Senado - Hacienda - 16 de junio de 2025

En nombre de Dios y de la Patria se abre la sección. Vamos a suspender un minutito, pero ya está abierto.

Vamos a reanudar, ya tenemos el quórum. Voy a pedir que le avisen igual al senador Lagos que eventualmente vamos a votar para que nos diga cómo está de sus tiempos. Ya se reanuda la sesión. ¿Cuántas, señora secretaria? No tenemos cuenta, presidenta. Entonces, pasemos a las materias que nos convocan. Tenemos un tema con el proyecto de artesanía. Lo digo, colega José Miguel Insulza, porque usted ha estado muy preocupado por este proyecto, que es un proyecto que, al menos a mí también en nuestras regiones nos han planteado, también al senador Galilea; por lo tanto, reitero que vamos a verlo. Tenemos que concordar con el Ejecutivo y estaba la asesora legislativa de la ministra en la sesión, quien tiene que presentar una indicación. Vamos a tener que ver en sala un nuevo plazo para aquello, porque hubo una descoordinación de los equipos y no llegó al día que habíamos pedido, por lo que hay que solicitarla nuevamente. Así que, para todos los que están viendo y que, además, la Asociación de Artesanos nos pidió poder participar, aunque sea telemáticamente en la sesión en su minuto, les vamos a extender, obviamente, la invitación para que eso sea así. Probablemente tengamos que verla el lunes 30 de junio, de regreso de la semana regional. Por ello, le pediría al Ejecutivo que, por favor, coordinemos el día en que van a presentar la indicación y que, con eso, nos permita, colega José Miguel Insulza, despachar este proyecto a más tardar el día 30 de junio, de regreso de la semana regional. ¿Les parece? ¿Así se acuerda? Ok. Y hoy tenemos dos temas que nos convocan. Uno, el tema del veto al proyecto...

Un misceláneo de permisos y otro de apuesta en línea. Para esos efectos, nos acompaña el Ministerio de Hacienda, a quien le vamos a dar la palabra. Partimos entonces por las observaciones al proyecto de ley que modifica cuerpos legales en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Nos acompaña la subsecretaria, Heidi Berner (no sé si está en calidad de ministra, pues es subsecretaria), que tiene la palabra. Señora Geytel, por su intermedio, salude a usted y a los senadores presentes de la Comisión. Tenemos una breve exposición para explicar los objetivos de este proyecto de ley. Señalamos que el proyecto de ley, ingresado a trámite en enero del 2025, tenía como principal objetivo clarificar el marco normativo aplicable, dado que era urgente dar certeza para impulsar la inversión, la productividad y la competitividad. Entre los objetivos se encontraba extender la prórroga de las patentes municipales provisorias establecidas en la Ley 21.353, que vencieron en septiembre del 2024, y ampliar la vigencia de dichas patentes de uno a dos años, con la posibilidad de prórroga adicional de un año (artículo 9). Asimismo, se acordó exceptuar la aprobación previa de la DGA a proyectos de vivienda de interés público que afecten cauces artificiales, incluyendo la reconstrucción de los incendios de Valparaíso (artículo 20). Se decidió también extender el beneficio del reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel de las empresas de transporte en portecarga, que vencía el 31 de marzo y se extiende hasta diciembre del 2026. En este proyecto de ley figura, además, la rebaja de impuestos de primera categoría al régimen ProPyme, que originalmente es del 25% y que, mediante este proyecto de ley, se reducirá a 12,5% durante el 2025, extendiéndose para el 2026, 2027 y a 15% en el 2028. También se encuentra el incentivo tributario a la inversión, prorrogado hasta por 10 años, hasta el 2035, y se alcanzó incluso un tercer trámite en relación con lograr una mejor ejecución de los programas de reconstrucción de la Región de Valparaíso. Todo lo anterior se enmarca en complemento a la agenda regulatoria que hoy se está votando en la sala del Senado, en materia de permisos sectoriales, y a otros proyectos de ley, como el presentado la semana pasada en esta Comisión, de modificaciones a la Ley 19.300, concesiones marítimas y monumentos nacionales. En el contexto de esta discusión, al llegar a las salas de ambas corporaciones, desde el Ejecutivo se decidió impulsar observaciones para suprimir dos normas del proyecto, por razones que a continuación expongo. Para poder despachar este proyecto de ley se requiere tramitar estas dos supresiones que está enviando el Presidente de la República. El primero está relacionado con el numeral 1 del artículo 22, que modifica el artículo 41 de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto agrega un inciso al artículo 41 de la Ley 21.600 de SBAP, excluyendo la provisión general de intervenir humedales en las acciones o en la infraestructura pública necesaria para resguardar la seguridad de la población, la conectividad, la infraestructura hídrica de consumo humano y la conservación misma del humedal, siempre que el SBAP, previa solicitud del Ministerio de Obras Públicas, autorice su ejecución. Ese es el texto en particular del artículo al que hago referencia. Esta norma fue incorporada en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, en su discusión en ambas cámaras se evidenció que presentaba distintos problemas. En particular, la norma no responde a ningún problema actual relacionado con la realización de acciones del Ministerio de Obras Públicas en los humedales, ya que la disposición aplica únicamente a aquellos humedales que sean declarados sitios prioritarios a partir de la entrada en vigencia del artículo 8º transitorio de dicha ley. Hoy no existe ningún humedal.

