El acta de la sesión número 207 se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 208 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente.
Hemos recibido oficio de la excelencia presidenta de la República, mediante el cual se retira la urgencia simple hecha presente para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificación a la ley orgánica que indique la normativa procesal penal. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto de inteligencia económica que está en la tabla del día de hoy. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia suma para el proyecto que modifica el código aeronáutico. Reemplazo del diputado don Jorge Zafirio por don Andrés Joanet. Luis Fernando Sánchez por don Cristian Araya. Eso es toda la cuenta.
Si me permite, señor presidente, que la comisión acuerde recibir —entiendo que la señora presidenta, que se encuentra con licencia médica, me hará llegar un oficio— y que, al momento de recibirlo, proceda a leerlo. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No se trata, no se trata de eso. Ya, vamos a esperar unos segundos mientras la presidenta Gloria Navellán envía un documento que desea certificar a la comisión; pero, mientras tanto, ofrezco la palabra sobre la cuenta.
No, señor presidente, no hemos recibido el oficio, pero debe estar por llegar. Si le parece, varios señores diputados me han hecho presente, y entiendo que a usted también, la posibilidad de acordar votar el proyecto al inicio de la sesión, el proyecto que está en la tabla del día de hoy. ¿Habría acuerdo para votar al inicio de la sesión, entendiendo que ya llevamos varias sesiones y con muchos invitados, para que después éstos puedan exponer?
Lo tengo, señor presidente. El correo de la señora Gloria Navellán, a quien esperamos se recupere pronto. Gracias, señor presidente. Dice Gloria Navellán Arreagada, en Valparaíso, a 11 de junio de 2025: “Por medio de la presente, hago presente mi renuncia a la presidencia de la Comisión de Seguridad a partir de esta fecha.” Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario.
Por favor, comuniquen a los diputados el procedimiento a seguir tras la renuncia de la presidenta Navellán. En la próxima sesión ordinaria se debe votar la renuncia presentada por la presidenta, y la comisión podrá acordar realizar la votación de inmediato o esperar la próxima sesión ordinaria, con no menos de 45 horas de plazo para aceptar la renuncia. Sobre el punto, diputado Raúl Leiva: muchas gracias, señor presidente. Junto con usted, le ordeno que la presidenta Navellán proponga, tal vez, aceptar unánimemente su renuncia, para que transcurran los plazos hacia la próxima semana y se pueda efectuar la elección. Habría, tendría que ser unánime, ¿no, señor secretario? Tiene que ser unánime. ¿Habría unanimidad para aceptar la renuncia de la presidenta Navellán? A ver, a ver.
A mi parecer, creo que sería importante que la diputada Navillán esté presente, para efectos de que se cumplan los protocolos, y además para que sus palabras sean escuchadas y podamos despedirla. Así que, ¿habría acuerdo para dejarlo a la próxima sesión, una vez que esté presente la diputada Navillán?
No requiere acuerdo. Perfecto. Gracias, secretario. Sí, gracias, gracias, gracias, señor secretario.
Estamos en palabra sobre la cuenta y acordamos votar el proyecto en el inicio de la sesión, en general. Por ello, vamos a proceder ahora a la votación. Señor secretario, por favor. Gracias.
Señor presidente, se pondrá en votación. El proyecto, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades en relación con el crimen organizado. Boletín N°15.975-25.
Don Jorge Alessandri.
Don Jaime Araya.
Al final, don Cristian Araya.
Perdón, señor Sánchez.
Gracias.
Doña Lorena Estaparia.
Don Sergio Zafirio.
Gracias.
Gracias, don Jorge.
Don Henry Leal.
Don Raúl Leiva.
Por favor, secretario.
Gracias.
Doña Alejandra Plasencia, a favor, secretario.
Gracias.
Don Diego, muy amable.
Don Jorge, gracias.
Don Jaime, gracias.
Presidente, ¿alguna señora o algún señor diputado que no haya emitido su voto?
Don Henry, estamos votando en general, en general, Inteligencia Económica.Gracias.
Señor presidente, tres, cuatro, siete, nueve votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general.
Hay que fijar plazo para las indicaciones. Vamos a fijar plazo para las indicaciones. ¿Les parece? A ver, tenemos la próxima semana, que es distrital... No, la siguiente distrital. ¿Lo dejamos a la vuelta de la distrital para empezar a votar? ¿Les parece? Acordado.
Ahora, pueden remitir la votación al presidente. El plazo excedente es el viernes 27 a las 24 horas, viernes 27 a las 24 horas, viernes 27 a las 24 horas. Muy bien.
