Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 11 de junio de 2025

Si la patria se abre la sesión, estimados, saludamos a los senadores que nos acompañan, y a la estimada secretaria la cuenta. También saludamos al senador Castro que viene entrando. Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta: dos oficios del ministro de Transporte y Telecomunicaciones. El primero da respuesta al oficio en el que se solicitó la nómina de vehículos comercializados en Chile y sus respectivas versiones, modelos y condiciones técnicas que cumplirán con las condiciones específicas en lo relativo a la potencia para operar como vehículos adscritos a una empresa de aplicación de transporte, una vez que entre en vigencia la Ley número 21.553. Luego, otra respuesta del ministro de Transporte en relación a la situación que afectó a la señora Claudia Chandía, persona con movilidad reducida, a quien Sky Airlines impidió abordar un vuelo, y que también informa sobre las normas relativas a las condiciones físicas de los pasajeros y las exigencias diferentes que pueden imponer las aerolíneas para el acceso al transporte aéreo. Después tenemos tres comunicaciones: la primera, del director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, señor Cristian González, mediante la cual expone su participación en la sesión de hoy por compromisos adquiridos previamente; otra, de uno de los representantes del Consejo Superior del Transporte, que solicita exponer ante esta comisión acerca del proyecto de ley de cabotaje; y una solicitud de audiencia del general de Armasur, señor Manuel Bañara, para exponer en relación al mismo proyecto, además de una nueva solicitud de audiencia para la misma materia de la Asociación Nacional de Armadores. Muchas gracias. Respecto a la cuenta, ¿alguno de los senadores tiene algún comentario? Yo solo quiero, antes de darle la palabra al senador Bianchi, indicar que el día de ayer tuve la posibilidad de conversar con los representantes de los camioneros, quienes estaban inquietos por el punto que manifiestan en la carta en la cual solicitan ser escuchados en la comisión, respecto a la integración del transporte terrestre en el servicio, que, según lo que conversé con mi asesor, no habíamos abordado hasta ahora en la discusión. No sé, secretaria, ¿hay espacio para recibir audiencias o hay que acordarlo como comisión? Presidente, ayer los asesores del presidente de la comisión vinieron a la oficina a hablar conmigo. Me dijeron que el presidente lo que quería hacer era una sesión con ellos, ya que tenemos diversas solicitudes de audiencia. Si quiere, le doy lectura de las que tenemos, aparte de las de hoy: la del presidente de Citrach, la del gerente general de la Cámara Aduanera, la del representante del Consejo Superior del Transporte, la del gerente general de Armazur (registrada hoy) y la de la Asociación Nacional de Armadores. Ellos me decían que la intención del presidente sería, probablemente en la próxima sesión, realizar una audiencia con ellos para después iniciar el estudio en particular del proyecto de ley. Muy bien. Esa es la decisión del presidente, ¿cierto? No tiene por qué aprobarlo. Perfecto, pero está bien. Lo que yo quería colocar en la mesa de la comisión era la posibilidad de tener una apertura para poder efectivamente escuchar las últimas audiencias, particularmente sobre algunos puntos en los que, aparentemente, no hemos hecho acento en la discusión hasta ahora. La comisión le da la venia a la decisión del presidente titular, estimada presidenta. Ahí viene el presidente titular. Presidente: Compañeros de comisión, hay un tema que me parece absolutamente relevante y que es un anuncio que hace el gobernador de Chubut, respecto de la pretensión de una compensación que se quiere hacer de un cobro por el uso de la Ruta 40 en la provincia de Chubut a los camiones chilenos que transiten por esta ruta. Voy a esperar que el presidente...