En esta situación, y el paso para traspasarlo, se amplió por disposición de este mismo proyecto de ley a cinco años desde la publicación de la ley de SBAP, es decir, a septiembre del 2028, por lo que la disposición no tiene efecto en el corto plazo. De mantenerse la norma, se generaría que los humedales, que además son sitios prioritarios, quedarían con una protección más baja que los humedales urbanos, en virtud de la ley 21.202, ya que los primeros podrían intervenirse con la resolución del SBAP para proyectos del MOB, mientras que las obras realizadas en humedales urbanos requieren ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. La norma no armoniza, por tanto, adecuadamente las facultades que tendrán el MOB y el SBAP con la entrada en vigencia de la ley que crea este último. La generalidad en la reacción podría llevar a permitir alteraciones que comprometan la integridad de los humedales en los casos no justificados. Por lo anterior, se requiere una revisión más profunda de la misma ley SBAP, lo que debe desarrollarse en un proyecto de ley independiente con análisis de la respectiva comisión temática. De hecho, parte del debate que se dio tanto en la sala del Senado como en la sala de la Cámara daba cuenta de la expertise de la comisión temática, la cual no había sido revisada durante la tramitación de este proyecto, que era más bien de simplificación regulatoria. Por lo mismo, hoy tenemos tiempo para trabajar en una mejor propuesta, considerando que en este mismo proyecto se amplía a cinco años el establecimiento de los humedales prioritarios. El segundo artículo es el artículo 33, que introduce modificaciones al Código de Agua. También, en la Comisión de Hacienda del Senado se incorporaron dos modificaciones al Código de Agua. La primera consiste en eliminar la prohibición absoluta para que la DGA autorice una nueva explotación de zonas de prohibición, de modo que pueda autorizarla o denegarla fundadamente; y la segunda, en incorporar una autorización transitoria para el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y para los cambios de punto de captación, de manera que no haya que esperar el pronunciamiento definitivo de la DGA para poder hacer uso de los derechos de agua respectivos en el nuevo punto. En la discusión legislativa también se levantaron aprensiones significativas sobre estas normas, lo que hace necesario retrotraer lo aprobado y abocarse a un estudio más profundo del problema y de sus posibles soluciones. Respecto a la posibilidad de autorizar nuevas explotaciones en zonas de provisión, se requiere un análisis técnico adicional que determine si la propuesta incrementa la presión sobre un acuífero protegido, y que, sobre la base de datos fiables, evalúe la carga administrativa que representaría tales solicitudes para la DGA. De lo contrario, podría sobrecargarse a este servicio con un pronunciamiento adicional, generando dificultades con el resto de las autorizaciones que debe tramitar. Respecto a las autorizaciones transitorias de traslado y cambio de punto de captación, no se ha considerado la complejidad que estas podrían presentar sin un mecanismo claro para revocarlas en caso de que no se conceda la autorización definitiva. Es importante recordar que la aprobación transitoria en este artículo se da con una revisión solo de la Junta y, posteriormente, con una revisión de la DGA. Por tanto, podría ocurrir que existieran obras y que, después de la aprobación definitiva, la DGA las revoque, lo que, por supuesto, genera riesgo de reclamaciones en contra de la DGA. Además, la norma tampoco define cómo fiscalizar las autorizaciones y el destino de las obras si la autorización definitiva se rechaza. Por lo mismo, consideramos que se requiere mayor detención y la participación de las comisiones temáticas para poder abordar este tema. El tercer tema es el inciso segundo transitorio del artículo segundo transitorio, que en realidad tiene que ver con el plazo de aplicación del artículo 33, siendo más bien un complemento respecto de dicho artículo, tal como se explicó en relación a la norma de la DGA. Por supuesto, tenemos una urgencia con el despacho de estas observaciones, porque...