Recordarles también que, quienes no han enviado a los asesores técnicos para que puedan trabajar las indicaciones, por favor, que lo remitan a la diputada Navillán, al asesor de la diputada Navillán. Yo, la verdad, soy absoluto detractor de esas famosas comisiones técnicas, que a veces operan a espaldas del Parlamento, y aquí la discusión hay que hacerla en esta casa. Así que, yo, al menos, no voy a enviar ningún asesor.
Gracias, presidente.
Muy bien, gracias, diputado.
Cada diputado está en su derecho de enviar o no a un representante y, después, discutiremos las indicaciones en su mérito, respecto del contenido de las mismas.
Señor secretario, ¿estamos listos con la votación?
Está terminada la votación.
Muy bien, damos la bienvenida a la alcaldesa de la hermosa ciudad de Quilpué, señora Carolina Corti, para que nos informe sobre los hechos ocurridos recientemente en Quilpué, particularmente respecto al uso de armas de fuego en un partido de fútbol amateur. Se trata de una noticia que remeció a la región y también al país, y le dedicaremos los primeros 10 minutos para que, sin ninguna duda, nos explique la situación que se está extendiendo a lo largo de Chile.
Alcaldesa, por favor.
Bueno, primero que todo agradezco al presidente y a la comisión, que nos ha dado este espacio, para poder transmitir el trabajo que hemos realizado en estas 48 horas, ante la preocupación de muchas familias del deporte, del fútbol amateur, quienes hoy en día nos están exigiendo mucho más ante lo que ocurre en las canchas de los recintos. Evidentemente, estamos solicitando mayores resguardos a las policías, que son la labor preventiva junto a los equipos de seguridad.
Seguridad pública. Sin embargo, pareciera ser que la discusión va a tener que ir un poco más allá, y es por eso que hemos solicitado que, de alguna manera, dado que no existe una reglamentación o una acción criteriosa de aplicación al interior de una cancha en el fútbol profesional –no en el fútbol amateur– y considerando las condiciones que se han estado dando últimamente, se estudie la posibilidad de establecer reglamentaciones, acciones o, en su defecto, términos legales que nos permitan actuar en sanción de aquello, dentro de lo posible, sabiendo que esta problemática se presenta en el fútbol profesional.
Esta inquietud ha sido manifestada por todas las asociaciones de fútbol de Quilpué –vecinal, rural, de la Asociación de Belloto y otras–, que han evidenciado un alto índice tanto en el manejo de armas, como en el consumo de drogas y alcohol, transformándose en un nicho de mercado para la delincuencia en delitos de alta connotación.
Solo comentarles, por si no lo han visto en la prensa, que el individuo en cuestión tenía 14 causas importantes –robos con intimidación, entre otros delitos–, y la mujer involucrada contaba con 9 causas por delitos también de alta connotación. Nosotros, como municipio, hicimos lo que nos correspondía en este caso, presentando la denuncia por crimen organizado, y estamos trabajando en medidas íntimamente relacionadas con el fútbol amateur, de tal manera que podamos cruzar los datos de aquellos que han sido expulsados o sancionados por causales de delitos de alta connotación. No obstante, sentimos que es importante trabajar en conjunto con esta comisión para evidenciar la realidad que vive el fútbol amateur respecto a este tipo de delitos.
Gracias, alcaldesa.
Dejo abierto el uso de la palabra.
Alcaldesa: Yo quisiera, aprovechando sus palabras, oficiar al delegado presidencial y al ministro de Seguridad para que nos indiquen si, dentro de las iniciativas del Ministerio de Seguridad, se están trabajando elementos para combatir la delincuencia en los centros deportivos o canchas de fútbol, en este caso a propósito del fútbol amateur. Esto, entendiendo que además, en el fútbol profesional, hace muy pocos meses fallecieron dos personas de manera trágica, y que lamentablemente esta situación se está replicando –quizá con una mayor invisibilidad– en el fútbol amateur con frecuencia. Creemos, por lo menos quienes representamos a esta comuna y al distrito, que este tipo de situaciones es ajeno a otras comunas. Es importante que el Ministro de Seguridad aborde esto desde una perspectiva preventiva, implementándolo a través de las delegaciones y mediante el CERME de Seguridad, por lo que consideramos que la Política Nacional de Seguridad debe incluir algún componente relacionado con los hechos de violencia e inseguridad que se están presentando en el fútbol amateur. Este es un club, además de larga trayectoria, el Club Santa Marta de Belloto, y son situaciones que afectan a quienes practican fútbol de manera pacífica, considerando que el deporte debiera ser generador de oportunidades y un medio para sacar a los jóvenes de la delincuencia o alejarlos de la droga. Lamentablemente, existen hechos que terminan generando el efecto contrario, al utilizarse armas de fuego con esa impunidad y libertad que se ha evidenciado en los últimos tiempos.