Buenos días, adelante, buenos días. Es un tema que conversamos ayer, presidente, y creo que es atingente poder tocarlo en distintas comisiones y también entablar las conversaciones pertinentes con Cancillería respecto de este cobro que pretende hacer el gobernador del Chubut por el uso de la Ruta 40 a los camiones chilenos. Recordemos que se utiliza la Ruta 40 no sólo por los camiones chilenos, sino que también los argentinos hacen uso de nuestra Ruta Fueguina, y en los últimos 10 años se ha invertido cerca de 420 mil millones de pesos chilenos para mantenerla en condiciones adecuadas. La Ruta 40 es un desastre. Si bien es cierto que el gobierno del presidente Minley le dijo que no al gobernador del Chubut para poder arreglar la ruta, eso no justifica que se cobre a los chilenos que transitan por allí. Tenemos tratados internacionales que deben ser respetados, entre ellos el acuerdo de Transportes Internacionales de la AIT, firmado en Montevideo en los años 80 por países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Por tanto, es un tema que nos compete a todos, pues no solo se trata de una provocación del gobernador del Chubut, sino que además evidencia la ignorancia respecto de los tratados suscritos, lo que podría convertirse en una amenaza para otros países sudamericanos que forman parte de este acuerdo internacional. Espero, no sé si hay alguien del Ministerio de Transporte, que se preocupe por esta situación, ya que es una oportunidad para repensar la conectividad que tenemos en el país, para unir Chile por Chile, no sólo en lo comercial, sino también en defensa de nuestra soberanía. Debemos resguardar la capacidad de mantener la conectividad con el resto del país, tal como lo hicimos en algún momento con la conectividad digital, cuando contábamos con la fibra que llegaba desde Argentina y luego la fibra oceánica que llega desde Chile. Estos elementos son esenciales por razones de seguridad y soberanía nacional. Es por ello que oficio al Ministerio de Transporte para revisar esta situación, ya que el gobierno aún no se ha pronunciado al respecto. Hace pocos días, a Argentina se le ocurrió cobrar un seguro de salud que rompe la reciprocidad en países hermanados, a pesar de ser fronterizos. Hay chilenos que, para llegar a Chile, deben atravesar Argentina y se les está cobrando este seguro, afectando a personas que realizan trámites de pensión y cobran pensiones. Es necesario prestar atención a esta situación en los lugares fronterizos donde se da esta relación, ya que, viceversa, podríamos terminar perdiendo ambos países debido a estos cobros, fruto de la ineficacia y la impertinencia de las autoridades locales, sumado al lamentable silencio de nuestras autoridades nacionales. Hubo un cobro reciente en el que, aparentemente, Chile no dijo nada, y ahora llega un gobernador y, desconociendo el tratamiento nacional, nos dice: "acá le vamos a cobrar a los camiones chilenos para mantener ese desastre de ruta". No lo podemos permitir. Espero que se pronuncie al respecto, así como yo haré lo propio con el resto de los ministerios, en este caso con el Ministerio de Transporte. Ya se han desarticulado los corredores que garantizaban una conectividad "Chile por Chile", pero al menos debe existir un pronunciamiento que respalde y apoye las acciones de los transportistas de nuestra región y del país. Gracias, presidente. Gracias, senador. La verdad es que yo también quería tocar este tema, ya que se presenta en las declaraciones del gobernador del Chubut, quien pretende cobrar a los camioneros chilenos que transitan por la Ruta 40, es decir, un peaje exclusivo para ellos. Ustedes saben que toda la conectividad terrestre de Magallanes se realiza a través de Argentina, de la misma manera que Argentina depende del tránsito terrestre hacia la provincia de Tierra del Fuego. Esto va en contra de los acuerdos internacionales vigentes, en particular del acuerdo de Transportes Internacionales de la AIT, que en su artículo 15 establece que no puede haber discriminación entre los camioneros de distintos países. Es decir, si se establece un cobro por peaje, este debe aplicarse de manera igualitaria a todos, tanto argentinos como chilenos, sin discriminación en el trato de quienes circulan por un país.

