año pasado. Como respuesta, se ha trabajado con recursos precarios y falta de dotación; recordemos que en este Congreso se rechazó el aumento de 2.000 millones para fortalecer a PIN con la ley corta y, además, Hacienda recortó 5.500 millones de pesos al presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública este año. Esto resulta muy relevante para todas las funciones de la autoridad sanitaria.
En estos más de 20 años, esta institución ha experimentado intentos de desmantelamiento, incluso con propuestas de crear ministerios como el de Medio Ambiente, con rol fiscalizador. En las regiones del país, la Ceremi tiene que establecer convenios para llevar a cabo las fiscalizaciones; tanto la farmacia ICP como la Ceremi de Salud deben realizar estas fiscalizaciones en las regiones. Asimismo, en el reciente convenio con el Servicio de Obras Públicas se ha planteado, de manera directa, la anulación de algunas fiscalizaciones.
Actualmente, nos encontramos en una posible endemia por Aedes, en alerta sanitaria y con cero presupuesto. Lamentablemente, la autoridad sanitaria carece de recursos, pero hemos vigilado y detectado sectores que no han registrado contagios en nuestro territorio continental. Esa es la importancia de los trabajadores de la autoridad sanitaria, quienes también deben fiscalizar la ley de tabaco y el proyecto que viene relacionado con el vaso con agua.
Para fortalecer nuestra institución y proteger la salud de la población, hemos trabajado junto a la ministra y la subsecretaria en un protocolo y en un proyecto de nuestro DFL-5, correspondiente a la carrera funcionaria, el cual fue firmado por la ministra y entregado a la DIPRES en noviembre de 2023. Esto refleja lo que verdaderamente necesitamos: fortalecer la autoridad sanitaria y la COMPIN para evitar que un funcionario, encargado de fiscalizar licencias médicas, tenga que ser renovado constantemente a lo largo del año. Por la calidad y el prestigio, dicha labor debería formar parte de una carrera funcionaria.
Actualmente, la autoridad sanitaria cuenta con un 97% de contratados y solo un 3% de titulares. El proyecto, que ya se encuentra en Hacienda, está firmado por FENFUSSAP como parte de un compromiso asumido por todas las federaciones de la Subsecretaría de Salud Pública, y fue consensuado con el Gobierno en la última negociación, comprometiéndose a cumplirlo en el primer semestre. Así, se hará llegar a los senadores este compromiso del Gobierno y se forjará una historia junto a la ministra y la subsecretaria, logrando verdaderamente una carrera funcionaria para los involucrados.
Esta institución. Por lo tanto, mi frustración radica en no desmantelar el COMPIN y la autoridad sanitaria, y debemos fortalecer nuestra sede de salud justamente para cuidar la salud de la población. Cada peso que se invierte en prevención y fiscalización se multiplica en salud para la población. Ahora dejo a mi compañera Jennifer, directora regional, quien va a expresar justamente lo que nos indica en relación a la licencia médica. Le doy la palabra.
Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las autoridades presentes y también a los representantes de las y los trabajadores del sector salud. La presentación que vamos a mostrar se enfoca en poder dar respuesta a algunas de las interrogantes que se han presentado por parte de las autoridades en sesiones anteriores.
Primero que todo, queremos comentarles qué es lo que hacen los trabajadores de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. Nos dedicamos, siendo los 933 funcionarios que representamos a la CONFIN a nivel nacional, a revisar 49 trámites. Atendemos a usuarios con afecciones médicas afiliados a FONASA e ISAPRE; atendemos a padres, madres, embarazadas y cuidadores, a empleadores del área pública y privada, a personas en situación de discapacidad, escolares, bomberos, a profesionales habilitados para la emisión de licencias médicas y a cajas de compensación, entre otros organismos, para la obtención de beneficios sociales en materia de licencias médicas, fiscalización del buen uso de recursos públicos y certificación de estados de salud.
¿Qué actividades realizan las unidades de fiscalización de licencias médicas a nivel nacional? Revisamos denuncias por mal uso de licencias médicas y fiscalizamos a profesionales emisores de licencias a través de la Ley 20.585. También proveemos los talonarios de licencias médicas, tanto públicas como privadas; fiscalizamos la suplantación de identidad y las denuncias por hurto de talonarios. Además, fiscalizamos organizaciones criminales relacionadas con la venta de licencias médicas y la creación de empresas y/o contratos ficticios. Investigamos licencias utilizadas para viajar al extranjero, estudiar, realizar prácticas profesionales, actividades de voluntariado, entre otras. También realizamos visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento del reposo por parte de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud.
Coordinamos la realización de peritajes médicos de contralores de CONFIN, así como de aquellos especialistas externos en traumatología y psiquiatría. Se releva la importancia de contar con la opinión de expertos en esta materia, dado que la mayor cantidad de cotizantes del Fondo Nacional de Salud que tienen patologías de larga data en traumatología y psiquiatría muchas veces no pueden acceder oportunamente a la atención de un especialista. Por ello, contar con una revisión detallada por parte de un especialista permite un mejor pronunciamiento y una mirada global de la situación del usuario o la usuaria afectada.