¿Habría acuerdo para oficiar al delegado y también al ministro de Seguridad?
Acordado.
Diputado Leiva Raúl, representante de Talagante: Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a la alcaldesa de Quilpué y a las diputadas y diputados, manifiesto que esto es un tema muy sensible, porque la Ley 19.327 sobre espectáculos deportivos aplica únicamente a espectáculos del fútbol profesional, no al fútbol amateur, y ahí tenemos un problema grave. Entiendo que la Ley 21.500 y tanto…
Secretario, ¿me podrá corregir? Una de las últimas modificaciones: el porte de armas en lugares de alta concurrencia pública tiene además un agravante, y eso lo planteamos, lo sacamos de la Comisión de Constitución, entiendo, el año pasado. Sin embargo, presidente, también por la experiencia municipal –yo también fui alcalde–, una de las problemáticas que tenemos justamente en el fútbol amateur, y que he planteado, aunque no con éxito, es que efectivamente el gobierno y el Ejecutivo en general tienen que tener un rol más activo en materia de fútbol amateur. No solo en los temas que plantea la alcaldesa, sino también para poder cruzar datos reservados, como el certificado de antecedentes de quienes practican, pues debe existir alguna norma habilitante que permita a las asociaciones de fútbol hacer ese cruce y evitar que personas con condenas graves –por ejemplo, por porte de armas, consumo o tráfico de drogas– participen en este tipo de instancias.
Yo creo que ese es un tema que hay que analizar. Desde el punto de vista, no solo de persecución criminal, sino también de prevención, le solicito a usted y a la comisión que el Ministerio del Interior, a través de Senda (tras el cambio de CONACE a Senda Previene), implemente un programa piloto.
Considero que la instancia que plantea la alcaldesa, en relación con la problemática surgida en Quilpué –que ha tenido una alta connotación pública– pudo haber generado una tragedia enorme. El consumo problemático de alcohol y drogas en el fútbol amateur es algo que avanza, y muchas veces el narcotráfico recluta y paga para estos espectáculos amateur a ciertos futbolistas. Por ello, propongo al Gobierno desarrollar un programa preventivo de consumo de drogas y alcohol para los espectáculos deportivos amateur; por ejemplo, la realización de un test antidrogas y un test antialcohol, que hoy día se pueden implementar, atendiendo a lo sensible que es para la familia. No hay que olvidar que, tanto en sectores urbanos como rurales, la práctica del fútbol amateur durante los fines de semana constituye una alternativa de encuentro familiar. Cuidar estos espacios y recuperar lo público podría materializarse con un programa preventivo de detección de alcohol –con un sistema antidoping y un test antialcohol para quienes participan de esas jornadas–, demostrando así el rol activo del gobierno y de los municipios en materia de prevención situacional, presidente.
¿Habría acuerdo de enviar al oficio los términos señalados por el diputado Leiva?
Hay acuerdo.
Diputado Schalper, Diego. Muy breve, presidente, porque prácticamente todo se ha dicho. Saludo, por supuesto, a la alcaldesa. Al entrar en la difícil tarea de, a nivel municipal, sufrir el flagelo de las faltas políticas en el combate a la delincuencia en estos niveles, yo, presidente, no sé muy bien cómo trabajarlo, pero hay un tema que debemos sincerar: el crimen organizado compra clubes amateur. Esa es la verdad, tal cual lo expreso de manera muy directa, pues es lo que hemos conocido en otras experiencias del mundo. Tuvimos la oportunidad, en la subcomisión, de escuchar a un experto –si mal no recuerdo, de Colombia, corríjanme– que señalaba: "Pónganle atención a esto, porque esta es una de las maneras en que el crimen organizado opera". No adquieren un club profesional de la manera en que se compra, sino que, en esencia, compran a alguno de sus integrantes. Usted me entiende muy bien. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para hacernos cargo de ello? Lo que nos indican los alcaldes –como bien ocurrió con el diputado Leiva, quien fue alcalde, y también con la alcaldesa– es que tienen pocas herramientas de control, ya que pese al empadronamiento, se pueden crear figuras de fachada. De fachada, parece haber un dueño determinado, pero en realidad los verdaderos propietarios son otros. Este es un tema que hay que abordar, especialmente en los sectores populares y en las comunas rurales, donde se está utilizando como método para asilar al crimen organizado y, además, se contrata a menores con la expectativa de que sean grandes futbolistas, para luego reclutarlos en otras tareas. Creo que es un tema muy grave que debemos tratar, incluso en una sesión especial. Con eso les digo todo. Gracias, presidente.