Que esté suscrito a este acuerdo internacional, por lo tanto, acá hay un problema que está desconociendo el gobernador de Chubut. Así que a mí me gustaría que oficiemos también a la Cancillería para que vea este tema y, asimismo, al Ministerio de Transporte, porque es un asunto grave que puede tener repercusiones. Yo me acuerdo que hace muchos años había un acuerdo que teníamos con Argentina, no sé si era un acuerdo político o estaba escrito, en el que se estipulaba que nosotros teníamos que arreglar los caminos para que ellos transitaran hacia Tierra del Fuego y, a su vez, ellos debían mantener en buen estado los caminos correspondientes al tránsito de los chilenos. Así que es lo que plantea el senador Bianchi y yo quería pedir el acuerdo para oficiar tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como al Ministro de Transporte sobre este tema. No sé si habría acuerdo. Pasamos entonces a la tabla. Nos estamos citados para continuar con el estudio del proyecto de ley en el segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Una consulta en la apertura… ¿en la cuenta hubo algún tema específico? Ah, ya, perfecto. Sí, perdón, hay un tema ahí que aparecieron varias y me llamaron incluso por teléfono, un poco por el asunto relacionado con el cabotaje y por tu indicación sobre los menos de 400. Entonces, están todos preocupados porque se generó un punto que no había sido discutido antes. Para tratar este tema, tenemos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades al director de seguimiento legislativo, señor Miguel Moreno. Adelante. También contamos con la participación de la Asociación de Municipalidades de Chile, representada por el presidente y alcalde de La Reina. ¿Está también acá o se conecta por Zoom? Bueno, pues estamos… Adelante, señor Miguel. Don Miguel. Gracias, presidente. En primer lugar, saludo a todos los integrantes de esta comisión y, por cierto, estoy muy agradecido por la invitación que nos han dirigido para opinar sobre este importante proyecto de ley que se relaciona con el mundo municipal. Soy portador de la excusa del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Gustavo Alessandri, quien, por motivo de agenda, no ha podido estar presente. Senador, presidente, yo no traje computador, pero envié la presentación para los efectos; ahí la van a poner. Cada uno ya la tiene, espero que la entreguen oportunamente. Bien, en primer lugar nosotros quisiéramos señalar que, en términos generales, los cables en desuso en los postes no solo representan un problema desde el punto de vista estético, sino que constituyen una real amenaza por la posibilidad de caída de dichos postes, lo que produce cortes prolongados de luz.

Y accidente de los peatones. La acumulación de estos cables en desuso se produce, en gran medida, porque a las empresas de telecomunicaciones les resulta más económico dejar los cables que no usan antes que retirarlos. Esto se debe, en general, a que nuestra normativa interna, la Ley de Telecomunicaciones, no regula con precisión esta materia; por tanto, existe una debilidad en la regulación aplicada a estas empresas. Al observar, por ejemplo, la legislación comparada a nivel internacional, se concluye que, en algunos lugares del mundo, está regulado el retiro de los cables en desuso, de modo que las empresas, mediante la normativa correspondiente, internalizan el costo negativo del impacto que supone dejar los cables sin uso colgados en los postes. La Ley de Telecomunicaciones actual no detalla los casos de excesos ni precisa esta materia, por lo que resulta necesario dar solución a este vacío legal a través de una ley que establezca claramente que las empresas de comunicaciones deben evitar que los cables sin uso permanezcan colgados en los postes. En términos generales, los antecedentes que queremos entregar son los siguientes. El 20 de agosto de 2019 se publicó la Ley 21.172, que modifica la Ley 18.168, la actual Ley General de Telecomunicaciones, encargada de regular el tendido y retiro de estas líneas aéreas. Dicha ley, conocida comúnmente como la "Ley Chao Cables", tiene como objeto dar una solución al sobresaturado sistema de cableado aéreo en el área urbana. Cuando se analiza el marco regulatorio que rige las actividades relacionadas con los cables en desuso, se concluye que, en primer lugar, se cuenta con la Ley 18.168 (Ley de Telecomunicaciones) y, en segundo, con la Ley 21.172, que establece las normas para el retiro de los cables. Sin embargo, es importante señalar que esta última, a pesar de haber sido promulgada, aún no cuenta con reglamento, lo cual dificulta que los municipios dispongan de las herramientas necesarias para retirar estos elementos aéreos. Además, está la Ley 21.678, que garantiza el acceso a Internet como servicio público. A pesar de este marco jurídico, se ha instalado el Boletín 17.042-15, que en estos momentos se analiza como proyecto de ley y que otorga atribuciones a los municipios para el retiro de los cables en desuso. En términos generales, este boletín señala que, en caso de que la empresa concesionaria o permisionaria no proceda al retiro requerido dentro del plazo, los municipios podrán retirar dichos elementos a costa de la empresa, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados y siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto Ley 3600.