Señalé al inicio: este es un proyecto de ley que contiene una serie de normas que requerimos que puedan entrar en vigencia de manera pronta, como es la rebaja del impuesto de renta de primera categoría al régimen PYME, y, por sobre todo, la prórroga del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al diésel de los transportistas de carga, que venció el 31 de marzo y ya debería estar siendo aplicado en los meses de abril y mayo recién pasados. Eso expreso por su intermedio y, por supuesto, también me acompañan la ministra de Medio Ambiente y el ministro subrogante del MOP, por si hay consultas más específicas a sus respectivos sectores. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Insurcio: Es una situación extraña porque este es un proyecto que fue presentado por el Gobierno y, según tengo entendido, tenía por objeto precisamente acortar los plazos y permitir que algunas cosas que realmente no se estaban haciendo siguieran realizándose. En mi región, por ejemplo, tenemos un humedal de 40 hectáreas que cuenta con 600 hectáreas de protección, y yo tenía la esperanza de que eso se ajustara un poco con estas nuevas normas. Pero el proyecto lo presentó el Gobierno y éste lo vetó. No voy a cuestionarlo; no creo que sea el momento. Además, ya se produjo un rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que no obtuvo los votos, mientras que los demás están aprobados. Por lo tanto, yo diría que, sin discutir demasiado estos problemas y esperando que el Gobierno mejore la legislación sobre la materia, lo aprobemos desde ya. No creo que tengamos mucho que hacer al respecto. Gracias, colega. Senador Macalla: Yo, lo primero que quiero hacer es un punto más bien político. Empatizando con la subsecretaria respecto a la necesidad de equilibrar todas las presiones que recibió durante la tramitación de este proyecto de ley —incluso los maltratos que hicieron que no la dejaran entrar a la sala, lo cual obviamente también compartimos—, me parece que las presiones a las que fue sometida fueron tan intensas que invirtieron una decisión que se había tomado en comisión. A mi juicio, eso es una alteración profunda de las reglas de la propia democracia. El veto, por sí mismo, representa una alteración de las reglas democráticas, debido a los quórums muy especiales que se requieren para efectos de su aprobación. También es, de alguna manera, una muestra de que nuestra institucionalidad aún favorece, en las reglas del juego, al presidencialismo y al Presidente de la República. Desde esa perspectiva, haciendo eco de los argumentos —sobre todo en lo que respecta al tema de la DGA—, y considerando el caso de los humedales, me parece que ese asunto es algo más discutible y que probablemente se le podría haber dado una discusión más profunda en una comisión técnica. Eso es cierto, y recuerdo, a propósito de la indicación y de los planteamientos que realizó en su momento el senador Felipe Kast sobre el tema de la DGA, que fue ampliamente discutido. A mí me llama la atención este cambio de postura en una situación en la que, hace pocas semanas, el Ejecutivo defendía lo contrario. Es por ello que no me quedo muy conforme con esta presentación, presidenta. Gracias, colega. Senador Galilea: Gracias, presidenta. A ver, yo tengo, como ya hemos conversado, una aprehensión primero conceptual que probablemente usted también abordará, relacionada con la procedencia o no del veto. Conceptualmente, el veto en la Constitución está establecido para cuando el Congreso cambia o modifica algo que el Ejecutivo quería hacer o incorpora algo que el Ejecutivo considera completamente inapropiado, de donde nacen los vetos supresivos, aditivos, en fin. Esto se debe a que existe una razón de fondo cuando el Congreso hace algo distinto o muy distinto, desde todo punto de vista, a lo que el Ejecutivo pretendía. Es una prerrogativa ejecutiva que representa una excepcionalidad, por supuesto, en nuestra norma y en la forma en que se hacen las cosas.