¿Habría acuerdo para lo solicitado por el diputado Schalper, de contar con la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito y del ministro de Seguridad, y del ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro?
¿Habría acuerdo?
Y participa también la alcaldesa Carolina Corti.
¿Habría acuerdo?
Sí, ya acordado.
Alcaldesa, agradecerle la instancia, la participación y la constante preocupación, además, por la seguridad de los habitantes de la comuna de Quilpué y, particularmente, por este flagelo que, como bien señalaron los diputados Leiva y ...
Está calando cada vez más profundo en nuestro país a propósito del involucramiento de la droga y las armas en el deporte, cosa que además genera un doble efecto, porque no solamente afecta el tema de la delincuencia, sino que también ataca un elemento cuyo fin principal es sacar a los jóvenes de la droga. Así que agradezco su presencia, alcaldesa Corti; si desea cerrar con el uso de la palabra, adelante. Quiero, primero, agradecer la seriedad con que se ha tratado la temática, ya que siento que es un asunto que efectivamente no se había discutido. Creo que las intervenciones de los diputados han sido tremendamente acertadas al reflejar el sentir de la comunidad, y de alguna manera considero que esto representa un avance y un puntapié inicial para lo que implica un plan piloto que nos permita poner coto a este tipo de sensibilidades en el territorio. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias, alcaldesa. Queda liberada y pasamos al siguiente punto de la tabla: continuar con el estudio en general. Vamos a recibir en audiencia a la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera; al abogado representante de la agrupación de plataformas de apuestas en línea, señor Carlos Baeza Guiñez; y a la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, señora Cecilia Valdés. Ya votamos en general el proyecto y aprovecho para avisar a los diputados presentes que, si desean que se sume su voto a la aprobación general, se proceda a manifestarlo. Diputada Fríes, ¿no lo podemos hacer por unanimidad? Ah, bueno, este secretario es más estricto que en otras comisiones; no se puede, ni siquiera por unanimidad. Lo intenté, lo intenté.
Procedemos a continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en el Mensaje del presidente de la República, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N°15.975-25), con urgencia calificada de discusión inmediata y en segundo trámite constitucional. Ya se han anunciado los invitados, por lo que los invito a pasar a sentarse.
Presidente, no lo voy a desordenar; es que siempre tiene un prejuicio la diputada. Lo disculpo; yo doy el uso de la palabra. Lo disculpo, diputado Leiva, tiene el uso de la palabra. Presidente, no. Solo hago presente que, mientras recibimos a nuestros invitados, por acuerdos de comité, los dos lunes siguientes se llevará a cabo sesión de sala para ver comisiones especiales investigadoras y no contaremos con Comisión de Seguridad. Solo quiero dejar ese hecho presente. Muy bien, y respecto a los días lunes, le agradezco que tenga alma de secretario de comisión, diputado Leiva. No solo eso, presidente, sino que posee un alma muy grande. Yo sé que a usted le gustaría estar sentado acá a mi lado. Diputado, diputado, secretario, señor secretario, ¡lo confundí! Lo haría mejor, pero está bien. Lo haría mejor, pero está bien. Tenemos, presidente.
Procedamos con la intervención de la subsecretaria. ¿Cómo está, subsecretaria? Le damos la bienvenida y el uso de la palabra. Le comunico que ya hemos votado; recientemente, el proyecto fue aprobado en general. No obstante, debo informar al señor presidente que, según un recado recibido el otro día en la cuenta pública, este proyecto fue aprobado unánimemente. Subsecretaria, tiene el uso de la palabra.
Presidente, por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas presentes. En primer lugar, agradezco la votación en general y me comprometo a trabajar durante las próximas semanas en función de las indicaciones. Estamos muy disponibles, por supuesto, para seguir perfeccionando este proyecto de ley y coincidimos plenamente con lo expresado previamente por el diputado Charpen, en cuanto a que son ustedes y los señores y señoras diputadas…
Todas las que están llamados a legislar, si nos parece que avanzamos bastante como ejecutivos y, en una mesa de trabajo con asesores y asesoras, podemos trabajar algunos de los ámbitos que más les preocupan a cada uno de ustedes y ver si los podemos acoger en indicaciones, porque lo que ocurre la gran mayoría de veces es que esas indicaciones son de iniciativa exclusiva del Presidente. Entonces, podemos avanzar bastante si en estas dos semanas trabajamos en esa materia.