También se fiscaliza el pago de subsidio por incapacidad laboral de aquellos trabajadores que no se encuentran afiliados a una caja de compensación. Según los datos expuestos por la señora Contralora, aproximadamente el 15% de las licencias médicas corresponden a personas sin afiliación a cajas de compensación y son revisadas activamente por los equipos de subsidio de las distintas COMPIN, entre otras gestiones derivadas de la realidad local en cada COMPIN a nivel nacional.
Siguiente, por favor. También se consultaba respecto a las responsabilidades en el ejercicio del buen uso de la licencia médica. Las COMPIN dependen principalmente de la Seremi de Salud, que es quien debe realizar la supervisión, coordinación y apoyo técnico y administrativo de las COMPIN del país. Solicitamos que, en la revisión de esta materia, se pueda constatar cuántos recursos dispusieron las Seremis de Salud para que las COMPIN pudieran desarrollar y llevar a cabo el trabajo al que están mandatadas hacia la comunidad; cuántos vehículos se han puesto a disposición a nivel nacional para verificar el cumplimiento del reposo y cómo se han fortalecido los equipos de fiscalización en el país. La responsabilidad de fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a la licencia médica está contenida en el Decreto Supremo Número 3 del año 1984, al igual que la responsabilidad del empleador de controlar el cumplimiento de la licencia médica de sus trabajadores y denunciar a la COMPIN en caso de mal uso.
El dato es tanto para los trabajadores del área privada como para los y las funcionarias del sector público. Los organismos públicos también están mandatados por ley a poner en conocimiento de CONFIN aquellos casos en que se sepa de un mal uso de licencia médica, cosa que a la fecha ha ocurrido escasamente. La responsabilidad del profesional emisor, como bien se ha mencionado en oportunidades anteriores, es quien certifica el estado de salud de un trabajador y provee el instrumento de la licencia médica, y la responsabilidad del usuario o la usuaria es hacer un uso honesto del beneficio social. Entonces, aquí se evidencia que el problema es más profundo que el sector público; a nivel nacional se identifica un problema cultural que involucra a varios agentes que propician la entrega, el uso y la fiscalización de la licencia médica, entre otros. Siguiente, por favor.
Respecto al mal uso de licencia médica con fines de viaje al extranjero, se señala y ratifica, como han mencionado tanto la ministra de Salud como la subsecretaria de Salud Pública en presentaciones anteriores, que desde el año 2023 en regiones se ofició a la Policía de Investigaciones para investigar dicho mal uso, principalmente en el proceso de investigación de denuncias presentadas por empleadores públicos y privados, así como también por personas naturales. La misma normativa establece que las COMPIN están mandatadas a fiscalizar el 100% de las denuncias que tengan en su conocimiento, y así se ha cumplido con las distintas comisiones de medicina preventiva e invalidez a nivel nacional. Siguiente, por favor.
Durante el año 2024, en una COMPIN se recibieron 1.065 denuncias, de las cuales el 100% fue revisado e investigado a cabalidad. Solamente 38 de esas denuncias correspondían a funcionarias y funcionarios del sector público, lo que representa un 4% de las denuncias, y el 96%—1.027 casos—corresponden a denuncias del sector privado. Esto ratifica lo mencionado en comisiones anteriores, donde se señala que, si bien se sanciona y se deja en evidencia que no puede haber una mala práctica de un instrumento público por parte de funcionarios del Estado, este problema es mucho más profundo y representa solamente la punta del iceberg de una organización criminal que se ha cimentado a nivel nacional en relación al uso de este instrumento. A modo de ejemplo, se comenta que durante el año 2025 una municipalidad denunció a tres funcionarios que hicieron uso de licencia médica con fines de viaje al extranjero. Se analizó el trabajo efectuado por la COMPIN, se efectuó el cruce de datos con la PDI, la COMPIN rechazó estas licencias médicas, solicitó la recuperación del subsidio por incapacidad laboral y se notificó al empleador y al Ministerio Público, lo que evidencia que efectivamente los trabajadores están realizando su función.
Brevemente, en relación con las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 21, se señala lo siguiente: además del peritaje médico, la visita al trabajador y la solicitud de antecedentes al profesional emisor, la normativa permite solicitar antecedentes al empleador y realizar cualquier otra medida competente para garantizar el buen uso de este instrumento. Lamentablemente, la normatividad vigente no establece la obligación de responder a la COMPIN ni plazos para ello. En general, una adecuada fiscalización se ve frustrada por la falta de respuesta de la contraparte, lo que impide detectar el fraude por mal uso de licencia médica.
Datos a considerar: se cuenta con 16 regiones y 346 comunas, abarcando 4.270 kilómetros, y solamente 61 funcionarios en el área de fiscalización para asegurar el buen uso de la licencia médica de más de 8 millones de licencias emitidas durante el año 2024. Más del 50% de estos funcionarios cumplen una doble función en las COMPIN, y la reducción presupuestaria de 5.500 millones en el último periodo impide implementar mejoras en la fiscalización de licencias médicas y el fortalecimiento de las COMPIN. Siguiente, por favor.