Sobre ley de renta municipal. En el caso de que no se pague la acción de retiro de cables en desuso por parte del municipio, existe un título ejecutivo que emite el secretario municipal para que, judicialmente, se pueda cobrar el trabajo de retiro de dichos cables. Este proyecto de ley señala que la municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios, siendo ésta responsabilidad de la concesionaria o permisionaria en caso de que se afecten los servicios durante el retiro de los cables sobre los postes. Asimismo, se establece que la empresa responsable o propietaria del poste debe brindar a las municipalidades el apoyo técnico. El objetivo de este boletín es restablecer la competencia municipal para el ROT, que retira y ordena los cables en desuso, fortaleciendo la seguridad pública y la gestión del espacio urbano rural. En el supuesto de que los cables en desuso no puedan ser identificados, el municipio notificará a las empresas concesionarias o permisionarias las fechas para el retiro, traslado u ordenamiento de dichos cables, y el costo correspondiente será cancelado por partes iguales por dichas empresas de telecomunicaciones. Es decir, si no se logra identificar el cable, el municipio asume la responsabilidad de retirarlo, tal como establece el proyecto de ley, y entre todas las empresas presentes en la comuna, en el ámbito de la transmisión vía postes, será la responsable la empresa de telecomunicaciones de pagar el costo inherente a ello. A continuación, se detalla la ruta del procedimiento, la cual es muy didáctica: para el retiro, ordenamiento y traslado se requiere un requerimiento del municipio, a través de SUBTEL, que notifica y entrega un plazo igual o menor a 30 días. Si dicho plazo no se cumple, el retiro, ordenamiento o traslado obliga al municipio a agendar el retiro y a comunicar la fecha y el costo de la actividad. Una vez ejecutada la actividad por el municipio, la Secretaría Municipal emite un certificado de costo y, posteriormente, se cobra el reembolso de manera obligatoria; de no pagarse, se actúa mediante el título ejecutivo. Los municipios se enfrentarán con este proceso en dos etapas: cuando el cable esté identificado y cuando no lo esté. Si el cable, teóricamente, está identificado, SUBTEL notifica a la concesionaria o permisionaria, la cual debe retirar, trasladar u ordenar los cables instalados en los postes; y, en caso de inacción, el municipio podrá retirar o ordenar los elementos a costa de la empresa responsable de contar con los cables en desuso. Por otro lado, si el cable no está identificado, el municipio notificará a todos los concesionarios o permisionarios autorizados en la comuna, indicando la fecha, el costo y el retiro, exigiendo un reembolso por partes iguales a todas las empresas. Al ingresar este proyecto de ley por la Cámara de origen, es decir, la Cámara de Diputados, se observa su importancia: en primer lugar, define un procedimiento para el traslado, ordenamiento o retiro de los cables de sus; y, en segundo lugar, establece que los costos deben ser reembolsables, de manera que se integren a las arcas fiscales mediante la Ley de Rentas Municipales.