Nosotros habíamos preparado una presentación, Presidente, por su intermedio, para resumir los distintos ámbitos que se han ido tocando en cada una de las sesiones, pero entiendo que hay invitados y, a su parecer, usted me dice si prefiere que haga yo primero la presentación o que lo hagan los invitados que habían venido a exponer.
Tengo una pregunta: el Ministerio expuso, ya expusieron en una de las comisiones ¿esta es otra exposición distinta del Ministerio de Hacienda? ¿Y a qué se debe que hayan dos exposiciones en distintas sesiones? No, era solo porque queríamos... Bueno, nosotros, en general, somos muy activos en la tramitación de los proyectos desde el Ministerio de Hacienda y entendemos, cuando hablo por el Ministerio, que en general lo que estamos recogiendo en esa presentación son los principales ámbitos que se han ido abordando en cada una de las audiencias. Hemos estado presentes a través de nuestros asesores en cada una de las audiencias, hemos recogido los temas que allí han salido y lo que queríamos era exponer un poco para ver cuáles de esos temas, a nuestro entender, están recogidos en el proyecto y cuáles otros requieren de un trabajo para las indicaciones. Pero, si no es factible, podemos hacer esa misma exposición después de trabajar en las indicaciones.
Secretaria, a mí me parece que sería más conveniente hacerlo en el transcurso de la votación de las indicaciones y la discusión de las mismas, porque en este momento, dado que estamos en discusiones en general, puede ser poco productivo para el fin último, que es precisamente avanzar en la aprobación o no de determinadas normas.
Diputado Schalper, sobre el punto: Sí, perdón, Presidente. Me da la impresión de que va a ser la primera vez, desde que lo conozco, que voy a tener un matiz con usted, pero yo creo que sería interesante que expongan los puntos controvertidos durante la tramitación, precisamente pensando en ver cuáles son las indicaciones; o sea, si la subsecretaria hace una exposición breve de los nudos que ha observado en la tramitación, nos ahorra mucho trabajo para que no inventemos la rueda nosotros. Entonces, si eso es así, me da la impresión de que podría tener sentido. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Schalper. A pesar de que tenga un matiz conmigo, recojo su punto. ¿Y habría acuerdo para que exponga la subsecretaria?
Bueno, subsecretaria: fui vencido en mi posición, así que su secretaria tiene el uso de la palabra y exponga. Espero que, su secretaria, por favor, tenga un tiempo acorde a los invitados que tenemos en la comisión. Lo único que le pido... No, háganlo nomás.
Bueno, Presidente, por su intermedio, yo creo que podemos avanzar justamente en lo más sustantivo. Nosotros ordenamos la presentación en lo mismo... ¿Si puede devolverse una? Es que no sé quién tiene... Yo lo hago. Ah, ya, eso mejor. Muchas gracias.
Bueno, Presidente, por su intermedio, nosotros ordenamos los temas que vemos —yo no hablaría de propuestas, más bien, como muy bien lo dijo usted, Presidente—: aquellos temas que han sido recurrentes en cada una de las audiencias, en las mismas temáticas que se abordan en el proyecto de ley, donde tenemos, por un lado, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mejores facultades intrusivas y sancionatorias. Entonces, respecto del primer punto de fortalecimiento, en general hubo varias: en las audiencias se abordó cómo podíamos integrar mejor el funcionamiento del subsistema de inteligencia económica que se crea en este proyecto de ley con el proceso penal. En ese sentido, se señaló que en el artículo 1 del proyecto se instruye a las unidades del subsistema a entregar al Ministerio Público la información que contenga indicios de comisión de delito, y esa entrega se realizará en la forma que el Ministerio Público determine. Eso lo establece el proyecto de ley. Nosotros no estamos diciendo que las formas sean distintas y donde el flujo...
Sea lo más directo y rápido posible, entregando al Ministerio Público la determinación de los aspectos operativos asociados a esa comunicación. En ese sentido, el proyecto de ley no innova respecto de las reglas existentes en materia de acción penal, por cuanto reconoce el deber de los integrantes del subsistema de integrar información al Servicio de Impuesto Interno y a Aduana en las materias propias de su competencia.
Adicionalmente, se ha planteado la necesidad de que el proyecto fortalezca el trabajo interinstitucional posterior a las denuncias generadas tras la operación del subsistema de inteligencia económica para impulsar la investigación criminal. Nosotros, el proyecto no tiene como objeto fortalecer facultades propias del Ministerio Público en torno a la investigación. Para eso hay otros proyectos de ley, ¿no es cierto?, en trámite, algunos aprobados, otros en trámite; sino, más bien, lo que busca es consolidar el subsistema de inteligencia con enfoque en los delitos económicos.