¿Qué se ha realizado en materia de fiscalización? Se preguntaba también si la COMPIN está realizando el trabajo para el cual estamos convocados: 61 funcionarios.
Realizaron más de 12.000 visitas domiciliarias y alrededor de 3.000 visitas por vínculo laboral. Esto para acreditar que efectivamente las empresas a las cuales se les están pagando estos subsidios de incapacidad laboral a través de sus trabajadores cumplan con los debidos requisitos, dado que muchas veces en una fiscalización nos damos cuenta de que, donde debiera haber una empresa, hay un sitio vacío y que en realidad nunca existió el servicio por el cual fue contratada esta persona.
Más de 2.000 fiscalizaciones de emisores de licencias médicas y, en un comunicado del Ministerio de Salud, se mencionaba la reducción del 53% de los grandes emisores de licencias médicas. Una reflexión de los trabajadores es que, a pesar del gran esfuerzo realizado, esto sigue siendo insuficiente para los más de 8 millones de licencias tramitadas en un año. Esta información ha sido recopilada desde los equipos de fiscalización de licencias, desde la Coordinación Nacional de COMPIN y el Ministerio de Salud, lo que denota una marcada sobrecarga a los equipos de trabajo que hoy se encuentran en el escrutinio público. Ciertamente, son solamente –y reitero– 61 personas las que están llevando a cabo esta labor a nivel nacional.
¿Qué proponemos como mejora? Un minuto, por favor. Claro que sí, Presidenta.
Estandarizar procesos a través de un manual actualizado de los trámites de COMPIN; automatizar procesos administrativos e implementar nuevas tecnologías; realizar estudios para medir y mejorar el rendimiento operativo a través de indicadores de gestión; realizar capacitaciones efectivas; considerar, sin duda, el aumento presupuestario para fortalecer la fiscalización y la certificación de discapacidad; y realizar una difusión masiva para prevenir y erradicar el mal uso de licencias médicas, con apoyo de prensa escrita, radio y televisión. Además, es necesario cruzar información entre servicios de salud, FONASA, PDI, Servicio de Impuestos Internos, Comisión Médica de Pensiones, Servicio Nacional de Registro Civil y las COMPIN. Aunque existen los instrumentos, estas instituciones no se comunican entre sí en tiempo real, lo que enlentece y entorpece una adecuada fiscalización del buen uso de la licencia. Y, además, hasta la fecha muchos de los procesos de las comisiones de medicina preventiva de invalidez se almacenan en una planilla Excel, lo que demuestra la vulnerabilidad de nuestros procesos.
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También es preciso actualizar las políticas que permitan robustecer el proceso de fiscalización. Esto está contenido en la letra E del artículo 21, que establece amplias facultades, pero no determina sanciones ni la obligación de los organismos, tanto públicos como privados, de responder. Se debe ampliar, formalizar y fortalecer a los equipos de fiscalización de COMPIN, restringiendo la doble realización de tareas. Dicho todo lo anterior, quiero dejar una reflexión: solo 61 funcionarios a nivel nacional, y una dotación que contempla el 0,1% de los funcionarios públicos contratados a nivel nacional, trabajando en COMPIN. ¿Podemos afirmar, con todos estos antecedentes, que los trabajadores de COMPIN no han realizado su trabajo?
Siguiente, por favor.
Respecto al proyecto de fortalecimiento a FONASA que traspasa funciones de la unidad de subsidio y Contraloría Médica, ¿puedo seguir? Muchas gracias.
La unidad de subsidio, y como se comentaba anteriormente –y creo que es muy importante destacar–, conlleva una gran responsabilidad, ya que se tendrá que dar respuesta a más de 8 millones de licencias médicas. Las unidades de subsidio no solamente realizan el cálculo de las licencias médicas de trabajadores y trabajadoras del sector privado que no se encuentran afiliados a una caja de compensación, sino que estos equipos son agentes activos ante la detección del fraude. Por ejemplo, revisan los estándares y parámetros establecidos en el DFL 44 de 1978 y por la Superintendencia de Seguridad Social para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para el pago de subsidio y la existencia de la relación de subordinación y dependencia, resguardando el buen uso de los recursos públicos.
Por su parte, las Contralorías y Precontralorías participan activamente en los procesos de fiscalización. Revisan el comportamiento de los médicos emisores y médicas, solicitan antecedentes médicos de respaldo, requieren a los equipos de fiscalización realizar visitas domiciliarias y participan activamente en peritajes médicos y entrevistas a emisores de licencias, entre otras actividades relacionadas con la fiscalización del buen uso de la licencia médica. A modo de ejemplo, hace un par de años, las Contralorías Médicas informaron a la Coordinación Nacional de COMPIN sobre el caso de fraude por médicos extranjeros que vendían licencias médicas.
En conclusión, si bien los trabajadores reconocen las deficiencias del sistema y que se pueden realizar mejoras al servicio, el trabajo conjunto de las distintas unidades de COMPIN propicia la fiscalización, el rechazo de las licencias médicas y la recuperación de su servicio.