Los municipios deberán ejecutar el procedimiento del ROT, pero serán las empresas permisionarias o concesionarias quienes solidariamente cancelarán al municipio el costo de este procedimiento. El secretario municipal entregará el título ejecutivo de dicho cobro. Esa es la importancia, desde la mirada al mundo municipal, de lo que aprobó la Cámara de Diputados al proyecto de ley. Creemos que el proyecto de ley realmente apunta a tener ciudades más limpias de escombro aéreo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las personas. Además, busca evitar el fracturamiento en la postación por sobrecarga. Permite que la ciudadanía pueda demandar el retiro de los cables ante los municipios y autoriza a estos a retirar los cables en caso de que las empresas no lo hicieran. Cuando el municipio retira, ordena o traslada los cables en desuso, las empresas propietarias del poste deben brindar el apoyo técnico para que el cometido tenga éxito. Asimismo, se señala que este proyecto de ley entrará en vigencia en forma inmediata. Conclusiones desde nuestra mirada: pensamos que las redes de telecomunicaciones no tienen inteligencia y no se detecta cuando quedan fuera de servicio, además de no existir un estándar mínimo de seguridad en su estructuración. Creemos que las empresas eléctricas, dueñas de los postes que tienen contrato con las empresas de telecomunicaciones, deberían dar a conocer cuál es la empresa que ha dejado de usar o que está instalando nuevos cables para dejar los anteriores en desuso, dado que cobran el derecho de paso a dichas empresas. En este entramado se encuentran tanto las empresas de telecomunicaciones y los municipios como las empresas eléctricas, que son las que autorizar, contratan y reciben el pago por el uso de los postes. Por lo tanto, esta información, que en el proyecto de ley no está definida, debería asumirse como un elemento necesario para clarificar la materia. Por otra parte, creemos que el coeficiente de ruptura de los postes, al estar sobrecargado con demasiados cables –sobre todo en esta época de invierno– provoca cortes de luz y, por ende, interrupciones en la transmisión de las telecomunicaciones. Este es un problema sistémico entre los diferentes involucrados, ya que la excesiva carga en los postes, sumada a la falta de mantención en la arborización, puede provocar su caída. También es relevante señalar que, en las comunidades aisladas y rurales donde existe un solo operador de telecomunicaciones, se debe identificar cuáles cables están vivos y cuáles están en desuso.

Tres de las que deberían proceder a su retiro. Bien, presidente. Bueno, después de aquello, presidente, no podemos dejar, digamos, de señalar que creemos que es muy importante regular esta materia, que estos vacíos legales que hoy día existen en el marco jurídico actual provocan todo este tipo de situaciones desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista, digamos, de la seguridad peatonal y, sobre todo, en el ámbito de lo que debiera ser un país que pretende ser desarrollado y que hoy día no está cumpliendo ciertas normas que en otros países se aplican y que surten efectos en beneficio de la ciudadanía. Eso nomás, presidente. Gracias, don Miguel. Saludamos a don Claudio Araya, el subsecretario que está por Zoom escuchándonos. Don Matías, adelante. Presidente, no, si era para después. Yo no sé si el senador Castro se refiere al clima de las primarias o al clima dentro de la comisión de Trump. A ambos, muy bien. Muy importante la precisión. Oiga, no, yo creo que vamos a escuchar a las otras dos asociaciones de municipios, pero yo creo que es muy importante —como le preguntaba a la secretaría— entender que estamos en la discusión en general del proyecto. Sí, puede ser en general o puede ser en general y particular. Eso lo tiene que definir la comisión. Sí, porque es artículo 120. Lo que pasa es que yo creo que es muy interesante la exposición de la Asociación Chilena de Municipalidades. Le agradezco a don Miguel Moreno, que siempre además ha colaborado con la asociación en temas legislativos desde hace mucho tiempo, desde que yo soy diputado, así que lo hemos visto desde hace tiempo. Y yo creo que acá hay que distinguir lo que es efectivamente la discusión en general y la discusión particular, porque todos nuestros invitados coinciden en la necesidad de legislar sobre el tema. Efectivamente, este proyecto de ley avanza en la línea correcta, pero hay observaciones que tienen que ver con la discusión en particular. Por ejemplo, esto de que las redes de telecomunicaciones no tienen inteligencia y que no se pueden detectar cuando quedan fuera de servicio. Yo, la verdad, me niego a creer —como decía un humorista del Festival de Viña— que, con todo el avance en la tecnología y la inteligencia artificial, las empresas de telecomunicaciones no puedan detectar cuándo un cable está en desuso. Me imagino que para los municipios debe ser algo ajeno a su giro, pero yo me imagino, presidente, que para las empresas de telecomunicaciones perfectamente pueden contar con software que les permita determinar cuándo un cableado aéreo está en desuso. Entonces, respetando