La misma creación del subsistema tiene por objeto fortalecer el trabajo interinstitucional entre las entidades que lo integran, todas las cuales cumplen de manera importante la función de prevención y detección de ilícitos económicos y financieros. La incorporación de instituciones cuyas funciones difieren sustantivamente, como es el caso de aquellas que se encargan de la persecución penal, requiere de un análisis distinto, que podemos revisar, por supuesto, en lo que corresponda en la discusión de las indicaciones.
Nos parece importante señalar que el subsistema, que lo conforman la UAF, Aduana y el Servicio de Impuesto Interno, tiene algunos ámbitos en los que, al detectar hechos, se comunican directamente con el Ministerio Público. Eso no va a cambiar acá, porque, de lo contrario, en la práctica se estarían atribuyendo facultades a la UAF que no corresponden, respecto, por ejemplo, a delitos propios del Servicio de Impuesto Interno o a los de Aduana.
En particular, en la UAF lo que establece el proyecto de ley es poner en valor lo que esta hace, pero también reconociendo lo que actualmente tiene dentro de sus facultades, que es la Ley 19.913, la que crea la UAF. En el artículo 5º se obliga a la UAF a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos que puedan constituir delito mediante un informe de inteligencia. El artículo 19 establece que el Ministerio Público puede solicitar directamente a la UAF antecedentes para el ejercicio de su labor, lo cual no estamos cambiando.
Por su parte, el Código Tributario en el artículo 35 permite al Servicio de Impuesto Interno colaborar con el Ministerio Público mediante la entrega de antecedentes cuando existan delitos tributarios, y el artículo 162 establece los supuestos bajo los cuales el Servicio de Impuesto Interno puede imponer una denuncia o querella para que el Ministerio Público inicie la persecución penal.
En cuanto a la ordenanza de Aduana, el artículo 176 regula la participación de Aduana en procedimientos penales y establece el deber de cooperación con el Ministerio Público. El Código Procesal Penal, en su artículo 19, dispone que los órganos de Estado están obligados a colaborar con el Ministerio Público en las funciones investigativas.
Por lo mismo, nosotros no estamos interviniendo en aspectos que ya existen en este subsistema. Es importante dejarlo claro para que, cuando los asesores trabajen con nuestro grupo en eventuales indicaciones, todos tengan presente que el proyecto ya incorpora estas disposiciones y en estos aspectos tampoco lo modifica.
Asimismo, se ha planteado resguardar el carácter restringido de los informes de inteligencia financiera que realiza la UAF, condicionando a requerimientos específicos del Ministerio Público, atendiendo su papel clave para iniciar investigaciones penales. Se señala que dicho carácter restringido se encuentra debidamente salvaguardado en la normativa propuesta; de hecho, en el nuevo literal del artículo segundo de la Ley 19.913 se establece expresamente que la UAF queda exceptuada de compartir los reportes de operación sospechosa con los demás integrantes del subsistema, en ningún caso teniendo otro objetivo que elaborar sus propios informes, cuyo reporte eventualmente va solo al Ministerio Público si se detecta un eventual delito. Y por tanto lo que...
El proyecto de ley es reforzar esa norma, en el entendido de que el subsistema lo componen también Impuestos Internos y Aduanas, pero eso no significa que la UAF le va a poder dar cuenta de lo que está en la ROS, ni Impuestos Internos ni Aduanas, ya que no tiene ese objetivo.
Adicionalmente, en el artículo primero se explica que la UAF no deberá aportar a las instituciones que forman parte del subsistema de información relacionada con los requerimientos de los fiscales del Ministerio Público ni con los informes enviados a dicha institución. Queda muy circunscrito al rol de la UAF en lo que a la información de inteligencia se refiere y en su interacción propia con el Ministerio Público.
También se ha propuesto la creación, en el proyecto de ley, de un organismo a cargo de la Administración de los Bienes Incautados. En esa materia, que para nosotros es un tema muy relevante y que observamos a diario a propósito de los decomisos y otras situaciones que se generan por la acción de la propia Aduana, se destaca que dicho tema está dentro de las competencias del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
De hecho, a este respecto, en el literal E del artículo 4 de la Ley 21.713, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, se confiere a dicho ministerio la facultad de formular políticas, planes y programas destinados a garantizar la adecuada gestión de los bienes decomisados. En el proceso de instalación del nuevo ministerio, nosotros como Hacienda participamos en un grupo de trabajo que, en particular, está evaluando todos los temas relacionados con los decomisos; sin embargo, esta función se entrega al Ministerio de Seguridad.