Comunes que se aprueban las leyes, a los quórums comunes que se aprueban las leyes. Y, por tanto, estaremos de acuerdo, Ministra, en que es una total anomalía, rareza, use la palabra que mejor le parezca, de que el Ejecutivo se vete a sí mismo. Y quería dejar eso como un punto. Ahora, yendo a ambos contenidos. El tema de los humedales: finalmente, el Ejecutivo ha ido cambiando los razonamientos en los cuales ampara este asunto. Lo que se discutió, la argumentación, ha ido cambiando y han tratado de buscarle algo que parezca más razonable para justificar el veto. Pero el tema de los humedales es el siguiente: el Ejecutivo dice que lo que pasa es que los humedales prioritarios quedarían con un estándar de protección menor al de los humedales no prioritarios, porque cualquier intervención en estos últimos tendría que pasar por el sistema ambiental, mientras que los prioritarios quedarían amparados bajo esta norma, que facilita, de alguna manera, que solo, en los casos excepcionales que establece la norma, se permita una intervención de humedales por parte de la autoridad. Yo, ahí, tengo un problema de base, Ministra, que es que me parece que la solución a esto no es el veto, sino que los humedales no prioritarios también tengan esta misma norma. Es decir, si usted hubiera puesto un veto aditivo en el que se aclare que los humedales no prioritarios operan también bajo esta misma norma, yo estaría completamente de acuerdo, porque lo que se está buscando acá es una simplificación regulatoria. No es que el MOC vaya a hacer cualquier cosa en un humedal, sino que tiene que hacer algo que tenga una cierta justificación y que, además, va a tener que tomar en cuenta lo que el propio SBAP le señale respecto de la protección y cuidados específicos que se deben tener en la intervención, por distintas razones, en ese humedal. Por lo tanto, yo tiendo a invertir lo que es el pensamiento ejecutivo. A mí me hubiera gustado algo aditivo de que hubieran quedado incluidos también los humedales no prioritarios. Eso, respecto de los humedales. Y respecto de la DGA y los puntos de captación, la justificación que se da, que ha dado la subsecretaria de Hacienda, es que nos dimos cuenta de que, si después se tiene que retrotraer la situación del punto de captación, podría ser complicada. La verdad, Ministra y Subsecretaria, no le veo ninguna complicación. Para empezar, esta autorización de puntos de captación, o de cambio de punto de captación, tiene como requisito que se hayan hecho todas las presentaciones, que no haya ninguna oposición a que esto ocurra, y, por tanto, es previsible; por eso la norma indica que no hay problemas. Además, la propia TGA puede establecer las condiciones por resolución administrativa, sin necesitar ley ni otro mecanismo, para operar los casos en que eventualmente se deba retrotraer un cambio de punto de captación, quedando a riesgo, por supuesto, de quien realizó una determinada obra en un punto distinto respecto del cual no hubo ninguna objeción, el que deba retrotraer la situación si aparece algún elemento no considerado en el momento en que se realizó este cambio. Por lo tanto, no comparto realmente las justificaciones de este veto, además de tener este problema conceptual sobre cuál es la razón de ser de un veto establecido excepcionalmente en nuestra Constitución. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, colega. Yo comparto todo lo que ha señalado el senador Galilea respecto de cómo abordar o cómo debió haber abordado el Ejecutivo estas dos materias, pero voy a ir a un tema previo. Yo creo que este veto es completamente inadmisible y me sumo a las palabras del senador Macaya respecto del punto político. Si nosotros aceptamos esto, la verdad es que estamos fijando un precedente, y el precedente es bien complejo, porque, por la vía de lograr un acuerdo con las distintas fuerzas y miradas, el Ejecutivo presenta una indicación para lograr que esto se apruebe y luego lo veta. O sea, tengo todas las de ganar, porque tengo la función...