la inmediatez del proyecto, yo quería aprobar la idea de legislar y después concentrarme en las indicaciones, pero por supuesto, escuchemos al resto de los invitados. Gracias, senador. Sí, a mí me preocupa un tema de esto, porque no sé si las municipalidades son las indicadas en este tema. Yo creo que acá hay un problema: es muy difícil saber cuál es el cable que está en desuso y no sé si existe una tecnología apropiada para ello, pero acá hay otro inconveniente, ya que no hubo una regulación antigua que, desde hace muchos años, exigiera a las empresas que tienden cables llevar un registro de los mismos. Además, las empresas eléctricas deberían contar con un registro de los arriendos de los postes. Entonces, acá hay un tema que debió haber estado en funcionamiento hace muchos años y no lo estuvo, porque se instalaban cables y nadie llevaba un registro. Yo no sé cuál es el…

Solucionar este problema. Yo creo que habría que partir por poner una norma de control, un catastro en el que cada empresa –tanto la eléctrica como la de comunicaciones u otro tipo que utilice cableado– tenga un registro actualizado de los cables que están en uso y en desuso. Y eso no creo que exista. ¿Alguien más va a hacer alguna consulta? Entonces, vamos a la Asociación de Municipalidades de Chile: el presidente y alcalde de La Reina, señor José Miguel Palacios; la coordinadora legislativa y de cumplimiento, señora Graciela Correa; y la directora jurídica de la Municipalidad de La Reina, señora Sabrina Lago, que se conectan por Zoom. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los miembros de la Comisión, honorables senadores, a quienes también saludo en nombre de don José Miguel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de AMUT, quien lamentablemente no ha podido conectarse porque está en paralelo en otra actividad, exponiendo en este momento de forma presencial. De todas maneras, es probable que el alcalde se pueda conectar durante la sesión. Sin perjuicio de ello, me ha encargado transmitirles, en nombre de la asociación, las consideraciones que tenemos tanto en general como en particular respecto de este proyecto de ley. Por primera vez participamos en este boletín, trayendo además muchas de las consideraciones que venían comentándose en la tramitación del proyecto de ley anterior –el cual, por su intermedio, hacía alusión a usted, señor presidente– y que, de alguna manera, hoy día se concentran en una labor mucho más especializada en este tipo de materias. La asociación también viene a compartir con ustedes algunos aspectos que podrían abordarse desde el enfoque del compliance público, en el que actualmente trabajamos junto a la Contraloría General de la República, junto a Guaretti y a otras instituciones que colaboran en el territorio, bajo dos ejes: el control y el monitoreo. El control se establecería en una ley con diferencias y reglas claras respecto a los intervinientes y sobre la forma en que se realiza el procedimiento de retiro, así como en la manera en que las ordenanzas colaboran en el ámbito local, en las diferentes realidades municipales. En cuanto al monitoreo, éste se efectúa en colaboración con otros intervinientes –como las empresas eléctricas, las empresas de telecomunicaciones que participan en este proyecto de ley y, por cierto, el control ciudadano también está muy presente. Voy a atender estas particularidades de forma más específica, ya que, como asociación, observamos que hoy en día existe una problemática que no ha logrado resolverse con la ley vigente y que, probablemente, en el estado actual de este proyecto de ley tampoco permitirá una solución real. Es probable, señor presidente –y por su intermedio al resto de los senadores– que con este proyecto tampoco se logren cerrar muchas de las problemáticas. Sin embargo, es realmente necesario discutir cómo estamos trabajando en el retiro de cables y de qué manera podemos posibilitar, atendiendo el llamado reiterado de la Contraloría General de la República, una coordinación entre las entidades fiscalizadoras y aquellas instituciones que colaboran en este proceso en el territorio. De la misma manera, y tal como lo hicimos presente durante el proyecto de ley anterior –y lo haremos en este también– consideramos fundamental regular este tema para ir cerrando dichas brechas. No obstante, hay aspectos en conjunto que tampoco logramos resolver en torno al financiamiento, tema clave hoy en día para operar de manera completa y suficiente conforme a la regulación existente y a la que pueda establecerse en el futuro. Finalmente, hacemos presente que hay algunas advertencias manifestadas por las municipalidades. Particularmente, la Municipalidad de La Reina no ha compartido su experiencia, a pesar de contar actualmente con una ordenanza sobre instalación de líneas de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, transmisión de señales o datos en bienes de uso público en la comuna. Es importante, señor presidente –y por su intermedio al resto de los senadores– resaltar que esta ordenanza se ha compartido como experiencia y buena práctica para el resto de las municipalidades.