Respecto de las demás materias de prevención y detección de operaciones económicas sospechosas, durante la audiencia no se realizaron observaciones generales sobre lo propuesto en este eje, si bien se formularon observaciones sobre aspectos específicos del texto legal que aseguran su proporcionalidad, eficiencia práctica, coherencia normativa y resguardo.
Se propuso evaluar la efectividad de la obligación contenida en el artículo 85 bis del Código Tributario, que exige informar saldos y abonos iguales o superiores a 1.500 UF. Cabe recordar que esta norma proviene del año 2022 y que, respecto de la propuesta que amplía lo que hace este proyecto de ley, no se trata de una duplicidad respecto a la norma actual de informar saldos, sino de exigir información adicional en los casos en que el comportamiento financiero del contribuyente se aparte significativamente de un patrón. Por ejemplo, si en mi saldo en una cuenta corriente aparece X un día, al siguiente aparece 2X y al día siguiente desaparecen esos 2X, aunque los montos no alcancen los 1.500 UF, se trataría de movimientos inusuales en cuentas corrientes que normalmente no se mueven de esa forma. Estamos en la lógica de perseguir el crimen organizado, y no en el de abordar eventuales temas tributarios; por ello se amplía la norma solo en casos bien acotados y específicos, que pueden debatirse en la discusión, pero se quiso poner la alerta al no tratarse de una duplicidad, sino de una especificación distinta, dada la finalidad del proyecto.
Por último, en esta materia se formularon observaciones respecto de la ampliación del plazo para la conservación del registro de operaciones en efectivo de cargo en la UAF. Esto, por supuesto, también puede ser discutido, al igual que los otros temas planteados, pero es importante asegurar la coherencia con otros cuerpos normativos y resguardar el adecuado funcionamiento del subsistema.
Finalmente, se levantaron algunas dudas respecto de la obligación de enajenar la participación accionaria en caso de acusación, a propósito de las modificaciones que se están haciendo a las normas de fit and profit en relación con los requisitos que deben cumplir las personas que tienen el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF. Es importante aclarar que la Ley General de Bancos vigente establece, en el artículo 28, el deber de los accionistas fundadores o controladores de un banco de enajenar sus acciones ante una acusación, así como una inanimidad para aplicar ciertas sanciones administrativas.
En la misma norma, en los incisos que no son modificados y calificados como graves, lo que el proyecto busca es perfeccionar dicha disposición, ampliando el plazo de la enajenación en la hipótesis de acusación, y esto es solo procedente en un contexto jurídico más consolidado. Entonces, lo que estamos diciendo respecto a los plazos es que, efectivamente, si va a haber una enajenación, ésta se pueda producir, en otras palabras, y por eso está el tema de los plazos, porque si éstos son muy acotados en la práctica, los bienes ya no están, para ponerlo muy en simple. Pero eso, nuevamente, es algo que podemos revisar durante todo el trabajo de la discusión en particular.
También se sugirió la idea de eliminar la reserva de identidad del funcionario revelador de la CMF. La verdad es que acá nosotros tenemos una buena práctica, que es la del denunciante anónimo, en el caso de la CMF, que opera con muchos resguardos y, por tanto, cualquier eliminación de la identidad, por supuesto, genera incluso, o sea, no lo consideramos recomendable, pues podría exponer a la persona e incluso afectar la eficacia de la futura fiscalización. Pero nuevamente, todos los temas están abiertos a debate y se debe considerar aquello que pudiese eventualmente ocurrir. Y no es algo que estemos observando en este proyecto de ley ni cambiando, porque en realidad es una materia propia del mecanismo de fiscalización que tiene la CMF y que ha dado buenos resultados, sobre todo en las últimas investigaciones bien relevantes que han sido de público conocimiento.
Por último, están los temas de facultad intrusiva y sancionatoria, donde hay, a propósito de lo que se va a exponer a continuación en la audiencia, modificaciones a los tipos penales de juego a azar en el código penal, y aumento de multa y sanción administrativa. Acá lo que se hace es modernizar los tipos penales. Este cambio no venía en el proyecto original del Ejecutivo cuando ingresó a la Comisión de Seguridad en el Senado; fueron justamente cambios que se hicieron a propósito de observaciones del Ministerio Público sobre la necesidad de esta tipificación para entregar mejores herramientas en la persecución del juego ilegal. Se entiende, y por lo mismo, que en el proyecto de ley se define lo que son apuestas y juegos de azar, y también se establecen cuáles son las conductas constitutivas de delito asociadas a ellos. Esto es bien importante, sobre todo para lo que son las tragamonedas y un conjunto de ámbitos que son físicos. No se circunscribe únicamente a lo discutido en torno a las apuestas en línea, ya que el juego ilegal existe tanto online como en espacios físicos. En lo físico existen muchos lugares donde, hoy día, la Superintendencia de Casinos de Juego no tiene atribución para fiscalizar ni sancionar; solo se clausura desde un punto de vista de patente municipal, pero después vuelven a aparecer.