exclusiva y por eso presentó la indicación y luego ocupó un veto que, la verdad, siempre ha sido como una facultad acotada y no como un poder de revisión libre, y por lo tanto me preocupa el precedente que estamos fijando, por eso creo que tenemos que irnos antes del fondo, vale decir, de cuáles son las materias. Y donde el senador Galilea ha hecho dos puntos bien relevantes, nos da la forma: ¿qué herramienta usamos para avanzar? Aquí, obviamente, el artículo 73 de nuestra Constitución Política de la República señala que en ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Esta limitación, por lo tanto, limita el veto respecto de materias contenidas en el mensaje presidencial, en la discusión y en las indicaciones que el propio Ejecutivo presenta. Ojo, estamos frente a atribuciones privativas del Poder Ejecutivo, y eso también se ratifica con la normativa de nuestro Reglamento del Senado, donde se señala en el artículo 120 que se entenderán por ideas matrices aquellas contenidas en el mensaje o moción respectiva, y toda indicación deberá guardar relación con ella. Las normas incluidas en el mensaje o las indicaciones del Presidente son parte de las ideas matrices y, por tanto, las indicaciones no pueden ser vetadas por el mismo Ejecutivo. Yo creo que, desde el punto de vista de la racionalidad y de la coherencia del procedimiento legislativo, este veto es completo y absolutamente inadmisible, y no podemos renunciar como Parlamento a que se respeten las normas que nos damos como legisladores. Más allá del tema de fondo, creo que hay un camino por donde se puede abordar, como lo señalaba mi colega Rodrigo Galilea. Me preocupa, además, porque creo que el gobierno dice una cosa y después hace otra; dice que esto atenta contra normas esenciales y principios fundamentales y que hay que resguardar, pero resulta que en la práctica diaria vemos que, en realidad, poco importan los humedales. Nosotros tenemos en Talca un humedal que ya tiene extracción de áridos sin haber presentado ni una evaluación ni ninguna declaración; no se ha recibido, por parte de la directora Valentina Durán del Servicio de Evaluación Ambiental, la defensa de personas que se preocupan por el humedal de Talca, y se avanza. Entonces, la verdad es que uno no entiende esta dicotomía. Sin entrar a mencionar lo que nos ha pasado en el lago Bichuquén, donde llevamos dos años pidiendo la intervención del Ejecutivo sin que nada haya pasado, vamos a perder, si es que ya no hemos perdido, una fuente de agua dulce. ¿Por qué? Porque unos ambientalistas reclaman que no hay que alterar el escenario natural, cuando la verdad es que el propio hombre lo alteró hace mucho tiempo; por eso hay que protegerlo. Entonces vuelvo a la dicotomía: decimos una cosa, pero terminamos haciendo otra, y yo creo que, de verdad, este veto es completo y absolutamente inadmisible. Colega, le doy la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Un saludo a usted y a los senadores. Señores senadores, yo diría que la razón principal por la cual se elabora este veto, y que escuchamos largamente en las discusiones en la sala, tanto en el Senado como en la Cámara, es que, creo, se ha manifestado tanto en la presentación de la subsecretaria como en los comentarios que he escuchado, que son dos temas muy complejos. Una es una modificación a una ley que estuvo 13 años en el Congreso, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; la otra es una modificación al Código de Agua, que también estuvo muchos años sin ser modificado. Y yo creo que la crítica principal es que estas discusiones no se dieron en las comisiones temáticas, donde se podrían haber mirado de manera integral y haber prevenido que una modificación en una ley miscelánea no alcanzara a hacer ese análisis completo, tal como la subsecretaria mencionó en este caso la relación entre la modificación que se…