Entonces, aquí hay un conjunto de normas que buscan evitar que entren máquinas de juego a Chile sin que la importación sea hecha por alguien que realmente tenga la autorización legal para operar. Queda, por tanto, fuera de lo que hoy día son las patentes municipales, pero habiendo en cuenta que, al regular esto, también hay que regular a aquellos que van a seguir operando de manera ilegal. Por tanto, está la tipificación del delito de juego ilegal respecto de las plataformas de juego en línea. Nosotros estamos en segundo trámite; de hecho, fuimos citados el lunes próximo para avanzar en la tramitación del proyecto de ley que regula las apuestas en línea, y esperamos que, de aquí a que se tramite este proyecto junto con el de apuestas en línea, en realidad todas aquellas empresas que quieran entrar al proceso de un sector regulado en apuestas en línea no estén cayendo en la categoría de juego ilegal, salvo aquellas que sigan operando con páginas web en el extranjero y que no se sometan a la regulación de apuestas en línea. Es importante mantener esto tipificado como juego ilegal, independientemente de dónde se juegue.
Otros temas son las observaciones respecto a que, en alguna de las audiencias, se habló del tema del secreto bancario. Nosotros queremos señalar que, efectivamente, esto fue parte del proyecto de ley desde un inicio. Cuando el proyecto se presentó en la Comisión de Seguridad del Senado, a la UAF se le otorgó la atribución de levantar el secreto bancario desde una forma administrativa, y de hecho, eso se aprobó en dicha comisión.
Cuando el proyecto pasó a Hacienda, se restringió esa posibilidad en términos administrativos, avanzando quizás directamente a la siguiente lámina; lo que se hizo fue una autorización en dos frentes: se mantuvo la sede judicial de la solicitud del levantamiento del secreto bancario y se permitió una autorización judicial para un procedimiento administrativo, que manteniendo la sede en lo judicial, permitía solicitar dicho levantamiento a varias personas o instituciones. Esto se implementó puesto que, en materia de crimen organizado, no se trata de casos aislados, y proceder de a uno resultaría demasiado lento.
Además, en sede administrativa se aprobó, en la Comisión de Hacienda del Senado, que esta opción solo se aplicara en tres casos. Cabe señalar que, tanto en sede judicial como administrativa, el levantamiento del secreto bancario nace siempre de un reporte de operación sospechosa; nunca es fruto de una indagación arbitraria. La primera situación es cuando el reporte involucra a personas jurídicas, es decir, cuando la sospecha recae sobre una entidad y no sobre una persona natural. La segunda es cuando se trata de funcionarios públicos, dada la necesidad de una mayor transparencia. Y la tercera es cuando el reporte proviene de un banco, ya que, en la práctica, al originarse en un banco, a la UAF se le levanta el secreto con base en el detalle proporcionado; sin embargo, la persona, natural o jurídica, puede tener información en diversos bancos. Para hacerlo más diligente, se estableció que, en caso de provenir de un banco, se incorporara un conjunto de controles: de antemano, la solicitud debía ser un acto fundado a partir del reporte del director de la UAF, y se remitía toda la solicitud administrativa a la Corte de Apelaciones. En caso de que ésta analizara el origen del requerimiento, se disponían medidas que incluían, entre otras, la posibilidad de destitución. Esto fue aprobado como parte de las indicaciones trabajadas en la Comisión de Hacienda del Senado y posteriormente, en la sala, se rechazó. Es, pues, un tema que nos gustaría trabajar a fondo con la mesa de asesores, tanto en la parte del consejo judicial en grupos de personas como en la parte administrativa.
Y solo para terminar, presidente, por su intermedio se ha presentado un conjunto de informes de la Corte Suprema que evidencian que, en el caso particular de este proyecto de ley, estaban de acuerdo en que se realizara el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa. En muchos otros proyectos, la Corte Suprema siempre ha dicho que no; en este caso, se manifestó lo contrario, e incluso se generaron dos informes favorables a la medida, considerando que el crimen organizado es algo muy complejo que puede presentar un flujo de acción muy rápido. Aunque es cierto que, en la UAF, se ha señalado en la discusión de la audiencia que el levantamiento del secreto bancario se ha solicitado pocas veces en el año, y cuando se ha pedido, la respuesta siempre ha sido afirmativa.