Me voy a referir al tema de los humedales, que es lo que me corresponde a mí como ministra de Medio Ambiente. Una modificación que tiene la consecuencia de dejar distintos tipos de humedales con distintas protecciones, porque no se hace de manera coherente con la ley de humedales urbanos. Yo creo que esa es una de las críticas principales, y lo conversamos con el senador Galilea cuando intentamos en la sala del Senado rechazar este artículo en particular. Adicionalmente, y pensando en que esta ley miscelánea está regulando y simplificando con un propósito bastante claro –lo vemos por los otros ejemplos de artículos que se regulan, que debían realizarse de una manera rápida y que pasan, además, por la Comisión de Hacienda–, en el caso del artículo 41, efectivamente en la práctica no está vigente, porque hoy en día no existe ningún sitio prioritario definido. La ley nos daba dos años, que se cumplían en septiembre, y de hecho, con la modificación, entendiendo la dificultad y complejidad de declarar sitios prioritarios, incluso lo hemos extendido a cinco años más. Así que el propósito de esta modificación es resolver un problema que en la práctica no existe hoy en día. Y esa también, senadores, es la razón por la cual, obviamente, aquí no hubo un veto aditivo: uno, porque la ley tiene que resolver cosas urgentes, y nuevamente, porque esta discusión se tiene que dar en la comisión técnica correspondiente, que sería la de Medio Ambiente o, por último, la de Recursos Hídricos, en una discusión que tiene que poder mirar el conjunto de las leyes asociadas a la regulación de humedales en el país. Senador Macaya. Gracias, Presidenta. A ver, bienvenido… Sí, pero estoy dando la bienvenida. Estaba antes de… cuando se dio el regio, usted no había llegado todavía. Aprovecho solo a lo que pone que se integra el grupo. Gracias al senador Lagos. Oye, tuvimos una amplia discusión respecto de algo que es una ley miscelánea. A propósito de lo que usted ha señalado respecto de las comisiones que se debieran ver en las comisiones técnicas, este proyecto de ley tiene temas en materia de patentes municipales, que podrían reclamar los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior. Tuvimos una amplia discusión sobre el tema de la reconstrucción y vivienda en Valparaíso, que también la Comisión de Vivienda podría reclamar que se tiene que ver en esa comisión. O sea, el argumento de que esta comisión – tratándose de una ley miscelánea y entendiendo que es una cuestión excepcional hacer una ley miscelánea, ya que en general las leyes son específicas salvo la ley de presupuestos que se hace todos los años – correría y sería quizás válido si no se tratara de una ley miscelánea. Pero en este proyecto se vieron tantos temas que muchas otras comisiones podrían haber reclamado temas de vivienda, de gobierno interior y otros, por lo que ese argumento no me parece válido. Yo, además, hago míos los argumentos políticos de que el veto debiera ser una cuestión muchísimo más excepcional y mucho más conversada cuando se presenta. Muchos nos vimos sorprendidos porque, además, fuimos testigos del maltrato hacia la subsecretaria de Hacienda y, finalmente, después de ese maltrato, se presenta un veto, una mala señal por parte del Ejecutivo respecto a lo que le tocó defender a la subsecretaria en el Senado. Así que, por lo tanto, no me parecen bien esos argumentos, y es la razón por la cual, personalmente, no voy a votar favorablemente este veto. Señor Galilea. Gracias, Presidenta. Quería hacer un comentario aparte de lo que es propiamente el veto, ya que usted lo mencionó. El tema Bichuquén, Laguna Torca, ministra, es a juicio nuestro – a juicio de los vecinos de allá – absolutamente grave. Los que hemos tenido que lidiar con el problema Bichuquén, de aguas van, aguas vienen, mareas que…